Ro nº 99, de enero de 2009



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Fdo.) Dres. Héctor Cabrera Suárez, Mauro Terán Cevallos y Viterbo Zevallos Alcívar, Magistrados.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.
RAZON: Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 14 de diciembre del 2006.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la Primera Sala Civil y Mercantil Corte Suprema.

Nº 424-06


Dentro del juicio ordinario Nº 207/2006 (recurso de casación), que por daño moral ha propuesto Alfonso Benjamín Ruilova Sánchez contra Contraloría General del Estado se ha dictado lo siguiente:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, a 19 de diciembre del 2006; a las 09h50.
VISTOS: Alfonso Benjamín Ruilova Sánchez deduce recurso de casación contra la sentencia de mayoría dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la H. Corte Superior de Justicia de Quito, dentro del juicio ordinario que, por indemnización por daño moral, sigue el recurrente contra la Contraloría General del Estado. Dicho recurso fue concedido, por lo que el proceso es conocido por la Corte Suprema de Justicia; por el sorteo de ley, se radicó en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil la competencia para el conocimiento de la causa. Una vez que ha concluido la etapa de sustanciación de este proceso de casación, para resolver se considera: PRIMERO.- El recurrente acusa al fallo de última instancia de haber infringido el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en la codificación vigente a la época en que dedujo la demanda, y los artículos innumerados a partir del anterior 2258 del Código Civil, hoy 2231 y 2232 en la codificación actual, y “siguientes” de este mismo cuerpo legal. Fundamenta su recurso de casación en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.- Estos son los límites, fijados por el propio recurrente, en los cuales se desenvolverá la actividad jurisdiccional de la Sala como Tribunal de Casación.- SEGUNDO.- En orden lógico, corresponde analizar el cargo sustentado en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Señala el recurrente que el Tribunal de última instancia ha dejado de aplicar “preceptos jurisprudenciales”, que estas sentencias de triple reiteración “a los que alude el fallo en cuestión me dan la razón en todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de derechos expuestos en el libelo de mi demanda”. Cita a continuación el texto de tres sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en sendos juicios de daño moral. Al respecto se anota: tal como ha sido configurada la acusación, se observa que carece de la debida sustentación, toda vez que al amparo de la causal tercera se formulan cargos contra un auto o sentencia porque en ella se ha producido violación de normas relativas a la valoración de la prueba, que hayan conducido a la infracción de una norma sustantiva de derecho. Lo procedente era sustentar este cargo sobre la base de la causal primera de dicho artículo, que señala que procede el recurso extraordinario cuando en la providencia impugnada exista “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.”. Finalmente, ninguno de estos fallos constituye fallo de triple reiteración sobre un mismo punto de derecho, por lo que aunque el cargo hubiese sido sustentado en la causal primera, no prosperaría al incumplirse con los requisitos que precisa el artículo 19 de la Ley de Casación para que un precedente jurisprudencial tenga el carácter de obligatorio y vinculante. Se desecha, por lo tanto, el cargo sustentado en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.- TERCERO.- En cuanto a la causal primera, el recurrente realiza las siguientes acusaciones: 1) Que el artículo 20 de la Constitución Política, vigente a la época en que se dedujo la demanda, establecía que es obligación del Estado y más entidades del sector público indemnizar a los particulares por los perjuicios que les ocasionaren como consecuencia de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos; omitiendo esta norma e infringiendo por ello el deber consignado en el artículo 273 de la Carta Política, la sentencia impugnada no aplicó esta disposición, y por ello, se ignoró igualmente el contenido del artículo 23 Nº 8 ibídem, que garantiza el derecho a la honra y a la reputación de toda persona, garantía relacionada con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 11 de la Convención Americana sobre los derechos Humanos. 2) Que al ignorar estas normas, se inaplicaron los artículos 2231 y 2232 del Código Civil, que establecen el derecho de una persona que ha sufrido daño moral a reclamar las correspondientes indemnizaciones, lo cual fue negado por el Tribunal ad quem a pesar de haberse configurado todos los elementos necesarios para declarar con lugar esta demanda.- CUARTO.- En el voto de mayoría del Tribunal ad quem, se establece que las salas de lo civil y mercantil de la Corte Suprema han emitido fallos de triple reiteración, que constituyen precedentes jurisprudenciales obligatorios y vinculantes, “[…] en el sentido de que la acción por daño moral es independiente de la acción penal, que no existe prejudicialidad pero que si la acusación particular o la denuncia fueron calificadas como temerarias o maliciosas no podrá intentarse reparación alguna de daño moral.”. Se cita, entre otros, el fallo Nº 189 de 2 de mayo del 2000, publicado en el Registro Oficial 108 de 28 de junio del 2000, dictado por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de esta Corte, que en lo principal señala: “El ejercicio abusivo del derecho que ocasiona daño a la persona o patrimonio de otro puede constituir delito si dicho ejercicio se lo ha hecho con malicia o cuasidelito si se lo ha hecho con culpa. Dentro del abuso del derecho, el Código de Procedimiento Penal contempla los casos de la denuncia y de la acusación particular maliciosa o temeraria… Cuando la acusación particular o la denuncia fuere calificada como no temeraria ni maliciosa no podrán intentar acción alguna de reparación de daño moral como tampoco de indemnización de daños y perjuicios contra quien la presentó…”. Concluye el Tribunal ad quem que -en la especie-, al haberse declarado por parte de la antigua Sexta Sala de la Corte Superior de Quito que la denuncia propuesta por la Contraloría General del Estado no fue ni maliciosa ni temeraria, se estableció con claridad “[…] que no existió abuso de derecho por parte del denunciante y que la denuncia presentada no fue maliciosa ni temeraria. Esta circunstancia obliga a la Sala a aplicar los fallos de triple reiteración citados y admitir la excepción principal de improcedencia por falta de derecho del actor alegada por la Contraloría General del Estado.”.- QUINTO.- En el caso sub lite, se trata de un juicio de indemnización por daño moral propuesto por el hoy recurrente contra la Contraloría General del Estado, en la persona del señor Contralor de ese entonces, Juan Carlos Faidutti, por cuanto dicha entidad, tal como tal se relata en el libelo de demanda (fojas 1-6 del cuaderno de primera instancia), le encausó penalmente con fundamento en el informe que elaboró un equipo de auditores de la institución, relacionado con una contratación de seguros para funcionarios y empleados del Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario (P.R.S.A.) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, proyecto del cual el hoy recurrente fue Director; procesamiento penal que alega fue por demás injusto y constituyó a todas luces un ejercicio abusivo del derecho por parte de la Contraloría. La discrepancia del recurrente con el fallo de última instancia gira, pues, en torno a la conclusión del Tribunal ad quem de que el actor no tenía derecho a las indemnizaciones previstas en los actuales artículos 2231 y 2232 del Código Civil, por cuanto existió, por parte de la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, declaratoria expresa de que la denuncia penal presentada por la Contraloría no fue maliciosa ni temeraria.- SEXTO.- El artículo 2231 del Código Civil señala que las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no solamente si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también daño moral; el artículo 2232 ibídem establece que esta indemnización podrá reclamarse, a título de reparación, por quien haya sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta, y además dice: “Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes./ La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a la prudencia del Juez la determinación del valor de la indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de este artículo.”. Conforme señala el recurrente, el daño moral cuya reparación demanda, tendría su origen en la denuncia que la Contraloría presentó en su contra, y el Juez de la causa tenía la obligación de examinar antes de dictar el auto cabeza de proceso, si el hecho denunciado constituía infracción penal, so pena de pagar los daños y perjuicios ocasionados; en esa denuncia (fojas 332-335 del cuaderno de segunda instancia), el doctor Gustavo Gabela Reyes, en su calidad de Director Jurídico de la Controlaría General del Estado, dijo: “Del estudio del informe pericial del examen especial practicado por el Organismo Superior de Control al proceso de adjudicación de la contratación de seguros a la Compañía National Western Life Insurance Company, del Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario P.R.S.A., del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por el período comprendido entre el 19 al 31 de marzo de 1991, cuyo ejemplar me permito acompañar, se desprenden los siguientes ilícitos que determinan presunciones de responsabilidad penal: En el proceso de invitación, calificación y adjudicación de los seguros de vida para los funcionarios y empleados del Proyecto para la Reorientación del sector Agropecuario, se violaron expresas disposiciones establecidas en la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, Ley General de Compañías de Seguros, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de Compañías, Reglamento para la Intermediación de Agentes Corredores, Agencias Colocadoras de Seguros e Intermediarios de Reaseguros y disposiciones del Convenio de Crédito Externo y Fondos no Reembolsables, Proyecto AID 518-0051 y Préstamo de AID 518-T-063, presumiéndose con esto que se benefició a la agente aseguradora, permitiéndole realizar negociaciones que no estaban permitidas por la ley. Para este fin se presume, además, que se hizo una invitación para participar en el concurso y se formuló un acta justificatoria de la adjudicación que contiene hechos que no corresponden realmente a lo que sucedió…”. Y a continuación señala que el hoy recurrente, cuando ejerció sus funciones como Director Ejecutivo del mencionado proyecto, no “[…] realizó o dispuso acciones de control para verificar que la agencia colocadora invitada, la agente que actuó en las negociaciones, así como las compañías aseguradoras que constan en la oferta, hayan cumplido con las normas legales que les permitan operar en le país y ofrecer los mencionados seguros”, por lo que, en definitiva, se desprenden “graves indicios de responsabilidad penal”, contra Alfonso Ruilova Sánchez y otras personas, y por ello se solicita iniciar el correspondiente auto cabeza de proceso “[…] en el que se sindique y ordene la detención a dichas personas y más autores…ordenando a su vez la práctica de las diligencias tendientes a la organización del sumario y disponer las medidas cautelares establecidas en el Código de Procedimiento Penal.”.- SEPTIMO.- En el ámbito de su competencia, la Contraloría General del Estado, como organismo técnico superior de control, dirigido y representado por el Contralor General del Estado (Art. 211 de la Constitución Política de la República), tiene atribuciones para controlar los ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Para ello, señala la norma citada, “Realizará auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores, y se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. Su acción se extenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan.”. El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone en detalle las facultades de auditoría y control que puede realizar la institución a la gestión de toda entidad y organismo del sector público, así como de sus servidores y funcionarios. En especial, el numeral 15 de dicha norma dice que es deber de la Contraloría “Actuar coordinadamente con el Ministerio Público para iniciar y proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos. Los funcionarios actuantes de la Contraloría General del Estado que, en ejercicio indebido de sus facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables”. El antiguo artículo 303 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, LOAFYC -norma que regía a la época en que se originaron los hechos materia de la controversia- establecía en su numeral 17 como facultad de la Contraloría, “Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las normas de que trata esta ley; responsabilidades civiles, por el perjuicio económico sufrido por la entidad u organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus servidores, y presunciones de responsabilidad penal mediante la determinación de hechos incriminados por la ley…”. De lo dicho se desprende que la acción de la Contraloría no fue, de manera alguna, ilícita, sino el producto del cumplimiento de una obligación legal y del deber de comparecer a los organismos de justicia en uso del derecho que concede a toda persona la Constitución, tanto más que al Juez de la causa le correspondía examinar, previamente, al inicio del auto proceso, si los hechos narrados en la denuncia constituyan infracción penal, so pena de pagar daños y perjuicios de acuerdo a lo establecido al artículo 219 del Código de Procedimiento Penal de 1983.- OCTAVO.- A la época en que se dedujo la demanda, estaba vigente el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal de 1983, que decía: “Por lo tanto, no podrá demandarse la indemnización civil mientras no exista una sentencia penal condenatoria firme que declare a una persona responsable penalmente de la infracción.”. En la especie, el Tribunal de última instancia concluyó que la Contraloría no ejerció abusivamente su derecho a la jurisdicción al presentar su denuncia, en la que, con fundamento en el numeral 17 del artículo 303 de la LOAFYC presumió graves indicios de responsabilidad penal contra el hoy recurrente y otras personas. Dicha denuncia tuvo, pues, fundamento en la facultad de control y determinación de responsabilidades de dicho organismo, y conforme consta de la copia certificada a fojas 1048 a 1051 del cuaderno de segundo nivel, la ex Sexta Sala de la Corte Superior de Quito declaró expresamente que la denuncia propuesta por la entidad de control no fue ni maliciosa ni temeraria, “[…] atenta la circunstancia que el denunciante, doctor Gustavo Gavela Reyes, no lo hizo por derecho propio, sino en su condición de Director Jurídico de la Contraloría General del Estado, en mérito de la documentación de fs. 5-6 y 7 y tomando en cuenta el informe especial practicado por el Organismo Superior de Control al proceso de adjudicación de la contratación de seguros a la compañía National Western Life Insuranse Company por parte del Proyecto de Reorganización del Sector Agropecuario, P.R.S.A., del Ministerio de Agricultura y Ganadería.”. Es preciso preguntarse si el hoy actor estaba o no facultado para deducir esta acción de indemnización del daño contra su acusador particular cuanto en aquel proceso, que concluyó mediante auto de sobreseimiento definitivo, se declaró además expresamente por el juzgador penal que la acusación particular o la denuncia no fue temeraria ni maliciosa. Conforme se ha indicado antes, a la época en que se dedujo la demanda (presentada el 11 de abril de 1995, razón a foja 6 del cuaderno de primer nivel; calificada y aceptada a trámite el 25 de abril de 1995, providencia a foja 7; perfeccionada la citación el 12 de julio del mismo año, según razón a foja 8), estaba vigente el Código de Procedimiento Penal de 1983, cuyos artículos 16 y 17 establecían que, si en el ejercicio de la acción penal, la acusación no es declarada maliciosa ni temeraria, no procede el pago de las indemnizaciones civiles, en este caso, por daño moral. ¿Cuál es el sentido de estas normas? Es preciso señalar que, de suyo, el ejercicio de la acción penal no es contrario a derecho, porque la Constitución consagra como derecho fundamental el de acceso a la jurisdicción. Entonces, si dicho ejercicio se conduce dentro de los parámetros constitucionales y legales, no origina el deber de indemnizar. Tanto es así que nuestro ordenamiento jurídico estableció expresamente que el derecho a reclamar las indemnizaciones de daño patrimonial y de daño moral dependen de si el juzgador penal que conoce del proceso en el que se ha deducido la acusación particular o se ha presentado la denuncia y al calificarla, establece que dicha actuación es ilícita, sea por temeridad o malicia. Como dijo esta Primera Sala en fallo Nº 287 de 6 de julio del 2000, publicado en el Registro Oficial 140 de 14 agosto del mismo año, y en la Gaceta Judicial Serie XVII, Nº 3, pp. 609-612, “[…] Cuando el legislador, en el artículo tercer innumerado que se mandó agregar a continuación del artículo 2258 [hoy 2234] del Código Civil por la Ley Nº 171, promulgada en el Registro Oficial Nº 779 de 4 de julio de 1984, dijo que las indemnizaciones por daño moral son independientes por su naturaleza, de las que, en los casos de muerte, incapacidad para el trabajo u otros semejantes, regulan otras leyes, no dijo ni podía decir que se deba indemnización por daño moral por acciones u omisiones lícitas, lo que dice es que la reparación del daño moral no se halla comprendida en la reparación del daño patrimonial, que una y otra son obligaciones independientes entre sí de tal manera que la suerte que corra la una no afecta a la otra por lo que, inclusive, puede reclamarse el daño moral aunque se haya satisfecho la indemnización patrimonial como, por ejemplo. El pago de un seguro de vida, de enfermedad etcétera, sin embargo, las dos se originan en una misma causa de la cual son dependientes, de tal manera que si la causa no existe no exigible ni una ni otra. En consecuencia no cabe reclamar indemnización de daño moral (como tampoco de daño patrimonial) por haberse presentado una denuncia o una acusación particular dentro de un proceso penal, si es que tal denuncia o acusación particular no ha sido calificada como temeraria o maliciosa por el Juez de la causa mediante resolución definitiva; calificación que, de conformidad con lo que dispone el inciso segundo del artículo 16 del vigente Código de Procedimiento Penal, es prerrequisito para que prospere la acción indemnizatoria tanto de los daños patrimoniales como de los morales, conforme se concluye del análisis que antecede.”. En consecuencia, el Tribunal de última instancia no ha infringido las normas citadas como infringidas sino que las ha aplicado adecuadamente al caso, por lo que el cargo sustentado sobre la base de la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación debe ser rechazado. Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la H. Corte Superior de Justicia de Quito por hallarse ajustada a derecho. Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Héctor Cabrera Suárez (VS), Mauro Terán Cevallos y Viterbo Zevallos Alcívar, Ministros Jueces.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR HECTOR CABRERA SUAREZ.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, a 19 de diciembre del 2006; a las 09h50.
VISTOS: Alfonso Benjamín Ruilova Sánchez deduce recurso de casación contra la sentencia de mayoría dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la H. Corte Superior de Justicia de Quito, dentro del juicio ordinario que, por indemnización por daño moral, sigue el recurrente contra la Contraloría General del Estado. Dicho recurso fue concedido, por lo que el proceso es conocido por la Corte Suprema de Justicia; por el sorteo de ley, se radicó en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil la competencia para el conocimiento de la causa. Una vez que ha concluido la etapa de sustanciación de este proceso de casación, para resolver se considera: PRIMERO.- El recurrente acusa al fallo de última instancia de haber infringido el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en la codificación vigente a la época en que dedujo la demanda, y los artículos innumerados a partir del anterior 2258 del Código Civil, hoy 2231 y 2232 en la codificación actual, y “siguientes” de este mismo cuerpo legal. Fundamenta su recurso de casación en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.- Estos son los límites, fijados por el propio recurrente, en los cuales se desenvolverá la actividad jurisdiccional de la Sala como Tribunal de Casación.- SEGUNDO.- En orden lógico, corresponde analizar el cargo sustentado en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Señala el recurrente que el Tribunal de última instancia ha dejado de aplicar “preceptos jurisprudenciales”, que estas sentencias de triple reiteración “a los que alude el fallo en cuestión me dan la razón en todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de derechos expuestos en el libelo de mi demanda”. Cita a continuación el texto de tres sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en sendos juicios de daño moral. Al respecto se anota: tal como ha sido configurada la acusación, se observa que carece de la debida sustentación, toda vez que al amparo de la causal tercera se formulan cargos contra un auto o sentencia porque en ella se ha producido violación de normas relativas a la valoración de la prueba, que hayan conducido a la infracción de una norma sustantiva de derecho. Lo procedente era sustentar este cargo sobre la base de la causal primera de dicho artículo, que señala que procede el recurso extraordinario cuando en la providencia impugnada exista “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.”. Finalmente, ninguno de estos fallos constituye fallo de triple reiteración sobre un mismo punto de derecho, por lo que aunque el cargo hubiese sido sustentado en la causal primera, no prosperaría al incumplirse con los requisitos que precisa el artículo 19 de la Ley de Casación para que un precedente jurisprudencial tenga el carácter de obligatorio y vinculante. Se desecha, por lo tanto, el cargo sustentado en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.- TERCERO.- En cuanto a la causal primera, el recurrente realiza las siguientes acusaciones: 1) Que el artículo 20 de la Constitución Política, vigente a la época en que se dedujo la demanda, establecía que es obligación del Estado y más entidades del sector público indemnizar a los particulares por los perjuicios que les ocasionaren como consecuencia de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos; omitiendo esta norma e infringiendo por ello el deber consignado en el artículo 273 de la Carta Política, la sentencia impugnada no aplicó esta disposición, y por ello, se ignoró igualmente el contenido del artículo 23 Nº 8 ibídem, que garantiza el derecho a la honra y a la reputación de toda persona, garantía relacionada con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 2) Que al ignorar estas normas, se inaplicaron los artículos 2231 y 2232 del Código Civil, que establecen el derecho de una persona que ha sufrido daño moral a reclamar las correspondientes indemnizaciones, lo cual fue negado por el Tribunal ad quem a pesar de haberse configurado todos los elementos necesarios para declarar con lugar esta demanda.- CUARTO.- En el voto de mayoría del Tribunal ad quem, se establece que las salas de lo civil y mercantil de la Corte Suprema han emitido fallos de triple reiteración, que constituyen precedentes jurisprudenciales obligatorios y vinculantes, “[…] en el sentido de que la acción por daño moral es independiente de la acción penal, que no existe prejudicialidad pero que si la acusación particular o la denuncia fueron calificadas como temerarias o maliciosas no podrá intentarse reparación alguna de daño moral.”. Se cita, entre otros, el fallo Nº 189 de 2 de mayo del 2000, publicado en el Registro Oficial 108 de 28 de junio del 2000, dictado por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de esta Corte, que en lo principal señala: “El ejercicio abusivo del derecho que ocasiona daño a la persona o patrimonio de otro puede constituir delito si dicho ejercicio se lo ha hecho con malicia o cuasidelito si se lo ha hecho con culpa. Dentro del abuso del derecho, el Código de Procedimiento Penal contempla los casos de la denuncia y de la acusación particular maliciosa o temeraria… Cuando la acusación particular o la denuncia fuere calificada como no temeraria ni maliciosa no podrán intentar acción alguna de reparación de daño moral como tampoco de indemnización de daños y perjuicios contra quien la presentó…”. Concluye el Tribunal ad quem que -en la especie-, al haberse declarado por parte de la antigua Sexta Sala de la Corte Superior de Quito que la denuncia propuesta por la Contraloría General del Estado no fue ni maliciosa ni temeraria, se estableció con claridad “[…] que no existió abuso de derecho por parte del denunciante y que la denuncia presentada no fue maliciosa ni temeraria. Esta circunstancia obliga a la Sala a aplicar los fallos de triple reiteración citados y admitir la excepción principal de improcedencia por falta de derecho del actor alegada por la Contraloría General del Estado.”.- QUINTO.- En el caso sub lite, se trata de un juicio de indemnización por daño moral propuesto por el hoy recurrente contra la Contraloría General del Estado, en la persona del señor Contralor de ese entonces, Juan Carlos Faidutti, por cuanto dicha entidad, tal como tal se relata en el libelo de demanda (fojas 1-6 del cuaderno de primera instancia), le encausó penalmente con fundamento en el informe que elaboró un equipo de auditores de la institución, relacionado con una contratación de seguros para funcionarios y empleados del Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario (P.R.S.A.) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, proyecto del cual el hoy recurrente fue Director; procesamiento penal que alega fue por demás injusto y constituyó a todas luces un ejercicio abusivo del derecho por parte de la Contraloría. La discrepancia del recurrente con el fallo de última instancia gira, pues, en torno a la conclusión del Tribunal ad quem de que el actor no tenía derecho a las indemnizaciones previstas en los actuales artículos 2231 y 2232 del Código Civil, por cuanto existió, por parte de la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, declaratoria expresa de que la denuncia penal presentada por la Contraloría no fue maliciosa ni temeraria.- SEXTO.- El artículo 2231 del Código Civil señala que las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no solamente si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también daño moral; el artículo 2232 ibídem establece que esta indemnización podrá reclamarse, a título de reparación, por quien haya sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta, y además dice: “Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes./ La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a la prudencia del Juez la determinación del valor de la indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de este artículo.”. Conforme señala el recurrente, el daño moral cuya reparación demanda, tuvo su origen en el proceso penal que la Contraloría inició en su contra, como se puede comprobar de las copias certificadas del proceso penal que esa institución inició en contra suya. En esa denuncia (fojas 332-335 del cuaderno de segunda instancia), el doctor Gustavo Gabela Reyes, en su calidad de Director Jurídico de la Controlaría General del Estado, dijo: “Del estudio del informe pericial del examen especial practicado por el Organismo Superior de Control al proceso de adjudicación de la contratación de seguros a la Compañía National Western Life Insurance Company, del Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario P.R.S.A., del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por el período comprendido entre el 19 al 31 de marzo de 1991, cuyo ejemplar me permito acompañar, se desprenden los siguientes ilícitos que determinan presunciones de responsabilidad penal: En el proceso de invitación, calificación y adjudicación de los seguros de vida para los funcionarios y empleados del Proyecto para la Reorientación del sector Agropecuario, se violaron expresas disposiciones establecidas en la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, Ley General de Compañías de Seguros, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de Compañías, Reglamento para la Intermediación de Agentes Corredores, Agencias Colocadoras de Seguros e Intermediarios de Reaseguros y disposiciones del Convenio de Crédito Externo y Fondos no Reembolsables, Proyecto AID 518-0051 y Préstamo de AID 518-T-063, presumiéndose con esto que se benefició a la agente aseguradora, permitiéndole realizar negociaciones que no estaban permitidas por la ley. Para este fin se presume, además, que se hizo una invitación para participar en el concurso y se formuló un acta justificatoria de la adjudicación que contiene hechos que no corresponden realmente a lo que sucedió…”. En la denuncia se señala que el hoy recurrente, cuando ejerció sus funciones como Director Ejecutivo del mencionado proyecto, no “[…] realizó o dispuso acciones de control para verificar que la agencia colocadora invitada, la agente que actuó en las negociaciones, así como las compañías aseguradoras que constan en la oferta, hayan cumplido con las normas legales que les permitan operar en le país y ofrecer los mencionados seguros”, por lo que, en definitiva, se desprenden “graves indicios de responsabilidad penal” contra Alfonso Ruilova Sánchez y otras personas, y por ello se solicita iniciar el correspondiente auto cabeza de proceso “[…] en el que se sindique y ordene la detención a dichas personas y más autores…ordenando a su vez la práctica de las diligencias tendientes a la organización del sumario y disponer las medidas cautelares establecidas en el Código de Procedimiento Penal.”.- SEPTIMO.- En el ámbito de su competencia, la Contraloría General del Estado, como organismo técnico superior de control, dirigido y representado por el Contralor General del Estado (Art. 211 de la Constitución Política de la República), tiene atribuciones para controlar los ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Para ello, señala la norma citada, “Realizará auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores, y se pronunciará sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. Su acción se extenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan.”. El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone en detalle las facultades de auditoría y control que puede realizar la institución a la gestión de toda entidad y organismo del sector público, así como de sus servidores y funcionarios. En especial, el numeral 15 de dicha norma dice que es deber de la Contraloría “Actuar coordinadamente con el Ministerio Público para iniciar y proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos. Los funcionarios actuantes de la Contraloría General del Estado que, en ejercicio indebido de sus facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables”. El antiguo artículo 303 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, LOAFYC -norma que regía a la época en que se originaron los hechos materia de la controversia- establecía en su numeral 17 como facultad de la Contraloría, “Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las normas de que trata esta ley; responsabilidades civiles, por el perjuicio económico sufrido por la entidad u organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus servidores, y presunciones de responsabilidad penal mediante la determinación de hechos incriminados por la ley…”. Así, pues, la Contraloría General del Estado tiene plena competencia para presentar las denuncias penales que sean del caso, mas ello no significa que en el ejercicio de ese derecho, pueda cometer un abuso que se enmarque eventualmente en los supuestos de hecho previstos en los actuales artículos 2231 y 2232 del Código Civil.- OCTAVO.- En efecto, se trata en la especie no solamente del inicio de una acción penal contra el hoy recurrente, tal como se ha establecido en los considerandos que anteceden, sino además en las consecuencias que el accionar de la Contraloría ocasionó respecto al demandante, accionar que debía ser calificado de conformidad con las disposiciones que sirvieron de fundamento de derecho a la demanda. En esta se señala: 1) Que hubo falsas presunciones de responsabilidad penal imputadas al demandado por parte de un equipo de auditores de la Contraloría General del Estado. 2) Que el procesamiento penal fue injustificado y la orden de prisión dictada en su contra provocó también otras medidas, como el cierre de sus cuentas corrientes, la prohibición de enajenar sus bienes, y su arraigo, dictadas por el Juez Noveno de lo Penal de Pichincha en el proceso Nº 403-91, lo que afectó su honor, dignidad y patrimonio. 3) Que fue sujeto de una persecución implacable por parte de la Contraloría, lo que le ocasión sufrimientos físicos y psíquicos, angustia, ansiedad y humillaciones, así como ofensas reiteradas. 4) Que el informe que motivó la actuación de la Contraloría se basó en hechos completamente falsos, pues el hoy demandante nunca celebró contrato de seguro alguno en su calidad de Director del proyecto PRSA-MAG con la National Western Life Insurance Company, por lo que es un absurdo que los auditores hayan redactado un informe en el sentido de que el hoy actor incurrió en supuestos de responsabilidad penal, acción que fue totalmente intencionada a dañar su honra, “con la finalidad de engañar a la justicia (en la denuncia penal incoada en mi contra)”, pues reitera que las pólizas materia de ese informe nunca llegaron a ser elaboradas, entonces, ¿cómo acusarle de que manejó indebidamente fondos del Proyecto PRSA cuando en realidad estos nunca fueron desembolsados a favor de la compañía aseguradora?. Finalmente, señala que la Contraloría nunca aportó pruebas sobre la existencia del supuesto delito que maliciosamente le imputó, ni sobre la supuesta responsabilidad del compareciente, lo que motivó que finalmente se le sobreseyera de todo cargo, pero este sobreseimiento no fue suficiente para reparar todo el daño que se le hizo por parte de los auditores de Contraloría.- NOVENO.- Quien es víctima del ejercicio abusivo del derecho a denunciar o acusar un hecho como ilícito penal, puede dentro del mismo proceso que se ha originado en virtud de tal acusación o denuncia, reclamar y pedir que se la califique como maliciosa o temeraria, pero también puede abstenerse de hacerlo; pero en este segundo caso ello no implica que el abuso del derecho no se haya producido. Como dice Carlos Fernández Sessarego, Abuso del Derecho, Buenos Aires, Astrea, 1992, pp. 143-144, con cuyo criterio coincide esta Sala, “El acto realizado en el ejercicio de un derecho es, en principio, un acto lícito, un comportamiento permitido por la ley. Pero, a través del llamado abuso del derecho, dicho comportamiento jurídicamente admitido, se convierte en un fenómeno que consiste en el ejercicio excesivo, irregular, desconsiderado, anormal y, en cualquier caso, antisocial de un derecho subjetivo susceptible de causar daño en relación con un interés ajeno. Es decir, sustancialmente contrario a la moral social. De este modo, no obstante sustentarse originariamente en un acto lícito, mediante una actuación socialmente inadmisible, aquel derecho subjetivo deja de ser «un derecho» para convertirse, transpuesto cierto límite que debe ser apreciado por el juez, en un acto que ya no es lícito y con el que se incurre, más bien, en la transgresión de un deber genérico de respeto al interés de los demás. No puede perderse de vista que la solidaridad se traduce más intensamente a través de los deberes que de los derechos. Se trataría así del incumplimiento de un genérico deber impuesto por el ordenamiento positivo al titular del derecho, dentro de una específica situación jurídica subjetiva. O, de no existir un dispositivo expreso en dicho ordenamiento, estaríamos frente a un acto que es contrario a los principios generales del derecho, como aquel de la buena fe y de las buenas costumbres, principios que se inspiran, preponderantemente, en el valor de la solidaridad.”. En nuestro ordenamiento legal no existe una disposición general que condene el abuso del derecho, pero este principio del derecho universal se halla recogido en diversas normas tales como en el primer artículo innumerado que se mandó agregar a continuación del artículo 2258 del Código Civil, cuando dice que están especialmente obligados a la reparación del daño moral quienes “[...] provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados...” y precisamente fueron los denunciantes, funcionarios de la Contraloría, quienes solicitaron las diversas medidas cautelares que efectivamente se dictaron contra el hoy actor, abusando evidentemente de su derecho a la acción, pues de los recaudos procesales consta claramente que el hoy recurrente no cometió delito alguno ni se demostró su responsabilidad penal, tanto es así que fue sobreseído en primera y segunda instancia, e inclusive en primer nivel, el señor Juez Noveno de lo Penal de Pichincha calificó la denuncia propuesta por la Contraloría como maliciosa y temeraria (fojas 86 a 90), lo que evidencia abuso del derecho por parte de esa institución, y un supuesto de hecho que se enmarca perfectamente dentro de los supuestos de hecho previstos en los hoy artículos 2231 y 2232 del Código Civil, por lo que el Tribunal de última instancia ha interpretado erróneamente y ha inaplicado, en consecuencia, dichas normas, y cabe casar la sentencia y dictar en su lugar la que corresponda, conforme establece el artículo 16 de la Ley de Casación.- DECIMO.- La Sala reitera que, cuando no se ha reclamando dentro del proceso penal, la víctima del abuso del derecho puede iniciar las acciones que la ley le franquea para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y la reparación del daño moral, ante la jurisdicción civil en juicio de conocimiento que se ha de tramitar por la vía ordinaria. El abuso del derecho no es un accesorio del proceso penal en que el objeto es el delito acusado o denunciado. Unicamente por economía procesal, el legislador prorrogó la competencia de los jueces penales al tema indemnizatorio que es de naturaleza civil; siendo como es un mecanismo de economía procesal y no un asunto inherente a la naturaleza del asunto, puede perfectamente el agraviado renunciar a ese mecanismo de economía procesal, no reclamar por el atropello en el proceso penal y acudir a la justicia civil con su reclamación. En la especie, conforme se señaló en el considerando que antecede, la injusta denuncia penal propuesta por la Contraloría General del Estado contra el hoy actor le ocasionó daño moral, el cual debe ser reparado, pues nadie está obligado a sufrir injustamente un daño, tal como lo garantizan los artículos 2231 y 2232 del Código Civil. En este sentido, pues, y conforme las constancias procesales, las excepciones propuestas por la Contraloría -que en lo fundamental atañen a la falta de derecho del actor para deducir la acción- carecen de sustento pues a lo largo del proceso se han probado plenamente cada una de las pretensiones invocadas por el actor. Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la H. Corte Superior de Justicia de Quito, y en su lugar, declara con lugar la demanda, y fija la condena que por concepto de indemnización por daño moral deberá pagar la Contraloría General del Estado al Ing. Alfonso Benjamín Ruilova Sánchez en USD 280.000. Se deja a salvo el derecho de la Contraloría para que inicie las acciones que estime convenientes contra los funcionarios que provocaron el daño.- Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.



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