Soria, Negri, Hitters, Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari



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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 7 de mayo de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Hitters, Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 51.992 bis, "P. , A. A. contra Municipalidad de Carmen de Patagones. Incidente de determinación de monto de indemnización".



A N T E C E D E N T E S

1. Esta Corte, por medio de la sentencia dictada el 27‑XI‑1996, en los autos principales, dejó sin efecto la sanción expulsiva aplicada al actor y dispuso devolver las actuaciones a la Municipalidad de Carmen de Patagones a fin de que dicho ente ejerciera, dentro del razonable marco de discreción fijado por las normas, su potestad disciplinaria. Asimismo, ordenó la reincorporación del actor a su empleo y decidió postergar la pretensión indemnizatoria hasta tanto recaiga resolución en el sumario administrativo.

De conformidad a las constancias obrantes en autos, el 7‑IV‑1997 el Intendente municipal dictó el decreto 265 mediante el cual dispuso la reincorporación del actor a partir del 9 de abril de dicho año, para prestar servicios en el Departamento Neuropsiquiátrico, dependiente del Hospital municipal de Patagones (v. fs. 5).

2. Posteriormente, el actor promovió este incidente, en el que procura se determine el monto de la indemnización que la demandada debe abonarle.

En tal sentido, sostiene que el decreto 265 acató sin condición alguna la previa decisión de esta Suprema Corte y nada dispuso respecto a la prosecución de la actuación sumarial, evidenciando así ‑a su entender‑ la intención de la autoridad administrativa de cesar todo juzgamiento por los hechos acontecidos en 1987 y reivindicarlo por su trabajo científico y solidario para con la comunidad, por lo cual ‑concluye‑ esto habilita a que se determinen los daños y perjuicios sufridos, ofreciendo la prueba pertinente que permita su fijación.

Afirma que dicho sumario ha concluido con su reincorporación al servicio, habida cuenta que no podrá ya disponerse la sanción de cesantía por aquél abandono que provocó el dictado del decreto municipal luego declarado ilegítimo por este Tribunal puesto que, como se juzgó, es indispensable intimar para que el agente se reintegre como paso previo a la cesantía.

El municipio ha dictado nuevos actos ‑continúa‑ y emprendido acciones que lejos de someterlo a juzgamiento se enfilan decididamente por la rectificación de su ilegítimo proceder. Así con fecha 16 de octubre de 1997 el Concejo Deliberante de Patagones dictó la resolución 61 por medio de la cual se expresa "... el orgullo y el honor de que profesionales como el Dr. A. P. se encuentren hoy trabajando en nuestro medio..." y en el mes de febrero de 1998 el Intendente municipal dictó el decreto 291 mediante el cual le concede licencia especial de nueve meses, con goce de haberes, a efectos de culminar un trabajo de investigación científica que desarrolla en Francia, vinculado a la identidad argentina.

Expresa que, si los antecedentes relatados constituyen por sí solos argumento suficiente para considerar agotada la investigación sumarial de 1987, debe verse asimismo que la potestad disciplinaria de la Administración municipal vinculada a hechos de esa época, ha quedado extinguida por vía de la prescripción de la acción.

A fin de determinar la cuantificación del daño el actor efectúa una reseña de su carrera y, así, relata que en 1975 obtiene el título de especialista en Psiquiatría y Psicología Médica; que inició su carrera médica hospitalaria, mediante concurso, en el Hospital Neuropsiquiátrico de Patagones en 1975; durante el período 1979‑1980 fue designado Coordinador del Programa de Salud Mental de la Provincia de Río Negro; en 1980 y hasta 1987 se desempeñó como Director del Hospital Neuropsiquiátrico de Patagones; asimismo, en el período 1982‑1987, fue Coordinador de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires.

Afirma que, a partir de la tarea hospitalaria desde 1975, en el ámbito de la medicina psiquiátrica transcultural, era internacionalmente reconocido y que en 1986 el hospital recibe el primer premio a la mejor labor institucional del país otorgado por la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Vinculado al tema escribió el libro "La curación chamánica‑experiencia de un psiquiatra con la medicina aborigen americana", editado en 1994.

También relata con detalle ‑lo que él denomina‑ "persecución" a la que fue sometido a partir de 1987 por la autoridad comunal mediante denuncias penales formalizadas por el entonces Intendente de Carmen de Patagones, Néstor Virgilio Ezcurra, en las que se le imputa ejercicio ilegal de la medicina, asociación ilícita y abuso deshonesto, afirmando que en todas ellas los magistrados intervinientes dictaron sobreseimiento. A título ilustrativo de cómo fue difundido el accionar ‑a su entender‑ injurioso y calumnioso, acompaña la publicación aparecida el día 29 de agosto de 1987 en el diario "La Nueva Provincia" de Bahía Blanca en la que se da cuenta de que estaría incurso en actos "reñidos con la moral y las buenas costumbres" e imputaciones falaces como "ejercicio ilegal de la medicina", "asociación ilícita", "abuso deshonesto", "lesiones e infracción a la ley 20.771".

Sostiene que, si bien todas las querellas penales fueron desestimadas de plano, el daño que le produjeron debido a su prestigio nacional e internacional, fue ya irreparable, debido a que dañaron el principal capital de un profesional, cual es su imagen personal, técnica, académica y pública.

Cuenta que, como consecuencia de lo narrado, en 1987 debió trasladar su domicilio a la ciudad de La Plata y abandonar su actividad profesional tanto en Carmen de Patagones como en la Provincia de Río Negro. Con tal actividad tenía una importante facturación de obras sociales, en especial, la correspondiente a los empleados públicos rionegrinos (IPROSS), que le había permitido construir un importante patrimonio (varios terrenos, una casa, un departamento, dos automóviles) que ‑según sostiene‑ fue destruído por el obrar ilegítimo y arbitrario de funcionarios municipales, ya que debió venderlos a efectos de sobrevivir.

Asimismo ‑agrega‑ era titular de cuentas corrientes bancarias y de tarjetas de crédito, que debieron ser cerradas y canceladas. En la ciudad de La Plata, residió con su familia en un inmueble facilitado a título de préstamo y los gastos que demandó la manutención de dicha casa y del grupo familiar se solventaron con el dinero obtenido de las desventajosas operaciones de venta de los inmuebles y automotores antes indicados.

Relata que no consiguió un empleo en relación de dependencia pública ni privada, por lo que abrió un consultorio profesional del que obtuvo magros ingresos y que su esposa, que también era empleada municipal de Carmen de Patagones, debió renunciar a su categoría, debido al traslado obligado. Agrega que, lo apuntado resulta palmario cuando se observa que la Caja de Previsión Médica de la Provincia de Buenos Aires le inició un apremio por la falta de pago de las respectivas cuotas. Asimismo, a fin de apuntar los escasos ingresos profesionales en la ciudad de La Plata, acompaña un resumen de liquidación de obras sociales del mes de diciembre de 1991 de la Agremiación Médica Platense.

Como consecuencia de todo lo relatado, concretamente pide en concepto de daño material la suma de $ 50.000 (venta apresurada de sus bienes, gastos de traslado) y la suma de $ 130.000 en concepto de remuneraciones que dejó de percibir en la actividad pública, $ 140.000 en la actividad privada más $ 91.000 en concepto de aportes al Instituto de Previsión Social, ya que durante diez años no se aportó (1987‑1997) lo que implica ‑a su criterio‑ que deberá permanecer diez años más trabajando luego de alcanzar la edad requerida para obtener el beneficio jubilatorio. Y, en concepto de daño moral reclama la suma de $ 100.000, o lo que en más o en menos estime este Tribunal.

3. A fs. 76/78 se presenta la demandada contestando el traslado conferido y pide que se tenga presente que la potestad disciplinaria de la Administración se encuentra vigente.

Sostiene que la investigación sumarial concluye sólo por actos administrativos que sobresean o condenen al agente imputado, o por prescripción de la acción dentro del plazo legal; y no tácitamente o por deducción que se basa en la interpretación de hechos inconducentes. Considera que la resolución del Concejo Deliberante a que hace referencia el actor como sustento de su postura absolutoria no es abarcativa de la voluntad del Departamento Ejecutivo. Tampoco ‑sigue‑ el otorgamiento de la licencia especial por razones de capacitación se contradice con el poder disciplinario de la administración ya que por principio constitucional el agente goza de todos los derechos mientras no sea sancionado.

Afirma que contrariamente a lo sostenido por la actora, aún aplicando el nuevo régimen estatutario (art. 69 inc. "c" ap. 2), la prescripción quedó interrumpida por el proceso judicial, circunstancia que ‑a su entender‑ fue ratificada por la sentencia. Es por ello que considera que, vigente la potestad del municipio para sumariar y eventualmente sancionar al agente, corresponde el rechazo de la acción por improcedente.

Para el eventual y poco probable supuesto de considerarse procedente el planteo del actor, opina que debe tenerse en cuenta su situación exacta al momento de la cesantía.

En cuanto al monto indemnizatorio, rechaza el solicitado por el actor y advierte que la decisión de trasladarse a La Plata fue en octubre de 1987 y la cesantía fue dispuesta por la comuna en marzo de 1988, por ello pide que las implicancias de tal decisión no sean cargadas a la Municipalidad.

En cuanto a la reparación que el actor pretende por el agravio moral por lo que considera una persecución seguida en su contra a raíz de las denuncias penales en las que se le imputaran distintos delitos, opina que el ordenamiento jurídico establece remedios y acciones para reparar tales infundadas acusaciones, por lo que concluye que ésta no es la vía para la cura de esos males supuestos.

En lo que respecta al patrimonio construido por el profesional, es evidente ‑sostiene‑ que por su magnitud fue producto de su actividad particular y no pudo haber sido destruido por el obrar ilegítimo de la Administración. Asimismo niega que el accionante hubiera malvendido sus bienes.

Considera absurdo atribuir responsabilidad a la Municipalidad por el juicio de apremio que le promoviera la Caja de Previsión Médica ya que la deuda con el organismo previsional se genera en la medida en que se trabaje.

Afirma que no puede pretender el pago de la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir durante los diez años que duró el pleito máxime por cuanto se trata de un profesional con trabajo propio.

En cuanto a los aportes al Instituto de Previsión Social opina que considerando la edad del actor al reincorporarse y el tiempo que le falta para acceder al beneficio jubilatorio, sin mayores esfuerzos puede concluirse que no se perjudicará económicamente cuando obtenga la jubilación ordinaria.

4. Producida la prueba, este incidente quedó en estado de ser resuelto, por lo que el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?



V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El municipio demandado ha incumplido parcialmente la sentencia del tribunal. La condena estableció una doble obligación de hacer para la autoridad administrativa: reincorporar al actor y ejercer su potestad disciplinaria.

Vueltos los autos a sede administrativa se formó un expediente iniciado por el Intendente municipal para el cumplimiento de la sentencia (exp. adm. 4084‑3075/97), disponiéndose la reincorporación del doctor P. a partir del 9‑IV‑1997, mas nada se resolvió en ejercicio de la potestad disciplinaria (v. fs. 17 y ss. de las fotocopias del exp. adm. cit.).

Esta Suprema Corte ha tenido oportunidad de expedirse en el sentido de que el plazo fijado en la sentencia para la reincorporación de un agente dado de baja, lo es también para el cumplimiento de la obligación de ejercer su potestad disciplinaria (causa B. 57.469, "Tettamanti", res. 13‑VII‑1999), y nada obsta a que tal criterio se aplique al presente caso.

Así, habiendo fijado la sentencia un plazo de sesenta días, no cabe duda que el mismo ha transcurrido en exceso sin que se haya exteriorizado el accionar administrativo disciplinario.

La Municipalidad no sólo no ha dictado ningún acto en ejercicio de su potestad disciplinaria sino que ha tomado decisiones (la reincorporación, la concesión de una licencia) dejando, de un lado, transcurrir el tiempo previsto para el cumplimiento de la sentencia, y del otro, limitándose a sostener en sus escritos que no había impedimento para su ejercicio (v. la fecha de la sentencia: 27‑XI‑1996, la de promoción de este incidente: 25‑XI‑1998, la de contestación del traslado de este incidente: 11‑III‑1999), empero, sin ponerla en práctica.

De tal modo, habiendo vencido en exceso el plazo establecido en la sentencia, corresponde dar por decaído el derecho de la demandada a ejercer su potestad disciplinaria y, conforme lo peticionado por el actor, proceder a evaluar y determinar las pretensiones económicas deducidas con motivo de la cesantía ilegítima.

II. Con sustento en los antecedentes que motivaron la formación de este incidente y en la prueba producida, corresponde que me pronuncie sobre la pertinencia de lo reclamado, y en su caso, sobre el quantum del resarcimiento debido al actor por la accionada.

Liminarmente, con el objeto de encuadrar correctamente la respuesta a las pretensiones articuladas, efectuaré algunas consideraciones generales.

a. Puesto que, de ordinario, el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente, cabe presumir, iuris tantum, que el cese ilegítimo de aquel vínculo laboral le provoca un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento en el marco del proceso administrativo (doct. causas B. 38.396, "Benítez", sent. de 22‑IV‑1958, "Acuerdos y Sentencias" 1958‑III‑44; B. 48.945, "Moresino", sent. de 26‑II‑1985, "Acuerdos y Sentencias" 1985‑I‑203; B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26‑II‑1985, "Acuerdos y Sentencias" 1985‑I‑213; B. 54.852, "Pérez", sent. de 10‑V-2000, D.J.B.A., 158:244; B. 59.013, "Meza", sent. de 4‑IV-2001, D.J.B.A., 160:237; entre muchos otros) y que, por tanto, en principio, basta con que el actor demuestre la relación de empleo que mantenía, que ha sido excluido del cargo estable de que gozaba por un acto viciado y la remuneración que percibía en razón de su categoría y función, entre otros elementos, para aplicar aquella presunción.

b. Mas de ello no puede desprenderse que la reparación por la segregación ilegítima se identifique con la totalidad de los salarios dejados de percibir por el agente durante el período en que perduró la separación del cargo.

En esta parcela no puedo dejar de reconocer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha rehusado a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas (como acontece en relación con el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su incorporación; Fallos 307:1199, 1215; 308:732, 1795; 321:635, entre otros).

Sin embargo, dicho tribunal ha dejado a salvo la existencia de una disposición expresa para el caso o ha mitigado tal doctrina cuando ha mediado una irregular aplicación de regímenes de prescindibilidad. En este último supuesto se ha reconocido, aun en ausencia de norma, el derecho del agente a la percepción de los haberes caídos desde la fecha del cese hasta la reincorporación dispuesta como consecuencia de una acción judicial (C.S.J.N., Fallos 297:415).

Puede concluirse entonces, como pauta de interpretación, que en los supuestos en los que el agente público es afectado por una medida segregativa (sea ella producto de un procedimiento disciplinario o adoptada en el marco de un régimen de prescindibilidad) luego declarada ilegítima por el órgano judicial, se admite la posibilidad de acordar una indemnización en concepto de reparación de los perjuicios materiales padecidos por el agente, que tome en cuenta los salarios caídos, puesto que la falta de prestación de servicios, en última instancia, no resulta imputable al agente (cfr. causa B. 31.217, "Acuña", sent. de 23‑IX‑1947, voto del doctor Ramírez Gronda, "Acuerdos y Sentencias", serie 20ª, tomo X, pág. 331; arg. C.S.J.N., Fallos 321:635, considerando 6º in fine).

Tal como lo señalara en mis votos en las causas B. 57.454, "Sebey" (sent. de 1‑III‑2004); B. 57.484, "Obesio" (sent. de 14‑IV‑2004); B. 57.257, "Marino" (sent. de 27‑IV‑2004) y B. 57.706, "Pérez" (sent. de 2‑VI‑2004), en el ámbito del derecho público provincial, la conclusión arriba expuesta ha encontrado acogida legislativa en el art. 73 inc. 1, "c" de la ley 12.008 (t.o. ley 13.101), maguer la redacción de esta norma, que utiliza el vocablo "devengados" para referirse al alcance del reconocimiento patrimonial allí previsto.

Es claro que tal precepto tiene su campo de aplicación en el proceso especial reglado en el Capítulo II del Titulo III del Código recientemente puesto en vigor, cuyas características difieren del sustanciado en el sub examine. Por ello, la norma tan sólo brinda una pauta hermenéutica útil en la materia (cfr. mi voto en la causa B. 57.183, "Chaparro", sent. del 12‑XI‑2003).

Por consiguiente, la procedencia del pago de la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente por todo el lapso en que estuvo excluido de los cuadros de la Administración dista de erigirse en un parámetro incontestable (doct. minoritaria en las causas B. 53.291, "Alvarez", sent. de 22‑IV‑1997; B. 59.013, "Meza", sent. de 4‑IV‑2000; B. 54.852, "Pérez", sent. de 10‑V‑2000, D.J.B.A. 158:244, entre otras). Ello así, porque si bien el empleado sufre un daño que inicialmente equivale a la privación de su sueldo, no es lógico reputar que la subsistencia de tal perjuicio se prolongue más allá de un tiempo prudencial, suficiente para la obtención de otra actividad lucrativa (doct. causas B. 38.396, "Benítez", sent. de 22‑IV-1958, "Acuerdos y Sentencias" 1958‑III‑44, voto del doctor Acuña Anzorena a la tercera y cuarta cuestión; B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26‑II‑1985; B. 48.945, "Moresino"; voto de la mayoría en las causas B. 53.291, B. 59.013, B. 54.852 cit., entre muchas otras).

En resumen, sin descartar de plano una compensación equivalente a los haberes no abonados al empleado público, en situaciones como la examinada ‑pues el ordenamiento no lo prohíbe‑ la menor o mayor extensión de la indemnización por el daño causado, cuya existencia cabe presumir en modo relativo, está ligada a las constancias de la causa y, por cierto, de la prueba reunida en el proceso (arts. 77, ley 12.008, t.o. ley 13.101; 375, C.P.C.C.). Bien entendido que la invalidación judicial de nulidad del acto de cese, pese a lo dispuesto por el art. 1050 del Código Civil ‑aplicable por analogía a las nulidades administrativas (arg. arts. 171, Const. pcial. y 16, Cód. Civil)‑ en orden a la retroactividad de los efectos de la invalidación (C.S.J.N., Fallos 321:635) no conlleva inevitablemente al pago de todos los sueldos dejados de percibir, mas tampoco obsta a que pueda invocarse y acreditarse toda clase de perjuicios ocasionados por la baja ilegítima (C.S.J.N., Fallos 313:472; 321:2748).

c. Sentado lo anterior, advierto que establecer porcentajes a los fines de la reparación del daño constituye la expresión simplificada de un proceso en cuyo seno han quedado fijadas determinadas bases objetivas de ponderación de los perjuicios ocasionados.

Tratándose de la reparación del daño material, como acontece en la especie, corresponde determinar la suma que habrá de abonarse al actor por dicho concepto.

En las causas B. 57.183, B. 57.454, B. 57.484, B. 57.706 previamente citadas, he distinguido al efecto, dos períodos. De un lado, un lapso inicial comprendido entre el acto de cese dispuesto por la Administración y la decisión que ha agotado la vía administrativa para acceder a esta instancia judicial. Del otro, un segundo período que se extiende desde el acto que ha clausurado la vía administrativa hasta el dictado de la sentencia invalidatoria.

Al menos, como presunción hominis, durante el primero de los períodos cabe reconocerle al agente la totalidad de los haberes dejados de percibir, pues, verosímilmente, hasta la notificación de la decisión final adversa, pudo abrigar razonables expectativas de obtener un pronunciamiento favorable y ser reintegrado a su empleo por la accionada. De modo que recién al anoticiarse de la decisión administrativa final el agente segregado tuvo certeza en cuanto a la imposibilidad de reintegrarse a su función, debiendo orientar en lo sucesivo sus esfuerzos en pos de obtener una nueva inserción laboral.

Sin embargo, dicha presunción habrá de ceder en el segundo período y la extensión del perjuicio material dependerá de la prueba obrante en la causa (arts. 25, C.P.C.A., 375, C.P.C.C.; doct. causas B. 53.291, "Alvarez"; B. 59.013, "Meza"; B. 54.852, "Pérez"; cit., entre muchas otras).

c.1. Advierto que en el sub examine las circunstancias fácticas acaecidas me impiden aplicar, sin más, el criterio interpretativo supra delineado.

En efecto, de un lado se carece en la especie de un acto administrativo que ponga fin al procedimiento impugnatorio incoado (se acciona frente al silencio de la Administración ‑v. punto I de la sentencia de fs. 90/97 de los autos principales‑). Ello debe ser ponderado en tanto circunstancia que restringe la presunción de legitimidad de la que pudo gozar el accionar administrativo hasta su anulación judicial (cfr. doct. causa B. 62.308, "Clemeno", sent. de 3‑XII‑2003) y por no permitir, además, deslindar los dos períodos a los que antes hice referencia. Del otro, se ha ofrecido y producido abundante prueba tendiente a acreditar los perjuicios que dice haber padecido el agente.

c.2. De ello se impone una solución particularizada para el caso.

En tal sentido, se ofreció y produjo prueba que demuestra, aunque indirectamente, una efectiva incidencia del despido en la situación patrimonial del actor.

Así, el demandante logró acreditar que debido a la repercusión periodística que tuvieron las denuncias penales (v. fotocopias de causas penales promovidas a instancias del Intendente municipal por ejercicio ilegal de la medicina, abuso deshonesto e infracción a la ley de estupefacientes y recortes periodísticos, especialmente el de fs. 44 que data de fecha 29 de agosto de 1987 y que hace mención al decreto 902/1987 en cuyos considerandos se da cuenta de las citadas actuaciones penales) tuvo que abandonar Carmen de Patagones y trasladarse a la ciudad de La Plata donde le fue muy dificultoso reinsertarse profesionalmente (declaraciones testimoniales de fs. 132/133, 150/151, 152/154 vta.). Como corolario de ello, quedó probado que el actor, con posterioridad al acto de cese, vendió bienes de su propiedad como medio para solventar sus gastos en vista de la nueva realidad que debió enfrentar (v. informe del Registro de la Propiedad de Río Negro, fs. 194; informe del consorcio de fs. 195/197; declaraciones testimoniales de fs. 132/133, 150/151, 152/152 vta., 153/154).

Ahora bien, visto la extensión del resarcimiento pretendido, entiendo que las referidas probanzas distan de ser suficientes para que aquél sea atendido con el alcance perseguido. Tengo en cuenta, especialmente, el informe pericial de fs. 335/339 y lo manifestado por el actor en su alegato de fs. 361. En efecto, en respuesta al Punto 6) de la prueba pericial, el experto oficial puntualiza una serie de dificultades para dictaminar sobre la razonabilidad de los montos reclamados en concepto de reparación, lo que a tenor de las explicaciones volcadas en el informe, forma en mi convicción sobre la ausencia o insuficiencia de prueba que acredite el real alcance de los daños que el actor dice haber sufrido por la cesantía ilegítima.

Siendo ello así, y conforme la propia dispensa que el accionante le otorga a esta Suprema Corte para que prudencialmente estime los daños (cfr. fs. 361), propongo al Acuerdo que se condene a la demandada a abonar al actor en concepto de daño material, una suma equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las remuneraciones brutas dejadas de percibir por el actor desde agosto de 1987 hasta la fecha de la presente sentencia, importe al que se adicionará, desde la fecha de cada devengamiento conforme la metodología empleada por el perito, la actualización monetaria correspondiente al índice de precios al consumidor que publica el INDEC más un interés del 6% anual hasta el 31-III-1991 y a partir de allí, y hasta el efectivo pago, se aplicará la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos periodos de aplicación (arts. 7 y 10 de la ley 23.928, texto según ley 25.561 -coincidentes en ambas redacciones en sus contenidos-; 622, Código Civil y 5, ley 25.561).

d. En cuanto al daño moral, esta Suprema Corte ‑por mayoría‑ ha interpretado que el padecimiento sufrido por el agente configura una circunstancia que ha de tenerse por demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica ‑daño in re ipsa‑.



En anteriores precedentes he desarrollado mi posición con respecto al daño moral a las cuales me remito por razones de brevedad (B. 57.454, "Sebey", sent. de 1‑III‑2004; B. 57.484, "Obesio", sent. de 27‑IV‑2004, entre otras), en donde no he encontrado razón para trasladar mecánicamente tal criterio a situaciones litigiosas diferentes, como son aquéllas en que se dirimen las consecuencias emergentes de la extinción de una relación de empleo público.

La obligación de resarcir en modo integral el perjuicio causado (v.gr. por un acto administrativo nulo) comprende ‑in abstracto o en potencia‑ la indemnización del daño moral (arg. art. 17, Const. nac.), mas no implica erigir la dispensa probatoria en regla aplicable a todos los casos en que se reclaman perjuicios derivados de actos ilícitos (cfr. Pizarro, Ramón D., "El daño moral", Bs. As., 1996, p. 562, ap. "d").



Se impone, entonces, matizar la solución que de manera generalizada la jurisprudencia ha sostenido para diversas causas ‑incluyendo la examinada en autos‑ pues, al menos en el tipo de asuntos en debate, no siempre ha de tenerse por configurado res ipsa loquitur el agravio moral derivado del cese ilegítimo de una relación de empleo público. Es posible que, en razón de las especificidades de cada litis a tal resultado se arribe merced al uso correcto de la presunción hominis (arts. 77 y 78 inc. 3, ley 12.008, conf. mod. ley 13.101; 163 inc. 5, segundo párrafo, C.P.C.C.). Pero, en general, la condena indemnizatoria ha de depender de la suficiente alegación que del perjuicio formule el reclamante (arg. arts. 31 inc. 6, C.P.C.A.; 330 inc. 6º, C.P.C.C.; 27 último párrafo, ley 12.008 conf. mod. ley 13.101) como de la prueba que lo corrobore, sumado a ello la prudente valoración judicial fundada en las particulares circunstancias de la controversia y en la sana crítica (arts. 77 y 78 inc. 3, ley 12.008, conf. mod. ley 13.101; 163 inc. 5, 375 y concs., C.P.C.C.). Es que, más allá de la innegable dinamicidad con que en el proceso se distribuyen las cargas probatorias, estimo subsistente el criterio orientador que exige la prueba del daño ‑en el que se comprende al daño moral, dado su carácter resarcitorio y no punitivo‑ a quien lo alega (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por daños", Buenos Aires, 1998, t° I, pág. 485). No hay que olvidar, además, que toda indemnización, regida ya sea por el derecho público o por el derecho privado, supone la existencia del daño (C.S.J.N., "Astilleros Príncipe y Menghi S.A.", sent. de 5‑III‑1996, "La Ley", 1996‑C‑420).

A tenor de lo expuesto en el apartado anterior, corresponde analizar si procede en la especie hacer lugar a la pretensión resarcitoria del daño moral invocado y, advierto, que en el sub examine nos encontramos con uno de aquellos en los que la existencia del daño moral puede ser establecida sin mayores dificultades por el tribunal.



Para arribar a tal conclusión, tengo en cuenta la situación de revista en que se hallaba el agente al tiempo de la separación ilegítima, quien ostentaba el cargo de Director de Salud Mental del Hospital Neuropsiquiátrico de Patagones. Y, en tal orden de ideas, no es dable soslayar que el demandante había accedido a la carrera médico hospitalaria mediante concurso y que acredita una aquilatada trayectoria en su especialidad médica según da cuenta la documental agregada a fs. 15/18 (curiculum vitae), el libro editado por Editorial Planeta "La Curación Chamánica‑Experiencia de un Psiquiatra con la Medicina Aborigen Americana", el premio otorgado por la Asociación de Psiquiatras Argentinos (prueba informativa de fs. 172), su labor docente y de investigación (prueba informativa de fs. 140). Asimismo, merece destacarse la resolución del Concejo Deliberante de Carmen de Patagones que reivindica la labor del actor luego de haber superado una etapa de profundos desencuentros (fs. 6/7). Tampoco puede obviarse la repercusión social que el hecho tuvo (v. recortes periodísticos, fs. 44; declaraciones testimoniales de fs. 150/151, 153/154).

Las probanzas apuntadas, permiten dar por cierto que la medida declarada ilegítima pudo razonablemente inferir un daño en el prestigio profesional y académico del doctor P. , interrumpiendo al mismo tiempo su carrera hospitalaria, con palpable afectación de sus sentimientos más íntimos.

Por tales razones, teniendo en cuenta el monto reclamado por tal concepto y lo alegado por la accionada en contra de la procedencia de la reparación pretendida, propicio como reparación por el daño moral la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000).

Dichas sumas deberán ser abonadas en el plazo de sesenta días (art. 163, Const. prov.).

Costas por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 ‑texto según ley 13.101‑ y 17, ley 2961).

Así lo voto.



A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. Si bien adhiero al relato de antecedentes efectuado por mi colega preopinante, no coincido con los argumentos expuestos para fundar la resolución de la cuestión debatida en la causa.

II. Entiendo que al encontrarse vencido el plazo conferido por esta Suprema Corte mediante sentencia recaída en los autos principales con fecha 27 de noviembre de 1996, para que la Administración ejerciera su potestad disciplinaria, resulta aplicable lo dispuesto en el art. 85 de la ley 11.757 y por tanto procedente la pretensión del actor tendiente al reconocimiento de la totalidad de los salarios dejados de percibir como consecuencia de la cesantía declarada ilegítima.

La citada norma contempla de manera expresa que "cuando la resolución del sumario absuelva o sobresea definitivamente al imputado, le serán abonados íntegramente los haberes correspondientes al tiempo que duró la suspensión preventiva...".

En supuestos asimilables al presente, en los que se había declarado extinguida por prescripción la potestad disciplinaria, este Tribunal decidió que la conducta negligente de la autoridad que no cumplió los procedimientos destinados a la tramitación eficiente de un sumario administrativo, cuya conclusión la habilitaría, eventualmente, a sancionar al agente por la falta imputada, no podría oponerse como defensa válida a la pretensión esgrimida en punto a la percepción de los salarios no cobrados (conf. causas B. 57.376, "De Cunto", sent. del 28‑X‑1997; B. 51.193, "Arriondo", sent. del 12‑V‑1998; B. 56.441, "Bucharsky", sent. del 20‑IV‑1999 y B. 57.469 bis, "Tettamanti", sent. del 21‑XII‑2005).

Existiendo imposibilidad de actuar la potestad disciplinaria, no existe causa jurídica que legitime la privación de los haberes dejados de percibir durante el lapso en que el doctor P. estuvo separado de su cargo. La negativa de la Municipalidad al otorgamiento de los salarios pedidos resulta contraria a derecho, resultando por tanto irrelevantes las defensas esgrimidas para enervar la pretensión del actor.

Ante la existencia de un procedimiento sumarial inconcluso, en el cual el acto administrativo que resuelva acerca de la responsabilidad del agente no puede ya ser dictado por haberse extinguido el poder disciplinario de la Administración, cabe concluir que el actor se encuentra en igual situación que aquellos agentes que han sido sobreseídos o absueltos (conc. causa B. 56.376, cit.).

Entender la situación de modo contrario implicaría sustentar la existencia de una sanción disciplinaria administrativa que le impida percibir los salarios devengados durante el lapso reclamado. Ello en la medida que es éste el único supuesto en que tales salarios se pierden para el agente sometido a sumario.

Si bien no puede identificarse el supuesto de autos con aquellos casos en los cuales se ha dictado un acto administrativo favorable al recurrente, no cabe duda que en el caso se ha producido la finalización de un procedimiento sumarial, de un modo no convencional si se quiere, pero que bien puede equipararse al sobreseimiento al que alude la norma.

Por otro lado, cabe señalar que no se han acreditado en la causa hechos imputables a la voluntad del interesado con relación a la imposibilidad jurídica de dictar una decisión acerca de su conducta, circunstancia que torna razonable la solicitud de que se le abonen los salarios caídos desde la fecha de la cesantía decretada en su perjuicio y hasta su efectiva reincorporación.

III. En lo que respecta a la reparación del daño moral, comparto la doctrina sentada por este Tribunal en punto a la presunción de su existencia y, por ende, a su procedencia (arts. 16, 522, 1078, 1109 y concs., Cód. Civil) en los casos en que, como en éste, se ha llegado a la conclusión de que un agente estatal ha sido dado de baja ilegítimamente, pues en tales supuestos no cabe duda acerca de que la separación provoca en el damnificado intranquilidad y sufrimientos. Tal circunstancia, se ha dicho, ha de tenerse por demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica ‑daño in re ipsa‑ y es al responsable de ésta a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral.

Sentado ello, y teniendo en cuenta la insuficiencia probatoria de la demandada en este rubro (cf. arts. 375, C.P.C.C. y 77 inc. 1 y 78 inc. 3, ley 12.008 ‑texto según ley 13.101‑) considero razonable el monto de $ 35.000 propuesto en concepto de daño moral en el voto precedente.

Así lo voto.

A la cuestión planteada, el señor Juez, doctor Hitters dijo:

I. Adhiero al relato de antecedentes y solución propuesta por mi distinguido colega, doctor Soria, aunque en virtud del siguiente desarrollo argumental.

II. El señor P. pretende le sean resarcidos los daños y perjuicios que alega resultan consecuencia de la sanción expulsiva que le aplicara la Municipalidad de Carmen de Patagones y que fuera declarada ilegítima por esta Suprema Corte en la sentencia dictada con fecha 27‑XI‑1996 en los autos principales.

En concreto, reclama: A‑ en concepto de daño material: i) pesos ciento treinta mil ($ 130.000) en concepto de remuneraciones que dejó de percibir en la actividad pública; ii) pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000) en concepto de remuneraciones que dejó de percibir en la actividad privada; iii) pesos noventa y un mil ($ 91.000) en concepto de aportes al Instituto de Previsión Social y iv) pesos cincuenta mil ($ 50.000) en concepto de venta apresurada de bienes y gastos de traslado; B‑ En concepto de daño moral: pesos cien mil ($ 100.000).

III. Como lo expone el distinguido colega que abriera el acuerdo, esta Suprema Corte ha tenido oportunidad de expedirse estableciendo que el plazo fijado en la sentencia para la reincorporación del agente dado de baja, lo es también para el cumplimiento de ejercer su potestad disciplinaria (causa B. 57.469, "Tettamanti" res. del 13‑VII‑1999).

En autos, encontrándose vencido el aludido plazo, cabe considerar decaído el derecho de la demandada a ejercer la potestad disciplinaria y, consecuentemente, corresponde ingresar en el análisis de la pretensión resarcitoria formulada.



IV. En lo concerniente al daño material, cabe señalar:

a) En cuanto a los haberes devengados, cabe presumir el daño (an debeatur) por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria (doct. causas B. 49.176, "Sarzi", cit.; B.48.945, "Moresino", sent. del 26‑II‑1985, "Acuerdos y Sentencias" 1985‑I‑203; B. 49.076, "Correa", sent. 18‑XI‑1986, "Acuerdos y Sentencias" 1986‑IV‑128; B. 53.291 "Alvarez", sent. del 22‑IV‑ 1997, "Acuerdos y Sentencias" 1997‑II‑271; B. 55.364, "Tam-borini", sent. del 10‑VI‑1998, "Acuerdos y Sentencias" 1997‑III‑271; B. 56.396, "Ceccomancini", sent. del 14‑IV‑ 1998, "Acuerdos y Sentencias" 1998‑II‑419; B. 59.013, "Meza", sent. del 4‑IV‑2001; entre muchas).

Sentando un criterio que entiendo enlaza y armoniza los fundamentos de la reparación con la naturaleza jurídica de la garantía de la estabilidad, este Tribunal ha resuelto que en estos casos debe ponderarse siempre "... la posibilidad de que el empleado despedido sin derecho pueda sufrir inmediatamente a su cesantía, un daño igual a la privación de su sueldo..." y que ese daño es "... lógico de presumir durante un tiempo prudencial suficiente como para que el cesante dedique las horas que antes empleaba en su cargo a otra actividad lucrativa" (causa B. 38.396, "Benitez", sent. del 22‑IV‑1958, "Acuerdos y Sentencias" 1958‑III‑44, esp. voto del señor Juez doctor Acuña Anzorena, a la cuarta cuestión planteada, citado por el señor Juez de primer voto, doctor Vivanco, en la causa B. 49.176, "Sarzi", sent. del 26‑II‑1985, "Acuerdos y Sentencias", 1985‑I‑212).

Ahora bien, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contenciosoá administrativo (cf. art. 50 y conc., C.P.C.A.; Ac. 25.443, "Alvarez, Etelvina c/Handula J. F. y otros. Daños y perjuicios", sent. 5‑XII‑1978, "Acuerdos y Sentencias", 1978‑III‑622), corresponde supeditar el monto de tal perjuicio a la demostración que sobre la magnitud del mismo efectúe la actora y en tal caso a la prueba en contrario de la demandada (doc. art. 375, C.P.C.C., aplicable al caso en virtud de los arts. 77.1 y 78.3 del C.P.C.A. ley 12.008 ‑texto según ley 13.101‑).

b) En cuanto a los restantes daños alegados, derivados de las remuneraciones que el accionante dejara de percibir en la actividad privada, en concepto de aportes al Instituto de Previsión Social y por la venta apresurada de bienes y gastos de traslado, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contenciosoá administrativo ‑como lo expuse anteriormente‑ corresponde supeditar el monto de tal perjuicio a la demostración que sobre la magnitud del mismo efectúe la actora y en tal caso a la prueba en contrario de la demandada (doc. art. 375, C.P.C.C., aplicable al caso en virtud de los arts. 77.1 y 78.3 del C.P.C.A. ley 12.008 ‑texto según ley 13.101‑).

c) Sentado lo anterior, coincido con el desarrollo formulado por mi distinguido colega, doctor Soria, en el punto II.c.2., respecto de la incidencia del despido en la situación patrimonial del accionante, así como con la insuficiencia de la prueba a efectos de atender la pretensión indemnizatoria por daño material con el alcance requerido.

Por lo tanto, y en lo que tiene que ver con el quantum debeatur, adhiero a la solución allí propuesta.



V. Respecto al daño moral, juzgo que el reconocimiento de dicho rubro resulta procedente, pues no cabe duda que la medida expulsiva ilegítimamente dispuesta provocó en el actor intranquilidad y sufrimientos, extremos éstos que conforme lo he señalado en las causas B. 52.134, "Toti", sent. 26‑IX‑1995; B. 53.291, "Alvarez", sent. 22‑IV‑1997; B. 51.193, "Arriondo", sent. 12‑V‑1998; B. 51.616, "Pippo", sent. 14‑VII‑1998 y B. 57.469, "Tettamanti", sent. 23‑VI‑ 1999, pueden desvirtuarse mediante una objetiva prueba de la improcedencia del agravio moral, que debe correr por cuenta del responsable del hecho dañoso, lo que no se ha acreditado en la presente causa (arts. 25, C.P.C.A.; 165 y 375, C.P.C.C.).

Ello debe ser así, máxime teniendo en cuenta la jerarquía de las prerrogativas violadas por la Administración en el caso subanálisis: el derecho al trabajo y a la estabilidad del empleo público, ambos de raigambre constitucional (arts. 14 bis de la Constitución nacional; 6 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía constitucional, 75 inc. 22 de la Const. nac. y 39 y 103 inc. 12º de la Const. provincial), considerando las connotaciones evidentemente conexas con principios tales como la dignidad humana y la protección moral y material de la familia que aquellos conllevan.

Además, cabe poner de resalto que el Pacto de San José de Costa Rica dejó establecido que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (art. 5), como así también a la consideración de su honor y dignidad (art. 11).

De modo tal que no sólo por lo preceptuado en el Código fondal (arts. 16, 522, 1078, 1109 y concs. Cód. Civil), sino por las previsiones que en tal sentido establece la Ley Fundamental al jerarquizar los tratados, juzgo que corresponde hacer lugar a la pretensión de la reparación del agravio moral, estableciendo su quantum en la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000).


Así lo voto.


Costas por su orden (art. 17, C.C.A. ley 2961, aplicable en función del art. 78.3 ley 12.008 ‑texto según ley 13.101).

El señor Juez doctor Pettigiani, por los fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votó en el mismo sentido.



A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. Disiento con la propuesta de los colegas que me preceden respecto a la magnitud del quantum indemnizatorio.

Tal como sostuve al resolver la causa "Chaparro" (sent. del 12‑XI‑2003) y "Sebey" (sent. del 1‑IV‑2004), entiendo que cuando la sanción expulsiva se decreta ilegítimamente ‑como sucede en el caso de autos‑ debe presumirse el perjuicio ocasionado al empleado, derivado de la pérdida del empleo y su consiguiente detrimento patrimonial, vulnerándose así la garantía constitucional de la estabilidad (conf. doct. causas B. 49.196, "Sarzi", sent. del 26‑II‑ 1985; B. 50.864, "Rodríguez", sent. del 29‑VIII‑1995; B. 57.637, "Duville", sent. del 21‑VI‑2000; B. 50.550, "Velazco", sent. del 23‑IV‑1990).

En efecto, soy de la opinión que cuando una cesantía es declarada ilegítima, procede el pago de todos los salarios devengados, ya sea durante el tiempo en que haya durado la suspensión del empleado o desde la separación del cargo hasta su reincorporación.

Al respecto, creo oportuno recordar, una vez más, que si bien el Alto Tribunal ha decidido que no procede el pago de sueldos por funciones no desempeñadas correspondientes al lapso que va entre la separación del cargo del agente y su reincorporación (Fallos 304:199, 1459; 307:1199, 1215, 308:732 y 1795, entre otros), ese mismo tribunal ha interpretado ‑en una causa iniciada por un agente público suspendido preventivamente por sumario administrativo que concluyó con una cesantía declarada nula‑ que cuando la falta de prestación de servicios no resulta imputable al agente, sí procede el pago de los salarios dejados de percibir (Fallos 321:635).

Por tal motivo, y aunque sea loable que el Estado no afronte el pago de remuneraciones sin la correlativa prestación de servicios, ello es admisible cuando la conducta ilegítima del empleado sea la razón determinante de tal consecuencia, mas no puede ser asimilable al supuesto en el que el empleado no tuvo injerencia alguna en la resolución de la Administración, sino que por el contrario, fue víctima de tal decisión.

Por otra parte, porque creo que puede inferirse que el empleado pudo razonablemente haber encontrado otro empleo, debiendo esta circunstancia en todo caso, ser probada por la demandada.

Como he señalado anteriormente, coincido con la doctrina minoritaria de este Tribunal que sostuvo que no sólo cabe presumir la existencia del daño sino también su magnitud, que debe fijarse en la totalidad de las remuneraciones que el agente se vio privado como consecuencia de la expulsión ilegítima en razón de que en principio, ese es el menoscabo efectivamente sufrido, salvo prueba en contrario de la demandada (causas B. 56.675, "Lallana", sent. del 7‑VI‑2000; B. 57.637, "Duville", sent. del 21‑VI‑2000; B. 56.127, "Salinas", sent. del 12‑VII‑2000; B. 59.013, "Meza", sent. del 4‑IV‑2001).

II. En cuanto al daño moral reclamado, comparto plenamente los fundamentos brindados por el doctor Soria, así como la estimación que efectúa del citado rubro y, en consecuencia, doy mi voto en idéntico sentido.

Así lo voto.

El señor Juez doctor Genoud, por los fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

Adhiero al relato de antecedentes y solución propuesta por mi distinguido colega doctor Hitters, excepto al punto IV. c). En razón de brevedad, me remito a mi voto en la causa B. 57.368, "Etcheveste", sent. del 8‑III-2006.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la pretensión indemnizatoria, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonarle al actor los haberes correspondientes desde la fecha en que se dispuso la cesantía y hasta su reincorporación.

Así lo voto.

Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría, se condena a la demandada a abonar al doctor A. A. P. , en concepto de daño material, un monto equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las remuneraciones brutas dejadas de percibir por el actor desde agosto de 1987 hasta la fecha de la presente sentencia, importe al que se adicionará, desde la fecha de cada devengamiento conforme la metodología empleada por el perito, la actualización monetaria correspondiente al índice de precios al consumidor que publica el INDEC más un interés del 6% anual hasta el 31-III-1991 y a partir de allí, y hasta el efectivo pago, se aplicará la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos periodos de aplicación (arts. 7 y 10 de la ley 23.928, texto según ley 25.561 -coincidentes en ambas redacciones en sus contenidos-; 622, Código Civil y 5, ley 25.561).

Asimismo, se condena a la demandada a abonar al actor, en concepto de daño moral, la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000).

Dichos importes deberán ser abonados en el plazo de sesenta días (art. 163, Const. prov.).

Costas por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 ‑texto según ley 13.101‑ y 17, ley 2961).

Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51, decreto ley 8904).



Regístrese y notifíquese.


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