Área temática de salud. Informe anual 2010


El derecho a la salud de la población penitenciaria



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El derecho a la salud de la población penitenciaria.


Desde hace varios años las personas privadas de libertad en centros penitenciarios andaluces nos escriben cada vez en mayor número, exponiendo toda la amplia diversidad de problemas que les afectan, sin que falte ninguno; incluso las cuestiones familiares o de su vida privada las plantean buscando nuestra ayuda, nuestro consejo o algún tipo de mediación ante las autoridades penitenciarias que alivie su situación o acorte su libertad perdida.

Primero comienzan a escribir tímidamente; luego, conforme nos iban conociendo en mayor medida y en los últimos tiempos el número de los que acuden a nosotros supera cada año la cifra de las trescientas quejas, a las que aún hay que sumar algunas que nos llegan remitidas por asociaciones y también otras que iniciamos de oficio.

Si hablamos de los derechos constitucionales de las personas encarceladas, no podemos olvidar que la dignidad de la persona, los derechos individuales que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás (artículo 10.1 C.E.) han de estar continuamente presentes en nuestros trabajos de ámbito penitenciario. Porque si para toda persona detenida o presa rigen las salvaguardas constitucionales que se recogen en el artículo 17 (garantías en las detenciones, brevedad de éstas, derechos de información y asistencia jurídica) además de la presunción de inocencia de que todos gozamos, para las personas condenadas, la Constitución recuerda el mantenimiento de sus derechos constitucionales, cuando afirma -artículo 25.2- que «el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad».

Antes, el citado precepto ha señalado la orientación que han de seguir las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad: la reeducación, que elimine los factores criminógenos que pudieran presentarse en los internos, y la reinserción social de éstos.

Inmediatamente debemos conectar el mantenimiento de sus derechos constitucionales de que nos habla el precepto aludido con el principio de igualdad que cubre y ampara a todos los españoles, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por ningún motivo -como detalla el artículo 14 del texto constitucional- ni por ”cualquier otra condición o circunstancia personal o social” distinta de las que allí se enumeran. Por ejemplo, no puede darse discriminación alguna por el hecho de que una persona esté internada en un establecimiento penitenciario.

Y de ello queremos hablar aquí a propósito de las numerosas quejas que recibimos, que continuamos recibiendo, en materia de asistencia sanitaria, una de las más habituales en los escritos que nos hacen llegar los presos y sus familiares.

Por lo que llevamos visto, oído e investigado en estos últimos años, la sanidad penitenciaria entendida en su globalidad, y no sólo en el concepto restringido de la asistencia primaria en el interior de los centros, continúa siendo una asignatura pendiente de la Sanidad Pública española desde una óptica constitucional como la que acabamos de citar y por mucho que admitamos que ha mejorado bastante, dentro y fuera de los centros.

Desde la perspectiva de los Defensores del Pueblo así se constató –la insuficiente mejora- entre los años 1985 y 1997; o sea, desde el Informe “Estudio sobre la situación penitenciaria en España” que puso de manifiesto gravísimas carencias sanitarias hasta ese otro estudio monográfico que el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales hizo en la segunda fecha indicada (“Situación Penitenciaria y Depósitos Municipales de Detenidos en España”) en el que se llegó a afirmar, a propósito de la asistencia sanitaria, lo siguiente: “El conjunto de prestaciones a que viene obligada la Administración Penitenciaria ha alcanzado un nivel aceptable. Tal evolución se aprecia más si se compara la situación en 1995 con la que había en 1987, y que recibió un amplio tratamiento en el estudio que efectuó entonces esta Institución”. Y concluía “los aspectos más graves que se reseñaban entones se han corregido”.

Ciertamente ha habido avances muy importantes en la atención primaria –pensemos tan solo en la sustitución de las viejas “enfermerías”, obsoletas, hacinadas y sin medios, por los Módulos Sanitarios modernos- y también en la especializada a partir de una mucho más importante colaboración de las Comunidades Autónomas y sus redes hospitalarias, pero si nos atenemos a los postulados constitucionales y a las previsiones de la propia Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento todavía queda mucho por hacer.

No olvidemos que una de las obligaciones básicas que impone a la Administración Penitenciaria la Ley Orgánica citada es la de «velar por la vida, la integridad y al salud de los internos» y que el Reglamento Penitenciario vigente, en su artículo 208, prescribe que a todos los internos sin excepción se les garantice una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Por aquí emergen de nuevo los preceptos constitucionales que antes mencionábamos (mantenimiento de derechos e igualdad).

Consecuentemente, el modelo de asistencia sanitaria del Reglamento de 1996, el vigente, pasa por una atención primaria, “con medios propios” o ajenos concertados –la tradicional Sanidad Penitenciaria- y una atención especializada a prestar por el Sistema Nacional de Salud, previéndose por el artículo 209 del Reglamento citado que «se procurará que aquellas consultas cuya demanda sea más elevada se presten en el interior de los Establecimientos, con el fin de evitar la excarcelación de los internos».

Y en cuanto a la asistencia especializada en régimen de hospitalización, «se realizará en los hospitales que la autoridad sanitaria designe, salvo en los casos de urgencia justificada, en que se llevará a cabo en el hospital más próximo al Centro penitenciario.

Los convenios y protocolos que se formalicen, conforme a lo previsto en el artículo 207.2, establecerán, al menos, las condiciones de acceso a la asistencia de consultas externas, hospitalización y urgencia, reflejando la programación de días y horarios de atención ambulatoria y los procedimientos a seguir para las pruebas diagnósticas».

Sin embargo este modelo actual está llamado a desaparecer, no sólo por un elemental respeto al principio de igualdad constitucional, sino también por las previsiones contenidas en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003, de 28 de Mayo).

En efecto, la Disposición Adicional Sexta de la misma dispone la transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las diferentes Comunidades Autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud y se establecía, además, un plazo para ello: 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley, plazo que finalizó el 30 de Noviembre de 2004 sin que dicha transferencia se haya realizado aún en ninguna Comunidad Autónoma.

Y ello a pesar de que, tras la expiración del plazo dado, el Congreso de los Diputados en una sesión de Marzo de 2005, aprobase una proposición no de ley que proponía lo siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que vele para que el proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas se realice con plenas garantías para la prestación del servicio, así como para asegurar el mantenimiento de la necesaria integración de la misma en el conjunto del sistema penitenciario, estableciendo los plazos y los medios precisos para ello».

Es evidente –y así se nos ha trasladado en los sucesivos encuentros con directivos penitenciarios- que dicha integración plantea dificultades importantes de diversa índole pero ninguna, ni la suma de todas, debe impedir, en nuestra opinión, que la sanidad penitenciaria se integre en el Sistema Nacional de Salud, terminando con una dualidad organizativa que todavía hunde sus raíces primeras en una época demasiado oscura en que los Servicios de Prisiones no eran precisamente un modelo a seguir (años cuarenta y cincuenta del pasado siglo).

Ha habido momentos en que hemos pensado que podría existir una resistencia corporativa interna, de los sanitarios penitenciarios a su integración en el Servicio Andaluz de Salud. Pero los datos que nos llegan no van en esa línea.

Por ejemplo, en el reciente VIII Congreso Nacional de Sanidad Penitenciaria celebrado en Sevilla, en Noviembre de 2010, simultaneado con las XIV Jornadas de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria que engloba a una gran parte de los sanitarios penitenciarios, hubo destacadas intervenciones, apoyando la integración y denunciando la marginación del personal sanitario de prisiones. En este sentido se pronunció, por ejemplo, el presidente de la citada Sociedad.

Y en el número especial de la Revista Española de Sanidad Penitenciaria, dedicado a las Ponencias y Comunicaciones del citado Congreso, se incluía un editorial que tras afirmar que “la Sanidad Penitenciaria Española constituye una singularidad dentro del Sistema Nacional de Salud y su aislamiento respecto a los sistemas autonómicos responde a criterios decimonónicos ...”, establece un paralelismo entre el proceso seguido con los maestros de prisiones y con los sanitarios.

Se ha procedido a la integración del cuerpo de maestros de Instituciones Penitenciarias en la Administración educativa competente de las comunidades autonómicas, en un proceso tortuoso que se prolongó durante más de diez años en la Comunidad Autonómica Andaluza y que supuso durante ese tiempo un deterioro manifiesto de la calidad de la enseñanza. Posteriormente estos profesionales han quedado integrados en las estructuras educativas autonómicas, normalizándose la enseñanza y mejorando el proceso educativo de los internos.



Desgraciadamente en la Sanidad Penitenciaria esto no ocurre así. Pese a las manifestaciones de voluntad política y apoyo a esta integración que parten sobre todo de la Administración Central, la realidad se impone, y salvo Cataluña con competencias en materia penitenciaria transferidas hace años, el resto del Estado Español no encuentra el momento de cumplir la Ley”.

Y más adelante concluyen: “el aumento de la población penitenciaria y la constante huida de profesionales sanitarios hacia otros destinos profesionales más atractivos hace insostenible el modelo actual de Sanidad Penitenciaria y, la única solución posible es la integración en los sistemas autonómicos de salud”.

Ésta es una situación que nos preocupa y no porque pensemos que la integración de que hablamos vaya a ser la panacea a todos los problemas sanitarios que se siguen detectando en las prisiones españolas y andaluzas en particular. Y con un ejemplo puede bastar, un ejemplo que en principio no parece achacable ni a la Sanidad Penitenciaria ni al Servicio Andaluz de Salud pero que pone de manifiesto un grave problema de coordinación entre ellos.

En casi todos los Informes Anuales, en la parte reservada a las actuaciones penitenciarias, aparecen incluidas menciones, más o menos extensas, al problema de las pérdidas de cita para que los internos puedan acudir a consulta de especialistas o a realizarse determinadas pruebas que no es posible realizar en los Módulos Sanitarios de sus respectivas prisiones. Es un problema que en Andalucía, y también en otras Comunidades Autónomas, no se da por igual en todos los establecimientos penitenciarios. Sí en aquéllos en que los traslados y custodias corresponden a la Policía Nacional; no así en los casos en que dichas funciones corresponden a la Guardia Civil.

En los últimos años ha sido tan frecuente esta problemática en las prisiones de Sevilla I y Jaén que, sumamente preocupados, hubimos de hacer una consulta a la Fiscalía Superior de Andalucía, sobre posibles responsabilidades penales derivadas de tan frecuentes pérdidas de cita.

Creemos que nuestros argumentos y la exposición de algunos hechos pueden ser suficientemente ilustrativos de la gravedad del problema. Nuestra consulta se exponía así:



1º) Desde hace años recibimos numerosas quejas de internos de la prisión de Sevilla 1, quienes teniendo concertadas citas con médicos especialistas de diferentes Centros Hospitalarios de Sevilla, las pierden porque a la hora de ser conducidos al Hospital, por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, éstos no se presentan. El interno afectado tiene que volver a solicitar cita y empieza otra vez el ciclo, que suele repetirse en varias ocasiones más.

También hemos recibido quejas desde otras prisiones, aunque no tan numerosas. Como luego se dirá, los porcentajes de pérdidas de citas con especialistas por el motivo indicado son muy elevadas solamente en Sevilla y Jaén.

2º) Todas estas quejas son admitidas a trámite por nuestra Institución y, tras diferentes gestiones, los internos afectados –enfermos de diferente gravedad- suelen terminar siendo atendidos aunque de un modo extemporáneo en claro perjuicio de su salud y de su integridad física. Y por supuesto, y lo ponen de manifiesto en sus cartas, con un profundo sentimiento de indefensión, especialmente cuando son víctimas reiteradas de estas pérdidas de citas, unas para consultas y otras para la realización de diferentes pruebas diagnósticas.

3º) El asunto es antiguo y suficientemente conocido tanto en las Subdelegaciones del Gobierno de Sevilla y Jaén, como entre los mandos policiales; en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; en los Equipos Directivos de los Centros Penitenciarios afectados y en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. De este problema se han hecho eco los medios de comunicación y diferentes Asociaciones.

4º) En la reciente Jornada de Trabajo que mantuvimos esta Institución y los diferentes Fiscales de Vigilancia Penitenciaria, presentamos una ponencia sobre diversos aspectos de la Asistencia Sanitaria que se presta a las personas encarceladas e incluimos en la misma un cuadro ilustrativo de cómo se presentaba este problema en los diferentes Centros Penitenciarios Andaluces, con datos de todo el año 2008.

La situación más grave se daba en Sevilla 1 con pérdidas de citas, por este motivo, del 40% de las programadas.

En el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, ubicado justo al lado de Sevilla 1, las pérdidas de cita ascienden al 21%, si bien hay que tener en cuenta que afectan a muy pocos internos, al ser escasa la población que acoge dicho establecimiento.

En la prisión de Jaén, la situación es también muy grave con pérdidas de citas que ascendieron en 2008 al 32%. En 2009, según datos muy recientes proporcionados por su Dirección, en Jaén se perdieron por ese mismo motivo el 33% de las citas concertadas. La prisión de Jaén alberga la mitad de internos, aproximadamente, que la de Sevilla 1; su población se acerca a las 800 personas.

En las demás prisiones el problema o no se presenta (allí donde es la Guardia Civil la encargada de estos traslados) o se está reconduciendo, como ocurre en Córdoba o Huelva.

En definitiva, según todos estos datos, indubitados por sus propias fuentes, el problema se produce de manera continua y alarmante en la provincia de Sevilla (para Sevilla 1) y en la de Jaén para su único Centro Penitenciario.

5º) A efectos ilustrativos, una de las últimas quejas recibidas de Sevilla 1 por este motivo y que tramitamos con el nº 10/1290, nos la envía ... esposa del interno, en situación preventiva, ... . La reproducimos casi íntegramente porque es paradigmática de una situación que se viene repitiendo en internos de dicho Centro:

1) Mi marido se encuentra internado en el módulo ... del Centro Penitenciario de Sevilla desde el pasado día ... a consecuencia de un accidente de tráfico en el que la persona que iba de copiloto falleció, por lo que permanece allí acusado de homicidio por imprudencia.



A consecuencia de dicho accidente, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de su mano derecha, haciéndole un injerto de hueso en la misma. Tras darle el alta, le dieron cita para el día 26 de enero en consultas externas, pero llegada la fecha, y habiendo sido tramitada la salida desde el Centro, la policía no compareció para realizar dicho traslado, por lo que no le llevaron a revisión.

El lunes, 8 de febrero, le llevaron de urgencia a dicho hospital al comprobar que tenía un gran edema en la mano, y una vez allí, le retiraron las agujas que llevaba implantadas, dejándole en observación hasta el día siguiente.

Cuando tuve conocimiento del tema, me personé en el hospital para hablar con la doctora que le atendió, la cual me indicó que es importante que acuda a las revisiones del traumatólogo, ya que ha sido una intervención delicada que incluye injerto de hueso, y una posterior rehabilitación. Le dieron cita para hacerle una radiografía el martes, día 23 de febrero, pero tampoco le llevaron a hacérsela. La siguiente cita fue para el martes 2 de marzo con el traumatólogo, debiendo estar allí una hora antes para que le hiciesen la radiografía que no le habían realizado el día 23.

Llegó el día 2 de marzo y tampoco le llevaron al hospital, por lo que a fecha de hoy sigue con el brazo inmovilizado y los dedos pulgar e índice muy hinchados; el médico del centro penitenciario solicita las salidas, pero según dicho centro, la policía no comparece por falta de efectivos (o al menos ésa es la información que le dan a mi marido). He de decir que el médico de prisión le atiende correctamente, pero al no ser especialista en traumatología, no puede hacer nada al respecto.

Mi marido está de baja y soy yo quien va a recoger sus partes semanales al médico de familia. Le he preguntado qué ocurre si no tiene un seguimiento por el traumatólogo correspondiente y la rehabilitación necesaria. Me ha contestado que lo más probable es que tengan que operarle de nuevo.

2) El otro tema que le preocupa bastante es el de su salud bucodental. Miguel está siendo objeto de un tratamiento dental en la clínica ... desde el mes de julio del pasado año. En este momento sólo tiene en la boca los tornillos de los implantes que le tenían que haber puesto el día 29 de diciembre, día en que ingresó en el Centro Penitenciario.

Como ese día no pudo acudir a la cita, pedí una nueva. Se la dieron para el 27 de enero del año en curso a las 10 de la mañana. Llegada la hora, de nuevo la policía no acudió a trasladarle. Pedí una nueva cita; fue el 3 de febrero. En este caso, pedí que fuese por la tarde, a las 16 horas, ya que nos habían indicado que sería más fácil así, debido a que por la mañana se hacen muchos traslados hasta los juzgados y eso hace que se necesiten más efectivos. Tampoco le llevaron ese día.

Pedí una nueva cita. Para el día 10 de marzo a las 16:30 horas. Pero visto que por el cauce normal no le trasladaban a ponerle sus dientes, Miguel puso el tema en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria por medio de un escrito. En la visita que le hice el día 6 de marzo me entregó copia de dichos documentos, los cuales envié por fax yo también al juez, el día 8 de marzo. Pero llegó el día señalado, y tampoco le trasladaron.

En este momento no posee ni un solo diente (lo puede comprobar), lo que conlleva una gran dificultad para ingerir alimentos, así como su posterior digestión; la comida triturada le provoca vómitos, por lo que tiene que conformarse con la alimentación normal.

La dentadura superior está en la clínica, esperando solamente a que le lleven para ponérsela, y ese mismo día le probarían la inferior, la cual una vez realizados los ajustes correspondientes, le pondrían a la semana siguiente.

Las prótesis ya han sido pagadas, algo que hemos hecho con mucho esfuerzo y trabajo, ya que son miles de euros los que hemos tenido que desembolsar, exactamente ocho mil cuatrocientos ochenta euros, lo que aumenta nuestro sufrimiento, al ver que no le trasladan para que se las puedan poner, ya que hemos hecho el gasto, y sigue sin dientes ...”

Todos los extremos que se narran en esta queja han sido comprobados como ciertos: el interno en cuestión perdió 6 citas en apenas mes y medio; con las graves consecuencias que se deducen del escrito.

Además de esta queja, en estos mismos días tramitamos la nº 10/532 afectante al interno ..., que perdió cuatro citas entre los meses de Enero y Febrero de 2010 en el servicio de Urología Oncológica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y la última recibida hasta ahora es la nº 10/1732, que afecta al interno ..., quien ha perdido, al menos, sus citas del 16 de Enero y 23 de Marzo del presente año, para hacerse una ecografía en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

En los últimos diez años se repiten continuamente quejas de este tipo, llegadas desde diversas prisiones pero cada vez más centradas en la de Sevilla 1, como antes se ha indicado.

6º) Constatamos la reiteración de estas conductas, las graves consecuencias que acarrean para la salud de los internos afectados, y aún más cuando se repiten una y otra vez en un mismo interno, la impotencia y desmoralización que le causan hasta el punto de que muchos nos escriben manifestando que se encuentran indefensos.

Por otra parte, tanto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como los Directores de los Centros Penitenciarios afectados y sus Subdirectores Médicos nos expresan también su perplejidad e impotencia ante estas continuas desatenciones por parte de la Policía Nacional. Ellos, aseguran, hacen todo lo que tienen que hacer pero no ven la manera de que esto se corrija.

7º) Por todo ello, nos planteamos si personas concretas pueden estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad penal, por omisión del deber de socorro, por denegación de auxilio, por ocasionar vulneración de derechos constitucionales o por someter a los internos que esperan ser atendidos a tratos inhumanos o degradantes. Y por este motivo, y en este sentido, elevamos a esa Fiscalía Superior de Andalucía una CONSULTA para que se dictamine si tales hechos pudieran ser constitutivos de delito a cargo de personas concretas.

Por nuestra parte, damos traslado de esta consulta al Delegado del Gobierno en Andalucía para su conocimiento y oportunos efectos”.

Como puede observarse, el caso que se ofrece como paradigma no puede ser más triste. Seis citas perdidas en menos de dos meses para atender a un preso con una mano fracturada y sin poder comer por la pérdida de su dentadura. Otros casos no lo han sido menos.

Tanto la Fiscalía Superior como la Delegación del Gobierno han puesto mano sobre el asunto y se han comenzado a adoptar algunas medidas que veremos durante 2011 como repercuten en los centros más afectados y, en general, en todos.

Lógicamente no se puede pensar que éste sea un problema exclusivamente de la Policía Nacional. Pensamos que una mejor coordinación de ambas Sanidades –la general andaluza y la penitenciaria- podrían conducir a una mejor y más intensa prestación de asistencia especializada en los propios centros penitenciarios y pensamos, además, que la mejor coordinación vendría como consecuencia obligada de la integración de un solo cuerpo de sanidad, el autonómico, que debería poner cuanto esté de su parte para que la obligada integración se produzca.



  1. PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO



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