Santiago, veintidós de septiembre de dos mil ocho



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Artículo I
Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de l945, confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aún si ésos actos no constituyen una violación para el derecho interno del país donde fueron cometidos.
TRIGESIMO: Que el instrumento anterior no ha sido ratificado por Chile, sin embargo, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, en cuyo contexto se ha dado el establecido en este proceso, proviene de la hermenéutica jurídica que obligatoriamente debe emplearse al interpretar esta materia, en la que el intérprete del Derecho debe considerar, tal como desde siempre lo ha señalado nuestro más alto Tribunal, de que si se trata de “delitos contra la humanidad”, rigen “los Principios del Derecho Internacional”, como categoría de norma de Derecho Internacional General (“ius cogens”), conforme al acervo dogmático y convencional universal y de la aceptación en la práctica de los tribunales nacionales miembros de las Organización de las Naciones Unidas, además de los tribunales internacionales con jurisdicción respecto a crímenes de lesa humanidad.
En efecto, conforme a tales aspectos ( acervo dogmático, convencional universal, aceptación en la práctica de los tribunales nacionales de los Estados Partes de la Organización de las Naciones Unidas, y tribunales internacionales con jurisdicción sobre crímenes de lesa humanidad) actualmente se debe reconocer la imprescriptibilidad de estos crímenes no sólo como Principio Internacional, sino como una norma consuetudinaria de Derecho Internacional Público; norma que, de acuerdo al artículo 53 de la Convención de Viena Sobre Derechos de los Tratados, ratificada por Chile el 9 de abril de 1981, publicada en el Diario Oficial de 22 de junio de l981, no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional General que tenga el mismo carácter.
TRIGESIMO PRIMERO: Que, lo anterior permite concluir que hay entonces una prevalencia de la norma internacional de Derecho Internacional General, que determina que son incompatibles con ésta las leyes de amnistía y de prescripción invocadas respecto del secuestro del sacerdote de nacionalidad española Antonio Llidó Mengual establecido en autos.
TRIGESIMO SEGUNDO: Que, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana sobe Derechos Humanos, por sentencia de fecha 14 de marzo de 2001, en la forma siguiente:
“41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

(…).
43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2º de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8º y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8º y 25 en concordancia con los artículos I.I y 2º de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.


44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú”.
(…).
48. Pese a lo anterior; en las circunstancias del presente caso, el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que provienen los artículos 8º y 25 de la Convención”. (Novedades Jurisprudenciales. Derecho Penal Contemporáneo Revista Internacional Nº 2, Enero – Marzo, 2003, Bogotá, Colombia Editorial Legis, año 2003).”
TRIGESIMO TERCERO: Que establecida como ha sido en las consideraciones anteriores la responsabilidad de autor del encausado Contreras Sepúlveda, en cuanto debe responder en calidad de autor del delito de secuestro calificado establecido en este proceso, se rechaza la petición de absolución pedida por su defensa en el escrito de contestación de la acusación.
Tal responsabilidad de autoría está dada entonces, como ha quedado establecido anteriormente, en que no puede ser discutido en que el encausado Contreras Sepúlveda fue la autoridad determinada y máxima de la organización, precisamente la que imparte la orden de detener y mantener secuestrada a la víctima, lo que los miembros de la DINA la cumplen, controlando el acusado Contreras Sepúlveda a tal organismo, al igual que los oficiales superiores a su cargo quienes dan inicio a la fase ejecutiva de la conducta encaminada a tal propósito, cumpliendo aquél y estos últimos cabalmente su cometido criminal.
En consecuencia, al impartir el encausado Contreras dentro de la DINA las ordenes necesarias para detener y mantener privada de su libertad a la víctima, tiene la condición de coautor material en los términos del artículo N° 15 N° 1 del Código Penal, tal como se ha razonado en el considerando Décimo Quinto de esta sentencia.
TRIGESIMO CUARTO: Que el acusado Marcelo Luis Moren Brito, en sus declaraciones indagatorias de fojas 136, Tomo II B y 297 tomo I A, refiere que en el mes de febrero de 1974, fue trasladado a la Comandancia en Jefe de Ejército y desde marzo o abril de l974 hasta el año 1975, fue destinado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dependiente del Ejército, la que estaba al mando del entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda, en calidad de director, el que tenía a las órdenes un subdirector, cargo que era ejercido por personal de Ejercito, Marina y Aviación, entre los que recuerda a un coronel Pantoja y otro de nombre Víctor Hugo Barría, el que estaba a cargo del departamento primero de operaciones; que directamente a cargo del director y subdirector estaban las brigadas, que eran estamentos encargados de la inteligencia y contra inteligencia, la primera para obtener información respecto de grupos subversivos que actuaban en el territorio nacional para desestabilizar al gobierno de la época con acciones de guerrilla, especialmente cubanos, uruguayos y argentinos; en cuanto a los grupos nacionales estaba la Brigada Ramona Parra, el MIR y posteriormente el Movimiento Lautaro y Frente Patriótico Manuel Rodríguez; respecto de la contrainteligencia era dirigida a la protección de las Fuerzas Armadas, teniente a evitar si infiltración por grupos ajenos o personal propio que tuvieran el propósito de obtener información para penetrarlo y aprovechar la información.
Agrega que él trabajo para inteligencia y contra inteligencia se efectuaba en forma separada, porque eran labores que no podían ser simultáneas; es así que en inteligencia formó parte de la Brigada de Inteligencia durante el año 1974 y parte de 1975, ejerciendo en esta brigada labores de mando; dentro de las personas a su cargo las que eran escogidas de antemano por el director, el subdirector o el jefe de operaciones de la DINA, estaban las que eran encargadas de buscar la información, de fuentes cerradas o abiertas, para dar satisfacción a los elementos esenciales de información; que, además, el debía designar las misiones a estas personas sin tener mayores conocimiento de ellas, por lo tanto, muchas veces se cometieron errores. Las misiones que él encomendaba a estos grupos eran objetivos precisos, tales como hacer indagaciones respecto de determinadas personas, agrupaciones subversivas y lugares específicos. Dentro de sus agrupaciones de investigaciones nunca tuvo a civiles, ya que ellos formaban parte de otro grupo al mando de otra persona cuyo nombre no recuerda, la que se llamaba BIC – Brigada de Inteligencia Civil; que una vez que el personal a quien él le ordenaba recabar información se la entregaba, el la clasificaba y la enviaba al departamento de operaciones de la DINA; en este Departamento de operaciones trabajó el Coronel Barría y otros oficiales que no recuerda; la información que él entregaba al departamento de operaciones podría haber servido para detener a personas, labor que él nunca cumplió, pero si dio algunas órdenes en ese sentido; los que estaban a cargo de tomar detenidas a las personas eran las unidades operativas, cuya forma de trabajar él no conoció, ni tampoco recuerda a sus integrantes.
Sostiene que tomó conocimiento que durante los primeros años del gobierno militar, esto es, desde 1973 a 1977, existieron centros de detención tales como el Estadio Nacional, Estadio Chile, Ritoque, Puchuncaví y Tres y Cuatro Álamos, y en provincia en Pisagua y Baquedano. Además la DINA, expresa, tenía un centro de detención de tránsito denominado Villa Grimaldi, en el cual las personas detenidas estaban ahí por corto tiempo con el objeto de ficharlas, para lo cual se les tomaban fotografías y en algunos casos, las huellas dactilares para averiguar sus nombres, ya que, andaban con nombres falsos y eran delincuentes subversivos; para posteriormente derivarlas a Tres o Cuatro Álamos que eran centros de detención dependientes del Ministerio del Interior, de una oficina llamada Sendet, la que era encargada de dar la información a los familiares de los detenidos.
Agrega el acusado Moren Brito que Villa Grimaldi fue inspeccionada en el año 1975 por el entonces presidente de la Corte Suprema don José María Eyzaguirre, con el objeto de investigar denuncias que se hacían en el sentido de que ahí se torturaba a los detenidos, quedando constancia de que esto no era efectivo en el acta que se levantó.
Agrega que mientras estuvo en Villa Grimaldi interrogó a algunos detenidos respecto de sus nombres y sus actividades políticas, cuyo tenor era fuerte, ya que, para él estas personas eran enemigas del régimen militar al que él era leal; además de que estas personas se dirigían en forma grosera, violenta, amenazando de muerte a los miembros del Poder Judicial y a otras personas que no pensaban como ellos, con consignas no reproducibles por respeto al tribunal; sostiene, en lo pertinente, que no obstante que los detenidos que él interrogaba no le simpatizaban, nunca los torturó, solamente les habló fuerte y los zamarreaba por los hombros.
En lo que respecta a la víctima Antonio Llidó Mengual, manifiesta que escuchó su nombre en un careo que tuvo en el tribunal con una señora cuyo nombre no recuerda, diligencia en que también supo que era sacerdote; agrega que mientras trabajó en la DINA no tomó conocimiento de ningún detenido con el nombre de Antonio Llidó Mengual; señalando por último que quien puede proporcionar mayores antecedentes sobre el tratamiento que se daba en el área religiosa a los detenidos eclesiásticos, es el ex director de la DINA don Manuel Contreras Sepúlveda.
TRIGESIMO QUINTO: Que si bien el acusado Moren Brito ha negado toda concurrencia en el delito investigado de secuestro del sacerdote Llidó Mengual, su responsabilidad en calidad de autor en éste ha quedado establecida con los antecedentes probatorios analizados en esta sentencia detalladamente en cuanto al delito, como asimismo, con las siguientes presunciones:
a) Orden de investigar de fojas 92, en cuanto contiene la declaración de Julio Laks Feller, al sostener que fue detenido junto a su cónyuge doña Rosalía Martínez Cereceda, el día 22 de septiembre de 1974 y llevados al recinto de Avenida José Domingo Cañas; que entre el 26 y 30 de septiembre de se año lo mantuvieron encerrado junto con el padre Llidó Mengual, el cual tenía la camisa manchada con sangre, aparentemente sufría de hemorragias internas y desgarros musculares, quien fue examinado por una aparente médico de la DINA, quien recomendó su inmediata hospitalización, lo que no fue posible al oponerse el agente de la DINA de apellido Moren; además, en cuanto agrega que en la primera quincena de octubre lo trasladan a “Cuatro Álamos”, que lo ubicaron en la celda N° 12, constatando que en la celda vecina N° 13, estaba el padre Llidó; que ése le hizo saber por señas que se sentía un poco mejor, pero con fuertes dolores; también señala que alrededor del 20 de octubre fue sacado el sacerdote junto a otros detenidos y llevados a un lugar desconocido, perdiéndose todo rastro de ellos;
b) Esa misma orden de investigar de fojas 92, en cuanto contiene además los dichos de Edmundo Lebretch, quien señala haber estado detenido junto con el sacerdote Llidó los días 02 y 03 de octubre de 1974, en el recinto secreto de la DINA de Avenida José Domingo Cañas, coincidiendo con la declaración anterior de Julio Laks Feller.
c) La declaración del acusado Orlando José Manzo Durán, de fojas 137 del tomo II B, al señalar que en calidad de teniente de Gendarmería se desempeñó en el lugar de detención de prisioneros de Cuatro Álamos”, el que pertenecía a la DINA, la que tenía facultad para detener e interrogar personas comprometidas políticamente; que recuerda que en el tiempo que estuvo en ese lugar estuvieron detenidos cuatro sacerdotes, dos de ellos de nacionalidad italiana, el tercero el padre Rafael Maroto y un cuarto, cuya identidad desconoce quien piensa que pudo ser Antonio Llidó Mengual cuyo nombre se le dice por el tribunal; aseverando en lo pertinente que le facilitó una Biblia a este sacerdote; e indica, en lo atinente que el acusado Moren Brito, perteneciente a la DINA, era el jefe de Villa Grimaldi.
d) Los dichos de Cecilia Orieta Jarpa Zúñiga, de fojas 142, y fojas 223 del tomo I A, en cuanto expresa que luego de ser detenida por la DINA el 2 de octubre de l974, quien además de percatarse que se encontraba privada de libertad en un recinto militar de calle José Domingo Cañas, al ser llevada a una pieza, se encontró con un sacerdote de nombre Antonio Llidó y que al igual que ella había sido torturado; indicando en lo pertinente a la inculpación que los interrogatorios eran dirigidos determinadamente hacia los militantes del MIR y el que aparecía como jefe del lugar era el capitán Marcelo Moren Brito;
e) La imputación que proviene de los dichos de Ciro Torre Sáez de fojas 163 y careo de fojas 173, tomo II B, al manifestar que aproximadamente en octubre de 1973 pasó a formar parte como oficial de Carabineros de un organismo nuevo de inteligencia y operativo; que permaneció en el recinto de Londres N° 38, el que habilitado tuvo un jefe visible al que identifica como “Don Marcelo” o “el Ronco”, en el que permanece hasta marzo, abril, mayo o junio de 1974, donde ve a personas “sin libertad ambulatoria” a las que no califica como detenidos porque no le consta en que condiciones ellas iban, esto es, si obedecían a alguna orden judicial a una orden interna de la DINA; enseguida indica que luego pasa a desempeñarse al recinto de calle José Domingo Cañas, el que fue denominado como “Ollagüe”; y precisa que los grupos de la DINA se dividen en este lugar el trabajo, y precisa que así, por ejemplo, el MIR “lo trabaja”, o investiga, o reprime el grupo de “El Ronco” o “Don Marcelo”, enfatizando que en este recinto existían diversas agrupaciones, que a Miguel Krassnoff lo conoció como capitán Miguel, lo ubica desde el cuartel de calle Londres donde llegaba y también al cuartel Ollagüe; a Osvaldo Romo, a quien ubica en Villa Grimaldi, no tiene muy claro en Ollagüe, el que era un civil que trabajaba con el capitán Miguel y Troglo Zapata, equipo que era muy popular, eran cree del equipo de don Miguel; que “trabajaban” el MIR y los agentes que estaban a cargo de estos extremistas eran, además de los nombrados Moren, y Cachete, este es el teniente Lawrence; manifestando además que nadie, ningún otro agente podía meterse con ellos, ni con los detenidos suyos, ni con el equipo mismo, ni siquiera con sus escritorios; precisando que cuando él llega a Villa Grimaldi el jefe el recinto era don Cesar, seguramente de apellido Manríquez, oficial de ejército, el que era muy correcto a quien sucede Pedro Espinoza; bajo Espinoza estaba “ El Ronco” – Moren Brito – que era jefe de la agrupación Caupolicán y en el hecho mandaba más que Espinoza, al tomar “el Ronco” las decisiones. Precisando a fojas 223 vuelta del tomo I A, que al oficial por el cual se le interroga Marcelo Moren Brito, cree haberlo conocido en el cuartel general de la DINA, de alto mando que precedía directamente al coronel Manuel Contreras en una de las reuniones.
Y la inculpación que proviene de los dichos del mismo Ciro Torré, al reconocer a fojas 178, que de los grupos operativos que menciona Luz Arce Sandoval está de acuerdo en que funcionaron en Ollagüe; que la Pepa efectivamente trabajó con él y respecto de los otros agentes y jefes recuerda a “Pablito” - Lauriani -, conocido por su inexperiencia; Krassnnoff; y está de acuerdo en los demás nombres que cita Luz Arce, incluidos Romo, Basclay Zapata y Gerardo Godoy, alias Cachete Chico.
Pudiendo determinar el tribunal entonces, con esta declaración de Ciro Torré, que en el centro de detención en que fue visto por última vez el secuestrado Antonio Llidó Mengual, según innumerables declaraciones de testigos, era responsable directo de la víctima entre los oficiales jefes el acusado Marcelo Moren Brito, en calidad de jefe de la Agrupación Caupolicán, encargada de detener a los militantes del Mir, quien actuaba junto a las Brigadas Halcón 1, cuyo jefe era el acusado Krassnoff, el civil de apellido Romo, y el sub oficial Basclay Zapata;
TRIGESIMO SEXTO: Que la defensa Marcelo Luis Manuel Moren Brito, en cuanto a la acusación fiscal, dictada con fecha 4 de diciembre de 2003, y la acusación particular, en contra de su representado por la supuesta autoría del delito de secuestro calificado, perpetrado en contra de Antonio Llidó Mengual, las contesta en los siguientes términos:
La defensa estima que los hechos investigados no permiten sustentar el proceso en atención a las normas que regulan y consagran los institutos de la amnistía y la prescripción, unido a los principios, con reconocimiento constitucional y legal, de “indubio pro reo” y de la irretroactividad de ley penal desfavorable al inculpado.
Por ello, la defensa solicita que su representado Marcelo Moren Brito, sea absuelto de los cargos formulados en su contra, en relación al delito de secuestro.
Además, la defensa reitera las excepciones de Amnistía y de Prescripción de la Acción Penal, solicitando que se tengan planteadas con los mismos fundamentos invocados al ser ellas planteadas como de previo y especial pronunciamiento, y que en definitiva su defendido sea absuelto de los cargos en su contra ya que, incluso de comprobarse su responsabilidad penal, esta se encontraría extinguida, en atención a lo dispuesto en el artículo 93 número 6 y 94 del Código Penal, el que establece como período máximo de prescripción de la acción penal un plazo de 15 años, por lo que, enfatiza la defensa, es procedente y debe aplicarse el instituto de la prescripción a los hechos de autos. El artículo 95 del Código Penal, continúa la defensa, establece que el término de la prescripción empieza a correr desde el día en que se hubieren cometido los presuntos delitos y, considerando el hecho que los sucesos investigados habrían transcurrido a principios de octubre de 1974, casi treinta años, sin que se tenga noticias de Antonio Llidó Mengual después del mes de octubre del mismo año, la acción penal ha prescrito, teniendo en consideración y por reproducido lo argumentado en cuanto a la improcedencia de estimar que el secuestro continuaría hasta el presente en ejecución, y con ella ha prescrito asimismo la responsabilidad penal, por aplicación del artículo 93 Número 6 del Código Penal, que expresamente lo dispone. Sumado a lo anterior, agrega, es procedente y corresponde dar aplicación a la amnistía consagrada en el Decreto Ley 2.191, de 1978, en relación con el artículo 93 número 3 del Código Penal.
Dice la defensa que tal como lo han declarado en diversos fallos la Excma. Corte. Suprema, la amnistía es una institución cuya naturaleza es tal que, en opinión de los tratadistas, no sólo extingue la pena señalada por la ley al delito de que se trata, sino que del mismo modo hace perder toda eficacia a la acción penal atinente, dejando al autor de los hechos originalmente ilícitos en al condición jurídica de quien no ha delinquido por ese capítulo. Es en aras de la tranquilidad social, explica, que ciertos hechos antijurídicos experimentan por voluntad del legislador una revalorización que le hace perder su índole delictuosa, y ese es precisamente el efecto que le asignó la Comisión Redactora del Código Penal en su oportunidad al decir, refiriéndose al delito y al delincuente: que ella "deja a su autor en la misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido" (Corte Suprema, 16.09.1998, Fallos del Mes N° 478).
Agrega que el artículo 60 número 16 de la Constitución de la República de Chile, entrega al legislador la facultad de otorgar por ley la amnistía, señalando que son materia de ley las que conceden indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del presidente de la república para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. En este caso, es la propia carta fundamental la que faculta al legislador para conceder amnistía por ley, la que naturalmente producirán los efectos que al propia norma y la doctrina dan a tal forma de perdón por determinados ilícitos penales de 15 años, es procedente y debe aplicarse el instituto de la prescripción a los hechos de autos.
Indica que el artículo 95 del Código Penal establece que el término de la prescripción empieza a correr desde el día en que se hubieren cometido los presuntos delitos y considerando el hecho que los sucesos investigados habrían transcurrido a principios de octubre de 1974, casi treinta años, sin que se tenga noticias de Antonio Llidó Mengual después del mes de octubre del mismo año, la acción penal ha prescrito, teniendo en consideración y por reproducido lo argumentado, en cuanto a la improcedencia de estimar que el secuestro continuaría hasta el presente en ejecución, y con ella ha prescrito asimismo la responsabilidad penal, por aplicación del artículo 93 Número 6 del Código Penal, que expresamente lo dispone.
Sumado a lo anterior, enfatiza la defensa, es procedente y corresponde dar aplicación a la amnistía consagrada en el Decreto Ley 2.191, de 1978, en relación con el artículo 93 número 3 del Código Penal; y como lo ha declarado en diversos fallos la Excma. Corte Suprema, señala la defensa, la amnistía es una institución cuya naturaleza es tal que, en opinión de los tratadistas no sólo extingue la pena señalada por la ley al delito de que se trata, sino que del mismo modo hace perder toda eficacia a la acción penal atinente dejando al autor de los hechos originalmente ilícitos en al condición jurídica de quien no ha delinquido por ese capítulo. Es en aras de la tranquilidad social que ciertos hechos antijurídicos experimentan por voluntad del legislador una revalorización que le hace perder su índole delictuosa, y ese es precisamente el efecto que le asignó la Comisión Redactora del Código Penal en su oportunidad al decir, refiriéndose al delito y al delincuente: que ella "deja a su autor en la misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido" (Corte Suprema, 16.09.1998, Fallos del Mes N° 478).
Expresa que el artículo 60 número 16 de la Constitución de la República de Chile, entrega al legislador la facultad de otorgar por ley la amnistía, señalando que son materia de ley las que conceden indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del presidente de la república para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. En este caso, es la propia carta fundamental la que faculta al legislador para conceder amnistía por ley, la que naturalmente producirán los efectos que la propia norma y la doctrina dan a tal forma de perdón por determinados ilícitos penales.
De esta manera, señala, puede concluirse que la Constitución Política vigente, al igual que las anteriores, otorgó expresamente al poder legislativo la facultad privativa de dictar leyes de amnistía y así fue que precisamente en uso de esta facultad constitucional, se dictó el decreto ley 2.191 de 1978, con sus consiguientes efectos penales y procesales.
En nuestro Código Penal, refiere quien comparece por el acusado Moren Brito, la amnistía tiene su expresión jurídica como causal de extinción de responsabilidad penal en el artículo 93 número 3, indicando que ella extingue por completo la pena de todos sus efectos, tal como lo estatuye literalmente este precepto, el que por su amplitud comprende por cierto la extinción de la acción penal pendiente.
Que con lo analizado precedentemente, finaliza, debe entenderse que en nuestro ordenamiento jurídico, la amnistía constituye un acto del poder legislativo que suspende de manera objetiva la declaración de criminalidad hecha por toda ley, como consecuencia de que hace desaparecer la punibilidad del delito de eliminar la pena y todos sus efectos en los hechos ilícitos que comprende, e impide y paraliza definitivamente el ejercicio de toda acción judicial que tienda a sancionarlos; o anula y deja sin efecto las condenas que por esos delitos se hayan impuesto, desde el punto de vista legal, en la misma situación que si no hubiesen delinquido.
Así, dice, siendo la amnistía una causal objetiva de extinción de responsabilidad criminal, en consecuencia sus efectos se producen de pleno derecho a partir del momento establecido por la ley, sin que puedan ser rehusados por sus beneficiarios, pues se trata de leyes de derecho público, que miran al interés general de la sociedad, de tal forma entonces, una vez verificada la procedencia de una ley de amnistía, deben los jueces proceder a declararla.
De la lectura del decreto ley 2.191, según agrega, se aprecia nítidamente que la amnistía que concede no es personal ni particular, sino que esencialmente general e igual, en relación con lo hechos punibles en la que hubieran incurrido sus autores, cómplices o encubridores, dándose además las exigencias indicadas en este cuerpo legal (Corte Suprema, Fallos del Mes N° 452).
Asevera, además, que obstante la característica o calificación de "permanente" que pueda atribuirse al delito de secuestro, es exigencia ineludible del secuestro agravado de personas que el inculpado como autor del mismo, haya tenido no solo inicialmente la voluntad o poder y disposición moral efectiva sino también el poder y la aptitud material o física posterior de conservar y de mantener en el tiempo el encierro y la retención de la persona detenida víctima del secuestro. Sólo así se entiende el texto de la norma, la que se refiere al caso en que se prolongare la detención por más de 15 días. Esta exigencia, además de constituir en su esencia un componente o integrante indispensable del tipo delictivo de secuestro agravado, se desprende claramente también del objeto o fin esencial del encierro y de la detención, cual es la privación de la libertad del individuo secuestrado, lo que supone que se le mantiene y conserva aún físicamente, pues no podría privarse de su libertad ambulatoria a aquel sujeto ajeno ya absolutamente al poder, sumisión, control y custodia del secuestrador.
La característica de permanente del injusto tipificado por el artículo 141 del Código Penal, manifiesta la defensa, implica que la acción delictiva se prolonga mientras dure el encierro. Ahora, la acusación pretende que ante la ausencia de noticias ciertas del paradero de Antonio Llidó Mengual, su supuesto secuestro se estaría hasta el presente ejecutando, alejándose de la descripción típica que requiere conservar y mantener en el tiempo el encierro y la retención de la persona detenida víctima del secuestro, por lo que no cabe interpretar que ante la ausencia de noticias del secuestrado se continúe con la ejecución el delito, en contraposición al hecho determinado en autos de que el encierro de Antonio Llidó Mengual, no se prolongó más allá del año 1974, ante los testimonios indicados en la misma acusación, que corresponden al último trimestre del año 1974, sin que se tuvieran mas noticias de él.
Por lo anterior, señala, no debe atribuirse indebidamente que ante la ausencia de noticias, el supuesto delito se continúa ejecutando, en tanto que la correcta doctrina implica considerar que la ejecución del delito se mantiene mientras dure el encierro, y como de los antecedentes de autos se establece lo contrario, esto es que el encierro no se prolongó mas allá del año 1974, se aplica equivocadamente a los hechos determinados en autos la característica de permanencia del delito hasta nuestros días.
Constata la acusación, continúa la defensa, que los hechos investigados fueron realizados con conocimiento de las "...mas altas autoridades de la época...", lo que en la institución a la que pertenecía su representado implica que se realizaban justamente por orden de tales autoridades. Ante esta constatación de la investigación, a juicio del defensor, no resulta atendible sindicar a un oficial activo que perteneció al Ejército, a la Dina, como responsable de ejecutar hechos que le fueron ordenados siendo miembro de una institución con una rígida jerarquía. De los antecedentes de autos, agrega se acredita que el acusado Marcelo Moren estuvo asignado, en el período en que se habrían practicado las detenciones investigadas, a la DINA. Pero de tal hecho, concluye, no debe atribuirse la responsabilidad de las acciones que se consideren ilícitas a su representado que actuaba en el cumplimiento de su deber de ejecutar las órdenes de sus superiores, y al actuar de modo diverso habría incurrido en el delito de desobediencia contemplado en los artículos 334 y siguientes, del título VII del libro tercero del Código de Justicia Militar. Es por lo anterior que ante la estimación de que se está ante hechos delictivos su defendido no debe ser considerado responsable en los mismos según lo dispone el artículo 10 número 10 del Código Penal, que establece como circunstancia que exime de responsabilidad criminal al que obra en cumplimiento de un deber, lo contrario llevaría al contrasentido que su representado al ejecutar lo ordenado incurría en un delito, pero al no cumplir con las órdenes de sus superiores, también incurría en otro delito.
El artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, expresa la defensa, señala que nadie puede ser condenado por delito alguno sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley, en consecuencia, si el delito y la participación no se encuentran probados se debe necesariamente absolver.
Del mérito de los antecedentes del proceso, manifiesta la defensa, se pretende determinar que el sacerdote Antonio Llidó Mengual fue detenido entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, siendo conducido hasta el recinto de José Domingo Cañas y luego a Cuatro Álamos, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy.
Frente a lo anterior, continúa, no se señala en la acusación, ni existen elementos en el proceso, que determinen la responsabilidad de su representado en los hechos. No se ha determinado la forma ni las circunstancias de la detención. Ante tal indeterminación, sólo queda al juzgador absolver, ya que de lo contrario esta defensa, volcada en la contestación de la acusación, no sería una verdadera defensa, tanto porque no podría hacerse cargo de la imputación y de sus fundamentos - fijación de los hechos no acorde al mérito del proceso y omisión de antecedentes que acreditarían la participación -, cuanto porque no podría ofrecer prueba ni podría acreditar si inocencia en el plenario sin saber con exactitud cuál es precisamente el hecho imputado, sus circunstancias, y cuáles son los antecedentes que sirvieron para tener por justificada la participación de su defendido.
Por otro lado, agrega, en ningún momento de la instancia judicial o en alguna actuación, incluso extrajudicial, su representado reconoce su participación en los supuestos ilícitos investigados, lo que debe considerarse como antecedentes de descargo y bajo ningún punto como antecedente de su participación como se pretende en la acusación de oficio.
Por lo anterior, enseña, la investigación en el sumario criminal abre una enorme puerta a la duda, lo cual trae consigo la imposibilidad de que el juzgador logre formase el grado de convicción que exige el legislador para dictar sentencia condenatoria.
Por último, explica, es necesario tener presente que en materia penal el principio que informa el sistema in dubio pro reo, el cual se relaciona con la regla del onus probandi, establece que la culpabilidad debe ser probada por el investigador, y como ello no es posible de establecerse fehacientemente en estos autos, se debe asumir la postura que mas beneficie al acusado. Este axioma tiene su fuente mediata, expresa, en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, disposición que consigna, como una base general y superior a toda demostración jurídica, que la convicción del Juez, por los medios de prueba legal, es el punto central e indispensable para condenar. Si esa convicción no llega a formarse, el Juez deberá absolver sin otro fundamento que la falta de convicción (principio de la certeza moral absolutoria), en cambio, para condenar necesita formar su convicción en algunos de los medios de prueba que la ley indica (principio de prueba legal condenatoria). En consecuencia, incluso en la más desfavorable de la hipótesis respecto de si su representado cometió o no el supuesto delito que ha motivado la presente investigación sumarial, esa duda debe inclinar al tribunal a absolver a su representado el acusado Marcelo Luis Moren Brito.
Señala la defensa que la acusación particular indica que, aparte del delito de secuestro, se tipifica una figura de torturas y de asociación ilícita. La parte acusada reitera su estimación de que en atención al lapso en que ocurrieron los hechos investigados no es procedente siquiera iniciar la discusión sobre posibles ilícitos por operar los institutos de la prescripción y la amnistía.
Sin perjuicio de lo anterior, añade, se reproduce respecto de la acusación particular en lo relativo al secuestro lo argumentado respecto del mismo delito considerado en la acusación de oficio.
En lo referente a la supuesta figura de torturas, la defensa expresa que cabe señalar que nuestro ordenamiento no tipifica ninguna figura que responda a tal denominación, por lo que no es objeto de un proceso criminal siquiera mencionar una conducta que no ha sido penada por la ley. Y respecto de la figura de Asociación ilícita, no procede insinuarla por cuanto la organización del Ejército no tiene fines criminales, siendo del todo improcedente tal planteamiento.

En el evento que el tribunal considere que en los hechos su representado participó culpablemente en calidad de autor de la detención de Antonio Llidó Mengual, solicita la defensa, en subsidio de la absolución, que se recalifique la figura utilizada de secuestro a detención ilegal en atención a los siguientes fundamentos:



Expresa que consta en autos la calidad de funcionario público, oficial del Ejército de Chile, que investía Marcelo Luis Moren Brito, en la fecha en que ocurren los hechos investigados. Por lo anterior, en virtud del principio de especialidad, forzando los antecedentes, habría de estimarse que se cometió el delito de detención ilegal o arbitraria, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal, en cuanto que la calidad del sujeto activo del secuestro debe ser de un particular o un empleado público que no obra en calidad de tal, lo que no sucede en los hechos investigados.
En subsidio de la absolución, invoca las circunstancias atenuantes del artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior.
En caso que la circunstancia eximente de responsabilidad criminal establecida en el artículo 10 número 10 del Código Penal, sea rechazada solicita que sea considerada como circunstancia atenuante, en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 número 1 del mismo cuerpo legal; por último solicita que de considerarse que sólo concurre una sola circunstancia atenuante de responsabilidad, se la aplique con el carácter de muy calificada, conforme al artículo 68 bis del Código Penal.



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