Se abre la sesión a las dieciséis horas



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715000594,715000595

COMPARECENCIA DE LA VICEPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LEGAL TECH (ELTA), DÑA. MARÍA JESÚS GONZÁLEZ ESPEJO, ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA EXPONER LOS RETOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA.

(Núm. exp. 715/000594)

AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA


COMPARECENCIA DEL FUNDADOR Y CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) DE RECLAMADOR.ES, D. PABLO RABANAL CABETAS, ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA EXPONER LOS RETOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA.

(Núm. exp. 715/000595)

AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
El señor PRESIDENTE: Comparecen ahora la vicepresidenta de la Asociación Europea de Legal Tech, ELTA, doña María Jesús González Espejo, para exponer los retos tecnológicos en el ámbito del ejercicio de la abogacía, y el fundador y CEO de reclamador.es, don Pablo Rabanal Cabetas, para exponer igualmente los retos tecnológicos en el ámbito del ejercicio de la abogacía.

Tienen la palabra por tiempo de treinta minutos.


La señora VICEPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LEGAL TECH, ELTA (González Espejo): Buenas tardes, y muchas gracias a sus señorías, en particular al presidente de la Comisión de Justicia, don Manuel Altava, por aceptar nuestra invitación para hablar sobre la legal tech, lo que esta puede aportar a la justicia y lo que necesita el sector que la produce para madurar y llegar a ser una industria con liderazgo mundial. Gracias también al equipo de trabajo de la comisión, por coordinar nuestra intervención.

En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es María Jesús González Espejo, soy jurista, y desde hace aproximadamente cuatro años trabajo en el Instituto de Innovación Legal en analizar, reflexionar y debatir sobre el impacto que la tecnología está teniendo y tendrá en las profesiones y organizaciones jurídicas, en el sistema legal y en la justicia, y en nosotros, los justiciables.

Junto a mí intervendrá en esta sesión Pablo, CEO de Reclamador, una de las empresas legal tech más exitosas del momento. Están acompañándonos también otros expertos -nos habría encantado que hablaran, pero no puede ser por los límites que marca el Reglamento-. Se trata de don Juan Pavón, catedrático de Inteligencia Artificial, don Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, doña Laura Fauqueur, socia del Instituto de Innovación Legal, y don Carlos Martín, CEO de MailCertificado.

Hablemos, en primer lugar, sobre ELTA, a quien representamos hoy, la Asociación Europea de Tecnología Legal. (La señora compareciente apoya su intervención con la proyección de diapositivas). Tiene dos años de vida y unos 300 socios de todos los ámbitos, con un objetivo principal: promover la innovación y el desarrollo y utilización de la legal tech europea.

Vamos a hablar ahora sobre el concepto de legal tech. No es un concepto sólido, consolidado o con doctrina, sino un concepto que se está haciendo ahora mismo. Se mezcla con otros conceptos, como proptech, insurtech, regtech o fintech. Casi todos conviven. Nosotros creemos que la legal tech es aquella tecnología que tiene un fuerte componente jurídico. Es una definición simplificada, pero nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Y engloba tecnología de muchos tipos basada en inteligencia artificial, blockchain, APP, plataformas online

Como veremos en la siguiente diapositiva, operan en España multitud de operadores, algunos nacionales y otros internacionales. Esta tecnología ofrece servicios a negocios B2B, a personas, a ciudadanos. Existen diferentes tipos. Y es un sector joven, con mucho potencial, del que no hay todavía suficientes datos. O sea, hace falta que trabajemos en evaluar qué inversiones se están realizando en él y conocer mejor a quién hay detrás.

Vemos aquí una imagen -como vamos a entregar a sus señorías esta presentación, no es necesario que entremos a analizarla; además, sería imposible- que muestra tipologías de herramientas por categorías: bases de datos de jurisprudencia -las más tradicionales-, gestión integral del despacho, herramientas para el marketing y la comunicación, para el big data y la inteligencia, predicción judicial, evidencias... Les sonarán.

Y en esta otra diapositiva queremos mostrar el dinamismo de este sector, que no deja de reunirse, de hablar, de intentar crear esa doctrina que creemos tan necesaria. Hay comunidades. Si quieren información más concreta sobre todo esto, podemos facilitársela.

Pero ¿qué puede aportar ese sector a la justicia y a los profesionales del derecho o, más bien, que está aportando? Pues bien, creemos –seguramente en esto no tendremos opiniones muy diferentes- que lo que muestran los medios y los estudios de opinión es que el ciudadano ve que la justicia se caracteriza por su lentitud, por su falta de medios, por la corrupción, en muchos casos, por el problema de reparto de competencias, por enormes colisiones de intereses, por falta de comprensión -no entiende lo que lee en las sentencias y leyes-, por falta de trasparencia y por una politización importante de lo judicial. Es un panorama un poco triste, que hace que el ciudadano tenga sentimientos de desconfianza, miedo, frustración y descontento hacia la justicia. Y esto es grave, porque el ciudadano ya no es, como antes, un ciudadano sin información y sin poder. Hoy, los expertos en marketing y en sociología hablan cada vez más de persona. Del concepto anterior, el de consumidor, se ha evolucionado a otro, el de prosumidor, persona que tiene información y el poder de influir, a un concepto de persona. La tecnología es la que ha permitido evolucionar hacia ese concepto, y el hecho de que hoy el ciudadano ya no sea ciudadano, sino persona con intereses, capacidad y poder, hace que el ciudadano espere de la justicia rapidez en la respuesta, trasparencia, poder participar en la elaboración de las normas, comprensión, escucha activa y comodidad en la elaboración o realización de gestiones con la Administración. Y la realidad es que esto no está pasando.

Tengo a mi lado a Pablo, un empresario de éxito, que ha cubierto necesidades de ciudadanos que se enfrentaban a situaciones malas. Y él les ha dado solución. Creo que su historia puede ilustrar cómo usando tecnología puede tenerse, no solo éxito empresarial, sino solventar necesidades reales del justiciable. Le paso la palabra.


El señor RABANAL CABETAS (fundador y chief executive officer, CEO, de Reclamador.es): Buenas tardes, y muchas gracias por recibirnos.

Me llamo Pablo Rabanal, y soy fundador de Reclamador.es. Somos una empresa de legal tech, y vengo a contar de primera mano la realidad que los consumidores y ciudadanos se están encontrando en los juzgados; y hablo con conocimiento de causa -luego mostraré cifras-, porque estamos interponiendo unos 35 000 pleitos al año.

Voy a empezar contando quiénes somos, y luego los dos principales problemas que vemos para un acceso más justo del ciudadano a la justicia, con el fin de que podamos plantear soluciones y, sobre todo, de que se tome conciencia desde aquí.

Reclamador nace, básicamente, de un problema que tuve con una operadora móvil, como probablemente hayamos tenido todos en esta sala, y de la frustración de no poder solucionarlo, de verme muerto en un bucle. Básicamente, desde el punto de vista de nuestro cliente, la propuesta es reclamar a golpes de clic. Se puede hacer todo desde la web y sin adelantar un euro, ya que trabajamos a éxito. Internamente, tenemos un equipo de veinte ingenieros de software que desarrollan una herramienta de gestión de expedientes judiciales. Reclamamos diversos tipos de productos por retrasos de aerolíneas, todos los de banca, tan en boga hoy en día -las hipotecas suelo, los gastos de hipoteca multidivisa, etcétera-. Llevamos también temas impositivos, laborales y negligencias médicas. Y estamos empezando a gestionar permisos de extranjería, la devolución del IRPF por maternidad, etcétera.

Voy a dar algunos datos para que se vea la dimensión que está teniendo la categoría. Somos miembros fundadores de ELTA en España y somos miembros fundadores de APRA, que es la única asociación con presencia en Bruselas de defensa de los derechos de los viajeros. Hasta la fecha tenemos 200 000 clientes, con más de 60 000 casos resueltos. Hemos reclamado más de 160 millones de euros. De los 30 primeros que hemos recuperado, tenemos un 98% de éxito. Y solo con un equipo de 45 abogados actualmente estamos interponiendo el 22% de los pleitos mercantiles de toda España. Estamos hablando de un volumen de pleitos de unos 35 000 al año. Insisto: 45 abogados y 140 empleados. Esto no sería posible si no fuera por tecnología.

Venimos prácticamente de la nada. Nacimos en 2012, cuando facturábamos 200 euros, y este año facturaremos por encima de los 4 millones de euros. Esas son nuestras comisiones. Y tendremos en cola en los juzgados, pendientes del timing de estos, unos 27 millones de euros más en honorarios.

Contamos ya con un equipo directivo bastante sénior –no me voy a parar mucho en esto-, como el director de comunicación, exdirector de comunicación de Tuenti y vicedecano de la Complutense, y nuestro director legal, exsubdirector de servicios legales de la Comunidad de Madrid, en excedencia actualmente. Y tenemos inversores bastante fuertes –he puesto este slide, para que se vea que es un sector que está empezando a traer capital y que se va a mover muy rápidamente-: Cabiedes& Partners, que es el principal venture capital de España, con más de 100 millones de euros de inversión en startups, dueños de Europa Press. Leandro Sigman, que dirige una farmacéutica que se llama Chemo Group y es de las diez familias más ricas de Argentina, según la revista Forbes. Carlos Pacheco -en la imagen, a la derecha-, uno de los propietarios del Grupo Colpatria, en Colombia, un grupo que abarca minería, banca y otros sectores, con más de 50 000 millones de euros en activo. Para aquellos a los que les guste el fútbol, abajo en la imagen aparece Álvaro Arbeloa, lateral del Madrid. Y tenemos también a Martín Varsavsky, un emprendedor que ha montado cinco unicornios. Un unicornio es una empresa que llega a valer más de 1000 millones de dólares, por ejemplo, ya.com o Jazztel.

Nos apoyan los bancos. Tenemos una serie de premios -el año pasado ganamos el premio a la mejor startup de toda Europa en la categoría de consumidores, nominados por Expansión, Confilegal, etcétera-. Y actualmente estamos considerados como el bufete con mejor reputación digital de toda España, por encima de los tradicionales y de los nuevos. Todo esto, después de representar a 200 000 clientes, para llegar a propuestas concretas en el acceso a la justicia de los ciudadanos.

En una sociedad digital, en la que se puede comprar por internet –hablábamos de insurtech, de proptech, de muchísimas cosas-, la digitalización es un hecho que está ocurriendo en todos los sectores, y en el sector jurídico está tardando un poco más. Y lo cierto es que hay números que invitan a reflexionar sobre que es urgente empezar a ponerle foco.

En un escenario general, en España tenemos que pleitear en más del 90% de los casos. Si comparamos estos datos con los de Centroeuropa, es tres veces más. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que, sobre todo en los juicios de baja cuantía, protege al infractor. Por ejemplo, en demandas de menos de 2000 euros a una compañía aérea le da igual pagar una sentencia condenatoria que tarda dos años en salir que pagar el día uno; no tiene ningún tipo de incentivo para solucionarlo antes, con lo cual, se colapsa el sistema. Otro ejemplo: en Madrid, con la creación de los juzgados especiales bancarios, tenemos al 10% de los jueces gestionando el 80% de los casos, lo cual no tiene mucho sentido. Estamos tardando, de media, en resolver cada caso 748 días, es decir, prácticamente hablamos de dos años y medio. En Centroeuropa se viene a tardar unos cinco meses, unos 160 días. Es decir, no hay convergencia entre el uso de la justicia que se hace en Centroeuropa y el que se está haciendo en España, y todo esto es, principalmente, por falta de medios y por falta de foco en digital.

¿Cómo se acelera la implementación de la justicia digital? Por ejemplo, con LexNET. Sobre LexNET todos hemos leído muchísimo, pero la realidad es que, para empezar, hay siete LexNET en España, porque somos un país de diversas regiones, desarrollado por equipos diferentes, sin homogeneización de criterios, cada uno haciendo un poco la guerra por su cuenta. Y a día de hoy ninguno funciona bien. Por ejemplo, el problema que tenemos con el de Madrid es que no se pueden subir documentos que pesen más de equis megabytes, que muchas veces, además de presentar digitalmente, nos piden en papel porque no hay presupuesto para papel para dar traslado a la parte contraria, etcétera. Entonces, lo que parecía una solución para agilizar las cosas, al final las está retrasando.

Y vuelvo a hablar del sistema de costas, a los 748 días versus los 160 y a que en España se tenga que litigar tres o cuatro veces más que en otros países. En los pleitos de pequeña cuantía, por ejemplo, en Alemania, primero, hay que pagar una tasa al juzgado y, segundo, el que pierde tiene que pagar una penalización por usar el sistema, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Yo a veces oigo hablar de justicia abierta, sin costas, sin tasas, para todo el mundo, y creo que debe ser todo lo contrario. Creo que tiene que haber costas, porque son un impedimento para que el infractor abuse del sistema y lo convierta en una herramienta de gestión de tesorería. Solo por poner un ejemplo, los casos que hemos llevado nosotros le han costado al Estado 55 millones de euros; si hubiéramos estado en Alemania, estaríamos hablando a lo mejor de 13 o 15 millones.

Proponemos también mejorar el sistema de costas actual, porque básicamente fomenta la litigiosidad al no ser suficientemente punitivo, en nuestra opinión. Hay dos puntos en concreto: primero, que se impongan costas en los juicios desde un euro o de baja cuantía. Insisto: el que haga trabajar al sistema -y vuelvo a nuestro caso, tenemos que pleitear el 90% de las veces y ganamos el 98% de los casos- debería tener una penalización significativa para conseguir más intermediación y no abusar del sistema. Y en cuanto al tema de las costas, la realidad es que un ciudadano que reclama hoy por una cláusula suelo o por unos gastos tarda dos años y medio, y cuando gana, y ha tenido que invertir dinero en el proceso, tiene que declarar las costas del proceso en su declaración de IRPF como ingresos, lo que muchas veces desincentiva a hacerlo.

En resumen, se está creando una nueva categoría de servicio, se está universalizando el acceso a la justicia, y esto se va a producir de manera digital con reclamador, sin reclamador, queramos o no queramos. Y la inteligencia artificial, la blockchain y diversas tecnologías harán que esto sea cada vez más rápido. Como ya he comentado, nos encontramos en una situación de desigualdad respecto a otros países de la Unión Europea, y la solución para mejorar esto es claramente la tecnología. En el sector privado estamos tomando ya muchas medidas, hay mucho interés, hay mucho apetito inversor, no solo en España sino a nivel mundial. Y en el sector público nuestra sensación es que hay una falta de foco y de criterio a la hora de homogeneizar y racionalizar los presupuestos y demás.

Por último, quiero incidir en nuestra visión de que el sistema de costas tiene que ser reforzado para que no se abuse de los juzgados.

Por mi parte, he acabado. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LEGAL TECH, ELTA (González Espejo): Después de escuchar a Pablo, nos hemos quedado convencidos -estoy segura- de que es necesario innovar y automatizar y digitalizar la justicia. Pero existen una serie de retos, que vamos a ver rápidamente y muy condensados.

Un primer reto: hay unos colectivos que hacen la justicia. Estos colectivos son los notarios, los registradores, los abogados del Estado, los letrados, los magistrados… ¿Están colaborando? ¿Son capaces de hacer entre ellos lo necesario para transformar la justicia? Nosotros creemos que existe una enorme resistencia al cambio. Hay monopolios de poder y de conocimiento, hay monopolios económicos, y hace falta cambiar las cosas. A ver cómo lo hacemos. Hay mucho individualismo en la profesión jurídica; esta muchas veces es individual, se trabaja solo, y el mundo digital exige mucha colaboración y mucha interdisciplinariedad. ¿Cómo lograr superar eso?

Además, es necesario hacer lo que se llama un plan de transformación digital para la justicia. Un plan de transformación digital tiene tres ingredientes principales: plataformas, procesos y personas. Esas personas deben tener los conocimientos necesarios, las habilidades necesarias, la motivación para el cambio. Y tiene que haber liderazgos. ¿Existen en la justicia? Nosotros creemos que a los juristas nos faltan conocimientos, nos faltan competencias, nos falta formación, nos falta saber trabajar con los tecnólogos, con los que son capaces de desarrollar esas herramientas que tanto necesitamos. Y al ciudadano, que también tiene que ser protagonista de esto, también le faltan esa capacitación y esos conocimientos.

Hablemos ahora de los procesos. Hablando de procesos es necesario que pensemos en si estamos siempre trabajando y concentrándonos en la cura en España. Invertimos más dinero en los juzgados, pero ¿por qué no invertimos en prevenir los conflictos? Hay mucho menos dinero invertido en prevención. Se habla mucho de la mediación, pero a lo mejor ni siquiera habría que ir a la mediación. Antes de la mediación está la prevención del conflicto. ¿Por qué no lograr que el ciudadano sea menos conflictivo, que entienda y comprenda mejor las consecuencias de un conflicto?

Es necesario identificar los famosos cuellos de botella. Pablo hablaba de la Administración. Esta tiene que hacer un análisis claro de qué es lo más importante y trabajar en ello, porque no se puede trabajar en todo. En la transformación digital está muy claro que no se puede ir a por todo. Hay que ir ladrillo a ladrillo, pero ¿se ha pensado en cuáles deben ser los primeros ladrillos y dónde hay que poner los recursos escasos que tenemos?

La colaboración público-privada es básica. Se entienden mal los programas de innovación y los apoyos que hay. Cuando un operador privado intenta ver cómo colaborar con el sector público, no lo entiende. Solo las grandes multinacionales son capaces de entender todo el tema de licitaciones. Entonces, ¿cómo trabajar para que pequeños emprendedores en legal tech apoyen la mejora de la justicia? Seguro que hay caminos.

Y no hay que exigir más en el entorno digital de lo que se exige en el entorno real. Si en este se firman contratos sin identificarse, ¿por qué en el digital se complica todo tanto? Carlos nos plantea los problemas que está teniendo su empresa con los temas de la firma que ellos ofrecen, y también el intrusismo que hay, la calidad y el control de los servicios digitales que se ofrecen.

Hablemos de plataformas. Hay que pensar que estas se construyen sobre la base de tres elementos fundamentales: datos, algoritmos y el hardware. De estos tres elementos, los dos últimos pueden conseguirse en España, donde, aunque caros y difíciles de encontrar, hay tecnólogos capaces de desarrollar lo necesario. Sin embargo, el sector de la legal tech es extremadamente pobre en datos. Estos siguen custodiados por sus responsables: registradores, jueces, etcétera, que facilitan estadística, pero no el dato. Y sin ellos, no hay tech. También hay que fomentar la interoperabilidad de los sistemas. Con sistemas cerrados no hay futuro. Necesitamos conectarnos con los registros automáticamente. Hoy me contaban en una aseguradora con la que estamos colaborando los problemas que tienen para presentar la documentación en la Dirección General de Seguros. Pierden una semana para presentar comunicaciones obligatorias que tienen que hacer por un sistema de ventanilla electrónica, y resulta que no vale para nada y tienen que volver a empezar y hacerlo en papel. Esto no puede pasar pero está pasando. Y, como este, podríamos poner cientos de ejemplos.

Hablemos más de tecnología. Esta, para ser buena, tiene que cumplir los requisitos que se ven en esta imagen. Por ejemplo, ser estable, madura. No podemos meter versiones beta y que el ciudadano se pregunte para qué nos hemos hecho digitales cuando estábamos mejor con papel. No se pueden hacer experimentos de ese tipo. Otros requisitos: la ciberseguridad –clarísimo-. El respeto a la normativa. La atención al cliente veinticuatro horas sobre siete. Ser autogestionable. Adaptarse a las necesidades del ciudadano. Hay que pensar en la usabilidad de las herramientas. No podemos sacar herramientas al mercado sin que el ciudadano las haya probado. Y cuando hablamos del ciudadano nos referimos al que va a ser el público final. ¿Por qué no montar mesas de usuarios? También es necesario que sea escalable. Vayamos a proyectos poco a poco, no a proyectos megalómanos, porque luego nos estrellamos.

Mis conclusiones son que sería fantástico que sus señorías hoy ya pudieran contestarnos a estas preguntas con respuestas sólidas. Seguramente no sea posible. Nosotros tampoco tenemos las respuestas. Además de estas preguntas, podríamos haber planteado muchas más. ¿Cuáles son los cuellos de botella en la justicia? ¿Los conocemos? ¿Hemos hecho un diagnóstico? ¿Invertir más en justicia es la única solución para los retos que esta tiene ante sí? ¿Qué podría automatizarse en la justicia? Seguro que nosotros tenemos montones de ejemplos que ponerles. ¿Y si en lugar de invertir en curar invertimos en prevenir ilícitos? Se podrían hacer herramientas para prevenir la corrupción sin ningún problema. Y herramientas para identificar qué leyes están mal hechas. ¿Cuántos juicios se evitarían si las conociéramos? Eso hoy es posible. ¿Por qué no las tenemos? ¿Cómo podrían ponerse más datos legales al servicio del ciudadano, del empresario legal tech, que lo necesita para hacer herramientas buenas y competir en otros mercados con ellas, como están haciendo en el Reino Unido o Francia? ¿Cómo podría fomentarse la colaboración público−privada? ¿Podría ser España una líder mundial en tecnología de habla hispana? Seguro que sí. Tenemos un sistema jurídico que ha inspirado a los de muchísimos países de América Latina. ¿Por qué no lo estamos aprovechando?

Finalmente, ¿está el marco legal adaptado para fomentar el uso y el desarrollo de la legal tech? Según nos dicen nuestros compañeros, no del todo. Así que tenemos trabajo por hacer. Creemos y estamos seguros de que el sector legal tech tiene un enorme potencial, no solo de negocio, sino sobre todo para dar al ciudadano un mejor servicio en justicia. Hay que realizar la transformación digital a través de un plan que debe tener claro que los tres elementos son básicos: las personas y su capacitación; los procesos identificados, como he dicho, con prioridades, y sabiendo a por cuál vamos; y las plataformas, que requieren de algoritmo, de dato, de hardware, que tenemos en España, salvo el dato, que podríamos tener. Creemos que es necesario tener un buen plan estratégico para promover la innovación y mejorar la justicia. En sus manos está. Nosotros quedamos a su disposición para tener una reunión en cualquiera de nuestras empresas con el fin de que conozcan de cerca cómo es este sector.

Muchísimas gracias por habernos escuchado. Quedamos a la espera de sus preguntas. Y si no sabemos contestarlas, buscaremos la información y se la facilitaremos.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la presentación.

Pasamos al turno de intervención de los grupos.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria? (Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).




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