Sentencia t-063/15



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38 “Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

39 El primer caso que se presenta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aborda la temática bajo estudio es Van Oosterwijck contra Bélgica en mil novecientos ochenta (1980). Allí se abordó la situación de una persona que había llevado a cabo una reasignación de sexo y con ocasión de ello decidió solicitar el cambio del mismo en su registro de nacimiento, el cual fue negado en distintas instancias locales. La Comisión Europea de Derechos Humanos consideró que el Estado belga había vulnerado los derechos consagrados en los artículos 8 y 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales hacen referencia al derecho al respeto a la vida privada y familiar y el derecho a contraer matrimonio, respectivamente. A pesar de lo anterior, la Corte no decidió sobre los méritos de la disputa por no haberse agotado los recursos domésticos previamente. El primer caso en que el Tribunal Europeo decidió de fondo sobre la vulneración de los derechos de una persona transgénero fue el caso Rees contra el Reino Unido en mil novecientos ochenta y seis (1986). En esta ocasión, se presentaron unos hechos similares al primer supuesto planteado, pues el peticionario invocaba igualmente el cambio de sexo en su certificado de nacimiento tras haberse practicado una cirugía de reafirmación de sexo, pretensión que le había sido negada. La Corte negó que el gobierno hubiera vulnerado el derecho a la vida privada, ya que, si bien este imponía algunas obligaciones positivas al gobierno, dentro del alcance de estas obligaciones positivas no se encontraba la modificación del sistema de registro de nacimiento ya que sería desproporcionado y contrario al interés general exigir la reestructuración del sistema de registro británico.

40 Derecho al respeto a la vida privada y familiar.

41 Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas.”

42 Decreto 1260 de 1970, “Artículo 52.-La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica. En aquella se consignarán solamente el nombre del inscrito, su sexo, el Municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina central.

 En la sección específica se consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, el nombre de la madre; el nombre del padre; en lo posible, la identidad de una y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado civil y el código de sus registros de nacimiento y matrimonio el nombre del profesional que certificó el nacimiento y el número de su licencia. Además, se imprimirán las huellas plantares del inscrito menor de siete años, y la de los dedos pulgares de la mano del inscrito mayor de dicha edad. La expresión de los datos de la sección genérica constituye requisito esencial de la inscripción.” (subrayas añadidas).



43 “Por el cual se señala la competencia para las correcciones del registro del estado civil, se autoriza el cambio de nombre ante notario público, y se dictan otras disposiciones.”

44 “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del estado civil de las personas.”

45 “Por el cual se señala la competencia para las correcciones del registro del estado civil, se autoriza el cambio de nombre ante notario público, y se dictan otras disposiciones.”

46 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

47 “Por el cual se autoriza la celebración del matrimonio civil ante notario público”.

48 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.

49 “Por el cual se reglamenta el artículo 34 de la Ley 962 de 2005, y se señalan los derechos notariales correspondientes.”

50 Ley 1564 de 2012.

51 El numeral 11 del artículo 649 del Código de Procedimiento Civil sujetaba al procedimiento de jurisdicción voluntaria “(l)a corrección, sustitución o adición de partidas del estado civil o del nombre, o anotación del seudónimo en actas o folios de registro de aquél, según el Decreto 1260 de 1970.”

52 MP Alejandro Martínez Caballero.

53 MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

54 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

55 MP Alejandro Martínez Caballero.

56 MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

57 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

58 En esta oportunidad se ordenó textualmente lo siguiente: “Primero: Tutelar los derechos fundamentales constitucionales a la salud, la vida en condiciones dignas, la dignidad humana, de Diego Alberto López Jiménez, en contra de la EPS SUR. Las razones para ello se anotaron en la parte motiva de esta decisión. Segundo: Se ordena a la EPS SURA a través de su Gerente o Representante Legal, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a autorizar la convalidación de las órdenes médicas entregadas al paciente Diego Alberto López Jiménez, por parte de los especialistas Ana María Rivillas Valencia, Federico Gaviria Gil y Jorge Hugo Ramírez Zuluaga, y someter dentro de los quince (15) días siguientes a evaluación a este paciente por parte de especialistas en cirugía plástica, estética y reconstrucción, y urología, adscritos a su red, para que se le programe la cirugía de reasignación de sexo; así mismo, la mamoplastia y todos aquellos procedimientos necesarios para el éxito de la feminización del actor. En el evento que la EPS no cuente con médicos en dichas especialidades deberá contratar entonces con los médicos que ordenaron los procedimientos antes mencionados.” Para adoptar esta decisión, el Despacho consideró que los argumentos aducidos por la entidad accionada para negar el servicio solicitado no eran científicos en tanto no obedecían a criterios médicos especializados que desvirtuaran la necesidad de su prestación. Además, la falta de correspondencia entre la identidad mental de la accionante y su fisonomía atentaban contra su dignidad humana, toda vez que no era posible bajo esta circunstancia, vivir de una manera acorde con su proyecto de vida. Finalmente, señaló que la accionante carecía de los medios económicos necesarios para sufragar el procedimiento invocado en forma particular (folios 6 al 18). En adelante, cuando se cite un folio, debe entenderse que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.

59 Folio 2.

60 Sobre el particular la accionante señaló: “De igual manera al asistir a las jornadas nacionales o regionales de votación, sufro discriminación, actitudes y comentarios amenazantes por parte de los demás asistentes, debido a que por mi número de cédula, mi puesto de votación siempre se asocia a los lugares designados para hombres. Inclusive al registrar mi cédula con número 71365987 de Medellín, en la reconocida Universidad Eafit para votar en un sitio menos peligroso, mi puesto de votación fue asignado a la fila correspondiente a los hombres, motivo que me abstiene de votar por miedo a posibles represalias de algunos votantes que por la mentalidad machista de nuestra sociedad quizás no sepan lidiar con mi condición de sexo y de género” (folio 2).

61 Folios 23 al 26.

62 Julio César Echeverry Ceballos.

63 “Por el cual se señala la competencia para las correcciones del registro del estado civil, se autoriza el cambio de nombre ante notario público, y se dictan otras disposiciones.”

64 Artículos 55 y 88 del Decreto Ley 1260 de 1970, “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.”

65 MP Alejandro Martínez Caballero.

66 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

67 Folios 27 al 30.

68 “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.”

69 “Por el cual se señala la competencia para las correcciones del registro del estado civil, se autoriza el cambio de nombre ante notario público, y se dictan otras disposiciones.”

70 Señala además el artículo: “El instrumento a que se refiere el presente artículo deberá inscribirse en el correspondiente registro civil del interesado, para lo cual se procederá a la apertura de un nuevo folio. El original y el sustituto llevarán notas de recíproca referencia.” Vale aclarar que una vez otorgada la escritura pública debe solicitarse ante la Notaría o Registraduría donde reposa el registro, la apertura de un nuevo serial, de conformidad con lo establecido en la citada escritura pública y con las respectivas notas de recíproca referencia debidamente firmadas. Es importante recalcar que los demás datos deben pasar al nuevo folio sin cambio alguno.

71 Según el artículo 5 del Decreto 2272 de 1989, “Por el cual se organiza la Jurisdicción de Familia, se crean unos Despachos Judiciales y se dictan otras disposiciones”: “Competencia. Los jueces de familia conocen de conformidad con el procedimiento señalado en la ley, de los siguientes asuntos: En primera instancia. 2. De la investigación e impugnación de la paternidad y maternidad legítimas o extramatrimoniales, de la investigación de la paternidad y maternidad extramatrimoniales que regula la Ley 75 de 1968, y de los demás asuntos referentes al estado civil de las personas. 18. De la corrección, sustitución o adición de las partidas del estado civil, cuando se requiera intervención judicial.”

72 Concretamente dichos artículos preceptúan lo siguiente: “Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme o por disposición de los interesados, en los casos del modo y con las formalidades establecidas en este decreto.” “Toda modificación de una inscripción en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita de escritura pública o decisión judicial en firme que la ordena o exija, según la ley civil.”

73 MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

74 Folios 47 al 66.

75 MP Martín Agudelo Ramírez.

76 Mediante auto del veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014) se dispuso requerir información de las siguientes entidades: Registraduría Nacional del Estado Civil, las organizaciones Colombia Diversa, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), Grupo de Apoyo a Transgeneristas (GAAT), la Corporación Opción por el Derecho a Ser y el Deber de Hacer, Colectivo Entre-Tránsitos, Santamaría Fundación, Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) y al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión social (PAIIS) de la Universidad de los Andes; así como a las facultades de derecho de las Universidades de Nariño, del Rosario, Sergio Arboleda, Gran Colombia, Los Andes, Nacional de Colombia, de Antioquia, La Sabana, ICESI, al Semillero de Investigación en Derecho de Familia de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Defensoría del Pueblo-Delegada para Asuntos Constitucionales y a la Procuraduría General de la Nación-Delegada para Asuntos Civiles.

77 Marcos Jaher Parra Oviedo.

78 Artículo 16 del Código Civil: “No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres.”

79 Folios 38 al 54 del cuaderno de Revisión.

80 Gladys Virginia Guevara Puentes.

81 MP Jorge Iván Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

82 Folios 122 al 150 del cuaderno de Revisión.

83 Julia Inés Ardila Saiz.

84 Código Civil, artículo 33. “Palabras relacionadas con las personas. Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplicarán a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo. Por el contario las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino no se aplicaran a otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él.”

85 Los requisitos son los siguientes: (i) acudir a cualquier Registraduría del país; (ii) llevar consignación en Banco Popular o en el Banco Agrario; (iii) llevar 3 fotos de 4x5 en fondo blanco, preferiblemente con ropa oscura y, (iv) registro civil de nacimiento, con el cual se acredita, lugar y fecha de nacimiento, nombre y apellidos y el sexo del inscrito (a).

86 Decreto 2241 de 1986, “Por el cual se adopta el Código Electoral”, prevé en su artículo 62, lo siguiente: “Para obtener la cédula de ciudadanía se necesita acreditar la edad de 18 años cumplidos y la identidad personal mediante la presentación ante el Registrador del Estado Civil o su Delegado, del registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad, la carta de naturaleza en el caso de los nacionalizados y la de inscripción en el de los hispanoamericanos y brasileños por nacimiento.”

87 Folios 70 al 86 del cuaderno de Revisión.

88 Gloría Inés Quiceno Franco.

89 Para este autor, el concepto analítico de género pretende poner en cuestión el enunciado esencialista y universalista de que la “biología es destino.” Trasciende el reduccionismo biológico al interpretar las relaciones entre las mujeres y los hombres como unas construcciones culturales engendradas al atribuirles significados sociales, culturales y psicológicos a las identidades sexuales biológicas. Desde esta perspectiva, el género se entiende como una creación simbólica frente al sexo que se refiere al hecho biológico de ser hembra o macho y sexualidad que concierne a las preferencias y a la conducta sexual. Informe rendido por la Universidad la Gran Colombia el nueve (9) de diciembre de dos mil catorce (2014).

90 Para este autor, el hombre o la mujer se identifican con su género y, por lo anterior, se comportan como tales. Establecen una serie de comportamientos impuestos por la sociedad dentro de la cual se encuentran; pero, pueden variar según la cultura, como factor que media los comportamientos de género. Informe rendido por la Universidad la Gran Colombia el nueve (9) de diciembre de dos mil catorce (2014).

91 Folios 100 al 102 del cuaderno de Revisión.

92 Roció del Pilar Peña Huertas.

93 Folio 90 del cuaderno de Revisión.

94 Folios 88 al 99 del cuaderno de Revisión.

95 Folios 103 al 108 del cuaderno de Revisión.

96 MP. Alexei Julio Estrada.

97 Folios 213 al 218 del cuaderno de Revisión.

98 Luis Manuel Castro Novoa.

99 Folios 109 al 121 del cuaderno de Revisión.

100 Folio 120 del cuaderno de Revisión.

101 Folio 120 del cuaderno de Revisión.

102 Aquelarre Transgénero es una coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes que busca visibilizar y reivindicar las identidades transgénero como parte de una experiencia de vida válida y valiosa y lograr el reconocimiento pleno de sus derechos. Las organizaciones que actualmente integran esta coalición son: Fundación Procrear, PARCES ONG, GAAT, Colectivo Entre-tránsitos, Fundación Santa María, PAIIS y Colombia Diversa. Los activistas independientes son Andrés Felipe Aguacia y Camilo Losada.

103 Esta es la denominación que el país australiano le otorga al tercer sexo.

104 Folio 158 del cuaderno de Revisión.

105 Folio 158 del cuaderno de Revisión.

106 Folio 163 del cuaderno de Revisión.

107 Tak DC Hernández.

108 Folio 197 del cuaderno de Revisión.

109 Pedro Julio.

110 Folio 199 del cuaderno de Revisión.

111 Folio 199 del cuaderno de Revisión.

112 Folios 151 al 200 del cuaderno de Revisión.

113 Laura Juliana Chaparro Piedrahita, Andrea Carolina Chaparro Piedrahita, Valentina Zapata Chica, Mariana Castro Echavarría, Isabel Cristina Porras Monsalve, Yudi Marcela Guzmán Muñoz, Andrés Arbeláez Martínez, Daniel Gómez Gómez, Ana Silva Gallo Vélez, profesora asistente y Carlos Julio Arango Benjumea, profesor coordinador.

114 Folios 207 al 212 del cuaderno de Revisión.

115 Mediante auto del cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014) se ordenó la vinculación de esta entidad y se le solicitó que en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde la comunicación del auto, se pronunciara acerca de las pretensiones y del problema jurídico planteado en la tutela (folio 220 al 221 del cuaderno de Revisión).

116 En el artículo 12 del Decreto 1514 de dos mil doce (2012), se establecen los requisitos para la expedición de documentos de viaje a mayores de edad, entre los cuales se encuentran: “1. Diligenciar la solicitud por medio electrónico o personalmente en la oficina expedidora, 2. Realizar la formalización de la solicitud de manera presencial en las oficinas de pasaportes destinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 3. Presentar original de la cédula de ciudadanía en formato válido, o a) contraseña por primera vez o rectificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañada del Registro Civil de Nacimiento autentico o b) comprobante en trámite de duplicado o renovación de la cédula de ciudadanía acompañado de consulta en línea de la fecha de expedición de la cédula a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La consulta de la fecha de expedición de la cédula de ciudadanía podrá ser realizada por la oficina expedidora, o c) verificar en el Sistema de Control y Expedición de Pasaportes (SICEP), a través de la huella digital, la existencia de los documentos soporte de trámites anteriores. 4. Presentar pasaporte anterior, si lo tuviese. En caso de pérdida o hurto del pasaporte, el titular deberá comunicarlo verbalmente al funcionario, quien marcará la casilla correspondiente en el Sistema de Control y Expedición de Pasaportes (SICEP) y entenderá que dicha declaración se efectúa bajo la gravedad de juramento, lo cual el interesado confirmará al momento de firmar el pasaporte, 5. Efectuar el pago correspondiente en la oficina donde realice el trámite, en la entidad bancaria o por los medios electrónicos establecidos para tal efecto.”

117 “Por el cual se reglamenta la expedición de documentos de viaje colombianos y se dictan otras disposiciones.”

118 Folios 224 al 228 del cuaderno de Revisión.

119 Mediante auto del cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014) se ordenó la vinculación de esta entidad y se le solicitó que en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde la comunicación del auto, se pronunciara acerca de las pretensiones y del problema jurídico planteado en la tutela (folio 220 al 221 del cuaderno de Revisión).

120 “Por el cual se reglamenta la expedición de documentos de viaje colombianos y se dictan otras disposiciones.”

121 Folios 234 al 238 del cuaderno de Revisión.

122 De conformidad con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, la acción de tutela será improcedente en aquellos casos en que existan otros medios de defensa judicial al alcance del accionante. Ello significa que existiendo tales medios, corresponde al actor agotarlos, antes de acudir a la vía constitucional; a esto se refiere el carácter subsidiario de la acción de tutela. Ahora bien, la idoneidad y eficacia del medio judicial ordinario debe ser analizada en cada caso concreto y respecto de los derechos fundamentales cuya protección se reclama. Esta afirmación está respaldada en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, en el que se establece que la existencia de otro medio de defensa judicial “será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.”

123 MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

124 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

125 MP Eduardo Montealegre Lynett. En aquella oportunidad, la Sala Séptima de Revisión analizó la situación de unos reclusos, a quienes el Establecimiento Carcelario en el que se encontraban privados de la libertad, por diversas circunstancias, incluida la insuficiencia de la partida presupuestal para el pago de los servicios públicos y el encarecimiento de los precios de los mismos, omitió el pago oportuno de las facturas por concepto de energía eléctrica a la empresa Electrocosta S.A generando un grave racionamiento en el suministro de la energía e impidiendo de esta manera el goce y ejercicio de actividades cotidianas elementales En esta oportunidad, la Sala concedió el amparo, tras considerar que de la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía dependía la posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de los habitantes de la cárcel. En este sentido, la actuación desplegada se había traducido en una amenaza de su derecho a la dignidad humana.

126 Sentencia T-1033 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil). En esta oportunidad, la Sala Cuarta de Revisión se pronunció frente al caso de una persona que creía tener plenamente identificada su condición sexual, por lo que decidió cambiar su nombre original (nombre masculino) por uno nuevo (nombre femenino), practicándose diferentes tratamientos a nivel hormonal para obtener una apariencia más femenina. Sin embargo, con motivo de su reorientación sexual, se vio abocado a una vida de prostitución y degradación personal que lo hizo reflexionar sobre su futuro, incluyendo la posibilidad de conformar una familia y obtener trabajo digno. Estas circunstancias lo llevaron a solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que le autorizara retornar a su nombre original, solicitud que fue despachada desfavorablemente.

127 Sentencia T-918 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio); SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

128 Sentencia T-594 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa). Dicha sentencia será analizada en párrafos posteriores.

129 MP. Alejandro Martínez Caballero.

130 Sentencia T-594 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).

131 Sentencia T-594 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).

132 Sentencia T-594 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).

133 Constitución Política de Colombia. Artículo 14. “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.”

134 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 16. “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.” Este Tratado fue adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas en su Resolución 2200 A del dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y seis (1966), y fue aprobado por Colombia por medio de la Ley 74 de 1968.

135 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). […] Capítulo II – Derechos Civiles y Políticos. “Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.” Este Tratado fue suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós (22) de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), aprobado mediante la Ley 16 de 1972 y ratificado por Colombia el veintiocho (28) de mayo de mil novecientos setenta y tres (1973).

136 MP Carlos Gaviria Díaz. En esta oportunidad la Sala Cuarta de Revisión estudió una acción de tutela instaurada por una persona que había culminado sus estudios de bachillerato, pero se le había negado la entrega de su diploma porque su registro civil había sido firmado por un funcionario que no era competente y, por lo tanto, carecía de validez. La Sala concedió el amparo y ordenó la expedición de una copia válida de su registro civil de nacimiento de suerte que fuera posible la entrega de lo pretendido.

137 MP Alejandro Martínez Caballero; SV José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa. En esta ocasión, se analizó la constitucionalidad de un aparte del artículo 3º de la Ley 75 de 1968, "Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar." La Corte resolvió: “Declarar EXEQUIBLE el aparte "cuando su nacimiento se haya verificado después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal", contenido en el artículo 3 de la Ley 75 de 1968, siempre y cuando se interprete que, además de esta causal, y en virtud del derecho que toda persona tiene de reclamar su verdadera filiación y del principio de igualdad de derechos dentro de las relaciones familiares, consagrados en la Constitución, el hijo de mujer casada cuenta con otras posibilidades para impugnar la presunción de paternidad, así: de un lado, si el hijo acumula la impugnación de paternidad con una acción de reclamación de paternidad, deberá darse aplicación preferente al artículo 406 del C.C; de otro lado, en todos los casos, el hijo contará con las causales previstas para el marido en los artículos 214 y 215 del Código Civil y en el artículo 5 de la Ley 95 de 1890.”



138 “Por el cual se señala la competencia para las correcciones del registro del estado civil, se autoriza el cambio de nombre ante notario público, y se dictan otras disposiciones.”

139 MP Vladimiro Naranjo Mesa.

140 Como fundamento de su decisión, la Sala Novena de Revisión sostuvo: “[…] la persona humana, en virtud de su autonomía, tiene derecho a fijar su entidad personal, la cual corresponde a su modo de ser, siempre y cuando no altere el orden jurídico; todo ello en virtud del libre desarrollo de la personalidad. En el caso concreto, no hay razón por la cual al actor se le niegue una facultad legítima de expresar su convicción íntima ante la vida, mediante una nota distintiva de su temperamento y de su carácter que lo particularice respecto de los demás. En efecto, del expediente se puede inferir que el actor ha venido desenvolviéndose a nivel social bajo el nombre de "Pamela" durante aproximadamente trece años, lo cual confirma su anhelo de ser identificado bajo el nombre femenino que le permita desempeñar su autodeterminación a nivel social.”

141 Sentencia T-090 de 1995 (MP Carlos Gaviria Díaz). Dicha providencia fue explicada en líneas anteriores.

142 Dicha función es desarrollada por el Decreto 1010 de 2000 “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones”, que en el artículo 2° dispone que “es objeto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, registrar la vida civil e identificar a los colombianos y organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en orden a apoyar la administración de justicia y el fortalecimiento democrático del país.”

143 Artículo 118 del Decreto 1260 de 1970, “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.”

144 “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.”

145 Artículo 80 del Decreto 1260 de 1970, Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.”

146 Dicha definición se encuentra plasmada en los principios de Yogyakarta los cuales se ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. También incluyen recomendaciones adicionales dirigidas a otros actores, incluyendo al sistema de derechos humanos de la ONU, las instituciones nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y las agencias financiadoras.

147 Así lo reconoció esta Corporación en la sentencia T-918 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) al precisar que: “De ninguna manera la Corte considera que el transgenerismo constituye una enfermedad o una categoría psiquiátrica, o que se requiera el diagnóstico de disforia de género para acceder a los servicios de salud relacionados con su identidad. Por el contrario, se reitera que el tránsito del género asignado socialmente a otro género puede impedirle vivir en un estado de bienestar general. Adicionalmente, el impacto social que le puede generar la no realización de la reasignación de sexo podría acarrear consecuencias de índole mental, física y emocional.”

148 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5, DSM 5.

149 El DMS IV describía como “trastornos de la identidad sexual” a la “identificación intensa y persistente con el otro sexo, acompañada de malestar persistente por el propio sexo.” El DMS V en cambio, indica lo siguiente: “Disforia de género se refiere a la aflicción o angustia que puede acompañar la incongruencia entre el género que se vive o expresa y el género asignado. Aunque no todos los individuos experimentan angustia o aflicción como consecuencia de la mencionada incongruencia, muchos sí pueden hacerlo si las intervenciones físicas deseadas mediante hormonas y/o cirugía no están disponibles. El término actual [disforia de género] es más descriptivo que el término previamente usado en el DSM IV, a saber desorden de identidad de género, y se enfoca en la disforia como un problema clínico y no en la identidad per se” (traducción directa del original) Consultar al respecto: American Psychiatric Association (2013) ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, (DSM V), pg. 451; y Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos (1995) ‘Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales IV’ versión en español, pg. 505 y 545.

150 Folio 160 del cuaderno de Revisión.

151 Sentencia T-504 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero).

152 MP Alejandro Martínez Caballero.

153 MP Jorge Iván Palacio; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

154 En este mismo fallo, se indicó que la comunidad trans forma parte de un grupo minoritario compuesto por identidades complejas y apariencias diversas de las que forman parte los transexuales, travestis, transformistas y drag queens o kings. En el citado fallo se precisó que: “(i) transexuales o personas que transforman sus características sexuales y corporales por medio de intervenciones endocrinológicas y quirúrgicas, noción que proviene especialmente de la medicina; (ii) travestis o personas que asumen una identidad atribuida socialmente al sexo opuesto, sobre el cual es pertinente precisar que algunas personas travestis intervienen sus cuerpos con hormonas y cirugías, pero no desean transformar quirúrgicamente sus genitales, advirtiendo que con alguna frecuencia este término adquiere connotación negativa asociada al prejuicio y el insulto; (iii) transformistas, que suelen ser generalmente hombres que adoptan identidades femeninas en contextos de noche, festivos o de espectáculo; y (iv) drag queens o kings quienes asumen una identidad transgresora de los géneros en contextos festivos, en ocasiones exagerando rasgos de masculinidad.”

155 Lo anterior se encuentra plasmado en el texto de la sentencia T-314 de 2011(MP Jorge Iván Palacio Palacio); AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

156 Lo anterior se encuentra plasmado en el texto de la sentencia T-314 de 2011(MP Jorge Iván Palacio Palacio); AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

157 Según un informe del año dos mil doce (2012) presentado por la Alcaldía de Bogotá, el 52.09% de las personas Transgénero reportan haber sufrido discriminación o rechazo, maltrato verbal, agresión física o maltrato psicológico en el sistema educativo. En estrecha relación con esto, concluyó que “[l]as personas transgeneristas tienen los niveles más bajos de escolaridad: 39.35% cuentan con educación media y 26.7% con educación básica secundaria. El porcentaje de universitarios y universitarias en este sector es de 11.9% y de posgrado solo el 1.94 %.” Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá, Ciudad de Estadísticas. Boletín No. 25 Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas en Cifras. Bogotá, 2010. Disponible en:http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/politicasLGBTI/Observatorio/Estadisticas_LGBT_2010.pdf.

158 Según la organización REDLACTRANS, las personas transgénero perciben que su primera opción laboral es el trabajo sexual, el segundo es cocinera, empleada doméstica, peluquera y modista; y como última opción se encuentran las actividades artesanales (folio 154 del cuaderno de Revisión).

159 Según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 99.68% de las personas con identidad de género no normativa expresaron que han sido discriminadas o que sus derechos han sido vulnerados o limitados; el 100% dijo haber sido víctima de algún tipo de agresión física o verbal, y el 90.56% de esta población estimó que tiene mayor probabilidad de sufrir ataques en el espacio público. Fuente:http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=50651).http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=50651.

160 Según cifras del informe acerca de la situación de derechos humanos de las personas transgénero en el Caribe y en América Latina de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas transgénero (REDLACTRANS) se reporta que del total de esta población, entre un 44% y un 70% abandona o es expulsada de su hogar, y que este proceso ocurre principalmente entre los trece (13) y diecisiete (17) años. REDLACTRANS. La Transfobia en América Latina y el Caribe. Disponible en: http://redlactrans.org.ar/site/wp-content/uploads/2013/05/La-Transfobia-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf (folio 153 del cuaderno de Revisión).

161 Folios 196 y 197 del cuaderno de Revisión.

162 Según el informe, la educación está prácticamente vedada para las mujeres transgeneristas, lo que impacta directamente en las labores que se ven obligadas a realizar. Las mujeres transexuales padecen la imposibilidad de conseguir que su formación académica y su experiencia laboral sean reconocidas una vez realizan la operación de cambio de sexo.

163 Siguiendo el informe, las mujeres transgeneristas deben enfrentar acoso sexual y laboral en su entorno de trabajo. Se ven obligadas, bajo el temor de perder su empleo, a llevar una doble vida y a mantener una imagen externa de heterosexualidad. La discriminación por orientación sexual o identidad de género no está contemplada como delito en el ordenamiento legal del país.

164 La violencia intrafamiliar entre esta población casi nunca es atendida y cuando ello se logra, es registrada como un asunto que corresponde a la esfera del derecho penal, aplicándose el criterio de que en caso de agresión física debe manejarse como el punible de lesiones personales. Los organismos del estado no aplican ninguna de las medidas que la ley prevé para los casos de violencia intrafamiliar cuando quienes están implicados son mujeres LBT. Incluso, en la mayoría de ocasiones, las familias de las víctimas, se niegan a denunciar o a impulsar la investigación en tanto el estigma de la orientación sexual o la identidad de género les hace preferir el silencio en lugar de enfrentar la causa directa de la muerte.

165 La atención en salud a las mujeres LBT desconoce las características de sus prácticas sexuales, existen altos niveles de ignorancia y prejuicio por parte de los prestadores de servicios de salud, lo que genera mala atención y, no pocas veces, exclusión, aumentando entonces las situaciones de riesgo a enfermedades graves como el cáncer, ya que aquellas prefieren abstenerse de acudir a realizarse controles médicos.

166 Los crímenes cometidos contra mujeres LBT, desde ataques verbales hasta físicos, no se registran como crímenes de odio. Nunca se plantea la posibilidad de que los crímenes cometidos contra esta población, puedan responder a acciones de grupo de “limpieza social.” Además, los homicidios de travestis no se registran en el Instituto Nacional de Medicina Legal como una categoría específica.

167http://www1.umn.edu/humanrts/research/colombia/Informe%20sombra%2028%20Nov2007.pdf.

168 MP Nilson Pinilla.

169 MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

170 MP María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez.

171 MP Rodrigo Escobar Gil.

172 MP Alexei Julio Estrada.

173 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

174 MP Luis Ernesto Vargas Silva; SVP Mauricio González Cuervo.

175 MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

176 En esta oportunidad, la Sala Quinta de Revisión confirmó el fallo que denegó el amparo invocado, tras considerar que de las pruebas recaudadas, no se había logrado acreditar que la negativa de ingreso a la accionante hubiere obedecido a un criterio sospechoso para discriminarla por su identidad de género transgenerista, sino presumiblemente como una medida justificada dada la agresividad que al parecer reflejó con el personal que verificaba el ingreso al establecimiento público. Aclaro, que si bien la población transgénero es uno de los grupos que padecen mayor discriminación en el país, lo cual incluso se extiende a gais, lesbianas y bisexuales, se trata de una tendencia que no puede llevar a la premisa de que toda medida restrictiva como la de no ingreso a un establecimiento abierto al público por una actitud concreta de hostilidad en el presente caso, resulte irremediablemente segregativa o sospechosa per se, ya que cualquier persona en circunstancias similares hubiese recibido el mismo trato, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. En las órdenes, exhorto al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación entre otros entes gubernamentales para que articularan una política pública integral, nacional, constante y unificada con los entes territoriales para el sector LGBTI, que posibilitará su socialización y coadyuvará a la convivencia pacífica, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas.

177 En esta sentencia la Corte advirtió sobre la crítica situación de marginación de las transgeneristas indicando que este hecho las convertía en “las víctimas más representativas de la violencia por prejuicio en la sociedad que se manifiesta de múltiples formas, tales como (i) amenazas escritas o verbales; (ii) agresiones físicas; (iii) intentos de homicidio y homicidios, tanto en el hogar como en espacios públicos o abiertos al público; (iv) ejercidos por ciudadanos comunes, individualmente o en grupo; o (v) por la fuerza pública y funcionarios públicos.”

178 MP Alberto Rojas Ríos; AV Luis Ernesto Vargas Silva.

179 En esta oportunidad, también se concluyó que (i) en la mayoría de estados aún persisten los asesinatos, violaciones y actos de violencia discriminatoria como la tortura; (ii) setenta y seis (76) estados siguen penalizando las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y promulgando leyes que buscan criminalizar a las personas por su orientación sexual o identidad de género; (iii) en cinco (5) países aún se aplica la pena de muerte a las personas que sean encontradas culpables de haber llevado a cabo relaciones homosexuales consentidas entre adultos y, (iv) existe discriminación en el acceso a la salud, el empleo, la educación, la libertad de expresión, asociación y reunión.

180 MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

181 “A nivel internacional, la ley aprobada en Argentina en el año dos mil doce (2012) ha supuesto un punto de inflexión en la legislación relativa a las personas transexuales, convirtiéndose en el primer país que despatologiza la transexualidad. Tras esto, la Unión Europea recomendó a sus estados miembros a seguir el ejemplo de Argentina e instó a la OMS a suprimir la transexualidad del listado de enfermedades mentales.”

182 “It is not the body alone which determines a person’s sex, it is also his soul.”
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