Suprema corte de justicia de la nacion


a) Las campañas de información de las autoridades electorales; b)



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a) Las campañas de información de las autoridades electorales;

b) Las relativas a servicios educativos y de salud; o

c) Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Sin embargo, la norma combatida a esos únicos supuestos de excepción que reitera, agrega otros, a saber: a) la propaganda tendente a incentivar el pago de impuestos, b) la de promoción turística, c) la relativa a licitaciones públicas, d) o las de beneficencia; de donde resulta la contravención a lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, ya que si bien el artículo reclamado señala que esa propaganda se difundirá siempre y cuando no se incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, estatal o municipal de que se trate, también lo es que la Carta Magna es categórica es señalar que las únicas excepciones al respecto, son las que indica el artículo 41, por ende, el legislador local, con la disposición combatida está transgrediendo el principio de equidad que rige en la materia electoral, pues fijó excepciones adicionales a la propaganda gubernamental que se puede difundir durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

Además, si bien el listado introducido por el legislador del Estado de Chihuahua, se refiere a propaganda de carácter institucional, pues alude a cuestiones vinculadas con funciones propias del Estado, como lo es el pago de impuestos, la promoción turística y las licitaciones públicas, también lo es que no se refiere a la información que el Constituyente Permanente determinó privilegiar o cuidar por su contenido, es decir, le preocupó la difusión en ese periodo, de propaganda que contuviera información propia de las autoridades electorales, de servicios educativos, salud o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia, la que por su naturaleza, es importante difundir y no suspender en beneficio de la población, pues es claro que, por ejemplo, las cuestiones relativas a la salud o a la protección civil, no puede suspenderse porque sería mayor el perjuicio que resentirá la comunidad; sin embargo, hay otro tipo de propaganda que sí es dable suspender porque su ausencia no implicaría mayor impacto en la sociedad; de ahí que el Constituyente Permanente fuera claro en fijar excepciones únicas a la suspensión de la difusión de la propaganda gubernamental y por ende, al calificarlas como únicas, es claro que las legislaturas de los Estados no pueden fijar excepciones adicionales.

Po ello, debe declararse la invalidez del artículo 143 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, por cuanto establece excepciones adicionales a los supuestos de suspensión de la difusión de la propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

No es óbice a lo determinado, lo aducido por el Poder Legislativo demandado, en el sentido de que en la norma combatida únicamente se plasmaron los acuerdos tomados por el Instituto Federal Electoral en materia de propaganda gubernamental, contenidos en el “Acuerdo de Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se modifican las Normas Reglamentarias sobre Propaganda Gubernamental, a que se refiere el artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Ese Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, en la parte que interesa contiene lo siguiente:

Acuerdo

Primero. Se modifica la Segunda Norma reglamentaria sobre propaganda gubernamental, a que se refiere el artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el Acuerdo CG40/2009, para quedar como sigue:

SEGUNDA. Se permitirá como publicidad vinculada a la salud, la propaganda que para la asistencia pública emitan tanto la “Lotería Nacional para la Asistencia Pública” como “Pronósticos para la Asistencia Pública”, así como las campañas de protección civil en casos de emergencia, las cuales no tendrán logotipos o cualquier tipo de referencias del gobierno federal ni de algún otro gobierno. Asimismo, podrá permanecer la publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros centros turísticos del país, siempre y cuando, no tenga logotipos o referencia alguna al Gobierno Federal ni a gobiernos de alguna entidad federativa, municipio o delegación.

Asimismo, se podrá difundir la campaña de comunicación social del Servicio de Administración Tributaria, para incentivar el pago de impuestos y el cumplimiento de obligaciones fiscales a nivel nacional, incluyendo a aquellas entidades federativas que inician campañas locales, como lo son: Campeche, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, siempre y cuando en la misma no se incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal o logros de las instituciones. En dichas campañas podrá utilizarse el logotipo del Servicio de Administración Tributaria.

También podrán difundirse, durante el periodo de campañas federales y locales, las campañas de comunicación social del Banco de México cuyo contenido sea exclusivamente educativo, siempre y cuando no incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, o haga mención alguna a logros de la institución o de ninguna otra.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) procederá al retiro paulatino de los mensajes contenidos en cartelones, mantas y bardas, durante las elecciones locales que comenzarán en el mes de abril, así como durante los meses de mayo y junio.

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.”

También es importante precisar que el Acuerdo transcrito modificó la segunda norma reglamentaria sobre propaganda gubernamental, contenida en el diverso Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de febrero de dos mil nueve.

Lo inatendible de lo aducido por la autoridad demandada, radica en que si bien de la lectura al Acuerdo transcrito, se aprecia que el Instituto Federal Electoral emitió normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental, en las que hace referencia a propaganda vinculada entre otras, con la asistencia pública, la promoción turística, la de comunicación social del Servicio de Administración Tributaria y del Banco de México, también lo es que debe entenderse que esas reglas las emitió como máxima autoridad administrativa electoral y con apoyo en el artículo 2o., del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, así como que las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, pero principalmente porque el último párrafo del mismo artículo prevé que el Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas.

Además, la constitucionalidad de una disposición legal no puede derivarse de su similitud con alguna otra norma de carácter general.

En virtud de que resultó fundado uno de los argumentos planteados sobre el tema, lo que originó la declaración de invalidez de la norma impugnada, es innecesario realizar el estudio de los restantes argumentos vinculados con la violación a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2004, que a continuación se reproduce:

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto impugnado en una acción de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cumple el propósito de este medio de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos relativos al mismo acto.” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XIX, junio de 2004, página 863).

En consecuencia, se declara la invalidez del artículo 143, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en la porción normativa que indica: “…tendentes a incentivar el pago de impuestos, las de promoción turística, las relativas a licitaciones públicas, o las de beneficencia, …”.



DECIMO SEXTO. Revocación del mandato popular. Finalmente, también es parcialmente fundado el concepto de invalidez en el que el Procurador General de la República señala que deben declararse inconstitucionales los artículos 386, 387, 388, 389 y 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, porque contemplan la figura de la revocación del mandato popular, en términos que resultan violatorios de los artículos 14, 109 y 115 de la Constitución Federal.

Los artículos que se tildan de inconstitucionales son del tenor siguiente:

Artículo 386

1. Se entiende por revocación del mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto, el procedimiento por el cual los ciudadanos del Estado, los distritos, municipios o secciones municipales, según sea el caso, manifiestan su voluntad de destituir de su cargo a un ciudadano electo popularmente.

2. Es procedente la revocación cuando haya transcurrido la tercera parte o más del periodo para el cual fue electo el funcionario.

3. La solicitud de revocación deberá estar suscrita cuando menos por el 10% de los ciudadanos del Estado, el distrito, el municipio, o la sección, según se trate de remover, respectivamente, al gobernador; los diputados; los presidentes municipales, presidentes seccionales, regidores o síndicos.”

Artículo 387



1. La solicitud para remover la revocación de un funcionario público electo mediante el voto, podrá presentarse tan pronto como haya transcurrido una tercera parte del periodo que para cada caso establezca la Constitución Política del Estado; y cumplir además con los siguientes requisitos:

a) Dirigirse al Instituto Estatal Electoral;

b) Identificar al funcionario o funcionarios de elección popular. En este caso la solicitud deberá ir firmada por los ciudadanos y acompañada de copia, de ambas caras, de su credencial de elector para votar, y

c) La causa o causas por virtud de las cuales inician el proceso de revocación. Para este efecto, los iniciadores del proceso deberán invocar las causas previstas en la legislación aplicable: En el caso de Gobernador y diputados, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua para la procedencia de juicio político; y en los casos de presidentes municipales, síndicos y regidores, en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

2. Recibida la solicitud el Instituto Estatal Electoral, por medio de su Consejo General, calificará su procedencia en un término no mayor a ocho días hábiles que se contarán a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. Para tal efecto el Instituto Estatal Electoral analizará de oficio lo siguiente:

a) Si la solicitud se ha promovido con posterioridad a que haya transcurrido una tercera parte del periodo constitucional para el cual fue electo el funcionario sujeto a remoción;

b) Si el número de ciudadanos promoventes alcanza el porcentaje requerido, y

c) La expresión de causas que se invocan para solicitar la revocación, requisito sin el cual se desechará de oficio.

3. Si la solicitud no cumple con los requisitos señalados en este artículo, el Instituto Estatal Electoral, de oficio, la declarará improcedente. Si el Instituto Estatal Electoral no acuerda y determina su procedencia en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la solicitud se considerará aceptada.”

Artículo 388



Una vez admitida la solicitud, se ordenará la consulta de inmediato, de acuerdo a los siguientes plazos:

a) Si afecta al Gobernador del Estado, dentro de los 60 días posteriores a dicha declaración.

b) Si afecta a uno o más diputados, dentro de 45 días posteriores a dicha declaración.

c) Si afecta a un presidente municipal, presidente seccional, regidor o síndico, dentro de los 30 días posteriores a dicha declaración.”

Artículo 389



1. El voto será libre, secreto y obligatorio. Votarán por un “sí” los electores cuya voluntad sea que se revoque el mandato conferido al funcionario de que se trate; y por un “no” los que estén a favor de que continúe en el cargo para el cual fue electo.

2. Para que la revocación del mandato surta sus efectos de destitución, se requerirá una votación emitida superior al número de sufragios que el funcionario impugnado obtuvo para triunfar en las elecciones. En caso contrario, quedará ratificado y ya no podrá ser objeto de un nuevo procedimiento revocatorio.”

Artículo 390



El Instituto Estatal Electoral efectuará el cómputo del resultado y ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Así mismo, ordenará se publique que ha procedido la revocación a efecto de que conforme a la Ley se proceda a sustituir al funcionario. Para el caso de que la revocación haya sido rechazada, igualmente se procederá a su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Si se impugnan los resultados el Tribunal Estatal Electoral, en lo conducente, acatará lo establecido en este artículo.”

Como se apuntó, los artículos transcritos prevén entre otras cuestiones, la revocación del mandato de los funcionarios públicos electos mediante voto; los requisitos que debe tener la solicitud respectiva, la cual se tramitará ante el Instituto Electoral de la Entidad; que en relación con la causa o causas por virtud de las cuales se inicia el proceso de revocación, en el caso de Gobernador y diputados, se debe estar a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua para la procedencia del juicio político, y al Código Municipal de la misma Entidad, tratándose de presidentes municipales, síndicos y regidores; así como la forma en que se llevará a cabo la consulta y los efectos que tendrá la misma.

De los ordenamientos que a su vez se mencionan en las disposiciones reproducidas, conviene transcribir los artículos 6, 7 y 11, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y 57 del Código Municipal de la misma Entidad, que prevén las causas para la procedencia del juicio político y para la revocación a que se refiere el artículo 115 constitucional; dichas disposiciones prevén lo siguiente:

Artículo 6. Es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.



No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.”

Artículo 7. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho:



I. El ataque a las instituciones democráticas;

II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo popular, a la división de poderes, así como a la libertad, organización política y administrativa de los Municipios;

III. Las violaciones graves o sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

IV. El ataque a la libertad del sufragio;

V. La usurpación de atribuciones;

VI. Cualquier infracción a la Constitución local o las Leyes Estatales o Municipales, que cause daños o perjuicios graves al Estado, Municipio o Sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de sus instituciones, y

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.”

Artículo 11. Si la resolución que se dicte en el Juicio Político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de uno a diez años.



Dichas sanciones se aplicarán en un período no mayor de un año, contado a partir de la fecha en que se inició el procedimiento.”

Artículo 57. Los miembros de los Ayuntamientos; podrán ser suspendidos definitivamente, en los puestos para los cuales fueron electos o designados, en los siguientes casos:



I. Quebrantamiento de los principios del régimen federal o de la Constitución Política del Estado;

II. Abandono de sus funciones, en un lapso de quince días consecutivos, sin causa justificada;

III. Inasistencia consecutiva a tres sesiones de Ayuntamiento, sin causa justificada;

IV. Cuando se susciten entre ellos, conflictos que hagan imposible el cumplimiento de los fines del Ayuntamiento o el ejercicio de sus funciones;

V. Abuso de autoridad, en perjuicio de la comunidad del municipio;

VI. Omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones;

VII. Por haber sido condenado durante el periodo para el cual fue electo por delito intencional, excepto los de carácter político.

VIII. Adopción de forma de Gobierno o base de organización política, distintas a las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado; y

IX. Incapacidad física que impida el desempeño del cargo para el cual fue electo o legal judicialmente declarada; en ambas la incapacidad deberá ser permanente.

En estos casos se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua. La resolución correspondiente requerirá el acuerdo de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado.

En la hipótesis de que la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento se encuentre en alguno de los supuestos previstos en las fracciones anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 59 de este Código.”

Por otra parte, es necesario definir lo que se entiende como revocación de mandato popular; así, algunos autores indican que constituye un procedimiento mediante el cual la comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución de los representantes electos antes de que concluyan su periodo, a través de comicios especiales donde se les confirme o destituya.

También se dice que la revocación de mandato es una variante invertida de la elección de representantes a partir de una petición popular que debe reunir ciertos requisitos, que permite a los votantes separar a un representante de un cargo público, por lo que se estima que es una de las figuras más emblemáticas de los procedimientos de democracia participativa o directa.

Lo anterior porque es un mecanismo de decisión ciudadana por el que se determina la remoción de un servidor público electo popularmente, lo que se hace en forma anticipada a la conclusión de su encargo cuando a juicio de la sociedad su desempeño no ha sido satisfactorio; de ahí que se entienda como una potestad del pueblo soberano que decide dar por terminado anticipadamente el mandato conferido.

Asimismo, resulta útil distinguir entre democracia representativa y democracia participativa o directa. En la primera básicamente se hace referencia al sistema electoral entendido éste como el principio de representación y sus mecanismos técnicos por medio de los cuales los electores expresan su voluntad política en votos y la forma en que éstos a su vez, se convierten en escaños o poder público, por lo que también se le conoce como democracia electoral o democracia indirecta, en la que el pueblo no gobierna pero elige representantes que lo gobiernen.

Por lo que hace a la democracia participativa o directa, se dice que es una democracia autogobernante, en la que se ubican la consulta popular, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, y tienen como rasgo esencial, que es el pueblo el que decide directamente.

Ahora bien, el accionante en el concepto de invalidez afirma que las disposiciones combatidas violan el artículo 109 de la Constitución Federal, el cual establece las bases a las que deberán ajustarse el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, al expedir las leyes sobre responsabilidades de los servidores públicos, deslindando las diversas clases que de la misma se permiten, esto es, las de carácter político, penales y administrativas, las cuales según ordena la propia disposición, se sustancian a través de procedimientos autónomos y previendo sanciones de diversa naturaleza, así como que se distinguen por los órganos que las harán efectivas.

También es importante destacar de esa disposición la regla en el sentido de que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza, lo que no significa para que una conducta origine dos o más tipos de responsabilidades, es decir, se puede dar el caso de que una misma conducta provoque la aplicación tanto de una sanción penal, como de una administrativa.

Como ya se anunció, de conformidad con los preceptos qie integran el Título Cuarto de la Constitución Federal, esto es, los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114, se obtiene que existen tres tipos de responsabilidad en las que pueden incurrir los funcionarios o servidores públicos; dichas responsabilidades, a saber, son las siguientes:

a) La responsabilidad penal, que es aquella que se actualiza cuando la conducta del funcionario o servidor público se tipifique como delito, en términos de los artículos 109, fracción II, 111 y 112, en cuyo caso la investigación corresponde al Ministerio Publico, local o federal, según la conducta delictiva, y cuya resolución está sujeta a los procedimientos judiciales ordinarios, previa declaración de procedencia, anteriormente denominada desafuero, si ésta se requiere.

La declaración de procedencia es el procedimiento en el cual la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta de sus miembros presentes determina si ha o no lugar a proceder contra el funcionario o servidor público inculpado. Si la Cámara de Diputados determina que no ha lugar, cesará todo procedimiento ulterior; en cambio, si determina que ha lugar a proceder, el funcionario o servidor público quedará a disposición de las autoridades competentes; es importante señalar que el desafuero no prejuzga sobre la acusación que conocerá el juez ordinario.

Asimismo se debe tomar en cuenta que en relación con el Presidente de la República opera una excepción al procedimiento anterior, pues en este caso es la Cámara de Senadores la que determina si ha o no lugar a proceder y será la misma Cámara quien resolverá la cuestión con base en la legislación penal aplicable.

Los efectos de la declaración de procedencia será separar del cargo al funcionario público en tanto se encuentre sujeto al proceso penal; las resoluciones de ambas Cámaras son inapelables.





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