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Universidad Mayor, Real y Pontificia de

San Francisco Xavier de Chuquisaca



Centro de Estudios de Postgrado

E Investigación
Instituto de la Judicatura de Bolivia


Título


Bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial para Bolivia

Tesis para la opción al grado académico de

Magister en administración de justicia


Autora: Aida Alarcón Tereba
Tutor: Norberto Valcárcel Izquierdo

Trinidad – Beni – Bolivia

Julio 2008

Dedicatoria

Dedico este trabajo fruto de mi esfuerzo:

A la memoria de mi madre Augusta Tereba Romero, que me enseñó a luchar con fe hasta lograr lo que se quiere.
A mi esposo, Juan José Cabrera Flores, por su apoyo, orientación y compañía en la elaboración de este trabajo.
A mis hijos: Danny y Jhonny Christian Cabrera Alarcón, que son la luz y el sabor de mi vida.

Agradecimiento
A mi Creador por la sabiduría derramada en todos los momentos de mi vida.
A la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y al Instituto de la Judicatura, por brindarme la oportunidad de cursar esta Maestría en Administración de Justicia que sin duda me ayudará a mejorar mi labor de Servidora Pública.
A mis Docentes, meritorios profesionales que por medio de su intelectualidad me abrieron nuevos horizontes de análisis, interpretación y razonamiento, sobre diferentes temáticas relacionadas con la Administración de Justicia.
A mis colegas de la Maestría y de trabajo, por su permanente apoyo y ánimo para continuar con este desafío.
A los funcionarios de apoyo del despacho Judicial a mi cargo: Karell Avila, Helen Mejía y Jorge Limpias, por su valioso apoyo logístico brindado con mucho cariño para realizar el trabajo de Investigación.
A Nelva Claros Parari, por su constante solidaridad

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Dedicatoria
Agradecimiento
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Resumen




Universidad Mayor, Real y Pontificia de 1

San Francisco Xavier de Chuquisaca 1




Resumen
El tema de investigación estudiado son las “Bases Epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial para Bolivia” se utilizó las técnicas de recopilación secundarias existente en el Beni, Bolivia y el mundo, complementada con la información primaria obtenida mediante entrevista a personas entendidas en la materia como ser Vocales, jueces y abogados,, y encuesta a litigantes.
Fue desarrollado partiendo de una realidad, es decir, la inexistencia de un Código de Ética Judicial, realidad que se considera una limitante para el fortalecimiento de la justicia en Bolivia.
Los resultados finales fueron alcanzados, previa identificación del problema a resolver relacionado íntimamente con el tema a investigar, buscando como contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad del Poder Judicial que permita recobrar la confianza y credibilidad ciudadana en este Poder del Estado, a partir de ahí, el objeto de estudio está referido al comportamiento ético que deben observar los administradores de justicia, cuyo objetivo general propone bases para elaborar un Código de Ética Judicial en Bolivia que oriente y regule el comportamiento de los administradores de justicia y demás funcionarios judiciales, como instrumento al que deben ajustar sus actos.
La metodología empleada, parte de la recopilación de información primaria y secundaria, método inductivo y deductivo, histórico lógico, análisis documental, Derecho comparado y modelación, donde los resultados teóricos – prácticos obtenidos permiten sustentar la idea a defender plasmada en una propuesta en la perspectiva de contribuir al mejoramiento de la justicia boliviana.
Entre las conclusiones fundamentales derivadas del análisis del tema de investigación se muestra claramente que existe la necesidad de contar con bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial para Bolivia, y la importancia que tendría este cuerpo legal, con el cual se modernizaría la administración de justicia, inscribiendo a Bolivia entre los países que cuentan con este Código con el cual se pretende disminuir la incidencia relacionada con la injerencia política, económica, de padrinazgo o de cualquier otra naturaleza, para implementar un modelo social de justicia y de excelencia al servicio de la sociedad.
Palabras clave: ética judicial, injerencia política, base epistemología.

Introducción
Algunos autores señalan que la globalización está afectando de manera negativa al comportamiento humano a nivel mundial, debido a que este proceso de cambio que se viene dando en todo el planeta, afecta en la forma de educar, trabajar, formar pareja, de constituir una familia, y hasta la forma de pensar y razonar, este fenómeno según estos criterios está modificando los principios y normas morales en la escala de valores de una sociedad; y esta problemática así planteada requiere ser abordada desde la óptica de las diferentes ciencias y con diferentes enfoques, a fin de encontrar equilibrios que permitan contribuir a impedir la degradación moral y espiritual del hombre y atente o vaya en contra del mismo ser humano.
Bien sabemos que cada ciencia, tiene sus propios problemas científicos a la luz de los cambios sorprendentes que estamos viviendo, y que por supuesto tienen sus propias causas que merecen no solo sean explicadas, sino que deben ser asimiladas y comprendidas a fin de planificar cambios, pero adecuados, partiendo de una realidad social, económica, jurídica, política y cultural propia de cada país o Estado.
Lógicamente que los cambios que se operan por los efectos de la globalización, no escapan a las ciencias sociales como ya se dijo; en especial a las ciencias jurídicas que recibe fuerte impacto por la forma en que se vienen desarrollando otras ciencias, y las teorías del conocimiento científico; y sin lugar a duda, esa nueva forma de desarrollo nos orientan hacia nuevos paradigmas epistemológicos del conocer y del hacer del hombre que se ve forzado a obrar y elegir de cómo hacer las cosas frente a los nuevos desafíos.

Dentro este contexto, la ciencia del derecho como tal no solo que tiene su propia lógica jurídica que es el estudio de los principios fundamentales del pensamiento, sus leyes y estructura, (concepto, juicio y raciocinio) forma parte de la lógica general, que se la entiende como la ciencia de los pensamiento en cuanto tales, estudiándolos en sus leyes en su aspecto formal y como objetos ideales.


La Ciencia del Derecho, también tiene su propia Ética, que forma parte de la Filosofía, que tiende a buscar los principios valorativos supremos a los cuales debe ajustarse el comportamiento humano; dentro esa disciplina, se desprende la Ética profesional, que surge como rama de aquella por la complejidad de las relaciones sociales, y por los problemas globales que enfrentamos hoy como ser: mala distribución de las riqueza, la concentración de grandes capitales en pocas manos, deuda externa, pobreza, desempleo, migraciones masivas, crisis de valores, violación de los derechos humanos, debilitamiento del Estado, narcotráfico, etc., todas estas situaciones permiten identificar el porqué de la Ética profesional y de la conducta moral de los profesionales, pues son ellos los encargados de orientar las tendencias hacia un desarrollo sustentable, racional, solidario, pacífico, humanista y de tolerancia.
Dentro ese marco, el abogado como profesional en la Ciencia del Derecho o Perito del Derecho Positivo, no solo tiene como perfil ser un buen asesor; sino también, un patrocinador de causas ante los estrados judiciales, y está preparado para laborar como operador de justicia, dentro ese campo de acción, debe poseer un status especial en cuanto a exigencias morales se refiere, ya que en esa su labor enfrentará numerosas situaciones conflictivas de carácter complejo que le exigen apelar no solo al análisis, interpretación y razonamiento de la norma jurídica, sino también, a normas morales para encontrar solución justa a los problemas que le son planteados, por lo que como administrador de justicia en estos tiempos difíciles, debe tener una formación sólida en valores éticos y morales, porque en él se deposita la vida, la libertad, el patrimonio, la familia, el trabajo, etc., y teniendo una moral invencible y un comportamiento ético bien cimentado, lo impulsará siempre a luchar por la justicia.
Dentro del sistema jurídico vigente en el país, como normas jurídicas que regulan el comportamiento del administrador de justicia tenemos el párrafo VI del Art. 116 de la actual Constitución Política del Estado que señala: “…Los Magistrados y Jueces son independientes en la administración de Justicia y no están sometidos sino a la Constitución y a la ley…” (1); por su parte, el Art. 1 de la Ley de Organización Judicial también establece: PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- El Poder Judicial es Independiente de los demás poderes del Estado… Los jueces son independientes en la administración de Justicia, y no están sometidos sino a la ley...” (2); sin embargo, no se cuenta con un código de Ética Judicial que regule el comportamiento ético del operador de justicia.
La proclama constitucional y los principios contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial no siempre se cumplen, y el poder Político ha ejercido gran influencia sobre el Poder Judicial, prueba de ello, son las 16 renovaciones totales que ha sufrido éste Poder del Estado, como lo afirma el Dr. Norberto Valcárcel Izquierdo en su libro titulado “Ética e Investigación Jurídica” cuando dice: “…Entre 1936 a 1982, se han presenciado 16 purgas masivas en el Poder Judicial, forzadas por el Poder Ejecutivo, que ha subordinado a los intereses del gobierno en ejercicio y de los intereses políticos en general…” (3).
Esta realidad, es uno de los factores que ha provocado la desconfianza de la sociedad civil hacia el Poder Judicial, sumándose a ello el criterio de abogados en el ejercicio libre de la profesión y usuarios del servicio de la administración de justicia, referidos a la falta de imparcialidad, la poca probidad e idoneidad de los jueces y funcionarios que tramitan los procesos, quienes además, consideran que son esas y otras situaciones como la falta de fundamentación de los fallos que deslegitiman al Poder Judicial
Los comportamientos anteriores, según diferentes opiniones han sumergido al Poder Judicial en una crisis institucional, que requiere ser revertida para lograr credibilidad y confianza de la sociedad hacia éste Poder estatal, tan necesario dentro la vida del Estado de Derecho, para que haya paz social, y no retroceder a la forma primitiva de hacer justicia.
Al presente, ese es el desafío, que sumado a los cambios globales acelerados que se dan en el mundo de hoy donde han surgido nuevas ciencias y tecnología, el Poder Judicial debe estar preparado para enfrentar esos retos, que sin duda nos llevan a una nuevo orden jurídico, en el cual se debe respetar los valores, principios, cultura, tradiciones de los pueblos.
Estos desafíos, no solo son para el Poder Judicial sino que hay necesidad de analizarlos e interpretarlos dentro el contexto social, nacional y mundial, puesto que como se ha mencionados los cambios que se vienen produciendo condicionan el comportamiento humano, y no siempre ese cambio ha servido para ennoblecer al mismo hombre.
Desde ese enfoque, surge el problema que debe ser objeto de una investigación científica que tienda a contribuir a encontrar soluciones a esta realidad social, pues todo ciudadano debe contar con un Poder Judicial independiente, que imparta justicia por medio de jueces probos, imparciales, idóneos, debidamente capacitados, y que brinden a la sociedad un servicio de calidad y excelencia, cualidades con las cuales se contribuirá a revertir la crisis institucional del Poder Judicial.
La autora, como funcionaria del Poder Judicial, con más de 17 años de experiencia laboral, de los cuales los últimos 8 años dedicados a la función de Juez de Partido de Familia con asiento en la ciudad de Trinidad, provincia Cercado del departamento del Beni, ha permitido identificar la necesidad de diseñar bases epistemológicas dentro de las ciencias jurídicas, para la futura elaboración de un Código de Ética Judicial que permitan por un lado, orientar el comportamiento ético de los funcionarios judiciales, con el fin de fortalecer la institucionalidad el Poder Judicial; y por otro, que los usuarios del servicio de la administración de Justicia recobren la confianza y la credibilidad hacia éste Poder del Estado, que es el encargado de resolver los conflictos que se suscitan entre las personas particulares entre sí y entre éstas y el Estado, pero libre de cualquier injerencia externa al Poder Judicial o interna que provenga de autoridades superiores o de particulares; siendo necesario, enfocar el problema desde un punto de vista crítico y a partir de la realidad de Bolivia, buscar alternativas de cambio al sistema jurídico en cuanto al comportamiento ético de los operadores de justicia se refiere.
Los antecedentes anteriormente expuestos, permiten abordar el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir a fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial que permita recobrar la confianza y credibilidad ciudadana en éste Poder del Estado?
El problema planteado posibilita identificar como objeto de estudio, El comportamiento ético que deben observar los administradores de justicia, que prestan servicio en el Poder Judicial en el afán de fortalecerlo para que contribuya a recobrar la credibilidad y confianza ciudadana.
El objeto de estudio así presentado, permitirá tener como campo de acción: las bases epistemológicas que sirvan de referencia para elaborar posteriormente un Código de Ética Judicial para la República de Bolivia.
Para lograr la transformación de la realidad objetiva propuesta, la autora se propone como objetivo general: Proponer bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial para Bolivia que rija y oriente el comportamiento de los administradores de justicia, y demás funcionarios judiciales, destacando la necesidad de contar con estás bases epistemológicas para la pronta puesta en marcha de la elaboración del cuerpo legal antes señalado, como instrumento al que deben ajustar sus actos y comportamiento, evitando la injerencia de pudiera venir de cualquier otro Poder del Estado, de instancias superiores del mismo Poder Judicial, de personas particulares, o de cualquier otra naturaleza que comprometa los deberes esenciales de independencia e imparcialidad del administrador de Justicia.
Para alcanzar el objetivo anterior, se proponen las siguientes tareas científicas:


  • Fundamentar desde la ciencia jurídica las bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial, utilizando para ese cometido el método histórico lógico, el análisis documental; y en la segunda parte de éste capítulo también se encuentra las similitudes y diferencias de las bases utilizadas en Código de Ética Judicial de otros países, utilizando para ello el método del Derecho Comparado.

  • Caracterizar y valorar los problemas éticos que se observan en el comportamiento de los operadores de justicia del departamento del Beni, mediante el análisis de los casos presentados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; así como también corresponderá analizar e interpretar las faltas disciplinarias consideradas muy graves, graves, leves, de Contravenciones Administrativas Disciplinarias e Infracciones Menores presentadas en contra de los funcionarios judiciales.

  • Diseñar bases Epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial para la República de Bolivia.

Bajo la óptica del objetivo general y de las tareas científicas propuestas, la autora propone como idea a defender: la siguiente: La necesidad de proponer bases epistemológicas para la futura elaboración de un Código de Ética Judicial para la República de Bolivia, que regule el comportamiento ético de los operadores de justicia, cuyas normas sirvan de fuente de inspiración para rechazar cualquier injerencia interna o externa al Poder Judicial, o de cualquier otra naturaleza, al disponer los funcionarios judiciales de un instrumento legal que los respalde.


Bajo las características propias del paradigma Socio – Crítico en la presente investigación jurídica, la autora se propone utilizar los siguientes métodos:


  • Histórico Lógico, este método posibilita encontrar la evolución de los antecedentes jurídicos que han regulado el comportamiento ético del operador de Justicial

  • Análisis documental, que permitirá construir el marco teórico de la investigación que fundamentará las bases Epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial.

  • Derecho Comparado, posibilita descubrir las semejanzas y diferencias entre los Códigos de Ética Judicial de otros países.

  • Modelación, Por medio de este método, permite identificar el proceso de abstracción para elaborar las bases epistemológicas como punto de partida para elaborar un futuro Código de Ética Judicial en Bolivia.

  • Enfoque sistémico, contribuye a identificar las relaciones entre las bases, jurídicas, social, política, Económica, cultural, y educativa.

  • Entrevista a vocales, jueces y abogados, posibilitará destacar la necesidad de contar con bases epistemológicas para estructurar un Código de Ética Judicial para Bolivia, valorar la importancia de un Código de Ética Judicial que regule el comportamiento de los operadores de justicia.

  • Encuesta a usuarios del servicio de la administración de Justicia, aplicando el uso de esta técnica se podrá obtener información de interés sobre el tema de investigación que permita conocer la opinión y valoración, así como el grado de satisfacción entre los usuario del servicio de la administración de justicia, con respecto a la importancia de contar con bases sólidas para elaborar un código de Ética Judicial para nuestro país.

La investigación planteada, introduce como aporte teórico proponer bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial para la República de Bolivia, cuyo resultado pueda ser tomado en cuenta por quienes tengan la misión de elaborar el referido cuerpo legal, sobre la base de la información obtenida que sustentan y fundamentan la teoría del presente trabajo de investigación.


La significación práctica de esta investigación, se traduce en que las bases propuestas puedan motivar a las autoridades nacionales que tienen relación con la administración de justicia para impulsar la elaboración del Código de Ética Judicial con cuyo instrumento jurídico se tenderá a contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad del Poder Judicial, y que los operadores de justicia y la sociedad se beneficien con su resultado.
Con los elementos explicados anteriormente la estructura del presente trabajo de investigación se lo tendrá de la siguiente manera:
En el capítulo I: se encuentran los antecedentes y fundamentos teóricos de la Ética Judicial, la importancia de un Código de Ética Judicial desde el punto de vista jurídico, social, político, económico, humano, cultural y educativo. En el punto 2. se encuentra el análisis de las bases utilizadas en otros Códigos de Ética de otros países, mostrando las semejanzas y diferencias, así como lo positivo, negativo o interesante de aquellas bases, si existieran.
El capítulo II contiene: El análisis valorativo de los problemas éticos que enfrentan los operadores de justicia en el día a día de su labor, y para ello, en el punto 2.1 se encuentra el análisis de los casos referidos a los procesos que por el delito de Peculado y prevaricato se hubieren planteado en contra de operadores de justicia, así como también, el análisis de las faltas disciplinarias denunciadas en contra de funcionarios judiciales formuladas durante la gestión 2007 y primer semestre de la gestión 2008 en el departamento del Beni; En el punto 2.2. Se efectúa un análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a vocales, jueces, abogados y la encuesta aplicada a usuarios de la administración de justicia.
El capítulo III, contiene la propuesta consistente en las bases epistemológicas que debe contener el Código de Ética Judicial, entre las que tenemos: base jurídica – social – política – económica – humana – cultural – y educativa.
Bajo las características antes señaladas, y del paradigma socio – critico en la investigación jurídica, la autora desarrollará los siguientes elementos teóricos que sirven de sustento al trabajo
Capítulo I
Fundamentos de la ética judicial
1 La ética judicial
1.1 Antecedentes
Hablar de la ética judicial, requiere en principio remontarnos brevemente a la evolución y significado de la palabra ética y su diferencia con la moral, a los antecedentes de la ética profesional y la ética jurídica, de esa manera tenemos.


      1. Ética

La palabra ética, proviene del griego éthos = costumbre(4), y en la antigüedad significaba igual que la moral, y ésta palabra que es de origen latino provenía de la palabra more que significaba lo mismo que éthos; a raíz de ello, la ética surgió en principio como una doctrina de la costumbre; es decir, como una teoría de los actos humanos; esta significación; posteriormente, tuvo un alcance más restringido al circunscribirlo solo al comportamiento moral y dentro de él al comportamiento jurídico, y en su dimensión ontológica se la fue identificando con lo bueno, lo honesto, lo justo, o lo que significaba algo valioso; hoy en la actualidad, tiene un sentido amplio y otro restringido, el primero alude al derecho y a la moral, y en el segundo a la doctrina de la moral.


Dentro los primeros ordenamientos jurídicos, los actos del comportamiento humano tuvieron también su importancia, los pueblos prehistóricos contaban con una serie de permisiones y prohibiciones, distinguiendo lo bueno de lo que era malo, pero sobre todo con respecto a la divinidad representada por la fuerza de la naturaleza, lo cual llevó al hombre a sentir temor y a su vez también, sentir admiración por los fenómenos naturales.
Ya con el devenir de la era histórica, el hombre se hizo sedentario y con su vocación religiosa, ingreso el elemento político, las costumbres se fueron humanizando por la vida de relación, naciendo el sistema de conductas estables pero en función a valoraciones comunes, como los sentimiento familiares, surgiendo como consecuencia la cooperación social por la creciente división del trabajo; y por otro lado, ante el ataque a otro engendró la venganza, instituida como sanción jurídica, surgiendo de esa manera la idea de justicia.
Dentro la cultura China, el ideal de una vida social ordenada estaba concebida en una triple relación: entre el cielo, el soberano y el pueblo, las virtudes del emperador colmaba de bienestar a su pueblo, en cambio sus faltas producían catástrofes y penurias.
En general, los pueblos del oriente caracterizaban la ética como normas esencialmente dogmática – religiosa que tuvo gran influencia, es así que en Egipto, la ética se estructuró en el ordenamiento jurídico, sobre la base de la creencia de que una vida mundana digna y pura, era premiada con la prolongación de la vida plena de felicidad más allá de la muerte.
En cambio el pueblo hebreo, por su arraigada creencia religiosa tenían como normas los 10 mandamiento de la ley de Dios, que posteriormente sirvieron de fundamentación dogmática de la doctrina del cristianismo, cuyos preceptos se los considera eminentemente Jurídico – Moral.
En la India, la doctrina ética postulada por buda, sostenía que el hombre podía llegar a ser virtuoso a través de una vida ascética, alejada de los requerimientos materiales y dedicada a la meditación, y cuando se lograba vencer las ambiciones, placeres, orgullo, y vanidad, el obrar del hombre límpido era reflejo de su alma pura, llegando al estado de la sabiduría, esta es quizás el primer intento de la búsqueda de la perfección humana.
La ética, en su desarrollo como filosofía de la moral, comenzó en Grecia, por la marcada tendencia a investigar los fundamentos y las motivaciones del obrar humano, de esa manera aparecieron intentos de interpretación filosófica, dando lugar a los primeros atisbos de la doctrina de la costumbre, destacándose la teoría de la motivación metafísica, y la otra, relacionada con la motivación psicológica, pero en ambas teorías se sustentaba la autodeterminación, sobre la base de este problema surgió diversos criterios en el afán de dar solución; los sofistas, sostuvieron que dependía de la voluntad; por su parte, Sócrates, centró su análisis en el perfeccionamiento del hombre, surgiendo la ética como reflexión filosófica autónoma de prevalente contenido moral, fundada en el conocimiento verdadero del bien, señalando que el hombre no es bueno por su mera voluntad ni por su inspiración espiritual; siguiendo esta teoría, el problema ético se transforma en un problema del entendimiento, trasladando el fundamento del problema ético del plano de la moral al plano de la certidumbre vital, superando la teoría del escepticismo.
Sócrates, consideró posible establecer un sistema racional que arraiga la vida del hombre desde sus diversas manifestaciones el Ethos colectivo, que abarca todas las relaciones sociales que pueden determinar las diversas motivaciones del obrar, a éste filósofo se le atribuye el intento de reducir las cualidades estimables del obrar humano a un orden racional.
Sin embargo, fue Aristóteles, quien estructuró la ética como disciplina, indagando sobre la esencia de la virtud, postulando la necesidad de examinar cuales y como se manifiesta la manera de ser; señalando: “que se es virtuoso cuando se permanece con prudencia y moderación, y la virtud como hábito y cualidad depende de la voluntad y que esa cualidad no depende exclusivamente de la moral; postuló dos clases de virtudes: las éticas y las dianoéticas, las primeras, como el bien común, la justicia, el valor, la amistad, etc., y segundas consideradas como inherentes a la actividad teórica: como la sabiduría, virtud fundamental de la inteligencia y de la razón, de ésta división Aristóteles consideró a la ética no solo como una teoría, sino como una política normativa de la costumbre en su proyección social – estatal” (5).
Todo el pensamiento de la ética posterior a este filósofo griego, tuvo a la ética como disciplina teórico – práctico; Santo Tomás de Aquino, constató la existencia de una moral individual y otra social, la primera con tendencia al perfeccionamiento espiritual del hombre; y la segunda, ordena el comportamiento colectivo, Santo Tomás, no solo se ocupó del ser, sino también del deber ser; por su parte Cristian Tomasio, distinguió las ciencias relacionadas con el comportamiento humano en tres ramas: La ética o moral, la política y la jurisprudencia o derecho, cada una con sus propios principios, la primera tenía como principio la honestidad, la segunda el decoro y la tercera la justicia, y la diferencia de estas teorías prácticas se halla en la delimitación de lo que se entiende por moral y lo jurídico, el primero referido a la conciencia del sujeto, fuero interno; en cambio, el derecho tiende a regular el obrar interindividual, fuero externo del obrar humano.
Posterior a estos pensamientos filosóficos, la ética se consideró como una filosofía de la moral, prevaleciendo el deber ser con contenido concreto, la idea del bien supremo, así para los estoicos, el deber ser consistía en proceder conforme a la naturaleza, y los deberes morales están predeterminados sólo por la voluntad divina.
La tendencia prevista por Enmanuel Kant, la centró en el interés especulativo y práctico de los contenidos estimables del comportamiento humano, y en su relación con los bienes o principios supremos, dejando de lado el elemento formal del obrar humano.
En el siglo XVII, se replanteó las concepciones éticas que se tenían hasta ese entonces, (Corriente Dogmática naciendo nuevos contenidos normativos, centrándose en el estudio para dilucidar la cuestión del origen de la ideas morales, y la dependencia o independencia del libre albedrío humano frente al determinismo de la naturaleza.
Ya en el siglo XVIII, con la aparición de Enmanuel Kant, surgió un cambio fundamental para la ética otorgándole una estructura formal frente a lo material (idealismo) y su aporte científico, se lo encuentra en el hecho de haber establecido la función apriorística de la exigencia de la moral, y su modo de fundamentar los principios éticos produjo una inversión interpretativa, lo que en otras teorías parece como fundamento supremo de todo fenómeno ético, en su teoría es solo un postulado de la razón práctica; a éste filósofo se debe el hecho de tratar de identificar la moralidad con la exclusiva consideración del deber ser e imperativo categórico. (6)
En nuestros días, la ética que se presenta bajo una doble modalidad, en primer lugar, como propósito de síntesis entre el formalismo propuesto por Enmanuel Kant y las concepciones éticos materiales propuestos por otros pensadores; y la segunda modalidad se presenta como una actitud conciliadora entre el apriorismo y el empirismo moral,
En resumen, de los antecedentes expuestos, se infiere que la ética estudia la costumbre y los hábitos bajo ciertos principios; hay autores, que la catalogan como la ciencia de los actos humanos, otros la llaman ciencia de la voluntad en orden a su fin y algunos creen que se la puede denominar como la ciencia de los principios constituidos de la vida moral, pero que sin embargo, todos los anteriores preceptos nos llevan a la misma conclusión, que la ética estudia el desarrollo de la libre voluntad del hombre sin perjudicar al prójimo; va encaminada hacia la realización del hombre.


Ética y moral
Como hemos visto por el origen de la palabra ética, ésta significa costumbre o comportamiento, residía en el concepto la morada o lugar donde se habita. El éthos, es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz de la que brotan todos los actos humanos, el ethos, significa carácter, que se logra mediante el hábito y no por naturaleza. Dichos hábitos nacen por repetición de actos iguales que determinan además actitudes. El hombre de ese modo, viviendo se va haciendo a sí mismo y formando su carácter moral.
En cambio, aproximándonos a una conceptualización de la palabra "moral" por su origen igual a costumbre se la considera como la adquisición del modo de ser logrado por la apropiación o por niveles de apropiación, donde se encuentran los sentimientos, las costumbres y el carácter.
Para nuestro estudio, conviene distinguir estas dos palabras, pues no son sinónimos; la ética nos brinda valores universales y la moral nos da las distintas aplicaciones que tiene la ética. La ética como principio universal, va dirigida a todos los seres humanos y estos actúan conforme a su naturaleza humana que es una sola. Pues todos tenemos la misma naturaleza y todos tenemos valores morales, pero según las circunstancia particulares de cada quien se aplican distintivamente.
La ética, como la definen algunos autores es la rama de las ciencias filosóficas que investiga las leyes de la conducta humana, para formular las reglas que convienen al máximo grado de la evolución psicológica y social del hombre, y tiene por objetivo esclarecer, reflexionar, fundamentar esta experiencia humana que es la moral; la moral tiene una significación más amplia que el vocablo ética.
La moral si se puede decir, es más aterrizada a la realidad y a la vida en concreto, expresada en costumbres, hábitos y valores, si una persona actúa bajo estos preceptos es considerada como moral, pero se puede ser moral más no ético, alguien puede seguir sus costumbres y se la consideraría moral y no necesariamente una persona ética que obedece a principios.
Ética Profesional
Sin pretender profundizar en el tema, considero necesario referirnos a la ética profesional, precisamente porque debido a los adelantos científicos, hoy vivimos un período de agitación donde la economía, la ciencia y la tecnología juegan papeles decisivos, ejercen gran influencia en el hombre y nos ponen al filo del cambio por el proceso de globalización, y este fenómeno exige redefinir la relación del hombre con su hábitat natural.
En ese sentido, la ética profesional como rama de la ética que estudia la moralidad de los actos humanos, cobra importancia, por la relación directa que tiene cada profesional con la humanidad, con su pueblo y la sociedad en la cual se desempeña, y a la que debe demostrar en todo momento sus conocimientos científicos adquiridos durante su proceso de formación profesional y también su vocación de servicio, actuando conforme a su conciencia, tomando en cuenta el grado de responsabilidad que tiene como tal.
El Dr. Norberto Valcárcel en su obra, Ética e investigación Jurídica señala que: “La Ética profesional, como rama de la Ética estudia la forma específica en que se manifiesta la moral de la sociedad en la moral de las profesiones. Fundamenta los mecanismos de la regulación moral, elabora el código de principios y normas morales de la profesión y el ideal de la imagen social de la personalidad del tipo de profesión a que se aspira y que necesita la sociedad” (7)
De lo expuesto anteriormente, se puede definir a la ética profesional como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos profesionales de cada profesión, busca ciertas reglas de conducta moral del profesional, determinando requisitos para que éste desarrolle su actividad a plenitud bajo principios éticos; otros suelen llamarla Deontología.
La ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad, en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, ésta parte del postulado de que todo valor está íntimamente relacionado con la idea de un bien, se sustenta fundamentalmente en la naturaleza racional del hombre y esta naturaleza es espiritual y libre, por consiguiente tiene una voluntad que apetece al bien moral.
De lo anterior, se puede hablar de la existencia tanto de una ética como de una deontología profesional. La primera, centrada en perfilar y definir el bien de una determinada profesión, mientras que la segunda, se ocuparía de las obligaciones propias de dicha actividad.
Ética jurídica
“El derecho como profesión también tiene su propio régimen ético, que no es otra cosa que la aplicación de los principios éticos generales a las particularidades distintivas de la labor forense en sus variadas manifestaciones” (8), agrega que el Abogado “Es el hombre del derecho” que actúa socialmente en el campo de lo jurídico, ya sea como profesional libre, como juez, como fiscal, como asesor de empresa pública o privada, como Notario o como funcionario judicial, pero todo ello le exige un comportamiento ético de carácter general, con independencia, y que cada actividad jurídica, supone requerimientos morales propios, que éste profesional debe cumplir”.
Sin lugar a duda, lo afirmado por éste autor, no debe concluir en que se debe suponer que al abogado deba cumplir con ciertos comportamientos éticos, sino que es un imperativo para esta profesión mantener un comportamiento ético y moral a toda prueba, pues el “abogado no solo es sabio en el derecho” (9) sino que éste hombre o mujer formado en la Ciencia del Derecho tiene una sagrada misión entre otras, luchar por la justicia, defender los derechos de los demás, defender los derechos humanos, las garantías constitucionales, el abogado es un factor de la paz y la justicia de una sociedad, y para ejercer la profesión debe no solo ser honesto, sino parecerlo; porque la profesión tiene una honrosa tradición de servicio a la sociedad y al Estado, estimándose a la abogacía como la profesión de hombre buenos, prudentes, libres y sobre todo dignos.
Alguien, con acertada razón ya dijo: “sin armas esta profesión espanta a la fuerza, sin esfuerzo detiene la violencia, sin aparato reduce al poder, al fasto, a la modestia y al temor; la pobreza la busca como su asilo, la abundancia como su apoyo, el honor como a su luz, la reputación como a su recurso, la vida también como un medio de conservación.
De esta manera, vemos que esta noble profesión de servicio a la sociedad y al Estado no se encierra en sí misma; y quien la ejerce se asemeja al sacerdote que recibe en confesión los secretos más íntimos de su cliente, pues en él depositan el honor, la vida y los bienes, y éste en la defensa del derecho no le basta demostrar dominio del conocimiento científico de la ciencia jurídica y de sus métodos, sino que es necesario que tenga una sólida formación humanista que le permitan dignificar su profesión.
Por lo expuesto, se concluye en la necesidad de que cada ciencia cuente con su propia Ética y Moral profesional, en razón de que los fenómenos sociales que se dan al interior de cada sociedad son tan complejos, y cada día se ven más afectados por las cambios acelerados que se vienen desarrollando por el avance de la ciencia y la tecnología.
En la actualidad, la mayor parte de los países cuentan con un Código de Ética que regula el comportamiento del abogado; en nuestra República de Bolivia tenemos la Ley de la Abogacía aprobada por D.L. Nº 16793 de 10 de julio del año 1979, y de un Código de Ética profesional para el ejercicio de la Abogacía aprobado mediante D. S. Nº 26052 de 19 de enero del año 2001, que modificó el D.S. 11788 de 9 de septiembre del año 1974.
1.1.4 Ética judicial
Ahora bien, el abogado en su diversas manifestaciones de su quehacer profesional tiene como perfil, ser asesor de instituciones públicas, de empresa privadas, patrocinador de causas ante los estrados judiciales, y además, llega a ser un servidor de la administración de justicia desempeñándose como juez o como fiscal, fuera de ese campo de acción, también se desempeña como Registrador de Derechos Reales, Notario de Fe Publica, y Oficial de Registro Civil y en cada una de esas funciones tiene su lógica y requiere un alto grado de moralidad, probidad, honestidad, rectitud, capacidad y responsabilidad; destacando que en su labor de juez, fiscal o abogado debe contribuir a la realización de la justicia, entendida ésta como valor y en dar a cada uno lo que es suyo en derecho, pero siempre a la luz sus su conocimiento científico y de su conciencia.
Pero hablar de la ética judicial, requiere ingresar al ámbito de la justicia, su administración y de quien la imparte, que es el juez sean unipersonales o colegiados, y para una mejor comprensión de éste trabajo de investigación destacaremos lo más importantes de cada uno de estos elementos que tienen estrecha relación con la ética judicial:
Justicia
La palabra justicia, desde muy antiguo y dentro la historia del pensamiento ha tenido dos acepciones muy importantes, se la ha usado como un criterio ideal o por lo menos el principal criterio para el Derecho; y por otro lado, se la empleó para denotar virtud universal en la cual convergen todas las demás virtudes.
Entre muchas teorías que se han escrito sobre la justicia, para el presente trabajo de investigación conviene destacar las siguientes:
Platón, al hablar de la justicia señaló que no designa una virtud particular en relación con las demás virtudes, sino, que abraza a todas ellas: La prudencia, la sabiduría, la fortaleza, la valentía, la templanza, por tanto, la justicia consiste en la “armonía o equilibrio que debe existir entre los diversos estamentos, grupos o clases que componen el Estado. El hombre justo, es pues aquel que realiza la integridad de los valores y las virtudes- Platón en su libro “La República”, orientó a determinar la esencia de lo justo, tratando de encontrar una justicia que sea valedera tanto para el Estado como para el individuo, y la justicia para él es pues la unidad que mantiene el vínculo, la concordancia y la armonía entre los hombre y la sociedad” (10).
Aristóteles, considera a la justicia como ética de la virtud, apunta hacia un sistema de virtudes entre las cuales la justicia es la virtud más alta, la virtud total o perfecta, y el punto medio entre dos extremos vicio y defecto, con esto Aristóteles da respuesta sobre lo que se entiende que es bueno y que es malo, y concluye señalando que “lo bueno es aquello que es bueno para el orden social existente, y concluye teorizando que la justicia es más una virtud social que individual que obliga a todos a respetar el bien ajeno, es la llamada a regir las relaciones entre los miembros de una comunidad. ”(11)
Epicuro, considerada que la justicia no tiene un valor en sí misma, y solo se establece debido a aquel pacto de no perjudicarse los unos a los otros, afirmando que la justicia “produce en el sabio, el equilibrio de los deseos y de las pasiones, mientras que la injusticia, produce con su sola presencia, perturbación en el hombre” (12). Negando con esta afirmación el valor que tiene la palabra como principio universal.
Actualmente, aparecen conceptos mucho más revolucionarios sobre lo que se entiende por justicia cuando se concibe como el sentimiento y actitud humana que, fundamentado en los principios y normas éticas, moral y la ley, tiene como fin supremo lograr el respeto a los derechos colectivos e individuales de todos y cada uno de los miembros que integran una determinada sociedad, induciéndonos a decidir acciones como instrumentos específicos de premiar o sancionar la conducta humana en proporción igual al bien o al daño causado por dicha conducta.
La verdad, no resulta fácil conceptualizar lo que se entiende por justicia, pero conviene intentar hacerlo señalando que la justicia no es dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quien le pertenece por derecho. La justicia es ética, equidad, y honradez, es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente los derechos de los demás.
La justicia como valor
Otro el nivel de análisis es entender la justicia como valor y fin del derecho, más que como virtud subjetiva; y dentro las diversas teorías que hay sobre el tema, las más destacadas tenemos a Luis Recaséns Sichés, en su obra “Vida humana, sociedad y Derecho“ en la cual llama “estimativa jurídica a la parte de la Filosofía del Derecho que se ocupa del tema de la justicia, del derecho, del deber ser y de los valores jurídicos” (13); para este autor, los tres elementos son propios de la conciencia de cada persona, de la opinión y sentir colectivo y de la vida de los pueblos, considera al Derecho como un producto más del quehacer humano, que se desarrolla a través de la historia y consiste en una normativa de la vida social que se orienta a la realización de valores, y que, además, al igual que todo el producto cultural cambia y evoluciona con el transcurso del tiempo, como resultado de la labor humana. En su estimativa jurídica, cuyo objeto es la indagación de los valores que deben orientar al Derecho Positivo, ya que no es posible concebir el derecho sin valoraciones.
Una orientación sui géneris sobre la justicia como valor nos da el jurista francés Paúl Roubier, al tratar los valores jurídicos, expresa que es el estudio de las normas jurídicas desde su aspecto exterior se advierte la existencia de un primer valor: La seguridad jurídica, porque ésta supone una serie de consecuencias ventajosas para la sociedad como lo son la autoridad, la paz y el orden. El estudio del fundamento de las reglas del derecho nos sitúa en presencia de un segundo valor: La justicia, valor que es esencial para la armonía de las relaciones humanas, por sus cualidades propias de igualdad y generalidad. Finalmente, al considerar el objetivo de las normas del Derecho nos revela un último valor: la civilización y el progreso social a lo que nosotros llamamos la realización del bien común, que supone a su vez, valores como ser la bondad, la utilidad social, la abundancia, la organización social, la cultura, etc.
Finalmente Norberto Bobbio, considera a la justicia como “un conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento, los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos Derecho “(14). Ahora bien, en cuanto al ideal justicia, o sea a ese conjunto de condiciones protegidas por el Derecho se lo puede considerar desde dos perspectivas, Iusnaturalista, que considera que todo derecho es justo, y desde la perspectiva del iuspositivista, que considera al Derecho como condición de la justicia y a su vez esta es una medida de valoración del Derecho; por lo que se puede concluir, que un Derecho positivo determinado es justo o injusto de acuerdo al ideal de justicia subjetivo.
En definitiva, la verdadera justicia. Es el arte de dar lo justo, hacer o dar lo justo a un individuo, basándose en los principios del arte del Derecho, sin tener ningún tipo de discriminación o preferencia hacia ninguna persona.
Administración de justicia
Es uno de los fines que tiene el Estado, y éste delega al Poder judicial su cumplimiento y ejecución; de ahí que, el Poder judicial tiene por función esencial impartir justicia, esta actividad la cumple por medio de los jueces tribunales de justicia legalmente establecidos en el país.
Sin Conviene destacar, que la palabra administración se forma del sufijo “Ad”, hacia y de “Ministratio”, esta última viene de la voz “Minister”, vocablo compuesto de “minus” comparativo de inferioridad, y del sujefo “Ter” que sirve como término de comparación; de esa manera, si Magíster (Magistrado), indica una función de preeminencia y autoridad, el que ordena y dirige a otros en una función; “Minister” expresa lo contrario: subordinación u obediencia, el que realiza una función bajo el mando de otro, el que presta un servicio a otro.
Como vemos de la etimología de la palabra, sumada a la palabra justicia como valor, nos da la idea lo que se debe entender por Administración de Justicia, en su sentido restringido, se dice: “es la potestad que tienen los jueces de aplicar la ley a los casos particulares” (15); en otras palabras, esa potestad se la debe entender que es el Estado quien otorga Poder a los Jueces, para que estos en su nombre presten el servicio a la sociedad; toda ves, que el Estado como tutelador de los derechos de las personas que vivimos en sociedad y dentro un determinado territorio, no se limita solamente a dictar las normas que deben regular la convivencia pacífica de sus habitantes, sino también garantiza su cumplimiento.
Algunos autores, observan no sin razón que la justicia no se administra, por no ser una cosa, sino un valor, y ésta como valor se hace o realiza; por ello resulta impropio hablar de administración de justicia.
Juez
Esta palabra proviene del latin Iudex que significa “Magistrado, encargado de juzgar y sentenciar “(16), en la actualidad se considera juez a la persona revestida de autoridad jurisdiccional para declarar el derecho, función que la realiza interpretando y aplicando la norma jurídica; también, se considera al juez, al funcionario que sirve en un tribunal de justicia y que se encuentra investido de la potestad jurisdiccional. Se caracteriza por ser la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de las pretensiones de las partes, o del acusado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un proceso.
También, se puede decir que son funcionarios públicos, remunerados por el Estado y encargados de administrar justicia, de manera autónoma e independiente; en la República de Bolivia los jueces son inamovibles en sus cargos, mientras mantengan un buen desempeño de sus funciones. Asimismo, son responsables de sus actos tanto civil, penal o disciplinariamente.
La función del juez, la encontramos también en la Santa Biblia, en el libro de Éxodo, con las características que hoy conocemos esta función, de administrar justicia dentro una sociedad organizada. También en el libro de Deuteronomio, se encuentra un pasaje importante respecto a esta sagrada misión cuando Moisés al hablar de los jueces dice: “Atiendan a todos y háganle justicia, tanto a sus compatriotas como a los extranjeros, y al dictar sentencia no hagan ninguna distinción de personas, atiendan tanto a los humildes como a los poderosos sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios, y si se les presentara un caso difícil, pásenlo para que yo lo atienda”; como vemos, en la Biblia encontramos variados pasajes que son fuente de inspiración para el ejercicio de esta noble labor, que desde su génesis denota una función social, la cual debe estar llena de sabiduría y templanza.
Conforme los relatos de la historia los jueces en Roma, antes del período imperial, no eran expertos en la ciencia del derecho, tenían un poder muy limitado, se asesoraban por medio de jurisconsultos. Durante éste período, su función principal era la aplicación de la voluntad del emperador que era el juez supremo quien tenía un poder soberano, absoluto y divino; luego, actuaron como jueces los Cónsules, Cuestores y pretores, Ediles, conociéndose a los penúltimos como los jueces que ejercieron el cargo con jurisdicción, competencia y con autoridad real y formal.
Dentro el imperio incaico, los que administraban justicia eran los Ulakja, contaban con sus propios mecanismos para hacer cumplir sus decisiones en cada Ayllu o grupo de Ayllu.
En el pueblo Guaraní, quien administraba justicia era el Cacique, quien reunido en cabildos juzgaba el comportamiento de quien cometía faltas o delitos, y el Cacique debía tener autoridad moral para ser juzgador de los actos de los que conformaban la tribu.
Durante la Colonia, la administración de justicia estaba monopoliza por el Monarca español quien tenía la última palabra y en su nombre se ejercía la justicia; por eso, en este tiempo el juez no administraba justicia en forma autónoma e independiente.

En el Alto Perú, se ejercía la administración de Justicia por la Real Audiencia de Charcas, constituida por el Virrey nombrado directamente por el Monarca español, y la conformaban los Gobernadores de provincias y los Intendentes, actuaban en segunda instancia, y los jueces de primera instancia eran los Asesores de los Gobernadores, los Alcaldes ordinarios de las capitales y de las provincias, los Subdelegados Distritales y los Alcaldes donde funcionaban los cabildos.


Con el advenimiento de la República, en la primera Constitución se creó los cuatro poderes del Estado entre ellos el Poder Judicial, y fue el Mariscal de Ayacucho mediante decreto creó de 27 de abril del año 1825 creó la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, en reemplazó a la Real Audiencia de Charcas; luego, mediante decreto de 15 de diciembre de 1825 se crea la Corte Superior de Justicia de La Paz, y el 16 de julio de 1827 se instala la primera Corte Suprema de Justicia de Bolivia, de ahí en adelante, se fueron creando las otras cortes Superiores de Distrito que hoy conocemos, se nombraron los primeros Ministros y jueces que atendieron la administración de justicia de la naciente República, a los cuales fue la clase política como hasta el presente que nombró y nombra a la funcionarios de máxima jerarquía del Poder Judicial, a este respecto se dice: “al principio cuando empezó a funcionar la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial en general; existieron muchos mecanismos e injerencias políticas en su accionar, que perturbaba la facultad jurisdiccional de los Magistrados…”(18), esta injerencia ya sentida desde antiguo, a criterio de actuales usuarios del servicio de la Administración de Justicia señalan que aún persiste, al existir funcionarios jurisdiccionales que olvidan su sagrada misión de ser imparciales, ecuánimes y sobre todo justos al interpretar y aplicar la ley, y aparte no acogen las sabias reflexiones vertidas por el Dr. Pantaleón Dalence entre las que decía: “Por la conservación de la Paz y el reinado pacífico de la justicia impongamos el imperio de la Ley”; otra “un juez en el momento de juzgar, es y debe ser, no solamente un súper humano, sino un cuasi divino”, (19) y por el mismo sentido el tratadista Jaime Urcullo citado por el Dr. José Deker Morales, en su obra “Código de Procedimiento Civil” también decía: “El juez es un elemento del derecho, tiene dentro de él una función eminentemente creativa; que la aplicación y por tanto la interpretación de las leyes; no consisten en tareas mecánicas de simple deducción silogística, sino en algo más; un razonamiento con misión finalista; que de este modo el derecho no resulta una fría realidad abstracta, sino una vida humana viviente” (20)
Las expresiones vertidas por los preclaros jurisconsultos citados, se llega a la conclusión que el Juez independientemente de ser un perito en el conocimiento de la Ciencia del Derecho y que para ejercer su función deba reunir ciertos requisitos legales establecidos en la Constitución Política del Estado, Ley de Organización del Poder Judicial y en otras disposiciones vigentes, debe también reunir ciertas cualidades que lo distinga y lo hagan brillar con luz propia dentro de la sociedad donde presta su servicio, como ser la virtud, templanza, prudencia, tolerancia, austeridad, perseverancia, firmeza y muchas otras cualidades que hagan de su comportamiento una persona auténtica y con personalidad distinguida y respetada.
1.2 Importancia de un Código de Ética Judicial

En la exposición de motivos del El Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en Canarias el año 2001, dedica un capítulo a la Ética Judicial, y acorde con esta normativa en la Carta de Derechos de las personas ante la justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, se reconoció como “un derecho fundamental de la población a tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa”, (21) y lo establecido en esta Carta, originó que en la declaración de Copán – San Salvador, el año 2004 los Presidentes de Cortes, Tribunales Supremos de Justicia y de Consejos de la Judicatura, perteneciente a los países que integran Iberoamérica aprobaran entre otras la siguiente declaración: “…SEGUNDA: Realizar todos los esfuerzos necesarios para que se aprueben e implanten dichos principios en la normativa de todos los países de Iberoamérica, en particular en aquellos en que todavía no existe un Código de Ética, promoviendo su creación” (22), esto en razón de que en Iberoamérica, aparece en el mundo globalizado interactuando con otras culturas que desdibujan la realidad nacional para adoptar otras costumbres que nada tienen que ver con los valores, cultura, educación, y tradiciones de los pueblos y que es necesarios proteger para mantener un desarrollo integral pero equilibrado acorde con la realidad particular de cada Estado.


Un Código de Ética Judicial, como cuerpo de leyes, debe formar parte del sistema jurídico vigente dentro un país, se lo debe estructurar sobre ciertas bases o fundamentos que lo sustenten como son:
1.2.1 Base jurídica
Un Código, como lo significa la Academia en un cuerpo de leyes dispuesta según un plan metódico y sistemático; y en este caso, un Código de Ética Judicial como cuerpo de leyes debe estar enmarcado dentro el sistema jurídico vigente en el país; vale decir, respetar los principios y valores contenidos en la Constitución Política del Estado, cuya orientación peculiar debe ser el respeto del Estado de Derecho, entendido éste como principio fundamental, en el cual tanto gobernantes como gobernados estén sujetos a la previsto en las parte orgánica y dogmática de la Constitución Política del Estado, que es el cuerpo legal que expresa y garantiza valores considerados básicos para la convivencia social; en ese sentido, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Nº 101/2004 de 14 de septiembre señaló: sobre la noción Estado de Derecho: “… responde a una determinada concepción filosófica del hombre y de la comunidad política – el Estado como ente racional al servicio del individuo que se constituye en un sistema de vida en libertad, que se configura bajo la idea de: a) Separación de los poderes estatales; b), sometimiento de todos los poderes al orden constitucional y a la leyes; c) sujeción de la administración a la ley y control judicial; d) Reconocimiento jurídico formal de una serie de derechos, libertades y garantías fundamentales...”, de cuya noción desprendió el principio de Estado de Derecho en su Sentencia Constitucional Nº 129/2004 al señalar “ …surge el principio de Estado de Derecho, que es el principio rector de la ley Fundamental, y, por tanto, de todo el ordenamiento jurídico, que impele tanto a gobernantes y gobernados a sujetar y subordinar sus actos, decisiones y resoluciones a las normas previstas por la Constitución y a la leyes…”
Este principio, tal como está previsto en el P. II del Art. 1 de la vigente Constitución Política del Estado aprobada mediante ley Nº 2650 de 13 de abril del año 2004, que dice: “…II.- Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y la justicia”. (23)
Para concluir el punto, y sin temor a equívoco, se puede afirmar que la consolidación de un auténtico Estado de Derecho depende en última instancia, del funcionamiento del Poder Judicial, como órgano que declara el Derecho y hace Justicia en los casos concretos controvertidos sometidos a la decisión de los jueces competentes..
1.2.2 Base social
La forma de impartir justicia en la antigüedad, era muy distinta a la que conocemos hoy; la horda salvaje y primitiva, pasando por las tribus, la gens, el clan, la familia siempre se organizaron para asumir defensa frente a los ataque de otros grupos, y hasta para resolver los conflictos suscitado al interior de los mismos grupos; ha tenido que pasar mucho tiempo para que aparezca el Estado, como responsable de tutelar los derechos de las personas que viven dentro un determinado territorio, creando el Poder Judicial y designando a la autoridades encargadas de administrar justicia, con sus dificultades al principios como hasta ahora, pero el encargado de resolver los conflictos que se suscitan entre las personas particulares entre sí y entre éstas y el Estado.
En la actualidad, esta función el Estado la delega a los funcionarios jurisdiccionales, y estos al momento de cumplir esa misión lo hacen en nombre del Estado y de la ley, ahí radica la diferencia, en que no se impone la justicia a la fuerza, ni a nombre del Monarca, del Rey, o del Emperador como en la época romana.
Los funcionarios jurisdiccionales, llámense, ministros, magistrados, vocales, o jueces en sus diferentes categorías, son misioneros de la paz y de la justicia de los pueblos, y es un deber primordial tomen conciencia que su tarea la cumplen como un servicio a la sociedad, que es la destinataria natural de la actividad del juez, y es quien espera se haga justicia por parte de las personas que el estado le ha otorgado el poder público de ejercer la función jurisdiccional, con la finalidad de dar a cada uno lo que es suyo.

sin embargo, así como la sociedad crea esperanza en que se haga justicia, también tiene dudas e incertidumbre, a ello apunta la necesidad de contar con un código de ética judicial, que tiene como propósito lograr la excelencia en el servicio de justicia, y sobre todo inspirar en el ciudadano un profundo sentimiento de confianza y respeto hacia la administración de justicia.



1.2.3 Base política
Mediante ley Nº 1582 de 12 de agosto del año 1994, se creó el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, y el Consejo de la Judicatura como órgano encargado de la administración de los recursos, económicos, financieros y humanos del Poder Judicial, cambiando de esa manera la vieja estructura que se tenía, esto con el afán de prestar un mejor servicio a la sociedad, descongestionado las tareas de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes Superiores de Distrito, que conocían y resolvían no solo los conflictos que se suscitaban dentro la jurisdicción ordinaria contenciosa, voluntaria, y contenciosa administrativa, sino también aquellos casos que hoy se ventilan ante la Jurisdicción Constitucional, fuera de esa competencia también se ocupaban de la administración de los recursos económicos, financieros y humano de éste Poder del Estado.
La actual Constitución Política del Estado, en su numeral 20 del Art. 59, señala como atribución del Congreso Nacional, elegir a las Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional y los Consejeros de la Judicatura por dos tercio de votos, de las nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura, y éstos de acuerdo a Ley 1817 en su segunda parte del Art. 7, señala que para la designación de los Consejeros, a efectos de los dispuesto por el artículo 68, atribución 12 de la Constitución Política del Estado, la Corte Suprema de Justicia, las facultades de Derecho de las universidades y los Colegios de Abogados podrán enviar nóminas de candidatos al Congreso Nacional para su consideración.
Esta disposición legal, se constituye en un intento positivo al determinar la apertura de concurso de mérito para los postulantes, y que las instituciones vinculadas al Poder Judicial, tengan la posibilidad de postular nombres de candidatos que reúnan no solo los requisitos legales básicos previstos en la ley, sino también que tengan un comportamiento ético y moral significativo, dentro la vida social del pueblo o la sociedad donde se pretende prestar sus servicios al Estado, de esa manera se puede brindar a los congresistas nómina de personas destacadas profesionalmente y con arraigado compromiso institucional de dar legitimidad al poder judicial por hoy en crisis.
Aun así, algunos analistas en Ciencias Jurídicas señalan que estos buenos propósitos no son suficientes, debido a que en el seno del Congreso no siempre llegan a consenso para designar a los mejores profesionales, por eso es necesario agregar a los requisitos previstos en la ley, también valores éticos y morales, tomando en cuenta la alta misión y responsabilidad que deben asumir éstos funcionarios, y consideren que a tiempo de elegir a las máximas autoridades del Poder Judicial, se valoren también el comportamiento ético y moral de los postulantes, porque un buen juez, no puede ser concebido al margen de las reglas morales destinadas a gobernar la conducta funcional y personal del hombre.
La vigente Constitución Política del Estado, señala “…los Magistrados, y Jueces son independientes en la administración de justicia y no están sometidos sino a la ley” (24), y esta norma constitucional al criterio de políticos y juristas, no es suficiente para garantizar la independencia del Poder Judicial, sino que debe contarse con instrumentos que tiendan a fortalecer la institucionalidad e independencia del Poder Judicial a pesar de que sea la clase política que intervenga en las designaciones de las máximas autoridades del Poder Judicial, sugiriendo otros parámetros, como las que ya hemos señalado para lograr la excelencia judicial, que permitiría lograr la confianza ciudadana, ya que pese a la forma de elección o nombramiento de jueces, éstos por su sólida formación ética y moral tendrán la posibilidad de rechazar cualquier intento de injerencia de personas o instituciones o corporaciones con respecto a su sagrada misión
1.2.4 Base económica
“El Poder Judicial tiene autonomía económica y administrativa, el Presupuesto de la Nación asignará una partida anual, centralizada en el Tesoro Judicial que depende del Consejo de la Judicatura…” (25); sin embargo, esta proclama se cumple en parte, debido a que la partida que asigna el Estado en el Presupuesto general no llega a satisfacer la necesidades del Poder Judicial, y el salario que se reconoce a los Ministros, Magistrados, Consejeros, Vocales y Jueces sean de Partido e Instrucción, no está acorde con la alta responsabilidad que se tiene, y si bien el Juez es un apóstol de la justicia que tiene por misión llevar la paz y la justicia a los pueblos al decir el derecho; no es menos cierto que también es un ser humano, que tiene y siente necesidades materiales biológicas que satisfacer, para lo cual necesita contar con un salario digno que le permitan mantener su decoro y buena imagen; mucho más, cuando no le está permitido ejercer ninguna otra actividad pública o privada que le pueda generar ingresos económicos adicionales extras al salario que percibe, como lo prevé el P. IX del citado Artículo 116 de la Constitución Política del Estado.
1.2.5 Base humana
Esta base dentro un Código de Ética Judicial, debe partir del hecho que la dignidad humana es un principio, y éste es un juicio práctico que deriva inmediatamente de la aceptación de un valor, y el valor más básico de toda vida humana, de todo ser humano, es su dignidad, de la cual se deriva el principio primero y fundamental en el que se basan todos los demás.

Dentro ese marco, la dignidad humana es un valor universal y fundamental  y a partir de esa idea, no es posible derivar ningún tipo de deber a partir del ser de las cosas, sino del ser humado dotado de dignidad.


  Uno de los principios derivados de la dignidad humana es el respeto a si mismo y el respeto hacia los demás, y para el caso de un comportamiento ético - moral de un buen juez, éste en el ejercicio de sus funciones debe ser capaz de rechazar toda manipulación, injerencia o sugerencias que provengan de personas particulares, de autoridades superiores o de funcionarios de otros poderes del Estado, pues sus resoluciones deben obedecer a la aplicación e interpretación de la norma jurídica conforme a su recta conciencia, obrando siempre con honestidad, veracidad, equidad, dejándose guiar por la razón y actuando con independencia de criterio, esta misión la debe realizar con el máximo de profesionalidad; es decir, con conocimiento profundo del arte de interpretar y aplicar el derecho, con absoluta lealtad a las normas deontológicas y buscando el servicio a las personas y a la sociedad por encima de intereses egoístas.

1.2.6 Base cultural
El significado de la palabra cultura, fue variando a lo largo de los siglos. En el latín hablado en Roma significaba inicialmente "cultivo de la tierra", y luego, por extensión metafóricamente, "cultivo de las especies Humanas", luego se usó como opuesto a salvajismo, barbarie.
Desde el siglo XVIII, el Romanticismo impuso una diferencia entre civilización y cultura, el primer término se reservaba para nombrar el desarrollo económico y tecnológico, lo material; el segundo para referirse a lo "espiritual", es decir, el "cultivo" de las facultades intelectuales. En el uso de la palabra "Cultura" cabía, entonces, todo lo que tuviera que ver con la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etc.; además, se entendía la cualidad de "culto" no tanto como un rasgo social sino individual.

Las nuevas corrientes contemporáneas redefinieron este término, contradiciendo la conceptualización anterior, se refiere a los diversos aspectos de la vida en sociedad. En general, hoy se piensa a la cultura, como el conjunto total de los actos humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas económicas, artísticas, científicas o cualesquiera otras. Toda práctica humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural.


Este sentido, de la palabra cultura, implica una concepción mucho más respetuosa de los seres humanos, Primero: impide la discriminación entre "hombres cultos" y "hombres incultos" que el término podía tener desde el romanticismo; Se hablará de diferencias culturales, en todo caso; Segundo: evita la discriminación de pueblos, y se puede decir que toda sociedad tiene cultura, y toda cultura es puesta en práctica por las personas que se interrelacionan.
Toda cultura se manifiesta en una sociedad, a lo cual cabe decir que sociedad es igual a la cultura, son la misma cara de una moneda. La cultura no es algo que se tiene, sino que es una producción colectiva y esa producción es un universo de significados, ese universo de significado está en constante modificaciones trasmitidos a través de las generaciones.
Con ese preámbulo, se debe concluir que un Código de Ética Judicial como conjunto de normas que regulan el comportamiento de las personas que viven en sociedad debe responder a nuestra cultura y en nuestro país tenemos diversidad de cultura, las cuales deben ser tomadas en cuenta por el juez a tiempo de resolver los casos concretos sometidos a su conocimiento.
1.2.7 Base educativa
Como hemos expresado anteriormente, un Código de Ética Judicial como regulador de la conducta del operador de justicia, tiene como propósito buscar la excelencia del servicio que presta el Poder Judicial a través del juez a la sociedad que es la destinataria de todo el esfuerzo del Estado boliviano; sin embargo, para logar ese propósito, el operador de justicia, debe contar con los medios necesarios que le permitan cumplir ese objetivo, para que impacte positivamente en la sociedad.
El juez, para prestar un servicio de excelencia debe recibir en forma permanente capacitación y actualización; mucho más, cuando vivimos en un mundo dinámico donde cada día las relaciones humanas son más complejas por el avance y desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y la existencia de nuevos paradigmas.
También, no se debe olvidar que el juez, en su diaria labor debe ser un intérprete de la norma jurídica para aplicarla al caso concreto, y si bien, éste funcionario solo obedece a la ley, como lo refiere el Párrafo VI cuando dice: “Los Magistrados, y Jueces son independientes en la administración de justicia, y no están sino sometidos a la Constitución y a la ley…” (25), sin embargo, no se debe perder de vista que su autonomía está en función de la unicidad del Poder Judicial y a la seguridad jurídica que debe brindar el Poder Judicial a la sociedad.
El juez, en su trabajo intelectual de intérprete de la ley y mediador del conflicto suscitado entre dos personas, debe encontrar el verdadero sentido y alcance de la norma jurídica, pues las normas son generales y debe aplicarla al caso concreto mediante un proceso de abstracción a este respecto se dice: “La función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza mediante la construcción y ponderación de principios de derecho, que dan sentido a las instituciones jurídicas a partir de su labor de interpretación e integración del ordenamiento positivo” (26)
Ahora bien, todo cuerpo legal como obra humana no es perfecta, y existen lagunas jurídicas que deben ser cubiertas con las fuentes del derecho ya mencionadas, así lo refleja el Art. 193 del Código de Procedimiento Civil cuando dice: “(FALTA DE LEY EXPRESA) El juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar sus sentencias, en los principios generales del derecho, las leyes análogas, o la equidad que nace del ordenamiento jurídico”; (27) pese a ello, hay situaciones que el juez se ve en la necesidad de apelar a su prudente criterio o sana critica al resolver determinados asuntos, sobre todo al momento de valorar la prueba, así está previsto en el Art. 397 del Procedimiento Civil cuando señala: “Las pruebas producidas en la causa será apreciadas por el juez, de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley, pero si ésta no determinara otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana critica”; y esta prudente criterio y sana critica debe ser coherente, para evitar la arbitrariedad, teniendo como exigencia además, fundamentar sus resoluciones, pues el ciudadano “ tiene derecho a obtener una resolución razonada y fundada en derecho que entronca de forma directa con el principio del Estado de Derecho democrático.. Y con una concepción de legitimidad de la función jurisdiccional… ” (28)
Por los fundamentos expuestos, existe la necesidad de que el juez maneje de manera adecuada y proba el sistema jurídico, la jurisprudencia, las costumbres y los principios generales como fuentes del derecho, que se lograría con su capacitación permanente, a través de cursos, seminarios o talleres, que le permitan resolver los conflictos sometidos a su conocimiento con justicia y equidad, aplicando las técnicas de interpretación jurídica y las fuentes del derecho con pleno dominio de los métodos de interpretación.
1.2.8 Base coercitiva
El Estado de acuerdo a ley, es único titular de ejercer la violencia legítima y lo hace a través del poder público; poder que se encuentra reglada mediante normas que contienen prohibiciones, y éstas se traducen en sanciones en el supuesto caso de que las normas dadas por el colectivo social sean incumplidas; de ahí que una norma legal debe estar acompañada de un poder coercitivo, y el Estado utiliza la coacción como una herramienta para imponer el cumplimiento legal de las normas impuestas por la sociedad.
Ahora, bien, un Código de Ética Judicial esencialmente debe contener deberes fundamentales inspirados en valores y principios universales que guíen el comportamiento del operador de justicia hacia una función de excelencia; sin embargo; este cuerpo legal, también debe contener normas que sancionen las conductas violatorias de esos deberes fundamentales; toda vez que, las normas ética no pueden estar al margen de responsabilidad, ya que de ser así carecerían de efectividad y quedaría al libre albedrío del operador de su justicia el cumplimiento o no de los principios y valores esenciales, y lo que se pretende con un Código de Ética Judicial, es clarificar, y trascender la función judicial, con el objetivo de dar legitimidad al Poder Judicial como institución del Estado.

A este respecto el Art. 19 del Estatuto del Juez Iberoamericano señala que los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente por sus actos o conductas que deriven de su función; como ser las llamadas de atención, amonestaciones, aperturas de procesos disciplinarios, sanciones que son independientes de la responsabilidad civil y penal que tienen otra connotación.



1.3 Bases utilizadas en códigos de ética en otros países
En la exposición de motivos de la difusión del Código de Ética Judicial de la República del Perú, señalan que el Juez es entendido como órgano-persona, y está considerado como el funcionario superior del Estado, encargado de administrar justicia conforme a los principios de legalidad, razonabilidad y lógica, con el único fin de lograr equidad entendida como la justicia del caso concreto.
El cumplimiento fiel y cabal del servicio de justicia, exige inexcusablemente que en el órgano juzgador la concurrencia de una serie de cualidades y virtudes que hacen que el perfil del juez se encuentren contenidos no solamente en valores intelectuales, sino también en valores éticos, aseveración lógica e inevitable si se recuerda que el Poder Judicial no es sino el instrumento de la aplicación del derecho, el cual contiene en su estructura esencial elementos que hacen a la más pura moralidad.
La justicia, es sin duda, una forma del bien, y el elemento jurídico no puede estar divorciado o aislado del elemento moral; consiguientemente, el órgano de aplicación del derecho, el juez, no puede ser concebido al margen o con independencia de reglas morales destinadas a gobernar también la conducta funcional y personal.
Es de fundamental importancia, enfatizar que las normas morales o éticas con relación a los jueces constituyen un imperativo de su conducta jurisdiccional y personal o privada, hasta tal punto ello es así, que la mayor parte de los países tienen normas que establecen que frente a una conducta indigna o inmoral del juez constituye una casual para su destitución, un ejemplo claro lo tenemos en la legislación de la República del Paraguay cuando en su Ley Nº 1.084/97 en su Art. 14 inciso h) sostiene “Cometer actos u omisiones que constituyan inmoralidad en su vida pública o privada y sean lesivos a su investidura”, esta norma nos revela muy claramente que la función judicial exige al magistrado o al juez el cumplimiento no solo de normas jurídicas, sino también la sumisión a valores y principios de orden ético que envuelven tanto su desempeño público, como su comportamiento personal o privado, estos valores y principios precisamente constituyen el cimiento de las normas que estatuyen los deberes de acción y de omisión propios de un Código de Ética Judicial.
También, resulta evidente que la autoridad política, concepto que comprende al juez como integrante del Poder Público, padece en la actualidad de una crisis de legitimidad, que debe ser asumida por el colectivo social a fin de intentar la adopción de medidas tendientes a recuperar la indispensable confianza ciudadana en el Poder Público.
Esta realidad objetiva, obliga a establecer mecanismos que posibiliten un ejercicio de legitimidad de la autoridad judicial; es en este sentido, que los Poderes Judiciales de Iberoamérica han venido alertando en los últimos años la referida crisis de legitimidad y han reaccionado sancionando Códigos de Ética Judicial. Diversos países han fijado deberes judiciales de naturaleza ética, al margen de las leyes que regulan los deberes específicamente jurídicos; en nuestro país tenemos la Constitución Política del Estado y la Ley de Organización Judicial y otras leyes que regulan solo las competencias, atribuciones, derechos y deberes de los funcionarios jurisdiccionales, también del personal administrativo y de apoyo al órgano jurisdiccional.
El Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en Canarias el año 2001, incluye todo un capítulo destinado a la ética judicial, y en el año 2002, en Cancún - México, los máximos responsables del servicio de Justicia, dictaron la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio Iberoamericano, en la cual se reconoce a la persona “el derecho fundamental de la población a tener acceso a la justicia, independiente, imparcial, transparente, responsable eficiente, eficaz y equitativa” (29) y en el año 2004, en la declaración de Copan - San Salvador, la Cumbre Judicial Iberoamericana decidió “Difundir entre los justiciable, a través de los distintos informativos, sus Códigos de Ética con el propósito de incrementar la confianza y la autoridad moral de los juzgadores e “impulsar la elaboración de un Código Modelo de Ética Judicial, subrayando que los principios que inspiran la actitud ética de los jueces en el ejercicio de su función, son la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la probidad, el profesionalismo y la excelencia en el ejercicio de la judicatura mediante el cultivo de las virtudes judiciales.
En el mes de junio del año 2006, la Cumbre Judicial Iberoamericana, aprobó el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, cuerpo legal que tiene 13 grandes principios que orientan el desempeño laboral y personal del magistrado o juez y que son: independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento y capacitación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia, y honestidad profesional.
En nuestro país, a la fecha no se cuenta con un Código de Ética Judicial, y como hemos visto es de suma importancia contar con este instrumento legal, motivo por el cual el presente trabajo de investigación se ha propuesto elaborar sus bases, las cuales pretendemos en este acápite encontrar semejanzas o diferencias con los Código de otros países que ya cuentan con esta normativa, así tenemos:


1.3.1 Código de Ética Judicial de La Republica del Perú
(Anexo 1)
Fue aprobado en las sesiones de sala Plena de fechas 9, 11 y 12 de marzo del año 2004, contiene 13 artículos a saber:


  • El primero, segundo y tercero, dedicado al propósito de la normativa,

  • El artículo cuarto, referido a la autonomía e independencia judicial

  • El artículo quinto y sexto, se refiere a la imparcialidad judicial

  • El artículo séptimo, referido a la diligencia judicial

  • El Artículo ocho, está relacionado con la transparencia, apertura a la sociedad y uso de los medios de comunicación.

  • El artículo nueve, referido al comportamiento del juez (decoro y respetabilidad)

  • El artículo diez, refiere la obligación que tiene el juez de declarar su patrimonio, bienes e ingresos.

  • El artículo once y doce, norma la organización del Comité de Ética Judicial y sus competencias de éste Comité

  • El Artículo trece, establece que las normas del Código se extienden a los funcionarios auxiliares y demás trabajadores del Poder Judicial.


1.3.2 Código de Ética Judicial de La Republica de Costa Rica
(Anexo 2)
Este cuerpo legal fue aprobado en la sesión ordinaria Nº 16-99 del 12 de abril del año 1999, por la sala Plena, contiene 12 artículos cuyo resumen es como sigue:
Art. 1: (Condiciones generales de la administración de justicia). Consagra la Justicia como valor esencial de la racional convivencia humana - El llamado a impartir justicia debe ser una persona consiente de su alta misión y cuidar que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren integridad e independencia de su función – La necesidad de obtener respeto y confianza, deben observar buen comportamiento.
Art. 2: (Principios a priori de las normas de este código) Se entienden como principios apriorísticos para el buen desenvolvimiento de la administración de justicia: El ingreso mediante concurso de oposición – Independencia del juez o jueza - Derecho a una remuneración adecuada - No prestar servicio a otros Poderes del Estado (existen excepciones) - La responsabilidad por la función Judicial – No injerencia del superior en grado en decisiones del juez a - quo – Buen ambiente laboral, transparencia en el procedimiento interno y que la comunicación a todo nivel sea eficiente - Todo servidor del Poder Judicial debe prestar un servicio de excelencia - Compromiso institucional y finalmente las autoridades superiores deben estimular actividades que promuevan la interacción de los diversos trabajadores para lograr un ambiente equilibrado y sano.
Art. 3: (Apertura del poder judicial a la sociedad) Que las actuaciones del poder Judicial tengan cobertura a los medios de comunicación colectiva para transparentar sus actos.
Art. 4: (Ámbito de aplicación personal de este código) Las disposiciones de éste Código se aplica a todos los servidores públicos de la administración de justicia.
Art. 5: (Deber de promover el mejoramiento de la justicia) Generar apropiada discusión jurídica y de organización dentro el Poder Judicial, en especial en lo que atañe a agilidad de los procesos, simplificación de acceso a la justicia – El servidor de la justicia de acuerdo a su especialidad y experiencia, podrá formar parte de comisiones internas del Poder Judicial, del Colegio de Abogados y organizaciones afines, siempre que esas comisiones tengan proyectos de mejoramiento jurídico o de la administración de justicia en general.
Art. 6: (El deber de capacitación) Como un medio para que la judicatura preste un servicio de calidad – Quienes administran justicia están obligadas a recibir capacitación, y a su vez se constituye en un derecho – En mérito a sus condiciones y conocimiento pueden brindar docencia a favor de colegas o compañeros. Están en el deber de colaborar en la capacitación judicial en la forma y reconocimiento que se acuerde reglamentariamente.
Art. 7: (El deber de reserva del juez) Respecto a los asuntos sub judice, cuando así la norma lo establezca o cuando estime que los derechos o intereses legítimos de los interesados puedan verse afectados.
Art. 8: (Deber de trato igual a los medios de comunicación colectiva) El operador de justicia puede emitir declaraciones a través de una oficina especializada del Poder Judicial, sin que ello signifique adelantar criterio - Le está prohibido emitir declaraciones a medios o canales exclusivos o privilegiados – En materia de comunicación, debe ofrecer trato equilibrado para proteger la libertad de expresión y también el derecho de la sociedad a estar bien informada – El control de la información suministrada, queda librada a la responsabilidad de los mismos medios, pero se debe cuidar al operador de justicia de ofrecer declaraciones que puedan ser interpretadas como falta al deber de imparcialidad o de objetividad o de debatir públicamente sus sentencias, se cuidará de no limitar la libertad de expresión o información, podrá ofrecer conferencias en foros apropiados, escribir artículos para revistas científicas.
Art. 9: (El deber de imparcialidad) Es deber del juez respetar la dignidad de las personas – Deben superar sus propios prejuicios culturales – En el trato con las partes y sus abogados deben observar actitud de disponibilidad y respeto – Deben ser enérgicos en rechazar cualquier tipo de presión que tienda a influir indebidamente en el tiempo y modo de tramitar o resolver casos específicos – Debe evitar impresión de que sus relaciones sociales, de negocios, de familia o de amistad influyan de algún modo sus decisiones – Debe evitar conexiones con centros de poder partidarios, empresarial que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones o empañar su imagen de independencia e imparcialidad
Art. 10: (Carácter regulador mínimo de este código) No excluye la existencia de otros contenidos en diferentes cuerpos legales – En cuanto se refiere a las sanciones por actos impropios de cualquier servidor judicial habrá de estarse a las normas legales específicas según la naturaleza del acto y sanción aplicable.
Art. 11: (Extensión) EL Contenido de éste Código se hace extensivo a todos los servidores judiciales en lo que fuere aplicable.
Art. 12: (Divulgación de la presente normativa) Se declare de interés para quienes quedan sujeto al ámbito de su aplicación, sino también para el público usuario del servicio de la administración de justicia.
1.3.3 Código de Ética Judicial del Distrito Federal de México
(Anexo 3)
Aprobado en agosto del año 2004 por la Corte Suprema de Justicia - Consejo de la Judicatura Federal y Corte Electoral, contiene una parte general con cuatro capítulos y una parte especial con dos capítulos; cuenta con 42 artículos, y un artículo único transitorio, distribuidos de la siguiente manera:

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