Telesforo pedraza ortega



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Bogotá, D. C., abril de 2017

Doctor


TELESFORO PEDRAZA ORTEGA

Presidente



ELBERT DÍAZ LOZANO

Vicepresidente

Comisión Primera Constitucional

Honorable Cámara de Representantes

Ciudad

Respetada Mesa directiva:


Me permito adjuntar ponencia, para primer debate en Comisión Primera de Cámara del PROYECTO DE LEY 197 DE 2016 CÁMARA, “Por la cual se fortalecen las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar y se dictan otras disposiciones”, de acuerdo con la designación efectuada.

Cordialmente,


MARIA FERNANDA CABAL MOLINA

Representante a la Cámara por Bogotá



INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY 197 DE 2016 CÁMARA, “Por la cual se fortalecen las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar y se dictan otras disposiciones”

Bogotá, D. C., abril de 2017



Doctor

TELESFORO PEDRAZA ORTEGA

Presidente

ELBERT DÍAZ LOZANO

Vicepresidente

Comisión Primera Constitucional

Honorable Cámara de Representantes

Ciudad

Referencia: Informe de ponencia para primer debate al PROYECTO DE LEY 197 DE 2016 CÁMARA, “Por la cual se fortalecen las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar y se dictan otras disposiciones”

Respetada Mesa Directiva:

En cumplimiento del encargo impartido por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, se procede de conformidad con lo establecido en el Artículo 156 de la ley 5ª de 1992, a rendir Informe de Ponencia para primer debate al PROYECTO DE LEY 197 DE 2016 CÁMARA, “Por la cual se fortalecen las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar y se dictan otras disposiciones”


  1. OBJETO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de ley tiene por objeto fortalecer las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar y se dictan otras disposiciones. Dentro de las disposiciones a adoptar se pretende crear el Registro Nacional de medidas de protección; así mismo se busca que en los antecedentes judiciales se identifiquen las condenas por delitos relacionados con violencia intrafamiliar, sexual y de género; establecer el Día Nacional contra la violencia intrafamiliar; modificar las normas que regulan las medidas de protección, especialmente en casos de violencia intrafamiliar cuando existen menores, para que las visitas sean en un lugar diferente a la vivienda o casa de habitación y bajo la supervisión de la autoridad de familia o la autoridad que ordene la medida de protección. De igual manera, entendiendo que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública esta iniciativa apunta a reforzar las medidas para el tratamiento y reeducación de los agresores y víctimas en este tipo de casos.



  1. ANTECEDENTES

El proyecto de ley N° 197/2016 Cámara, es de autoría de los Honorables Representantes: ANA PAOLA AGUDELO, GUILLERMINA BRAVO Y CARLOS GUEVARA VILLABÓN.


Dicha iniciativa fue radicada ante la Secretaria General de la Cámara de Representantes el día 22 de noviembre del año 2016, publicado en la Gaceta del Congreso N° 1054 de 25 de noviembre de 2016.
Una vez repartido el proyecto de ley para conocimiento de la Comisión Primera Constitucional Permanente el día 5 de diciembre de 2016, fue designada la suscrita como ponente para Primer Debate el día 15 de marzo de 2017.



  1. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de Ley consta de trece (13) artículos a saber:

Artículo 1°. Se crea el Registro Nacional de Medidas de Protección a cargo de la Procuraduría General de la Nación.


Artículo 2°. Se establece la posibilidad de la consulta en línea de los antecedentes judiciales a cargo de la Policía Nacional. Específicamente se podrá acceder a la información sobre de condenas por los delitos relacionados por violencia intrafamiliar, violencia sexual y de género.
Artículo 3°. En la Cátedra de la Paz se hará un especial énfasis en la lucha contra la violencia intrafamiliar y contra las mujeres como medida especial de generar conciencia y valores.
En el artículo 4° se establece el día 29 de marzo como el Día Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar. Se crea la obligatoriedad para las entidades vinculadas a esta temática a generar un informe anual con el ánimo de reducir los índices de violencia intrafamiliar en el país.
Por el artículo 5° se determinan las competencias para el conocimiento de los hechos de violencia intrafamiliar y la generación de medidas de protección de manera inmediata para la víctima. Así mismo se establece la figura de posición de garante para la autoridad competente una vez conocidos los hechos de violencia intrafamiliar.
A través del Artículo 6° se puntualizan las medidas de protección que podrán ser ordenadas en favor de la víctima de violencia intrafamiliar.
El Artículo 7° consagra las sanciones por el incumplimiento a las medidas de protección.
Artículo 8° se establece el deber cívico de informar a las autoridades sobre cualquier hecho de violencia intrafamiliar por parte de la comunidad en general, así mismo se establece la modalidad y oportunidad en que puede presentarse esta petición ante la autoridad competente.
En el Artículo 9° se consigna el contenido de la petición de la medida de protección, los datos mínimos que la solicitud de llevar para que la misma sea elevada a la autoridad competente.
Con el artículo 10° se busca que en los procesos que se adelanten por violencia intrafamiliar antes de la audiencia y durante la misma, siempre se busquen vías de conciliación y de terminación del conflicto intrafamiliar logrando que el agresor se comprometa a no volver a reincidir en los actos de violencia, por lo que la autoridad competente instará para que se cumplan tales medidas.
Por el artículo 11° se establece en cabeza del Ministerio de la Protección Social la obligación de definir los protocolos de atención para los casos de violencia intrafamiliar; así mismo definirá lineamientos especiales para que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas o privadas, lleven a cabo los tratamientos de reeducación e intervención para víctimas y agresores.
El artículo 12° establece la obligación en cabeza del gobierno nacional y del ministerio de la protección social para la creación de las casas de refugio para las víctimas de violencia intrafamiliar otorgándoles un plazo de un año para su implementación a nivel nacional.
El artículo 13° define la vigencia de la iniciativa.

ALCANCE DEL ARTICULADO:
El presente proyecto propone varias medidas:

Crear el Registro nacional de medidas de Protección

El proyecto de ley propone crear el Registro Nacional de Medidas de Protección y que el registro actual de antecedentes judiciales de manera detallada muestre las condenas por delitos relacionados con violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.


Uno de los derechos que debe garantizar el Estado, como una forma de prevenir nuevos casos de violencia intrafamiliar y hasta feminicidio, es el acceso a información oportuna. Si las mujeres de todas las edades tienen acceso a información sobre los antecedentes de violencia de pareja, intrafamiliar o de género, de sus novios, compañeros permanentes, futuros esposos o esposos en general, se podrían evitar muchas tragedias.
Según la OMS, las instituciones involucradas deben contar con un sistema de información para registrar los casos de violencia contra la mujer que atiendan, respetando la identidad y el derecho a la privacidad (...) También se pueden crear registros de agresores, los que en algunas experiencias locales parecen funcionar como factores inhibidores de maltrato al temer los agresores que su nombre sea registrado en esa categoría [9][9].
En Argentina, por ejemplo, existe el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer mediante el cual se centraliza y sistematiza la información disponible en registros administrativos, como insumo para el diseño de políticas públicas1
En Inglaterra y Gales en 2014 se comenzó a aplicar la llamada “ley Clare”, mediante la cual cualquier ciudadana puede solicitar directamente a la policía la historia de violencia intrafamiliar o doméstica de sus esposos o parejas. Wha.

En Chile por su parte, existe el Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar, el cual es un documento que acredita que una persona no se encuentra (o que si lo está) en el registro especial de personas que hayan sido condenadas por violencia intrafamiliar, por medio de una sentencia ejecutoriada2.


De hecho la Corte Constitucional en sus pronunciamientos sobre la ponderación de derechos que hizo sobre el llamado ¿muro de la infamia¿, hace un pequeño resumen en derecho comparado, de las políticas o medidas alternativas que pueden servir para prevenir casos de violencia sexual: Sin que le corresponda a la Sala formular alternativas de política pública, ni evaluar la constitucionalidad o la eficacia de las que puedan plantearse, distintas de las que son objeto de escrutinio constitucional en la presente oportunidad, sí puede a título ilustrativo, hacer una referencia de derecho comparado para mostrar la existencia de alternativas, en el mismo ámbito de la prevención mediante la divulgación de la identidad de quien ha sido condenado, susceptibles de ser evaluadas por las autoridades, tanto desde la perspectiva de su efectividad para el logro del fin propuesto, como de su grado de afectación de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en la legislación estatal de un buen número de Estados de los Estados Unidos, se ha adoptado la que se conoce como Ley Megan y que es una medida por virtud de la cual las personas condenadas por delitos de violencia sexual tienen que inscribirse en un registro público que deben mantener actualizado con el fin de que los interesados puedan establecer qué personas con esos antecedentes residen en su vecindario. En otro contexto, en España, en su momento, se dio una controversia en torno a la elaboración de listados de delincuentes, a propósito de la expedición de la Ley 5ª de 2001 sobre “Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas”, aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha. (Sentencia T-1073 de 2007).
Por lo tanto, se propone que el Registro Nacional de Medidas de Protección esté a cargo de la Procuraduría General de la Nación como autoridad idónea y competente, según el artículo 277 de la Constitución Política, para consolidar las medidas adoptadas y hacer seguimiento a las mismas. Además, el Registro servirá para que las autoridades de policía y demás responsables de la protección de las víctimas realicen el seguimiento debido.
En este sentido, también se propone modificar el Decreto-ley 019 de 2012 para que dentro de los resultados que arroja el buscador de antecedentes judiciales, de manera específica permita conocer si existen o no condenas sobre violencia intrafamiliar, violencia sexual, feminicidio y demás delitos relacionados con violencia contra la mujer, de la siguiente manera:


Decreto-ley 019 de 2012

Proyecto de ley

Artículo 94.

Consulta en línea de los antecedentes judiciales. Las entidades públicas o los particulares que requieran conocer los antecedentes judiciales de cualquier persona nacional o extranjera podrán consultarlos en línea en los registros de las bases de datos a que se refiere el artículo siguiente.

Para tal efecto, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional responsable de la custodia de la información judicial de los ciudadanos implementará un mecanismo de consulta en línea que garantice el derecho al acceso a la información sobre los antecedentes judiciales que allí reposen, en las condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento.

En todo caso, la administración de registros delictivos se sujetará a las normas contenidas en la Ley General Estatutaria de Protección de Datos Personales.



Artículo 2°. Adiciónese un inciso al artículo 94 del Decreto 019 de 2012.

Artículo 94. Consulta en línea de los antecedentes judicialesLas entidades públicas o los particulares que requieran conocer los antecedentes judiciales de cualquier persona nacional o extranjera podrán consultarlos en línea en los registros de las bases de datos a que se refiere el artículo siguiente.

Para tal efecto, el Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional responsable de la custodia de la información judicial de los ciudadanos implementará un mecanismo de consulta en línea que garantice el derecho al acceso a la información sobre los antecedentes judiciales que allí reposen, en las condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento.



Además de lo anterior, el mecanismo permitirá la consulta específica de condenas por los delitos relacionados por violencia intrafamiliar, violencia sexual y de género contenidos en los artículos 104A, 109, 116A, 229, 230, 208, 209, 210 y 210A de la Ley 599 de 2000.

En todo caso, la administración de registros delictivos se sujetará a las normas contenidas en la ley General Estatutaria de Protección de Datos Personales.




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