Si el Tokata ha llegado a tus manos y estás fuera, ¡intenta que pase dentro! Marzo 2011 Si el Tokata ha llegado a tus manos y estás dentro, ¡que rule! ¡Ese es su sentido!



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Si el Tokata ha llegado a tus manos y estás fuera, ¡intenta que pase dentro! MARZO 2011

Si el Tokata ha llegado a tus manos y estás dentro, ¡que rule! ¡ESE ES SU SENTIDO!



LOS MALOS TRATOS SON EL PAN DE CADA DÍA
Cualquiera que esté en prisión puede sufrir malos tratos. Basta con echarle un ojo al último informe aportado por la Coordinadora Contra la Tortura (2009), para reconocer que es una práctica habitual: ese año se hicieron 114 denuncias por torturas en las cárceles del estado. Hasta ahora, cuando hablamos de maltrato, pensamos en la idea más ruda y directa, es decir, la agresión física, las palizas. Las llamadas “medidas coercitivas” en la práctica dan lugar a abusos y excesos frecuentes que consisten en golpes, entre uno o varios funcionarios, cuando la persona ya ha sido reducida y por lo tanto se encuentra indefensa. Estos actos constituyen un delito de torturas. Según instituciones penitenciarias las “medidas coercitivas” solo se utilizan con presos conflictivos que atentan contra las normas penitenciarias y el orden del centro, pero esta es la idea que nos quieren vender...

La prisión supone maltrato en sus diferentes ámbitos y por lo tanto en su totalidad. Si mencionamos el tema de la asistencia sanitaria y según el manual de ejecución penitenciaria “las personas presas tienen derecho a que la administración penitenciaria vele por su vida, integridad y salud”. Mensualmente, por sida, fallecen más de cinco personas en la cárcel o inmediatamente después de ser excarceladas, por no hablar de la hepatitis, tuberculosis, trastornos psíquicos y la falta absoluta de un tratamiento adecuado y personalizado de numerosas enfermedades más. Según las mismas administraciones penitenciarias, en prisión se producen más de 275 muertes anualmente. Estas muertes derivan, en la mayoría de los casos, de una total falta de asistencia médica. Y aunque es notorio que la excarcelación suele producir un a mejoría notable en los enfermos graves y terminales, las medidas legales en ese sentido se aplican de una forma tan restrictiva que se diría que no la administración no quiere soltar a los afectados hasta que su muerte no esté asegurada. Los suicidios, asesinatos encubiertos, son un claro ejemplo del acoso psicológico que padecen los internos, empujados por la desesperación, la falta de atención (ya sea médica, jurídica, educativa, psicológica, social...) y ante el oscuro horizonte que les presenta el encarcelamiento en esas condiciones.

El aislamiento, los cacheos, la intervención de las comunicaciones, etc., según la ley, solo se pueden aplicar en casos muy específicos y bajo unos estrictos requisitos; pero la realidad es que el personal penitenciario recurre a estas medidas, especialmente al aislamiento prolongado, de manera sistemática, violando la legalidad. Los recuentos nocturnos constituyen una medida considerada ilegal por la misma LOGP pese a lo cual también se recurre a menudo a ella. Los traslados por sorpresa utilizados como forma de sanción también son ilegales en teoría, pero se realizan habitualmente vulnerando la legalidad y lo más importante, la seguridad, dignidad e integridad de los presos. El trato degradante y humillante a los familiares y la dispersión suponen un maltrato tanto para las familias como para el preso. Todas estas medidas, por nombrar tan sólo algunas; constituyen el maltrato institucionalizado en la prisión.

Pero el personal penitenciario sabe cubrirse bien las espaldas: las asociaciones y sindicatos de carceleros recurren a astutas artimañas para justificar ante los mass media la aplicación de estas medidas. Por un lado, aluden al aumento de la población carcelaria, es decir, al hacinamiento, y por lo tanto, a la dificultad de controlar a tantos presos, pero, sobre todo, justifican la tortura por las agresiones que “sufren” por parte de los internos. Por ello reivindican, entre otras cosas, poder disponer en los módulos de armas y manga ancha para actuar con más contundencia aún. Apoyándose en la “presunción de veracidad” que el sistema penal español atribuye a sus “partes disciplinarios”, no sólo maltratan a los presos, sino que les acusan de agresiones hacia ellos para cubrirse de posibles denuncias. Exageran sistemáticamente la “peligrosidad” de las personas encarceladas para apoyarse en sus reivindicaciones laborales o en sus enfrentamientos, a menudo politizados, con la SIGP, calificando, por ejemplo de “motín” o de “pelea multitudinaria” hasta el más pequeño incidente, acusando falsamente a los presos de racismo, de tráfico de drogas o de lo que se les antoja.

La realidad, sin embargo, es bien distinta, pues cualquier persona presa es susceptible al maltrato: la falta de medios de cualquier clase para defenderse y de humanidad entre el personal penitenciario pone al reo en una situación de total vulnerabilidad. A cualquiera que sea crítico con el sistema carcelario, no acepte alguna de sus injusticias o simplemente no caiga bien al carcelero de turno le aplicarán estas “medidas coercitivas”. Además, el corporativismo que existe entre carceleros, médicos, psiquiatras, educadores, trabajadores sociales, jueces, policías y el conjunto del personal al servicio del sistema penal, hace cada vez más difícil recoger las pruebas del maltrato, lo que supone que estas acciones queden casi siempre impunes. La persona presa queda así en una situación de total indefensión. La mayoría de las denuncias por maltrato caen en el vacío o bien conllevan más sanciones y acoso por parte de los carceleros que siguen tratando día a día con la persona que intentó denunciarles. Estos hechos, sumados a la falta de asistencia jurídica real, acarrean que en la mayoría de las situaciones de maltrato el preso prefiera no denunciar.

Mientras tanto Instituciones Penitenciarias, desde su Ministerio, se las da de “progre” y asegura haber conseguido una notable “humanización” de la prisión en los últimos tiempos, pero sabemos que sus movimientos suelen responder a una obsesiva necesidad de limpiarse la cara y promocionar unos ciertos intereses, económicos, políticos y propagandísticos. Lo único que han obtenido los presos de la administración carcelera es vacío, olvido y más rencor hacia aquellos que osaron levantar la voz entre los muros, indiferencia o represión ante sus reivindicaciones y una total permisividad ante los abusos.

Desde el último informe publicado en este boletín en junio de 2010 hasta hoy han sido numerosos los relatos de malos tratos que han salido a luz. Al no disponer de demasiado espacio para poner el relato entero, os ofrecemos los extractos de cada uno de ellos; aunque suficientes para dar a conocer la realidad carcelaria y el horror que hace de los malos tratos el pan de cada día de la vida carcelaria. Sabemos que son muchísimos más los casos de abuso en prisión, pero como ya dijimos anteriormente, la falta de asistencia jurídica, el corporativismo, el miedo etc. impiden que las denuncias salgan a la luz, con lo que el maltrato queda en la mayor parte impune. Sin embargo, otras muchas denuncias han tirado y tiraran adelante si se tratan en el debido momento y con las debidas herramientas.

El 12 de agosto de 2010, 90 reclusos del módulo 1 del centro penitenciario de Badajoz firman un escrito en el que expresan su rechazo al modo en que se desarrolla la actividad médica y sanitaria que reciben, “por falta de corrección en el trato a los pacientes y desidia a la hora de recetar y de hacer el seguimiento a los enfermos”, de modo que se les pone “en peligro”. Consideran la práctica médica “alejada de las pautas deontológicas”. Y se quejan de que el médico pasa “consulta una vez por semana” y que atiende solo “a los 15 o 20 primeros de la lista”. La recogida de firmas la ha promovido José María Ortega en compañía de su esposa, Matilde Báez, padres de Pedro Ortega Báez, fallecido en prisión el 11 de febrero de 2010, que consideran que su hijo no fue debidamente atendido por el servicio médico de la prisión y mantienen que realizaron unas 30 llamadas telefónicas al centro los días anteriores a la muerte de Pedro, “para pedir a los médicos que lo vieran porque no estaba bien. Parece ser que fue medicado con medicamentos incompatibles.

El 22 de octubre, Laureano Ortega Ortega, preso político de los GRAPO, que había sufrido recientemente un episodio de preinfarto tras la obstrucción de una arteria, se encuentra de nuevo en prisión. Tras tenerle unos días en la enfermería de la prisión de Puerto III, se encuentra en aislamiento. Está sometido a un tratamiento de al menos 6 meses de duración, pues además tiene problemas por retención de líquidos. Se supone que estará con un régimen especial de comidas, etc. pero sabiendo los “menús” alimenticios que en las cárceles se dan, suponemos y nos tememos que la mejora no será muy sustancial. Además de lo que el régimen de aislamiento supone. Los familiares se quejan de que apenas pueden visitarlo pues ha sido trasladado a 1100 km de su pueblo.

El 23 octubre, Isabel Aparicio, también presa política del PCE(r) cuenta en una carta que sufre varias enfermedades y padecimientos graves: artrosis degenerativa avanzada en los pies, rodillas y columna vertebral, hernias de disco y otros problemas en las vértebras lumbares, osteoporosis, cataratas, sinusitis con episodios de asfixia y tos insistente. Su estado de salud obligaría, si se aplicara humanamente la ley vigente, a ponerla en libertad. En lugar de eso, permanece en la cárcel sin unos mínimos cuidados médicos ni atención sanitaria suficiente y alejada por la dispersión de sus familiares y amigos.

El 23 octubre Un funcionario de prisiones de Sevilla ha sido condenado a un año y medio de cárcel y a pagar 60.242 euros de indemnización por propinar una “fuerte bofetada con la mano abierta” a un preso, lo que le produjo perforación del tímpano y le dejó como secuela una pérdida completa de audición. Los jueces aplican al condenado la agravante de prevalerse de su cargo público para abusar del preso.

El 24 octubre decenas de personas exigieron en Santutxu la libertad del preso político Juan Pablo Diéguez, que sufre graves problemas de salud. Se le ha extirpado un cáncer de próstata; padece fuertes dolores en los oídos y sordera, vértigos, dificultades respiratorias que pueden ser terminales durante el descanso nocturno, artrosis y artritis generalizadas.

A finales de octubre recibimos la siguiente carta: “El Centro Penitenciario  Puerto III es un centro de exterminio, en el que trabajan perros adiestrados por el estado fascista y capitalista español. Además de esto, les importa un bledo la reinserción y resocialización del reo. Que no están por la labor de ayudar a que el interno sea mejor persona y concienciar y preparar psicológicamente al reo para cuando alcance la libertad. Además del trato degradante e inhumano que recibimos diariamente, insultos, abusos de poder, etc. No se tiene en cuenta los sentimientos y derechos de las personas ingresada en este centro de exterminio Puerto III, en el que los derechos son vulnerados, pisoteados por parte de estos perros adiestrados de este centro en concreto. Las represalias que tiene uno que aguantar por cojones, las mentiras y manipulaciones por parte del equipo técnico. Además de los ladrones de guante blanco que trabajan en dichos centros (ADMINISTRADOR, DIRECTOR), todos comen de la misma olla y nadie quiere saber nada de nada…”

El 18 noviembre, en el Centro Penitenciario de A Lama, Pontevedra, se encuentra un compañero preso gravemente enfermo,  se llama  Jesús Rodríguez Collazo e ingresó en prisión en agosto del año 2009. Jesús padece SIDA  y Hepatitis C. Su familia esta preocupada y ha intentado ya por medio de la participación de una abogada la excarcelación por enfermedad. Hasta la fecha tanto la cárcel como la administración penitenciaria han puesto toda suerte de impedimentos que han obligado a la familia a denunciar ante el Juzgado de Guardia la falta de información y asistencia sanitaria.

Desde Puerto III denuncian, el 17 de noviembre, el abandono sanitario-psiquiátrico al haberlo sufrido en primera persona: “Aquí en Puerto III la mayoría de los suicidios son consecuencia de la desatención psiquiátrica, ya que no existe atención ninguna, y de la incompetencia total de psicólogo/as y médicos de cabecera (…) De ahí la mayoría de suicidios y la mayoría de linchamientos que acaban en primer grado con sumarios penitenciarios que pagan y sufren los reos cuando reivindican”.

El 29 de Noviembre, un compañero preso en Bonxe nos escribe tras observar con impotencia como reciben un trato denigrante los familiares que van a visitar: MMQ denuncia que “sacan fotos a todos los que vienen a comunicar fichando a los familiares”.

El 6 de diciembre desde el C.P. Valdemoro, recibimos noticia de una tremenda paliza, como celebración del día de la constitución, después del recuento matutino, por parte de 10 o 12 carceleros que, sin motivo aparente se lían a golpes con un recluso hasta romperle la nariz para, posteriormente dejarle en una celda de aislamiento, desnudo en pleno invierno y esposado.

El 13 de diciembre, trasladan a un compañero luchador desde Madrid a Sevilla II como represalia por sus denuncias y reivindicaciones.

El 17 de diciembre, el Tribunal supremo condena al subdirector de Langraitz por abusos sexuales a dos presas.




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