Se abre la sesión a las diez horas El señor presidente: Se abre la sesión. Buenos días



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Se abre la sesión a las diez horas
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días.

Siendo la hora fijada para la celebración de la Comisión de Interior convocada para el día de hoy, comenzamos la sesión.

En primer lugar, quisiera someter a su aprobación el acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 de febrero de 2018.

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).



Queda aprobada.

Muchas gracias.

Anuncio también que las votaciones las realizaremos al final del debate de todas las mociones.

Por otro lado, muchos de ustedes me han pedido personalmente que seamos estrictos en los tiempos, y así lo haré. Al terminar el tiempo para defender la moción, la enmienda o el turno de portavoces les avisaré y, a los quince segundos, sintiéndolo mucho, si la intervención no ha finalizado les retiraré la palabra. Repito que ha sido una petición general, de todos ustedes; lo que pasa es que a veces no la cumplimos. Se lo recuerdo para que hagamos un esfuerzo. Son muchas las mociones, y creo que es bueno que nos sometamos al tiempo establecido. (El señor Pérez Lapazarán pide la palabra).



Tiene la palabra, señoría.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, quiero recordarle que nosotros hemos hablado con todos los portavoces para tratar en primer lugar la moción quinta del orden del día.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Hay dos peticiones. Una de ellas es la que el señor Pérez Lapazarán, portavoz del Grupo Popular, acaba de anunciar, para tratar en primer lugar la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se propone la creación de una ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Interior, sobre el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, que debatiríamos en primer lugar.



La siguiente modificación es a propuesta de la senadora Margarita Quetglás Quesada. ¿Lo he dicho bien? (Risas.-La señora Quetglas Quesada: Quetglas). Es bueno aprender. Muchas gracias. Como decía, se propone que la moción número 661/000675 pase a ser debatida en segundo lugar.

¿Está de acuerdo la comisión en que se haga así? (Asentimiento).

Entonces, el orden del día queda alterado en estas condiciones.


661000777

MOCIÓN POR LA QUE SE PROPONE LA CREACIÓN DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE INTERIOR, SOBRE EL TRASPASO DE LA SANIDAD PENITENCIARIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

(Núm. exp. 661/000777)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA



El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al debate de la primera moción, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se propone la creación de una ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Interior, sobre el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.

A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.



El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Perdón, señor presidente. Nuestro grupo quiere trasladarle el pésame por el fallecimiento de su padre días atrás.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Agradezco sus palabras de pésame.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Mora.



La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente. Acabamos de conocer la noticia, y también le queremos trasladar nuestro cariño y pésame.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora MORA GRANDE: La moción que traemos en principio no debería de generar ningún problema para que llegáramos a un consenso porque es un tema en el que estamos todos de acuerdo. De hecho, hemos alcanzado un consenso por unanimidad en el Pleno para instar al Gobierno y a las comunidades autónomas a que de una santa vez transfieran y hagan efectiva la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, es decir, que hagan efectiva la transferencia de la sanidad penitenciaria y se integre en las comunidades autónomas. Esta transferencia tendría que haberse realizado en el año 2014, y ya han pasado demasiados años.

La realidad es que todo lo que hemos estado trabajando a nivel parlamentario en esta legislatura, tanto en mociones en los parlamentos autonómicos, en los que en la mayoría de los casos se ha conseguido por unanimidad, instando a ambas administraciones -las de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado- a que esta transferencia se realice, como también en el Congreso y en el Senado, ha resultado absolutamente estéril, inútil. Inútil, porque la realidad es que el proceso está absolutamente bloqueado a pesar de que existe consenso y acuerdo en que esto es necesario y urgente, un acuerdo y una necesidad que vemos todos políticamente, pero también los colectivos de profesionales médicos y los colectivos y ONG que trabajan con las personas presas.

En la última comisión, del mes de febrero, en la que compareció el señor secretario de Estado de Seguridad, el señor Nieto, ante una pregunta que le formulé relacionada con la sanidad penitenciaria, él sacó a relucir el bloqueo que existe en materia de transferencia de sanidad. De hecho, yo le comenté que las gestiones que habíamos hecho eran diversas, según la comunidad autónoma, y él contestó: Eso de diverso… Querrá decir unánime. La respuesta es unánime. No le ha hecho caso nadie, como nadie nos ha hecho caso a nosotros.

Esa es la situación actual. Precisamente en el mes de febrero en el Congreso también se votaba una moción sobre esta cuestión. El representante del PP, el señor Istúriz, hacía mención a las gestiones del Gobierno y hablaba de que la gran mayoría de las comunidades autónomas realmente no tenían respuesta. Solamente cuatro: Extremadura, Cantabria, Navarra y Valencia, eran favorables, pero ni siquiera había un calendario de trabajo para empezar. Y algunas comunidades, como Andalucía o Aragón, aportaban otras alternativas en las que se veía que no tenían interés, como también dijo el secretario de Estado.

Sin embargo, si nos atenemos a la respuesta parlamentaria a un compañero mío en el Parlamento andaluz, la versión que da el Gobierno andaluz es bastante diferente. Dicen que se les envía una carta del secretario de Estado en marzo de 2017, que en mayo ellos contestan que están dispuestos a negociar, pero también a que se les paguen las facturas pendientes de sanidad, que no están recibiendo, y a firmar un nuevo convenio, a lo que la Administración del Gobierno, el Ministerio del Interior, no contesta absolutamente nada. Es decir, damos por hecho que se están echando la pelota unos a otros, y la casa sin barrer.

Llegados a este punto, planteamos esta ponencia de estudio con la idea de favorecer, impulsar y remover los obstáculos para que esta transferencia, absolutamente necesaria, se lleve a cabo de una vez. Por tanto, averigüemos si la responsabilidad de este bloqueo la tienen la Administración del Estado o las comunidades autónomas. Intentemos facilitar las herramientas para calcular el coste anual por comunidades autónomas; identificar los posibles escenarios y la mejor forma de hacer las transferencias; diseñar, a modo de ejemplo, una hoja de ruta; escuchar a los protagonistas, los profesionales médicos y los agentes que hicieron la transferencia en la comunidad autónoma de Euskadi para ver cómo se puede realizar esta; y poner los instrumentos para intentar avanzar en este proceso. De lo contrario, no servirá de nada lo que hemos llegado a hacer hasta ahora.

Esta no es solo una exigencia de los colectivos profesionales, que exigen la transferencia, sino también de las ONG. Y es un imperativo legal de la Ley de cohesión y calidad en materia de sanidad penitenciaria. Son muchos los años en que los presos vienen padeciendo esta situación en el día a día, cada vez más decadente, los profesionales médicos cada vez tienen más precarizada su situación, y este es un granito de arena que podemos y debemos poner. Y espero que todos estemos de acuerdo.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mora, además, por someterse estrictamente al tiempo.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el señor Alarcó.
La señora ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros.

El Partido Popular en el Senado presenta una moción de sustitución que creemos que es definitiva y pretende concluir ese compromiso de transferencia obligatoria de la sanidad penitenciara al Sistema Nacional de Salud español, que, como todos sabemos, es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo -creo que en eso todos estamos de acuerdo- y patrimonio de los ciudadanos de todas las ideologías, porque así nos lo hemos dado.

Pero le quiero recordar a la senadora Mora, con la que hemos trabajado codo con codo en este tema, que en el Pleno se consiguió aprobar por unanimidad una moción muy importante, que no se había conseguido hasta entonces, que establece el compromiso definitivo y obligatorio de esa transferencia. También me gustaría recordarle que la unidad de medida de tiempo en democracia es una legislatura, no un año ni dos ni tres. Es importante decirlo, porque hay respetar los tiempos. He leído la declaración del señor Nieto, a quien conozco, que ha dicho que desde Madrid el Gobierno no puede imponer a las comunidades autónomas esa transferencia. Se han abierto muchas negociaciones que han llegado a buen puerto, y seguro que otras también lo seguirán haciendo, independientemente de la sanidad penitenciaria catalana y vasca, sobre la que ya hay un acuerdo y está transferida y firmada.

Hay que llegar a un acuerdo, porque es de obligado cumplimiento: ahí están la percha legislativa del artículo 25.2 de la Comunidad Europea, que lo dice claramente, la Ley de cohesión sanitaria española y la Ley penitenciaria. Y, sobre todo, los más de 60 000 presos que hay en España y los más de 1500 profesionales: enfermeros, médicos, ATS, farmacéuticos, etcétera, que tienen una demanda clara y manifiesta. Con la moción de sustitución, que incide en el Gobierno y que es de obligado cumplimiento, calculamos que en esta legislatura este tema se va a resolver de forma favorable, bien negociado y sin ninguna imposición.

Ha habido grandes avances. Se ha hablado con las quince comunidades autónomas, con la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, la SESP, o con el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria. Y, evidentemente, esta moción de sustitución obliga al Gobierno una vez más y adopta el compromiso de que esa transferencia se haga efectiva de forma correcta y sin ninguna imposición.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.

Señora Mora, tiene la palabra para manifestar su posición sobre la enmienda.
La señora MORA GRANDE: Gracias.

No podemos aceptar la enmienda, que no comprendemos de ninguna manera. La realidad es que la enmienda es un veto a la ponencia de estudio y pretende que lo que votamos en el Pleno lo votemos de nuevo en comisión. No le vemos ningún sentido. Una ponencia de estudio no impone nada. Intentamos avanzar en un proceso, ya que el secretario de Estado de Seguridad dijo claramente en comisión que el procedimiento está bloqueado. Estamos intentando ayudar a que el proceso continúe. Repito que la enmienda es un veto a la ponencia de estudio, y si no va a haber ponencia de estudio no tiene ningún sentido que la aceptemos, obviamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mora.

Pasamos al turno de portavoces, de menor a mayor.

En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidente, y buenos días. También yo quiero transmitirle mi pésame y todo mi afecto a usted y su familia en estos momentos.

Yendo a la cuestión, seré breve. En primer lugar, no entiendo cómo cuatro años después sigue sin cumplirse la Ley de 2014. Por otro lado, veo que las mociones, que además se han aprobado por unanimidad en diferentes parlamentos, tampoco han servido para que se cumpla. Pero donde se ha cumplido es en la comunidad autónoma vasca, de donde yo procedo, en la que hay una mejora evidente, según señalan todos los expertos, tanto en atención, como en el sistema de integración de los profesionales, a la hora de compartir historial –algo básico y que no se realiza a día de hoy-, y también en la equiparación de los trabajadores de la sanidad penitenciaria. Y para llevar esto a cabo solo hizo falta un año –para que vean que si hay voluntad política el proceso se puede hacer de manera rápida-. Por eso, yo también solicito que en la Comunidad Foral de Navarra, como aprobó su Parlamento el 28 de septiembre del pasado año, se transfiera esta competencia cuanto antes.

Decía un portavoz que el sistema penitenciario español es bueno. No, no; destaca precisamente por lo contrario. De los cuarenta Estados que analiza el informe del Consejo de Europa, pone todo lo peor al Estado español en los cuatro primeros, ya sea en hacinamiento, en estancias en prisión, o en las penas más largas. Por tanto, habría que hacer un análisis del sistema penitenciario español, que, como digo, no destaca por ser uno de los más eficientes y progresistas que pueda haber en el marco europeo.

Además, hay que tener en cuenta cómo es la población penitenciaria, sus características. Hay datos de que el 30 % de esa población tiene enfermedades, trastornos mentales, el 25% de ellos muy graves, y no sé si la prisión es el mejor lugar, en vez de un centro penitenciario de otro tipo. El 25 % de la población penitenciaria está afectada de hepatitis C. Y hay un 70 % de drogodependencias. Eso supone un deterioro de esas personas, por lo cual, viendo el precedente -que conozco- de la comunidad autónoma vasca, esto debería cumplirse, no solamente por ley, sino por sentido común, cuanto antes.

Sindicatos médicos de las prisiones están denunciando que en muchas ocasiones son sustituidos por enfermeros ante situaciones de urgencia porque no hay médicos en ciertos momentos para atender esas emergencias. Por eso insisto en que la ley se cumpla cuanto antes, con esa frase que tanto se repite en esta Cámara.

Por último, no quiero dejar pasar esta ocasión para volver a denunciar específicamente la situación de excepción y venganza que se está aplicando al colectivo de presos vascos. Todas las medidas de excepción, ya sea el aislamiento, el alejamiento o la dispersión, son aplicadas a todo el colectivo, un colectivo del que el 92 % está en primer grado, cuando solamente el 2 % de la población penitenciaria del Estado está en ese régimen cerrado, el más estricto. Curiosamente, es un colectivo que, según nos informaba aquí el señor Yuste, tiene un 1 % de reincidencia, cuando, según datos que Instituciones Penitenciarias me facilitó el pasado año, prácticamente se llega al 50 % de reincidencia en otro tipo de presos llamados comunes o sociales. Quiero decir, toda la excepción y la venganza, también con los presos enfermos, se aplica a este colectivo, para que esté en una situación tal que, según una instrucción que aprobó el Ministerio del Interior, solo pueda salir de prisión para morir. Esto es una cadena perpetua de hecho, por lo cual, repito, pido que se trate con humanidad, con sentido común y se deje de aplicar la excepción y la venganza a ese colectivo de presos.

Y como venía señalando al inicio, apoyaré la moción del Grupo Unidos Podemos.

Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Iñarritu.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente–Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias presidente. Yo también le trasmito mi pésame.

Evidentemente, estamos de acuerdo con lo expuesto por la senadora Mora en su moción, por dos razones. Primero, porque, como ustedes saben, desde el año 1984 Cataluña tiene transferidas las competencias en materia de servicios penitenciarios y, evidentemente, lo referente a la política sanitaria, por lo que el Gobierno de Cataluña tiene competencias en la asistencia sanitaria de todas las personas internas en nuestros centros penitenciarios. Nuestro objetivo desde el primer momento fue garantizar esa asistencia sanitaria a todos los internos, una asistencia que recibe el conjunto de la población sanitaria. Y en nuestro modelo de salud integral se priorizan las enfermedades, entre ellas, las más importantes, como las enfermedades mentales.

En su día fui responsable de los centros penitenciarios de Cataluña, y puedo garantizar que nuestro modelo es un éxito en esta materia. Hay un compromiso tanto con los profesionales de la sanidad como con el colectivo sindical para garantizar la salud integral de todos los internos en nuestros centros penitenciarios. Por ello, el PDECAT dará su apoyo a lo expuesto por la senadora Mora.

A la vez, aprovecho mi intervención para dejar constancia de que nuestros presos políticos, que he podido visitar, me han trasladado que el tema de la salud en los centros penitenciarios es más que necesario, pues no se garantiza de la misma manera que se está garantizando todo el tema de salud -en concreto, la salud mental- en los centros penitenciarios de Cataluña. Por todo ello, creo necesario que este modelo de garantía y éxito de Cataluña se active en el resto de los centros penitenciarios del Estado español.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Gallastegui.


El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Gracias, señor presidente. También yo me sumo a las condolencias por la muerte de su familiar, señor presidente.

Se trata de cumplir la Ley en vigor, de 16/2003, de 23 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. El País Vasco ya asumió esta transferencia en 2011, y hacemos una valoración muy positiva. La asistencia a las personas reclusas ha mejorado al integrar la sanidad penitenciaria en nuestra red de sanidad. Eso supone un reto para las comunidades autónomas -somos conscientes de ello-, pero también una oportunidad. Rompe con el aislamiento profesional y además integra el sistema sanitario penitenciario en una estructura cuyo objetivo es la salud y no la seguridad.

El objetivo debe ser prestar la misma atención, y de la misma calidad, que al resto de la población, y eso se conseguirá transfiriendo las competencias, tal como lo expresa la ley. Podríamos aprobar la creación de una ponencia de estudio, pero ya en octubre de 2016 aprobamos una moción por unanimidad que instaba a las partes a negociar y llevar a cabo la transferencia de la competencia. No entendemos por qué habría que dar un paso atrás y crear una ponencia de estudio, que llevaría a paralizar y ralentizar el proceso. Por tanto, instamos a que se lleve a cabo el acuerdo adoptado por unanimidad en octubre de 2016 y se materialicen las transferencias a las comunidades autónomas.

Así pues, en esta moción el Grupo Vasco se va a abstener.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallastegui.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Castellana Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Muchas gracias, presidente, y un abrazo fraternal.

En Esquerra Republicana consideramos que el derecho universal al acceso a una sanidad pública, gratuita y de calidad debe ser garantizado para todos los colectivos. Nosotros creemos en un servicio universal, en un servicio público de salud que llegue a todos los ciudadanos. Por tanto, no entendemos que haya colectivos que queden excluidos y deban tener acceso a la sanidad a través de otros servicios. Por eso, apoyaremos la moción del Grupo de Podemos.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellana.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, nuevamente tiene la palabra la senadora Mora.
La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

Esta transferencia es muy urgente. En cuanto al tiempo, no es que se trate de una legislatura, sino que llevamos un retraso de catorce años, en los que los presos llevan sufriendo esta situación día a día y en los que la sanidad se va deteriorando a pasos agigantados. Es urgente para los profesionales de la asistencia médica penitenciaria, un colectivo en el que existe un clamor para que la transferencia se haga de manera inmediata. Hablamos de una profesión por la que debemos tener el máximo respeto y reconocimiento. Ellos no están especialmente reconocidos y están teniendo dificultades porque son los que sufren la ansiedad del preso cuando ve deteriorada la asistencia sanitaria. Y también tienen su propia ansiedad al querer prestar la mejor asistencia sanitaria y ver que cada vez tienen más falta de medios: personales, materiales… Y tienen asimismo problemas de promoción profesional: están peor retribuidos e incardinados en un ministerio que les es absolutamente ajeno, en el que, como ellos dicen, hablan otro idioma.

También debemos tener en cuenta el sufrimiento de las personas presas, que al de estar en la cárcel añaden el de estar enfermos y, por ejemplo, no tener urgencias de veinticuatro horas los fines de semana de manera presencial. O el que la clase de plantilla lleve solamente a atender urgencias y no enfermedades crónicas. Esto es lo que dicen los sindicatos de profesionales médicos de la sanidad penitenciaria. Realmente la situación se va agravando día a día en una población que está sobrerrepresentada en la enfermedad.

Obviamente, todos sabemos que la transferencia no va a solucionar de un plumazo los problemas que tiene la sanidad penitenciaria, pero todos estamos de acuerdo en que va a mejorar muchos de los problemas que hay. En los últimos años –tenemos que hablar de esta legislatura– nos encontramos con un desgaste aún mayor de los profesionales y de los presos por este problema. El Gobierno está reduciendo en gran medida las plantillas de personal sanitario, según datos que me dio el Ministerio del Interior, pues no se cubren las plazas desde el año 2008. Las contrataciones que se ofrecen a los interinos -estamos hablando de médicos- por carga de trabajo no llegan ni al 50% de la oferta -es una barbaridad, son números enormes-. Además, se reduce drásticamente la oferta en los últimos años. Las bajas definitivas del personal ni siquiera se cubren en las plazas que se convocan. En fin, la verdad es que la situación es bastante dramática y los profesionales médicos la ponen encima de la mesa continuamente.



Teniendo en cuenta la actitud de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado -todos dicen tener interés, pero después, que el culpable es el de al lado-, como parece que no vamos a avanzar, podríamos pensar que el Gobierno tiene algún interés en que eso no se haga de manera inmediata porque, al ir reduciendo las plantillas sanitarias –no entendemos como se está haciendo eso–, la transferencia se va a hacer por un menor coste. Esto hay que ponerlo encima de la mesa.

También habría que poner encima de la mesa si no se está esperando a que el Tribunal Supremo resuelva las sentencias -contradictorias ahora mismo- sobre si el coste de la sanidad especializada lo deben hacer las comunidades autónomas por considerar al preso en el concepto de asegurado del Sistema Nacional de Salud. Esto es importante, porque, de hecho, cuando cada comunidad autónoma plantea a la Administración General del Estado, al Ministerio del Interior, que quiere la transferencia pero que le pague las facturas debidas, el Ministerio del Interior ni siquiera llega a contestar. Así que, o hacemos algo, o la situación va a seguir bloqueada.


Llegados a este punto, en el que la situación es bastante extrema tanto para profesionales médicos como para las personas presas, algo tendremos que hacer. Las personas presas sufren esta situación día a día y es un sufrimiento real y personal; los profesionales también están en una situación límite y si nos quedamos de brazos cruzados, obviamente nosotros vamos a ser también responsables de alguna manera de que esta situación siga estancada.

Expliquen a los profesionales médicos, señores del Partido Popular, si es que van a votar en contra de esta ponencia de estudio, la realidad de por qué bloquean la posibilidad de que sigamos avanzando.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Iglesias Parra.


El señor IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente.

Yo creo que podemos decir que estamos de acuerdo en dos cuestiones fundamentales: una, que llevamos catorce años de retraso en este tema y, dos, que prácticamente hay un consenso generalizado en la necesidad de transferir estas competencias a las comunidades autónomas. Todos sabemos que han sido múltiples las iniciativas que ha habido en este sentido. La última, salvo error mío, tuvo lugar el pasado 20 de febrero en el Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Interior se aprobó una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo cuanto antes la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud, garantizando la transferencia de financiación suficiente por el coste real de los servicios.

Tantas han sido las iniciativas y tan escasísimos los avances -aunque al Partido Popular le parece que estos pocos avances que han existido han sido muy importantes-, que nos da la sensación de que el Gobierno no tiene excesivo interés en sacar adelante este asunto. Creo, además, que es legítimo que lleguemos a esta conclusión, y les explico por qué. En el debate de esta última proposición a la que he hecho referencia, el Grupo Parlamentario Popular afirmó que su partido estaba trabajando en la transferencia de dichas competencias desde que llegaron al Gobierno y remitía a la comparecencia que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2017, es decir, apenas hace unos meses, del secretario general de Instituciones Penitenciarias, en la que, según el portavoz del Partido Popular, se habían explicado las pautas para estas transferencias.

Yo me he ido al Diario de Sesiones de esa sesión y me he encontrado con que, efectivamente, no se dijo absolutamente nada. Leo textualmente porque es muy poquito lo que en referencia a este tema se dijo: “La segunda línea general será impulsar la transferencia de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud. No hacemos sino cumplir las previsiones imperativas tanto de la Ley general de sanidad como de la Ley de cohesión del sistema sanitario, que ya en el año 2003 impulsaba la mejora y la calidad del sistema asistencial a las personas privadas de libertad con esa integración”. Y cuando en la réplica se le exigió una mayor concreción sobre este asunto, se limitó a remitirse a la Ley general de sanidad de Ángeles Amador, que era de un Gobierno socialista, porque en este tema no hay ideología; simplemente es una búsqueda de eficacia. Esto se supone que son las pautas que tiene el Partido Popular para avanzar en esta materia. Y si esas son las pautas y las líneas de actuación, yo creo que vamos muy mal.

El Gobierno dice que manda cartas, que no le contestan a las cartas. También han salido noticias recientemente, en marzo, de responsables autonómicos que dicen que el Ministerio del Interior no se ha puesto en contacto con ellos. En definitiva, yo creo que el asunto está realmente paralizado. Sabemos que no es una materia muy vendible, que no da muchos votos, pero yo estoy segura de que el Gobierno es consciente de la necesidad de llevar a cabo estas transferencias, porque son muchos y muy importantes los problemas que genera la situación actual. Uno de ellos, el hecho que ya se ha comentado aquí: que no se pueda compartir la historia clínica y, por ejemplo, un niño pueda ser vacunado dos veces de una misma enfermedad; otro, que al no poder hacerse un seguimiento de un paciente psiquiátrico que sale de prisión, se puedan derivar perjuicios importantes tanto sociales como para el propio paciente.

No me corresponde a mí, que no he presentado la moción, pero me parece que la enmienda del Grupo Popular va en el sentido de seguir haciendo lo mismo, es decir, no hacer nada. Consideramos que la moción tiene un carácter de innovación en cuanto la ponencia de estudio, por eso el Grupo Socialista va a apoyar esta moción.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora Iglesias.

Para cerrar el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra nuevamente el señor Alarcó Hernández.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente, señorías.

Es una pena oír en sede parlamentaria algunas cosas como las que se han oído aquí. En España, que es el tercer país europeo, no hay presos políticos. Punto. (El señor Iñarritu García: ¡Qué barbaridad!). No hay presos políticos, en la Unión Europea no hay presos políticos. (El señor Iñarritu García: Turquía.- Rumores).

En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con el Grupo Vasco, creo que es retroceder... (Rumores.- El señor Arias Navia: Hay presos, hay presos. Y hay delincuentes políticos.- El señor Iñarritu García: ¿Y el Consejo de Europa?).
El señor PRESIDENTE: Por favor, está en el uso de la palabra el señor portavoz. (Rumores.)

Siga, por favor, señor Alarcó.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Pido el amparo del señor presidente para poder terminar normal y democráticamente, como siempre hacemos, mi moción. En democracia, se vota.

En segundo lugar, las transferencias hay que hacerlas bien, no hay que hacerlas sino bien, y es la confluencia de dos voluntades. Yo estoy de acuerdo -lo decía antes, cuando me interrumpieron- con el representante del Grupo Vasco en que ir a una ponencia es retroceder en la negociación, y creo que esto es muy importante.

Al representante del Grupo Socialista le diría que veintiún años de Gobierno socialista dan para muchas reformas. Es evidente que si en este momento usted tiene más prisa de la que se debe para imponer voluntades, lo podía haber hecho en esos veintiún años. Pero nosotros nunca practicamos el cuanto peor, mejor; nunca lo hacemos.

En tercer lugar, hay una mesa transversal abierta para la negociación que está adelantada y que terminará y concluirá cuando se llegue a un acuerdo con todas las comunidades autónomas, porque la moción de sustitución es ratificar ese compromiso obligatorio que el propio Gobierno, y el Partido Popular que lo sostiene, ha asumido como corresponde después de hablar con todas las partes. Y ahora es un momento muy oportuno, salgamos de este círculo vicioso al virtuoso: en primer lugar, estamos negociando en este momento la nueva financiación autonómica -por cierto, que el Partido Popular no aprobó porque no estaba de acuerdo con él- y, en segundo lugar, la Conferencia de Presidentes, con el compromiso formal de que en esta Conferencia de Presidentes que se celebra en esta Cámara Alta -y bien llamada Cámara Alta- se llegue a un acuerdo con las comunidades autónomas, donde tiene muy buena cabida al respecto.

Y por cierto, es verdad, tenemos unos magníficos sanitarios penitenciarios. Hay un cien por cien de ocupación de plazas para sacarlas a concurso, pero es voluntario presentarse. Y siempre que hay una urgencia está a disposición, porque así está estipulado, un hospital de tercer nivel para cualquiera de las prisiones que tiene este país –por ejemplo, mi servicio quirúrgico es referencia de una prisión-.

En definitiva, creo que no deberíamos hacer demagogia con este tema. (Risas).

Yo no he contado ningún chiste.
El señor PRESIDENTE: Por favor, no interrumpan al interviniente.
El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Creo que merece la pena apostar por lo que ha hecho esta Cámara, que lo ha hecho siempre muy bien con respecto al tema sanitario, y solicitamos el voto para esta moción de sustitución que, en definitiva, viene a tomar el compromiso para que en esta legislatura esa transferencia se haga bien, con todos los derechos mantenidos y además de acuerdo con las partes.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Alarcó.



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