Santiago, veintidós de septiembre de dos mil ocho


En cuanto a la acción civil



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En cuanto a la acción civil:
SEXUAGESIMO PRIMERO: Que, el abogado Héctor Salazar Ardiles, por el primer otrosí de su escrito de fojas 1.095, en representación de doña Josefa Llidó Mengual, demandó indemnización de daños y perjuicios al Fisco de Chile, representado legalmente por la abogado Clara Szczaransky Cerda, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en Agustinas 187, Santiago, de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que expone.
Señala el demandante que se encuentra comprobado en la causa que el día 30 de septiembre o 1 de octubre de l974, el sacerdote español Antonio Llidó Mengual, fue secuestrado por funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, luego que éste intentara contactarse con una persona en las inmediaciones de calle San Antonio con Esmeralda de la ciudad de Santiago; quedando detenido sin que se haya podido saber la determinación del lugar desde donde se le secuestra; que la fecha probable del hecho ha sido posible determinar por las declaraciones de quienes le habían dado hospitalidad en su morada ante la persecución del sacerdote por parte de las autoridades militares de la época; pudiendo mucho tiempo después, por testimonios de otras personas que permanecieron privadas de libertad en recintos secretos de la DINA en Santiago y que después fueron liberadas, constatar que el sacerdote estuvo en el cuartel de la DINA de calle José Domingo Cañas por algunos días – los primeros de octubre de 1974 – para luego ser trasladado al cuartel de la DINA Cuatro Álamos, desde donde desapareció.
Agrega la parte demandante que de los antecedentes aportados por quienes estuvieron privados de libertad ha podido saberse que el sacerdote fue brutalmente torturado y que producto de los tormentos resultó seriamente lesionado.
Refiere en lo pertinente el demandante civil que de los antecedentes consignados queda en evidencia que los partícipes del secuestro, torturas y eventual homicidio del padre Antonio Llidó Mengual fueron agentes del Estado.
En cuanto al Derecho, señala que el sacerdote Antonio Llidó Mengual, fue objeto de un conjunto de delitos, cometidos en el marco de una aguda represión política llevada a cabo por agentes del Estado, al amparo de la autoridad política de la época, todo lo cual provocó un profundo impacto en su familia como comunidad religiosa a la que pertenecía y a su representada.
Expresa el demandante que en la especie los delitos cometidos en contra de Antonio Llidó Mengual, son delitos imputables al Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes. De ellos, agrega el demandante civil, deriva la responsabilidad del Estado.
Refiere el actor civil que los actos y hechos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, son imputables directamente al órgano al cual pertenecen, de lo cual resulta que la responsabilidad por los actos que causan daño a una persona, realizados materialmente por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es directamente imputable al órgano al cual dicho funcionario está adscrito.
Enseguida, al efecto, cita el demandante civil las normas de los artículos 5º incisos primero y segundo, 7º, 19, párrafo primero, y números 1, 2 y 7, del mismo, 38 inciso segundo, y 73 todos de la Constitución Política de la República; artículos 2° y 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N° 18.575; y 5° del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto a los perjuicios refiere el demandante que el Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño que no es posible de reparar en su integridad, pues nada puede devolver a la víctima junto a los suyos, por lo que califica dicho la reparación del perjuicio como algo precario e insuficiente.


Por ello, señala, hay un daño moral que se ha infringido de manera indubitable a su representada al someterla al dolor, el sufrimiento y a la angustia por la pérdida de un ser querido, quedando con un tremendo vacío para el resto de su vida.
Consecuente con lo anterior solicita el compareciente, se tenga por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidente del Consejo del Estado, doña Clara Szczaransky Cerda, por la suma de $ 500.000.000 ( quinientos millones de pesos ), por el daño moral sufrido por la señora Josefa Llidó Mengual, o lo que el tribunal estime en justicia, acogerla a tramitación y en definitiva condenar al demandado a pagar a la demandante la suma señalada o lo que el tribunal determine, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, desde la fecha de la interposición de la demanda, con costas.
SEXUAGESIMO SEGUNDO: Que doña María Teresa Muñoz Ortúzar, en lo principal del escrito de fojas 1534, por el Fisco de Chile, contestando la demanda civil de autos, opuso en primer término la excepción procesal de incompetencia absoluta del tribunal, fundada en que el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, inciso final, atendido que la reforma de la Ley Nº 18.587, que modificó el Código de Procedimiento Penal, determinó que la acción civil deducida en un proceso penal, debe fundarse en los perjuicios patrimoniales causados directamente por las propias conductas de los procesados, en seguida el juzgamiento de la pretensión civil del actor no puede extenderse a hechos ajenos a las conductas que constituyen el hecho punible, teniendo en cuenta que éste es la cara adjetiva o visión procesal de la tipicidad penal. Agrega que se pretende aplicar una responsabilidad objetiva del Estado y al efecto refiere que el Estado y sus órganos pueden causar perjuicio mediante falta de servicio, y no objetiva, que se aparta del dolo y la culpa.
En definitiva, por este aspecto, se sostiene por el Fisco de Chile que, en estas circunstancias, no se dan los supuestos necesarios previstos en el artículo 10 antes mencionado, para que al Estado se le pueda imputar responsabilidad civil.
Agrega que por sentencia de 5 de enero de 2004, en la causa Rol Nº 2.182 – 98, por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, sustanciada por el Ministro de Fuero don Alejandro Solís Muñoz, revocó la sentencia de primera instancia y acogió la excepción de incompetencia de la demanda civil, interpuesta por su parte, la que en lo pertinente sostuvo su criterio.
En cuanto al fondo niega y controvierte todos los hechos expuestos en la demanda.
En subsidio de la excepción procesal de incompetencia absoluta del tribunal planteada, opone la excepción perentoria de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios fundada en la responsabilidad extra contractual del Estado, solicitando sea consiguientemente rechazada la demanda de autos, con costas. Fundándola que se persigue la responsabilidad extracontractual del Estado de Chile por acciones de Agentes de Carabineros y del Ejercito de Chile, en hechos ocurridos en el mes de septiembre del año l973; tales hechos dañosos están constituidos por el secuestro y posterior desaparición del sacerdote Antonio Llidó Mengual, el que al tenor de la demanda, habría sido plagiado el día 1 de octubre de l974, fecha desde la cual se desconoce su paradero y la demanda de autos sólo se notificó el 19 de octubre de 2004. Por lo cual alega la prescripción invocando lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.
En subsidio alega el Fisco de Chile la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado en los términos expuestos en la demanda civil.
Explica el demandado civil que la Carta de l980 como la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la administración del Estado, son de vigencia posterior a los hechos, y solo cabe aplicar Las disposiciones de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.
Asimismo, refiere el Fisco demandado, el artículo 38 inciso 2º de la Constitución, no establece en modo alguno una responsabilidad objetiva del Estado, sino que constituye una norma procesal y adjetiva. Fundamenta lo anterior que esta norma antes de su reforma de l989, señalaba: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus órganos o de las municipalidades podrá reclamar ante los tribunales contencioso administrativos que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”; de ello, agrega el Fisco, resulta que el constituyente, a través de esta norma, estableció una jurisdicción especial para los asuntos contencioso – administrativos, considerando que por su distinta naturaleza y características, tales asuntos no quedaban comprendidos en las causas civiles y criminales de conocimiento de los tribunales ordinarios. Esta norma, enfatiza, sólo tuvo por objeto la creación de los tribunales contenciosos administrativos, por lo que no es una norma sustantiva destinada a regular la responsabilidad del Estado, sino a entregar la competencia para conocer de los asuntos referidos a los tribunales que señale la ley. Explica el Fisco que el sistema de responsabilidad extracontractual se encuentra establecido para él en el artículos 42 de la Ley Nº 18.575, que incorpora los conceptos de falta de servicio y falta personal; la primera, señala el demandado, no es una responsabilidad objetiva pues requiere “falta de servicio”, lo que descarta la idea de responsabilidad objetiva , en la que sólo se exige para que opere que se acredite la relación de causalidad entre el hecho y el daño, siendo indiferente la existencia o inexistencia de dolo o culpa.
En la especie, continua el demandado civil, por mandato del artículo 21 de esa misma ley, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, quedan excluidas de la aplicación del referido artículo 42, de la ley Nº 18.575, lo que hace necesario determinar la normativa aplicable y, como las respectivas leyes no regulan la materia, conforme a ello, corresponde al derecho común, establecido en los artículos 22314 y siguientes del Código Civil, hacerlo. Y tratándose de la acción destinada a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado, le es aplicable la norma del artículo 2.332, relativo a la prescripción, por lo que tampoco existe un estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado de carácter objetivo e imprescriptible.
En subsidio, el Fisco de Chile sostiene que la presente acción civil debe ser rechazada, atendido el exagerado monto de la indemnización solicitada a título de indemnización de perjuicios, al ser esta manifiestamente mayor en relación con otras indemnizaciones por el mismo capítulo fijadas judicialmente.

SEXUAGESIMO TERCERO: Que para una adecuada resolución de las alegaciones opuestas por el demandado Fisco de Chile, debe tenerse especialmente presente que se ha ejercido por el querellante y demandante civil de autos la señora Josefa Llidó Mengual, la acción civil de indemnización de perjuicios, que le permite constituirse como parte civil en el proceso penal, al haber el delito producido el daño moral que reclama, lo que lleva a determinar el sistema jurídico que le ofrece - como directamente ofendida - poder participar en el mismo dentro del propio proceso penal.
SEXUAGESIMO CUARTO: Que, lo anterior y para los efectos de resolver acerca de los hechos investigados y las normas atinentes a ellos, llevará al sentenciador a razonar más adelante la entidad que se le ha atribuido al delito, fuente del perjuicio cuya indemnización se solicita por la hermana de la víctima, tal como esto último se acredita con copias autenticadas de las partidas acompañadas a fojas 1 y 2 del tomo I y de fojas 1 a y del tomo I A (cuaderno agregado) de autos.
SEXUAGESIMO QUINTO: Que, así, el primer aspecto que se debe considerar, es la razón de justicia material que permiten la intervención del querellante y demandante civil, tanto en la investigación penal como en la civil que ahora se analiza.
SEXUAGESIMO SEXTO: Que tal justicia material fluye de manera clara al considerar que gracias a la intervención en lo civil dentro del proceso penal, hace que la demanda indemnizatoria siga la suerte de lo penal, por integrarse dentro del propio proceso a lo penal determinante; y, en consecuencia, significa que, por un primer orden de cosas, el acopio de pruebas del proceso penal deben recibir una valoración en la parte civil y, en segundo término, la integración permite resolver ambos aspectos de responsabilidad involucrados.
SEXUAGESIMO SEPTIMO: Que, además, la razón de justicia material resuelve el trato a la víctima que, como sujeto de derechos les deben éstos ser reconocidos, conforme a la entidad con que han sido conculcados por los agentes del delito.
Que no está demás recordar que la reparación a la víctima y a sus familiares de los perjuicios sufridos por ellos, forma parte de una institución de vasto alcance jurídico, cuyas disposiciones forman parte de todo el sistema de Derecho.
Desde luego, por un primer aspecto, es la más íntegra sanción de orden civil en contra de los hechos contrarios a la sana convivencia jurídica; y, por un segundo orden de cosas, es una efectiva medida aseguradora en contra de la contingencia en el orden patrimonial.
Por el primer aspecto - como sanción - además de aparecer formulada generalmente de modo expreso, también está instituida implícitamente al hablarse de responsabilidad, y es precisamente en esta clase de hechos ilícitos donde mejor se expresa el carácter de sanción.
SEXUAGESIMO OCTAVO: Que, enseguida, la conclusión precedentemente referida determina que si el perjudicado por el delito ha recurrido a la alternativa de integrar su demanda civil dentro del propio proceso penal, debe recibir del sistema jurídico todo el marco de derechos, con sus efectos o consecuencias, que se encuentren estrechamente relacionados y sean atinentes al desarrollo de la investigación y juzgamiento penal.
SEXUAGESIMO NOVENO: Que, así las cosas, teniendo en consideración, como ha quedado sentado en esta sentencia, el carácter de delito de lesa humanidad el sufrido por sacerdote español Antonio Llidó Mengual, ello determina que los daños causados, la posibilidad de restablecimiento de los derechos, y, en suma los móviles de la indemnización reparatoria, no se limiten simplemente al análisis de ésta en sí, sino que se extiende hasta el descubrimiento de la verdad determinante del ilícito, provocándose de esta forma la realización de la justicia material que se ha pedido al tribunal.
SEPTUAGESIMO: Que, en consecuencia, la categoría de crimen de lesa humanidad del delito establecido en este proceso, en cuanto a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también - en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares para “conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente” (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 14 de marzo de 2001, citada anteriormente), - los convenios o tratados internacionales “que deben ser interpretados y aplicados de acuerdo con las reglas generales de cumplimiento del derecho internacional y de buena fe (bonna fide), (pacta sunt servanda), regla de derecho internacional que se considera ius cogens, y además derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el que se encuentra vigente en nuestro país, desde el 27 de enero de 1980, la cual establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio Derecho Interno para eludir sus obligaciones internacionales, de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado” (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas…; página 231).
SEPTUAGESIMO PRIMERO: Que, de esta forma, el derecho de las víctimas y de sus familiares de recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno chileno, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República que señala que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.
SEPTUAGESIMO SEGUNDO: Que el artículo 6º de la misma Carta Fundamental, la cual forma parte, al igual que la disposición constitucional antes referida, de las “Bases de la Institucionalidad” - por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la Jurisdicción - ordena que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, e indica el deber categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución.
SEPTUAGESIMO TERCERO: Que, además, el mismo artículo 6º enseña que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. Y concluye señalando que “la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.
SEPTUAGESIMO CUARTO: Que, en consecuencia, no conformándose las disposiciones invocadas por el Fisco de Chile, para eximirse de responsabilidad, a la batería normativa internacional que se ha analizado con ocasión del crimen de lesa humanidad, cometido en contra de la víctima el sacerdote de nacionalidad española Antonio Llidó Mengual, plenamente aplicables por este aspecto, y siendo ellas prevalentes sobre el Derecho Interno, y estando comprometida de manera directa el honor y la responsabilidad internacional del Estado de Chile, se rechaza la excepción de incompetencia absoluta formulada por el Fisco de Chile representado en esta instancia por el Consejo de Defensa del Estado, por resultar inatinente en la especie y por este aspecto la disposición del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, como se ha razonado en razón de la categoría internacional que tiene el delito.
SEPTUAGESIMO QUINTO: Que, del mismo modo, resultan inatinentes las normas del Derecho Interno, previstas en el Código Civil, sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile, al estar en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente las víctimas y familiares de éstas, estatuto normativo internacional reconocido por Chile.
SEPTUAGESIMO SEXTO: Que, sin perjuicio de que si fueren aplicables dichas normas del derecho civil común chileno, lo que no sucede en razón de lo antes analizado, el cómputo del término correspondiente para determinar la supuesta prescripción de la acción indemnizatoria, en este caso no puede hacerse, desde que la demanda civil persigue la responsabilidad extracontractual del Estado por las acciones cometidas por los agentes de éste constitutivas de secuestro calificado, delito de carácter permanente, tal como se ha razonado con ocasión del mismo, el que continúa consumándose en el tiempo y no puede prescribir mientras no se tenga certeza sobre el destino de la víctima del mismo.
SEPTUAGESIMO SEPTIMO: Que, enseguida, corresponde resolver la alegación por parte del demandado civil Fisco de Chile, de la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado, en los términos expuestos en la demanda civil, al invocar el demandante, dice el Fisco de Chile, un conjunto de normas constitucionales y legales, otorgándoles un sentido y alcance que nunca tuvo presente el legislador, las que además carecerían de fundamento lógico, negándole aplicación a las normas del Título XXXV del Libro Cuarto del Código Civil, por el carácter público de dicha responsabilidad.
SEPTUAGESIMO OCTAVO: Que, a fin resolver adecuadamente dicha alegación planteada por el Fisco de Chile, a juicio de este sentenciador, se deben analizar dos aspectos que son básicos; primero, determinar la fuente de la obligación indemnizatoria que se demanda, y, en segundo término, si existe fundamento para concluir que el Estado de Chile debe soportar el cumplimiento de reparar los daños ocasionados.
Por el primer aspecto, como se sabe, las fuentes de las obligaciones civiles son el contrato o acuerdo de voluntades tendiente a crear actos jurídicos, el cuasi contrato, el delito, el cuasidelito, o la ley.
Sin duda, en la actualidad, hasta el más convencido positivista del Derecho Internacional Público reconoce la existencia del delito de lesa humanidad, no tan sólo como Principio Internacional, sino como norma del Derecho Internacional Público y la noción de crimen de lesa humanidad produce, como consecuencia de ello, en el ámbito del ordenamiento jurídico, la obligación para el Estado de respetar los tratados sobre la materia, de acuerdo al artículo 5º inciso segundo de la Constitución, lo que significa el deber de asegurar el cumplimiento de sus disposiciones por todos los órganos y agentes del Estado.
En consecuencia, la responsabilidad que pesa sobre el Estado en esta materia proviene en efecto, de la ley.
Pero tal obligación de responsabilidad indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de violación de los Derechos Humanos, no sólo en cualquier ley, sino en una de rango mayor como lo es la Constitución Política de la República; y no solamente deriva de ésta, sino de los Principios Generales de Derecho Humanitario y de los tratados como expresión concreta de los mismos.
Enseguida, en estos casos el Estado se encuentra obligado a soportar el pago de la indemnización reparatoria en forma directa, en virtud a la relación de derecho público entre él y la víctima y los familiares de ésta, deber que se centra en la reparación de los daños producidos por la violación en materia penal de los Derechos Humanos, pues, no se puede alcanzar en esto una comprensión precisamente humana e integral, sin tener presente en este aspecto a la víctima y su familia.
Que, en efecto el “corpus iuris” referido ha establecido la responsabilidad del Estado en materia de violación de los Derechos Humanos en forma directa, es decir, sin que sea dependiente de la responsabilidad de los agentes de éste; o bien, al concepto dado por el derecho administrativo de falta de servicio, es decir, establecer “ una mala organización o funcionamiento defectuoso de la administración” (Pedro Pierry Arrau, “La responsabilidad Extracontractual del Estado”, Revista del Consejo de Defensa del Estado, año I, julio de 2000 Nº 1, página 13).
SEPTUAGESIMO NOVENO: Que, también debe desecharse lo alegado por el Fisco de Chile, de que solamente cabe aplicar las disposiciones de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, porque la Constitución de l980, como la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, Ley 18.575, son de fecha posterior a los hechos.
En efecto, además de lo razonado anteriormente, de lo que se concluye que las normas del derecho común interno se aplican sólo si no están en contradicción con la fuente de la obligación del Estado de reparar a las víctimas y a sus familiares de las graves violaciones a los derechos humanos, obligación estatal que proviene de la Constitución, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de los Principios Generales del Derecho Internacional Humanitario, y también bajo la Carta de 1925, Chile era un Estado Constitucional de Derecho, al igual que bajo el imperio de la Constitución de l980, y le era también exigible la congruencia de aquélla con los Tratados Internacionales y los Principios Generales del Derecho Internacional; así Chile era, desde antes de los hechos de autos, signatario de la Carta de las Naciones Unidas “y se encontraba vinculado por sus decisiones y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus pactos complementarios”. Y, “junto a todos los demás Estados suscribieron la DECLARACION DE TEHERAN de l968, a través de la cual auto vincularon para ser efectivos los derechos humanos, cuyo artículo sexto señala lo siguiente: “Los Estados deben reafirmar su firme propósito de aplicar de modo efectivo los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales en relación con los derechos humanos y libertades fundamentales”. A su vez, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de l948, es claramente obligatoria y vinculante también por la remisión que a ella efectúa el artículo 29 inciso d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. (Humberto Nogueira Alcalá – Las Constituciones Latinoamericanas,… Anuario de Derecho Constitucional, Edición 2000, Editorial CIEDLA, página 183).
El fundamento anterior, además de permitir el rechazo de la alegación que por este aspecto hace el Fisco de Chile, posibilita subrayar la obligación del Estado frente a los Derechos Humanos, y demostrar su irrestricto respecto a la comunidad internacional de naciones, en cuanto éstos, por su naturaleza jurídica, constituyen obligaciones positivas y negativas del Estado, en tanto los derechos de la persona tienen como contrapartida los deberes estatales, establecidos en las disposiciones constitucionales y preceptos internacionales reconocidos y aceptados por Chile, formando parte de los Tratados y Principios Internacionales del Derecho Humanitario, que consagran la responsabilidad del Estado, las que al tener tal carácter priman por sobre otra disposición. Preceptos a los cuales el tribunal se encuentra sujeto al decidir lo sometido a su conocimiento y resolución, pues en su función éste debe conformarse primero a la batería normativa constitucional e internacional aceptada por Chile en esta materia, la cual establece claramente la responsabilidad estatal.

OCTOGESIMO: Que, en relación con el daño moral sufrido por la hermana de la víctima Antonio Llidó Mengual, esto es, la demandante civil señora Josefa Llidó Mengual, es un hecho evidente que al haber sufrido ésta el secuestro y posterior desaparecimiento de su hermano y sin siquiera poder tener hasta hoy en día el consuelo de saber el paradero de éste, permite constatar la existencia del daño moral que se reclama de su parte, y, apreciando el tribunal prudencialmente su monto se determina el mismo en la cantidad de $ 100.000.000 (cien millones de pesos).
Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 5 inciso segundo, 6º, y 7º de la Constitución Política de la República; 2314 del Código Civil; 1º, 15 nº 1, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 38, 39 50, 63, 68, 69, 79, 80, 86, y 141 del Código Penal; 10, 108, 109, 110, 111, 456 bis, 457, 458, 464, 471, 474, 477, 478, 482, 485, 488, 500, 501, 502, 503, 504, 505, y 533 del Código de Procedimiento Penal, se declara:


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