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NOVENO.-INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS.-



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NOVENO.-INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS.-
A/ Asesinato.-

El delito de asesinato con alevosía, está castigado en el artículo 139.1 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, con la pena de 15 a 20 años de prisión.

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad en relación al asesinato, por lo que es aplicable el artículo 66.6 del Código Penal en cuya virtud procede aplicar la pena legalmente prevista en la extensión que esta Sala estime adecuada, atendiendo a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravea del hecho.

En nuestro caso, el Ministerio Fiscal solicita una pena que nos parece muy bien ponderada, pues solicita para cada uno la pena de 18 años de prisión. La acusación particular solicita la pena máxima, 25 años, pena que no se puede imponer porque la solicitaba sobre la base de la concurrencia , que entendía procedente , del nº 3 del art. 139.1 del Código Penal en relación con el artículo 139.2 del mismo texto legal , que esta Sala ha descartado por razones que han quedado debidamente explicadas; y no solo esto, sino que la acusación particular también entendía aplicables las agravantes de abuso de superioridad (para los dos acusados) y de abuso de confianza (para Adrián), que esta Sala igualmente no ha considerado aplicables. En consecuencia, carecería de base legal esa pena solicitada por la acusación particular.



Por el contrario, nos parece más atinada la pretensión de la Fiscalía de La Rioja, de 18 años de prisión; y es que aunque esta pena se sitúa en la mitad superior de la pena abstracta prevista para este tipo penal, consideramos razonable su imposición atendidas las circunstancias concurrentes, cuya relevancia y gravedad harían por el contrario injusto, por excesivamente benévola, la imposición de la pena mínima pena prevista para el tipo penal (quince años). Y es que no debe olvidarse que la muerte de la Sra. M. C. C. I., se produjo mediante la ejecución de actos de violencia que, aunque no numerosos y en todo caso dirigidos a propiciar la muerte de la acusada, tuvieron una intensidad y fuerza elevadas; además, el delito fue cometido en el propio domicilio de la víctima y por quien era una persona conocida – su vecino A. V. Á., y su acompañante, a los que la víctima había dejado entrar; finalmente, el delito respondió y a un plan prediseñado – guantes de látex, etc-, plan éste que siempre contempló la muerte de la Sra. M. C. C. I., como una eventualidad que más que probablemente habría que llevar a efecto, a fin de asegura la impunidad.

Procede asimismo imponer las penas accesorias a la pena de prisión previstas en el Código Penal.



B/ Robo con violencia en casa habitada en grado de tentativa.-

Debe tenerse en cuenta, en cuanto al robo, la concurrencia en A. V. Á., de la circunstancia agravante de abuso de superioridad y la concurrencia F. J. L.M.,  de las circunstancias agravantes de reincidencia y abuso de superioridad.

El robo con violencia en casa habitada está castigado en el artículo 242 .1 y 2 del Código Penal con la pena de 3 años y seis meses a cinco años de prisión.



El delito se ha cometido en grado de tentativa, por lo que por aplicación del 62, procede la aplicación inferior en uno o dos grados. En este caso, entendemos aplicable la pena inferior solo en un grado y no en dos, debido igualmente a la relevancia de las circunstancias concurrentes: singularmente, que el robo alcanzó un elevado grado en el iter de consumación, pues los acusados fueron interceptados cuando estaban huyendo y ya habían pasado para ello al balcón vecino, y portando objetos de los que se habían apoderado por razón del robo en casa de la víctima. Además, debe ponderarse la utilización por los acusados de la relación que aunque superficial, que la víctima mantenía con uno de ellos, y la pluralidad de actos de violencia ejecutada.

La pena inferior en grado conforme al artículo 70 del Código Penal, es de 21 meses hasta 3 años y seis meses menos un día de prisión.

A continuación debemos tener presentes las circunstancias concurrentes en cada acusado:

1) En F. J. L.M., , en este delito de robo, concurren dos agravantes (abuso de superioridad y reincidencia) y ninguna atenuante.

Es aplicable entonces el artículo 66.1. 3 del Código Penal, conforme al cual procede aplicar la pena en su mitad superior, esto es, desde los 2 años 7 meses y 15 días de prisión hasta los 3 años seis meses menos un día de prisión.



Tal sería el margen o arco en que habría de moverse a pena que procedería imponer a F. J. L.M., .

La acusación particular solicitó la imposición de una pena que excede el limite indicado (en un solo día, pero la excede) , de tres años y seis meses de prisión.



Frente a ello el Ministerio Fiscal solicita precisamente la imposición de la pena máxima que es posible imponer atendidas las reglas expuestas, esto es, la de 3 años y seis meses menos un día de prisión. Y esta Sala está de acuerdo. Lo está, porque aunque no fue de F. J. L.M.,  de quien partió la idea de robar y no fue él quien planeó dicha infracción, concurren en F. J. L.M.,  no solo una circunstancia agravante (lo cual ya sería bastante para aplicar el artículo 66.1.3º del Código Penal) sino dos circunstancias agravantes, lo cual debe tenerse en cuenta; además, como hemos dicho, los hechos fueron especialmente graves al responder a un plan prediseñado que contempló desde el inicio actos de violencia hacia la víctima para logra los fines depredatorios que se proponían los acusados, actos de violencia que finalmente ejecutaron –agarrándola por detrás, arrastrándola por el pasillo y finalmente causándole la muerte- con intensidad elevadísima.

1) En A. V. Á.,, en este delito de robo, concurre una agravantes (abuso de superioridad) y ninguna atenuante.

Es aplicable entonces el artículo 66.1. 3 del Código Penal, conforme al cual procede aplicar la pena en su mitad superior, esto es, desde los 2 años 7 meses y 15 días de prisión hasta los 3 años seis meses menos un día de prisión.

La acusación particular solicitó la imposición de una pena que excede el limite indicado ( en un solo día, pero la excede) , de tres años y seis meses de prisión.

Frente a ello el Ministerio Fiscal solicita también en relación a A. V. Á., la imposición de la pena máxima que es posible imponer atendidas las reglas expuestas, esto es, la de 3 años y seis meses menos un día de prisión. Y esta Sala está también de acuerdo, porque todo sucedió porque a A. V. Á., se le ocurrió. A. V. Á., era el vecino d ela Sra. M. C. C. I.,. Era él el que, como vecino, conocía su rutina. Fue él quien escuchó de la Sra. M. C. C. I., que tenía mucho dinero, y fue a él a quien, excitado en su ánimo lucrativo ilícito, se le ocurrió el plan de robar a la finalmente fallecida, contactando para ello primero con x , y al no acceder éste, con el acusado F. J. L.M., , a quien eligió teniendo en cuenta que sabía artes marciales, lo que denota que su plan era desde el principio ejecutar el acto con violencia. Junto a ello, debemos añadir, en fin, lo ya dicho tantas veces: que en el robo en el que participó este acusado a título de autor, se perpetraron actos de violencia hacia la víctima para lograr los fines ilícitamente lucrativos que se proponían los acusados –agarrándola por detrás, arrastrándola por el pasillo y finalmente causándole la muerte- que revestían una muy relevante entidad.

Por todo lo expuesto, el reproche penal que debe merecer la conducta de A. V. Á., ha de ser el solicitado por el Ministerio Fiscal, límite máximo de la pena a imponer, 3 años y seis meses menos un día de prisión, y accesorias.

DÉCIMO.- RESPONSABILIDAD CIVIL.-

Según dispone el artículo 116.1 del Código Penal, "Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables del delito o falta, los Jueces o Tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno".

El Ministerio Fiscal solicita que los acusados indemnicen a los familiares de la fallecida (su madre Doña dy su hermano Don d) de la siguiente forma: 120.000 euros a Doña dy 10.000 euros a Don d.

La acusación particular (Fundación Tutelar de La Rioja) solicitó que se indemnizase por los dos acusados a Doña d en 300.000 euros y a Don d en 150.000 euros.

La defensa de A. V. Á., no dijo nada específicamente en conclusiones definitivas, pero por vía de informe sí indicó que la indemnización debía ser de cero euros porque no se habría probado que ni d ni Don ds sean familiares de la víctima, por lo que no debió ni admitirse siquiera la personación de la Fundación Tutelar de La Rioja como acusación particular.

Damos a este respecto por reproducido, todo lo que hemos expuesto sobre esta cuestión en el fundamento de derecho primero.

La alegación de la defensa de F. J. L.M.,  sobre la personación de al Fundación Tutelar de La Rioja como acusación particular fue a todas luces tardía y extemporánea, pues ni se dijo durante la instrucción, ni en el escrito de defensa, ni se planteó en juicio como cuestión previa, ni se puso óbice alguno a la intervención en juicio del letrado de la Fundación Tutelar de La Rioja, ni siquiera se alegó, en fin, en las conclusiones definitivas.

Y si la Fundación Tutelar de La Rioja ha estado personada como acusación particular en esta causa en todo momento, lo ha sido en cuanto tutora que es de Doña d y Don d, ofendidos por el delito en cuanto parientes de la finada, pues de otra forma su personación no habrá tenido sentido. Condición ésta además (la de parientes de la finada de esas dos personas tutelados por la Fundación Tutelar de La Rioja) que nadie discutió nunca.

De otro lado, las sentencias de incapacidad que obran en autos, aluden a una hija de Doña da llamada M. C. C. I., y a una hermana de Don x llamad Doña M. C. C. I., men; coincidiendo por cierto el segundo apellido de la finada con el primero de Doña s, y los dos apellidos de la finada con los de s, lo que permite cabalmente entender que Doña M. C. C. I., era efectivamente hermana de Don s, y que Doña M. C. C. I., era hija de Doña s

Si bien lo expuesto es suficiente, a mayor abundamiento añadiremos que en los Archivos de esta Audiencia Provincial 8 que es una Audiencia Provincial mixta, civil y penal) obra que esas sentencias de incapacidad fueron recurridas ante esta Audiencia Provincial en cuanto a la designación de tutor, y que lo fueron precisamente por Doña M. C. C. I., en su calidad de hermana de d e hija de Doña d, siendo desestimados por esta Sal, por cierto, sus recursos de apelación. Eso ofrece a esta sala un cabal conocimiento, del que no puede prescindir a la hora de resolver, de que Doña M. C. C. I., era ciertamente la hija de dy la hermana de d.


Sentado el carácter de perjudicados de dy d, y acreditado que fueron judicialmente incapacitados siendo su tutor la Fundación Tutelar de La Rioja, debemos fijar ahora la indemnización. Es imposible en definitiva poner un precio a la vida humana, porque no lo tiene. Tampoco esa vida humana es económicamente evaluable; en sentido estricto, el daño moral de los afectados por los hechos a los que se contrae la presente causa. Con todo, es preciso establecer una suma con cuyo pago se repare o, cuando menos, compense siquiera en parte y desde el punto de vista estrictamente material el evidente perjuicio derivado de la pérdida sufrida. La jurisprudencia conocida por pacifica y reiterada, que las muertes como la ahora enjuiciada determinan el sufrimiento por los parientes y familiares directos de la victima de un daño moral "per se" de forma inherente y connatural a la ofensa, con arreglo a un criterio lógico que no necesita mayor precisión, en el que además resulta meridiano que el baremo previsto para la indemnización de los daños personales derivados de accidente de tráfico es insuficiente, por cuanto que no estamos ante una muerte de ese tipo. Lo que hay que hacer, en todo caso, es ponderar las circunstancias concurrentes, a las que no puede ser ajena la sentencia de incapacidad de Doña d, que objetiva (ver folio 18 de la causa) que la misma tenía ya a la fecha de los hechos diagnosticado un deterioro cognitivo severo derivado de la enfermedad de alzheimer que anulaba la capacidad de autogobernarse , lo que deja dudas acerca de hasta que punto puede ser consciente de la perdida de su hija y experimentar dolor por ello, pero cuya pérdida objetiva es un hecho. Teniendo en cuenta todo esto, y aunque ciertamente en casos como el presente sí que es usual que se concedan indemnizaciones como la solicitada por la Fundación Tutelar de La Rioja para la madre de una víctima de asesinato (300.000 euros), en este caso y pese a la objetividad del perjuicio causado y pese a que deba subvenirse a las necesidades de la madre que en su caso pudiera haber estado atendiendo la hija fallecida, esta indemnización nos parece excesiva por las razones expuestas, debiéndose cifrar en todo caso una indemnización como la solicitada por el Ministerio Fiscal, más ponderada, de 120.000 euros, que consideramos además necesaria en todo caso a la vista del perjuicio insito que unos hechos como los producidos generan en familiares tan directos.

En cuanto a la indemnización a favor del hermano D.d, sin embargo, entendemos que la indemnización solicitada por el Ministerio Fiscal (10000 euros) se queda corta, atendida la cercanía del parentesco. De otro lado, aunque Don d también fue judicialmente incapacitado, lo fue sobre la base de un diagnóstico de esquizofrenia, lo que no cabe colegir que pueda haberle dificultado la comprensión del hecho de que han matado a su hermana. Por tal razón, atendido que se trata de un hermano (pariente de segundo grado, a diferencia de la madre, que los es de primero) fijamos una indemnización de 40.000 euros.

En ambos casos con los intereses del artículo 576 Ley de Enjuiciamiento Civil, y respondiendo solidariamente ambos autores de su pago.

DÉCIMO PRIMERO.-COSTAS DEL PROCEDIMIENTO.-

Conforme a los artículos 123, y 123 del Código Penal y 239 y 240 Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas del procedimiento se impone por mitad a lso acusados A. V. Á., y F. J. L.M., , incluidas las devengadas por la acusación particular.

Por todo cuanto antecede y se deja expuesto, vistos los artículos citados y demás de general aplicación, por UNANIMIDAD
F A L L A M O S
1º.- Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado A. V. Á., y al acusado F. J. L.M.,  como autores penalmente responsables de un delito de asesinato con alevosía, anteriormente definido, a las penas, a cada uno de ellos, de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de esta condena.
2.- Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado A. V. Á., y al acusado F. J. L.M.,  como autores penalmente responsables de un delito de robo con violencia en casa habitada en grado de tentativa, con la concurrencia en el caso de F. J. L.M.,  de la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal agravante de reincidencia, y con la concurrencia, tanto en A. V. Á., como en F. J. L.M., , de la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal agravante de abuso de superioridad, todo ello anteriormente definido, a las penas, a cada uno de ellos, de 3 años y seis meses menos un día de prisión y accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
3.- Que en concepto de responsabilidad civil derivada de la infracción penal, debemos condenar y condenamos a A. V. Á., y a F. J. L.M.,  de forma solidaria a indemnizar a Doña d en la suma de 120.000 euros, y a Don d en la suma total de 40.000 euros, en ambos casos con el interés del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4.- Las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular, se impone a A. V. Á., y a F. J. L.M.,  por mitad y solidariamente entre sí.

Abónese a la pena de prisión impuesta al acusado A. V. Á., el tiempo cumplido por este acusado como prisión provisional (desde fecha 17 de febrero de 2014). Se ratifica la pieza de responsabilidad pecuniaria.

Abónese a la pena de prisión impuesta al F. J. L.M.,  el tiempo cumplido por este acusado como prisión provisional (desde fecha 17 de febrero de 2014). Se ratifica la pieza de responsabilidad pecuniaria.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, se podrá interponer recurso de casación por infracción de Ley y/o quebrantamiento de forma para ante el Tribunal Supremo, previa su preparación ante esta Sección de la Audiencia, a medio de escrito, con firma de Letrado y Procurador, dentro de los cinco (5) días siguientes al de la última notificación.



Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Primero.- cuestiones previas.-
Iii.- ejecución de los hechos.-
F. j. l.m., 
Quinto.- delito de asesinato (y ii): coautoría.-
Sexto.- circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (ii): abuso de confianza, no se aplica.-



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