Santiago, veintidós de septiembre de dos mil ocho



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Santiago, veintidós de septiembre de dos mil ocho.
Vistos:
Que en estos autos rol N° 2182 – 98, episodio Antonio Llidó Mengual, se inició la investigación del delito de secuestro calificado, previsto en el artículo 141 inciso 1° y 4° del Código Penal, en la persona del sacerdote de nacionalidad española, Antonio Llidó Mengual; como, asimismo, a fin de indagar la responsabilidad que en calidad de autores en ese delito les habría correspondido a:
Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, chileno, casado, nacido en Santiago el 04 de mayo de 1929, RUT N° 2.334.882-9, General ® del Ejército de Chile, domiciliado en El Canelo N° 286, Condominio Club de Campo Norte, Peñalolén, procesado y condenado anteriormente;
Marcelo Luis Manuel Moren Brito, chileno, casado, nacido en Temuco el 27 de julio de 1935, RUT N° 3.392.364-3, Coronel ® del Ejército, domicilio en Avenida Américo Vespucio Sur N° 101, departamento 36, Las Condes, procesado y condenado anteriormente;
Miguel Krassnoff Martchencko, chileno, casado, nacido en Santiago, el 15 de febrero de1946, RUT N° 5.477.311-0, Brigadier de Ejército ® domiciliado en Providencia N° 1219, Santiago, procesado y condenado anteriormente;
Francisco Maximiliano Ferrer Lima, chileno, casado, nacido el 19 de enero de 1944, en Antofagasta, RUT N° 4.636,998-K, Coronel® del Ejército, domiciliado en Enrique Foster Sur N° 247, Las Condes, procesado y condenado anteriormente;

Fernando Lauriani Maturana, chileno, casado, nacido en Washington DC (EE.UU), 07 diciembre de 1949, RUN N° 5.523.768-9, domiciliado en Manquehue Norte N° 444, Dpto. 1803, Las Condes, Ingeniero en Informática y Gestión, Teniente Coronel ® del Ejército de Chile recluido actualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Gendarmería de Chile, penal “Punta de Peuco”, condenado a 5 años, como cómplice, en el proceso por secuestro calificado de “Miguel Sandoval Rodríguez”.

Orlando Manzo Durán, chileno, casado, nacido en Santiago, el 13 de febrero de 1934, domiciliado en Carmen Mena N° 1015, San Miguel, RUT N° 3.244.925-5, Oficial ® de Gendarmería, procesado y condenado anteriormente; y:
Basclay Humberto Zapata Reyes, casado, chileno, nacido en Chillán, el 22 de octubre de 1946, RUT N° 5.337.668-1, domiciliado en Barros Arana N° 1668, Iquique, suboficial ® del Ejército, procesado y condenado anteriormente.

Se inició la investigación con las querellas de fojas 68 del tomo I y 86 del tomo I -A agregado y 84 del tomo II - B agregado, de los sacerdotes Mariano Puga Concha, José Aldunate Lyon, Roberto Bolton García, Jesús Rodríguez Iglesias, Oscar Jiménez Lazo, Vicente Morales Briones, Modesto Núñez Uriel, Miguel Jordá Sureda, y Sergio Antonio Torres González; del abogado Héctor Salazar Ardiles, en representación de la hermana del directamente ofendido sacerdote Antonio Llidó Mengual, señora Josefa Llidó Mengual, quienes la deducen en contra de Augusto Pinochet Ugarte, ex Comandante en Jefe del Ejercito de Chile, Ciro Ernesto Torre Sáez, Oficial de Carabineros, oficial de Carabineros de Chile, Marcelo Moren Brito, Oficial de Ejercito, Orlando Manzo Durán, asesor de Gendarmería de Chile, por los delitos de asociación ilícita, secuestro calificado y tortura en la persona de Antonio Llidó Mengual, español, sacerdote católico, de 38 años de edad a la fecha de su desaparición.

Indican los querellantes que el sacerdote Llidó llegó a Chile enviado por la Comisión Especial de Misiones y Cooperación entre las iglesias “OCSHA”, a desempeñar su labor sacerdotal en la ciudad de Quillota, Diócesis de Valparaíso, a cargo del Obispo don Emilio Tagle Covarrubias;


Manifiestan que el padre Llidó centró su apostolado en los sectores más pobres de la región, trabajando como profesor de francés en el Liceo de esa ciudad, dedicándose, así mismo, a apoyar a los grupos estudiantiles que trabajaban en labores agrícolas de la zona.
Indican que se vinculó al grupo “Los 80”, conformado por sacerdotes chilenos y extranjeros incorporados a los “Cristianos por el Socialismo”, los cuales apoyaron la candidatura presidencial de Salvador Allende y después los objetivos de la Unidad Popular. Deducen que esta disposición personal lo hizo entrar en conflicto con los sectores más tradicionales de la Iglesia de Valparaíso y, en particular, con su obispo don Emilio Tagle Covarrubias, el cual lo suspendió de sus funciones eclesiásticas como Vicario Cooperador de la Parroquia de Quillota, pero sólo en la sede parroquial de Quillota, no de las capillas adyacentes de Limache, La Calera, etcétera, donde siguió ejerciendo su labor sacerdotal hasta el momento de su detención.
Precisan que el sacerdote Antonio Llidó Mengual siempre mantuvo su adhesión al principio de la no violencia.
Expresan que ocurrido el Golpe Militar, el 11 de septiembre de l973, el sacerdote fue buscado en Quillota por las fuerzas de seguridad del régimen militar, lo que lo obligó a dejar la región trasladándose a Valparaíso y, posteriormente, a Santiago, permaneciendo oculto.
Añaden que el primero de octubre de 1974, el sacerdote Llidó salió del lugar donde se albergaba y no regresó; siendo secuestrado y llevado a la casa de interrogación y tortura de calle José Domingo Cañas N° 1315, casi esquina de avenida República de Israel, recinto donde compartió su detención con numerosos testigos, los que dan cuenta de la práctica de la tortura que padeció; precisan que durante la segunda semana de octubre de ese año el sacerdote fue trasladado al recinto de incomunicados, también operado por la DINA, permaneciendo hasta el día 24 de ese mes, fecha en que se le obligó, junto a otros prisioneros a abandonar el lugar, con destino desconocido.
Indican que actualmente figura en la lista de detenidos desaparecidos. Y que son numerosos los testimonios que acreditan su detención, la permanencia en los recintos de la DINA, primero, en el de calle José Domingo Cañas, y, luego, en el de Cuatro Álamos, como asimismo, las torturas, malos tratos y vejámenes de que fue objeto; según éstos, precisan, el 25 de octubre de l974, el sacerdote Llidó es sacado del recinto donde se encontraba, junto al arquitecto Carlos Fajardo Wolf y el sociólogo Ariel Salinas Argomedo, son obligados a tomar sus pertenencias y abandonar el lugar con destino desconocido; fecha desde la cual se pierde toda noticia de su paradero.
Sostienen que la Iglesia Católica por medio del Nuncio Apostólico acreditado en Chile, Monseñor Sótero Sanz Villalba, con fecha 04 de noviembre de 1974, en respuesta a la nota del Director del Secretariado de la OCSHA, Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de España, señala “puedo anunciarles que según noticias dadas directamente por una alta autoridad de Gobierno, al P. Llidó está detenido y bien de salud”. Mas adelante, en la misma comunicación, agrega que” actualmente el caso de dicho sacerdote está siendo examinado por las autoridades militares, abrigándose la esperanza de que no resultar cargos extremadamente graves en contra suya, se le pueda sacar del país dentro de cierto tiempo.”
Posteriormente, continúan, esta misma alta autoridad eclesiástica informa a la Nunciatura Apostólica en España, acompañando un apunte sobre el caso, en el cual se establece que “con fecha 16 de octubre una carta anónima, daba a entender que a raíz del enfrentamiento y muerte de algunos dirigentes del MIR con la fuerzas militares, el sacerdote Llidó habría sido detenido y torturado, indicándose el lugar de la detención”.
Agregan que por su parte el embajador de España cerca de la Santa Sede, señor Gabriel Fernando de Valderrama, en nota fechada en Roma el 20 de enero de l975, dirigida al Aparejador Municipal de Javea, Alicante, señala que: “todavía no me es posible darle noticias sobre el sacerdote Antonio Llidó Mengual, pero confío poder hacerlo pronto.”
Expresan que las Comunidades Religiosas de Balones y de Cuatretondeta, Alicante, en su oportunidad, solicitaron los esfuerzos para dar con el sacerdote Llidó al señor Arzobispo de la Diócesis de Valencia, pidiéndole su intercesión ante las autoridades chilenas y los organismos que considere oportuno, las cuales al igual que las anteriores las acompañan a la querella.
Manifiestan los querellantes que en Chile, de acuerdo a lo expresado en declaración jurada de fecha 03 de julio de 1990, prestada por el sacerdote católico, de nacionalidad española, señor Jesús Rodríguez Iglesias, éste acompañado por otro sacerdote de su misma nacionalidad, realizó varias visitas al Obispo de Valparaíso, don Emilio Tagle Covarrubias, con el objeto de ubicar el paradero del sacerdote Llidó y de obtener el apoyo de esa alta autoridad eclesiástica en dicha búsqueda; en la primera visita y entrevista, realizada en el mes de marzo de l975, el señor Arzobispo señaló, según esta declaración jurada, que había hablado con un Ministro de Estado de esa época y éste le habría comunicado que: “efectivamente estaba detenido, y en un lugar de detención manifestando que estaba bien.” En la segunda oportunidad, en mayo de l975, el señor Obispo manifestó “que había hablado con una muy alta autoridad del Estado, en vista que se solucionara el problema de este sacerdote.” En la tercera oportunidad, esta ves en junio de 1975, en la visita a Valparaíso, y entrevista con el señor Obispo les expresó “que por información recibida de un Ministro de Estado, había sabido que Antonio Llidó, “al momento de ser trasladado de un recinto de detención a otro, se había fugado”.
Enfatizan que un hecho de particular trascendencia lo constituyó la entrevista con el querellado General Augusto Pinochet, llevada a cabo en el Edificio Diego Portales a fines de 1974 o en los primeros meses de 1975, en la que participaron el Obispo de Copiapó y Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Fernando Ariztía junto con el Obispo Luterano Helmuth Erich Walter Frenz Thiel, el rabino judío Ángel Kreiman y el padre jesuita Fernando Salas; entrevista que tenía por objeto entregarle al General Pinochet una lista de los detenidos desaparecidos.
Sostienen que según la declaración del Obispo Ariztía, en respuesta a la petición del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, expresa: “En esa lista recuerdo a David Silberman, ex gerente de Chuquicamata, que consta que estaba detenido, por cuya persona el rabino Kreiman tenía especial preocupación y sobre el cual el General Pinochet contestó que “había sido raptado por un comando mirista disfrazado de militares….” Y Antonio Llidó sobre el cual el general respondió inmediatamente diciendo: “ese no es cura, es un marxista….”, con lo cual se confirma que estaba en conocimiento de la detención.”
Que, explican los querellantes, la familia del sacerdote Llidó, residente en Valencia, España, realizó innumerables gestiones ante las altas autoridades españolas, incluso ante su majestad el Rey Juan Carlos Primero, solicitando, insistentemente, su intervención urgente ante el Gobierno Militar destinada a poner fin a la situación de ilegalidad que sufría el sacerdote; asimismo, agregan, el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Embajada de España en Chile, llevó a cabo gestiones oficiales ante el Ministerio de Relaciones de este país, solicitando se informara sobre el paradero del padre Llidó, intentando obtener su expulsión de Chile y/o regreso a España, esfuerzos diplomáticos y de carácter político que resultaron infructuosos; por su parte, el senado español, con fecha 30 de octubre de l979, en sesión especial analizó extensamente, a través de diferentes intervenciones de sus miembros, la situación que afectaba al padre Llidó. Mencionándose que incluso las gestiones realizadas en su favor por la embajada de Bélgica, del Cardenal Suenens, el señor Sicot, alto Comisionado de Naciones Unidas para Chile, Amnistía Internacional y de la Cruz Roja Internacional no han tenido éxito.
En definitiva, los querellantes, conforme a lo expuesto, las disposiciones legales y argumentos de derecho que expresan, piden acoger a tramitación su querella, se decreten las diligencias de investigación solicitadas, se encuentren y se sometan a proceso a los culpables y, en definitiva, se les sancione al máximo de las penas que señala la ley.
A fojas 193, rolan documentos acompañados por el Secretario Ejecutivo del Programa Continuación de la Ley N° 19.123;
A fojas 197 y 291, tomo II, rolan documentos acompañados por el Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad;
A fojas 310 y 411, tomo II, corren órdenes de investigar debidamente diligenciadas por la Policía de Investigaciones de Chile;
A fojas 404, tomo II, rola oficio reservado N° 133;
A fojas 446, tomo II, principal, rola oficio de la Ministra de Defensa Nacional señora Michelle Bachelet Jeria de fojas 446 del tomo II principal;
A fojas 95 del tomo I – A rola declaración de la señora Ángela del Carmen Santos Campos.
A fojas 96 vuelta, tomo I – A, rola declaración de la señora Consuelo del Carmen Campos Queraltó.
A fojas 98 del tomo I – A, se encuentra misiva del señor Fernando Ariztía Ruiz, Obispo de Copiapó.
A fojas 100, del tomo I – A, rola atestado del sacerdote Jesús Rodríguez Iglesias;
A fojas 103 del tomo I – A, corre atestado de Carlos Ernesto Sánchez Meza.
A fojas 106 del tomo I – A, declaración de José Eduardo Serrano Medina.
A fojas 112, 201, 237 y 311 del tomo I – A, rolan ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Policía de Investigaciones de Chile.
A fojas 225 y fojas 265 del tomo IA, fojas 129 del tomo II – B, y fojas 219 del tomo III – C, rolan declaraciones de María Isabel Caballero Santa Cruz.
A fojas 226, tomo I – A y fojas 134, tomo II – B, rola atestado de Luz Arce Sandoval;
A fojas 231 y 264 vuelta, del tomo I –A-, 142, tomo II – B y 218,tomo II – C, rolan dichos de Cecilia Orieta Jarpa Zuñiga de fojas 231 y 264 vuelta, del tomo I-A;
Declaraciones de Juan Ramón Miguel Ramírez Cortes; de fojas 232 y 263 vuelta, del tomo I-A, fajas 144, tomo II-B y 217 vueltas, tomo III-C;
Atestados de Hernán Eugenio Schwember Hernández, de fojas 233 y 266, del tomo I-A, y fojas 145, tomo II-B.
Dichos de Félix Edmundo Lebretch Díaz Pinto, de fojas 269, del tomo I-A;
Declaraciones de Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, de fojas 274, del tomo I-A;
Dichos de Nelson Ortiz Vignolo de fojas 311, tomo I-A;
Dichos de José Jaime Mora Diocares, de fojas 320, del tomo I-A;
Ordenes de investigar de fojas 93, tomo II – B y 42, tomo III –C;
Oficio del Servicio Médico Legal, de fojas 12 1, tomo II- B;
Atestado de Vicente Laureano Barzana Yutronic de fojas 207 vuelta, tomo III-C, agregado;
Declaraciones de Laureano Enrique Hernández Araya, a fojas 961;
Atestado de Daniel Javier, Walker Ramos, de fojas 965;
Dichos de Leonardo Quilodrán Burgos, de fojas 966;
De Francisco Javier Pérez Egert, de fojas 967;
De Sergio Placencia Sepúlveda, de fojas 968 y 969.
Orden de investigar diligenciada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales - B.I.P.E- de la Policía de Investigaciones, de fojas 593 en adelante del tomo II;
Declaración judicial de Fernando Gómez Segovia, de fojas 605 a 607 del tomo II y extra judicial de fojas 600 y siguientes;
Declaración del Pastor de la Iglesia Luterana, señor Helmuth Erich Walter Frenz Thiel, de fojas 711 a 713;
Dichos de Juan Ramón Miguel Ramírez Cortes de fojas 835 a 838, tomo II;
Atestado de Juan Carlos Molina Herrera, de fojas 839 a 843;
Atestado de Jesús Rodríguez Iglesias, de fojas 844 a 845;
Declaración de Consuelo del Carmen Campos Queraltó, de fojas 846;
Atestado de Jaime Daniel Valencia Rojas, de fojas 847, contenidas en el tomo II.
A fojas 1.021, se acusa a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchencko, Osvaldo Enrique Romo Mena, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Duran y Basclay Humberto Zapata Reyes como autores, del delito de secuestro calificado antes referido, en la persona del sacerdote Antonio Llidó Mengual.
A fojas 1.025 en adelante, acusa en forma particular la abogado Fabiola Letelier del Solar, en representación de los sacerdotes querellantes Mariano Puga Concha y otros.
A fojas 1.034 se tiene por abandonada la acción por parte del querellante abogado Héctor Salazar Ardiles, al no evacuar dentro de plazo, el traslado de la acusación de oficio conferido en autos
A fojas 1.067, el abogado Héctor Salazar Ardiles, en representación de la querellante Josefa Llidó Mengual, opone incidente de nulidad de lo obrado, por habérsele notificado la acusación de oficio, en domicilio distinto al consignado en el transcurso de la investigación.
A fojas 1.079 se confiere traslado del incidente a los intervinientes en el proceso.
A fojas 1.095, el abogado Héctor Salazar Ardiles en lo principal, se adhiere a la acusación y por el primer otrosí, interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, en representación de la querellante Josefa Llidó Mengual.
Se provee la presentación anulándose la actuación defectuosa de fojas 1.034 y se confiere traslado de la misma a los procesados de autos.
A fojas 1.143, la defensa del acusado Basclay Humberto Zapata Reyes opone excepciones de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, contesta la acusación y adhesiones.
A fojas 1.182, la defensa del acusado Osvaldo Enrique Romo Mena opone excepciones de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, contesta la acusación y adhesiones.
A fojas 1.212, la defensa del acusado Orlando Manzo Durán opone excepciones de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, contesta la acusación y adhesiones
A fojas 1.229, la defensa del acusado Marcelo Luis Moren Brito opone excepciones de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, contesta la acusación y adhesiones.
A fojas 1.247, la defensa del acusado Miguel Krassnoff Martchenko opone excepciones de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, en el segundo otrosí contesta la acusación y adhesiones.
A fojas 1.314, la defensa del acusado Fernando Eduardo Lauriani Maturana opone excepciones de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, contesta la acusación y adhesiones.
A fojas 1.381 y 1.447, la defensa del acusado Juan Manuel Contreras Sepúlveda opone excepciones de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, contesta la acusación y adhesiones.
A fojas 1.423, la defensa del acusado Francisco Maximiliano Ferrer Lima opone excepciones de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, contesta la acusación y adhesiones.
A fojas 1.534, el Fisco de Chile evacua el traslado conferido de la demanda civil interpuesta por la parte querellante y demandante civil.
A fojas 2.133 y siguientes el tribunal rechaza los incidentes de nulidad y las excepciones de previo y especial pronunciamiento opuestas.
A fojas 2.150, el tribunal tuvo por contestadas las acusaciones y adhesiones y recibió la causa a prueba por el término legal.
A fojas 2.188, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.
Se trajeron los autos para oír sentencia.-
CONSIDERANDO:
En cuanto a las tachas:
PRIMERO: Que la defensa del acusado Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, al contestar, solicitó tener por deducida tacha en contra de los siguientes testigos: José Eduardo Serrano Medina, Luz Arce Sandoval, Cecilia Orieta Jarpa Zuñiga, Juan Ramón Miguel Ramírez Cortes, Hernán Eugenio Schwember Hernández, Laureano Enrique Hernández Araya, Daniel Javier Walker Ramos, Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega y Francisco Javier Pérez Egert, en virtud de los números 3 y 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal.
Fundamenta las tachas en que todos los anteriores testigos han declarado constantemente ante los tribunales de justicia, de forma habitual, por tal motivo, a juicio de la defensa, no deben ser considerados testigos hábiles en virtud de lo indicado en el número 3, del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal.
Reconocen los testigos, expresa la defensa, con sus propias declaraciones sus inhabilidades ya que formaban parte de un grupo extremo como lo fue el MIR.
Por otra parte, a juicio de la defensa del acusado Contreras, debe considerarse que carecen de la imparcialidad necesaria para declarar por tener interés en el proceso en atención a su militancia política de izquierda, reconocida en sus declaraciones, que en forma evidente atenta en contra de la necesaria distancia de los hechos y objetividad que es necesaria respecto de los testigos.
Esta situación es reglamentada, se señala, en el número 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, disponiendo que tales supuestos constituyan una causal de inhabilidad que la parte solicita sea declarada por las presentes tachas.
SEGUNDO: Que la defensa del acusado Miguel Krassnoff Martchenko tachó a los testigos Ángela Santos Campos, Consuelo Campos Queraltó, Carlos Sanchez Meza, José Serrano Medina; María Caballero Santa Cruz; Luz Arce Sandoval; Orieta Jarpa Núñez; Juan Ramírez Cortés; Hernán Schwember Hernández , Félix Lebretch Díaz, Marcia Merino Vega; Nelson Ortiz Vignolo, José Mora Diocares, Vicente Barzana Yutronic; Laureano Hernández Araya; Daniel Walker Ramos; Leonardo Quilodrán Burgos; Francisco Pérez Egert; Sergio Placencia Sepúlveda, Helmuth Erich Walter Frenz Thiel; Juan Ramírez Cortés y Jaime Valencia Rojas.
Las causales legales por las que la defensa tacha a los testigos los son las del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, a saber:
La del N° 3 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que hubieren sido condenados por falso testimonio; y aquellos respecto de los que se probare que han incurrido en falsedad al prestar una declaración jurada o que se ocupen habitualmente en testificar en juicio,
Todos estos testigos, señala la defensa, han prestado y prestan declaración en todas las causas sobre derechos humanos y respecto de alguno de ellos, resoluciones judiciales han declarado que han incurrido en falsedad al prestar declaración.
La del N° 6 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, esto es, los que tuvieren enemistad con alguna de las partes, si es de tal naturaleza que haya podido inducir al testigo a faltar a la verdad";
Algunos de estos testigos, asevera la defensa, según el tenor de sus propias declaraciones, han participado en movimientos políticos “violentistas” opositores al Gobierno Militar, a quienes la Dirección de Inteligencia Nacional y grupos de Seguridad hubo de perseguir para desarticularlos, función que también le correspondió a su representado, el Brigadier de Ejercito don Miguel Krassnoff Martchenko.
Asimismo, agrega, todos ellos declararon haber estado detenidos en Centros de Detención de la Dirección de Inteligencia Nacional y haber recibido maltratos por parte de los funcionarios públicos que allí trabajaban, incluso haber sufrido torturas de su parte.
Ambas circunstancias, esto es, expresa la defensa, el haber estado adscrito a grupos violentistas contrarios al gobierno de la época y haber sido maltratados mientras estuvieran detenidos, constituye indicios de enemistad de tal gravedad, que necesariamente inducen al testigo a faltar a la verdad.
La del N° 7 del articulo 460 del Código de Procedimiento Penal, esto es, los amigos íntimos del procesado o de su acusador particular, los socios dependientes, o sirvientes de uno u otro y los cómplices y los encubridores del delito.
La amistad o enemistad deberán manifestarse por hechos graves que el tribunal calificara según las circunstancias.
Todos los testigos reconocen, asegura la defensa, haber tenido participación en grupos violentistas en los que participaba el detenido. Por ello, debe deducirse necesariamente que tienen amistad con los familiares del mismo que se adhirieron a la acusación de autos.
La del N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, esto es, los que a juicio del tribunal, carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el proceso interés directo
No es necesario fundamentar, enfatiza la defensa, que el ánimo de los testigos se basa en sus deseos de venganza, lo que manifiestamente aparece expresado en todas sus declaraciones.



La del N° 9 del articuló 460 del Código de Procedimiento Penal, esto es, los que tuvieren pleito pendiente con una de las partes, con su cónyuge, hijos, padres o hermanos, o lo hubieren tenido con resultados desfavorables en los cuatro años anteriores a la declaración.
Todos los testigos, manifiesta la defensa, han suscrito querellas, en distintas instancias judiciales, nacionales y extranjeras, en contra del ex Presidente de la República o en contra de los encausados o en contra de la .Dirección de Inteligencia Nacional lo que figura a su respecto causal de tacha.
La del N° 13 del artículo 460 de Código de Procedimiento Penal, esto es, los que declaren de ciencia propia sobre hechos que no pueden apreciar, sea por la carencia de facultades o aptitudes, sea por imposibilidad materia que resulte comprobada.
Se comprobará, asevera la defensa, que muchos de los testigos no estuvieron detenidos en los centros de detención mencionados en el proceso y tampoco lo fueron en la época que al parecer lo estuvo el desaparecido.



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