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Tercer concepto de invalidez



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Tercer concepto de invalidez.

Los artículos 386 a 390, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua son inconstitucionales, en tanto que contrarían lo dispuesto en los artículos 14, 109 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establecen la revocación del mandato popular, a efecto de destituir a los servidores públicos electos mediante el voto, que incurran en algunas de las causas de responsabilidad política previstas en la legislación correspondiente, todo ello sin la debida observancia a la garantía de audiencia; esto es, se establece la figura de la revocación de mandato popular, misma que será solicitada a petición de la ciudadanía al manifestar su voluntad por escrito ante el Instituto Estatal Electoral, con un porcentaje del diez por ciento de la población del Estado, municipio o distrito, según sea el caso, para el efecto de destituir del cargo al servidor público electo mediante el voto que haya incurrido en alguna o algunas de las causas de responsabilidad política previstas tratándose del Gobernador y de los diputados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua, y tratándose de presidentes, síndicos y regidores municipales, en el Código Municipal de la Entidad.

Así, los preceptos impugnados disponen que se realizará una consulta donde el voto será secreto, libre y obligatorio; votarán por un “sí” los que estén de acuerdo con la destitución, y por un “no” los que consideren que el servidor público se debe mantener en el cargo; y, si la votación por la afirmativa es superior al número de sufragios que se hubieren obtenido para el triunfo electoral, surtirá efectos la destitución, todo lo anterior, sin que se respete la garantía de audiencia del servidor público en contra del cual se haya incoado dicho procedimiento de revocación de mandato.

Además de que dichos preceptos establecen un nuevo sistema de responsabilidad que no tiene sustento constitucional, puesto que el artículo 109 de la Carta Magna sólo contempla tres, a saber: la administrativa, la penal y la política, lo que implica que con la figura introducida por el legislador local se contempla la hipótesis para que un servidor público sea sancionado por la misma conducta, a través de dos procedimientos distintos, puesto que procede la revocación del mandato por las mismas causas que para el juicio político.

Asimismo aduce que la norma impugnada violenta flagrantemente el artículo 115 constitucional, puesto que pretende que por consulta pública, la ciudadanía revoque el mandato de las autoridades municipales, cuando esa norma constitucional prevé que ello solamente lo puede llevar a cabo la legislatura local, es decir, del artículo 115 de la Carta Magna se advierte claramente que el único ente constitucionalmente facultado para revocar el mandato de un miembro del cabildo, es precisamente el Congreso local, por las causas que al efecto se determinen, y siempre que se conceda al miembro la garantía de audiencia y debido proceso.

Asimismo, cita en apoyo a lo anterior, las tesis aisladas 2a. XXIX/2000 y 2a. XXX/2000; así como la jurisprudencia P./J. 115/2004, de los siguientes rubros, respectivamente: “AYUNTAMIENTO. EN EL PROCEDIMIENTO QUE SIGA LA LEGISLATURA LOCAL PARA EMITIR EL DECRETO DE REMOCION DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE AQUEL, SE DEBEN RESPETAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO”, “AYUNTAMIENTO. LA RESOLUCION LEGISLATIVA QUE DETERMINA LA REMOCION DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS, DEBE CONTENER UN EXAMEN EXHAUSTIVO DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE QUE AL EFECTO SE INTEGRO” y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSION O DESAPARICION DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 115, FRACCION I, PARRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCION FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACION Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO”.



Cuarto concepto de invalidez.

Que el artículo 96, fracción XXXIII, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua contraviene lo dispuesto en los artículos 41, Base V, último párrafo, y 116, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Federal, concretamente el principio de autonomía que se reconoce a los órganos electorales, ya que el numeral impugnado prevé que el Consejo del Instituto Estatal Electoral deberá: “Solicitar al Instituto Federal Electoral, previa aprobación del Congreso del Estado, el estudio en el que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que aquél asuma la organización del proceso electoral local…”

Esto es, el numeral que se tilda de inconstitucionalidad señala que dado el caso de que el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, como órgano autónomo, decidiera solicitar al Instituto Federal Electoral el estudio en el que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que aquél asuma la organización del proceso electoral local, es requisito sine qua non, la autorización previa de la Legislatura estatal, la cual se expresará con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes; lo que en consecuencia, supedita el actuar autónomo del Instituto Electoral del Estado a un poder de la entidad, en el caso, al Congreso del Estado, en otras palabras, somete la decisión del Instituto Electoral a lo que determine un ente que no es autoridad electoral, de ahí la inconstitucionalidad del precepto combatido.

Quinto concepto de invalidez.

Finalmente argumenta que el artículo 143, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua viola lo dispuesto en los artículos 41, Apartado C, párrafo segundo y 134, de la Constitución Federal, ya que establece como excepciones a la difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación social, lo relativo a las campañas “tendentes a incentivar el pago de impuestos, las de promoción turística, las relativas a licitaciones públicas, o las de beneficencia, siempre y cuando no se incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, del estado o ayuntamiento de que se trate…”, lo que aduce, rompe con el esquema establecido por el Constituyente Permanente, referente a privilegiar la equidad en los procesos electorales, eliminar la injerencia del gobierno en las elecciones y el desvío de fondos de comunicación social gubernamental hacia las contiendas de esa naturaleza.



Lo anterior, si se tiene en consideración que el Constituyente Permanente no confiere margen alguno al legislador ordinario local para establecer excepciones distintas a las previstas por los numerales constitucionales de referencia, esto es, la Carta Magna es clara en ordenar que la propaganda gubernamental deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, así como que las únicas excepciones a la difusión de propaganda gubernamental en época electoral, será la relativa a las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; empero, la norma combatida prevé otro tipo de excepciones ajenas a las que en su momento fijó el Constituyente Permanente.

TERCERO. Por acuerdos fechados el trece de octubre de dos mil nueve, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por los Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua con el número 63/2009 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo. Lo mismo ordenó en relación con la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo, a la que le correspondió el número 64/2009 y con la diversa promovida por el Procurador General de la República, la que se registró con el número 65/2009; así como decretó la acumulación de estos expedientes a la acción de inconstitucionalidad citada en primer término.

CUARTO. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, en el que tuvo por presentados a los promoventes de las acciones descritas con la personalidad que ostentan, admitiéndolas a trámite y ordenó dar vista al Organo Legislativo que emitió las normas combatidas y al Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al Procurador General de la República para que antes del cierre de la instrucción emitiera su opinión respecto de las acciones promovidas por los Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y por el Partido del Trabajo; asimismo, solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión y, por último, requirió al Presidente del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua para que dentro del plazo de tres días naturales, informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la Entidad.

QUINTO. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por presentada la opinión formulada por los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por rendido el informe solicitado al Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como exhibidas las documentales que acompañó a éste.

SEXTO. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, quien informó que el próximo proceso electoral ordinario de la Entidad, iniciará el quince de diciembre del año en curso.

SEPTIMO. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil nueve, se tuvo por rendido el informe del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; y, en consecuencia, se dejaron los autos a la vista de las partes para que dentro del plazo de dos días naturales formularan alegatos.

OCTAVO. Posteriormente por acuerdo de diez de noviembre siguiente se tuvo por formulado el pedimento del Procurador General de la República, respecto de las acciones de inconstitucionalidad 63/2009 y 64/2009.

NOVENO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión, señaló en síntesis lo siguiente:

I. Por lo que hace a los conceptos de invalidez que formulan los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de Chihuahua, señaló lo siguiente:

1. Que el artículo 4o. de Ley Electoral del Estado de Chihuahua no deviene inconstitucional, toda vez que, en relación con el tema de porcentajes de participación para el registro de candidaturas, la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2002, consideró que el establecimiento del setenta por ciento como porcentaje máximo de un solo género en el registro de candidatos, de forma alguna transgrede el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal. De ahí que el establecimiento en la ley electoral aprobada por el Congreso Local del Estado de Chihuahua, de un porcentaje máximo del cincuenta por ciento para candidaturas a cargos de elección popular para cualquiera de los sexos, se encamina a tratar de establecer una equidad mayor en la participación política de hombres y mujeres.

Por otra parte, el establecimiento de la premisa de que tal porcentaje deba cumplirse “siempre que la naturaleza del cargo lo permita”, no se estima inconstitucional, toda vez que se entiende que esta salvedad corresponde a aquellos cargos que, por su naturaleza, no cuenten con la figura de un suplente. Esto es así, dado que la paridad porcentual en cuanto a las candidaturas que deban presentarse de hombres y mujeres para obtener cargos de elección popular, sólo puede entenderse en cuanto a la totalidad de las candidaturas que puedan presentarse a tales cargos.

En ese sentido, la expresión que se tilda de inconstitucional debe entenderse referida sólo a los cargos de elección popular que por su naturaleza sean unipersonales y no colegiados. Tal situación se estima así, dado que de conformidad con los artículos 11 y 13 de la ley electoral en comento, se establece que por cada diputado local se contará con un suplente y, por otro lado, se señala que los ayuntamientos del Estado de Chihuahua se integrarán con un presidente, un síndico y regidores, los cuales contarán también con la figura de un suplente; por tanto, debe entenderse que la expresión “siempre que la naturaleza del cargo lo permita”, no puede concebirse como discriminatoria hacia cualquier género.

Agrega, que en los preceptos constitucionales que se consideraron violentados, no se establece obligación para instaurar porcentaje alguno en relación a las candidaturas a cargos de elección popular, sino que la finalidad de los mismos está encaminada a prohibir toda discriminación que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; por tanto, no pueden considerarse violados tales principios constitucionales, toda vez que, con el artículo en comento, el legislador local propició alcanzar en la práctica, la mayor paridad posible entre candidaturas de diferente género, con el fin de preservar la igualdad y no discriminación.



2. Que el segundo párrafo del numeral 3 del artículo 16, así como el numeral 3 del artículo 131 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no son inconstitucionales, en virtud de que la excepción normativa prevista en los artículos en cuestión no rompe con previsión constitucional alguna, ya que dentro de la libertad auto-organizativa de los partidos políticos, tienen la obligación de garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección, y en las candidaturas a cargos de elección popular.

Esto es, si a nivel constitucional no se prevé la exigencia de algún tipo de porcentaje respecto a las candidaturas a cargos de elección popular y, por el contrario, sólo se establecen las bases del principio de igualdad entre hombres y mujeres, no puede obligarse a los partidos políticos a que establezcan porcentaje alguno respecto de las formas de elección democrática que contemplen de conformidad con sus estatutos.



3. Que el numeral 4 del artículo 17 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no es inconstitucional, toda vez que los argumentos en que los accionantes sustentan la presunta inconstitucionalidad del precepto en estudio, son elementos fácticos que se basan en lo acontecido en procesos electorales locales llevados a cabo en el Estado de Chihuahua en años anteriores.

Así las cosas, tal situación no puede estimarse suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la norma, toda vez que el establecimiento de la fórmula de asignación de los diputados por el principio de representación proporcional procura garantizar que los partidos políticos obtengan diputaciones por tal principio, y que el sexo que se considere subrepresentado tenga mayor oportunidad para el acceso al mismo.



4. En relación a la alegada inconstitucionalidad del artículo 58, numeral 5, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, considera que en los conceptos de invalidez hechos valer por los accionantes no debe emitir opinión alguna, en virtud de que lo propuesto se encamina a demostrar una supuesta contradicción entre dos artículos de la misma ley.

5. Que el numeral 4 del artículo 81, y el numeral 7 del artículo 85, de la Ley impugnada no son inconstitucionales, pues el establecimiento de porcentajes en la integración del órgano electoral, propicia que no exista una desproporción en cuanto a su propia composición, esto es, no puede considerarse que se transgrede alguna norma constitucional dentro del tema de equidad y género, ya que la integración en tales porcentajes no impide que mujeres y hombres participen en igualdad de circunstancias para la propia constitución del Instituto Electoral Local y su Consejo General.

II. En relación con lo señalado por el Partido del Trabajo, indicó lo siguiente:

1. Que el artículo 64 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no es inconstitucional, ya que conforme a lo dispuesto en los artículos 41, base III, inciso c), párrafo segundo; y 116, fracción IV, inciso h), de la Norma Fundamental, los partidos políticos se encuentran sujetos a procesos de control y vigilancia de los recursos con que cuentan para el desarrollo de sus actividades, es decir, a procesos de fiscalización del origen y destino de los mismos.

Así, la creación de procesos de fiscalización extraordinarios, si bien no está específicamente establecida en la Constitución Federal, se convierte en un mecanismo más de control de los recursos públicos y privados con que cuentan los partidos políticos destinados a las actividades ordinarias permanentes y a los procesos electorales, de ahí que no debe considerarse contrario a la Carta Magna.

Por otra parte, en cuanto al argumento del Partido del Trabajo relativo a que la facultad de instaurar procesos de fiscalización extraordinarios vulnera las garantías de audiencia y debido proceso legal, considera que tampoco le asiste la razón, debido a que la propia Ley Electoral estatal establece en su artículo 61, que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en el ejercicio de sus facultades, debe garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos y, en general, de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización.

Por cuanto al argumento relacionado con el hecho de que tal facultad extraordinaria podría dejar en un completo estado de indefensión a los partidos políticos involucrados en dichos procesos, puesto que el Consejo General cuenta con la potestad de abrir procedimientos de fiscalización bajo los plazos que unilateralmente llegue a determinar, considera que tampoco puede tildarse de inconstitucional, pues por una parte, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua obliga a que la señalada Comisión respete la garantía de audiencia de los sujetos inmiscuidos en dichos procesos y, por otra, porque del propio artículo que se tilda inconstitucional, se desprende que los acuerdos aprobados por el órgano superior de dirección del Instituto Electoral Local, pueden ser impugnados ante el órgano jurisdiccional electoral en el Estado.



Dicho de otra forma, en caso de que consideren que la determinación de abrir procesos de fiscalización resulta contraria a la normativa electoral, el derecho de defensa está tutelado a través de los mecanismos instaurados en la propia ley estatal y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Que el artículo 210, numerales 15 y 16 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no debe considerarse inconstitucional, toda vez que las cuestiones relativas al recuento parcial y total de votos, sí se encuentran reguladas en la Ley Electoral Local, específicamente en los artículos 209 y 210, tratándose de recuentos a cargo de la autoridad administrativa electoral y 212 en lo relativo a los recuentos por parte del órgano jurisdiccional electoral local, donde se establece el procedimiento para su realización y los supuestos de procedencia, acorde con lo establecido por el artículo 116, fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Respecto al artículo 216, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua estima que de conformidad con las tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tópico del principio de representación proporcional, el tema relativo a la inconstitucionalidad del precepto combatido, no es materia de opinión, sin embargo, considera que el legislador ordinario en el Estado de Chihuahua diseñó una fórmula de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, mediante la cual garantiza que los partidos políticos que obtengan al menos el dos por ciento de la votación válidamente emitida obtengan una regiduría por el mencionado principio, con la finalidad de que estén representados en los ayuntamientos de la Entidad.

4. En relación a la aducida inconstitucionalidad de los artículos 373, 374 y 375 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, considera que el concepto de invalidez no requiere opinión especializada de la Sala Superior, en razón de que no es un tema exclusivo del derecho electoral, sino que pertenece a la ciencia del derecho en general, y del derecho procesal en lo particular, por ser planteamientos relacionados con la instauración de incidentes que, de acuerdo con los artículos impugnados, pueden promoverse dentro de la etapa de instrucción de los medios de impugnación electorales y, en consecuencia, si la instauración y regulación de los mismos se encuentra, o no, apegada a la Constitución Federal.

III. Finalmente, respecto a lo expresado por el Procurador General de la República, consideró lo siguiente:

1. Que el artículo 14 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es inconstitucional, en tanto que violenta la independencia del Instituto Estatal Electoral, además de su autonomía, especialización y profesionalización, pues resulta claro que permite la participación activa y determinante del Congreso del Estado en el establecimiento de los distritos electorales, con lo que participa en una de las actividades vinculadas con la geografía electoral de Chihuahua, pues en términos de la norma impugnada será ese órgano el encargado de solicitar, valorar y, en su caso, aprobar el dictamen técnico pertinente, votar la propuesta formulada en relación con la división de los distintos distritos electorales del Estado y, en consecuencia, aprobar su demarcación territorial.

Considera que lo anterior vulnera el principio de independencia establecido en la fracción IV del artículo 116 de la Carta Magna, porque la determinación de la geografía electoral se supedita a un órgano distinto y ajeno a aquel que, de conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, tiene encomendada la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran consulta pública en el Estado.

Aunado a ello, el referido precepto constitucional local determina también que el órgano electoral del Estado tendrá a su cargo, en forma integral y directa, entre otras tareas, las relacionadas con la preparación de la jornada electoral, entre las que válidamente podría incluirse la determinación y aprobación de la geografía electoral de la Entidad, situación que sería además congruente con lo previsto por el artículo 41, Base V, párrafo noveno de la Constitución Federal.

No obstante, en la legislación estatal, la función de mérito queda encomendada prácticamente en su totalidad, a un órgano de naturaleza política, cuyas funciones ontológicas se encuentran alejadas de la materia electoral, en específico, de la organización de los procesos comiciales. Por tanto, considera que deviene inconstitucional facultar al órgano legislativo estatal para que se encargue del procedimiento y aprobación de una actividad netamente relacionada con el ámbito técnico-electoral de la entidad.



2. Por cuanto a la alegada inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, estima que lo procedente es no emitir opinión, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto de este tema al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98 e, incluso, cuenta con jurisprudencia bajo el rubro siguiente: MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL”.

3. Respecto al concepto de invalidez relativo a los artículos 386 a 390, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, tampoco emite opinión en tanto que los motivos de disenso se encuentran vinculados con aspectos ajenos al derecho electoral, ya que como se advierte con claridad, se trata de argumentos relacionados con situaciones procedimentales que no requieren de la opinión especializada de esa instancia jurisdiccional.



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