Vi congreso nacional de sociologia jurídica



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aunque parezca duro el sorete es tierno”

graffiti urbano de 8P2.



Introducción.
La provincia -gobernada desde 1983 por el partido justicialista-, registra una elevada tasa de empleo público, una economía con escasas industrias que genera básicamente productos primarios, un sector comercial que depende directamente del Estado en buena medida, una elevada tasa de madres adolescentes, una preocupante cantidad de bebés con desnutrición, bajo peso y peso insuficiente, un elevado índice de mortalidad maternal, un marcado déficit habitacional y un alto índice de pobreza y desempleo (1); en esta situación socioeconómica la conformación de un fabuloso aparato político-punteril-asistencialista en los barrios más carenciados, se ha convertido en uno de los más aceitados mecanismos de gobierno (Foucault, 1983; Font, 1999); sumado a la utilización del Canal del Estado (Canal 3, que puede sintonizarse de manera gratuita) como el canal del partido justicialista, el silenciamiento de uno de los tres diarios locales vía tanda publicitaria, y relaciones pendulares y oscilantes frente a los otros dos y el resto de los medios de comunicación.
En la historia reciente de la policía pampeana se destaca la participación de diversos agentes policiales en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional: en la última dictadura militar (1976-1983) la provincia quedó bajo Jurisdicción Militar, recibiendo el nombre de Subzona 14 y asumiendo como Jefe de Policía personal militar, subordinando de esta manera todo el actuar policial bajo las órdenes de la autoridad Federal (2). La característica central de la represión en la provincia en aquellos años, está dada por la activa y mayoritaria participación de personal policial respecto del militar en los denominados grupos de tarea (3), siendo quizás un dato esclarecedor que de los 13 represores pampeanos que fueron procesados por el juez federal Canicoba Corral, 9 de ellos se desempeñaron como policías y 4 como militares (4). En este sentido, la Policía de la provincia nunca terminó de depurarse de los resabios procesistas (en lo que respecta por ejemplo al personal jerárquico, la normativa jurídica, la cultura policial) (5), de ahí la necesidad de mencionar aunque someramente, la importantísima función y el destacado rol que le cupo a la policía provincial entre los años 1976-1983, y del arraigo en una cierta cultura autoritaria que aún perdura en la institución.
En la actualidad la institución policial de la provincia -que registras alrededor de 1.800 efectivos-, se encuentra con una visible fractura entre la Suboficialidad (muy claramente evidenciada en las expresiones del representante del Círculo de Suboficiales y Agentes en sus reclamos salariales, oposición a los ascensos de personal jerárquico que han cometido irregularidades y de ex represores jerárquicos, de personal jerárquico que interfiere en las investigaciones pasando información antes de los operativos y allanamientos, etc.) y la Oficialidad (sobre todo en las jerarquías) y el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Actividades delictivas y construcción de imagen policial.
El objetivo no es centrarse en un hecho en particular (por ejemplo apremios ilegales) sino en los distintos hechos que constituyen delitos o presuntos delitos y que han sido cometidos por integrantes de la institución policial, desnudando en cierta medida la capacidad de la misma por incursionar en actividades legales (mantenimiento del orden, prevención del delito, auxiliar a la Justicia en la resolución de delitos, etc.) e ilegales (homicidio, lesiones, apremios ilegales, torturas, privación ilegítima de la libertad, amenazas, estafas, etc.) (6). En los últimos años la composición de distintos actores (en los que se halla presente la institución policial) que se han visto involucrado en diversos delitos o presuntos delitos ha desdibujado la idílica imagen delincuentes-no delincuentes-policías (7) que se venía utilizando en los discursos políticos, policiales y mediáticos y ha comenzado ha dificultarse -pero aun sigue vigente- el sostenimiento de un discurso hegemónico desde el poder político sobre la “capacidad, honestidad y profesionalidad” de la policía local. Pareciera que la falta de estadísticas oficiales sobre la participación de policías en delitos o presuntos delitos, se enmarca en una estrategia por ocultar ciertas racionalidades que, en el marco de la provincia, siguen operando dentro de una lógica mayor del Estado Autoritario-Clientelístico al cual ésta policía le es claramente funcional.
En la provincia se ha venido articulando desde hace algunos años el crecimiento del delito y las “incivilidades” desde los medios masivos de información, en ocasiones también desde la misma Policía o funcionarios políticos y también desde la ciudadanía en general -ya sea en reuniones informales durante las cuales surge el tema de la seguridad-inseguridad, o haciéndose eco en los medios masivos de información a través de llamados telefónicos o escritos en cartas al lector en los diarios locales-: un discurso muy fuerte en términos de consenso explica de manera más o menos simple que el aumento del delito y de la inseguridad (en sentido objetivo y subjetivo) se debe a la falta de control de los padres sobre sus hijos menores (niños y adolescentes) y jóvenes de los barrios más carenciados, y se han propuesto desde distintos actores desde la sanción a los padres de los menores que cometan delitos hasta la baja de imputabilidad, el aumento de las penas, el aumento de los sueldos policiales, mayor presencia de patrulleros, desarmar la connivencia entre policías y delincuentes (Santa Rosa y General Pico). Pero también se ha marcado como una de las causas las grietas en el aparato clientelístico provincial (8) y una sensación de injusticia ante la comparación de la vida de los más ricos y la de los habitantes de los barrios menos favorecidos (9), posturas que se acercan a una política que no sea represiva y con objetivos a corto y largo plazo, que involucre a diversos ministerios para abordar la problemática en lo que podría catalogarse como Táctica Social de prevención del delito (Sozzo, 2000).
Desde hace algunos años se vienen registrando en Santa Rosa y General Pico: enfrentamientos entre habitantes de barrios periféricos y grupos de policía que generalmente terminan con detenciones, protagonistas heridos, patrulleros rotos, y en los que a veces participa toda la familia de las personas que se pretende detener, y no solamente enfrentamientos de lo que podría ser bandas de adolescentes y adultos varones y grupos de policías; y en ocasiones ha sido protagonista de los enfrentamientos una gran parte del barrio de que se trate, lo cual trae consigo una naturalización de la violencia policial como medio de resolver conflictos, a la que sigue en muchas ocasiones una respuesta también violenta desde los adolescentes y jóvenes.
Una de las problemáticas más acuciantes es destejer las articulaciones entre sectores policiales, punteros políticos y grupos de adolescentes y jóvenes, relacionados generalmente con el tráfico de estupefacientes y la distribución del robo en los barrios. Esto quedo en evidencia en el caso del homicidio de Esteban Con en manos del Jefe del GEO: la persona que entró como autoridad policial al barrio es el Comisario Inspector Juan Carlos Gorris (Jefe de la UR-1), quien previamente llamó por teléfono al puntero político de extracción peronista, por ser éste a única persona que podía garantizar la presencia de Gorris en el lugar; circunstancias en las que este personaje hizo de guardaespaldas de facto del comisario. Acá comienza a entreverse en la cuestión los diversos interese en juego, por un lado ese día el puntero político es el primero en hacer declaraciones radiales a los pocos minutos del homicidio repudiando el hecho, y luego da la orden de parar el reclamo del barrio que comenzaba a gestarse. De ahí en más derivó sólo en un reclamo institucional al Poder Judicial. La cuestión sería que el marinismo no tenía ningún interés en permitir que por los medios de comunicación comience a revelarse que en los barrios carenciados hay un poder de facto paralelo que se combina con punteros políticos, policías y algunos jóvenes y adolescentes. Si bien todo esto se dijo por los medios, en una conferencia de prensa el ex gobernador aclaró que decir esto era muy irresponsable en un vano intento de ocultar lo que ya es vox populi. El homicidio de Esteban Con se dio en medio de una interna que es política (el marinismo contra el vernismo), policial (oficialidad contra suboficialidad), y barrial (entre ciertas banditas de pibes que se disputan la distribución del delito).
La política de Canal 3 (el canal del Estado) fue reconocer como una barbaridad lo sucedido, aunque obviamente diluyendo la responsabilidad en el jefe del grupo GEO manteniendo de esta forma la imagen de la Policía de La Pampa como una buena policía, con capacidad para autodepurarse de quienes se exceden dentro de sus filas. Es curioso porque en el caso Canale (mucho más claro la participación de la policía, porque hubo levantamiento, demora, apremios, intento de entierro de Canale y posterior encubrimiento) siguen negando la participación policial. Lo que aparentemente les hizo cambiar la estrategia fueron las palabras del propio ex gobernador Marín que dijo que lo sucedido era lamentable y el responsable tendrá que pagarlo. El tema tomó vuelo y se dijo mucho y desde distintos sectores político-partidarios y políticos (incluye al Círculo de Suboficiales de la Policía que por medio de su presidente Raúl Nuñez reconoce la conexión de punteros políticos, pibes de los barrios y policías, pero aclara que sólo son los que pertenecen a la oficialidad en obvia alusión a despegar a los agentes vinculados, que los hay, porque son a quienes representa el Círculo que Nuñez preside), y se puso en el debate que en plena campaña política se repartió plata y bolsas de comida (nada nuevo) y también drogas, y se desató una especie de escándalo por todo esto -además de una causa iniciada de oficio por la fiscalía federal de la ciudad de Santa Rosa- que en el caso Con vuelve a ponerse en el centro de la discusión: Esteban Con sería utilizado por esa red política-policial-punteril como vidriera para tener y vender droga. La prensa dice que cuando le hacen la autopsia le encuentran marihuana en el bolsillo y se ha puesto en duda como familiares del puntero político tiene autos tan caros con los trabajo que desempeñan, en clara alusión a que trafican estupefacientes.
También debe expresarse la utilización el muro policial que se teje (aunque invisible en sentido físico) sobre los adolescentes y niños de los barrios periféricos cuando deciden ir hacia el centro de la ciudad: la Policía los detiene por averiguación de antecedentes, les piden que le muestren la plata si les dicen que van a comprar algo, los involucran en causas supuestas y evitan que lleguen hacia el centro de la ciudad, incluso ha habido casos en que directamente los levantan y los golpean, o el no menos intimidante de seguirlos de cerca por el centro aunque sin detenerlos; es decir, institucionalmente esta Policía es parte del problema de la inseguridad y no la solución a la misma.
Una interpretación puede considerar como válida la difícil tarea que le corresponde a la autoridad política sobre el manejo de la institución policial como herramienta de aplicación de fuerza a un caso concreto (Marteau, 2002) en el intento de pasar de una policía autoritaria a una democrática (Sozzo, 2002a), sobre todo en un Estado donde si bien lo clientelístico es una de las formas más utilizadas para construir consenso político, la utilización policial como gobierno (Foucault, 1983; Font, 1999) no es menos vital. La cuestión es saber si la transformación de la policía de La Pampa en su accionar más violento y autoritario no le generaría al gobierno actual un problema en el orden del consenso muy difícil de suplantar, si al mismo tiempo no se distribuye más equitativamente la riqueza (en el sentido de acceso a bienes y servicios, pero también en el orden simbólico, esto es, de ser parte integrante de la sociedad), y el poder (en el sentido de participar y elegir el propio destino de cada uno de nosotros).

Conclusión.
Pero sabemos que los gobiernos mercantilizados no están para estas cosas, y que la propia sociedad más allá de interpelar a los poderes del estado debe avanzar en sus propias estrategias políticas. En casi todas partes la Policía funciona como el garante de la violencia que instaura el derecho, por ende su función es no permitir la violencia de los que impugnan ese derecho (Agamben, 2004); a éstos los reprime, los estigmatiza, los aísla, los encierra, los disciplina, los vuelve a encerrar y también los mata. En el uso de la policía, se inscribe quizás la más grande falacia política de nuestras sociedades, la de un contrato social que nadie recuerda cuándo firmó.

Notas:
(1) El Gobierno de La Pampa reconoce que existen unos 300 niños con desnutrición (representando el 3 % de los mismos); pero a su vez aumentaron notablemente los casos de nacimientos con bajo peso (menos de 2500 gramos al nacer), con peso insuficiente (entre 2500 y 2999 gramos) y con extremo bajo peso (por debajo de los 1500 gramos); la provincia registra un índice de embarazo adolescente (alrededor del 20 % de los nacimientos en la provincia de La Pampa son de mujeres de menos de 19 años) que supera a la media nacional, y los índices sobre mortalidad maternal la ubican entre los peores lugares de la Argentina en términos porcentuales (El Fisgón, enero de 2003; y La Arena, 12 de abril de 1999; 12 de febrero de 2003 y 17 de marzo de 2004). Hacia fines del año 2001 -según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda- la provincia contaba con 63.038 habitantes que vivían hacinados en unas 12.000 viviendas: 22.785 pampeanos habitaban en casas con pisos de tierra o sin agua potable ni retrete; 2.062 viven en casas en ranchos; 687 en casillas; 1.018 en piezas de inquilinato; 721 en locales no construidos como vivienda; 140 en viviendas móviles y 40 en pensiones (Reyes, 2003a); el nivel de pobreza en la población superaba las 50 mil personas, representando más del 46 % (Lozano, en El Fisgón, agosto de 2002); existía una alta proporción de empleo público respecto del privado (Reyes, 1999 y 2002d); el desempleo en la provincia superaba el 15 % -según el Indec- y la consultora Equis estableció que el 35 % de los niños pampeanos vive en la pobreza, y de éstos, más de 4 mil trabajan (La Arena, diciembre de 2001) y un alto de grado de trabajo informal (Reyes, 2002b); existiendo asimismo una distribución de la riqueza notoriamente desigual (Reyes, 2002a y 2002i). En comparación con el resto de las provincias, La Pampa ocupa el primer lugar en el otorgamiento de pensiones graciables, vinculadas al manejo político del ex senador y actual gobernador provincial Carlos Verna.

(2) Rodríguez Kessy (1999).
(3) Acosta (1999).
(4) La Arena, Santa Rosa, 18 de diciembre de 2003. El procesamiento dictado se enmarca dentro de la llamada Megacausa 450 donde se investiga el accionar de la zona que controlaba el 1 Cuerpo de Ejército, que abarcaba entre muchas otras a la Subzona 14. Posteriormente, uno de los policías implicados quedó desvinculado de la investigación judicial (Asquini, 2005).
(5) La Arena, Santa Rosa, 20 de noviembre de 2000. La información periodística se hace eco de un documento elaborado por varios Comisarios Inspectores que planteaban las reformas necesarias en la institución policial; el documento, de fuerte contenido para una institución de estas características no solo planteaba la eliminación de los resabios procesistas sino que también ponía el acento en la apertura económica y el modelo neoliberal. Sobre policías vinculados a los grupos de tareas en la última dictadura militar no solo hubo algunos que se retiraron con las más altas jerarquías policiales (es decir que fueron ascendiendo durante toda la época democrática) sino que algunos también siguen en funciones que tengan que ver con lo policial luego de retirados de la institución, como por ejemplo los dos represores que integran la comisión directiva del Círculo Policial de Retirados.
(6) Sobre actividades legales ver Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de la Pampa, Norma Jurídica de Facto Nº 1064/81, Texto Ordenado por Decreto Nº 1244/95; y sobre actividades ilegales ver Bompadre (2005).
(7) Si bien esta imagen policial ha sido duramente cuestionada en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2005, contexto en el cual el ministro de Gobierno y Justicia Juan Carlos Tierno fue interpelado en la Legislatura Provincial por la Comisión de Derechos Humanos de esa institución; no es un dato menor el Archivo de Casos presentado por la CORREPI en noviembre de 2003, donde ubica a La Pampa como la tercera provincia del país con mayor índice de muertes en manos de las fuerzas de seguridad por cada millón de habitantes. La provincia de La Pampa se ubica sólo detrás de Santa Fe y Catamarca, lo cual ameritaría al menos una explicación al respecto del gobierno y una mayor preocupación sobre el accionar policial. Esta información merece destacar dos cuestiones al menos, la primera es que hay que la provincia de La Pampa sólo es responsable del 1% de las víctimas totales si tomamos la cantidad de homicidios que se produjeron, y la segunda es que las muertes sistematizadas no solo corresponden a la Policía sino a las fuerza de seguridad en su conjunto (Prefectura, Gendarmería, Servicio Penitenciario, etc.).
(8) Una interpretación posible apunta al decaimiento del sistema clientelístico como una de las mayores causas del aumento del delito en nuestra provincia, véase DI LISCIA, María, en La Arena, Santa Rosa, 5 de mayo de 2001.
(9) Las palabras de un adulto que “maneja” un grupo de adolescentes y jóvenes que roban son muy claras: “Acá lo que hay que cambiar es la misma sociedad. Es una humillación que nunca tangas la oportunidad de un laburo digno, una obra social, un poco de guita para que los pibes estén sanos y vayan a la escuela...”, en El Fisgón, Santa Rosa, año 3, Nº 25, noviembre de 2000, página 9.


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