Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos. El señor presidente: Se abre la sesión



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¿Entiende usted que sería necesario un gran pacto de Estado, parangonable con el Pacto de Toledo en lo que atañe a pensiones, vinculado en este caso a la dependencia? Ya hubo un pacto, un gran acuerdo, como usted sabe y como todos sabemos, en el Congreso de los Diputados, aunque no fue suscrito por todos los grupos, en diciembre de 2016. Hablo de un pacto de más alcance, con presencia de todos los grupos políticos y, por supuesto, con presencia -necesaria, por otra parte, vitalmente necesaria- de las comunidades autónomas. Eso por una parte.

Usted ya ha hablado de la dependencia y los problemas vinculados a la dependencia relacionados con la mujer; la feminización de la dependencia, no solamente porque dos tercios de personas dependientes sean mujeres en España, solo un tercio hombres, sino también por la suspensión que en su día se produjo, en julio de 2012, de la cotización de la Administración General del Estado a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, concretamente se retiró la cotización a 178 000, según dicen las ordinarias estadísticas.


A los políticos se nos llena la boca cuando hablamos de impacto de género, el cual se está produciendo también en la dependencia, como bien ha comentado usted. En pocas situaciones en la vida y en la sociedad se está produciendo una división tan nítida hombre−mujer, en materia de derechos, como en dependencia. Al final, como usted bien ha subrayado, podríamos decir que las mujeres acaban siendo, en el ámbito familiar, las que cuidan de los hijos, de los mayores y de los dependientes. Hay una feminización de la dependencia, por la misma razón que hay una feminización de la pobreza. Una cosa lleva aparejada la otra, formando una especie de bucle interrelacionado. Aunque usted ha estado exquisitamente expresiva durante su intervención, me gustaría que ampliara un poco más esa información.

Cuando hablamos de la financiación de la dependencia, siempre utilizamos estadísticas que tienen que ver con las aportaciones de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas; menos de las aportaciones directas e indirectas de las entidades locales; y casi nunca hablamos de los copagos, a pesar de que existe un copago añadido, soportado por muchos ciudadanos que deben asumir la diferencia entre la cuantía percibida –usted ha hablado de eso− y el coste real de los servicios adquiridos a través de la prestación vinculada a ese servicio. En este sentido, me gustaría que pusiera algunos ejemplos porque supongo que conocerá miles de familias que viven agobiadas por este copago en relación con el familiar que está a su cargo, a su cuidado. Sería conveniente conocer el calibre de estos problemas que, con seguridad, se están presentando, hasta el extremo de que en alguna ocasión se nos ha comentado que hay gente que deja de comprar medicación o determinadas ayudas técnicas, por ejemplo, porque no pueden aportar la cuota parte que les corresponde vía copago.

Otra pregunta o reflexión se refiere a las prestaciones, pensiones, servicios por discapacidad, por hijo a cargo, valoraciones de discapacidad, valoraciones de incapacidad, valoraciones de dependencia, etcétera. Todas ellas suponen una especie de maremágnum absolutamente demoníaco, que yo diría que desconcierta al ciudadano, que habitualmente desconoce el punto real al que tiene que dirigirse o los derechos de los que puede ser acreedor, sobre todo, en el medio rural, porque una administración tan poliédrica tiene diferentes lugares a los que poder acudir. ¿Cree usted que se debería reflexionar y, en consecuencia, trabajar para lograr una especie de ventanilla única –si me permite el término, que utilizamos cuando un empresario quiere constituir una nueva empresa−, de forma que tenga solamente un lugar de referencia? Se trataría, evidentemente, de una ventanilla única y unificadora.

Otra pregunta muy escueta, que puede parecer deliberadamente ingenua pero que no lo es, porque también hay un debate, una batalla, en el campo de los profesionales de los servicios sociales: ¿priorizaría usted los servicios de calidad asegurados en el sistema de dependencia por encima de las prestaciones económicas?

En materia de atención a la dependencia existen significativas desigualdades entre territorios; usted lo ha comentado y, por lo tanto, no voy a incidir excesivamente en ello. Sin embargo, creo que coincidiremos en que resulta casi obvio plantear que, respecto a los derechos subjetivos de las personas en situación de dependencia y también de la discapacidad -tan vinculada a la dependencia- los más débiles, los más vulnerables no tienen por qué ser responsables de los desequilibrios que actualmente existen en función del territorio donde se resida. A esta reflexión va vinculado el hecho del traslado. Estoy hablando del traslado real, fáctico, de una persona que, por circunstancias familiares o de cualquier índole, tiene que trasladar su residencia a otra comunidad autónoma, y la de inconvenientes y trabas burocráticas con las que se encuentra; las decepciones o las alegrías en función de si aterriza en una comunidad autónoma donde las prestaciones y los servicios son mejores, o si, a la inversa, son peores, lo que es mucho más degradante para la dignidad de la persona que se traslada. Me gustaría saber cómo encara usted este problema para que, sobre la base de los desequilibrios financieros, por ejemplo, de unos sitios u otros, no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es cierto que los hay en muchos aspectos, si tenemos en cuenta los niveles de pobreza o de riqueza que se sufren en este país, y en el mundo pero, en este caso, referidos exclusivamente a la dependencia, a algo tan sensible y tan susceptible de ser sentido.

Tengo otra pregunta, también escueta, que tiene más de filosófica o conceptual que de otra cosa. Cuando hablamos de dependencia, hablamos del Estado, de lo público, de las personas en situación de dependencia, de sus derechos y de sus derechos subjetivos. Recientemente se ha producido una sentencia que usted conoce, en concreto, la sentencia 459/2008, del Tribunal Supremo, que penaliza con 17 años de prisión a un hijo y a una hija por abandono de la madre, lo que ha permitido que esta muriera. Esto ha originado un debate en la calle en relación a los criterios en los que se ha basado la sentencia, en tanto en cuanto podría suceder que el hijo y la hija no conocieran la oferta de servicios sociales públicos para su madre o que, conociéndolos, no hayan instado su utilización. Entraríamos aquí en el debate de los deberes filio−paternales y paterno−filiales. En este sentido, me consta que en alguna comunidad autónoma intentaron instar, legislativamente, una responsabilidad, en el sentido de que quien incumpla ese deber pudiera dejar de ser total o parcialmente acreedor de alguna ayuda del Estado o de la comunidad autónoma, si fuere el caso.

Se me ocurren muchas otras preguntas porque el tema de la dependencia, a mi grupo y a mí, nos apasiona. Por ello, ahora me voy a centrar en el asunto del asistente personal. El compareciente anterior ha comentado que solamente un 0,53% de las personas en situación de dependencia tienen, de hecho, un asistente personal, y se ha creado un pequeño debate sobre la dicotomía entre el asistente personal puro, profesional, con derecho a ser admitido o a ser excluido −como decía el compareciente− si hubiera que despedirlo porque no fuera grata su actitud o su comportamiento, y el asistente familiar, el natural, el puro, el que no solamente es profesional porque haya estudiado fuera sino porque lo ha mamado, lo ha vivido desde dentro, desde la cabeza y desde el corazón, como también usted ha comentado.

Para finalizar, quiero mencionar el problema del envejecimiento poblacional. Afortunadamente, se ha avanzado mucho en materia sanitaria, sociosanitaria, alimentaria, etcétera, lo que va a provocar en este país, y en otros muchos, un envejecimiento de la persona con discapacidad y de la persona dependiente. Como es obvio, al ser más longevas, se va a incrementar el cupo de personas necesitadas de ser atendidas por los demás, que es lo mismo que decir por el Estado. Quisiera saber su reflexión sobre este asunto y cómo se puede encarar.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Lara Guerrero.

Por último, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Tortonda Gordillo.


La señora TORTONDA GORDILLO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías, o buenas tardes ya.

Muchísimas gracias, doña Aurelia, por comparecer esta mañana y por contarnos las consecuencias de una ley del año 2006, que en su momento fue tremendamente bien vendida y que luego ha producido las situaciones a las que usted se ha estado refiriendo. También le doy la bienvenida a su acompañante.

En el Grupo Parlamentario Popular, después de escucharla a usted y, con muchísima atención al portavoz del Grupo Socialista, hemos deducido que hay que cambiar la Ley de la dependencia, pero desde el principio hasta el final. En este sentido, muchas de las cuestiones y de los problemas que usted ha puesto encima de la mesa, como también lo ha hecho el portavoz del Grupo Socialista –me va a permitir el presidente que me refiera a él−, ya se incluían en el Libro Blanco de la Ley de la dependencia, que hablaba de los posibles problemas que nos podríamos encontrar con la supuesta aplicación de esa ley.

Lo primero que ha comentado ha sido la ampliación del presupuesto. Usted compareció en el Congreso de los Diputados en el mes de abril y, desde el mes de abril hasta la actualidad, como usted sabrá, ha cambiado muchísimo la realidad política y social de este país. Así, hoy se está aplicando la Ley de la dependencia gracias a unos presupuestos del Partido Popular. Podrá gustar más o podrá gustar menos pero, indudablemente, son los presupuestos del Partido Popular porque el Partido Socialista, ahora en el Gobierno, no ha sido capaz de presentar unos presupuestos que hayan recibido el respaldo de los diferentes grupos parlamentarios.

Lo que hizo el Partido Popular fue poner orden en el desorden de esa Ley de la dependencia. Usted ha hablado de recortes –creo que esa ha sido la palabra o el concepto que ha utilizado−, pero yo insisto en que se ha tratado de poner orden en el desorden de la aplicación de la Ley de la dependencia del año 2006. Así, el Partido Popular llegó a un acuerdo con cinco grupos parlamentarios para que hoy sea posible desarrollar, entre otras muchas cuestiones, la Ley de la dependencia.

Hablaba usted de las diferencias que existen entre las distintas comunidades autónomas y es cierto, pero yo también le voy a poner ejemplos en cuanto a la aplicación de la Ley de la dependencia en ellas. Todo va a depender de lo que prioricen los diferentes gobiernos, y es que se nos olvida que este país se caracteriza precisamente porque están delegadas las competencias en las comunidades autónomas. Ese ha sido siempre un compromiso férreo del anterior Gobierno y, por supuesto, de este partido. El porqué de esas diferencias tendrán que explicarlo las comunidades autónomas; yo solamente le pondré el ejemplo de mi comunidad autónoma, Extremadura. Así, en el último baremo elaborado por la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de los Servicios Sociales de base –me refiero a ella porque los datos que usted nos ha dado los ha tomado de esa asociación− sobre el funcionamiento de la Ley de dependencia en las comunidades autónomas vemos, ¡oh, sorpresa!, que Castilla y León saca un 9,6 de puntuación. Y usted me dirá que sí, pero que presta unos servicios low cost –que es algo que he tenido que escuchar infinidad de veces a la portavoz de Podemos, que ahora no está aquí−. Lo único que sé es que Castilla y León saca un 9,6; sobresaliente. Sin embargo, la Junta de Extremadura, año 2006, cuando se pone en marcha la ley, y donde gobierna el Partido Socialista: un 3,5 de puntuación; insuficiente. Y cuando ha gobernado el Partido Popular, en época de recortes –usted ha utilizado la palabra recortes y yo le hablo de poner orden en el desorden−, es la primera vez que aprueba, con un 6,5 de puntuación. Lo que quiero decir es que, muchas veces, no es cuestión de más dinero sino de eficacia, de eficiencia y de efectividad, doña Aurelia. Muchas veces se puede hacer más con lo ya existente.

Por cierto, ¿qué ha supuesto la Ley de la dependencia? En el año 2006, la Ley de la dependencia se puso encima de la mesa para que las comunidades autónomas la pusiesen en marcha. Lo que hizo el Partido Socialista fue una ley totalmente electoralista: yo invito, pero vas a pagar tú. Eso es lo que supuso la Ley de la dependencia. Nada nuevo, solo lo que ha dicho la portavoz del Partido Nacionalista Vasco: crear expectativas y crear un derecho, pero nada más porque no se estudiaron las situaciones con las que nos podríamos encontrar. Por eso hablamos de la deficiencia de nuestra cartera de servicios a la hora de aplicar la Ley de la dependencia.

Usted hablaba de recortes y decía que el presupuesto no es ni siquiera el del presupuesto del año 2011. Le voy a leer lo que se decía en el año 2011, y no las declaraciones del Mariano Rajoy, sino las declaraciones del 1 de noviembre de 2011 de El País: la Ley de la dependencia está totalmente paralizada. ¿Qué decía Mariano Rajoy, el 17 de noviembre del año 2011? La Ley de la dependencia no es viable. Por ello, hay que ir haciendo lo que se pueda. No era viable tal y como se estaba desarrollando, y añadía: Podemos tener el modelo de bienestar que nos permitan nuestros ingresos, nuestros recursos y nuestra actividad económica. ¿Sabe por qué, doña Aurelia? Porque estábamos inmersos en una crisis económica que el anterior Gobierno conocía perfectamente, pero no aplicó las correcciones necesarias porque eran duras y sabía que podía perder el sillón. Lamento decirle todo esto, doña Aurelia, pero hay que decir la verdad y no hacernos trampas en el solitario, porque si no la situación de la Ley de la dependencia y la de los dependientes –como la que están viviendo su hijo y usted− nunca se va a poder solucionar. Por tanto, seamos sinceros, sentémonos y volvamos a traer a debate el pacto de Estado que se firmó y digamos –sobre todo, el Partido Socialista−: la Ley de la dependencia, tal como se redactó y como posteriormente se ha ido aplicando, desde luego, no ha tenido éxito. Y no me refiero al éxito electoralista sino al éxito de verdad, el que necesitaban y buscaban las personas dependientes y sus familiares.

Se ha hablado de reponer el derecho a la Seguridad Social para los cuidadores, pero no se puede reponer el derecho porque nunca se puso en marcha, ¡nunca se puso en marcha! Yo le puedo poner a usted, negro sobre blanco, todo lo que usted quiera, pero a la hora de gestionar había que pagar 1034 millones y no se pagaron. Por lo tanto, no se puede reponer el derecho si nunca se ha cumplido con él, y eso es responsabilidad de estos señores. Y si en algún momento se pagó –que se hizo− fue por el Gobierno de los recortes, como usted ha dicho; y, como yo le decía, por el Gobierno que puso orden en el desorden.

En relación con las prestaciones económicas que reciben los familiares, le diré que soy trabajadora social y que creo que el trabajador social y el sistema de servicios sociales de base son la puerta de entrada a todo el sistema de prestaciones. En este sentido, estoy totalmente de acuerdo con usted en que estamos lo suficientemente preparados como para saber, a través de esos informes sociales, qué es lo que necesita la persona dependiente. Sin embargo, usted también sabe cómo se han hecho esos PIA –Programas Individualizados de Atención−, donde los familiares tenían mucho que decir. Yo lo sé por mi comunidad autónoma porque, cuando hemos llegado al Gobierno, nos hemos encontrado con situaciones en las que había hijos que residían en Madrid y estaban cobrando prestaciones económicas, mientras sus padres vivían en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por lo tanto, a veces se ha producido un abuso y han acabado pagando justos por pecadores. Sí, no le voy a decir que no, pero esa es la realidad del sistema. La realidad del sistema es que nos hemos encontrado con familias que cobraban esas ayudas de la dependencia y tenían una televisión de plasma. Eso lo dijo el presidente del Cermi y el anterior presidente del Imserso. Eso es lo que nos hemos encontrado con la Ley de la dependencia.

Hablaba usted también de la financiación y del 50-50. Es verdad que en el año 2012 se puso en marcha un real decreto pero, ¿cómo se calcula el nivel mínimo de protección? El 20% es el nivel mínimo de protección, que se calcula teniendo en cuenta el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida. Es decir, datos que pasa la comunidad autónoma al ministerio. Ese es el nivel mínimo de protección y depende de los datos que facilitan las comunidades autónomas. Luego están los recursos adicionales, que representan el 30%. Por tanto, 30% mas 20%, es el 50%, que es lo que da la Administración General del Estado, y por tanto, se cumple con el artículo 32 de la Ley de dependencia. Cosa distinta es que lo queramos cambiar y, si no estamos de acuerdo, se cambia, pero con el nivel mínimo de protección y los recursos adicionales tenemos ese 50% por parte de la Administración General del Estado. Habla usted de volver al año 2011, pero yo no volvería al año 2011 porque se presupuestaron 234 millones menos en la Ley de dependencia.

Y en cuanto a las prestaciones, ya le he dicho que estoy totalmente de acuerdo con que el centro de la dependencia deben ser los dependientes, teniendo en cuenta también lo que opinen sus familiares, pero siempre con muchísima responsabilidad. Imagino que usted estará de acuerdo con ese análisis de la situación de dependencia.

Al final, doña Aurelia, me gustaría terminar diciéndole que hay que ser muy responsable y que hay que contar siempre la verdad, y si verdaderamente tenemos que cambiar esa ley, hay que decirlo claramente, como hizo usted también claramente en su intervención en el Congreso donde dijo que si se tiene que derogar, que se derogue. Yo no estoy de acuerdo con que se derogue la Ley de dependencia; fue usted quien lo dijo. (La señora presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, LAPAD, Jerez Medina: Ahora le explico). Sin embargo, sí le digo que parece que la Ley de dependencia no funciona, y si no funciona la Ley de dependencia tal como se concibió, tenemos que tener claro si la queremos cambiar o no. En este sentido, nos hemos encontrado en el Senado, cuando hemos firmado el Pacto contra la violencia de género, con que el Partido Socialista no quería modificar la ley del año 2004 porque era su ley.

Lo que quiero que quede claro en esta comisión es que, si todos estamos de acuerdo en que la Ley de dependencia, tal como se redactó y como se ha aplicado, no funciona, habrá que revisar del primero al último artículo esa ley. Y no consiste en gastar más, sino en ser más eficaces, más efectivos y más eficientes, algo que sí creo que hacen las familias de los dependientes.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Tortonda Gordillo.

Para finalizar, tiene la palabra la presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, doña Aurelia Jerez Medina, para contestar a las preguntas o consideraciones que se hayan hecho.


La señora PRESIDENTA DE LA COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA, LAPAD (Jerez Medina): En respuesta a la senadora del Grupo Vasco diré que sabemos que en los inicios de la ley no había respuesta en los presupuestos, pero si lo recordamos bien, los presupuestos iniciales eran presupuestos abiertos para dar cabida a las necesidades de los dependientes que se fueron incorporando al sistema. Es muy complicado hacer un presupuesto cerrado cuando no sabes a quién va a afectar ni cuánto dinero va a costar. Entendemos que en eso el Partido Socialista, que estaba en el Gobierno, lo hizo bien de alguna forma al dejar unos presupuestos abiertos para que se fuera gastando según las necesidades que el sistema fuera teniendo.

La moratoria de dos años nos parece una vergüenza. Cuando la ley establecía que debían ser seis meses lo que se tardara en terminar un expediente, darle una ampliación de dos años, hasta llegar a dos años y seis meses, nos parece una vergüenza. Y como yo siempre digo: ¿qué es lo que se está esperando realmente? Pues que el dependiente se muera entre medias, y dinero que me ahorro.

¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta que se aprueben los presupuestos. A mí me duele muchísimo que hoy no estén presentes determinados representantes políticos porque les hubiera recordado a los miembros de Esquerra Republicana y del PDeCAT que algunos de los 90 dependientes que mueren al día son catalanes. Y es que cuando hablamos de dependencia no nos lo podemos tomar como un juego en el que, si tú me das esto, yo te doy lo otro, porque la gente muere entremedias. Es necesario que seamos conscientes de que la política se debe al ciudadano, y hay veces que los ciudadanos pensamos que la política es un bien en sí mismo, que ha dejado de ser un engranaje para dar felicidad. Hay una definición de política que es la que yo aprendí cuando era pequeña y que a mí me gustaba mucho: La política es el arte de hacer felices a los pueblos. Sin embargo, últimamente los ciudadanos pensamos que la política es un fin en sí mismo, un engranaje creado para subsistir como tal, al margen del resto de la sociedad, y cuando dicen que los ciudadanos nos alejamos de la política yo creo que tiene que ver con todo esto, con que notamos que aquí se está bien, que tienen una cafetería donde los cafés son baratitos y, de alguna manera, no saben de verdad cuál es la realidad del españolito de a pie, que tiene que subsistir con 600 euros mensuales, que hace sus cuentas y se acuesta de mala uva, dando vueltas a la cabeza por las noches para ver qué hace al día siguiente por la mañana. En este sentido, yo me pregunto cómo me la maravillaría yo porque mi hijo necesita unas terapias y las tengo que pagar, pero se me ha terminado la beca de educación para logopedia y aún faltan tantos meses para acabar el año; me pregunto de dónde saco para terminar de pagar la logopedia lo que falta de año.

Creo que hay muy pocos políticos que se acuerdan de verdad de todas esas cosas. Y me gustaría haber visto aquí a los portavoces de Esquerra Republicana y del PDeCAT para decirles que los catalanes también se mueren, y se mueren esperando igual que los valencianos, igual que los andaluces o igual que los castellano−manchegos.

Estoy de acuerdo con usted en que la implementación de la Ley de dependencia en el País Vasco es de las mejores de España, y no me duelen prendas en decirlo porque es cierto. Tienen ustedes unos servicios sociales que son la envidia de muchas comunidades, y ojalá les copiaran. La felicito por ello.

¿Hay que reformar la ley? Sí, por supuesto. Y creo que he dicho en mi primera intervención que la cartera de servicios no es la adecuada porque cuando nació la ley no se sabía ni de porcentajes ni de edades; no había datos ni nada. Cuando se hablaba de dependientes se hablaba de ancianos, y se creó una cartera de servicios sobre la base de las necesidades de los ancianos. Así que, por supuesto que hay que reformarla. Hay cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal y cosas que no se pensaron, como ocurre con todas las leyes nuevas. Pero la ley tenía ya tres años cuando hubo cambio de Gobierno y la ley no se había terminado de implementar. Por tanto, no digamos que el Partido Socialista ha hecho mal esto o lo otro. Sí, pero los demás en vez de tres años han tenido siete para hacerla andar. (La señora Tortonda Gordillo: Han sido seis).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora PRESIDENTA DE LA COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA, LAPAD (Jerez Medina): Es igual, lo mismo me da tres que cuatro; me da exactamente igual. Pero después ha habido siete años de Gobierno del Partido Popular para haber subsanado errores y, desde nuestro punto de vista, estos se han agravado. La situación de los dependientes ha cambiado muchísimo de un tiempo a esta parte.



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