Un juez con antecedentes : manuel marchena gómez las noticias al díA


EL CONSERVADOR MANUEL MARCHENA, NUEVO PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO



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EL CONSERVADOR MANUEL MARCHENA, NUEVO PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO
El Poder Judicial elige al menos veterano de la terna para dirigir el órgano clave del tribunal
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al conservador Manuel Marchena como nuevo presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Marchena, de 55 años y magistrado del Supremo desde 2007, se ha impuesto a los otros dos candidatos que aspiraban a ponerse al frente de la Sala de lo Penal: el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y Miguel Colmenero, el magistrado a quien ha correspondido instruir la pieza de admisión o no en el Supremo del caso del caso ERE de Andalucía y decidir si se abre una causa contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La Sala Segunda es la encargada de instruir los casos que implican a aforados y de revisar en última instancia las sentencias penales. Un magistrado de esta sala tendrá que empezar a instruir previsiblemente en las próximas semanas una parte del caso de los ERE y este órgano tiene también pendiente la resolución de varias decenas de recursos contra la sentencia del caso Malaya.
De la terna de candidatos, Marchena es el que menos recorrido tiene como magistrado. Conde-Pumpido, el magistrado más antiguo de la Sala de lo Penal, ha acaparado el apoyo de los siete vocales progresistas, pero la mayoría conservadora del Poder Judicial ha aupado a Marchena a uno de los puestos clave del alto tribunal. Marchena ha contado con los votos de los 10 vocales propuestos por el PP, la vocal a propuesta de CiU y el del presidente del Supremo, Carlos Lesmes. El tercer candidato, Miguel Colmenero, obtuvo el apoyo de Enrique Lucas, vocal del Poder Judicial a propuesta del PNV.
Marchena, fiscal en excedencia, ha sido fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha formado parte durante diez años de la Secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. Su puesto de mayor responsabilidad lo alcanzó en 2003, con Jesús Cardenal al frente de la Fiscalía General del Estado, cuando Marchena fue nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica y se convirtió en el Fiscal de Sala más joven en la historia de la Fiscalía. En 2004, tras la salida del Gobierno de Aznar de la Moncloa, Marchena se incorporó como fiscal al Tribunal Supremo y en 2007 fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal. Formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y archivó la causa contra el mismo magistrado por el cobro de los cursos de Nueva York.
Durante la presentación de sus candidaturas ante el CGPJ el pasado 11 de septiembre, Marchena abogó por hacer un esfuerzo para agilizar la admisión y el estudio de los casos más graves para que "el condenado a 15 o 20 años de prisión no espere en la soledad de su celda una respuesta del Tribunal Supremo". Además, se comprometió a impulsar la consolidación de las nuevas tecnologías y reclamó un "contacto directo, cotidiano y puntual" de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/30/actualidad/1412090502_728390.html
EL CANDIDATO QUE SUSCITA MÁS RECHAZO PRESIDIRÁ LA PRINCIPAL SALA DEL SUPREMO
Marchena, avalado por Justicia, aventaja a Colmenero, preferido de los jueces
Salvo sorpresas de última hora harto improbables, la suerte está echada: Manuel Marchena Gómez, fiscal de carrera, magistrado del Tribunal Supremo desde hace siete años, será el elegido para ocupar durante los próximos cinco años la presidencia de la Sala Segunda de lo Penal del alto tribunal que quedará vacante el próximo 11 de septiembre por jubilación del actual titular, Juan Saavedra Ruiz.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha convocado para ese mismo día a los tres aspirantes que se han postulado formalmente para el cargo -Cándido Conde-Pumpido, Miguel Colmenero y Manuel Marchena- para que expongan ante la Comisión Permanente sus méritos y sus respectivos programas de gobierno, pero este examen será un mero trámite porque, según fuentes de la máxima solvencia, el nombre que será propuesto al pleno es el de Manuel Marchena Gómez. Aseguran que es la apuesta firme del ministro Ruiz-Gallardón y su secretario de Estado, Fernando Román. Además sería visto con muy buenos ojos por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ya que lo consideran «un hombre de la casa». Sin consenso De los tres candidatos, Manuel Marchena es el que menos se presta al consenso.
Entró en la Sala Segunda del Supremo hace siete años, en la cuota de los conservadores para compensar la entrada de Luciano Varela que llegó en el mismo paquete, pero con el apoyo de los progresistas. En el mundo judicial está muy señalado. Se le considera un hombre «muy estridente», que por donde pasa se hace notar. Su perfil podría no ser el preferido por Carlos Lesmes, el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, pero las aludidas fuentes reconocen que su nombre viene impuesto desde más arriba. La otra opción que tenía la mayoría conservadora del CGPJ y que, según fuentes del alto tribunal, sería la que concitaría una mejor acogida en el seno de la sala a presidir es la de Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
También es fiscal de carrera, desde 1986, y magistrado de la Sala de lo Penal desde el 2002, después de ejercer como fiscal del alto tribunal durante cuatro años, con lo que tiene más antigüedad en este tribunal que Marchena Gómez. Miguel Colmenero es menos conocido, tiene un perfil más discreto, por tanto, más dialogante, con buen currículo y, según distintas fuentes, sería un fiel continuador del modelo de gestión del hasta ahora presidente, Juan Saavedra. El candidato sorpresa El tercer aspirante a la presidencia de la Sala de lo Penal, que presentó su candidatura a última hora, es el gallego Cándido Conde-Pumpido Tourón, fiscal general del Estado durante los dos Gobiernos de Zapatero. Es el que tiene menos posibilidades de ser elegido. Cuenta a su favor el que es el magistrado más antiguo de la sala -como tal ocupará la presidencia en funciones a partir del cese de Juan Saavedra-, tiene experiencia gubernativa, pero no es santo de la devoción de su paisano Mariano Rajoy. Según fuentes judiciales, el nombre de Conde-Pumpido suscita tanto rechazo entre los conservadores como el de Marchena Gómez entre los progresistas. Por otra parte, ni siquiera tiene garantizado el apoyo de los progresistas del Consejo, que son minoría y, además, están divididos.
https://www.google.es/amp/www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2014/08/24/candidato-suscita-rechazo-presidira-principal-sala-supremo/0003_201408G24P18991.htm
OTRO ‘GOLPE’ DEL PP A LA JUSTICIA: QUIERE PONER AL MAGISTRADO QUE 'FULMINÓ' A GARZÓN AL FRENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO
Un 'hombre' de Génova para decidir casos como la 'Gürtel' o los ERE. El mismo que, además de poner en la picota a Garzón, exculpó a Camps y falló en contra del archivo de la causa contra los policías del 'caso Bono'
El próximo día 30 el Consejo General del Poder Judicial elegirá al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se encarga de juzgar los casos más importantes de corrupción y criminalidad, entre estos, la causa de los ERE de Andalucía o el caso Gürtel. La candidatura del conservador Manuel Marchena, un magistrado de la órbita de Génova, y con mayores posibilidades dada la composición conservadora del Poder Judicial, es un paso más en la ‘cruzada’ del PP contra la independencia judicial.
Las otras dos candidaturas sobre la mesa, además de la de Marchena, son las del conservador Miguel Colmenero y la del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, el magistrado más antiguo de la Sala de lo Penal, que apoya el sector progresista, pero que no conseguirá más de siete de los 21 votos posibles, según adelanta El País.
Ficha clave contra Garzón

Marchena tomó parte de la operación contra Baltasar Garzón. Fue el magistrado que intentó condenarle por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, en 2010, por el caso de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I de España la Universidad de Nueva York, patrocinados por el Santander, entre 2005 y 2007, y que fue finalmente archivado. Era la segunda causa contra el entonces juez de la Audiencia Nacional, al que se intentaba juzgar, además, por investigar los crímenes del franquismo y por las escuchas durante la instrucción del caso Gürtel. En este último caso, con el que se consiguió inhabilitar a Garzón, Marchena también formó parte del tribunal y jugó un papel clave, como se explicará más adelante.


Su intento de sentar en el banquillo a Garzón por los cursos en Nueva York fue criticado por el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que denunció que el propio Marchena se habría saltado el estatuto especial que obliga a los magistrados del Tribunal Supremo a dedicarse en exclusiva a sus funciones, con la participación en múltiples cursos y eventos remunerados en “ horario de oficina”, como recogió la web Los Genoveses.com.
Mano derecha del fiscal general con Aznar

El vínculo de Manuel Marchena con el PP viene de lejos y su ascenso tuvo lugar durante los Gobiernos de José María Aznar. Se convirtió en el hombre de absoluta confianza del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, militante del Opus Dei. Se ganó a pulso el puesto con actuaciones más que polémicas como su dictamen para evitar que se procesara al ministro Josep Pique, acusado de fraude en el caso Ertoil por sus actividades como presidente, en 1992, de la empresa ERCROS, dedicada a la fabricación de armas y explosivos.


Alineado con las acciones políticas de Génova

Otra de sus acciones discutibles fue su voto particular, en 2007, en contra de un recurso de tres policías condenados por la detención de dos militantes del PP que presuntamente habían participado en la agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono, durante una manifestación en Madrid. Su voto particular dejó en evidencia su alineamiento con Génova, que utilizó aquel caso para atacar al Gobierno socialista.


Su extraño cambio de postura sobre las escuchas

Lo mismo ocurrió con otro caballo de batalla del PP contra el Gobierno de Zapatero, el avanzado sistema de escuchas de teléfonos móviles, llamado Sistema Integrado de Interceptación Ilegal de Telecomunicaciones (SITEL), adquirido bajo el mandato de Aznar, pero que con el caso Gürtel se volvió contra el PP. Marchena emitió un voto particular discrepante desde el Supremo cuestionando el sistema. Lo hizo a pesar de que antes había participado en una sentencia de las nueve emitidas por ese Tribunal en 2009 que lo avalaban. Fuentes judiciales, citadas por el diario El País en diciembre de 2010 apuntaron a que el cambio de postura de Marchena sobre Sitel tuvo lugar después de que el PP cuestionara las escuchas telefónicas a los cabecillas de la Gürtel, ordenadas por Garzón, y que perjudicaban al partido.


Su voto a favor de la absolución de Camps

La decisión de Marchena más reciente en el tiempo que da para pensar fue su voto a favor de la absolución de Francisco Camps en abril de 2013. El magistrado fue uno de los cuatro de la Sala del Tribunal Supremo que avaló el polémico veredicto del jurado popular en el juicio contra el expresidente valenciano, que le salvó a pesar de las numerosas pruebas contra él.


http://www.elplural.com/2014/09/12/nuevo-golpe-del-pp-a-justicia-pondra-al-juez-que-fulmino-a-garzon-al-frente-de-la-sala-de-lo-penal-del-supremo
GARZÓN PLANTEA A ESTRASBURGO QUE NO TUVO “UN JUICIO JUSTO”
El exjuez presenta una demanda contra la sentencia por la que fue inhabilitado 11 años

Insiste en que los magistrados del Supremo construyeron un delito "a la medida"


El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitó durante 11 años por las escuchas del caso Gürtel.
En la demanda ante Estrasburgo, de 200 folios, Garzón alega que dicha sentencia vulnera "manifiesta y gravísimamente" sus derechos fundamentales y "pone en peligro la independencia judicial". El exmagistrado de la Audiencia Nacional mantiene que fue condenado "por un delito inexistente en el derecho español" ya que "no hay en España ninguna ley que regule las escuchas telefónicas", algo que la Corte europea, recuerda, ha reclamado varias veces. Garzón insiste en que el tribunal construyó un delito "a la medida" para apartarle de la carrera judicial y que no tuvo un juicio justo ya que no se contemplaron las pruebas que él aportaba, como la prórroga de las escuchas que ordenó el juez Antonio Pedreira y el apoyo del Ministerio Fiscal.
En su demanda asegura que los magistrados que le condenaron "vulneraron la exigencia de imparcialidad exigible a todo órgano jurisdiccional". Para Garzón "parece que la sentencia estaba puesta de antemano".
Finalmente, el exjuez de la Audiencia Nacional plantea en su demanda a Estrasburgo que la sentencia vulnera la independencia judicial, garantía recogida en la Constitución española, al negar la facultad de los jueces de interpretar las leyes aplicables mientras no haya una relación clara sobre estos temas (las escuchas).
Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimara su demanda, Garzón volvería a ser juez y reclamaría una reparación por los perjuicios sufridos.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/26/actualidad/1369601943_491955.html
UN ARÚSPICE EN PALACIO
O cómo los vaticinios de un juez del Supremo sobre Garzón se han cumplido milimétricamente
Por José Yoldi
Los arúspices eran sacerdotes que en la Roma de los césares abrían las entrañas a los animales para leer en ellas sus presagios. No se sabe bien con cuánta frecuencia acertaban en sus predicciones, pero supongo que lo harían bien, porque los emperadores que quedaban descontentos no se andaban por las ramas a la hora de echarlos a las fieras. Aunque es muy probable que, como ocurre ahora con los adivinos de la tele, sus profecías fueran frases ambiguas en las que cabían varias interpretaciones que sirvieran para encajar en lo que ocurriera.
El arúspice del que hablo no es así. Un magistrado del Supremo me contó en abril de 2010 qué iba a pasar con las tres causas que ya estaban abiertas contra Baltasar Garzón en aquellas fechas. Mencionó que sería juzgado primero por el caso de las escuchas de la Gürtel, por el que sería condenado y expulsado de la carrera. Nada peor para un juez defensor de los derechos humanos que ser apartado de la judicatura por vulnerar los derechos de los acusados.
Aseguró también que en el caso de los patrocinios de los cursos de Nueva York no había nada delictivo, pero que serviría para enlodar la imagen del juez, y que en el caso de los crímenes del franquismo, con ser el más dudoso, en su opinión, sería absuelto para no deteriorar el prestigio de España y del Supremo en el extranjero.
Garzón había ninguneado la Ley de la Memoria al activar un proceso penal al franquismo y había humillado al alto tribunal con su decisión sobre la suspensión de actividades de ANV. Sectores del Gobierno socialista querían dar un escarmiento al juez por la Memoria, y el PP, con Federico Trillo al frente, se sumó con entusiasmo a la labor tras sus decisiones en la Gürtel.
Y el augurio del arúspice del Palacio de Justicia se ha cumplido en todos sus extremos. Como se dice ahora, la hoja de ruta ha culminado con la expulsión de la carrera de Garzón. Y eso no lo remedia ni aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene al Reino de España, como es previsible, por falta de imparcialidad de los jueces Varela y Marchena. Este arúspice no falla.
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/27/actualidad/1330370418_505583.html
EL MAGISTRADO MARCHENA
El Magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena era fiscal en las Islas Canarias, sin ningún relieve especial. El Fiscal General del Estado, nombrado por Felipe González, Eligio Hernández, se lo trajo consigo como hombre de confianza. Posteriormente, tras el nombramiento por el Gobierno de Aznar de Jesús Cardenal como Fiscal General del Estado, éste lo incorporó a su equipo de confianza. Aquí comenzaron sus méritos, hasta ese momento inexistentes, sobre todo en la permanente obstaculización de las iniciativas de la Fiscalía Anticorrupción. Así llegó a ser fiscal de confianza del PP, que luego, años mas tarde, a través de sus representantes en el CGPJ lo promocionaron en 2007 al TS.
En su actividad profesional forma parte del núcleo duro de la derecha en la Sala Segunda. Lo que se corresponde con sus actividades extrajudiciales. Desde hace años es miembro del Jurado del Premio La Ley que otorga el Grupo Editorial Wolters Kluver que preside el ex ministro de Aznar Jose María Michavila. Habiendo compartido el Jurado con su excompañero Adolfo Prego. En 2008, ya magistrado del TS, comparte el Jurado con Luis Rodríguez Ramos (defensor de Gürtel), el Director de comunicación del Grupo Santander José Manuel Cendoya Mendez de Vigo y el citado Prego.
En los jurados de los Premios de 2010, 2011 y 2012, comparte también Jurado con los anteriores, estando ya en marcha los procesos contra el juez Garzón. En 2007, 2008 y 2009 participó en los Foros de las Evidencias Electrónicas que preside el despacho de abogados Garrigues Walker. Consta el patrocinio de Ancert, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems. En alguno de estos Foros participa el conocido magistrado conservador Enrique López que el PP pretende aupar al Tribunal Constitucional.
En marzo de 2009, interviene en la apertura del encuentro sobre la “Responsabilidad de las personas jurídicas” que organiza el Instituto de Fomento Empresarial.
También figura como docente en la Schola Iuris -curso 2010-2011-, abiertos ya los procesos contra Garzón, escuela en la que participan con el letrados defensores de imputados de Gürtel como Carlos Bueren, Florentino Ortí y Luis Rodríguez Ramos.
Sin duda, es un magistrado que sabe de patrocinios.
http://lamentable.org/el-magistrado-marchena/
EL JUEZ MARCHENA, QUE BUSCA CONDENAR A GARZÓN, LIBRÓ AL MINISTRO 'AZNARISTA' JOSEP PIQUÉ DE SER JUZGADO
El periodista Martí Gómez en la SER le describe como un magistrado “muy conservador” y “sin ningún prestigio”
En el programa A vivir que son dos días, Martí Gómez recuerda que fue Marchena quien en su día salvó al ministro aznarista Josep Piqué de ser juzgado como una de los responsables de que “Ercros , una de las empresas ligadas a De la Rosa, se liquidara después de volatizarse 20.000 millones de pesetas”.
Muy conservador

Martí Gómez califica a Marchena de juez “muy conservador”, y recuerda que fue nombrado “por el ultraconservador fiscal general del Estado Jesús Cardenal, fiscal jefe de secretaria de la Fiscalía General”.


Marchena evitó que se juzgara a Piqué

“En aquella época, Carlos Jiménez Villarejo presentó por indicios racionales de criminalidad una querella contra el ministro Josep Piqué. Los 15 fiscales de sala fueron rotundos, que se debía procesar a Piqué y el hombre que, supongo siguiendo las órdenes de Cardenal [fiscal general del Estado], elevó un dictamen diciendo que no se podía procesar fue precisamente Marchena. El fiscal que llevó aquel caso, Bartolomé Vargas, que defendía delante de todo el leno fiscal la necesidad de interrogar a Pique fue degradado “.


El desprestigio de Marchena

Martí Gómez afirma que cuando Cardenal “cayó”, el juez Marchena también “cayó bastante”, y tanto fue “su desprestigio que es el único fiscal jefe que no se le hizo después fiscal de sala”. En su opinión, Marchena “ha llegado a magistrado del Tribunal Supremo por esa cosa absurda que todo el mundo dice de ser conocido como jurista de reconocido prestigio, un prestigio que no se le reconoce por ninguna parte”.


Marchena quiere juzgar a Garzón por los cursos en Nueva York

Este viernes, se ha conocido el auto del juez Marchena sobre la causa contra Garzón por los cursos en Estados Unidos. El magistrado del Supremo le acusa de obtener de importantes empresas y bancos españoles fondos para patrocinar una serie de conferencias que dirigió durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Garzón podría tener que sentarse en el banquillo por esta causa.


http://www.elplural.com/2012/01/28/el-juez-marchena-que-busca-condenar-a-garzon-libro-al-ministro-aznarista-josep-pique-de-ser-juzgado
EL JUEZ ARCHIVA POR PRESCRIPCIÓN LA CAUSA DE GARZÓN POR LOS CURSOS DE NUEVA YORK
El fiscal consideraba que los hechos no eran constitutivos del delito de cohecho pasivo impropio
El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha decidido archivar por prescripción (rebasar el plazo que tenía el Estado para perseguir el delito) la causa que seguía contra Baltasar Garzón por los patrocinios de unos cursos en la Universidad de Nueva York. El instructor arrastra la honorabilidad del ya exjuez, al considerar acreditado que este reclamó dinero a diversas empresas españolas, en atención a que era el magistrado más famoso de España, para patrocinar una serie de conferencias en Nueva York, pero no le deja defenderse porque archiva la causa al considerar que ese delito ya no se puede perseguir.
Se cierra así el tercero de los procesos que el Supremo abrió contra Garzón, que la semana pasada fue expulsado de la carrera judicial al ser condenado por prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) por haber ordenado las escuchas en prisión de los acusados de la trama corrupta Gürtel, que afecta al PP, con sus abogados. Además, está pendiente de sentencia el caso abierto por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
El pasado 27 de enero, Marchena desechó que Garzón hubiera cometido prevaricación en relación con resoluciones relativas a los patrocinadores de los cursos de Nueva York, es decir, que todas sus resoluciones sobre el Banco Santander fueron ajustadas a derecho, pero concentró su inculpación en un delito de cohecho impropio (recibir regalos o fondos por razón del cargo que se ocupa).
Garzón decidió que no valía la pena recurrir en reforma al mismo juez al que ha recusado en varias ocasiones por falta de imparcialidad y elevó un recurso directo de apelación a la Sala. En él, tras manifestar su inocencia, precisaba que Marchena había actuado con notable falta de competencia de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (lo mismo que se achacaba a Garzón por el caso de los crímenes del franquismo), que con cierta incongruencia el juez había denegado la comparecencia de testigos cuyos datos utilizaba para inculparle y que, en todo caso, el asunto debía ser considerado prescrito porque la presentación de la querella se realizó más de tres años después de celebrado el último de los cursos de Nueva York.
El fiscal Fidel Cadena, que sí recurrió en reforma, y ha mantenido en todo momento que Garzón no cometió delito alguno, consideró que tampoco había delito de cohecho impropio, pero en el caso de que el juez así lo creyera, el caso estaría prescrito. Sin embargo, el fiscal criticó duramente el auto de Marchena por entender que el delito apreciado va “contra el resultado apreciable de una valoración lógica”, que “debe ser armónica, no caprichosa”, y que “no puede soportarse en la especulación”, como hizo el juez del Supremo.
Porque Marchena, aunque no son los hechos probados de una sentencia, da por acreditado que Garzón cometió un delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, del que tras el archivo ya no puede defenderse.
“El querellado”, dice Marchena en su auto, “contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los que él aparecía como director. Todas tenían en común —BSCH, BBVA, Telefónica y Cepsa— el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional”. Cita también a Endesa y agrega que reclamó 2,59 millones de dólares, aunque obtuvo para la universidad que le pagaba sus gastos 1.237.000 dólares. Marchena pasó por alto todos los testimonios y certificaciones que no eran útiles para sus tesis y desechó por ejemplo que todos los testigos afirmaron que ninguna de las cantidades aportadas como patrocinio de los cursos iban a servir para pagar el sueldo de Garzón que ya estaba estipulado como “senior fellow” (profesor distinguido) y como tal fue titular de la cátedra de Civilización y Cultura Hispánicas del King Juan Carlos I Spain Center. Por ello cobró 160.133 dólares brutos desde marzo de 2005 hasta junio de 2006. Pero, como expuso su letrado, Enrique Molina, Garzón no obtuvo, ni administró, ni percibió suma alguna, ni en efectivo ni en especie, por su intervención en los eventos, proyectos complejos, publicaciones y docencia, al margen de los honorarios fijos y mensuales pactados, con la Universidad de Nueva York, como han acreditado las certificaciones y el extracto de su cuenta en el Citibank.
De modo que el archivo del proceso por parte de Marchena supone un moderado alivio para Garzón, en el sentido de que por este asunto no será condenado, pero al mismo tiempo el archivo le impide limpiar su imagen pública y le queda el baldón de la sospecha de corrupción que deja el instructor de que cometió el mismo delito de cohecho impropio que aquel del que fue absuelto por un jurado popular el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por el asunto de los trajes.
Todas las pruebas eran impertinentes
El 12 de junio de 2009, los acusadores presentaron una querella contra Garzón por prevaricación, estafa y cohecho. Ya en junio de 2008 habían presentado una querella similar que fue archivada por la Sala Segunda en febrero de 2008 por no ser los hechos constitutivos de delito.
Sin embargo, y a pesar de ser más de lo mismo, el tribunal estimó que podía haber nuevos datos y dio trámite a la causa. La instrucción, a cargo del magistrado Manuel Marchena, fue una sistemática denegación de todas las pruebas de descargo propuestas por la defensa de Garzón. Marchena imputaba a la Universidad de Nueva York falsear datos referidos a los cobros de Garzón. Además, pedía datos sobre testigos a la policía, pero luego declaraba su testimonio impertinente. Algo incomprensible, puesto que eran las personas que ordenaron el pago de la nómina de Garzón o autorizaron el pago de sus gastos o negociaron con el Santander y otras empresas el patrocinio de los cursos y, en definitiva, coordinaron la organización, financiación y destino de los recursos obtenidos.
La acusación popular solicitaba penas de hasta cinco años de prisión y 30 de inhabilitación para el ya exjuez, pero finalmente el caso se ha archivado.
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/13/actualidad/1329132282_892204.html


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