Sesion pública ordinara numero dieciocho por los diputados integrantes de la quincuagésima octava legislatura, el día veintidós de agosto del añO 2018, fungiendo como presidente el diputado francisco javier ceballos galindo



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Artículo 52.- El presente capítulo tiene por objeto:
l. Regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de salud mental en el Estado, con un enfoque de derechos humanos;
ll. Establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental en instituciones de salud pública del Estado, así como para personas físicas o morales de los sectores social y privado, que coadyuven en la prestación de servicios en los términos y modalidades establecidas en la presente Ley;
lll. Definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población, en el desarrollo de los programas de salud mental del Estado; y
lV. Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables.
Artículo 53.- Toda persona que habite o transite en el Estado, independientemente de su edad, género, condición social, condiciones de salud, religión, identidad étnica, orientación sexual o cualquiera otro, tienen derecho a la salud mental.
El Gobierno del Estado, las dependencias e instituciones públicas, sociales y privadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de este derecho, mediante una política transversal, con respeto a los derechos humanos y con un enfoque de género.
Artículo 54.- El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo de las potencialidades de las personas con trastornos mentales, para ello deberá:
I. Proporcionar apoyo, cuidados, educación, protección a la salud, alimentación suficiente y adecuada;
ll. Respetar los principios de autonomía individual, independencia, igualdad, no discriminación y todos aquellos que garanticen Ia igualdad en el ejercicio de sus derechos;
lll. Recibir apoyo por parte del Gobierno del Estado, para el desarrollo de actividades que promuevan la integración y el desarrollo de sus integrantes;
lV. Recibir capacitación y orientación por parte de las instituciones públicas, sociales y privadas; y
V. Participar en actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento, que contribuyan al desarrollo integral de las personas con algún trastorno mental.
Corresponde a la Secretaría, proporcionar a las personas que integren el núcleo familiar, debida asistencia, asesoría, orientación, capacitación y adiestramiento necesario para enfrentar dicha enfermedad.
Artículo 55.- Además de los derechos previstos en esta Ley, las personas usuarias de los servicios de salud mental, tendrán derecho:
l. Al acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud mental;
ll. A la toma de decisiones relacionadas con su atención y tratamiento, siempre y cuando su estado mental lo permita;
III. A la atención médica en el momento que lo solicite y, en su caso, a ser atendido en la instancia de salud del primer y segundo nivel de atención, para completar su proceso de tratamiento y rehabilitación;
IV. A ser informado sobre las campañas, planes, programas y servicios que proporcione el Gobierno del Estado y las instituciones sociales y privadas en materia de salud mental;
V. A conservar la confidencialidad de la información personal, a una historia clínica de conformidad con lo establecido en las normas oficiales y al anonimato de los participantes en estudios;
Vl. A que se Informe al padre, madre, tutor o representante legal con veracidad de la condición y el posible efecto del programa, campaña o tratamiento que reciba la persona usuaria, en caso de que sea menor de edad o incapaz. Lo anterior es aplicable a toda la población, incluida aquella que se encuentra en unidades médicas de reclusorios y comunidades para adolescentes, así como a grupos vulnerables;
VII. A que se le apliquen exámenes de valoración, confiables y actualizados que consideren su entorno social o característica a estudiar y a conocer los alcances y las limitaciones de las evaluaciones realizadas;
Vlll. A solicitar su diagnóstico diferencial, a recibir atención especializada, a contar con un plan o programa integral de tratamiento para la recuperación de sus funciones cerebrales, habilidades cognitivas, proceso de aprendizaje, así como a la reinserción al ámbito social y productivo, conservando su integridad psicológica, incluyendo a pacientes que hayan estado recluidos en un hospital o pabellón penitenciario psiquiátrico o establecimiento especializado en adiciones;
lX. A ser ingresado a alguna unidad de salud mental por prescripción médica, como último recurso terapéutico, cuando presente conductas o acciones que puedan causarle daño físico inmediato o inminente así mismo, a terceros o a la propiedad, y únicamente en los casos donde la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen. El internamiento se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determinen la autoridad competente y las disposiciones jurídicas aplicables;
X. A ser egresado de la unidad de salud mental, sólo cuando el médico tratante considere que puede continuar su tratamiento en forma ambulatoria y que ya no exista el riesgo que su conducta o acciones puedan causarle daño físico inmediato o inminente, así mismo, a terceros o la propiedad;
Xl. A la rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y comunitaria;
Xll. A la accesibilidad de familiares u otras personas, en el acompañamiento de las personas usuarias de los servicios de salud mental, salvo que medie contraindicación profesional;
Xlll. A recibir un trato digno y con respeto a sus derechos humanos, por parte de sus familiares y a que estos le proporcionen alimentos y cuidados necesarios para su rehabilitación integral; y
XlV. A que no se divulgue a terceros por alguno de los medios de comunicación existentes, la atención brindada por el personal de salud mental en las diversas instituciones que presten el servicio, cuando no medie su autorización expresa, salvo disposición contraria en este y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 56.- El profesional de salud mental tiene la obligación de estar debidamente acreditado para ejercer sus funciones, lo que incluye al menos, tener Cédula Profesional, Título Profesional y, en su caso, certificados de especialización expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, con la finalidad de que el usuario corrobore que es un especialista en la materia de salud mental.
Artículo 57.- Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, sin menoscabo de las demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y demás ordenamientos legales, las siguientes acciones:
l. Elaborar el Programa de Salud Mental para el Estado de Colima, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas y en esta Ley, fomentando la participación de los sectores social y privado;
ll. lmplementar de manera formal y sistemática, programas en materia de salud mental, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género;
lll. Diseñar y ejecutar de manera permanente en los medios de difusión masiva, campañas educativas para orientar, motivar e informar a la población sobre el concepto de salud mental, los estigmas imperantes en la población, los diversos trastornos mentales existentes, los síntomas que se presentan, las formas de prevención, y modos de atención, en coordinación con las dependencias e instituciones competentes;
lV. Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública del Estado de Colima, a efecto de suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para generar las condiciones necesarias para la rehabilitación;
V. Fijar, con pleno respeto a la autonomía municipal, los lineamientos de coordinación para que los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, intervengan en la promoción de la salud mental, e incentiven la participación social;
VI. lmplementar estrategias de coordinación de índole institucional con los prestadores de servicios de salud mental del sector público, social y privado, con la finalidad de generar convenios y acciones de coordinación para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de los problemas de salud, así como en la prestación de los servicios de salud mental;
Vll. Coordinarse con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Colima, a efecto de establecer acciones para que las personas con trastornos mentales, puedan acceder y conservar su fuente de trabajo; y
Vlll. Las demás acciones que contribuyan a la promoción fomento de la salud mental de la población.
Artículo 58.- La Secretaría al momento de brindar atención de la Salud Mental, buscará dar prioridad a los grupos vulnerabilizados.
Artículo 59.- Para la atención de la salud mental, la Secretaría, en coordinación con la Dirección del centro de reinserción social, implementará acciones en materia de salud mental, a través de las áreas competentes.
Artículo 60.- Para la promoción de la salud mental, el Gobierno del Estado deberá:
I. Dar a conocer las acciones que procuran una vida saludable a través de actividades educativas, recreativas y cívicas;

II. Diseñar y llevar a cabo campañas que reduzcan los factores de riesgo, y colaborar en el desarrollo de las mismas, cuando sea requerido por otras instancias de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable;

III. Participar en las acciones de atención a personas afectadas en situación de emergencia o desastre en el Estado; y

IV. Elaborar, difundir y llevar a cabo los programas de salud mental; así como contribuir en su aplicación cuando sea requerido por otras instancias de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable.
Artículo 61.- Las Instituciones de salud mental públicas, sociales o privadas, deberán:

I. Abstenerse de todo tipo de discriminación sobre la base de la disfuncionalidad, velando por que la voluntad de la persona con trastorno mental prevalezca, atendiendo en todo momento al respeto de los derechos humanos las personas internadas;

II. Evitar su aislamiento, permitiendo en todo momento la visita de sus familiares o persona que ejerza la legítima representación, previa autorización del médico tratante;

III. Garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes; y

IV. Contar con personal necesario, capacitado y especializado para proporcionar de manera eficiente atención integral de las personas con algún trastorno mental de acuerdo con la enfermedad específica que padezcan y el grado de avance que contengan.

Artículo 62.- Todo prestador de servicios de salud mental de los sectores público, social y privado, en caso de que observe algún tipo de lesión, discriminación, maltrato o cualquier otro signo que presuma la comisión de un delito en la persona que tenga algún trastorno mental, deberá de dar aviso inmediato al Ministerio Público correspondiente.

Título Tercero

Salubridad Local
Capítulo I

Disposiciones Comunes
Artículo 63.- Compete al Gobernador, a través de la Secretaría y a los Ayuntamientos, el control sanitario de los establecimientos, productos y servicios a que se refiere el artículo 7, de esta Ley, de conformidad con lo previsto por los artículos 4 y 13 de la misma.

Artículo 64.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por control sanitario el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación, aplicación de medidas de seguridad y, en su caso, imposición de sanciones que ejerce la Secretaría con base en lo que establezca esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

El ejercicio del control sanitario se aplicará a:



I. Los establecimientos, productos y servicios, en su caso, a que se refiere el artículo 7 de esta Ley; y

II. Los establecimientos, productos y servicios que en materia de salubridad general se hayan descentralizado en los acuerdos de coordinación, en los términos de la Ley General y demás disposiciones aplicables.

Artículo 65.- Los establecimientos, productos y servicios a que se refiere el artículo 7 del presente ordenamiento no requerirán de autorización sanitaria, a excepción de lo señalado en la fracción II de dicho artículo, debiéndose ajustar al control sanitario, así como a los requisitos establecidos en esta Ley, disposiciones reglamentarias y normas técnicas aplicables.

Artículo 66.- Los establecimientos, productos y servicios que no requieran para su funcionamiento de autorización sanitaria, deberán dar aviso por escrito a la Secretaría antes del inicio de operaciones. Dicho aviso deberá contener los siguientes datos:
I. Nombre y domicilio de la persona física o moral propietaria del establecimiento y, en su caso, el nombre del representante legal;

II. Domicilio del establecimiento;

III. Nombre comercial, giro;

IV. Procesos utilizados y línea o líneas de productos; y

V. Fecha de inicio de operaciones.
Además, deberán ajustarse al control sanitario y comunicar a la Secretaría todo cambio de giro, propietario, domicilio, razón social, denominación o cesión de derechos, o la fabricación de nuevas líneas de productos, en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.

Artículo 67.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por norma técnica el conjunto de reglas científicas y tecnológicas de carácter obligatorio, emitidas por la entidad administrativa correspondiente, que establezcan los requisitos que deben satisfacerse en el desarrollo de actividades en materia de salubridad local, con el objeto de uniformar principios, criterios, políticas y estrategias.

La Secretaría expedirá las normas técnicas a que quedará sujeto el control sanitario de las materias de salubridad local.



Artículo 68.- La Secretaría publicará en el Periódico Oficial, las normas técnicas en materia de salubridad local y, en caso de considerarlo necesario, las resoluciones que dicte sobre la revocación de las autorizaciones sanitarias.

Capítulo II

Mercados y Centros de Abasto
Artículo 69.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Mercado: sitio público destinado a la compra y venta de productos en general, preferentemente agrícolas y de primera necesidad, en forma permanente o en días determinados; y

II. Centro de abasto: sitio destinado al servicio público en maniobras de carga y descarga, la conservación en frío y demás operaciones relativas a la compra-venta al mayoreo y medio mayoreo de productos en general.

Artículo 70.- La Secretaría verificará que los mercados y centros de abasto, sean provisionales o permanentes, cumplan con los requisitos que establezca esta Ley, las disposiciones reglamentarias aplicables y las normas técnicas correspondientes.

Artículo 71.- Los administradores, vendedores, locatarios y personas cuya actividad esté vinculada con los mercados y centros de abasto, estarán obligados a conservar las condiciones higiénico-sanitarias para el debido mantenimiento de sus locales y a sujetar el ejercicio de los mismos a lo que disponga esta Ley, los reglamentos respectivos, otras disposiciones legales aplicables y las normas técnicas correspondientes.

Capítulo III

Construcciones
Artículo 72.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por construcción toda edificación o local que se destine a actividades comerciales, industriales y de servicio.

Artículo 73.- En los aspectos sanitarios, las construcciones, reconstrucciones, modificaciones y adaptaciones deberán cumplir con las disposiciones de esta Ley, las demás disposiciones legales aplicables y las normas técnicas correspondientes.

Artículo 74.- Para iniciar y realizar la construcción, reconstrucción, modificación o acondicionamiento total o parcial de un edificio o local, se deberá contar con la autorización sanitaria a que se refiere el artículo 145 de esta Ley. Independientemente de los permisos que exijan otras disposiciones legales, se deberá contar con la autorización de las autoridades sanitarias, en cuanto a iluminación, ventilación, instalaciones sanitarias, especificándose a qué estará destinado el inmueble, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 75.- Cuando el uso que se pretenda dar a un edificio o local fuere público, además de los requisitos previstos en otras disposiciones aplicables, deberán contar con agua potable corriente y servicios sanitarios de uso común, los cuales deberán reunir los requisitos técnicos correspondientes a que se refiere este capítulo.

Artículo 76.- El encargado de la construcción, reconstrucción, modificación o acondicionamiento de cualquiera de los establecimientos a que se refiere este capítulo, deberá dar aviso de inicio y terminación de obra a la autoridad sanitaria competente, quien vigilará el cumplimiento de los requisitos sanitarios aprobados en el proyecto respectivo, demás disposiciones aplicables y normas técnicas correspondientes.

Artículo 77.- Los negocios establecidos en edificios, locales, construcciones o terrenos urbanos, podrán ser verificados por la autoridad sanitaria competente, la que ordenará a sus propietarios o poseedores la realización de las obras necesarias para satisfacer las condiciones higiénicas en los términos de esta Ley, otras disposiciones legales aplicables y las normas técnicas correspondientes.

Artículo 78.- Cuando los edificios, locales, construcciones o terrenos presenten un peligro, por no cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes, las autoridades competentes podrán ordenar la ejecución de las obras que estimen pertinentes.

Artículo 79.- Los propietarios o poseedores de los negocios establecidos en edificios o locales, están obligados a ejecutar las obras sanitarias que se requieran para cumplir con las disposiciones de higiene que establezca esta Ley, reglamentos y demás disposiciones relativas.

Capítulo IV

Cementerios, Crematorios y Funerarias
Artículo 80.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Cementerio: lugar destinado a la inhumación de cadáveres humanos;

II. Crematorio: instalación destinada a la incineración de órganos, tejidos y cadáveres humanos; y

III. Funeraria: establecimiento dedicado a la prestación del servicio relativo a la venta de féretros, velación y traslado de cadáveres humanos.

Artículo 81.- La aprobación de las solicitudes de conservación, refrigeración, exhumación y cremación de cadáveres deberán ajustarse a las medidas de higiene y seguridad sanitaria aplicables.

Artículo 82.- Para el traslado de cadáveres humanos se estará a lo dispuesto por la Ley General.

Capítulo V

Limpieza Pública
Artículo 83.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Servicio de limpieza pública: recolección, manejo, disposición y tratamiento de residuos sólidos; y

II. Residuo sólido: material generado por los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control y tratamiento de cualquier producto, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó, que provengan de actividades que se desarrollen en domicilios, establecimientos mercantiles, industriales o de servicios de la vía pública.

Artículo 84.- El servicio de limpieza se sujetará a lo siguiente:

I. Los desechos sólidos se manipularán lo estrictamente indispensable durante el transporte a su destino final, vigilando que no ocasionen riesgos a la salud;

II. Queda prohibida la quema o incineración de residuos sólidos, cuya combustión sea nociva para la salud, fuera de los sitios que determine la autoridad competente. En los lugares dispuestos para tal efecto, podrán incinerarse o destruirse periódicamente por otros procedimientos, excepto cuando sean industrializables o tengan empleo útil, siempre y cuando no signifiquen un peligro para la salud;

III. Los residuos sólidos patológicos deberán manejarse separadamente, procediéndose a su incineración o eliminación a través de cualquier método previsto en las disposiciones legales aplicables;

IV. Los restos de animales deberán incinerarse o enterrarse por la autoridad municipal, para evitar riesgos a la salud pública, excepto aquellos que provengan de una actividad comercial o industrial; y

V. El cumplimiento de las demás medidas y requisitos que establezcan las leyes, reglamentos vigentes y normas técnicas correspondientes.

Artículo 85.- El depósito final de los residuos sólidos, deberá estar situado a una distancia no menor de dos kilómetros de cualquier asentamiento humano, en contra de los vientos dominantes y sin que sea visible desde la carretera, correspondiendo a la autoridad sanitaria fijar criterios de ubicación de los mismos, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legales en la materia.

Artículo 86.- Las autoridades municipales fijarán lugares especiales para depositar la basura tomando en consideración, la legislación aplicable en materia de contaminación ambiental.

Artículo 87.- Los Ayuntamientos proveerán y colocarán depósitos de basura en los parques, jardines, paseos y en otros lugares de la vía pública; además, realizarán el aseo y mantenimiento de los mismos, cada vez que sea necesario.

Capítulo VI

Rastros
Artículo 88.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por rastro el establecimiento destinado al sacrificio de animales para el consumo humano.

Artículo 89.- El funcionamiento, aseo y conservación de los rastros municipales quedará a cargo de la autoridad municipal competente. Si fueren concesionados, las acciones anteriores quedarán a cargo de los concesionarios y sujetos a la supervisión de las autoridades sanitarias. En ambos casos, quedarán sujetos a lo dispuesto por esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 90.- Queda prohibido el funcionamiento de rastros que no cumplan con los requisitos sanitarios establecidos en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. La trasgresión a la presente disposición dará lugar a la clausura del establecimiento y al fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Artículo 91.- Los animales deberán ser examinados en pie y en canal por el personal del establecimiento y certificados por la autoridad zoo-sanitaria competente, la cual determinará qué carne puede destinarse al consumo humano.

Artículo 92.- Queda estrictamente prohibido el sacrificio de animales para consumo humano en domicilios particulares o en la vía pública y en cualquier otro lugar no autorizado por la autoridad municipal.

Podrán sacrificarse especies menores en domicilios particulares, sólo en el caso de que la carne y los demás productos derivados de ésta se destinen al consumo familiar.



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