Suprema corte de justicia de la nacion



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4. Que resulta inconstitucional el artículo 96, apartado 1, fracción XXXIII de la Ley Electoral de Chihuahua, porque contempla la posibilidad de que un órgano distinto al Instituto Federal Electoral y a la autoridad electoral local competente, intervenga en el proceso de celebración del convenio relativo a la organización del proceso electoral local.

Además, este precepto vulnera la independencia y autonomía de la autoridad electoral local, pues supedita el ejercicio de una de sus facultades (la celebración del convenio aludido), a la autorización previa por parte del Congreso de la Entidad, para que se lleve a cabo un estudio, a efecto de que sean establecidos distintos parámetros vinculados con la posibilidad de que el órgano federal asuma la organización del proceso local; lo anterior, pues en la lógica normativa del precepto impugnado, la existencia de la aprobación legislativa referida se entiende como una condición previa que debe cumplirse para que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua tenga la posibilidad de llevar a cabo el convenio de mérito.



5. Estima igualmente inconstitucional el artículo 143 de la Ley Electoral Estatal, que dispone que durante el tiempo que duren las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial respectiva, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios de comunicación social, salvo las relativas a los servicios educativos, cultural y de salud; las necesarias a la protección civil en casos de emergencia y, además, las tendentes a incentivar el pago de los impuestos, la promoción turística, las relativas a las licitaciones públicas, o las de beneficencia, siempre y cuando no se incluya ninguna referencia o logotipo del Gobierno Federal, del Estado, o ayuntamiento de que se trate.

Lo anterior, pues prevé supuestos de excepción a la prohibición establecida en el artículo 41, base III, apartado C de la Constitución Federal y, deja de observar las condicionantes que dispone el artículo 134 de la propia Carta Magna, en relación a que la propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicación social difunda cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.



DECIMO. El Congreso del Estado de Chihuahua al rendir su informe manifestó lo siguiente:

I. Respecto a los conceptos de invalidez que formularon los Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de Chihuahua, manifestó lo siguiente:

1. En relación con el primer concepto de invalidez alegó que este es infundado, ya que el artículo 4o. de la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua, no se contrapone con lo previsto en los artículos 1o., 4o., 34, 35, 41 y 133 de la Constitución Federal, pues el simple hecho de que se establezca la excepción de que “cuando la naturaleza del cargo lo permita”, se refiere lisa y llanamente a una posición de flexibilidad y no rigidez de la ley.

Asimismo, refiere que no es válido fundamentar la acción en resultados de elecciones o comportamientos estadísticos de comicios anteriores, pues es imposible saber cómo se va a comportar la afluencia de votos en una contienda electoral; es por ello que la ley se encarga de garantizar la igualdad y la no discriminación mediante supuestos generales, abstractos e impersonales que aseguran la no vulnerabilidad de la garantía contemplada en el artículo 1o. de la Carta Magna.



2. Por lo que hace al segundo concepto de invalidez, señala que no es inconstitucional el numeral 3 del artículo 16, así como el numeral 3 del artículo 131 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, ya que no existe violación alguna a la garantía contemplada en el artículo 1o. de la Constitución Federal, pues la excepción al porcentaje de un cincuenta por ciento señalado para las cuotas de género, en relación con las candidaturas que provengan de un proceso de elección democrático que se encuentre previsto en los estatutos de cada partido político, se encamina a respetar lo contemplado en el artículo 41, fracción I, párrafo tercero de la Norma Fundamental, esto es, la verdadera obligación constitucional es la de respetar la vida interna de los partidos políticos.

Además, la parte actora fundamenta su concepto de invalidez en las formas porcentuales en las que finalmente quedaron constituidas las inscripciones por parte de los partidos políticos ante las autoridades electorales en el proceso de dos mil siete, a lo cual si se consideró la existencia de alguna violación a las garantías individuales, debió haberse promovido en la vía de impugnación correcta y ante las autoridades competentes, no en esta vía que busca ajustar a la Constitución las normas generales, abstractas e impersonales.



3. Que contrariamente a lo que argumentan los integrantes de la minoría de la LXII Legislatura del Congreso de Chihuahua, el numeral 4 del artículo 17 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es constitucional, ya que garantiza la igualdad de género y la no discriminación al contemplar que: “cuando del registro total de las candidaturas que hagan los partidos o coaliciones por el principio de mayoría relativa, aparecieren más del 50% de candidatos de un mismo sexo, el sexo subrepresentado al cargo como propietario ocupará, cuando menos, el segundo lugar propietario de la lista de representación proporcional”, lo que asegura la igualdad de género contemplada en la Carta Magna, tratados internacionales y convenios celebrados por el Estado Mexicano. Así también, la norma impugnada atiende a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Que contrariamente a lo aducido, el artículo 58, numeral 5, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es constitucional, en tanto que lo único que se establece en el citado numeral es la obligación de otorgar el dos por ciento del financiamiento público ordinario para fines de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; es decir, dicha obligación no es inconstitucional, por el contrario, es una norma que contribuye con el adecuado impulso de la igualdad de género y la no discriminación.

Luego, lo anterior no se contrapone con lo dispuesto en el artículo 41 de la propia Ley Electoral, pues de éste último se desprende que los partidos políticos deberán canalizar el quince por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, con el fin de impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de género, lo que en congruencia con el artículo 58, numeral 5, del referido cuerpo normativo, lleva a la conclusión de que dichos porcentajes se aplicarán en mecanismos que permitirán a las mujeres militantes de sus partidos, promover, desarrollar y fortalecer su liderazgo, participación política.



5. Por último, respecto a la aludida inconstitucionalidad del numeral 4 del artículo 81, y el numeral 7 del diverso 85, de la Ley impugnada, referentes a los porcentajes para la composición, en materia de género, del órgano estatal electoral, señala que esta Suprema Corte ya ha abordado el tema, como se advierte de la las palabras del Ministro Cossío Díaz en la sesión pública plenaria relativa a la acción de inconstitucionalidad 7/2009 y acumuladas, al referir que: “yo no creo que ni el artículo 1o., ni el artículo 4o., obliguen a que la única forma de realizar o de lograr la igualdad real sea a través de acciones afirmativas, y en segundo lugar, porque me parece que de las acciones afirmativas tomadas o decididas por las legislaturas de los estados, son correctos los porcentajes que la propia legislación establece. Yo creo que en ese sentido hay una acción afirmativa y no encuentro ningún elemento constitucional para declarar inválido ese porcentaje”; por tanto, aduce, resulta innecesario que se retomen temas en los cuales ya se ha sentado un criterio firme.

II. En torno a los conceptos de invalidez expuestos por el Partido del Trabajo, la autoridad demandada argumentó lo siguiente:

1. El artículo 64 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es constitucional, ya que la norma deriva de la reforma estructural en materia electoral que operó sobre nuestra Carta Magna, en los numerales 41, 116 y 134, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día trece de noviembre del año dos mil siete, pues parte de la teleología de la reforma constitucional referida, es que se establezcan los nuevos ordenamientos respecto al financiamiento de los partidos políticos, así como el menester de tener una mayor fiscalización de los mismos; de ahí que la reforma al artículo 116, fracción IV, incisos g) y h), de la Constitución Federal, establece que las constituciones y leyes de los Estados garanticen que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público y se fijen los criterios para topes de gastos de campaña y precampaña, así como los montos máximos de financiamiento privado; y de igual forma, los procedimientos de control de vigilancia de origen y uso de los recursos.

Es por esto que la citada Ley Electoral Estatal al contemplar la posibilidad de abrir procesos extraordinarios de fiscalización, no transgrede ni se extralimita a lo que ordena la Constitución Federal, ya que el combatido numeral 64 de la Ley Electoral Estatal, es una transcripción fiel y literal de lo establecido en el artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que se encuentra establecido bajo un orden sistemático ordenado por la Constitución Federal en su artículo 116.

Asimismo, señala que dicho proceso extraordinario de fiscalización de ninguna manera deja en estado de indefensión a los partidos políticos, porque los acuerdos del Consejo General que se generen con respecto a tales procedimientos extraordinarios, así como el previo acuerdo que se tenga con el Consejo para iniciarlos, podrán ser impugnados ante el Tribunal Estatal Electoral, por lo que en ningún momento se podría dar el caso en el que se transgredan las garantías de audiencia y debido proceso.

2. Que contrariamente a lo argumentado por el Partido del Trabajo, el artículo 210, numerales 15 y 16 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es constitucional, ya que en atención a lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso I), de la Constitución Federal y 36, párrafo cuarto, de la Constitución del Estado de Chihuahua, se tiene que la ley de la materia señalará los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de los recuentos totales o parciales de votación.

Para tal efecto, en los artículos 204 y 205 del cuerpo normativo impugnado, se establecen definiciones a los anteriores conceptos, y como finalidad del recuento, se prevé la de hacer prevalecer el voto ciudadano, clarificando con certeza y exactitud la voluntad ciudadana ejercida en las urnas. Asimismo, se incluyen tres nuevos supuestos para la procedencia del nuevo escrutinio y cómputo de casilla en sede administrativa, es decir, ante la asamblea municipal o distrital que corresponda y que se refieren a cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas correspondientes.

En lo que respecta a recuentos, se encuentra establecido el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo el recuento de votos ante la instancia jurisdiccional, contemplando los requisitos que deben cumplirse para la procedencia del mismo; el órgano facultado para acordarla; así como las formalidades y el procedimiento para llevarlo a cabo; todo lo cual se encuentra establecido en el artículo 212 de la Ley Electoral Estatal. De tal modo que existe la regulación en ambos casos y la opción de escoger cualquiera de las dos vías por la parte afectada.

Por lo tanto, no se transgrede en ningún momento la Constitución Federal, ya que el artículo 116, fracción IV, inciso I), sólo ordena que se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, así como los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación, lo que la Ley combatida cumple cabalmente.



3. Argumenta que el artículo 216, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es constitucional, porque la asignación de regidores por el principio de representación proporcional tiene como razón de ser la consistente en clarificar el concepto de votación estatal válida emitida, previsto en la Constitución local y que es utilizado indistintamente para mecanismos diversos, esto es, tanto para determinar umbrales mínimos de asignación de curules, así como para la distribución de las mismas y que el concepto de votación estatal válida emitida se utiliza para determinar qué partidos políticos o coaliciones tienen derecho a la asignación de curules, siendo aquellos que alcancen por lo menos el dos por ciento del aludido concepto.

Así también, es constitucional en tanto que está sustentado en lo que dispone la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-098/2001, que determinó los alcances de dicho artículo: “atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de los preceptos relacionados con la asignación de curules por el principio de representación proporcional, y tomando en cuenta los antecedentes legislativos antes referidos, con la determinación de los porcentajes de la votación válida obtenida por el distrito debe tenerse en cuenta el total de los votos emitidos en el distrito, menos los votos nulos y los relativos a candidatos no registrados, pero sin excluir los votos obtenidos por los partidos políticos que no alcanzaron el 2% de la votación, sea a nivel estatal o distrital, es decir, deberán tomarse en consideración todos los votos emitidos a favor de los partidos políticos que contendieron y que fueron válidos, pues se trata de determinar cuál fue el porcentaje de votación que recibió cada candidato con motivo de la jornada electoral, en comparación con los demás candidatos de otros partidos políticos, es decir, de sus pares, pero dentro de una circunscripción territorial determinada que es el distrito electoral, misma que, como ha quedado señalado, puede diferir entre uno y otro, atendiendo a los factores geográficos, de vías de comunicación y demográficos entre otros”.

Igualmente sostiene que el sistema de representación proporcional que ahora se combate se encuentra regulado en el artículo 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se sujeta a lo establecido en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal; de ahí que la ley combatida se encuentra supeditada a las garantías y mandamientos constitucionales de la materia, citando al efecto la jurisprudencia P./J. 70/98, del rubro siguiente: “MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACION DE LOS ORGANOS LEGISLATIVOS”.

4. Por cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 373, 374 y 375 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, señala que no le asiste la razón a la parte actora, ya que el fin de la norma impugnada es dar cumplimiento al principio de legalidad que delinean los artículos 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución Federal y 36, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, pues las normas existentes en la ley vigente se adecuan a los principios de congruencia y claridad legislativa al precisar los términos, plazos, requisitos y medios de defensa con que cuentan las partes en los medios de impugnación. Es por esto que los incidentes regulados por la Ley Electoral Local siguen las reglas generales procesales establecidas en la Constitución Federal, en las que en todo proceso incidental se da participación a ambas partes, en tanto que es una regla de carácter general del derecho que se aplica a todas las ramas y materias.

III. En relación a los conceptos de invalidez esgrimidos por el Procurador General de la República, indicó lo siguiente:

1. Que el artículo 14 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es constitucional, porque la Constitución General de la República no establece que deba ser facultad exclusiva o única de los órganos electorales la aprobación de la demarcación territorial; además de que dicha demarcación se hace mediante votación de por lo menos dos terceras partes de los diputados presentes, lo que acata escrupulosamente los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, ya que en su artículo 40 determina que la ley establecerá la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, atendiendo preponderantemente al factor poblacional que resulte de dividir la población estatal entre el número de distritos, pudiendo contar con un rango de variación de más menos el quince por ciento del promedio general, que se verá complementado tomando en consideración los criterios de continuidad geográfica, vías y medios de comunicación y características geográficas de la demarcación territorial.

Además de que debe tenerse en cuenta que de acuerdo a los ordenamientos legales en la materia para el Estado, se establece que los órganos electorales son quienes deben de practicar el estudio técnico para realizar la referida demarcación territorial, y quien debe aprobarla es el Congreso del Estado, ya que una demarcación territorial es un acto formal y materialmente legislativo, dada su naturaleza.



2. Argumenta que, contrariamente a lo señalado por el Procurador General de la República, el artículo 16 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es constitucional, en tanto que en la parte conducente del artículo 54 de la Carta Magna, se establece que ningún partido político tendrá por ambos principios más de trescientos diputados, sin embargo, no hace referencia a que se trate de la cantidad de distritos uninominales, y si bien es cierto en el Estado de Chihuahua se establece que ningún partido político podrá tener más de veinte diputados por ambos principios, es en atención a la cláusula de gobernabilidad y en atención a la pluralidad que debe existir en un órgano de representación.

Asimismo, aduce que resulta inadmisible la pretensión del actor, toda vez que el tope máximo (veinte diputados por ambos principios) al que un partido político puede acceder en la integración del Congreso no es absoluto; tal y como se desprende del numeral 2 del precepto legal en cita, en el que se establece la excepción en aquellos casos en que los triunfos electorales por el principio de mayoría relativa de un partido político sobrepase este tope máximo; es decir, tal excepción trae consigo la posibilidad de que un partido político pueda obtener un número igual de diputados al del número de distritos electorales.

Insiste en que, de cualquier forma, en la historia electoral del Estado de Chihuahua, jamás se ha dado el caso de que un partido político obtenga más de veinte diputados; lo anterior, toda vez que las contiendas electorales en las elecciones de diputados de mayoría relativa han sido sumamente competitivas, lo que no ha permitido a partido político alguno acceder a la hipótesis legal a que hace referencia el Procurador General de la República.

3. También sostiene la constitucionalidad de los artículos 386 a 390, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, pues la figura de la revocación del mandato no fue modificada, por lo que siempre ha estado vigente y no ha dejado de surtir efectos; además, en relación a la garantía de audiencia, si bien no está plasmada expresamente en la norma impugnada, lo cierto es que es obligación de todas las autoridades conceder dicha garantía.

4. Por último, en lo que respecta al artículo 143, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, argumenta que es constitucional, ya que únicamente se plasmaron los acuerdos tomados por el Instituto Federal Electoral en materia de propaganda gubernamental, contenidos en el “Acuerdo de Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se modifican las Normas Reglamentarias sobre Propaganda Gubernamental, a que se refiere el artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Cabe agregar que la autoridad demandada no expresó argumento alguno en relación con el cuarto y sexto concepto de invalidez de la demanda del Procurador General de la República.



DECIMO PRIMERO. El Gobernador del Estado de Chihuahua en el informe que le fue requerido, argumentó en síntesis, lo siguiente:

I. Respecto a los conceptos de invalidez que formulan los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de Chihuahua.

1. Que el artículo 4o. de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, es constitucional, toda vez que al fijar los parámetros de paridad cumple con lo establecido en la Carta Magna, leyes federales y tratados internacionales, sin que se presente una discriminación de género cuando se utiliza la frase “la naturaleza del cargo lo permita”, pues se hace referencia única y exclusivamente a la imposibilidad natural y jurídica de cumplir con esta regla en los cargos unipersonales.

2. Que los actores consideran erróneamente que los artículos 16, numeral 3, párrafo segundo, y 131, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua son inconstitucionales, pues dejan de lado la facultad y autonomía que históricamente han conseguido los partidos políticos, instituyendo paulatinamente procesos internos democráticos para la elección de sus candidatos, los cuales han favorecido a las mujeres y clases políticas minoritarias existentes en los diversos partidos. De ahí que los estatutos y ordenamientos que rigen la vida de los partidos políticos deban ser tomados en cuenta, pues con su buena evolución dichos institutos generarán avances en la vida democrática del país, por tanto es equívoco pensar que la Ley impugnada va en contra de la Constitución cuyos postulados promueven las manifestaciones democráticas.

3. Que el numeral 4 del artículo 17 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no es inconstitucional, pues en éste no se discrimina de forma alguna al género femenino, por el contrario, se busca la equidad al observar el supuesto de que fuera mayor el número de mujeres u hombres que se registrasen como propietarios, excediéndose el límite del cincuenta por ciento que establece la Ley; además de que la norma en ningún momento indica o asegura que las mujeres serán quienes deben ocupar este segundo lugar, pues con los avances políticos de este género podría invertirse el pronóstico que hacen los Diputados actores.

II. En relación a lo aducido por el Partido del Trabajo.

1. Que el artículo 64 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no es inconstitucional, pues actualmente existe por parte de las autoridades la obligación de garantizar el derecho a la información, transparentándose la cuenta pública; de ahí que los partidos políticos deben permitir la fiscalización de los recursos cuantas veces sea necesario para cumplir con este deber.

2. Que el numeral 15 del artículo 210, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no debe considerarse inconstitucional, toda vez que no se hace nugatorio el derecho que tienen los partidos políticos y candidatos a solicitar el recuento total o parcial de votos, pues esta salvedad se hace respecto a las actas que ya hayan sido corregidas y en aquellos casos que la casilla ya haya sido revisada en el Instituto Estatal Electoral, ello para no generar procedimientos ociosos que se traduzcan en incertidumbre para la sociedad.



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