Transexualidad ¿que efectos jurídicos produce el cambio de sexo? Evolución jurisprudencial Argentina



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TRANSEXUALIDAD ¿QUE EFECTOS JURÍDICOS PRODUCE EL CAMBIO DE SEXO?

Evolución jurisprudencial Argentina.

(Comentario a la sentencia J.C.P. s-acción de amparo, J.Cr.y Corr.de Trans.nº1, Mar del Plata 19-07-01)
Graciela Medina

Héctor Daniel Fernández


  1. INTRODUCCIÓN.

Nuevamente una sentencia de Pedro Hooft, conforma un leading case, es jurisprudencia y sin lugar a duda constituye un precedente que obligadamente deberá ser citado en casos similares.

Estamos convencidos que no toda resolución judicial es jurisprudencia pero la innegable jerarquía del Dr. Hooft y la profundidad con que ha abordado el tema, nos convence que estamos frente a una verdadera jurisprudencia1

Poco es lo que se puede agregar a este precedente, ya que la ilustración, erudición y especialidad en temas de bio – ética de su autor deja escaso margen al comentarista. Ante tal limitación en el presente trabajo nos proponemos simplemente: (i) conceptualizar el transexualismo (ii) hacer una reseña de algunos precedentes nacionales para mostrar como ha ido evolucionando la jurisprudencia, en temas de cambio de sexo. (iii) poner de relieve que consecuencias jurídicas produce el cambio de sexo tal como ha sido ordenado en el precedente.

Fundamentalmente creemos importante tratar de delimitar el alcance jurídico que la rectificación de la mención del sexo del transexual en la partida de nacimiento y en sus documentos de identidad va a tener, en un país donde no existe legislación sobre el tema.


II. LOS ANTECEDENTES DEL CASO

Se trata de una persona de 59 años, inscripta en el Registro Civil bajo el sexo masculino al que pertenece, abandonada al año de edad por su madre y desde entonces criada por un matrimonio, a quienes consideró siempre sus padres. Se enteró de su origen biológico de manera accidental, al leer una carta cuando tenía 8 ó 9 años. Desde siempre tuvo comportamientos, forma de sentir y pensar femeninos, lo que le significó continuos sufrimientos durante toda su vida (vida escolar, trabajo, vida de relación). A todos estos sentimientos intolerantes se sumó el rechazo de su madre, quien la echó del hogar, cuando tenía 16 años, al fallecer su padre. En algún momento recibió tratamiento de hormonas masculinas que solo produjeron efectos colaterales como dolores de cabeza y náuseas. Posteriormente comenzó tomar estrógenos, sin control ni receta médica, y a los 23 años adoptó, en otra ciudad donde no la conocían, ropas femeninas. Durante años trabajo en tareas pocos remuneradas y sin registro alguno a fin de no verse frente a la obligación de brindar explicaciones referidas a aspectos íntimos de su persona. Como consecuencia de ello no ha efectuado aportes jubilatorios y carece de obra social. Tuvo que dejar estudios en curso por no soportar burlas y así por ejemplo, realizó un curso de enfermería sin retirar el título para no verse en la obligación de exhibir documento nacional de identidad. Esta situación la llevó a la determinación de promover el amparo, con el objeto de solicitar la autorización para realizar una operación de cambio de sexo y la constancia de éste en el documento de identidad.


III. ASPECTOS PROCESALES DEL CASO

La acción ejercida ha involucrado normas constitucionales de especial trascendencia, y también aspectos relativos a la aplicación de las leyes Nº 17.132 que regula el ejercicio de la medicina en el ámbito nacional (sólo aplicable al caso por vía analógica); Nº 4.534 que lo regula en la Provincia de Buenos Aires, Nº 18.248 sobre el nombre de las personas, el Dec. Ley 8204/63 sobre las inscripciones en el Registro Civil y la ley provincial Nº 7309 que adopta las pautas de aquel decreto ley en este ámbito, y la ley de Amparo de la provincia de Buenos Aires Nº 7.166.

Existen por lo tanto aspectos constitucionales relevantes pero también cuestiones procesales relacionadas con normas de distinta índole, no siempre uniformes.

Surgen así temas tales como la competencia y la vía procesal utilizada.



Competencia. La competencia puede ser definida como la aptitud o capacidad para ejercer la función jurisdicción en un conflicto, causa o asunto2. Se ha dicho que es “..la medida de la jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, consistente en la determinación genérica de los asuntos en los cuales es llamado a conocer en razón de la materia, cantidad y lugar.3

Conforme a lo dispuesto por la ley 18.248 (art15), los datos asentados en la partida de nacimiento pueden ser modificados, cuando mediaren justos motivos, por resolución judicial. Será competente para entender el juez de primera instancia del lugar en que se encuentre la inscripción original cuya rectificación o modificación se solicita (art. 16). El mismo criterio surge del Decreto ley 8204/63 que en su art. 71 dispone “..Será juez competente el de primera instancia en lo civil del lugar donde se encuentre la inscripción original o el del domicilio del peticionante…”. A su vez, las disposiciones de este decreto ley, por así disponerlo la ley provincial 7309 son aplicables en la provincia de Buenos Aires. El art. 2 de ésta establece que “..serán competentes, indistintamente, los jueces de primera instancia en lo civil y comercial que correspondan al lugar donde ocurrió el hecho o donde se encuentra registrada la inscripción original, o los del domicilio de las partes interesadas…”.

Si bien de la aplicación de estas reglas surgiría la competencia del juez civil del lugar en donde se encuentre inscripta la partida de nacimiento o el del domicilio de la persona solicitante de la modificación, estas reglas ceden si, como en el caso, prevalece el amparo como vía procesal.

La disposición del art. 43 de la Constitución Nacional instituye la acción de amparo, pero no establece reglas sobre competencia judicial en la materia. Cabe señalar que en este punto, la ley nacional 16.686, en su artículo 4, fija la del juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto, disponiendo que en lo pertinente se observarán las normas sobre competencia en razón de la materia. En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en cambio, el art. 20 de su Constitución establece que la acción procederá ante cualquier juez, siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios. De esta forma en la reforma de 1997 se ha consagrado constitucionalmente un principio que ya el art. 4 de la ley provincial nº 7.166 tenía incorporado.

En consecuencia, si se admite la procedencia de la vía del amparo, se impone una competencia amplia, cualquiera sea la materia objeto de la acción.

Procedencia del amparo como vía procesal. El art. 17 de la ley 18.248 prevé para el pedido de modificación de partidas el trámite sumarísimo, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse una vez por mes, en el lapso de dos meses lo que tiene por objeto recabar la posible oposición de terceros, la que en su caso deberá efectivizarse en el plazo de quince días hábiles computados desde la última publicación. La simple rectificación de errores de tipo material podrá tramitar por simple información sumaria, con intervención del Ministerio Público y del director del Registro Civil.

A su vez, el D.L. 8204/63, en su artículo 71 establece el trámite sumario, con intervención de los ministerios públicos para la modificación de las inscripciones en el Registro Civil.

Ahora bien, va de suyo que el caso en cuestión va mucho mas allá que un cambio de nombre o modificación de una inscripción en el registro.

La petición central radica en la solicitud de autorización para la realización de una intervención quirúrgica que permita la adaptación anatómica del requirente al sexo femenino. El inciso 4º del art. 19 de la ley 17.132 prohíbe intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo, salvo que sean efectuadas previa autorización judicial. La ley provincial no contiene referencia alguna al tema por lo que la aplicación de la ley nacional encuentra sustento en el principio de las leyes análogas contenido en el art. 16 del Código Civil.

No obstante, la ley nacional no establece ningún procedimiento específico para este trámite.

La acción de amparo prevista por el art. 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y regulada por la ley 7166 -y sus modificatorias-, requiere para su procedencia la existencia de un acto u omisión que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, cualquiera de los derechos y garantías reconocidos en las constituciones nacional o provincial (art. 1º ley 7166, texto seg. ley 7261). Asimismo, la norma fundamental prescribe que la garantía de Amparo podrá  ser ejercida cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión, proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos (art. 20 inc. 2º, Constitución Provincial)4.

En el caso, existe un acto administrativo –inscripción en el Registro Civil cuya modificación se solicita- la que, conforme a las manifestaciones de la persona solicitante del amparo, produce una lesión a sus derechos. Por otro lado, no existe un trámite procesal previsto para la autorización judicial para la operación quirúrgica de cambio de sexo. Estas dos situaciones – acto administrativo del que derivan lesiones a derechos constitucionales y falta de trámite previsto- constituyen el punto de conexión que, en nuestro criterio, torna admisible la vía procesal del amparo.

No obsta a esta conclusión, la necesidad de producir prueba. En efecto, conforme a lo dispuesto por el art. 8º de la ley de amparo vigente en la provincia de Buenos Aires, el solicitante del amparo podrá ofrecer todos los medios de prueba que resulten necesarios para probar su caso. Asimismo, tanto por lo dispuesto por el art. 36 inc. 2º C.P.C.C., aplicable subsidiariamente conforme lo establecido por el art. 21 de la ley 7.166, como por el 14 de ésta, el juez goza de la facultad de disponer las diligencias probatorias que estime pertinentes.

Antes de finalizar este aspecto de la sentencia, no podemos dejar de observar la forma en que por aplicación del segundo párrafo del art. 68 C.P.C.C., y con fundamento en la complejidad del caso, no se impone costas ni se regulan los honorarios profesionales. El supuesto de eximición al que se alude en la sentencia, encuentra fundamento -en un juicio contradictorio- en la intención de no castigar al litigante perdidoso en un caso dudoso. En tales casos, su imposición no significa que no existan costas sino que se establecen en el orden causado. En un caso técnicamente complejo, existen mayores razones para regular honorarios,5 los que naturalmente estarán sujetos a los aportes previstos por la ley 6716.

Por último, creemos que hubiera sido conveniente que la inscripción de las modificaciones de sexo y nombre ordenadas fueran posteriores a la intervención quirúrgica, pues de lo contrario podría configurarse sobre la identidad de la persona amparada una discordancia tan grave como la que se pretende solucionar.
IV. DIFERENCIA ENTRE HOMOSEXUALES Y TRANSEXUALES.

Para la Corte Europea de Derechos del Hombre un transexual es una persona que pertenece físicamente a un sexo, pero que siente el pertenecer a otro, y para acceder a una identidad más coherente y menos equívoca se somete a tratamientos médicos o a procedimientos quirúrgicos, a fin de adaptar sus caracteres físicos a su psiquismo. Tales intervenciones nunca otorgan todos los caracteres del sexo opuesto al de origen6.

En nuestro país, la Doctora Kemelmajer de Carlucci explica que “el homosexualismo no debe ser confundido con el transexualismo (gender identity), caracterizado por una contradicción entre el sexo anatómico, determinado genética y hormonalmente y el sexo psicológico. El transexual posee un sentimiento profundo e irreversible de pertenecer al sexo opuesto al que está inscripto en su acta de nacimiento.

Los transexuales se presentan en un número menor que los homosexuales; su problema es más difícil de entender desde el punto de vista psicológico y médico pues no se reduce a una preferencia sexual, sino a toda una metamorfosis”7.

Pérez Canova aclara en El derecho español que “no resulta cierta la afirmación de que los homosexuales masculinos se sienten interiormente mujeres y los femeninos hombres, o por lo menos desearían pertenecer al otro sexo. Tal idea es fruto de la confusión entre orientación homosexual y transexualismo. Paradójicamente se da la circunstancia de que el transexualismo es, según algunos autores, poco frecuente entre homosexuales. El individuo transexual siente una fascinación tan absoluta por los atributos del sexo contrario que llega a identificarse con él, desvalorizando los atributos de su propio sexo. Entre los individuos de orientación homosexual lo que se da es precisamente una fascinación con los atributos del propio sexo, al tiempo que los del sexo contrario aparecen, en mayor o menor grado como carentes de interés”8

En el derecho italiano se concluye en que la homosexualidad es exclusivamente la desviación del impulso erótico por la cual se prefiere la compañía sexual de una persona de la misma especie, un hombre de un hombre y una mujer de una mujer, mientras que el transexual presenta un problema de género en virtud del cual lo que se busca es pertenecer al género opuesto y en las relaciones de un transexual se busca la relación entre un hombre y una mujer y no entre iguales9.

En la excelente obra Le sexe et l´etat des personnes, Branlard aclara que la homosexualidad se caracteriza por la atracción sexual preferencial por las personas del mismo sexo. El homosexual es seducido sentimentalmente y sexualmente por los individuos de su mismo sexo físico. Por otra parte, siente indiferencia hacia las personas del sexo opuesto, y no se puede afirmar que la atracción por las personas de sexo semejante sea innata o adquirida10.

En el caso de los transexuales, sigue explicando Jean Paul Branlard, no existe una inversión del instinto sexual sino una inversión de la identidad sexual. El transexual siente pertenecer a otro sexo, mientras que el homosexual no, ya que el sujeto homosexual no reclama un estado sexual diferente al que le asigna su sexo biológico que, por otra parte, le da placer.

Por otra parte, un homosexual se sirve de sus órganos genitales, mientras que un transexual siente horror hacia ellos y busca modificarlos.

La homosexualidad comporta dos actitudes diferentes activa o pasiva, pero estas dos actitudes no perturban la identidad sexual11.

El fenómeno de la transexualidad obliga a replantear cuál ha de ser el criterio último que debe presidir la determinación legal del sexo de las personas.

En la actualidad se considera que el sexo es una noción compleja dentro de la cual es posible distinguir diversos elementos o componentes: cromosómico (o genético), anatómico, hormonal y psicológico (o psicosocial); de todos los cuales, sólo el primero (el cromosómico) es inmutable, viniendo determinado por el nacimiento12. La regla general es que todos los componentes del sexo coincidan en una misma dirección.

El problema se plantea cuando existe una disociación entre el sexo cromosómico y aquél que la persona siente como propio (el psicológico) y cuando se autoriza una intervención quirúrgica y se reconoce jurídicamente el cambio de sexo mediante la pertinente rectificación en el Registro civil, el derecho al cambio de nombre13, pero relamente se mantiene un sexo cromosómico diferente y en la partida de nacimiento queda registrado el sexo anterior y el cambio.

V . EVOLUCION JURISPRUDENCIAL


Antecedentes nacionales

Capital Federal (CNCiv. Sala E, 1989)14. En 1989, la Cámara Nacional Civil rechazó una demanda por rectificación de partida y cambio de sexo. Se traba de una persona, perteneciente al sexo masculino, quien en el extranjero se había sometido a una intervención quirúrgica para adaptar su morfología externa al sexo femenino. La mayoría, luego de recorrer algunos precedentes nacionales15 y extranjeros, si bien reconoce la existencia de múltiples factores que confluyen sobre la determinación del sexo como así también la posible desarmonía entre ellos, decide otorgar preponderancia al sexo genético. Tratándose de una persona genéticamente varón, confirma el rechazo de la demanda de primera instancia.

Debe destacarse la valerosa disidencia del Calatayud quien señala, entre otros, dos importantes fundamentos: a) frente a la multiplicidad de factores discordantes sobre la sexualidad de una persona, no hay razones para no hacer prevalecer los anatómicos y psicológicos si estos son armónicos entre sí, y b) frente a la existencia de personas que han emprendido el camino sin retorno de la cirugía transformadora, debe adoptarse un criterio que facilite su inserción social. Lo contrario, afirma, es marginarlo de la sociedad ya sea en el orden laboral como en la simple realización de cualquiera de los variados trámites en los que se le exija la presentación de su documento de identidad.


Capital Federal (Primera instancia 1993). En marzo de 199316, se hizo lugar a un pedido de cambio de nombre y rectificación de partida de nacimiento respecto de una persona, inscripta como varón quien padecía el síndrome de Klinefelter. Las personas que lo padecen suelen tener uno o más cromosomas X (Genéticamente, XX: sexo femenino, YX: sexo masculino) y presentar como características: talla alta, hipogonadismo, gineco­mastia (desarrollo mamario en los varones), esterilidad y desarrollo incompleto de caracteres secundarios. El sexo genético de la persona solicitante era masculino (en realidad el síndrome se da únicamente en varones). La sentencia, con apoyo en el dictamen fiscal favorable y en la opinión del Cuerpo Médico Forense quienes manifestaron que “..apoyamos decididamente el cambio de nombre solicitado…”, dispuso la rectificación pedida. No obstante, el juez dejó a salvo que se trataba de un caso atípico.
El caso de San Nicolás. En 1994, en un caso similar, una persona inscripta en el Registro Civil como varón, solicitó judicialmente la anulación de su partida de nacimiento, y una nueva inscripción con sexo y nombre femenino. La petición incluyó una autorización para realizar una intervención quirúrgica que permitiera adecuar su anatomía a la condición pretendida. Se trataba de una persona de 47 años, soltera, que durante el trámite procesal acreditó que padecer síndrome de Klinefelter o pseudohermafroditismo. En razón de esta característica tenía apenas esbozado los genitales masculinos, y presentaba rasgos, comportamiento y apariencia totalmente femeninas.

En primera instancia, con fundamento en el carácter inalterable del sexo genético, se rechazó la demanda. En segunda instancia, la Cámara Civil y Comercial de San Nicolás, revocó la decisión y sin declarar la nulidad de la partida de nacimiento dispuso su modificación en lo relativo al sexo y al nombre y autorizó la práctica quirúrgica17.



A diferencia de lo sostenido en primera instancia, en la que el sexo genético llevó al juzgador a disponer el rechazo de la demanda, la Cámara reconoce la multiplicidad de aspectos que involucra la determinación del sexo. Entre las consideraciones, con destacado voto del Dr. Maggi, se señala su carácter multifactorial sobre el que confluyen componentes biológicos, psicológicos y sociales. La discordancia entre ellos –dice- impone a quien la padece, graves sufrimientos en el ejercicio habitual de sus derechos (v.gr. derecho cívico de votar, trabajar) que, a la postre, generan condiciones desiguales. Concluye así en que la causa generadora de tal desigualdad debe ser removida. Se apoya asimismo en el art. 5 del Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por la ley 23.054, que contempla el derecho de la persona a que se respete “su integridad física, psíquica y moral”.
El caso de Quilmes. En 1997 la justicia de la ciudad de Quilmes, ordenó rectificar una partida de nacimiento, disponiendo el cambio del nombre y sexo masculinos por femeninos. De la lectura de la sentencia se deduce que se trataba de una persona perteneciente al sexo masculino que se sometió a una intervención quirúrgica de cambio de sexo en un país vecino. En la búsqueda de los fundamentos jurídicos de la decisión, entre muchas consideraciones sociológicas, podemos encontrar las normas de rango constitucional que prohíben la discriminación.
Caso de Mar del Plata de 1997.En 1997, el Dr. Federico Hopft emitió una sentencia, en un proceso de amparo18, en la que se admitió la modificación de la partida de nacimiento y el cambió de nombre, autorizando al mismo tiempo las intervenciones quirúrgicas necesarias para compatibilizar los ambiguos órganos sexuales de la persona solicitante al sexo masculino. Se traba de una persona con el “síndrome de Reifenstein”, en virtud del cual, y pese al par cromosómico xy, una falla genética en los receptores celulares especializados en recibir las hormonas masculinas provocó un proceso progresivo e irreversible de atrofia de los genitales masculinos. Se generó así una morfología básicamente femenina, incluyendo la voz. Desde el punto de vista psicológico, se verificó también una adecuación a dicho sexo.
El caso de San Isidro. El 6 de noviembre de 1998, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Isidro nº 9 de San Isidro, hizo lugar a una demanda en la que se recababa la rectificación de una partida de nacimiento, el cambio de nombre y autorización para la realización de una intervención quirúrgica que permitiera corregir el dismorfismo que padecía la persona solicitante y su adecuación al sexo femenino. Se trataba de una persona inscripta con el sexo masculino que padecía el síndrome de Klinefelter, lo que determinó que a pesar de su sexo genético masculino, tuviera una apariencia y comportamiento totalmente femeninos y que careciera de órganos masculinos o los tuviera apenas esbozados. En la sentencia se señala, entre otros fundamentos, el derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad (art. 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) como así también el derecho de cada persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral (art. 5 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica C.N., arts. 31 y 75 inc.22). Así, llega a la conclusión que el derecho a la identidad sexual es un aspecto de la identidad perso­nal y como tal, forma parte de los derechos personalísimos garantizados constitucionalmente.
Reciente caso en Córdoba. La justicia civil de la ciudad de Córdoba19 hizo lugar a una demanda en la que se solicitó el cambio de nombre y sexo en la inscripción de nacimiento y en todos los documentos de una persona. La información, aparecida recientemente en los diarios (lo que por el momento impide conocer mayores detalles de la sentencia), permite conocer que se trata de una mujer de 33 años que fue sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas para adaptar su anatomía al sexo masculino y exhibe en su vida de relación un comportamiento y aspectos totalmente masculinos.
Evolución de la jurisprudencia.

En la cuestión del cambio de sexo, desde el punto de vista judicial, podemos señalar dos distintos tipos de caso. Un primer grupo relativo a todos aquellos casos en los que existe una patología biológica (v.g. síndrome de Klinefelter entre otros) de la que deriva una confusión o falta de determinación del sexo. Se ha señalado con toda lógica que estos casos, en rigor, no hay cambio de sexo sino de determinación de un sexo ambiguo20. Por esta razón, tampoco resultaría necesaria la autorización judicial a que se refiere el inciso 4º del art. 19 de la ley 17.132. En otro grupo, podríamos incluir a aquellos casos de cambios de sexo, sin patología física previa, en los que individuos sin ambigüedad física alguna, se someten a cirugías transformadoras.

Si bien la cuestión jurídica aparece más nítida –o menos comprometida- en el primer grupo, en un principio la postura generalizada en la jurisprudencia era el rechazo a ambos tipos de casos. Por otra parte, los fundamentos que se fueron utilizando en favor y en contra, resultan aplicables a ambas situaciones. En consecuencia podemos hablar de una evolución general de la jurisprudencia, comprensiva de ambas casuísticas.

Así, podemos indicar:



Primer momento. El rechazo a toda posibilidad de cambio era la postura mayoritaria. Entre sus argumentos podemos referir:

  1. Carácter multifacético del sexo, con factores relacionados con la composición gonadal, la hormonal, los órganos sexuales externos, apariencia, características sexuales secundarias, identidad sexual social y psicosocial. Frente a la discordancia entre estos distintos componentes, a fin de tomar una decisión debe responderse a cuál de estos componentes debe otorgársele preeminencia.

  2. Aún reconociendo la naturaleza compleja de todo lo relacionado con el sexo, no es posible cambiarlo en bloque.

  3. Teniendo en cuenta la variación que en el tiempo pueden presentar estos factores, debe prevaler aquél que permanezca inalterable: el sexo genético.

  4. Las transformaciones artificiales son insuficientes para permitir el cambio de sexo.

  5. Los inconvenientes que puedan presentar los transexuales en el plano psicosocial, por presentar una apariencia correspondiente a un sexo que no es el suyo, no pueden ser consideradas como determinantes.

  6. La justicia no puede alterar la naturaleza misma de las cosas.

En esta primera etapa de la jurisprudencia, si bien se reconoce la existencia de una realidad con distintos factores en desarmonía, se desentiende totalmente del problema. Se afirma que no puede la justicia alterar la naturaleza misma sin percatarse que ese orden natural cuya defensa se proclama no está compuesto únicamente por heterosexuales. Pues, sino ¿los homosexuales, los bisexuales, los que padecen pseudohermafroditismo, y los transexuales, de dónde vienen?.

Entendemos que el resultado que aporta esta primera postura de la jurisprudencia brinda soluciones disvaliosas. Por un lado, se reconoce la existencia de un conflicto en la personalidad de los justiciables, y al mismo tiempo se los condena a padecerlo el resto de su vida.

Por otra parte, sin explicar razones suficientes, se le concede preferencia al elemento genético -el menos visible de todos- en desmedro de otros factores vinculados directamente con la vida de relación, como el anatómico y el psicológico con el consiguiente desmedro en la calidad de vida.


Segundo momento. A partir del voto en minoría del Dr. Calatayud, como integrante de la sala E de la Cámara Nacional Civil21, se produce un punto de inflexión. Se va generando a partir de entonces una postura de mayor amplitud que desemboca en una mayor receptividad a este tipo de casos. Podemos decir que la excelente sentencia en análisis viene así a culminar la parábola descripta por la jurisprudencia. Entre los principales argumentos sostenidos a favor de admitir el cambio, podemos citar:

  1. Necesidad de brindar protección jurisdiccional a los transexuales que se han sometido a una operación quirúrgica -asumiendo una situación absolutamente irreversible- adecuando así su sexo morfológico con el psíquico22.

  2. No existe una noción unívoca de sexo y sí factores tales como los cromosomas, la composición gonadal, la hormonal, los órganos sexuales internos, la apariencia genital externa, las características sexuales secundarias, la y la identidad sexual. En situaciones de discordancia entre éstos, corresponde otorgarle primacía a los factores anatómicos y psicológicos23.

  3. A partir del reconocimiento en la Constitución de todo ser humano como persona (art. 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos, con relación al art. 75 inc.22 CN), surgen los derechos de la personalidad humana, entre los cuales el derecho a la identidad sexual ocupa un lugar relevante. El principio supremo de justicia (dimensión dikelógica del derecho), exige que a cada individuo se le reconozca el espacio de libertad para el desarrollo de su personalidad con pleno respeto a su unicidad e irrepetibilidad como persona24.

  4. Cualquier prohibición que impida a la persona definir su verdadera sexualidad, sin distorsiones ni falseamientos, con sus auténticas proyecciones y manifestaciones, importa una ilegítima y manifiesta violación del principio de la no discriminación, sin justificación objetiva y razonable.

  5. La sociedad no tiene por qué enervar una decisión individual, fruto de una libre determinación, que no interfiere en intereses de terceras personas.

  6. El art. 11 último párrafo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone el deber de promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades, deber que exige acciones positivas y de tutela jurisdiccional.

  7. La discordancia entre los distintos factores que confluyen en la determinación del sexo de una persona, impone a quien la padece, graves sufrimientos en el ejercicio habitual de sus derechos (v.gr. derecho cívico de votar, trabajar) que, a la postre, generan condiciones desiguales. En esos casos, el pleno goce de los derechos constitucionales, impone remover la causa generadora de tal desigualdad25.


VI. EFECTOS JURÍDICOS


El Dr. Pedro Hooft ordenó que en la partida de nacimiento en forma marginal se anotara el cambio de sexo indicando su sexo “ femenino” en lugar del originariamente indicado masculino.

Entendemos que esta anotación marginal no borra, ni hace desaparecer la anotación original, con lo cual el registro lo que anota es la sentencia que ordena que hacia el futuro se reconozca al actor como de sexo femenino, pero no suprime la constancia histórica de su nacimiento como varón

Tal decisión nos lleva a interrogarnos sobre las consecuencias jurídicas que ella trae aparejada en el ámbito del derecho público y en el ámbito del derecho privado. El impacto del cambio de sexo abarca todas las órbitas del derecho, y su tratamiento excedería nuestro comentario, por ende nos limitamos a las siguientes cuestiones. A saber derecho público
DERECHO PUBLICO

1. Penal. Cualquiera sea su sexo, las personas están sujetas activa y pasivamente a los mismos derechos y a las mismas sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. Así, en materia penal las diferencias que puedan surgir en su aplicación según su sexo tendrán origen en la propia naturaleza de las cosas.

Podemos afirmar que un cambio en la identidad sexual de una persona, en caso de ser ésta merecedora de pena privativa de la libertad, significará, en primer lugar, que deberá ser alojado en una cárcel de mujeres.

En segundo lugar, deberá reconocérsele el derecho de visitas a la pareja del procesado o condenado derivado de las disposiciones de los arts. 158, 160 y conc. de la ley 24.660 que, como complementaria del Código Penal, es aplicable en todo el país y arts. 82, 83 y conc. de la ley 12.256 de la Provincia de Buenos Aires. Ello, naturalmente en la medida que en los términos de la reglamentación respectiva acredite aquella condición.

En tercer lugar resulta innegable que el cambio de sexo y de nombre en los documentos de identidad no borra ni hace desaparecer para el pasado su sexo e identidad histórica. Ello implica que a los fines de la reincidencia se tendrá en cuenta tanto los delitos cometidos por el sujeto con su sexo de origen como los realizados por la persona con su sexo cambiado. Por otra parte en el pedido de antecedentes policiales siempre deberá hacerse constar el sexo y nombre de origen, como así también la nueva identidad.

No desconocemos que con esta solución el transexual puede haber comprometido su derecho a la intimidad pero estando en juego el orden público no se puede desconocer la realidad original ni los antecedentes del transexual.

2. Laboral. Teniendo en cuenta que la autorización al cambio de sexo apunta, en lo sustancial, a remover los padecimientos que el transexual debe afrontar en su vida de relación, parece una consecuencia lógica que el cambio le permita gozar del conjunto de derechos subjetivos propios del sexo adquirido. En este sentido, entendemos que limitar el uso y goce de estos derechos subjetivos, no obstante la aptitud física que presente la persona, significaría consagrar una distinción contraria a los propios fines y principios que justifican el derecho al cambio.

Surge en primer término, y tanto en su condición de transexual como de mujer, el derecho no sufrir ningún tipo de trato discriminatorio. Ello, con fundamento en las disposiciones de rango constitucional, como en las previsiones de los artículo 172 y conc. de la ley 20.744 de contrato de trabajo. De la misma manera, debe reconocérsele el derecho a una jornada especial de trabajo (art. 174), a no ser sometida a tareas penosas, peligrosas o insalubres (art.176) y en general a todos los beneficios derivados de las reglamentaciones y convenios colectivos en general propios de cada actividad.

En cambio, no podría gozar de licencia por maternidad consagrada por el art. 177 pues, no obstante el cambio jurídico, un transexual no podría acceder a la maternidad. No obstante, teniendo en cuenta la asimilación existente entre la maternidad biológica y por adopción, consagrada por el art. 24026 del Código Civil, y en la medida que judicialmente se le conceda un menor en adopción, debe reconocérsele el derecho a la licencia especial allí prevista.

No podría acceder, por obvias razones naturales ni aún en caso de adopción, a la licencia especial por lactancia prevista por el art. 179 de la ley, salvo que ésta se otorgue pensando no en la lactancia sino en la alimentación.
3. Previsional. Cabe recordar que en orden a lo dispuesto por los arts. 36 y 37 de la ley 24.241, el hombre goza del derecho a jubilarse a partir de los 65 años de edad mientras que la mujer a partir de los 60. La mutación jurídica, en consecuencia, permitiría al transexual devenido mujer acceder al beneficio, en la medida que reúna las condiciones de ley, adquirir el derecho a jubilarse a partir de esta edad.

El art. 53 de esta ley, consagra el derecho a pensión del o la conviviente, en caso de muerte del jubilado. En este sentido, sin perjuicio de lo que más adelante se expondrá con relación a la institución matrimonial, en la que rigen principios de orden público ajenos a una relación de convivencia, y en la medida que se configuren las condiciones previstas por la norma entendemos que debe concederse el beneficio. Los principios humanitarios en los que se basa la institución imponen esta solución.

La ley requiere la acreditación de una convivencia mínima de 5 años27 inmediatamente anteriores al fallecimiento. En caso de que el jubilado haya sido divorciado o separado legalmente, el conviviente excluye al cónyuge supérstite que haya sido declarado cuplpable de la separación personal o del divorcio. A la inversa, cuando el o la causante hayan dado causa al divorcio o separación y hubieren sido demandados los alimentos, la pensión se compartirá entre el o la cónyuge supérstite y el conviviente28.

VII.- DERECHO PRIVADO


  1. Derecho a casarse.

La sentencia en comentario recoge en su decisión la doctrina mayoritaria que se inclina por reconocer que se debe permitir al transexual una adecuación de su sexo psicológico con sus documentos de identidad.

La cuestión radica en determinar si esta adecuación le permite el derecho a casarse con una persona de su mismo sexo morfológico.?

Hay que tener en cuenta que cromosómicamente el transexual operado sigue siendo un hombre es decir que su sexo cromosómico difiere de su sexo psicológico.

Siguiendo a José Ramón de Verda y Bahamonde29 creemos que existen dos criterios interpretativos dar preminencia al sexo cromosómico o dar preferencia al sexo psicológico.

a) De optar por el criterio cromosómico, el derecho del transexual se limita a ver reconocido el derecho al cambio de nombre, bien por razones de pietas (es decir, para evitarle padecimientos psíquicos, como consecuencia de la falta de concordancia entre el nombre y el sexo con el que se presenta ante la sociedad), bien para tutelar su derecho a la intimidad (evitando que la discordancia entre el sexo cromosómico y el psicológico se haga patente a terceros, p. ej., a través del examen de los documentos de identificación personal). Sin embargo, parece que, inexorablemente, habría de negársele el derecho a contraer matrimonio con personas pertenecientes a su mismo sexo (cromosómico). Tal matrimonio sería inexistente por no concurrir el requisito de la diversidad de sexos de los contrayentes

b) Si, por el contrario, se optara por dar preponderancia al componente psicológico, habría que concluir que la transexualidad podría operar un cambio real de sexo. Desde esta perspectiva, sería inevitable el reconocimiento al transexual del derecho a contraer matrimonio con personas de sexo cromosómico idéntico. El matrimonio por él celebrado sería válido, lo que, en nuetra opinión opinión, no impediría que quien contrajo matrimonio, ignorando la condición de transexual del otro contrayente pudiera instar la nulidad por error al amparo del art. 73.4º C.c., ya que la transexualidad es una cualidad personal de indudable entidad objetiva en la communis opinio imperante en la realidad social30.

Respecto al tema de la posibilidad de casarse creemos importante hacer una breve alución al derecho comparado tanto en su faz legislativa como jurisprudencial


A. Jurisprudencia alemana31

A. Sentencia de la Corte Constitucional Alemana permitiendo el casamiento de un transexual

En 1978 la Corte Constitucional Alemana dictó una sentencia en el caso de un hombre que se había sometido a una operación quirúrgica de cambio de sexo. El transexual pretendía el cambió de nombre, denegado en las instancias inferiores; las sentencias denegatorias aducían, entre otras consideraciones, que el cambio de nombre le permitiría el casamiento y que ello violaría el sentimiento moral de la sociedad; señalaban que el fin del matrimonio es la procreación y que permitir el casamiento de personas de igual sexo iría en contra de los fines del matrimonio.

La Corte Constitucional rechazó el argumento de la moralidad; señaló que el casamiento de un transexual mujer que anteriormente había sido hombre con otro hombre no violaba las leyes morales. Reconoció que un matrimonio de esta clase podía provocar repudio y desaprobación en la sociedad, pero que ello no era suficiente para denegar el derecho a casarse. También despreció el argumento de que uno de los fines del matrimonio es la procreación señalando que no existe impedimento alguno para contraer matrimonio entre personas que no pueden procrear.
b. Legislación alemana

La ley alemana del 10 de setiembre de 1980 reconoce dos soluciones diferentes para el cambio de sexo:. La pequeña solución que consiste en un mero cambio de nombre y la gran solución que implica el cambio de sexo, para la cual se exige que previamente que haya alcanzado la modificación de los caracteres externos mediante una operación quirúrgica.

En el supuesto de que el transexual acceda a la gran solución puede contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo biológico.

Cabe poner de relieve que en Alemania existe una ley que determina la posibilidad de que el transexual pueda casarse con otra persona de igual sexo biológico, lo que no ocurre en nuestro país, con lo cual el alcance de la sentencia que marginalmente ordena la rectificación del sexo de nacimiento, pero que no suprime el sexo de origen es al menos dudosa en orden al derecho a casarse.




  1. La legislación italiana

En el año 1982 en Italia se dictó una ley que permite expresamente el derecho al cambio de sexo de los transexuales32 y es pacífica la doctrina que admite que el transexual puede casarse.



  1. La jurisprudencia española.

En España no existe legislación con relación a los transexuales, sin embargo el Tribunal Suprema ha admitido en diversas oportunidades los recursos de los transexuales que pretendían la adecuación de su nombre y sexo en el registro civil33

Superior Tribunal Español refiriéndose a los transexuales, los admite como ficción de hembra y en una sentencia del año 1991 se aclara que si bien el cambio de sexo tiene como fundamento “ el libre desarrollo de la personalidad tiene el límite de no poder, al no ser ello posible contraer matrimonio, aparte de otras limitaciones deducidas de la naturaleza física humana ya que tales matrimonios serían nulos por inexistentes, como se dedude de los arts. 44 y 73 del CC y 32 de la Constitución”34

El 31 de enero del 2001 una resolución de la Dirección General de los Registros y del notariado de España ha permitido el matrimonio de un transexual basándose en que la sentencia judicial que ordena la rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil no se limita a salvaguardar el respeto debido a la vida privada del transexual, sino que realmente lo convierte en una persona de sexo distinto. Desde esta perspectiva considera incoherente, e inadmisible constitucionalmente (por vulneración del art. 32 CE), impedir al transexual contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo cromósomico35.


  1. La jurisprudencia de la Corte de Derechos humanos de Europa.

La Corte de Derechos Humanos de Europa ha sostenido en los casos Rees y Cosey o que no vulnera el derecho a casarse el impedir que los transexuales contraigan matrimonio con una persona de su mismo sexo de origen, ya que el derecho humano a casarse reconocido por las Convenciones de Derechos Humanos es el derecho a contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto.36


  1. Nuestra opinión

Es difícil decir con certeza si el transexual tiene o no tiene derecho a casarse en un país donde no existe legislación al respecto pero desde una perspectiva realista hay que admitir que la intervención quirúrgica que se ha autorizado a practicar al demandante, nunca le va a otorgar todos los caracteres del sexo al que aspira, concretamente nunca va a poder engendrar hijos. Esta imposibilidad influye directamente en su posibilidad de contraer matrimonio, ya que esta institución esta directamente relacionada con la filiación.

Creemos que el derecho a contraer matrimonio está reservado a un hombre y una mujer y el transexual no deja de ser un hombre biológicamente, por ello consideramos que en tanto no se reforme la legislación positiva el cambio de sexo en los documentos de identidad, tiene como fin el de proteger el derecho a la identidad del transexual, pero no le otorga derecho a contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo cromosómico.

El derecho a casarse regulado por el derecho positivo infraconstitucional, admite reglamentaciones limitativas, siempre que éstas no sean arbitrarias y la regla según la cual el matrimonio sólo puede ser celebrado por personas de diferente sexo no es arbitraria porque existen razones de orden sociológico, histórico, demográfico y de bien común que la justifican.

La limitación de la celebración del matrimonio entre personas de distinto sexo no afecta los derechos de la personalidad de los transexuales, pues la institución matrimonial no trata simplemente de atender a los intereses privados de los individuos o al desarrollo de su personalidad, sino de regular actos que trascienden la esfera de la intimidad porque se relacionan con la organización de la sociedad.

Las leyes que limitan el casamiento a personas de diferente sexo son constitucionales porque la prohibición de contraer matrimonio a personas del mismo sexo no es discriminatoria por ser una diferenciación razonable, dado que las parejas constituidas con un transexual sólo pueden cumplir los deberes interpersonales que asumen las parejas heterosexuales (convivencia, fidelidad, auxilio y respeto mutuo), pero no pueden cumplir el fin social de continuación de la especie

El cumplimiento de las obligaciones individuales interpersonales de convivencia, fidelidad, respeto y auxilio pueden tener consecuencias jurídicas; tales como la indemnización por la muerte en un ilícito del conviviente que sostenía económicamente al otro; pero este reconocimiento de intereses generados por la realidad convivencial y por el compromiso personal asumido no alcanza a constituir a la pareja de un transexual en institución matrimonial.

En el matrimonio hay que distinguir entre la causa fin en sentido objetivo y la causa fin en sentido subjetivo. La causa objetiva es la tipificadora del acto y es objetiva porque corresponde al tipo de acto celebrado. La causa subjetiva se refiere a los móviles perseguidos por algún celebrante en particular.

Uno de los fines objetivos del matrimonio es la procreación, este fin es de la esencia y fundamento del matrimonio. Que existan parejas heterosexuales que no quieran o no puedan cumplir con esos fines, no implica que la procreación no sea un fin esencial del matrimonio.

La pareja formada por un transexual no puede entre sí acceder a la procreación, por lo tanto no puede cumplir con uno de los fines del matrimonio

Ello así, sólo puede cumplir con la autosatisfacción y el auxilio mutuo de

sus participantes. Esto no basta para constituir la unión en matrimonio salvo que: a) cambiemos el concepto del matrimonio, b) cambiemos los fines del matrimonio, c) transformemos el matrimonio en un instituto diferente.

En principio entendemos que el cambio marginal de sexo en la partida de nacimiento del actor no le da derecho a casarse con alguien de su mismo sexo de origen.



No desconocemos que la solución que propiciamos es criticada porque el transexual no puede casarse con una persona de su mismo sexo cromosómico ni con una persona de sexo contrario con lo cual parecería que se le estuviera creando un impedimento absoluto para contraer matrimonio, a nuestro juicio en el estado actual de la legislación argentina, sólo una solución legislativa como la existente en Alemania, podría posibilitar el derecho del transexual a casarse.


1 Sobre el rol de la jurisprudencia ver por todos RIVERA, Julio Cesar “ Instituciones de Derecho Civil” ed. Abeledo Perrot , segunda edición, T I, p. 115.

2 Morello y Vallefín en “El Amparo. Régimen procesal” Ed. Librería Editora Platensa pág. 77.

3 Couture Eduardo J-., Vocabulario Jurídico, cit. por Morello y Villafín op. cit.

4 Conf. voto del Dr. HITTERS en SCBA, Ac. 75.620, sent. del 28-III-2001; y CC0203 LP, 91.876, sent. del 17-V-1999; CC0203 LP, 91.989, sent. del 4-VI-1999.

5 El art. 16 de la ley 8904 establece que a los fines regulatorios se deberá valorar, entre otros aspectos, la calidad jurídica de la labor, la complejidad, novedad de la cuestión y el resultado obtenido. Asimismo el art. 49 prevé para la acción de amparo, una regulación mínima de 20 jus.

6 Esta definición ha sido repetida por la Corte de Derechos Humanos de Europa en los casos "Rees", "Cossey", "Shefield" y "Horshman".

7 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, Derecho y homosexualismo en el derecho comparado, p.186.

8 PEREZ CANOVA, ob. cit., p. 31.

9 SERRAVALLE, Paola, PERLINGERI, Pietro, STANXIONE, Paquele, Problema giuridici del transessualismo, Napoli 1981, p 19; MODUGNO, Franco, I nuovi diritti nella giurisprudenza costitutuzionales, Torino, 1995, p. 14; ALPA, Guido, y ANSALDO, Anna, La persone Fisiche,en “ Codice Civile Comentario, II”, p . 213 y siguientes.


10 BRANLARD, Jean Paul, Le sexe et létat des personnes. Aspects historique, sociologique et juridique, L-G-D-J-, Paris, 1993, p. 473 y siguientes.

11 BRANLARD, Jean Paul, Le sexe et létat des personnes. Aspects historique, sociologique et juridique, L-G-D-J, Paris, 1993, p. 477.

12     Observa MASSIP, Nota (Cass. 21 mayo 1991), D., 1991, p. 169: a) el sexo cromosómico o genético se caracteriza por la presencia de un cromosoma Y en el hombre o dos cromosomas X en la mujer; b) el sexo hormonal está normalmente determinado por el genético, que lleva a la secreción de hormonas andrógenas o estrógenas; c) el sexo anatómico es consecuencia de los anteriores y se traduce en los órganos sexuales (externos e internos) y en los caracteres sexuales secundarios (p. ej. vellosidad, tono de la voz); d) el sexo psicológico o psicosocial es la conciencia del sujeto de pertenecer a un sexo que es el suyo y que determina su comportamiento social.

13     La transexualidad -dice WACKE, Del hermafroditismo a la transexualidad, A.D.C., 1990, p. 702- es una perturbación de la autoidentificación sexual [...] Tales personas [los transexuales] sufren una partición entre su espíritu y su cuerpo. Consideran que su sexo corporal es un ''error de la naturaleza'' y aspiran a una adaptación al sexo opuesto".

14 CNCiv., sala E, 31/3/89 en JA. 1990-III-97 con nota del Dr. Germán Bidart Campos.

15 Sentencia de 1ª inst. del Juzgado 19 sec. 38 del 30/3/65 in re “V.M.s/ inf. sumaria”, LL 123-1149; setn. Juzg. Civ. 14, en LL 1975-A-479.

16 Juzgado Nacional de 1ª Instancia nº 18, 5/3/93, “ B.J.L. s/ Información sumaria”, en ED 152-733, comentada por el Dr. Julio César Rivera en Revista de Derecho Privado y Comunitario nº 4, pag. 349.

17 CCiv. y Com. San Nicolás del 11/11/94, en JA. 1995-II-380.

18 Juzg.Crim. Mar del Plata nº3, 6/11/97 en JA. 1998-III-338, con nota del Dr. Carlos Fernández Sesarego.

19 Juzgado Civil de la ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Mario Raúl Lescano, conf. diario La Nación del día 21/9/01.

20 Dra. Arias de Ronchietto, Catalina Elsa “Pseudoilicitud de las intervenciones quirúrgicas por pseudohermafroditismo”, ED 104-927, cit. Por el Dr. Julio C. Rivera en “Ratificación del derecho a la identidad sexual en un caso de hermafroditismo” en JA. 1995-II-390.

21 Ver nota 5.

22 Voto del Dr. Calatayud indicado en 5..

23 Idem. citando jurisprudencia de Estados Unidos.

24 Dr. Pedro Federico Hooft, sentencia referida nota 9.

25 Voto del Dr. Maggi en Cciv. y Com. de San Nicolás 11/8/94 cit.

26 Texto ordenado por la ley 23.264.

27 El art. 53 contempla, como excepción, una convivencia mínima de 2 años cuando exista descendencia, la que obviamente no es aplicable al caso en análisis.

28 Conforme al decreto reglamentario 1290, la convivencia debe ser acreditada por testigos y por prueba documental. Esta última no se requerirá cuando las condiciones socio-culturales lo justifiquen. La convivencia se presume, salvo prueba en contrario, cuando existiese reconocimiento expreso del hecho.


29 Algunas reflexiones sobre la reciente resolución de la dirección general de los Regristros y del Notariado de 31 de enero de 2001. Que autoriza el matrimonio de un transexual con una persona de su mismo sexo cromosómico.

30     Sobre la causa de invalidez prevista en el art. 73.4º C.c., puede consultarse DE VERDA Y BEAMONTE, El error en el matrimonio, Studia Albornotiana, Bolonia, 1997.

31 Los fallos alemanes han sido tomados de las reseñas que de ellos hizo Norbert LOSING, Los derechos humanos en las parejas del mismo sexo, en, “El derecho de familia y los nuevos paradigmas .X Congreso Internacional de Derecho de Familia", Rubinzal Culzoni, 1999, t. I, p. 126 y siguientes.

32 Ley italiana del 14 de abril de 1982 que en su art. 3 permite la rectificación registral del sexo, en virtud de sentencia que atribuya a una persona“ sesso diverso da quello ennunciato nellácto di nasita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali·”

33 VIDAL MARTINEZ, Jaime Se incluye el “ cambio de sexo” transexualidad en el “ libre desarrrollo de la personalidad al que se refiere el art. 10.1 de la constitución española? ( comentario a la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de Julio de 1987) R.G.D, sección práctica, 1989, marzo, pp 987, ss . DE ANGEL LLAGUES, Transexualidad y cambio de sexo” LL 1987 4, p 169.

34 DE VERDA Y BAHAMONDE, José Ramón “ Algunas reflexiones sobre la reciente resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de Enero 2001 que autoriza el matrimonio de un transexual,con una persona de su mismo sexo”

35  Esta opinión ha sido, además, sostenida por un autorizado sector de la doctrina científica. Cfr., en tal sentido, FERNÁNDEZ CAMPOS, La posibilidad del transexual de contraer matrimonio con arreglo a su nuevo sexo jurídico, R.G.D., sección de Derecho y Bioética, 1996, diciembre, pp. 13151 ss.

36Un comentario mas extenso de las sentencias pueden consultarse en MEDINA, Graciela "TRANSEXUALIDAD. EVOLUCION JURISPRUDENCIAL EN LA CORTE ERUROPEA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE", en L.L.2000-A-1024





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