Sentencia t-240/18


Requisitos generales de procedencia



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3.2. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha señalado que el respeto a los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por vía excepcional.
3.2.1. Subsidiariedad. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario. El principio de subsidiariedad determina que dicho mecanismo de protección es procedente siempre que (i) no exista un medio alternativo de defensa judicial; o (ii) aunque exista, este no sea idóneo y eficaz en las condiciones del caso concreto; o (iii) sea necesaria la intervención del juez constitucional para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio irremediable en los derechos constitucionales.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, el examen de procedencia de la acción tutela debe ser más flexible cuando están comprometidos derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, como sería el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, porque, en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, el Estado les debe garantizar un tratamiento diferencial positivo. Además, porque es corresponsable junto con la familia y la sociedad, de garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
El caso objeto de estudio plantea una controversia que reviste especial relevancia constitucional, en tanto involucra el posible goce efectivo de los derechos fundamentales de un adolescente en su ámbito escolar, por lo que la acción de tutela resulta ser el medio idóneo y eficaz para perseguir el amparo de los mismos, además, para garantizar su protección y formación integral conforme al artículo 45 de la Constitución Política, cuestión que incumbe a la institución educativa en la que estaba matriculado. Así las cosas, se cumple con el requisito de subsidiariedad.
3.2.2. Inmediatez. En lo que hace referencia al denominado requisito de inmediatez, la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia95.
En el caso bajo estudio, la Sala advierte el cumplimiento del requisito de inmediatez dado que CAJC y EMCG presentaron la acción de tutela en el mes de mayo de 201796, es decir, días después de conocer la decisión del Consejo de Disciplina de la institución accionada de expulsar al joven definitivamente del Colegio a partir del 2 de mayo de 2017.
4. Los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas. Reiteración de jurisprudencia97
4.1. El derecho a la educación contempla la garantía de que el debido proceso debe ser guardado en los trámites disciplinarios en instituciones educativas. Desde el inicio de su jurisprudencia y a lo largo de la misma, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación98, su estrecha relación con el debido proceso a propósito de los trámites que se adelanten en dicho contexto –en especial, si se trata de procesos sancionatorios– y la posibilidad de que la protección del goce efectivo del mismo pueda lograrse mediante la acción de tutela.
Entre los elementos esenciales del derecho al debido proceso, aplicables en materia educativa, se encuentran, entre otros, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público y el derecho a la independencia e imparcialidad de quien toma la decisión.
4.2. En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que los manuales de convivencia de los establecimientos de educación tienen tres dimensiones. Así, en la Sentencia T-859 de 2002 la Sala Séptima de Revisión sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión; segundo, representan las reglas mínimas de convivencia escolar y, tercero, son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa conformada por las directivas de la institución, sus empleados, los estudiantes y sus padres de familia.
También, esta condición está reconocida expresamente por la ley general de educación en su artículo 8799 . Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia y los estudiantes. En repetidas ocasiones, la Corte ha amparado los derechos de estudiantes a los que les han impuesto sanciones a partir de cambios abruptos en dichos manuales. Por ejemplo, en la Sentencia T-688 de 2005 la Sala Quinta de Revisión amparó los derechos de una persona que fue enviada a la jornada nocturna de una institución educativa por el hecho de haber tenido un hijo. En esa oportunidad, indicó que cualquier cambio en el reglamento que no sea aprobado por la comunidad educativa es una imposición que no consulta los intereses, preocupaciones y visión de los llamados a cumplir con la normativa establecida en el manual, lo que resultaría incompatible con el debido proceso de los ciudadanos.
De acuerdo con lo anterior, los manuales de convivencia consagran derechos y obligaciones para los estudiantes por lo que son cartas de navegación que deben servir de guía ante la existencia de algún conflicto de cualquier índole. La Corte expresamente ha señalado que el reglamento es la base orientadora de la filosofía del Colegio. En la Sentencia T-694 de 2002, la Sala Novena de Revisión al analizar la regla de preservación de un cupo educativo por cursos aprobados, reconoció que sin este tipo de requisitos no sería posible mantener un nivel de excelencia, de disciplina y de convivencia como cometidos principales de la educación. Así, precisó que sus preceptos son de observancia obligatoria para la comunidad académica, los educandos, los profesores y los padres de familia, en cuanto fijan las condiciones para hacer efectivo el fin supremo de la calidad y de la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
La Corte ha reconocido también que a partir de una lectura integral del artículo 67 de la Carta100, la educación no solo es un derecho fundamental y un derecho prestacional sino que comporta deberes correlativos, por eso ha sido denominada como un derecho-deber101. De esta manera, en la Sentencia T-323 de 1994, la Sala Tercera de Revisión al examinar una sanción impuesta a un estudiante por violar el manual de convivencia, recordó que si bien es cierto que la educación es un derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes, también lo es que el alumno no está autorizado para violar los reglamentos de las instituciones educativas. En ese orden de ideas, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder a las obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a diversa suerte de sanciones.
4.3. Sin embargo, la Corte también ha sido clara en señalar que toda imposición de sanciones debe observar el artículo 29 de la Constitución102. En general, se puede afirmar que el derecho al debido proceso en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo, es una manifestación del principio de legalidad que busca garantizar la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Como ejemplo se puede acudir a la Sentencia T-341 de 2003, que reconoció que una sanción impuesta a un estudiante solo es razonable si persigue un fin constitucionalmente legítimo103 .

Así las cosas, por una parte, la Corte Constitucional de manera reiterada ha insistido en que las sanciones que se impongan, por más justificadas o razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite que respete el derecho al debido proceso. En la Sentencia T-917 de 2006 la Sala Tercera de Revisión recopiló las principales dimensiones del derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas104 en los siguientes términos:


“Las instituciones educativas comprenden un escenario en donde se aplica el derecho sancionador. Dichas instituciones tienen por mandato legal […] regir sus relaciones de acuerdo a reglamentos o manuales de convivencia. Esas normas deben respetar las garantías y principios del derecho al debido proceso. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas fijando los parámetros de su aplicación.
Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas. Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves.105 Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción. Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas)106 y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.107 Adicionalmente [en] el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo.108”.
4.4. Por otra parte, la Corte Constitucional ha señalado en jurisprudencia vigente que el debido proceso de los estudiantes tiene que garantizar el derecho de defensa. Así, en la Sentencia T-459 de 1997, en donde se analizó el caso de un estudiante a quien no se le renovó la matrícula debido a faltas injustificadas, retrasos y un supuesto hurto que había cometido en la institución educativa a la que pertenecía, la Sala Tercera de Revisión al amparar el derecho al debido proceso del joven, aseguró que los procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas deben garantizar el derecho de defensa del estudiante a quien se le impute la comisión de una determinada falta, razón por la cual los manuales de convivencia deben contener como mínimo: (i) la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas; y (ii) el procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción109.
Con respecto a lo primero, es decir, a la determinación de las faltas y las sanciones, este Tribunal ha establecido que la garantía del debido proceso exige que los manuales de convivencia describan con precisión razonable los elementos generales de la falta, distingan claramente su calificación (esto es si se trata de una falta grave o leve) y determinen también con claridad la sanción que se desprende de la misma.
Así, en la Sentencia T-944 de 2000 la Sala Sexta de Revisión decidió una tutela acerca de una menor a la que no se le permitió matricularse al curso siguiente, por sus continuas faltas de indisciplina. En este caso manifestó que no era suficiente que una conducta apareciera claramente determinada como una falta, para concluir de manera inmediata que con eso se respetaba el principio de legalidad implícito en las garantías del debido proceso.
4.5. Son múltiples los casos en los que la jurisprudencia ha dejado sin efectos una sanción disciplinaria porque una institución educativa no ha cumplido con las reglas que establece su propia normativa interna, ya sea fijada en el manual de convivencia y/o en el reglamento interno. Por ejemplo, en la Sentencia T-243 de 1999 se ordenó revocar la sanción de matrícula condicional impuesta a una menor por la institución educativa (Colegio de La Presentación de Tunja) por cuanto los motivos que originaron tal correctivo no estaban señalados de manera expresa en el Manual de Convivencia institucional como faltas disciplinarias110. De forma similar se pronunció la Sentencia T-307 de 2000, en la que se resolvió dejar sin efecto una sanción impuesta y ordenar al centro educativo (Colegio Calasanz de Pereira) reiniciar, adelantar y terminar el proceso sancionatorio, respetando el Manual de Convivencia institucional111, y la Sentencia T-022 de 2003 que ordenó al Colegio (Instituto Técnico Tabora - jornada tarde) volver a iniciar el procedimiento adecuado de tramitación de la sanción de un joven estudiante, de acuerdo al Manual de Convivencia vigente112.
La jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho al debido proceso incluso en aquellos casos en los que se ha demostrado que los estudiantes investigados y sancionados sí cometieron las faltas que les fueron endilgadas, eso sí, advirtiendo que el proceso se ha de repetir adecuadamente, teniendo en cuenta que no es solo una garantía para los estudiantes sancionados, sino también, para los estudiantes que sean víctimas, en los casos en los que ello ocurra. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-917 de 2006 se estudió el caso de un grupo de jóvenes que solicitaban que se les tutelara su derecho al debido proceso, porque se les había impuesto sanciones drásticas y graves sin el debido respeto de esa garantía constitucional. En efecto, los jóvenes habían sido gravemente sancionados por cometer un acto de humillación sexual contra un compañero113. Aunque la Sala Tercera de Revisión amparó el derecho al debido proceso de ese grupo de menores de edad por constatar que se presentaron varias irregularidades en el proceso disciplinario, también indicó claramente, que las normas del Manual de Convivencia institucional no aseguraban una reparación adecuada para la víctima de este tipo de intimidación. Por esa razón, la Sala tomó varias medidas tendientes a asegurar que se garantizaran los derechos a la intimidad y dignidad de la víctima, además, que las autoridades emprendieran acciones para protegerlo de la estigmatización pública que la agresión pudo haberle ocasionado114.
4.6. Como se dijo, dentro de las reglas del debido proceso se encuentra también la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, en función de la gravedad de la falta cometida, los bienes jurídicos afectados y el propósito pedagógico. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-651 de 2007 se estudió el caso de un estudiante universitario de mitad de carrera al que, luego de una riña, se le impuso la sanción de expulsión y prohibición de reingreso por 20 años que, a juicio de los jueces de instancia, era desproporcionada e irrazonablemente diferente a la que se le había impuesto a los demás estudiantes sancionados por los mismos hechos115.
Ahora bien, ello no quiere decir que no se puedan imponer sanciones fuertes y estrictas como una expulsión, o que se pretenda trasladar exigencias propias del formalismo procesal penal, afectando así el sentido pedagógico y formativo que tienen los procesos disciplinarios en el contexto educativo. Por ello, en la Sentencia T-263 de 2006, por ejemplo, la Sala Primera de Revisión revocó las decisiones de los jueces de instancia que habían tutelado los derechos de una estudiante, supuestamente porque una universidad (Los Andes) había desconocido su derecho al debido proceso y, en consecuencia, resolvió dejar en firme la sanción impuesta por la universidad consistente en la cancelación de la matrícula y prueba de conducta por dos semestres por haber cometido un fraude. Si bien los jueces de instancia consideraron que la apertura del proceso no había sido totalmente clara y precisa respecto a la acción que se le endilgaba y, además, que la sanción era desproporcionada y exagerada, la Sala estuvo en desacuerdo con tan elevado estándar de análisis de las actuaciones educativas, al constatar que las reglas básicas del debido proceso sancionatorio se habían cumplido y resolvió negar el amparo que se había concedido y dejar en firme la sanción que había sido impuesta.
4.7. De lo expuesto con anterioridad, se infiere que la sanción que se le imputa a un estudiante por incurrir en faltas que comprometan la disciplina y el rendimiento académico del plantel educativo, no infringe sus derechos fundamentales siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes situaciones: (i) la observancia del derecho constitucional al debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, en lo que tiene que ver con el procedimiento adoptado para la imposición de la sanción; (ii) que se comprueben los cargos atribuidos al estudiante; (iii) que el manual de convivencia o reglamento consagre la sanción impuesta; y (iv) que la sanción sea ajustada, razonable y proporcional en relación con la infracción cometida y con observancia del caso concreto del alumno116.
4.8. Adicionalmente, el Tribunal ha señalado estrictos límites sobre la potestad sancionatoria considerando que la misma se restringe a escenarios determinados. Así, la Sentencia T-918 de 2005 recordó que si bien hay ciertos ámbitos en los cuales un colegio no solo tiene la potestad sino el deber de sancionar el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa, también existen otros, en donde esa facultad se ve restringida e incluso anulada por completo. De esta manera, la Corte distinguió tres posibles foros: (i) los educativos; (ii) los que tengan proyección académica e institucional; y (iii) los estrictamente privados.
Los primeros están conformados por las mismas sedes de las instituciones donde las conductas de los alumnos están sujetas a un control riguroso de la comunidad educativa pues son en estas, donde se desarrolla gran parte de su proceso formativo. El segundo tipo de foro lo constituyen escenarios de interacción educativa como actividades culturales y deportivas que se realizan por fuera del colegio. En estos casos, la Corte ha aceptado que la conducta de los estudiantes compromete no solo el nombre de una institución, sino que también refleja la formación impartida a sus alumnos, por lo que es razonable exigir la observancia de ciertas reglas de conducta y, llegado el caso, imponer sanciones ante el incumplimiento de tales reglas. Finalmente, en los foros estrictamente privados, como lo explicó la Sentencia T-491 de 2003, la conducta de los miembros de la comunidad educativa no interfiere ni entorpece la actividad académica, ni compromete el nombre de una institución, por lo que las conductas allí desplegadas no pueden ser objeto de ninguna clase de sanciones disciplinarias toda vez que hacen parte del desarrollo privado y autónomo del individuo.
4.9. Lo que pone de presente la jurisprudencia constitucional es que todo trámite sancionatorio debe seguir reglas de respeto al debido proceso que garantice que los estudiantes puedan participar activamente del mismo, fomentando un escenario de deliberación y conciliación de acuerdo a los principios generales del manual de convivencia y los derechos a la dignidad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Como ya se indicó, el adolescente CAJC (de 15 años) y la señora EMCG, madre y representante legal del primero, presentaron acción de tutela en contra del Colegio con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales del joven al debido proceso, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre y la honra. Lo anterior, debido a la decisión del Consejo de Disciplina de la institución accionada de expulsar definitivamente a CAJC del colegio, a partir del 2 de mayo de 2017, en el marco de un procedimiento disciplinario adelantado por “uso malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la seguridad del Liceo”, supuestamente, desconociendo garantías procesales como el derecho de defensa y contradicción y el principio de legalidad de la falta y la sanción.
Cuestionaron que durante el Consejo de Disciplina se vulneró el debido proceso del adolescente CAJC porque parte de la actuación se adelantó en idioma francés, lo que lo limitó al momento de ejercer su derecho de defensa; que no se les permitió conocer las nuevas pruebas que en ese momento estaban siendo estudiadas y analizadas, como las declaraciones rendidas por las estudiantes; y que el desarrollo de la actuación, que incluyó un interrogatorio realizado a CAJC, se hizo de forma inquisidora “lo que más la acercaba a un proceso penal sin garantías que a un procedimiento disciplinario”, de tal modo que, incluso, “antes del juicio ya estaba condenado”. Además, cuestionaron la legalidad de la falta atribuida y la sanción impuesta a CAJC, ya que ni el Reglamento Interno ni el Manual de Convivencia institucional son específicos en la descripción de las faltas y las sanciones que le son correspondientes, ni tampoco describen la graduación de las mismas, por lo que se opusieron a la aplicación de la sanción más drástica sin tener en cuenta otros elementos de juicio como la edad, el nivel de madurez emocional y psicológica de CAJC y que no tenía antecedentes al respecto. Finalmente, plantearon su inconformidad con el hecho de que el único sancionado haya sido CAJC cuando había otros estudiantes involucrados.
Con fundamento en lo anterior, solicitaron que se le ordene al Liceo dejar sin efectos la decisión de expulsar definitivamente a CAJC de la institución educativa.
Por su parte, la representante legal suplente del Liceo explicó que el procedimiento disciplinario adelantado respetó las reglas del debido proceso y garantizó en todo momento el derecho de defensa y contradicción, y que la sanción de excluir en forma definitiva al joven CAJC del Colegio, fue adoptada luego de que el Comité de Convivencia Escolar decidiera escalar el asunto al Consejo de Disciplina en razón de la falta cometida, que involucraba conductas lesivas de la intimidad de miembros de la comunidad estudiantil.
Teniendo en cuenta los hechos narrados en los antecedentes, corresponde a la Sala esclarecer si el Liceo vulneró el derecho al debido proceso de CAJC en el marco del procedimiento disciplinario adelantado en razón del incumplimiento de la normativa de la institución que fija los deberes de los estudiantes, a raíz de la conducta del adolescente que fue denominada por las directivas como “uso malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la seguridad del Liceo”. Además, si consecuencialmente fueron afectados otros derechos fundamentales.
5.2. Antes de continuar con el análisis del caso la Sala hará algunas precisiones. Primero, se da por demostrado que CAJC compartió por WhatsApp con al menos uno de sus compañeros, sin que tuviera autorización para ello, fotografías en las que aparecían con el torso desnudo adolescentes que también estudiaban en el Colegio. Fotos que él obtuvo debido a que las jóvenes se las compartieron por Snapchat, pensando que serían efímeras dadas las características de la aplicación, ya que las imágenes y los mensajes allí compartidos pueden ser accesibles solo durante un tiempo determinado117, y sin contar con que CAJC haría un screenshot o sacaría una captura de pantalla, que le permitiría guardar las imágenes fotográficas en su celular para luego compartirlas. El joven reconoce en su escrito de demanda que guardó las fotografías en su teléfono móvil y que, al menos en el caso de dos de las jóvenes (MAP y MS), él mismo compartió las imágenes con su amigo y compañero de clase S, y que luego esas fotos aparecieron circulando en su salón de clase118.
Segundo, el escenario de las redes sociales expone a quienes lo usan a situaciones que en un principio pudieron no ser presupuestadas y que pueden llegar a implicar afectaciones a la dignidad de las personas cuando superan el ámbito de lo privado. Una fotografía íntima compartida en un chat, por ejemplo, puede llegar a tener impactos inesperadamente sobredimensionados, mucho más allá de lo que pudieron inicialmente querer o pretender los involucrados. Así, las nuevas tecnologías suelen poner un poder insospechado en todas y cada una de las personas, en especial de las más jóvenes que tanta cercanía y familiaridad tienen con el mundo virtual, por lo que es importante adoptar una cultura del autocuidado. Estas son, precisamente, parte de las dimensiones y tensiones que académica y éticamente deben ser analizadas y enfrentadas, con un sentido crítico y responsable, en los ámbitos escolares.
Tercero, en casos en los cuales está de por medio la preservación de los derechos de adolescentes, la Corte debe orientarse ante todo por el criterio primordial de la prevalencia de su interés superior, el cual debe incorporarse como eje central del análisis constitucional. En este marco, la Sala advierte que el caso bajo estudio plantea problemas de gran complejidad debido a que se discute la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes implicados en los hechos, esto es, de un lado, las estudiantes que vieron sus fotografías íntimas circular entre su grupo de compañeros y, de otro, el joven CAJC quien compartió, sin tener autorización para ello, algunas de esas fotografías. Así, el análisis de las actuaciones disciplinarias adelantadas por el Colegio que derivaron en la sanción de exclusión definitiva de CAJC del establecimiento educativo, exige un ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales que se ven enfrentados.
Cuarto, los hechos que se estudian no plantean un suceso de acoso escolar o bullying, definido por el artículo 2º de la Ley 1620 de 2013 como la “[c]onducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado119 (negrillas fuera de texto). Lo anterior, porque a la conducta desplegada por CAJC, que en todo caso se considera negativa, le faltan los elementos de repetición y sistematicidad que se requiere para la configuración del acoso escolar o bullying120.
Ahora bien, los hechos sí indican un caso de agresión escolar a través de medios electrónicos, conforme al numeral 3º del artículo 39 del Decreto 1965 de 2013121 que establece: “Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante”. Disposición que precisa en el literal e, que la agresión electrónica “[e]s toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía” (negrillas fuera de texto). Como ya se indicó, en el caso particular estamos ante la divulgación, a través de la aplicación WhatsApp, de fotografías íntimas de unas estudiantes del Colegio por parte de otro alumno, sin tener autorización para ello.
5.3. Teniendo en cuenta que a la institución educativa se le atribuye la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en el marco del procedimiento disciplinario adelantado en contra de CAJC por “uso malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la seguridad del Liceo”, porque, según los accionantes, fueron desconocidas garantías procesales como el derecho de defensa y contradicción y el principio de legalidad de la falta y la sanción; se hace necesario revisar la normativa pertinente en el caso concreto.
5.3.1. La Ley 1620 de 2013122 creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar que prevé la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, “orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables”.
Dicha normativa señaló como dos de sus objetivos “[g]arantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales particulares” (art. 4º, num. 2º), y “[f]omentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas con acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través del uso de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la convivencia escolar” (art. 4º, num. 5º).
Además precisó que uno de los principios del sistema es la corresponsabilidad, entendiendo que “[l]a familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia” (art. 5º, num. 2º).
Una vez define la estructura del sistema en los niveles nacional123, territorial124 y escolar125 (art. 6°), la Ley 1620 de 2013 establece como funciones del Comité Escolar de Convivencia de los diferentes establecimientos educativos, entre otras, la de identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre los estudiantes (num. 1º); liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa (num. 2º); liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (num. 6º), y hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia (num. 7º).
5.3.2. El Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la Ley 1620 de 2013, dispone en su artículo 23 que el Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses, y que las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del Comité, o cuando las circunstancias lo exijan por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. Y en el artículo 26, señala que en el ámbito de sus competencias, “desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos […], dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley”.
El artículo 39 del Decreto 1965 de 2013 consagra algunas definiciones para efectos de facilitar su aplicación, entre ellas: conflictos, conflictos manejados inadecuadamente, agresión escolar, agresión física, agresión verbal, agresión gestual, agresión relacional, agresión electrónica, acoso escolar (bullying), ciberacoso escolar (ciberbullying), violencia sexual, vulneración de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y restablecimiento de derechos.
Además, en su artículo 40, clasifica las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en tres tipos: situaciones Tipo I, que corresponden a los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. situaciones Tipo II, que corresponden a hechos de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: a) que se presenten de manera repetida o sistemática, y b) que causen daños al cuerpo o a la salud (incluida la mental) sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Y, finalmente, situaciones Tipo III, que corresponden a hechos de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
Los artículos 42, 43 y 44 del Decreto 1965 de 2013 establecen los protocolos que deberán ser desarrollados por los establecimientos educativos para la atención de las situaciones Tipo I, II y III, respectivamente126.

5.3.3. Bajo el anterior marco normativo general, el Manual de Convivencia del Liceo127 describe las normas, los procedimientos y las particularidades del funcionamiento de la institución educativa.


El capítulo 6 del Manual de Convivencia establece los derechos y deberes de los alumnos del Liceo. En relación con los deberes, los clasifica en respeto a las personas, respeto al reglamento escolar y respeto a los bienes comunes. En el primer ítem, entre otros deberes, describe: “No comportarse agresivamente ni participar en juegos cuya intención es lesionar física o moralmente a un compañero. || […] || Respetar la vida privada del prójimo y cuidar la suya a través del buen uso de medios de comunicación tales como Facebook, correos electrónicos y teléfonos celulares128. En cuanto a los deberes de respeto al reglamento escolar, dispone: “Conocer y acatar el manual de convivencia y el reglamento interno. || No utilizar el celular durante clases ni usarlo para filmar y divulgar imágenes que puedan lesionar la dignidad de las personas129.
El capítulo 7 “Disciplina” del Manual, consagra los estímulos y sanciones precisando que estas últimas deberán “ser individuales y proporcionales dependiendo de la gravedad del error cometido130. En el ítem de secundaria (7.1.2.2) se diferencia entre “castigo” aplicado esencialmente a faltas menores y “sanciones disciplinarias” correspondientes “a faltas graves o repetidas al reglamento interno (violencia física o verbal, matoneo, tentativa de hurto, hurto, extorsión, amenaza, irrespeto, presión de grupo, degradación, falsificación u ocultación de documentos, fraude, posesión y/o venta de objetos o productos peligrosos o/y prohibidos, etc.) y particularmente agresiones a personas o bienes131. Y posteriormente precisa: “Una falta puede generarse por actos cometidos fuera del establecimiento escolar (salidas/viajes escolares, transporte, servicio social, actividades socioeducativas [ASE], etc.) si no pueden ser separadas de su calidad de alumno132. Las sanciones establecidas son la advertencia escrita notificada a los padres, la amonestación, el pacto de responsabilidad, la suspensión temporal de clases y la exclusión definitiva del establecimiento o alguno de los servicios anexos (cafetería, transporte o actividades socio educativas), las que serán dictaminadas por el Consejo de Disciplina.
El capítulo 10 del Manual regula los comités y comisiones. En el ítem 10.2 establece que el Comité Escolar de Convivencia, reglamentado por el Decreto 1965 de 2013, tratará situaciones precisas de agresión, conflictos y/o acoso, y tiene tres objetivos principales: 1) apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar y a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; 2) desarrollar y aplicar el Manual de Convivencia; y 3) prevenir y mitigar la violencia escolar. En este punto se define la agresión escolar como “toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante133, pudiendo ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. Este comité está compuesto por el rector o vicerrector, quien lo preside, el director de primaria, el consejero de educación, un representante de los profesores de primaria, dos representantes de los profesores de secundaria, un alumno representante de primaria, un alumno representante del Colegio, un alumno representante del Liceo (el personero) y tres representantes de los padres de familia.
El capítulo 5 del Manual regula los órganos de representación. En el ítem 5.1.9 reglamenta el Consejo de Disciplina prescribiendo que tiene la competencia para aplicar todas las sanciones previstas en el Decreto No. 2011-728 del 24 de junio de 2011 del Ministerio Francés de la Educación Nacional y conforme a la ley colombiana; además, precisa: “En su función como última instancia en el proceso de formación disciplinaria, puede decidir la exclusión definitiva de un estudiante. Puede también pronunciar cualquier otra decisión o medida que tenga que ver con el proceso disciplinario contemplado en el manual de convivencia. Puede igualmente prescribir medidas de prevención, reparación y acompañamiento previstos en el manual de convivencia134. Lo anterior, bajo el siguiente procedimiento:
“Antes del consejo, el rector indica al alumno y a sus padres en una carta convocatoria los hechos que originan la reunión del consejo y explica al alumno que puede presentar su defensa oralmente o por escrito o con la ayuda de un adulto. La convocatoria comporta:

  • la fecha y hora del consejo;

  • el nombre del alumno y su curso;

  • los motivos de la comparecencia (enumeración precisa de los hechos);

  • la posibilidad de presentar su defensa y de consultar su expediente;

  • Principios

  • confidencialidad,

  • legalidad de las sanciones que deben ser definidas en el reglamento interno,

  • procedimiento contradictorio,

  • individualización y proporcionalidad de la sanción.

  • Desarrollo

  • Introducción del alumno y sus padres;

  • Lectura del expediente;

  • Procedimiento contradictorio;

  • Salida del alumno y padres;

  • Deliberación;

  • Notificación oral y escrita de la decisión motivada, precisando el recurso posible (comisión de apelación convocada por el COAC)”135.

El Consejo de Disciplina está conformado por el rector, quien lo preside, el vicerrector, el consejero principal de educación, el director administrativo y financiero (DAF), tres representantes elegidos entre el personal de profesores y de educación, un representante elegido entre el personal no docente, tres representantes elegidos entre los padres de alumnos del colegio (6eme a 3eme) o dos para el liceo (2nde a Terminale) y dos representantes elegidos entre los alumnos (si el alumno convocado ante el Consejo de Disciplina pertenece al “liceo” se añade un tercer representante de alumnos, escogidos entre los alumnos del liceo).


5.3.4. El Reglamento Interno del Liceo, documento que hace parte integral del Manual de Convivencia institucional136, contiene las normas que rigen la actividad escolar, la disciplina y la buena convivencia dentro del establecimiento, y los derechos y obligaciones para una mejor convivencia de todos los estudiantes137. En la primera página se lee: “La inscripción en el Liceo […] implica la aceptación del reglamento interno138.
La primera parte de dicha normativa contiene el Reglamento de Convivencia de la Comunidad Escolar que contempla los deberes de los miembros de la comunidad escolar en relación con las personas, el reglamento escolar y los bienes comunes. A continuación se destacan algunos de los deberes contemplados:
“Respecto a las personas:
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