Se abre la sesión a las once horas y diez minutos



Descargar 0.76 Mb.
Página1/16
Fecha de conversión01.08.2018
Tamaño0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16





Se abre la sesión a las once horas y diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

El señor letrado va a comprobar las asistencias.

El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado.

Señorías, disponen del acta de 20 de diciembre de 2017. ¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Muchas gracias. Queda aprobada por asentimiento con la modificación de 20 de febrero de 2018.

A continuación, damos la bienvenida a la excelentísima señora secretaria de Estado de Justicia, que vuelve a comparecer ante la Comisión de Justicia para contestar a las preguntas formuladas, y al cuerpo que le acompaña: el director general, el secretario general técnico y demás asesores.

Como ustedes saben, hay cincuenta y ocho preguntas que van a ser contestadas por doña Carmen Sánchez−Cortés Martín. Antes de continuar con el desarrollo de la sesión quisiera indicar a sus señorías que, de conformidad tanto de los senadores interesados como de la secretaria de Estado, una buena parte de las preguntas se van a formular y contestar de manera agrupada. El orden que se va a seguir en las preguntas de tramitación individual es el de prioridad en la presentación. En el caso de las agrupadas se atiende al rango temporal de la primera presentada, que comunica a las demás, y tras cada una de estas agrupaciones se tramitarán individualmente, en su caso, las que versen sobre el mismo tema.

El desarrollo del debate, como saben sus señorías, prevé la formulación, la contestación, la réplica y la dúplica. El Reglamento concede 10 minutos para los dos primeros turnos, de formulación y contestación, y cinco minutos para los restantes, de réplica y dúplica. En el caso de que las preguntas agrupadas sean muchas, estos tiempos se administrarán con flexibilidad por esta Presidencia.

Ruego a todos la mayor concisión, dado que la duración de las sesiones conforme al Reglamento no debe exceder de cinco horas, salvo que por mayoría se acuerde lo contrario, tal y como establecen los artículos 77 y 79 del Reglamento del Senado. Les recuerdo por último que, conforme al Reglamento, la pregunta ha de ser formulada personalmente por el autor sin posibilidad de sustitución.

Así pues, pasamos a las preguntas y contestaciones tal y como aparecen en el orden del día y que conocen sus señorías.


681001402,681001403,681001404

PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE NACIONALIDAD QUE HAN SIDO PRESENTADAS EN VIRTUD DE LA LEY 12/2015, DE 24 DE JUNIO, EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA, DESDE SU ENTRADA EN VIGOR HASTA LA FECHA, DESGLOSADO POR SEDES DIPLOMÁTICAS DEL PAÍS DE PRESENTACIÓN.

(Núm. exp. 681/001402)

AUTOR: VILLANUEVA RUIZ, IDOIA (GPPOD)


PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD RESUELTOS, FAVORABLE Y DESFAVORABLEMENTE, DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 12/2015, DE 24 DE JUNIO, EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA.

(Núm. exp. 681/001403)

AUTOR: VILLANUEVA RUIZ, IDOIA (GPPOD)
PREGUNTA SOBRE EL PLAZO DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR CARTA DE NATURALEZA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA.

(Núm. exp. 681/001404)

AUTOR: VILLANUEVA RUIZ, IDOIA (GPPOD)
El señor PRESIDENTE: Las tres primeras preguntas, de la señora Villanueva Ruiz, del Grupo Podemos, sobre nacionalidad, con números de expediente 681/1402, 681/1403 y 681/1404, decaen al no comparecer la senadora.

681001411

PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA RECIBIDAS EN BASE A LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA.

(Núm. exp. 681/001411)

AUTOR: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta pregunta, del señor Iñarritu García, sobre nacionalidad, pregunta 681/1411.

Tiene la palabra el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradezco a la señora secretaria de Estado su comparecencia ante esta maratón de preguntas. No envidio estar hoy en su posición.

Quiero referirme a una pregunta relativa a la concesión de nacionalidades en relación con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de memoria histórica. La respuesta que ha mandado el Ministerio de Justicia podría calificarse de un poco marxista, pero no en el término político, sino en el de los hermanos Marx -con aquello de “la parte contratante de la primera parte”-, ya que me señalan que el Ministerio de Justicia no tiene estos datos. Lo que no sé es por qué les remitieron a ustedes esta pregunta cuando estaba dirigida directamente al Gobierno, si bien es cierto que me han respondido dándome unos datos del Ministerio de Exteriores en relación con lo que había solicitado. Es cierto que con datos a fecha de 31 de diciembre de 2016 podría solicitarle que me los actualice, pero viendo el tamaño de las respuestas y de los países no creo que sea lo más ágil.

Por ello, me centraré en solicitar información, si la tiene, porque quizá no la tenga y entonces lo utilizaré a manera de reflexión o de queja, ya que si bien es cierto que la mayoría de solicitudes de nacionalidad relacionadas con la Ley de memoria histórica se ha realizado desde Latinoamérica, desde Estados como Argentina, México o Cuba, hay un hecho extraño y es que en el consulado de La Habana, donde se han realizado 192 081 solicitudes a fecha de 31 de diciembre de 2016, a día de hoy aún hay 77 501 de esas solicitudes en trámite. Esto es, si en Latinoamérica hay 87 000 solicitudes en trámite, 77 000 dependen solamente de un consulado, que es el consulado de La Habana. Supongo que usted me responderá que esa no es su labor y que depende del Ministerio de Exteriores, pero como han archivado o clasificado esta pregunta en esta comisión pues la utilizo para hacer una reflexión y espero que, como órgano colegiado, se la transmita a sus compañeros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Senador, como conoce, las preguntas están tasadas y formuladas y solamente se puede contestar sobre aquello que ya está aprobado y tasado.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Evidentemente. Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Con lo cual, le damos la palabra a la secretaria de Estado para que conteste sobre el objeto y el contenido de la pregunta.

Gracias.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez−Cortés Martín): Buenos días.

En primer lugar, quiero saludar a los miembros de la Comisión de Justicia del Senado. Es una satisfacción para mí comparecer de nuevo ante esta comisión. Tenemos una jornada por delante muy intensa y muy extensa y mi propósito y mi voluntad es satisfacer, en la medida de lo posible, todo lo que me han trasladado para respuesta.

En relación con la pregunta que me ha formulado el senador, como usted bien ha avanzado, no dispongo desgraciadamente del dato tan concreto por el que se interesa en este momento, pero sí me comprometo a interesarme por estos detalles por los que usted me ha preguntado y hacerle llegar la información a través del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Comisión de Justicia a la mayor brevedad. Como sabe, la aplicación que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores tampoco tiene una información desglosada por determinados aspectos que pudieran ser de interés, con lo cual me anticipo a la propia respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y le anuncio el interés del Gobierno en hacer esa aplicación digamos más detallada en cuanto al tipo de datos que puedan ser del interés de sus señorías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.

Para la réplica, tiene la palabra el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Sí, presidente, renuncio ya que solamente quería transmitir esta información.

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Perfecto, muchas gracias.

Señora secretaria de Estado, ¿algo que contestar?

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez−Cortés Martín): Nada, muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



681001412

PREGUNTA SOBRE DIVERSAS CUESTIONES EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES DE NACIONALIDAD RECIBIDAS EN BASE A LA LEY 12/2015, DE 24 DE JUNIO, EN MATERIA DE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA.

(Núm. exp. 681/001412)

AUTOR: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)



El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Iñarritu García, 681/1412, sobre nacionalidad.

Tiene la palabra, senador Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Esta pregunta también es de concesión de nacionalidades y es la relativa a la Ley 12/2015, de concesión de nacionalidad española a los sefardíes. Me gustaría, si puede, que me actualizara los datos que tienen a día de hoy: cuántas solicitudes con acta notarial sobre la base de esta ley se han recibido; cuántas de estas solicitudes se han resuelto positivamente; cuántas concesiones de nacionalidad se han realizado sobre la base de esta ley por nacionalidad de origen y año y, por último, cuántas concesiones de nacionalidad de personas de 18 a 44 años se han realizado en función de esta ley por nacionalidad, origen y año. Esto es, quería actualizar los datos que sí es cierto que me facilitó el Gobierno en su respuesta en el mes de noviembre.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Señor secretaria de Estado, tiene la palabra.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez-Cortés Martín): Muchas gracias.

Señoría, en su pregunta se refiere a la Ley 12/2015, de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes. Como es sabido, el procedimiento de tramitación previsto en esta ley es electrónico, de manera que se formulan las solicitudes ante el Consejo General de Notariado y, posteriormente, una vez que consta el acta de notoriedad emitida por el notario correspondiente, son remitidas a la Dirección General de Registro y Notariado, una vez, repito, que se ha levantado dicha acta dando fe de los hechos acreditados. Pues bien, a fecha de 31 de diciembre de 2017, en el ministerio se habían recibido con acta notarial 4111 solicitudes de nacionalidad de sefardíes; de estas 4111 solicitudes, se ha concedido la nacionalidad española a 1708 sefardíes en los años 2016 y 1017, según datos que obran en nuestro poder a 1 de enero de 2018.

En relación con los datos desagregados por nacionalidad de origen y año de solicitud por los que se interesa su señoría, le puedo aportar la siguiente información: en el año 2016, las tres primeras nacionalidades de origen entre los solicitantes fueron la israelí, con 96 solicitudes; la venezolana, con 75, y la colombiana, con 60. Por su parte, en 2017 los tres primeros puestos los ocuparon solicitantes de Venezuela, con 254 solicitantes; Israel, con 202, y Méjico, con 146. Respecto a los solicitantes situados en la franja de edad de 18 a 44 años, en 2016 las tres primeras nacionalidades de origen entre los solicitantes fueron la israelí, con 40; la venezolana, con 36, y la brasileña, con 22. En el año 217, los tres primeros puestos los ocuparon nacionales de Venezuela, con 113; Israel, con 75, y México, con 71 solicitudes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, secretaria de Estado.

Tiene la palabra, senador.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Si bien es cierto que la Ley de 2015, de nacionalidad para los sefardíes, fue un paso importante, con la práctica se ha visto que es una carrera de obstáculos para el acceso a la nacionalidad de las personas de origen sefardí.

Corríjame si me equivoco, esta misma semana el Consejo de Ministros va a proceder a prorrogar en un año la ley, ya que estaba prevista para tres años y la disposición primera daba la opción de que se prorrogara. Parece que se va a prorrogar, pero yo aprovecharía este turno de palabra para hacer una reflexión: si no tendría todo el sentido de mundo que esta ley fuera de manera permanente, que el acceso a la nacionalidad no se limitara a un plazo de tres o cuatro años con la ampliación; qué menos que diez años, una cifra que diera tiempo a que numerosas personas se acogieran a su derecho, porque si no parece que el derecho de acceder a la nacionalidad está limitado. Como decía antes, una carrera de obstáculos en la que, según los datos del ministerio, destaca que la mayor parte de solicitudes no proceden de los Estados donde hay comunidades sefardíes más importantes, sino que en muchos casos tiene que ver con la prosperidad de un país o la situación política. Sorprenden las solicitudes de nacionalidades desde Venezuela, con una comunidad sefardí muy pequeña, y que, en cambio, en otros lugares donde la comunidad es mucho más importante esta carrera de obstáculos que ha supuesto la ley -que vuelvo a decir que ha sido positiva pero, a la vez, ha supuesto muchas dificultades- lo está impidiendo.

Por eso yo aprovecho este turno de palabra para hacer tres reflexiones. Una, que se amplíe de forma permanente, tomando como analogía la ley anterior, la Ley de memoria histórica, que da este derecho. Dos, que se modifique esta ley y se supriman los continuos obstáculos para poder acceder a ella pues, como digo, 4000 solicitudes es un paso importante, pero si echamos la vista a la hemeroteca, hace tres o cuatro años se hablaba de 500 000 personas o un millón, según algunos aventurados, que serían los solicitantes de esta ley, pero vemos que ha quedado en algo simbólico. Y tres, cómo no, implicar de una manera más activa a la Federación de comunidades judías de España; qué mejor que esta federación para participar en este proceso y hacerlo mucho más rápido y flexible.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez−Cortés Martín): Muchas gracias, senador.

Voy a centrarme en las tres cuestiones que me ha planteado.

En primer lugar, usted decía que esta ley supone una carrera de obstáculos para todos aquellos que quieren acceder a la nacionalidad española desde su condición de sefardíes. Es cierto que es una ley que ha tenido una factura técnica complicada por la dispersión de los posibles solicitantes a lo largo de todo el mundo, pero creo que los datos son elocuentes sobre el éxito de los resultados prácticos de esta tramitación. Estamos hablando de 8680 solicitudes de nacionalidad de sefardíes y de que se ha concedido la nacionalidad española a 1708 solicitantes en virtud de la aplicación propia de la ley. Pero también debe tener en cuenta que la propia ley −consciente de la complejidad del proceso− estableció un período transitorio, en el que se habilitaba que mediante real decreto se ampliara la posibilidad de conceder la nacionalidad española a todos aquellos solicitantes que ya habían iniciado el procedimiento, para evitar causarles molestias, demoras o confusión. Y sobre la base de estos dos reales decretos se ha concedido la nacionalidad española, mediante el Real Decreto promulgado en 2015 a 4302 sefardíes, y mediante el Real Decreto promulgado en el año 2016 a 220 sefardíes más, con lo cual estamos ante 6230 concesiones de nacionalidad española a sefardíes. Y fíjese, si comparamos esos datos con lo ocurrido entre los años 2006 y 2011, nos encontramos con que durante esos años solo se concedió la nacionalidad española a 792 sefardíes; es decir, estamos hablando de una media anual de 132 concesiones. Yo creo que los datos son elocuentes y hablan por sí mismos.

Se ha referido usted también a la posibilidad de quitar el plazo y establecer una regulación de carácter permanente para esta situación jurídica específica. Pues bien, más allá de que esto tendría que ser objeto de una modificación de rango legal −es evidente y no hace falta que se lo explique, sé que es usted sabedor de ello−, el Gobierno, consciente de estas dificultades y mostrando una gran sensibilidad de cara a favorecer al máximo posible la concesión de nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, estableció esa posibilidad –que, efectivamente, parece que va a tomar forma en un real decreto en el próximo Consejo de Ministros− de ser prorrogado por un año más y también, incluso, prevé la posibilidad de ampliar este plazo por razones excepcionales humanitarias, facultad que compete al Consejo de Ministros y puede llevarse a efecto cuando haya circunstancias que así lo acrediten.

Ha mencionado usted algún dato del que siento discrepar, porque creo que no responde a la realidad. Ha comentado que la ley se focaliza en cuanto a sus resultados prácticos en comunidades de sefardíes ubicadas en localizaciones geográficas donde puede haber solicitantes más acaudalados o en mejores condiciones económicas, y citaba el caso de Venezuela. (El señor Iñarritu García: No, no, al revés). Discúlpeme si no le he entendido bien. En cualquier caso, la tasa que viene establecida en la ley para acceder no es excesiva, son 100 euros y creo que está al alcance de todos los solicitantes. En este sentido, no creo que haya habido ningún tipo de obstáculo de carácter económico. La pluralidad de países y comunidades desde los que, según nuestros datos, se ha accedido a la nacionalidad española así lo acredita.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado de Justicia.


681001535,681001536

PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL VULNERA LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA AL NO PUBLICAR EL CURRÍCULUM DE LOS CANDIDATOS PARA LOS NOMBRAMIENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO.

(Núm. exp. 681/001535)

AUTOR: RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE LOS RECIENTES NOMBRAMIENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO SE AJUSTAN A LOS PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CAPACIDAD.

(Núm. exp. 681/001536)

AUTOR: RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
El señor PRESIDENTE: Dos preguntas del senador Rodríguez Esquerdo, sobre nombramientos discrecionales: 681/001535 y 681/001536.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenida a la Comisión de Justicia, señora secretaria de Estado.

Efectivamente, agruparé estas dos preguntas que se refieren a nombramientos del Tribunal Supremo: sobre si considera el Gobierno que los recientes nombramientos en el Tribunal Supremo se ajustan a los principios de mérito y capacidad y si se ha vulnerado o no la política de transparencia al no publicar el Tribunal Supremo el currículum de los candidatos que optan a ser miembros del máximo tribunal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez−Cortés Martín): Muchas gracias, senador. Gracias, presidente.

Habla usted de transparencia en su pregunta y tengo que decir que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su memoria anual publicada el pasado 20 de febrero correspondiente a 2016 ha destacado precisamente al Consejo General del Poder Judicial como una de las instituciones más transparentes, logrando una puntuación de 9,7 sobre 10, respecto al grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y acceso a la información contenidas en la Ley de transparencia. Creo que este dato es importante.

A este respecto, como su señoría sin duda conoce, el Consejo General del Poder Judicial cuenta con un portal de transparencia -denominado José Luis Terrero Chacón por acuerdo de la comisión permanente de marzo de 2015, en homenaje al fallecido secretario general, que fue uno de sus principales impulsores y promotores- con la finalidad de facilitar toda la información a los ciudadanos obrante en el Consejo General del Poder Judicial relativa al empleo de fondos públicos, criterios y motivos de decisiones y todos los temas referentes a cualquier tipo de interés público, y entre estas decisiones se encuentran también las relativas a los nombramientos discrecionales, incluidos los correspondientes al Tribunal Supremo por los que se interesa su señoría. De este modo, la información relativa a la convocatoria de plazas, solicitantes presentados, candidatos propuestos por la comisión permanente, incluyendo sus currículums, así como el acuerdo del pleno por el que se decide el nombramiento en los procesos selectivos de magistrado de Tribunal Supremo pueden ser consultados en el citado portal de transparencia.

Por ese motivo, no puedo compartir en modo alguno la valoración de que el consejo no cumple con la política de transparencia en esta materia, del mismo modo que no puedo poner en cuestión las decisiones que el propio consejo -con el margen de discrecionalidad sometido, por supuesto, a las previsiones a la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 342 y 347 y al propio reglamento del consejo en esta materia, el Reglamento 1/2010, por el que se regula la provisión de plazas y el nombramiento discrecional de órganos judiciales- ha llevado a efecto ajustándose a los principios de mérito y capacidad. En el caso de los nombramientos del Tribunal Supremo, los acuerdos adoptados por el Pleno recogen de manera detallada los motivos en los que se fundamenta cada uno de los nombramientos; pueden consultarse por todos los ciudadanos pues se trata de acuerdos públicos y además siempre pueden ser recurridos por quien se considere perjudicado y tenga interés legítimo en hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretaria de Estado.

Senador Rodríguez Esquerdo, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente.

Señora secretaria de Estado, no comparto en absoluto las decisiones, las opiniones que ha aportado usted a esta comisión.

A finales del mes de enero el Tribunal Supremo nombraba tres nuevos magistrados para cubrir vacantes de jubilación en las Salas Segunda, Tercera y Cuarta. Los elegidos han sido: don Vicente Magro, don Fernando Román y doña María Luz García. Según se ha trasladado, algunos de estos nombramientos no se ajustan a esos principios de mérito y capacidad, por lo que se siembra, se genera la primera duda: ¿son candidatos idóneos o son puertas giratorias? Vamos a intentar explicarnos.

El señor Román, por ejemplo, fue secretario de Estado; por cierto, con él me estrené en esta Comisión de Justicia con preguntas, como usted hoy. Durante la etapa del señor Román, siendo segundo del señor Gallardón, 2011−2014, diseñó el actual modelo de Consejo General del Poder Judicial, con un corte claramente presidencialista que favoreció ostensiblemente al señor Lesmes, amigo personal y que él mismo ha dicho que no ha votado su elección por ser amigo. El señor Magro, senador en esta Cámara por el Partido Popular de Valencia: puede ser otra puerta giratoria o es una buena ocasión para colocarle en la Sala de lo Penal o es una casualidad que sea en la Sala de lo Penal, con casos de corrupción importantes en la Comunidad Valenciana y que tienen que ser juzgados por el alto tribunal; por cierto, consiguió 10 de los 20 votos, en esta ocasión sí votó el señor Lesmes. Este nuevo puesto, además de tener que juzgar casos de corrupción, tendrá que pronunciarse también sobre casos de independencia o sobre los independentistas en la causa que instruye el juez Pablo Llarena. Y, por último, la señora García Paredes, el tercer nombramiento que procede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Yo no voy a cuestionar, ni el Grupo Socialista lo va a hacer, la profesionalidad de ninguno de los tres miembros nombrados, señora secretaria de Estado, pero a cualquier mortal estos nombramientos le hacen aumentar la sospecha, incluso la creencia de interferencias políticas en los procesos judiciales presentes o futuros, de los que ya se conocen o se conocerán en un futuro, del Tribunal Supremo. Y esto no ayuda para nada a la imagen de justicia independiente. Insisto, no cuestionamos la valía personal y profesional de estas personas, pero sí decimos que la elección adolece de defectos, y luego aparecen conversaciones como las de los señores González y Zaplana hablando de jueces, recogidas en el sumario Lezo.

Por todo esto, señora secretaria de Estado, es por lo que los ciudadanos cada día creen menos en la justicia y menos en la independencia judicial. Usted conoce perfectamente, como todos los senadores de esta Cámara, los informes que señalan que son los búlgaros, los croatas y los eslovacos los que desconfían más de su justicia que los españoles. Y la Comisión Europea, en su Eurobarómetro sobre el estado de la justicia en los países de la Unión, viene a señalar en su informe que el 58% de la opinión pública española tiene una imagen mala o muy mala sobre la falta de independencia judicial, percepción esta, señora secretaria de Estado, que es consecuencia directa de actuaciones como esta: un exsenador del Partido Popular y un exsecretario de Estado del Partido Popular nombrados por el Tribunal Supremo. Además, el propio Consejo General del Poder Judicial, con estos nombramientos, está vulnerando su política de transparencia. Por eso le decía que no estoy de acuerdo con su percepción sobre la transparencia en el Consejo, ya que no publica los currículums de los candidatos. Se podrán consultar, pero no son publicados como currículum. ¿Eso qué significa? Que el Consejo General del Poder Judicial tiene miedo o tiene vergüenza.

Señora secretaria de Estado, los ciudadanos no podrán comprobar si estos nombramientos responden a los principios de mérito y capacidad. Es posible que el mayor mérito sea ser senador o secretario de Estado del Partido Popular. De verdad, señora secretaria de Estado, con actos como estos están provocando que la imagen de la justicia española sea una auténtica pena; están haciendo un flaco favor a la democracia, a la justicia y a la propia independencia judicial y, sin duda, al eficaz trabajo que realizan todos los días miles y miles de jueces –más de 5000− que abren la ventana y la puerta de su despacho para atender a miles y miles de ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Sánchez−Cortés Martín): Gracias, presidente.

Gracias, senador. Señoría, en relación con los últimos nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo quisiera insistir en que el procedimiento de provisión de estas plazas tiene su regulación correspondiente en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento 1/2010, del Consejo, sin que corresponda al Gobierno poner en cuestión las decisiones del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de nombramientos en los que no interviene el Ministerio de Justicia ni el Gobierno y en los que se mantiene un riguroso respeto, no solo a la independencia del Poder Judicial, sino también al propio marco de actuación del órgano de gobierno de los jueces.

A lo que sí está abierto el Gobierno es a introducir mejoras allí donde se estime conveniente y si se considera que hay aspectos que pueden recogerse de forma más adecuada en la normativa respecto de la forma de plasmar la motivación de los nombramientos, estamos dispuestos –faltaría más− a trabajar en esa línea, siempre que exista el necesario consenso para ello. Como su señoría sabe, el Ministerio de Justicia tiene la voluntad y el objetivo de abordar estas y otras cuestiones que pueden mejorar la calidad de nuestra justicia. Creo que ya hice referencia a este asunto en mi comparecencia ante esta comisión en julio del año pasado.

Por lo que respecta al procedimiento de provisión de las plazas de magistrado del Tribunal Supremo y presidentes de órganos colegiados, es cierto que la designación de estos miembros de la carrera judicial, que están en la cúspide de la organización judicial, puede ser objeto de una regulación, por así decirlo, más exhaustiva, con el fin de ligarla más −y digo más− a elementos objetivos de mérito y capacidad. Con esta afirmación no quisiera en modo alguno hacer demérito de los profesionales que han sido nombrados recientemente y de los que en la actualidad están ocupando ya estos puestos, todos ellos profesionales de primerísima categoría y de una calidad jurídica fuera de toda duda. Pero si esto contribuye a combatir la desconfianza que en ocasiones se genera a los ciudadanos –como parece que le ocurre a usted−, bienvenidos sean estos cambios. De hecho, como sabrá, se ha presentado para su tramitación por las Cortes un conjunto de enmiendas tendentes a favorecer, insisto, aún más –porque ya se contempla− la política de nombramientos discrecionales ajustada a los criterios de mérito y capacidad. Se trata de una modificación del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se propone fijar con antelación unas bases de la convocatoria que predeterminen de forma clara los méritos y las capacidades, así como su forma de valoración y, en todo caso, la necesidad de que la decisión final del Pleno se motive en función de las circunstancias predeterminadas. Igualmente, se incluirá una valoración del cumplimiento de la Ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres. En definitiva, creemos que resulta importante la recepción en una ley orgánica y no meramente a nivel reglamentario, como está ahora, de los elementos que contribuyen a fortalecer –insisto en lo de fortalecer- la aplicación de los principios de mérito y capacidad en los nombramientos discrecionales de los cargos judiciales. Ya se ha dado ese paso y corresponde a las Cortes Generales la tramitación y aprobación de estas medidas legislativas.

Ha comentado usted algunas cuestiones relacionadas con la valoración de la Comisión en el Eurobarómetro y, como creo que en esta comparecencia habrá ocasión de abordar esas cuestiones, le ruego que me permita abordarlas en otro momento de mi exposición. Pero le voy a decir una cosa, senador: qué oportunidad perdida en la Comisión de Justicia del Congreso, en la que ustedes no han comparecido, para haber acordado y haber alcanzado puntos de consenso a fin, precisamente, de avanzar en erradicar esta falsa percepción que existe en la ciudadanía -pero existe- sobre la falta de independencia del Poder Judicial. Ahí ya se hubieran podido acordar desde el principio cuestiones como la de las puertas giratorias o aquellas relacionadas con los magistrados autonómicos y los procedimientos de nombramientos discrecionales de la carrera judicial, pero ustedes, simplemente, no han comparecido. Con lo cual, no acabo de ver esa voluntad y ese interés que usted tanto menciona.

Por lo demás, salvo error, en el portal del Consejo General del Poder Judicial, en concreto el 30 de noviembre de 2017, figuran los currículums de estos tres magistrados que usted ha citado en su pregunta, junto con el resto de los candidatos, para su oportuna consulta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretaria de Estado.





Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad