Senado de puerto rico informe Positivo P. del S. 000 de noviembre de 2018 al senado de puerto rico



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Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas

Senado de Puerto Rico

Informe Positivo, P. del S. 1000 Página


GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va Asamblea 4ta Sesión

Legislativa Ordinaria


SENADO DE PUERTO RICO
Informe Positivo

P. del S. 1000
8 de noviembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene el honor de rendir su informe recomendando la aprobación del Proyecto del Senado 1000, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe y que se hace formar parte del mismo.


Alcance de la Medida
El Proyecto del Senado 1000, con las enmiendas sugeridas por la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y evaluación propone enmendar los Artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 10 de la Ley 20-2015, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario” a los fines de ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión sobre sus personas.
La medida ante nuestra consideración tiene el interés genuino de proteger el bienestar físico y psicológico de los menores de edad, y evitar aquellas terapias ofrecidas por profesionales de la salud que puedan comprometer la salud emocional de los menores.

De acuerdo a lo expuesto en la medida ante nuestra consideración, en el pasado, algunos profesionales de la salud mental recurrieron a medidas extremas como la institucionalización, la castración y la terapia de choque electro-convulsivo, para tratar de modificar conducta en personas que sintieran atracción por otras personas de su mismo sexo.



Las principales asociaciones profesionales médicas y de salud mental, organizaciones de la salud y organismos internacionales como la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, American Psychological Association, American Psychiatric Association, el Cirujano General de Estados Unidos y la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, las principales asociaciones profesionales médicas y de salud mental de la Nación han rechazado la terapia de conversión por ser innecesaria, ineficaz y hasta peligrosa, incluyendo a American Academy of Pediatrics, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, American Medical Association, American College of Physicians, American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists, American Counseling Association, National Association of Social Workers y American Psychoanalytic Association. Sobre el particular, la Organización Panamericana de la Salud ha indicado que la terapia reparadora “carece de justificación médica y representa una seria amenaza para la salud y bienestar de la persona afectada.” Han establecido que este tipo de tratamiento viola los derechos humanos. Por su parte, la Academia Americana de Pediatría ha establecido que nunca es apropiado referir a un menor a este tipo de terapia pues no es efectiva y puede ser perjudicial para el menor.
A nivel nacional, en el año 2012, California se convirtió en el primer estado en prohibir este tipo de terapia. La ley [Stats. 2012, Ch. 835, Sec. 2. (SB 1172)] prohíbe a los terapistas con licencia del Estado de California intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas menores de 18 años. Con la firma del gobernador Chris Christie, el 19 de agosto de 2013, New Jersey se convirtió en el segundo estado en prohibir la práctica. Los estados de Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, New Hampshire, New Mexico, New York, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington y 47 ciudades, incluyendo Cincinnati, Dayton, Philadelphia, Seattle, Washington DC y tres ciudades del sur de la Florida –Miami Beach, Wilton Manors y Miami– han promulgado protecciones similares.
En tres (3) ocasiones, las leyes de California y New Jersey han sido objeto de revisión judicial, bajo planteamientos de interferencia con la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión, con la igual protección de las leyes y con los derechos constitucionales de patria potestad de los padres sobre sus hijos. En las tres (3) ocasiones, las leyes fueron validadas por los Tribunales de Apelaciones del Tercer y Noveno Circuito, concluyendo que, al existir un interés apremiante del gobierno en prevenir el uso de la terapia de conversión en menores de edad, como leyes neutrales de aplicabilidad general, satisfacen los requisitos de la Cláusula del Libre Ejercicio e incluso el estricto escrutinio requerido por la Cláusula de Libertad de Expresión. Véase, Welch v. Brown 907 F. 2d 1102 (2012), Pickup v. Brown, 728 F.3d 1042 (9th Cir. 2013) y King v. Governor of the State of New Jersey 767 F.3d 216 (2014). Por su parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos también dejó intactas las leyes al negarse a atender los casos, lo que convirtió a las sentencias que respaldan la prohibición en la última palabra al respecto.
El Estado en su facultad de “parens patriae” y como ente regulador tiene la autoridad para evitar que los profesionales de la salud, incluidos los terapistas, apliquen prácticas que puedan resultar nocivas a los pacientes. Dicha autoridad ha sido establecida y reconocida por los tribunales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido consistente confirmando la constitucionalidad de legislación cuyo objetivo es proteger el bienestar físico y emocional de los menores, aunque se trate de leyes que operen en el terreno sensitivo de derechos constitucionalmente protegidos. Véase, Pickup v. Brown, supra.

El Gobierno de Puerto Rico tiene un interés genuino en proteger el bienestar físico y psicológico de las personas, en especial los menores, y en evitar que estén expuestos a serios daños producto de tratamientos pseudocientíficos, y esfuerzos que puedan incidir adversamente en su salud mental. Los puertorriqueños siempre nos hemos distinguido por nuestro amor y solidaridad, y la creencia de que la diversidad nos hace más fuertes. Esta Ley se promulga, con la especial intención de proteger la salud física y mental de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión en Puerto Rico.



Análisis de la Medida
El miércoles 5 de septiembre de 2018, la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico celebró una vista pública en la cual contó con la comparecencia de las siguientes organizaciones y agencias gubernamentales: Departamento de Justicia; Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA); Asociación de Psicología de Puerto Rico; Dra. María de los A. González Morales (PsyD, MAC, CAT IV, CT); Padre Carlos Pérez Toro; Mujeres por Puerto Rico, Inc.; Asamblea de Padres; Puerto Rico por la Familia.
Conforme a las expresiones realizadas por el Presidente del Senado, para que todo ciudadano, organización o grupo se expresara en torno al P. del S. 1000, la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas recibió y evaluó los comentarios sometidos por las siguientes organizaciones, algunas de las cuales se hacen formar parte del presente informe. A continuación, la lista con los nombres de gran parte de las organizaciones y grupos que sometieron comentarios:
Comentarios en oposición al P. del S. 1000:
1. Plan. Juan Carlos Vega Cidraz

2. Departamento de la Familia

3. Morality in Media of Puerto Rico

4. Dra. Maribel Rivera Cotto

5. Pastora Heisha Fernández

6. Roberto O. González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico


Comentarios a favor al P. del S. 1000:
1. Comité Multisectorial de Identidad Profesional y Política Pública: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico)

2. Sociedad Puertorriqueña de Pediatría

3. Center for American Progress

4. Puerto Rico College of Physicians and Surgeons

5. Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad

6. Departamento de Salud


Comentarios generales en torno al P. del S. 1000:
1. Dra. Brenda I. Vera Martínez, MTS, Ph

Departamento de Justicia de Puerto Rico

El Departamento de Justicia reconoció que la creación y aprobación de política pública es tarea inherente a la Asamblea Legislativa y que lo propuesto en la medida “está enmarcado en los linderos que circunscriben la facultad legítima de dicho cuerpo constitucional para promover cambios en la política pública y en el ordenamiento jurídico vigente”. En ese sentido, el deber del Departamento de Justicia, como parte de nuestro ministerio, se circunscribió a comentar "sobre cuestiones de derecho que se susciten en el ejercicio de [esa] funci[ón]".1


En lo referente a los asuntos jurídicos comprendidos en la medida, Justicia expresó que:
“California fue el primer estado que, para el 2012, aprobó legislación para prohibir a los profesionales de salud mental, que realizaran esfuerzos dirigidos a cambiar la orientación sexual de sus clientes, que sean menores de edad. A raíz de esta legislación, surgieron reclamos en Pickup v. Brown [728 F.3d 1042 (91h Cir. 2013)] para impugnarla porque su aplicación infringía, según los demandantes, la libertad de expresión; y el libre ejercicio de la religión de padres y menores, al amparo de la Constitución de los Estados Unidos y de California. Los demandantes alegaban que la prohibición restringía el contenido de la expresión y no cumplía con ningún interés apremiante. Según estos, la ley no cumplía con el escrutinio judicial requerido para los casos relacionados con la libertad de expresión. El tribunal de instancia concluyó que la ley reglamentaba "tratamiento médico" y no afectaba derechos de expresión; sino que, mas bien, el estatuto regulaba "conducta" y no la "expresión" de los profesionales de la salud, porque no prohibía que estos compartieran orientación o información sobre las terapias de conversión con el menor [con sus padres]; ni que el menor [sus padres] buscara consejo de un individuo no licenciado, como por ejemplo, de un consejero o terapista religioso, que le proveyera terapias. Posteriormente, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito sostuvo dicha decisión y confirmó la constitucionalidad de la ley de California, que como mencionamos, prohibía las terapias de conversión en menores de 18 años; y cuya contravención constituiría conducta antiética profesional.
En suma, con dicha determinación, el Tribunal de Apelaciones, razonó que la ley de California solo "regulaba el tratamiento psicológico"; y que cualquier efecto de la ley sobre la libertad de expresión del profesional de la salud, era meramente incidental. Aunque, la mayoría del tribunal reconoció que la Primera Enmienda de la Constitución protege la conducta expresiva (ya que determina que lo que se regulaba en la ley no era el contenido de la expresión), lo que ha sido considerado como equivalente a expresión simbólica, explicó que los demandantes no habían probado que el tratamiento en controversia constituyera conducta expresiva que ameritara la protección de la Primera Enmienda. De otra parte, el tribunal adujo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido consistente confirmando la constitucionalidad de legislación, cuyo objetivo es proteger el bienestar físico y emocional de los menores, aunque se trate de leyes que operen en el terreno sensitivo de derechos constitucionalmente protegidos. Cabe señalar que, aproximadamente un año después de la decisión reseñada, el mismo panel de jueces del Tribunal de Apelaciones mencionado enmendó la determinación anterior, aunque con el mismo resultado, para dejar claro que la prohibición de que la aplicación de la ley de California iba dirigida al tratamiento de los menores; pero no prohibía a terapistas licenciados que discutieran los pros y los contras de la terapia de conversión con sus pacientes.
De otra parte, en Welch v. Brown [907 F. 2d 1102 (2012)], en un caso en el que ciertos sicoterapeutas y un paciente, que alegaba haberse beneficiado de las terapias de conversión, impugnaron el estatuto de California mencionado, porque, entre otras razones, restringía la libertad de expresión de los terapistas que utilizaban las terapias de conversión en su practica profesional. El tribunal razonó que, la prohibición estatuida sobre las terapias de conversión aunque se tratara de regulación medica, reglamentaba el contenido de la expresión. Por tanto, era improbable que resistiera el escrutinio estricto requerido para los casos en los que la ley en controversia regulaba el contenido de la expresión, por infringir derechos fundamentales. Por tal razón, el Tribunal de Distrito de California concedió el injunction preliminar solicitado a favor de los peticionarios. Posteriormente, sin embargo, el Noveno Circuito para el Tribunal Federal, en consonancia con la decisión en Pickup, determinó que la ley de California era constitucional, con fundamentos similares a los antes expuestos; y por considerar que la ley solo regulaba el tratamiento de salud mental de los menores; pero, sin prohibir la discusión del sicoterapeuta sobre su punto de vista sobre las terapias de conversión y recomendar el tratamiento o proveer las terapias a adultos con su consentimiento.”
Sobre lo discutido en sus comentarios por el Departamento de Justicia, entendemos prudente añadir lo siguiente:


  1. El lenguaje propuesto en el proyecto de marras P. del S. 1000, es casi idéntico al lenguaje de la ley de California y al de New Jersey.



Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA)
En el estudio poblacional que realiza la ASSMCA, conocido como Consulta Juvenil, y llevado a cabo por científicos y epidemiólogos de alto renombre en el País, se estudian factores de riesgo y protección de jóvenes escolares en Puerto Rico. Este estudio lo ha realizado la ASSMCA por los pasados 22 años, y en sus últimas dos ediciones se ha estudiado los factores de riesgo de jóvenes que se identifican como homosexuales o que han tenido algunas experiencias homosexuales. Los hallazgos de estos estudios han arrojado información valiosa que amerita profunda atención y acciones de política pública. Algunos datos son:


  • Los jóvenes escolares gay/bisexuales presentan mayores factores de riesgo que los jóvenes heterosexuales de sus mismas edades. Factores de riesgo para el uso de sustancias, problemas de salud mental, víctimas de agresión y sexo sin protección.



  • Es importante destacar que estas diferencias no están asociadas a la orientación sexual, más bien están asociadas a las consecuencias psicológicas y sociales producidas al enfrentarse al estigma social, al rechazo, al prejuicio y la falta de tolerancia hacia la diversidad por parte de sus pares escolares, del sistema escolar y social en el que se desenvuelven.




  • Los jóvenes LGBT encuestados, presentan mayores riesgos de salud mental como: depresión mayor, trastornos de conducta, déficit de atención e ideación suicida en comparación con sus pares heterosexuales.




  • En cuanto a factores de riesgo para el uso de sustancias (legales e ilegales), las jóvenes LGBT presentan los mismos factores de riesgo que sus pares heterosexuales en cuanto a beber alcohol en rachas y uso de marihuana. Sin embargo, toman más alcohol, ingieren más pastillas recetadas y fuman más tabaco que sus pares heterosexuales.




  • No existen diferencias entre los factores de riesgo asociados a la sexualidad entre las jóvenes LGBT [y] sus pares heterosexuales.




  • El acoso en la escuela y la comunidad es un factor de riesgo importante para la seguridad física y emocional de las jóvenes. El estudio refleja que las jóvenes LGBT son significantemente más acosados por su orientación sexual que las jóvenes heterosexuales por otras diferencias de tipo de raza, discapacidad, entre otros. Esta data está altamente asociado al número alarmante de ideaciones suicidas que éstos reportan”.


El proyecto intenta atender, y de manera responsable proteger, la salud integral de los menores de edad y de sus familias quienes ante la desinformación acuden a este tipo de servicios. Sin embargo, entendemos que deben ser prohibidas tanto para menores como para adultos que en búsqueda de respuestas para enfrentar el rechazo social y no su homosexualidad acuden a solicitar este tipo de terapias. Aunque en nuestro sistema legal los adultos pueden consentir recibir este tipo de terapias, como profesionales de la conducta, entendemos que un adulto cuya situación mental está comprometida con otros problemas de su estado emocional relacionados al estigma social, rechazo, depresión y otras condiciones de salud mental, los hacen tan vulnerables como a los menores de edad. Es en ese escenario donde nos cuestionamos la capacidad de consentir para recibir este tipo de terapias.
La ASSMCA en su deber ministerial de velar, proteger, mitigar y restaurar la salud mental de pueblo de Puerto Rico, apoya dicha medida…”.

Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR)

“… [L]a Asociación de Psicología de Puerto Rico endosa el Proyecto del Senado 1000, a los fines de aplicar las protecciones de la salud física y mental a los(as) menores de edad, mediante la prohibición de la aplicación de las terapias de reparativas o de conversión sobre las personas”.

“Las terapias reparativas o de conversión han sido identificadas por la inmensa mayoría de organizaciones profesionales mundiales como inefectivas, engañosas y dañinas a nivel psicosocial. Entre ellas se destacan la Organización Mundial de la Salud, el American College of Physicians, la American Counseling Asociation, la Asociación Americana de Medicina, la Asociación Americana de Psiquiatría, la American Psychological Asociation, la American School Counselors Asociation y la National Asociation of Social Workers.

Agradecemos la oportunidad que se nos ofreció́ para expresar nuestra opinión sobre este tema tan importante. Exhortamos al Senado de Puerto Rico a que continúe contribuyendo a que todas las personas en nuestro país disfruten de los mismos derechos y las mismas protecciones ante la ley. La salud física y mental de nuestros niños y niñas es muy importante para nuestra sociedad. Les exhortamos a que en un futuro cercano también se prohíban las terapias reparativas y género-reparativas para las personas adultas”.



Lcdo. Carlos Pérez Toro, STD, JD Sacerdote Católico

El Sacerdote Católico y Licenciado en Derecho, Carlos Pérez Toro, comentó en su memorial, así como en su exposición en la vista pública, que el proyecto se fundamenta en la afirmación ideológica de que la homosexualidad “es parte de la gama y espectro de la identidad humana y no es una enfermedad, desorden o condición de salud. ”Sobre dicha percepción aclara que la pretensión de “normalizar la homosexualidad” equiparándola a la heterosexualidad ha sido cuestionada no solo desde el ámbito religioso o moral, sino también dentro del campo científico.


Dada la atención al discurso científico que presenta la medida, el Padre Carlos señaló que:
“… podemos concluir que el afirmar que existe sustentación científica clara para oponerse a las terapias reparativas no solo es incorrecta sino también científicamente deshonesta, ya que sigue siendo un debate abierto en la comunidad científica el valor de las terapias reparativas. Incluso algunos científicos que se oponen a este tipo de terapias reconocen que no pueden ser prohibidas completamente ya que consideran que todo paciente tiene derecho a la autodeterminación de integrar en su vida personal las exigencias morales-religiosas con respecto a la orientación sexual. Por eso consideran que es un deber ético de todo psicólogo de respetar la religiosidad de un paciente, intentando ayudarlo a integrar su religiosidad en el todo de su personalidad humana.”
Respecto al derecho de los padres sobre los menores, en el ejercicio de la patria potestad, el Padre Carlos opinó que:
“Sin duda este proyecto de ley obstaculiza el ejercicio de la patria potestad sobre los menores ya que les niega a los padres la posibilidad de intentar cambiar una conducta de orientación sexual que ellos consideran inadecuada cerrándole la posibilidad de hacer uno de los medios profesionales psicológicos o de otro tipo.”
Las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña el presente informe, recogen las preocupaciones presentadas y salvaguardan las protecciones de los derechos fundamentales de la libertad de culto y el ejercicio de la patria potestad.
Dra. María de los A. González Morales, PsyD, MAC, CAT IV, CT

Tanto los comentarios sometidos en su memorial, como su exposición durante la celebración de la mencionada vista pública son muy cónsonos con los presentados por el Padre Carlos Pérez Toro, previamente atendido.

La Dra. González Morales, por su parte expresó que en términos científicos:

“El Proyecto del Senado 1000 es innecesario y peligroso, no es congruente con los hallazgos de la investigación científica, crea más problemas de los que pretende resolver y viola principios fundamentales de la ley y la ética.”

Las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña el presente informe, recogen las preocupaciones presentadas y salvaguardan las protecciones de los derechos fundamentales de la libertad de culto y el ejercicio de la patria potestad.

Mujeres por Puerto Rico, Inc.

En el memorial explicativo, sometido por la organización Mujeres por Puerto Rico, Inc., indicaron que les preocupa que:

“el proyecto minimiza al punto de casi desvalorizar las libertades de expresión, conciencia y religiosa. Igualmente pretende reducir el derecho fundamental reconocido de nosotros los padres como los responsables primarios del cuidado, la crianza y la educación de nuestros hijos. Ese proyecto tampoco hace justicia para los niños y jóvenes que aún viven en disforia, al contrario, se deriva más hacia lo ideológico que hacia lo médico.”

Las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña el presente informe, recogen las preocupaciones presentadas y salvaguardan las protecciones de los derechos fundamentales de la libertad de culto y el ejercicio de la patria potestad.



Asamblea de Padres de Puerto Rico

En la misma línea de los deponentes anteriores, los miembros de la Asamblea de Padres de Puerto Rico presentaron sus comentarios en torno al P. del S. 1000, pero en particular presentaron su preocupación en torno a la restricción del derecho de patria potestad que le asiste a todos los padres y madres en Puerto Rico. Sobre dicho asunto, indicaron:

“El P. del S. 1000 no debe ser aprobado porque restringe un derecho fundamental parental basándose en una opinión prejuiciada y sin data empírica; sería una legislación prematura en una teoría emergente; es prejuiciado, ambiguo y discriminatorio, y le falta el debido proceso de Escrutinio Estricto.”

Las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña el presente informe, recogen las preocupaciones presentadas y salvaguardan las protecciones de los derechos fundamentales de la libertad de culto y el ejercicio de la patria potestad.



Puerto Rico por la Familia

Por su parte, Puerto Rico por la Familia al igual que Asamblea de Padres de Puerto Rico traen a consideración el trastoque del derecho de todo padre y madre a ejercer su derecho a la patria potestad sobre sus menores de edad. Respecto a este asunto indicaron que a su entender el P. del S. 1000 es inconstitucional por trastocar el derecho sobre los menores que tienen todos los padres al ejercer la patria potestad y por afectar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa, protegido constitucionalmente. Según discuten en su memorial explicativo, ambos derechos son derechos constitucionales y fundamentales, por lo tanto para ser afectados por una actuación del estado, el estado deberá demostrar su interés apremiante y que ha utilizado el mecanismo menos oneroso. De acuerdo a lo reseñado en su exposición, no surge del P. del S. 1000 un interés apremiante del estado ni que ha utilizado el mecanismo menos oneroso.


Las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña el presente informe, recogen las preocupaciones presentadas y salvaguardan las protecciones de los derechos fundamentales de la libertad de culto y el ejercicio de la patria potestad.

Conclusión
En esencia, el propósito del Proyecto del Senado 1000, es prevenir los posibles daños como consecuencia de terapias de conversión en menores de edad. La autoridad del Estado para evitar que los profesionales de la salud, incluidos los terapistas, puedan provocar daño a sus pacientes, está ampliamente establecida y así ha sido reconocida por los tribunales.
El Estado en su facultad de “parens patrie” y como ente regulador tiene la autoridad para evitar que los profesionales de la salud, incluidos los terapistas, apliquen prácticas que puedan resultar nocivas a los pacientes. Dicha autoridad ha sido establecida y reconocida por los tribunales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido consistente confirmando la constitucionalidad de legislación cuyo objetivo es proteger el bienestar físico y emocional de los menores aunque se trate de leyes que operen en el terreno sensitivo de derechos constitucionalmente protegidos.
El Gobierno de Puerto Rico tiene un interés genuino en proteger el bienestar físico y psicológico de las personas, en especial los menores, y en evitar que estén expuestos a serios daños producto de tratamientos pseudocientíficos, y esfuerzos que puedan incidir adversamente en su salud mental. Dichas protecciones se atendieron considerando la protección del derecho constitucional consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el cual le garantiza a todo ciudadano el poder ejercer libremente su religión sin que le sea obstaculizada, restringida o coartada por el Estado, así como la protección al ejercicio de la patria potestad, el cual ha sido reiteradamente reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como un derecho fundamental de los padres sobre sus hijos.
Por todo lo expuesto, la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1000, recomienda su aprobación con las enmiendas sugeridas en el Entirillado Electrónico que acompaña a este informe y que se hace formar parte del mismo.

Respetuosamente sometido,


Thomas Rivera Schatz

Presidente

Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas



Senado de Puerto Rico


1 Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de! Departamento de Justicia", Art. 6.





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