Área temática de salud. Informe anual 2010



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INFORME ANUAL 2010

SALUD Y CONSUMO


DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

INFORME AL PARLAMENTO 2010

ÁREA TEMÁTICA

SALUD Y CONSUMO

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE 2010

Este texto es una recopilación de cuestiones relativas al área temática de Salud y Consumo que se desarrollan a lo largo del Informe Anual al Parlamento de 2010. El contenido íntegro de dicho Informe se puede consultar y descargar en nuestra página Web.

Andalucía 2011

ÍNDICE

SECCIÓN PRIMERA: 5

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES ESTATUTARIOS Y CONSTITUCIONALES DE LAS PERSONAS A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 5



II. la SITUACIÓN de los derechos y libertades de los ANDALUCES a tenor de la ACTUACIÓN administrativa. 7

El Derecho a la Salud. 7

SECCIÓN SEGUNDA: 11

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS QUEJAS 11



IX. Salud. 13

1. Introducción. 13

2. Análisis de las quejas admitidas a tramite. 16

2.1. Derecho a la asistencia sanitaria. 16

2.1.1. Salud Pública. 16

2.1.2. Atención Primaria. 20

2.1.3. Atención Especializada. 26

2.1.3.1. Humanización de la asistencia. 26

2.1.3.2. Praxis médica. 30

2.1.4. Derecho a la protección de la salud de los enfermos mentales. 41

2.1.5. Urgencias y Emergencias 46

2.1.6. Gestión administrativa. 50



2.1.6.1. Reintegro de gastos. 50

2.1.6.2. Testamento Vital. 51

2.1.7. Centros y Servicios Sanitarios. 57

2.1.8. Prestaciones farmacológicas. 60

2.1.9. Derechos de los Usuarios. 66

2.1.10. Responsabilidad patrimonial. 73

2.2. Consumo. 76

SECCIÓN CUARTA: 83

QUEJAS NO ADMITIDAS Y SUS CAUSAS 83



I.- de las quejas remitidas a otras INSTITUCIONES similares. 85

II.- DE LAS QUEJAS RECHAZADAS Y SUS CAUSAS. 87

TEMAS TRATADOS EN OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS 89

SECCIÓN PRIMERA: II. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ANDALUCES A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 90

El derecho a la salud de la población penitenciaria. 90

I. PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO 98

2.12. Personal Sanitario. 98

2.12.1. Errores en la gestión de la Bolsa de Contratación –Categoría Celador-conductor, Turno minusválido- del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 98

2.12.2. Denegación sistemática de permiso por antigüedad ya reconocido judicialmente 99

2.12.3. Adaptación o reubicación de puesto de trabajo por razón de discapacidad 101

2.12.4. Revocación Resolución por la que acordaba la exención de guardias al interesado. 102

2.12.5. Excedencia por cuidado de hijos. 104

II. URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 107

2.2. Vivienda 107

2.2.6.1. Consumo: Garantías en las entregas de compraventa de viviendas. 107

V. MEDIO AMBIENTE 111

2.1.3. Contaminación. 111

2.1.3.1. Contaminación acústica. 111

2.1.3.1.1. Adecuación de horarios de establecimientos hosteleros a los usos del suelo. 111

2.1.3.1.2. Molestias ocasionadas desde veladores. 112

2.1.3.1.3. Incremento de los niveles de sensibilidad acústica. 113

2.1.3.1.4. Molestias ocasionadas por ruidos generados en el ámbito doméstico. 114

2.1.3.2. Contaminación atmosférica. 114

2.1.3.3. Contaminación electromagnética. 115

2.1.5. Sanidad y salubridad. 115



2.1.5.1. Problemas derivados de la desatención de inmuebles. 115

2.1.5.2. Aparición de plagas. 116

2.1.5.3. Problemas surgidos en la gestión de residuos. 116

XII. ADMINISTRACIONES ECONÓMICAS 118

2.1.1. Energía electrica 118

2.1.1.1. Necesidad de limitar las exposiciones a campos eletromagnéticos. 118

XIII. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO 124

2.5. Salud. 124

XIV, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 129

2.1. Prestaciones de las operadoras de servicios de telefonía e Internet. 129

SECCIÓN TERCERA: LOS DERECHOS DE LOS MENORES 131

10. Menores con necesidades especiales. 131

SECCIÓN PRIMERA:

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES ESTATUTARIOS Y CONSTITUCIONALES DE LAS PERSONAS A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA


  1. la SITUACIÓN de los derechos y libertades de los ANDALUCES a tenor de la ACTUACIÓN administrativa.

El Derecho a la Salud.

El hecho de que el sistema sanitario publico español se encuentre tan consolidado y con tal raigambre en la sociedad española pudiera llevarnos a pensar que está a salvaguarda de verse afectado por la profunda crisis económica que estamos atravesando en estos últimos años, y que si bien esta crisis es fácilmente perceptible en otros aspectos de la acción público, ello no alcanza aún a determinados servicios públicos, especialmente a aquellos que conforman el núcleo de nuestro Estado de Bienestar.

No obstante, la persistencia y gravedad de esta crisis, cuando no agravamiento de ésta, en un contexto de importantes medidas de reducción drástica de los fondos públicos, comienza a despertar en la ciudadanía fundadas sospechas de que difícilmente podrá escapar a ella el sistema sanitario español, un sistema con una generosa cartera de servicios, y ello con un gasto sanitario moderado en relación a los parámetros europeos de nuestro entorno, que lo convierte en uno de los mejores en indicadores de calidad y equidad.

A lo anterior hay que añadir otra circunstancia concurrente, de extraordinaria incidencia en el sistema sanitario (pero también en otros como el de pensiones), que no es otra que la derivada del progresivo envejecimiento de la población española a la par que la baja tasa de natalidad, dual fenómeno que viene provocando el progresivo incremento de las franjas de edades más avanzadas, que son las que precisan una mayor asistencia sanitaria, traduciéndose todo ello en un incremento del gasto sanitario por este motivo.

Aunque el gasto sanitario español es modesto en relación a la media de la OCDE, con un crecimiento anual por debajo de este referente, lo cierto es que viene sufriendo de continuo la presión de la demanda ciudadana. Por otro lado, en contraposición a lo anterior, el gasto farmacéutico se mantiene muy elevado en relación al gasto sanitario total, y ello a pesar de haberse adoptado diversas medidas de contención y uso racional del mismo (aplicación de precios de referencia, medicamentos genéricos, dispensación hospitalaria, etc.), que han hecho decrecer este ritmo respecto a la media de años precedentes.

Es pacífica la opinión de que el sistema sanitario español, que tiene un elevado componente público, se sitúa entre los más valorados de los países desarrollados de nuestro entorno, como ponen de manifiesto los más fiables indicadores y estándares de salud, situándose entre los mejores puestos en significativos índices de mortalidad evitables e infantil, elevada esperanza de vida, etc., que aunque no son mérito exclusivo del sistema sanitario si es su principal partícipe.

Este sistema sanitario, de fuerte basamento en la atención primaria de salud, pone especial énfasis en la promoción y en la prevención de salud, con una amplia cartera de servicios y con una notable incorporación de innovaciones científicas y tecnológicas a la práctica clínica, lo que ha contribuido a situar al sistema sanitario como el servicio público mas valorado por la ciudadanía española.

El Sistema Nacional de Salud, en el que se integra el Sistema Sanitario Público de Andalucía, ha sabido responder en este periodo a los grandes cambios tecnológicos, sociológicos, demográficos y culturales que se han producido en la sociedad española, y ello con un gran nivel de calidad, pero la persistencia de la crisis económica comienza a ofrecer datos desfavorables de salud pública como consecuencia del empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, de educación, vivienda y hábitos de vida de la población, tal y como lo ha puesto de manifiesto el último informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria de 2010.

Es por ello que a la crónica insuficiencia financiera estructural de los Servicios de Salud, se añade ahora la menor disponibilidad presupuestaria derivada de la crisis económica, factores estructurales y coyunturales que, sin duda, van a condicionar los futuros presupuestos sanitarios, poniendo a prueba la calidad, equidad y cohesión del sistema.

Desde distintos sectores se viene achacando las ineficiencias del sistema a diversos factores: subfinanciación, excesivo gasto farmacéutico y tecnológico, relegación de la atención primaria, privatización o externalización de servicios, etc., aspectos todos ellos que deben mover a reflexión de las autoridades y gestores públicos en orden a un uso racional y eficiente del sistema.

No son pocas las voces que vienen planteando el desafío que supone mantener la sostenibilidad del sistema en sus actuales parámetros, apostando por las reformas del mismo por vía de un “Pacto de Estado por la Sanidad”, iniciativa acometida con desigual fortuna en sede parlamentaria (iniciativa ministerial de 2008 que en el 2009 dio lugar a la creación de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados), que sólo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su sesión de 18 de marzo de 2010 aprobó un documento titulado “Acciones y medidas para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del SNS” en el que, situado en el escenario de crisis económica y menor disponibilidad de recurso, se avanzan una serie de propuestas en orden a mantener la sostenibilidad de la calidad, de la innovación en infraestructuras y en tecnología y hacer viable la respuesta al incremento y envejecimiento de la población y a las nuevas necesidades sanitarias, constatando que el primer escollo a sortear es que no existe suficiente conciencia social sobre estos retos y dificultades, destacando la necesidad de racionalizar la utilización de los servicios sanitarios.

En este sentido el referido Consejo Interterritorial se postula a favor de un consenso no sólo en el estamento político, sino de también de todos los agentes involucrados en el sistema: la sociedad (usuarios y pacientes), los profesionales, los agentes sociales, los proveedores y los gestores, concretando la responsabilidad de estos estamentos en el siguiente sentido:

- Los usuarios, que deben entender que son los corresponsables de su salud y tienen que implicarse en el compromiso de hacer un buen uso del sistema.

- Los profesionales, que tienen que seguir cooperando dado que gran parte del gasto sanitario depende de su criterio y sus actuaciones clínicas.

- Las empresas suministradoras de productos sanitarios, que deberán también corresponsabilizarse de la sostenibilidad del sistema.

- Los gestores, que han de garantizar también la utilización eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos que le son asignados.

- Las autoridades sanitarias, que han de asegurar un sistema de calidad, equitativo y cohesionado que incorpore prestaciones solamente en base a la evidencia científica al coste más eficiente posible.

Igualmente en sede parlamentaria, en junio del 2010, se aprobó una ponencia para el estudio de las necesidades de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado, toda vez que las necesidades de profesionales sanitarios es ya una realidad que previsiblemente se agravará en el futuro.

En lo que a Andalucía se refiere, desde la Administración sanitaria andaluza se vienen adoptando medidas a favor de esta sostenibilidad, desde aquellas en la línea de concienciación social (como es la conocida como “factura sombra”, consistente en la emisión de una factura informativa sobre el coste de la atención sanitaria recibida por los usuarios y pacientes en cada acto medico o proceso clínico), a aquellas directamente relacionadas con la contención del gasto, como son las relativas al gasto farmacéutico con la prescripción de medicamentos genéricos y otras políticas de uso racional del medicamento (dispensación de determinados medicamentos por las farmacias hospitalarias -casos de medicamentos antitumorales y de tratamientos de fertilidad-, etc.).

La cuestión de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, supone elegir entre distintas opciones de asignación de los recursos públicos, cuya garantía en los modelos sanitarios públicos de cobertura universal y gratuito, como es el caso español, suele circunscribirse a tres: 1) el incremento de la eficiencia y la eficacia de los mecanismos de provisión; 2) prelación del presupuesto sanitario respecto a otras políticas públicas; 3) incremento de los tributos para esta finalidad. Una tercera opción intenta incorporarse a esta triada, que no es otra que introducir el copago en el acto médico.

Sin duda parece que la opción de mejorar la eficiencia y eficacia del sistema tiene un amplio margen de actuación sin merma de la equidad y calidad del servicio, tal y como se postula con gran consenso el estamento que conforman los gestores, profesionales y expertos en la materia, los cuales nos adelantan diversos instrumentos a conjugar con esta finalidad, como son : la mejora de los sistemas de compras para influir en los precios de los consumos sanitarios (equipamientos, tecnologías, medicamentos y material sanitario); medidas de uso racional del medicamento; aplicación de sistemas de evaluación de tecnologías sanitarias en orden a evaluar la eficacia de estas; refuerzo de la prevención e incremento de la capacidad resolutiva del nivel primario; refuerzo de los servicios sociosanitarios de atención a la población dependiente y creación de un sistema de información unificado que permita evaluar de continuo el sistema (necesidades, recursos, población protegida, etc.).

No obstante, en estas aguas revueltas no faltan las voces que abogan porque la sostenibilidad del sistema pasa por introducir el copago en la asistencia sanitaria como medida disuasoria, a la vez que de financiación y de racionalización del gasto público, arguyendo en defensa de la misma que dicho copago ya existe en otros países europeos así como en el nuestro en lo que a la prestación farmacéutica se refiere. Desde otros ámbitos se postulan a favor de incrementar los presupuestos sanitarios a través de impuestos (alcohol, tabaco, etc.) para subsanar el ancestral y estructural déficit presupuestario que padece el servicio sanitario público.

Sin duda el establecimiento del copago incorporaría altas dosis de inequidad en el sistema, al penalizar a los ciudadanos con menor nivel de renta o con mayores necesidades de atención sanitaria, a la vez que un coste administrativo adicional, circunstancias que nos hacen dudar sobre el protagonismo que parece concederse a este instrumento para la sostenibilidad del sistema sanitario. De hecho, el copago farmacéutico, con un porcentaje fijo de descuento sobre el precio de venta del medicamento (exclusión hecha de la gratuidad en los pensionistas), adolece de un elevado grado de inequidad al no incorporar distinción según niveles de renta.

Desde nuestra perspectiva que el copago se haya instalado en el debate social nos mueve a preocupación, toda vez que éste suele mostrarse como antesala de su incorporación al de la agenda pública para, más tarde, transformarse en realidad legal publicitada en el boletín oficial. La cuestión de la sostenibilidad del sistema sanitario nos obliga a intentar hacer prevalecer el difuso principio de irregresibilidad de los derechos sociales, entendido este como el derecho de la ciudadanía a las prestaciones, una vez reconocidas, adquieren un carácter irreversible, estando protegidos frente a ulteriores decisiones de los poderes públicos en orden a su reducción o supresión.

Desde nuestra perspectiva, la efectividad del derecho constitucional a la protección de la salud exige que por los poderes públicos se preserve el contenido del mismo en los actuales parámetros, debiendo conjugarse y agotarse las medidas de buena gestión con las de adecuada financiación del sistema, antes de introducir mecanismos que sin suponer una sustancial garantía de su sostenibilidad financiera, introduzcan por el contrario elementos de inequidad irreversibles.

En todo caso, cualquiera que sean las medidas que se adopten en aras de la sostenibilidad, su especial incidencia aconseja que éstas sean participadas, negociadas y respaldadas con el máximo consenso social, de la misma forma como se viene desplegando en otros ámbitos de la acción pública relacionada con el bienestar.

SECCIÓN SEGUNDA:

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS QUEJAS



  1. Salud.



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