Transparencia



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TRIGÉSIMO SEXTO.- La información se clasificará como reservada en los términos de la fracci · inciso f) del artículo 17 de la Ley, siempre que la difusión de la información cause perjuicio actividades de prevención y persecución de los delitos,o de impartición de justicia y ponga en

el orden y la paz pública.
Se pone en peligro la paz y el orden público cuando la difusión de la información pueda:




!p
'



Fiscalía

General del Es tad o
a) Menoscabar la capacidad de las autoridades de seguridad pública para preservar y resguard'ar-,,

la vida o la salud de las personas; '·, b) Menoscabar o dificultar las estrategias para combatir las acciones delictivas;

c)Entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública,

procuración e impartición de justicia;

d} Arruinar o dificultar las estrategias de reclusión y seguridad penitenciaria;

e) Afectar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos;y

f) Perjudicar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales que pudieran desembocar en bloqueo de vías de comunicación o manifestaciones violentas.
De igual forma la información que corresponda a servidores públicos que laboren o hayan laborado en áreas estratégicas como seguridad pública, procuración e impartición de justicia o servicios de información, cuyo conocimiento general pudiera poner en peligro su integridad física de alguna persona o servidor público,de manera enunciativa más no limitativa,los siguientes supuestos:
l. Se considera que pone en riesgo la integridad física del servidor público que desempeñe funciones en alguna dependencia de seguridad pública,procuración,impartición de justicia;y
11. la prevista en la Ley de Seguridad Pública delEstado.
No se considera información reservada, los expedientes de responsabilidad administrativa concluidos, información estadística, debiendo omitir los datos de carácter personal que obren en los mismos y toda aquella información cuya revelación no ponga en peligro la integridad física del servidor público.

En concordancia con lo anterior,es de hacerse notar que el derecho de acceso a la información tiene sus excepciones, como las que nos ocupa, como se hace notar del texto de la tésis jurisprudencia! P.LX/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página

74, del Tomo XI, correspondiente al mes de Abril del 2000, novena época, del Seminario Judicial de la


DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD,COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho

a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente,en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gob rnados, limitaciones que, incluso,han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera;así, en cuanto a la seguridad nacional,se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la

averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la

protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.



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