Suprema corte de justicia de la nacion



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3. Que el artículo 216 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, cumple con el imperativo constitucional, pues la disposición impugnada establece una regla general que dispone el número de regidores que le corresponderán a cada partido político por haber alcanzado, en principio, mínimo el dos por ciento de la votación municipal, lo que se traduce en la intención de la ciudadanía que acudió a votar, expresando con ello su voluntad.

4. En relación a los artículos 373, 374 y 375 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que prevén la substanciación de incidentes en los procedimientos electorales, considera que no son inconstitucionales, en tanto que establecen un orden jurídico armónico entra la ley secundaria y la Norma Suprema.

DECIMO SEGUNDO. Por su parte, el Procurador General de la República en el pedimento formulado respecto de las acciones de inconstitucionalidad 63/2009 y 64/2009, adujo en síntesis, lo siguiente:

I. En relación a los conceptos de invalidez que formulan los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de Chihuahua.

1. Que procede declarar la constitucionalidad del artículo 4o. de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, pues de ninguna forma transgrede las garantías de igualdad y de no discriminación previstas en los numerales 1o. y 4o. de la Norma Suprema, en virtud de que el establecimiento del cincuenta por ciento máximo para cualquiera de los sexos para obtener cargos de elección popular, es un porcentaje que refleja una paridad entre candidaturas de diferente género.

Aunado a lo anterior, advierte que en los preceptos constitucionales que se consideraran violados, no se establece ninguna obligación para instaurar determinado porcentaje en relación con las candidaturas para obtener cargos de elección popular; en consecuencia, al prever el artículo 4o. de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua un porcentaje máximo del cincuenta por ciento para candidaturas a cargos de elección popular para cualquiera de los sexos, refleja una equidad en la participación política tanto de hombres como mujeres, lo que aduce, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 58/2000, cuyo rubro señala: “INSTITUCIONES POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. LOS ARTICULOS 20, PARRAFO SEGUNDO, 21, PARRAFOS CUARTO Y QUINTO, Y 26, FRACCIONES VIII Y VIII, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN PORCENTAJE MAXIMO DE PARTICIPACION EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS DE UN SOLO GENERO EN CARGOS DE ELECCION POPULAR, NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD”.

Asimismo señala que la hipótesis normativa contenida en el artículo impugnado no conculca los postulados fundamentales contenidos en los numerales 34, fracciones I y II, 35, fracciones I y II, 41, fracción I, y 133 de la Ley Fundamental, pues de ninguna manera se restringe la prerrogativa que tienen los ciudadanos para votar y ser votados para los cargos de elección popular.

2. Que debe declararse la validez constitucional de los artículos 16, numeral 3, párrafo segundo, y 131, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en virtud de que la excepción prevista en los artículos impugnados no rompe con previsión constitucional alguna, toda vez que dentro de la libertad auto-organizativa de los partidos políticos, los mismos tienen la obligación de garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección, y en las candidaturas a cargos de elección popular.

Esto es, si en la Constitución Federal no se prevé la exigencia de algún tipo de porcentaje respecto a las candidaturas a cargos de elección popular y, por el contrario, sólo se establecen las bases del principio de igualdad entre hombres y mujeres, no puede obligarse a los partidos políticos a que establezcan porcentaje alguno respecto de las formas de elección democrática que contemplen de conformidad con sus estatutos.



3. Que el numeral 4 del artículo 17 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no es inconstitucional, puesto que del contenido de dicha porción normativa no se advierte violación a las garantías de igualdad y de no discriminación previstas en los numerales 1o. y 4o. de la Norma Suprema, en virtud de que la previsión de que el sexo subrepresentado al cargo como propietario, ocupará el segundo lugar propietario de la lista de representación proporcional, cuando del registro total de las candidaturas que hagan los partidos o coaliciones por el principio de mayoría relativa, aparecieren más del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo sexo, es una regla que garantiza que los partidos políticos obtengan diputaciones por tal principio, y que el sexo que se considere subrepresentado, sean hombres o mujeres, tenga mayor oportunidad para el acceso al mismo y que exista una paridad entre candidaturas.

Además, estima que el numeral impugnado no establece que necesariamente sean las mujeres quienes deban ocupar el segundo lugar propietario de la lista de representación proporcional, puesto que el precepto combatido no hace distinción entre hombres y mujeres, ya que únicamente hace alusión al sexo que se considere subrepresentado. De ahí que resulte evidente que los argumentos de los diputados integrantes de la Legislatura de Chihuahua son infundados.



4. En relación a la alegada inconstitucionalidad del artículo 58, numeral 5, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, considera que resulta inatendible el concepto de invalidez, en virtud de que se pretende establecer una contradicción entre el artículo impugnado y el precepto 41 de la misma Ley, lo cual no es posible analizar a través de este medio de control constitucional, ya que las acciones de inconstitucionalidad proceden únicamente contra normas generales que sean contrarias a la Constitución Federal.

5. Que procede la declaración de inconstitucionalidad del numeral 4 del artículo 81, y del numeral 7 del artículo 85, de la Ley impugnada, en tanto que se actualiza la violación a los numerales 1o. y 4o. de la Constitución Federal, particularmente respecto del principio de no discriminación entre géneros, pues si bien el legislador debe de establecer los mecanismos para respetar la equidad de género, sin embargo, tal principio opera única y exclusivamente en las candidaturas electorales, sin que ello sea premisa fundamental para la integración de alguna autoridad electoral, pues los principios que deben reunir los integrantes del citado organismo sólo se enfocan a cumplir con las exigencias de la actividad a la que serán encomendados, es decir, los principios que deben regir para ser parte de alguna autoridad electoral, fuese el nivel que sea, van encaminados a la eficiencia y eficacia en el ejercicio del cargo, y de ninguna manera se debe de establecer porcentaje respecto del género.

En ese orden de ideas, el legislador de Chihuahua al establecer que el Instituto Estatal Electoral se integrará con un máximo de setenta por ciento de ciudadanos de un mismo género, atenta contra el principio de no discriminación entre el hombre y la mujer, pues de manera imperativa señala que la integración de la autoridad administrativa electoral debe de estar conformada por cierto porcentaje de un mismo género.



II. Respecto a lo argumentado por el Partido del Trabajo.

1. Que el artículo 64 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no es inconstitucional, pues si bien es cierto que las etapas del proceso electoral se encuentran constreñidas a los plazos que señale la ley; sin embargo, el legislador local, como acontece en la especie, puede señalar en la ley electoral, que de manera excepcional y previo acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Chihuahua, la Comisión de Fiscalización puede abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes, los cuales deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el citado Consejo autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo.

Lo anterior es así, ya que la Norma Fundamental respecto de la fiscalización de los partidos políticos señala que serán las normas secundarias en materia electoral las que establezcan con precisión las directrices para llevar a cabo dicha atribución, por ello, el Congreso local en ejercicio del imperativo constitucional en mención y con el afán de que los recursos económicos y las finanzas de los partidos políticos se ajusten a los lineamientos legales, puede ampliar los plazos para ello, siempre y cuando exista una causa justificada y que el Consejo General apruebe tal prórroga mediante acuerdos, esto es, no queda al arbitrio de la Comisión de Fiscalización llevar el procedimiento extraordinario de fiscalización; además de que en todo momento se deben observar las disposiciones que regulan los procesos ordinarios.

Así también, considera que, en el ejercicio de sus facultades, la Comisión de Fiscalización deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos y, en general, de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización, luego entonces, resulta infundado el argumento del Partido del Trabajo, en el sentido de que no se respeta el derecho de audiencia previa de los entes fiscalizados en los procesos extraordinarios; asimismo, el propio artículo 64 de la Ley Electoral de Chihuahua señala que los acuerdos del Consejo General relacionados con los procedimientos extraordinarios de fiscalización pueden ser impugnados ante el Tribunal Estatal Electoral; de ahí que exista la doble oportunidad de los entes fiscalizados de que participen o que cuestionen los procedimientos extraordinarios de fiscalización, ya que por un lado la Comisión de Fiscalización deberá respetar el derecho de los partidos políticos que se auditan a presentar todos los elementos que consideren adecuados para la revisión de sus finanzas y recursos y, por el otro, pueden combatir los acuerdos del Consejo General ante la autoridad jurisdiccional en materia electoral, cuando consideren que no es necesario abrir un periodo extraordinario.

Es por lo anterior que el Procurador General de la República estima que no se trastocan los principios que deben regir el actuar de las autoridades electorales (legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia) esto es, el actuar de la Comisión de Fiscalización no es arbitraria, sino que se debe ajustar a los lineamientos legales, pues no existe preferencia sobre algún ente a fiscalizar, es decir, cualquiera de ellos puede ser susceptible de fiscalización de manera extraordinaria y recibiendo el mismo trato, luego entonces, no se provocan situaciones conflictivas en el desarrollo de la citada etapa de fiscalización, y por último no existe incertidumbre entre los entes fiscalizados pues existen reglas claras para llevar a cabo el procedimiento fiscalización.



2. Que el numeral 15 del artículo 210, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no debe considerarse inconstitucional, toda vez que no se actualiza ninguna violación al marco constitucional en materia electoral, particularmente respecto del recuento de votos o sobre el sistema de medios de impugnación, habida cuenta de que la norma se limita a señalar que una vez que los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo que hayan sido corregidos por la autoridad electoral administrativa, no podrán invocarse como causa de nulidad ante la autoridad jurisdiccional electoral. Esto es así, pues la norma en cuestión no debe interpretarse de manera aislada, sino que debe concatenarse con el procedimiento para llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de las actas, en donde al momento de contabilizar la votación, se encuentran presentes los representantes acreditados de los partidos políticos, los cuales harán constar las objeciones que consideren pertinentes, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Estatal Electoral el cómputo de que se trate.

Por otro lado, aduce que respecto del numeral 16 del artículo impugnado sí se actualiza una violación a la Norma Suprema, pues el legislador de Chihuahua violentó los principios constitucionales consagrados en los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso c) y l). Lo anterior es así, en primer lugar porque el artículo 210, numeral 16, hace nugatorio el imperativo constitucional consistente en que las leyes electorales locales, deben garantizar, entre otras cuestiones, el recuento de los votos totales y parciales en la sede jurisdiccional, pues es claro que en el Estado de Chihuahua, el Tribunal Electoral si bien puede realizar el recuento total de votos, no podrá ejercer tal atribución cuando previamente la autoridad administrativa lo hubiese hecho a través de los consejos distritales.

Argumenta que lo anterior implica que la norma electoral impugnada le dé sólo a la autoridad administrativa electoral, la atribución del recuento de votos, esto es, se le resta de toda facultad al Tribunal Electoral para conocer del recuento de votos, monopolizándose en consecuencia dicha facultad, pues deja de forma única y exclusiva a la autoridad administrativa su ejercicio, lo que provoca una violación al Mandato Supremo.

También considera que bajo ese esquema resulta menoscabado el principio de impartición de justicia y, en particular, la garantía de acceso a la justicia de los actores políticos, pues no pueden promover los medios de impugnación idóneos respecto del recuento de votos que lleven a cabo los distritos electorales, por un lado, porque el legislador de Chihuahua al emitir las normas impugnadas señala categóricamente que en ningún caso podrá solicitarse a la autoridad jurisdiccional electoral de la Entidad que realice el recuento de votos, respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento ante el Instituto Electoral local.

En efecto, se imposibilita a los entes legitimados de impugnar el recuento de votos que lleve a cabo el Instituto Estatal Electoral, aun cuando se lleve a cabo un procedimiento, pues no existe una justificación constitucional para ello, pues la Constitución Federal de manera imperativa indica que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales deben ser susceptibles de impugnarse, pues de ello depende la transparencia y legalidad de los comicios.

Considera que de igual manera se trastocan los principios de autonomía e independencia del Tribunal Electoral de Chihuahua, porque la citada autoridad electoral no puede ejercer las facultades relacionadas con las resoluciones o actos derivados del recuento de votos, pues el Instituto Estatal Electoral será el único facultado para ello, esto es, la autoridad administrativa se convierte en la única instancia para que los actores políticos conozcan del recuento de votos, lo que se traduce en que la citada autoridad electoral merme los atributos jurisdiccionales en materia electoral.

Por último, estima que se suman a los anteriores vicios de inconstitucionalidad, los relacionados con la violación a los principios que deben regir en materia electoral, en particular se trastocan el de legalidad y el de certeza; esto es, se configura la violación al principio de legalidad, pues no existe instancia o medio de impugnación para cuestionar el actuar del Instituto Estatal Electoral respecto del recuento de votos en los consejos distritales, pues aun cuando se cometan irregularidades, los actores políticos no podrán cuestionar dicho recuento so pretexto de que la autoridad administrativa ya desahogó un procedimiento, lo que denota un actuar al margen de la ley. En cuanto al principio de certeza, este se ve trastocado, pues no se le dota a las autoridades locales en materia electoral de facultades ciertas, por el contrario, se le confiere al Instituto Estatal Electoral la atribución para que en única instancia, recuente los votos; asimismo, se provoca en los participantes del proceso electoral incertidumbre, pues no conocen previamente con claridad y seguridad las reglas de la actuación de las autoridades electorales, esto es, en caso de irregularidades en el recuento de los votos no podrán impugnarlas ante el Tribunal Electoral.

3. Respecto al artículo 216, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua estima que la norma cuestionada cumple cabalmente el imperativo constitucional de hacer patente la integración plural en los órganos de gobierno municipales, pues de manera expresa se señala que la asignación de regidores electos según el principio de representación proporcional, se sujetará a las bases que enmarca el precepto cuestionado; asimismo, se valora a los partidos políticos o coaliciones que no hayan obtenido el triunfo de mayoría relativa y hayan alcanzado por lo menos el dos por ciento de la votación municipal válida emitida, lo que denota que se ajusta al principio de representación proporcional.

En efecto, el fin del sistema de representación proporcional es que participen los partidos políticos que hayan logrado determinada votación, el dos por ciento en este caso, de la votación municipal emitida, pero este sistema implica que se determinen ciertas fórmulas matemáticas, para que, tomando en consideración que tienen el requisito de haber tenido la votación mínima requerida para poder tener derecho a la distribución de este tipo de candidatos, se realicen ciertas operaciones que determinen el número de ediles que les corresponden.

Aduce que partiendo de lo anterior, para la asignación de las regidurías se toma en cuenta la población del municipio concatenado con el porcentaje de la votación municipal, lo que denota que no se actualiza la inconstitucionalidad que refiere el Partido del Trabajo, pues se designa el número de regidores partiendo del binomio población-votación. De igual manera se establece que agotado el procedimiento de asignación a través del porcentaje mínimo y en caso de que se encuentren pendientes de asignar regidores, se llevará a cabo la asignación por este principio, sujetándose a una fórmula que aplicará los elementos de cociente de unidad y resto mayor, los cuales también toman como base el voto o mejor dicho la votación válida emitida en cada municipio a favor de los partidos y coaliciones.

Considera que, en suma, resultan infundados los argumentos del Partido del Trabajo, pues los dos mecanismos para la designación de los regidores bajo el principio de representación proporcional, toman como medida la votación emitida en el municipio, utilizando para ello, fórmulas aritméticas, las cuales son razonables y ajustadas al marco constitucional.



4. En relación a la aducida inconstitucionalidad de los artículos 373, 374 y 375 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, al prever la substanciación de incidentes en los procedimientos electorales, considera que la posibilidad del surgimiento de incidentes, por cualquier motivo, es connatural a los procesos jurisdiccionales de cualquier clase o materia, aunque no existan reglas específicas en la normatividad aplicable o incidentes nominados, y esto suele ser reconocido como presupuesto implícito en las leyes rectoras de los procedimientos; con base en ese presupuesto implícito, resulta ordinario que la regla general sea el acceso de los tribunales al planteamiento, tramitación y resolución de cualquier incidente que se suscite, sin que la legislación procesal se ocupe de procesar todos los posibles incidentes que se puedan suscitar, por lo que el objeto de regulación suele dirigirse al establecimiento de restricciones específicas, fijando un procedimiento genérico para todos los incidentes innominados, y algunos procedimientos específicos para incidentes identificados nominalmente.

Que esta posición se encuentra adoptada en los artículos impugnados, por un lado, porque existen dos incidentes perfectamente identificados (los recuentos parciales y totales de votos) y, por el otro, pueden actualizarse diversos incidentes al amparo de un medio de impugnación principal, lo cual no genera incertidumbre procesal hacia los actores políticos, pues el legislador de Chihuahua en estricto apego al marco constitucional, estableció la regulación para la tramitación de los incidentes, pues pueden surgir diversas cuestiones relacionadas con un medio de impugnación y que tienen relación inmediata con el mismo y que es necesario su tramitación y resolución. Es por ello que resulta razonable que las normas cuestionadas no se pueda hacer una relación de los incidentes que pueden surgir, sino establecer un procedimiento genérico para la tramitación y regulación de los incidentes que no tengan una regulación especial, pues, se insiste, pueden darse una serie de cuestiones que se deban tramitar y resolver de manera incidental, sin que ello, desvirtúe la etapa impugnativa.



DECIMO TERCERO. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro Instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de las acciones plantean la posible contradicción de diversas normas de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, con la Constitución General de la República.

SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de las demandas. Por razón de orden, en primer lugar, se procede a analizar si las acciones de inconstitucionalidad acumuladas fueron presentadas oportunamente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:



"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.

Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles”.

Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerándose en materia electoral, todos los días como hábiles.

El Decreto número 733-09 V P.E. por medio del cual se expidió la nueva Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se publicó en el Periódico Oficial de la Entidad el doce de septiembre de dos mil nueve, según se advierte del ejemplar que de dicho medio informativo obra a fojas doscientos cincuenta y tres del tomo I de pruebas correspondiente al expediente de esta acción.

Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el trece de septiembre y venció el doce de octubre de dos mil nueve.

En el caso, las acciones promovidas por los Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y por el Partido del Trabajo se presentaron el nueve de octubre de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se advierte de las fojas treinta y uno vuelta y ciento ochenta y cuatro vuelta del expediente en que se actúa; y por lo que hace a la acción promovida por el Procurador General de la República ésta se presentó ante el autorizado para recibir promociones de término fuera del horario normal de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de octubre de dos mil nueve, según se desprende del sello y de la razón que obran al reverso de las fojas cuatrocientos treinta y nueve vuelta del presente expediente, esto es, la demandas se presentaron el vigésimo séptimo y último día, respectivamente, del plazo correspondiente, por lo que debe concluirse que fueron presentadas en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de la materia.




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