Telesforo pedraza ortega



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Incluir en la “Educación para la paz”, la educación en contra de la violencia intrafamiliar y contra la mujer.

En el marco de los acuerdos hacia una paz estable y duradera, es necesario que en Colombia se refuercen las políticas públicas y la educación, para comenzar con la construcción de escenarios de paz desde el seno de las familias. Si persiste la violencia intrafamiliar, a pesar de la terminación de un conflicto armado, la paz no será posible en el mediano y largo plazo.

Por lo anterior se propone incluir dentro de los componentes de la Cátedra de la paz, creada mediante la Ley 1732 de 2014, el de la lucha contra la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

Establecer el Día Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar.

Se propone instaurar el Día Nacional contra la Violencia Intrafamiliar el día 29 de marzo por ser el día del feminicidio cometido contra Wendy Loraine Cruz Achury.

Se propone este día como parte del compromiso que deben asumir el Estado y la sociedad en general en la lucha contra este tipo de violencia. Cada año, en el marco de esta conmemoración las autoridades correspondientes, deberán presentar informe con cifras, diagnósticos y balances sobre los avances o retrocesos en la materia.

Fortalecer las medidas de protección

Según la Sentencia de la Corte Constitucional T-772 de 2015, las medidas de protección frente a casos de violencia intrafamiliar son una garantía de las víctimas de este delito, a la no repetición y como forma que el Estado evite la revictimización: “Una vez se ha cometido un delito en contra de una persona, una de las primeras obligaciones que tiene el Estado es la de garantizar la no repetición del hecho y evitar que se genere su revictimización a través de medidas concretas y oportunas3.



Insiste la Corte: “Una de las consecuencias del derecho a la no repetición es tomar medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados”. En virtud de lo anterior, la primera obligación que surge frente a las víctimas es la de brindarle protección para que no vuelvan a ser objeto de la misma conducta punible (T-772 de 2015).

Con lo anterior, y por la evaluación de una tutela interpuesta por una mujer víctima de violencia intrafamiliar, la Corte ordenó al Estado y Fiscalía eliminar cualquier barrera que tengan las víctimas de este tipo de conducta y delito para acceder a la protección del Estado en garantía del derecho de no repetición en los siguientes términos4:



  • Se prevendrá la Fiscalía General de la Nación para que en caso de recibir denuncias por violencia de género deberá solicitar inmediatamente al juez de control de garantías medidas de protección contempladas en la Ley 1257 de 2008 si encuentra que se presentan indicios leves de la existencia de una agresión.

  • Se prevendrá a los Comisarios de Familia, a los Jueces Civiles o Promiscuos Municipales y a los Jueces de Control de Garantías que deberán dar un estricto cumplimiento a los términos contemplados en la Ley 1257 de 2008.

  • Se prevendrá a la Fiscalía General de la Nación, a los Comisarios de Familia, a los Jueces Civiles o promiscuos municipales y a los jueces de control de garantías que una vez reciban una denuncia por violencia intrafamiliar o violencia de género tienen posición de garante frente a las lesiones que pueda sufrir la víctima de no adoptarse las medidas contempladas en la Ley 1257 de 2008.

Por lo tanto, es importante que el Congreso de la República incluya en las leyes que regulan las medidas de protección especial, lo ordenado por la Corte a los jueces y a la Fiscalía General de la Nación para que no se retrasen las medidas, se regulen las sanciones en caso de incumplimiento de las medidas, y se inste a las autoridades a prevenir en todo caso, la revictimización en casos de violencia intrafamiliar.

El siguiente cuadro muestra las modificaciones propuestas en el presente proyecto de ley frente a las medidas de protección por casos de violencia intrafamiliar:



Ley 294 de 1996

Proyecto de ley

Artículo 4°. 

 

Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.



Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.

Parágrafo. En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, el competente para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indígena, en desarrollo de la jurisdicción especial prevista por la Constitución Nacional en el artículo 246.

Artículo 5oEl artículo 4o de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 quedará así:

Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos o el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal que conociere el caso, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.

Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.

Parágrafo 1°. En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, el competente para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indígena, en desarrollo de la jurisdicción especial prevista por la Constitución Nacional en el artículo 246.

Parágrafo 2°. Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal o la víctima solicitarán al Juez de Control de Garantías la imposición inmediata de las medidas de protección.

Parágrafo 3La Fiscalía General de la Nación, a los Comisarios de Familia, a los Jueces Civiles o promiscuos municipales y a los jueces de control de garantías que una vez reciban una denuncia por violencia intrafamiliar o violencia de género tienen posición de garante frente a las lesiones que pueda sufrir la víctima de no adoptarse las medidas contempladas en la Ley 294 de 1996 y Ley 1257 de 2008.


Artículo 5°Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar

Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la



Artículo 6oEl artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 quedará así:

Artículo 5°. Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la



queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley:

 

 



a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia;

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada;

c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar;

d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor.

e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;

 

f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere;



g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad;

h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;

 


conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. Sin perjuicio de las medidas establecidas en el artículo 18 de la Ley 1257 de 2008, el funcionario deberá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas:

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, por constituir una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia;

 

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde habite o se encuentre la víctima para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada.



 

 

c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar;



d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor.

d) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos adicionales de atención médica, estética, orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;

e) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere;

 

f) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad;



g) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere según el daño o perjuicio provocado, sin perjuicio de la competencia en

i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;

j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;

k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;

l) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial;

m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima;

n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 Parágrafo 1°. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este artículo.



Parágrafo 2°. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.

 


materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. Las visitas deberán realizarse en un lugar diferente a la vivienda y bajo supervisión de la autoridad de familia o la autoridad que ordene la medida.

i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;

j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;

k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla.

l) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial;

m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima;



n) Ordenar al agresor el pago de los gastos del hogar relacionados con la alimentación, educación, vestuario y recreación de hijos e hijas.

l) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.



En todo caso, las autoridades deberán dar a conocer los derechos y servicios que existen a favor de la víctima y de sus hijos e hijas, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1257 de 2008 y en el artículo 9° de la Ley 1761 de 2015

Parágrafo 1°. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este artículo.

Parágrafo 2°. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.


Parágrafo 3°. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos.

 


Parágrafo 3°. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos.

Si el Comisario de Familia, el Juez de conocimiento o la autoridad competente que conozca de un caso de violencia intrafamiliar se negare a conceder la medida de protección o no lo remitiera a la Fiscalía General de la Nación, será objeto de las sanciones disciplinarias y penales conforme a la Ley.

Parágrafo 4°En todo caso se deberá imponer la obligación al victimario o agresor de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según sea el caso. De no cumplir con el tratamiento se impondrá las sanciones establecidas en el artículo 7° de la presente ley.

Artículo 7°

El incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las siguientes sanciones:

a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) días siguientes a su imposición. La Conversión en arresto se adoptará de plano mediante auto que sólo tendrá recursos de reposición, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo;

 

 



b) Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos (2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días.

En el caso de incumplimiento de medidas de protección impuestas por actos de violencia o maltrato que constituyeren delito o contravención, al agresor se le revocarán los beneficios de excarcelación y los subrogados penales de que estuviere gozando.



Artículo 7°. El artículo 7° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 4° de la Ley 575 de 2000 quedará así:

Artículo 7°. El incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las siguientes sanciones:

a) Por la primera vez, multa entre diez (10) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) días siguientes a su imposición. La Conversión en arresto se adoptará de plano mediante auto que sólo tendrá recursos de reposición, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo;

b) Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de seis (6) meses, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días.



El incumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor, tendrá como consecuencia la suspensión del régimen de visitas y custodia de hijos e hijas si las hubiere, y se revocarán los beneficios de excarcelación y los subrogados penales de que estuviere gozando.

Artículo 9° 

Llevar información sobre hechos de violencia intrafamiliar a las autoridades competentes es responsabilidad de la comunidad, de los vecinos y debe realizarse inmediatamente se identifique el caso.



La petición de medida de protección podrá ser presentada personalmente por el agredido, por cualquier otra persona que actúe en su nombre, o por el defensor de familia cuando la víctima se hallare en imposibilidad de hacerlo por sí misma.

La petición de una medida de protección podrá formularse por escrito, en forma oral o por cualquier medio idóneo para poner en conocimiento del funcionario competente los hechos de violencia intrafamiliar, y deberá presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a su acaecimiento.



Artículo 8oEl artículo 9de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 5° de la Ley 575 de 2000, quedará así:

Artículo 9Llevar información sobre hechos de violencia intrafamiliar a las autoridades competentes es responsabilidad de la comunidad, de los vecinos y debe realizarse inmediatamente se identifique el caso.

La petición de medida de protección podrá ser presentada personalmente por la víctima, por cualquier otra persona que actúe en su nombre, o podrá ser decretada de oficio por la autoridad competente según la gravedad del caso o por riesgo inminente de repetición.

La petición de una medida de protección podrá formularse por escrito, en forma oral o por cualquier medio idóneo para poner en conocimiento del funcionario competente los hechos de violencia intrafamiliar, y deberá presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a su acaecimiento.



 

 

 



Artículo 10. La petición de medida de protección deberá expresar con claridad los siguientes datos:

a) Nombre de quien la presenta y su identificación, si fuere posible;

b) Nombre de la persona o personas víctimas de la violencia intrafamiliar;

c) Nombre y domicilio del agresor;

d) Relato de los hechos denunciados, y

e) Solicitud de las pruebas que estime necesarias.



Artículo 9oEl artículo 10 de la Ley 294 de 1996 quedará así:

Artículo 10. La petición de medida de protección deberá expresar con claridad los siguientes datos:

a) Nombre de quien la presenta y su identificación, si fuere posible;

b) Nombre de la persona o personas víctimas de la violencia intrafamiliar;

c) Nombre y domicilio del agresor;

d) Relato de los hechos denunciados, y

e) Solicitud de las pruebas si fueren necesarias.


Artículo 14. <Artículo modificado por el artículo 8°. de la Ley 575 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:>

Antes de la audiencia y durante la misma, el Comisionario o el Juez, según el caso, deberá procurar por todos los medios legales a su alcance, fórmulas de solución al conflicto intrafamiliar entre el agresor y la víctima, a fin de garantizar la unidad y armonía de la familia, y especialmente que el agresor enmiende su comportamiento. En todos los casos, propiciará el acercamiento y el diálogo directo entre las partes para el logro de acuerdo sobre paz y la convivencia en familia. En la misma audiencia decretará y practicará las pruebas que soliciten las partes y las que de oficio estime conducentes.



Artículo 10. El artículo 14 de la Ley 294 de 1966, modificado por el artículo 8° de la Ley 575 de 2000 quedará así:

Artículo 14. Antes de la audiencia y durante la misma, el Comisionario o el Juez, invitará a las partes a acordar fórmulas de solución al conflicto intrafamiliar, a fin de garantizar la unidad y armonía de la familia, y especialmente que el agresor se comprometa a no reincidir en actos de violencia. En la misma audiencia decretará y practicará las pruebas que soliciten las partes y las que de oficio estime conducentes.

 


 

 Incorporar la violencia intrafamiliar como un factor de salud pública

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal la violencia intrafamiliar en Colombia es un problema de salud pública:

La violencia, y en particular las lesiones personales, constituyen un problema de Salud Pública, contribuyendo a la discapacidad y mortalidad en casos extremos. L a violencia intrafamiliar, la violencia doméstica o la violencia en el hogar constituyen uno de los principales factores de riesgo, capaces de producir efectos a corto, mediano y largo plazo, sobre cada uno de los miembros del grupo familiar y afectando su dinámica, la cual, a su vez se constituye en variable independiente, a través de un círculo capaz de reproducir daño físico y psicológico sobre sus integrantes. La violencia intrafamiliar en nuestro país afecta a niños y niñas menores de edad, a mujeres y hombres, quienes asumen distintos roles, en ocasiones de agresor y en otras de agredido, implicados en situaciones conflictivas, aparente o circunstancialmente sin salida, los cuales se envuelven en una relación dialéctica de la cual es difícil ser consciente y más aún salirse de ella5.

El doctor LEE Jong-wook, Director General de la OMS, en el acto de presentación del estudio sobre Salud Doméstica en 2005 titulado Women’s Health and Domestic Violence Against Women, afirmó: “También pone de relieve la importancia de sacar a la luz en todo el mundo la violencia doméstica y de tratarla como un grave problema de salud pública”.

El estudio de la OMS reveló que la probabilidad de que una mujer padeciera mala salud o problemas físicos o mentales era dos veces superior en las mujeres maltratadas. Entre dichos problemas están ideas o tentativas de suicidio, los trastornos mentales y síntomas físicos como dolores, mareos o leucorrea.

También el estudio estableció que los Estados deben comprometerse en suministrar los servicios necesarios para la recuperación integral de las víctimas y trabajar los problemas mentales y culturales de los agresores.

En Colombia, con la Ley 1257 de 2008 por primera vez en el país, se establecieron los derechos de las mujeres víctimas de la violencia y se regularon algunos servicios que deben garantizar el Estado y el Sistema de Seguridad Social en Salud, para su recuperación y seguridad.

Después con la Ley 1414 de 2010 (artículo 11), se estableció como prioridad de salud pública y componente primordial del Plan Nacional de Salud Pública, la violencia intrafamiliar, la salud mental, la drogadicción y el suicidio.

Es decir, el sistema de salud y el Estado deben garantizar las condiciones ambientales y personales para evitar los casos de violencia intrafamiliar y tratar oportunamente a las víctimas y agresores para evitar que los casos vuelvan a suceder ya sea con la misma persona o con otras.

Según Miguel Gutiérrez Fraile, catedrático de Psiquiatría de la Universidad del país Vasco, la violencia intrafamiliar como asunto de salud pública debe estar reglada con procedimientos de detección de problemas de violencia familiar para evitar nuevos casos. Gutiérrez afirma: La violencia familiar es un problema de salud pública a cuya disminución deben contribuir los médicos de atención primaria y más específicamente los profesionales de la salud mental, por su privilegiada situación para detectar los problemas pueden y deben proporcionar soporte emocional y tratamiento a las víctimas. Y ello debe hacerse de forma reglada y en el sistema sanitario público6.

A nivel internacional encontramos que España aparte de brindar servicios a las víctimas, ha implementado un Programa de Intervención para Agresores en casos de violencia intrafamiliar7, como una herramienta para prevenir nuevos casos. Este programa contiene una intervención de tipo psicoterapéutico y educativo con los siguientes objetivos y características: Toma de conciencia y modificación de pensamientos, actitudes y creencias de tipo sexista, que justifican la desigualdad de género; identificación de las distintas formas en las que se ejerce la violencia de género; asunción de la responsabilidad, eliminando estrategias defensivas o justificadoras de los hechos violentos; desarrollo de la empatía hacia las víctimas de los malos tratos; especial énfasis en los hijos como víctimas directas de la violencia de género, reconociendo formas de abuso e instrumentalización.

En este sentido se han desarrollado protocolos de tratamiento y guías o prácticas clínicas para el tratamiento psicológico de los agresores en casos de violencia intrafamiliar y de género8

Igual sucede en países como Suecia, Finlandia y Noruega donde se trata desde el sistema público a los hombres agresores9.

En Chile también se han tratado de implementar programas de reeducación para agresores. Al respecto, Ana María Morales Peillard, Nicolás Muñoz Correa, entre otros, hicieron un estudio de campo sobre los programas y tratamientos en Chile y concluyeron que aunque no es sencillo, es posible lograr avances cuando el personal encargado tiene protocolos establecidos y puede hacer seguimiento y evaluaciones en periodos largos. Afirman: es posible concluir que todos ellos, tanto los que se encontraban en tratamiento como los egresados (de medida de aseguramiento), reportaron cambios positivos a partir de lo que el programa les entrega y lo que evidencian en ellos mismos, en cómo se sienten y en sus relaciones. Si bien, al comienzo refieren sentirse algo presionados u obligados a realizar el tratamiento, a medida que el proceso avanza la mayoría logra apropiarse, responsabilizarse y avanzar por las etapas de la motivación al cambio. Existen algunas excepciones en la que no se evidencia responsabilización alguna, ya que sostienen haber sido las víctimas de lo ocurrido10.

Finalmente, la legislación de Honduras establece medidas precautorias complementarias a las medidas cautelares y de seguridad, tales como la capacitación del personal encargado de la atención, mecanismos de coordinación para el seguimiento de casos y obligación de los patronos a conceder los permisos laborales que necesiten sus empleados para cumplir con estas medidas.

Por todo lo anterior, se considera necesario incluir de manera obligatoria dentro de las medidas de protección por violencia intrafamiliar, la obligación de los agresores de acudir a tratamiento o programas de reeducación brindados por las EPS del régimen contributivo y subsidiado, según corresponda, o a los programas brindados por los entes territoriales en cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 y 1761 de 2015.

El siguiente cuadro muestra el articulado actual y las modificaciones propuestas por el presente proyecto de ley en materia de reeducación para agresores:

Legislación actual

Proyecto de ley

Ley 1122 de 2007. Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública.

Parágrafo 3°. El Ministerio de la Protección Social definirá los protocolos de atención que respondan a las prioridades definidas en el literal a) del presente artículo. El Ministerio definirá los protocolos de atención, remisión y tratamiento de los servicios de urgencias para los trastornos mentales de mayor prevalencia.



Artículo 11. El parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, quedará así:

Parágrafo 3°. El Ministerio de la Protección Social definirá los protocolos de atención que respondan a las prioridades definidas en el literal a) del presente artículo. Para los casos de violencia intrafamiliar, el Ministerio definirá lineamientos especiales para que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas o privadas, lleven a cabo los tratamientos de reeducación e intervención para víctimas y agresores.

El Ministerio definirá los protocolos de atención, remisión y tratamiento de los servicios de urgencias para los trastornos mentales de mayor prevalencia.



Crear las casas de refugio para víctimas de violencia intrafamiliar y de género a nivel nacional.

Se busca con esta iniciativa replicar el modelo que viene funcionando de manera exitosa en la Capital de la República adscrita a la Secretaría Distrital de la Mujer, para que se creen a nivel nacional estas casas de refugio destinadas a la atención de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género donde las personas puedan acceder a información y orientación especializada y desvincularse del circulo de agresión inmediato para salvaguardar su integridad física y emocional.

Una de las respuestas concretas de la Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de la Mujer –SDMujer- para la Eliminación de Violencias Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, ha sido la creación e implementación de Casas Refugio –CR- para la atención de mujeres víctimas de violencias. En la Bogotá Humana se han atendido hasta septiembre del presente año 960 personas en este programa, entre mujeres, niñas y niños.

 

Las Casas Refugio son espacios físicos en los que se brinda un periodo gratuito de acogida, protección y atención integral a las mujeres víctimas con la finalidad de aportar a su autonomía y a su Derecho a una Vida Libre de Violencias.

 

Las Casas Refugio han sido creadas para la atención integral de mujeres mayores de edad que han sido víctimas de violencia por razones de género en el ámbito familiar y para las personas que dependen de ellas y lo necesitan. También para las mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto armado interno y para las personas a su cargo que lo requieran.

 

Actualmente el modelo cuenta con cuatro Casas Refugio en Bogotá. Tres Casas para las mujeres víctimas de violencia al interior de las familias y una Casa Refugio para mujeres víctimas en el contexto del conflicto armado”11.

Otro ejemplo positivo de este tipo de albergues lo traemos de México donde a diario se reciben cientos de mujeres víctimas que son ayudadas en los momentos críticos, luego de una agresión en su entorno familiar.

Terapias, talleres y autoempleo: Así es la vida en refugios para mujeres víctimas de violencia

De 2008 a 2014, 12 mil 651 mujeres pasaron por alguno de los 72 refugios para mujeres que padecen violencia extrema. A pesar de la labor de estos albergues, Fundar documenta en un informe que los albergues no gubernamentales no están suficientemente visibilizados y enfrentan enormes dificultades para acceder al financiamiento público.

La violencia extrema en México contras mujeres como Dignidad es un problema grave que difícilmente se denuncia, y mucho menos se sanciona.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), unidad dependiente de la Secretaría de Salud, informó que en 2014 hasta mil 883 mujeres –cinco al día- ingresaron a un refugio víctimas de violencia extrema; mientras que en siete años, de 2008 a 2014, hicieron lo propio un total de 12 mil 651 mujeres.

Asimismo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el año pasado fueron asesinadas 7 mujeres cada día, mientras que el Observatorio Nacional contra el Feminicidio (OCNF) reporta que, según datos proporcionados por Procuradurías de Justicia Estatales, en 2014 fueron asesinadas mil 042 mujeres en 13 estados del país.


A pesar de estas estadísticas, refugios como el Espacio de Mujeres para una Vida Digna, que cada año atienden a cientos de mujeres en sus centros de atención externa –donde se les da atención psicológica, médica y orientación legal, además de talleres de autoempleo-, y en los centros de resguardo –ahí se canalizan los casos de violencia extrema- no están suficientemente visibilizados y enfrentan enormes dificultades para acceder al financiamiento público.

Así lo advierte la organización civil Fundar Centro de Análisis e Investigación en su Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contras las mujeres en México”12



  1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL


Antecedentes normativos

El inciso 5° del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia establece la obligación del Estado de proteger y promover el respeto entre los integrantes de un mismo núcleo familiar:

Artículo 42. (...) “Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”.

La Ley 994 de 1996 desarrolló el artículo 42 de la Constitución Política y se establecieron algunas normas preliminares para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar en Colombia. Luego llega la Ley575 de 2000 que la reformó parcialmente.

Con la Ley 994 de 1996 se marcó un hito en la historia de la lucha contra la discriminación contra las mujeres debido a que por medio de esta ley se establecieron procedimientos para dictar medidas de protección inmediata en casos de violencia intrafamiliar, para garantizar los derechos fundamentales, la seguridad, la vida, honra y bienes de las mujeres.

Con la Ley 248 de 1995 se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

La Ley 800 de 2009 Colombia adoptó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, adoptado por la Asamblea General de la ONU, el 15 de noviembre del 2000.

Luego con la Ley 882 de 2004 se aumenta la pena por el delito de violencia intrafamiliar, lo que responde a una política criminal que debe enfocarse en garantizar los derechos de la mujer que es víctima de violencia.

En 2008 se expide la Ley 1257 con la cual se establecen normas integrales de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. La Ley 1257 es insignia de la lucha y de los compromisos del Estado y la sociedad para la eliminación de la violencia contra la mujer, al establecer derechos, responsabilidades, principios rectores, medidas de protección y servicios de carácter educativo laboral, de la salud, familia, etc., y como si fuera poco, reforma la Ley 294 de 1996 en cuanto a las medidas de protección por violencia intrafamiliar.

La Ley 1542 de 2012, eliminó el carácter de querellables, conciliables y desistibles de las denuncias por inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar y los convierte de investigación oficiosa.

Recientemente se expidió la Ley 1761 de 2015, Ley Rosa Elvira Cely, mediante la cual se crea en el país el delito de “Feminicidio” y estableció que la Defensoría del Pueblo debe garantizar gratuitamente la asesoría y representación jurídica a las mujeres víctimas de violencia feminicida.

Se cita así mismo como referencia normativa el PROYECTO DE ACUERDO No.  288 de 2015“Por medio del cual se institucionalizan las Casas Refugio en el Distrito Capital en el marco de la Ley 1257 de 2008”.teniendo en cuenta que es un referente y modelo para la creación de las casas de refugio a nivel nacional, puesto que la Secretaria Distrital de la Mujer ya ha adelantado un cierto camino en esta materia que puede servir para el efecto.13



Normatividad Internacional

Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Convención estipula: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. En el mismo sentido, prevé que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.



Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, fue aprobada el 20 de diciembre de 1993 y consagra la igualdad de derechos en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil, entre otros.

Con esta declaración Colombia se comprometió a: (ii) prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer; (iii) establecer sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; (iv) elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia; (v) elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia; (vi) garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada; (vii) contar con los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer; (viii) sensibilizar a autoridades y funcionarios sobre el fenómeno, entre otros.

Recomendaciones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw)

La Recomendación General número 12 referente a la Violencia contra la mujer, exige a los Estados establecer mecanismos utilizados para evitar y eliminar la violencia y servicios para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, agresiones o malos tratos.

La Recomendación General número 33 de 15 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, advierte: “la centralización de los tribunales y órganos cuasijudiciales en las principales ciudades, la falta de disponibilidad en las regiones rurales y remotas, el tiempo y el dinero que se necesita para acceder a ellos, la complejidad de los procedimientos, las barreras físicas para las mujeres con discapacidad, la falta de acceso a asesoramiento legal con visión de género, incluida la asistencia jurídica, así como las deficiencias a menudo señaladas en la calidad de los sistemas de justicia (como resoluciones insensibles al género debidas a la falta de formación, retrasos y excesiva duración de los procedimientos, la corrupción, etc.), dificultan que las mujeres tengan acceso a la justicia”.

Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer

La Convención de Belém do Pará de 1994, exige a los Estados Parte la adopción de políticas y mecanismos adecuados y sin dilaciones tendientes a erradicar, sancionar y prevenir este tipo de violencia.




  1. IMPACTO FISCAL

En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, es de precisar que el presente proyecto de ley, no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto General de la Nación, ni ocasiona la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida en que solo busca la modificación de las normas dentro de la institucionalidad de administración de justicia existente, así mismo la creación de medidas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar y de género, entre otras medidas administrativas de prevención y asistencia del delito de violencia intrafamiliar.

Es en este contexto que proponemos la presente iniciativa de ley, con el fin de fortalecer la lucha contra la violencia y la intolerancia en Colombia. Con base en los anteriores argumentos solicito a los honorables congresistas dar aprobación al proyecto de ley.


  1. CONSIDERACIONES GENERALES

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

Sobre las medidas de protección

El objetivo 5 de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” dentro de lo cual, se recomienda a todos los Estados “hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas brindándoles servicios jurídicos y especializados gratuitos”14.
Y precisamente, las medidas de protección especial a favor de las víctimas o sobrevivientes de las diferentes formas de violencia intrafamiliar y contra las mujeres, son una forma de facilitar la justicia y empoderamiento.
En el mismo sentido la OMS ha afirmado que uno de los componentes básicos para formular y evaluar las políticas públicas sobre violencia doméstica son las medidas de protección, incluida la protección legal, y atención a la víctima, sanciones al agresor y/o su rehabilitación y papeles definidos para los organismos públicos, entre otros15.

Según la OMS, las medidas de protección son urgentes, preventivas o cautelares, deben ser ordenadas por el juez y buscan asegurar una protección inmediata y eficaz a la víctima y a los hijos que se encuentren en peligro inminente, evitar lesiones y proteger las propiedades o bienes familiares.

Las medidas tienen que ver directamente con la protección policial, advertencias de distancia, regular la tenencia y modalidad de vinculación del agresor con sus hijos suspensión provisional de las visitas del agresor, atribución provisional de la vivienda a favor de la mujer, orden de restitución de gastos y reparación de daños, prohibición temporal para celebrar actos y contratos traslativos de dominio, además se puede ordenar la exclusión o desalojo del agresor del domicilio común, entre otros.
Las medidas de protección deben buscar, la protección de la vida, salud e integridad de las víctimas de violencia y de los miembros de la familia; garantizar un domicilio seguro para la víctima y la no perturbación o intimidación de su grupo familiar.
Dice la OMS que “dictada la medida, es preciso que el juez ordene al agresor abstenerse de hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o realizar otras formas de maltrato en contra de las víctimas de violencia o cualquier otra persona del grupo familiar, sea que compartan o no la misma vivienda. Por lo tanto, deberá prohibirse que el agresor se aproxime a la vivienda familiar, el lugar de trabajo de la víctima y otros sitios frecuentados por ella. La prohibición se amplía a los recintos escolares si los hijos también son considerados como víctimas.
Adicionalmente sugiere la prohibición y decomiso de armas en el hogar, la obligación alimentaria provisional y gastos de subsistencia, entre otros gastos necesarios para el hogar.
En caso de incumplimiento, sugiere indica que el juez puede ordenar, en el ámbito de su competencia, la ejecución forzosa de las medidas dictadas y enviar el expediente de oficio a la justicia penal para que esta aplique las sanciones pertinentes.
Para la OMS16, la mediación o conciliación obligatoria no es recomendable ya que la experiencia ha demostrado que este tipo de medida aumenta el riesgo físico y emocional para la mujer y que los agresores generalmente no cumplen con los acuerdos pactados.

Con todo, reforzar las medidas de protección en la legislación vigente, es una obligación del Estado y se encuentra alineado con los compromisos asumidos a nivel internacional, y con las recomendaciones del Sistema de las Naciones Unidas.



Violencia intrafamiliar y medidas de protección en Colombia

Pareciera que las medidas de protección especial no son un recurso usual en la justicia colombiana; de más de 75.000 casos de violencia intrafamiliar reportados en 2015, solo se dictaron 2.700 medidas de protección.


Como si fuera poco, las autoridades que ordenan las medidas no ejercen lo determinado por la Ley. Por ejemplo, hay casos donde ordenan la medida de protección, pero no ordenan el desalojo de la vivienda familiar por parte del agresor; ordenan la medida, pero no ordenan cuotas alimentarias o de sostenimiento o tratamientos de reeducación para el victimario o las víctimas; ordenan la medida, pero no notifican a la Fiscalía para continuar con los procesos penales correspondientes, ni a la Policía para que tome las medidas de protección.

Por otra parte, nos encontramos con una situación muy preocupante, y son los casos en los que existan hijos o hijas, debido a que la medida de protección no restringe las visitas o custodia, por tanto, creemos que estas visitas deberían ser en un lugar diferente a la vivienda y bajo supervisión de la autoridad de familia o la autoridad que ordene la medida de protección. Debido a que muchos casos que lamentablemente terminan en feminicidio, los victimarios instrumentalizan a los hijos como excusa para acercarse a la madre y violentarla.

Como es el caso de Wendy Loraine Achury Cruz, una joven de tan solo 17 años, quien fue asesinada en la localidad de Bosa por su expareja sentimental, ella tenía una medida de protección, pero él la incumplió con la excusa de ver a su hijo de 8 meses, y allí en su vivienda la violentó con una puñalada en su cuello que acabó con su vida17.

En países como Estados Unidos, cuando suceden este tipo de casos, si se corrobora negligencia por parte de las autoridades la ciudad debe indemnizar a la víctima como fue el caso de Tracy Thurman.

Tracy Thurman sufrió diversas lesiones de gravedad, tras ser acuchillada y golpeada por su marido en presencia del hijo de ambos. En los meses previos a la agresión, la víctima había solicitado protección policial ante las constantes amenazas de su marido, de quien vivía separada y contra quien se había dictado una orden de alejamiento por malos tratos. Un jurado federal condenó a la Ciudad de Torrington a indemnizar a Tracy Thurman y a su hijo con $2,9 millones porque la policía local no los protegió adecuadamente de los abusos de su marido, así como por haber tratado con una diligencia menor que otros crímenes los casos de violencia doméstica18. (Subrayado y negrilla fuera del texto original.
En virtud de lo anterior, en países como España, en los casos en que los menores han sido testigos directos o incluso víctimas del maltrato, el régimen de visitas se ve suspendido hasta que cambien las circunstancias, no obstante, en el caso de que las visitas sean beneficiosas para el menor, se llevan a cabo en un punto de encuentro familiar bajo la supervisión de un profesional ante la existencia de una orden de alejamiento entre los progenitores19.
Adicionalmente, no hay sanciones ejemplares para quienes incumplan las medidas de protección, sino por el contrario, se han visto casos donde a pesar de las medidas de protección, los agresores reinciden, revictimizan y hasta cometen homicidio20

En otros casos, la exagerada insistencia de las autoridades para que las partes concilien o se renuncie a las medidas de protección o incluso la separación, ha llevado al desistimiento y a graves casos de violencia intrafamiliar21.

Por último, se considera oportuno la creación a nivel nacional de las casas de refugio como una alternativa de atención y asistencia urgente para las víctimas de este flagelo. Este modelo viene siendo aplicado de manera efectiva en otros países y en nuestro país, en la Capital de la República, adscrito a la Secretaría Distrital de la Mujer, la iniciativa consiste en replicar el modelo de acuerdo a los índices de ocurrencia del fenómeno en nuestro país y estará a cargo del Ministerio de la Protección Social y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar las labores de implementación en las ciudades principales del país, dejando claro que la cobertura total nacional de dichas casas de refugio se hará en un término no mayo a cinco años a partir de la promulgación de la ley.


  1. PLIEGO DE MODIFICACIONES


Artículo 1°. Registro Nacional de Medidas de Protección. Créase el Registro Nacional de Medidas de Protección de consulta pública a cargo de la Procuraduría General de la Nación. El Registro deberá contener como mínimo los datos de la o el solicitante, datos del agresor, medidas ordenadas, fechas de cumplimiento y autoridad que admitió la solicitud y ordenó las medidas.

Justificación: Se incluye el artículo “la” para aclarar más el sentido del texto.

Artículo 4°. Establézcase el 29 de marzo como el Día Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar. En el marco de este Día Nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, entregarán informe anual sobre las cifras, diagnósticos, evaluaciones y resultados de las políticas, programas y proyectos implementados para la reducción de la violencia intrafamiliar en el país.



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