Sesion pública ordinara numero dieciocho por los diputados integrantes de la quincuagésima octava legislatura, el día veintidós de agosto del añO 2018, fungiendo como presidente el diputado francisco javier ceballos galindo



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D E C R E T O

ÚNICO.- Se aprueba expedir la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, para quedar como sigue:

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE COLIMA

TÍTULO PRIMERO

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capítulo Primero

Disposiciones generales

Artículo 1°.- Esta Ley es de orden e interés público, de observancia general en materia de participación y organización ciudadana en el Estado de Colima y tiene por objeto reconocer el derecho humano a la participación ciudadana, promoverla y facilitarla a través de instituir y regular los instrumentos de la misma, contribuyendo a su organización y funcionamiento, fomentando la participación activa y organizada en las decisiones públicas, como en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

El presente ordenamiento establece como instrumentos de participación ciudadana los señalados en el artículo 14.



Artículo 2°.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Ayuntamientos: La máxima autoridad de los Municipios del Estado de Colima, integrados por el Presidente Municipal, Síndicos y Regidores;

II. Ciudadanos: Los Ciudadanos del Estado de Colima;

III. Congreso: Congreso del Estado de Colima;

IV. Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado;

V. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Constitución Estatal: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

VII. Instituto Electoral: El Instituto Electoral del Estado de Colima;

VIII. Diputados Locales: Los Diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado de Colima;

IX. Estado: El Estado Libre y Soberano de Colima;

X. Ejecutivo: Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima;

XI. Gobierno del Estado: La Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Colima;

XII. Ley: Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Colima;

XIII. Ley del Municipio Libre: La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;

XIV. Ley General: La Ley General de Responsabilidades Administrativas;

XV. Ley de Transparencia: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; y

XVI. Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Estado de Colima.

Artículo 3°.- Para efectos de la presente Ley, la participación ciudadana es el derecho de las y los ciudadanos y habitantes del Estado de Colima, a intervenir y participar, de forma individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, por lo que el Estado debe garantizar la utilización de todos los medios de comunicación institucionales, así como las redes sociales, para proveer la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana.



El Estado garantizará la privacidad y protección de los datos personales, de quienes comparezcan a hacer uso de cualquiera de los derechos contenidos en la presente Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 4°.- Los principios de la participación ciudadana son los siguientes:

I. Corresponsabilidad: El compromiso compartido de la ciudadanía y el gobierno de valorar y atender, los resultados de las decisiones mutuamente convenidas; reconociendo y garantizando los derechos de las y los ciudadanos a proponer y decidir sobre los asuntos públicos; postulando que la participación ciudadana es condición indispensable para un buen gobierno y no sustitución de las responsabilidades del mismo;

II. Democracia: La igualdad de oportunidades de las y los ciudadanos, y en su caso, de los habitantes, para participar activamente en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones de carácter político, religioso, racial, ideológico, de género o de ninguna otra especie;

III. Inclusión: Fundamento de una gestión pública socialmente responsable, que considere e incorpore todas las opiniones de quienes desean participar que reconoce desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad y de los individuos que la conforman;

IV. Solidaridad: Disposición de toda persona de asumir los problemas de otros como propios, contrario a todo egoísmo o interés particular, que propicie el desarrollo de relaciones fraternales entre los vecinos y en general entre los ciudadanos, eleve la sensibilidad acerca de la naturaleza de las propias situaciones adversas y las de los demás, así como nutra y motive las acciones para enfrentar colectivamente los problemas comunes;

V. Sustentabilidad: Responsabilidad de que las decisiones asumidas en el presente aseguren, a las generaciones futuras, el control y disfrute de los recursos hábiles del entorno;

VI. Respeto: Reconocimiento pleno a la diversidad de criterios y opiniones, asumidas libremente en torno a los asuntos públicos. En este caso comienza incluso por la libertad de elegir cuándo y cómo se participa en la vida pública del Estado de Colima;

VII. Tolerancia: Garantía de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad de quienes conforman la sociedad y como un elemento esencial en la construcción de consensos;

VIII. Cultura de la legalidad: Garantía de que las decisiones de gobierno serán siempre apegadas a derecho; con seguridad para la ciudadanía en el acceso a la información y con la obligación expresa, por parte del gobierno, de informar, difundir, capacitar y educar para una cultura democrática;

IX. Derechos humanos: Los derechos humanos son los derechos esenciales que las personas deben gozar para poder vivir como seres humanos de pleno derecho. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas y de su supervivencia; y

X. Perdurabilidad: Responsabilidad social de garantizar que las prácticas democráticas se generalicen y reproduzcan de modo que aseguren el desarrollo, ahora y en el futuro, de una cultura ciudadana crítica, activa, responsable y propositiva.

Capítulo Segundo

De las autoridades

Artículo 5°.- Son autoridades en materia de participación ciudadana:

I. El Congreso;

II. El Ejecutivo;

III. Los Ayuntamientos; y

IV. El Instituto Electoral.

Capítulo Tercero

De las atribuciones

Artículo 6°.- Las autoridades del Estado y de los municipios, en su ámbito de competencia, están obligadas a fomentar y garantizar el respeto de los derechos previstos en esta Ley.

Artículo 7°.- El Instituto Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de los instrumentos de participación ciudadana previstos en el artículo 14, fracciones III, IV y V, del presente ordenamiento.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS HABITANTES, VECINOS Y CIUDADANOS DEL ESTADO

Capítulo Primero

De los habitantes

Artículo 8°.- Para los efectos de esta Ley, son habitantes del Estado, los mexicanos y los extranjeros que residan en su territorio.

Son ciudadanos del Estado, los varones y las mujeres mexicanos que hayan cumplido dieciocho años de edad, tengan un modo honesto de vivir y establezcan su domicilio en su territorio.



Artículo 9°.- Además de los derechos que establezcan la Constitución Estatal y otras leyes, los habitantes del Estado tienen derecho a:

I. Por medio de la audiencia pública proponer a la asamblea ciudadana y al comité ciudadano, así como al Ayuntamiento en que residan, acuerdos o la realización de actos en su colonia o fraccionamiento;

II. Ser informados respecto de las materias relativas al Estado sobre leyes, decretos y toda acción de gobierno de interés público;

III. Recibir la prestación de servicios públicos;

IV. Presentar, ante la autoridad correspondiente, quejas y denuncias por la incorrecta prestación de servicios públicos o por irregularidad en la actuación de los servidores públicos en los términos de ésta y otras leyes aplicables;

V. Emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas de interés público o general y para el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, mediante los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley; y

VI. Ser informados y tener acceso a toda la información relacionada con la realización de obras y servicios del Gobierno del Estado y de los Municipios, la cual será publicada en los sitios de internet de cada entidad pública a través de los instrumentos de información pública establecidos en la Ley de Transparencia.

Artículo 10.- Las y los habitantes del Estado tienen las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley;

II. Respetar las decisiones que se adopten en las asambleas ciudadanas de su colonia o fraccionamiento; y

III. Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan ésta y otras leyes.

Capítulo Segundo

De los vecinos

Artículo 11.- Se consideran vecinos para los efectos de ésta ley, a los habitantes que tienen cuando menos un año de residencia efectiva y con domicilio establecido comprobable dentro del municipio. La calidad de vecino se pierde al efectuarse alguna de las causales señaladas en el artículo 16 de la Ley del Municipio Libre.

La calidad de vecino se acreditará mediante protesta de decir verdad, a través de la dirección que conste en la credencial para votar con fotografía o, en su caso, por constancia expedida por la autoridad municipal competente.



Capítulo Tercero

De los ciudadanos

Artículo 12.- Se consideran ciudadanos aquellas personas que viven dentro de la ciudad y que son sujetos a tener los siguientes derechos:

I. Participar con voz y voto en la asamblea ciudadana;

II. Integrar los órganos de representación ciudadana que señala esta Ley;

III. Promover la participación ciudadana a través de los instrumentos de participación ciudadana establecidos en el artículo 14 de la presente Ley;

IV. Aprobar o rechazar mediante consulta popular en su modalidad de plebiscito, los actos o decisiones del Ejecutivo, del Congreso y de los Ayuntamientos, que a juicio de los ciudadanos sean trascendentes para la vida pública del Estado o municipio correspondiente;

V. Presentar iniciativas populares al Congreso y a los Ayuntamientos sobre proyectos de expedición, reformas, adiciones, derogación o en su caso abrogación de leyes o reglamentos que sean competencia del Congreso o de los Ayuntamientos, respecto de las materias que sean competencia legislativa de los mismos y en los términos de la presente Ley y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado;

VI. Opinar por medio de referéndum sobre la aprobación de reformas, adiciones ó derogaciones de leyes que le corresponda expedir al Congreso del Estado o de reglamentos que sean competencia del Estado o los Ayuntamientos;

VII. Solicitar al Instituto Electoral someta a plebiscito, en los términos que disponga la ley, propuestas de actos o decisiones de gobierno considerados como trascendentes para la vida pública del Estado;

VIII. Ser informado de las funciones y acciones de la administración pública y gobiernos municipales;

IX. Participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones de gobierno en términos de la presente Ley;

X. Ejercer y hacer uso de los instrumentos y órganos de participación ciudadana, en términos establecidos en esta Ley; y

XI. Los demás que se establezcan en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 13.- Los ciudadanos del Estado tienen las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con las funciones de representación ciudadana que se les encomienden;

II. Conocer sus derechos; y

III. Las demás que establezcan en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

TÍTULO TERCERO

DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capítulo Primero

De los instrumentos

Artículo 14.- Los instrumentos de la participación ciudadana, sin detrimento de los establecidos en otras leyes, son:

I. Iniciativa popular;

II. Audiencia pública;

III. Plebiscito;

IV. Referéndum;

V. Reglas comunes para la realización del Plebiscito y del Referéndum;

VI. Contralorías sociales;

VII. Presupuesto participativo;

VIII. Consejos consultivos ciudadanos; y

IX. Asambleas ciudadanas.

Capítulo Segundo

Iniciativa Popular

Artículo 15.- La iniciativa popular es el derecho que tienen los ciudadanos del Estado de acudir por nombre propio, al Congreso o a los Cabildos de los Ayuntamientos, proyectos de creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes que corresponda decretar al Congreso o de Reglamentos que sean competencia del Ejecutivo o de los Ayuntamientos.

Artículo 16.- La iniciativa popular que se presente en el Congreso o en los Cabildos, deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Presentarse ante el Congreso o el Municipio respectivo mediante un escrito de solicitud firmado por cuando menos el 0.13 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del Estado o del municipio correspondiente.

En este documento los ciudadanos que suscriban la iniciativa expresamente ratificarán en sus términos el contenido de la misma. También contendrá el nombre completo y domicilio del ciudadano, clave de elector, folio de su credencial para votar con fotografía y firma autógrafa de cada uno.



Para los efectos de este artículo, el Oficial Mayor del Congreso o el Secretario del Ayuntamiento, solicitará mensualmente, por escrito, al Presidente del Instituto Electoral del Estado, la información actualizada del padrón electoral;

II. La iniciativa se presentará con una exposición de motivos clara, precisa y con proyecto de cuerpo jurídico en el que se especifique claramente el texto sugerido; y

III. Autorizar a un representante común con domicilio en la capital del Estado, así como el número de teléfono y de correo electrónico para oír y recibir notificaciones.

Artículo 17.- La Oficialía Mayor del Congreso o el Secretario del Ayuntamiento, serán responsables de verificar que la documentación presentada se ajuste a lo dispuesto por el artículo anterior, contando para ello con un plazo improrrogable de 5 días hábiles.
En caso de que se detecte la omisión de alguno de los datos señalados en el artículo anterior o que el número de los ciudadanos que suscriban la iniciativa sea menor al porcentaje mínimo requerido, el Oficial Mayor del Congreso o el Secretario del Ayuntamiento, harán la prevención respectiva, la notificarán al representante común, y le otorgarán un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, para subsanar la omisión o completar el porcentaje y lo apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la iniciativa y sólo se podrá volver a presentar transcurrido un año de la fecha de conclusión del plazo otorgado.
Artículo 18.- El Congreso o el Cabildo darán el trámite correspondiente a la iniciativa, de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su reglamento, o la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y los reglamentos municipales aplicables.
Artículo 19.- El Congreso deberá de analizar y aprobar, en su caso, el dictamen sobre la iniciativa correspondiente a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones a aquél en que se reciba. El Cabildo, por su parte, dispondrá de un máximo de seis meses para analizar y aprobar, en su caso, el dictamen correspondiente. La omisión a esta disposición será causa de responsabilidad oficial que se substanciará de conformidad con la Ley General.
Artículo 20.- Desechada una iniciativa popular, sólo podrá volverse a presentar transcurrido un año de la fecha en que fuere aprobado el dictamen correspondiente.
Capítulo Tercero

Audiencia Pública
Artículo 21.- La audiencia pública es el instrumento de participación por medio del cual los habitantes, los ciudadanos, los comités ciudadanos, los consejos ciudadanos y las organizaciones ciudadanas del Estado podrán:

I. Proponer de manera directa al Ejecutivo, al Congreso y a los Ayuntamientos la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos actos;

II. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la administración pública y gobierno municipal;

III. Presentar al Ejecutivo, al Congreso y a los Ayuntamientos, las peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la función pública a su cargo; y

IV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y actos de gobierno. En todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de los ciudadanos, de manera ágil y expedita.

Artículo 22.- La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de:

I. Las asambleas ciudadanas y los consejos consultivos ciudadanos;

II. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales organizados; y

III. Los representantes populares electos en el Estado.

Las audiencias públicas se celebrarán, de preferencia, en plazas, jardines o locales de fácil acceso, a fin de propiciar el acercamiento con la población. Las autoridades del gobierno municipal deben proporcionar a los ciudadanos las facilidades necesarias para la celebración de estas audiencias.



Artículo 23. La audiencia pública podrá ser convocada por el Ejecutivo o por el Ayuntamiento a través de su titular; para tal caso se convocará a todas las partes interesadas en el asunto a tratar. La convocatoria se ajustará, en lo aplicable, a las disposiciones de este capítulo. En todo caso, se procurará que la agenda sea creada por consenso de todos los interesados.

Artículo 24.- En toda solicitud de audiencia pública se debe hacer mención del asunto o asuntos sobre los que ésta versará. La contestación que recaiga a las solicitudes de audiencia pública debe realizarse por escrito, señalando día, hora y lugar para la realización de la audiencia. La contestación mencionará el nombre y cargo del funcionario que asistirá. En el escrito de contestación se hará saber si la agenda propuesta por las y los solicitantes fue aceptada en sus términos, modificada o substituida por otra.

Artículo 25.- Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad tendrá siete días hábiles para dar respuesta por escrito, fundada y motivada, a los solicitantes.

Artículo 26.- La audiencia pública se llevará a cabo en forma verbal o escrita en un solo acto y podrán asistir:

I. Los solicitantes;

II. Los habitantes y vecinos del lugar, dándose preferencia a los interesados en la agenda;

III. El gobernador del Estado o quien lo represente;

IV. El presidente municipal o quien lo represente;

V. Las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, los consejos consultivos ciudadanos y las organizaciones ciudadanas interesadas en el tema de la audiencia; y

VI. En su caso, podrá invitarse a asistir a servidores públicos del área o la circunscripción de influencia de la problemática a atender, de las dependencias de la administración pública del Estado de Colima, o de otras dependencias federales e incluso de otras entidades federativas vinculadas con los asuntos de la audiencia pública. En la audiencia pública los habitantes interesados expresarán libremente sus peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración pública del Estado y sus municipios.
Capítulo Cuarto

Plebiscito
Artículo 27.- El Congreso, el Gobernador, los Presidentes Municipales y los ciudadanos tienen la facultad de solicitar plebiscito, de conformidad con lo previsto por los artículos 18, párrafo segundo, 34, fracción XIX, 58, fracción XLIII, 78, inciso C, fracción II, 89, penúltimo párrafo y 96, segundo párrafo de la Constitución Estatal.

Artículo 28.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por plebiscito el proceso de consulta directa a los ciudadanos con el propósito de que expresen previamente su aprobación o rechazo a la realización de una obra de beneficio colectivo, o a un acto o decisión de los Poderes Legislativo o Ejecutivo, o bien de los Presidentes Municipales, que sean considerados como trascendentales para la vida pública del Estado o de los municipios, según sea el caso, o para la creación o supresión de municipios, en los términos del presente ordenamiento.
Artículo 29.- El resultado del plebiscito será vinculatorio para la autoridad que lo haya promovido.

Artículo 30.- Corresponde al Congreso, de acuerdo con el Gobernador, la facultad de crear y suprimir municipios, conforme a las bases establecidas en la Constitución y la ley de la materia.
Artículo 31.- Una vez cumplidos todos los requisitos que establezca la ley de la materia para la creación o supresión de un municipio, y previamente a que el Congreso emita la declaratoria correspondiente, se llevará a cabo plebiscito, para conocer la opinión de los ciudadanos domiciliados en la municipalidad o municipalidades correspondientes.
Si cuando menos el 51% de los ciudadanos del o los municipios afectados manifiestan su aprobación mediante plebiscito, el Congreso decretará la creación o supresión correspondiente.
Artículo 32.- La Comisión legislativa responsable de formular el dictamen correspondiente a la solicitud de creación o supresión de un municipio, una vez que considere que hayan sido satisfechos los requisitos constitucionales y legales, presentará dictamen en el que se proponga al Congreso solicitar al Instituto Electoral la realización del plebiscito.
Artículo 33.- El Congreso expedirá el acuerdo correspondiente, que deberá de ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y dentro de los 3 días naturales siguientes a su expedición lo comunicará al Presidente del Instituto Electoral.

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