Propuesta para la Regulación de la Eutanasia en Colombia desde la Experiencia Comparada



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Propuesta para la Regulación de la Eutanasia en Colombia desde la Experiencia Comparada

Evelyn Abisambra (201126191)

Lina María Carrero (201225848)

Juan Camilo Luna (201126522)

Paula Morales (201125071)

Diego Alejandro Moreno (201316606)

Natalia Ossa (201125117)

Santiago Pinzón (201225058)

Universidad de los Andes

Facultad de Derecho

Mayo 19 de 2015

CONTENIDO

1. Introducción

2. Definiciones relevantes

3. Desarrollo del problema en Colombia como país base

3.1 Desarrollo legal de la eutanasia en Colombia

3.2 Desarrollo jurisprudencial

3.3 Proyectos de Ley posteriores a la Sentencia C-239 de 1997

3.4 Debate reciente

4. Selección de países objeto de la comparación.

4.1 Criterios

4.2 Desarrollo

4.2.1 Países que han dado respuesta directa al problema planteado

4.2.2 Selección

5. Países seleccionados y estudio de países objeto de la comparación.

5.1 Uruguay

5.1.1. Comparación a nivel general

5.1.2. Comparación a nivel particular

5.1.2.1. Ley del “Buen Morir”

5.1.3 Casos de eutanasia en Uruguay

5.2 España

5.2.1. Comparación a nivel general

5.2.2. Comparación a nivel particular

5.2.2.1. Testamento Vital

5.2.2.2 Testamento Vital y sedación paliativa

5.3 Bélgica

5.3.1. Comparación a nivel general

5.3.2. Comparación a nivel particular

6. Repertorio de soluciones

7. Propuesta para solución del problema en Colombia

7.1. Procedimiento



8. Referencias

1. Introducción
La eutanasia, entendida como el acto de poner fin a la vida de un paciente que se encuentra padeciendo intensos sufrimientos y dolor proveniente de una enfermedad grave e incurable, ha sido considerada en Colombia, tradicionalmente, como un tipo penal. Sin embargo, en 1997 la Corte Constitucional en su sentencia C-239 estableció que esta conducta no sería penalizada siempre que se cumplan determinados requisitos, en otras palabras, abrió la puerta al uso legítimo de la eutanasia en Colombia. Además, exhortó al Congreso a legislar sobre el tema y regular los casos en los cuales se permitiría la eutanasia en el país. A pesar de esto, el Congreso hasta el momento no lo ha hecho, y varios de los proyectos de ley que se han presentado no han sido aprobados en los debates correspondientes. Debido a lo anterior, han surgido distintos  interrogantes que deben ser respondidos para poder implementar de manera adecuada esta figura en nuestro país.
Por esta razón, la regulación de la eutanasia en Colombia no sólo es un tema relevante,  sino absolutamente urgente. Esto, en vista de que adicionalmente toca de manera neurálgica prerrogativas esenciales del Estado Social de Derecho que generan un debate: por un lado, la protección del derecho a la vida, y por otro lado, el derecho a vivir dignamente y a la autonomía o libre desarrollo de la personalidad. Adicionalmente, debido a que la eutanasia requiere de la participación de un tercero (en la mayoría de los casos un médico), resulta importante determinar en qué casos el tercero estaría sujeto a responsabilidad penal. Como se ve, se trata de una cuestión donde entran en juego los derechos fundamentales tanto del enfermo como del tercero que ayuda en el proceso.
En los últimos años, el tema ha tomado tanta fuerza en nuestro país que incluso ya se reconocen varias ONGs y fundaciones en contra o a favor de la eutanasia; siendo una de las más activas la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Según su directora, Carmenza Ochoa, aunque no existen cifras oficiales al respecto, se calcula que se presentan alrededor de 20 casos de eutanasia al año en el país (El País, 2014). Aunque la cifra puede parecer mínima, lo cierto es que cada vez más las personas están contemplando en esta figura una opción válida para poner fin a su sufrimiento conforme a su plan de vida. A esta conclusión han llegado varias personas, como el abogado Jaime Arrubla, quien tras una experiencia desafortunada y personal sobre el tema, afirma que las personas tienen derecho a morir dignamente y por lo tanto “es necesario proveerle al enfermo todas las medidas y cuidados dirigidos a evitarle dolor y sufrimiento” (Jiménez, 2011). Sin embargo, debido a la falta de regulación en la materia, todavía no está claro cuáles medidas son las permitidas para lograr este fin. Por esta razón, es necesario que se establezca una regulación seria al respecto que permita identificar en qué supuestos se permitirá la eutanasia, bajo qué modalidades y siguiendo qué mecanismos.
Ahora bien, es necesario advertir que en la solución de este problema no sólo se presentan cuestiones jurídicas, sino también éticas, sociales e incluso políticas. Por esta razón, una investigación seria debe ir más allá de las soluciones que presenta el derecho y tendrá que nutrirse de múltiples disciplinas para encontrar una forma adecuada de dar respuesta a los interrogantes que plantea la eutanasia. Consideramos que una manera de resolver el problema es analizando la experiencia de distintos países, pues con base en éstas es posible implementar una solución al problema que constituye despenalizar o no la eutanasia.
En síntesis, la razón de este trabajo nace de una necesidad creciente de regular un tema tan relevante en el Derecho y por el que muchas personas están esperando. Así las cosas, realizando un análisis comparado sobre el tema, con este trabajo se busca dar respuesta al problema social que se presenta cuando una persona que está sufriendo una enfermedad grave quiere poner fin a su vida con ayuda de un tercero.
Para tales efectos, en el presente texto se presentará una lista de las definiciones de conceptos que se consideran relevantes para la adecuada comprensión del trabajo. Acto seguido, se expondrá el desarrollo legal, jurisprudencial y social del problema en Colombia para luego seleccionar los países objeto de la comparación. Una vez seleccionados, se analizarán cada uno de ellos y se expondrá la forma en que los mismos han solucionado el problema planteado. Posteriormente, se sintetizarán todas las soluciones encontradas para luego, con base en éstas, proponer una solución al problema en Colombia.
2. Definiciones relevantes
Así las cosas, antes de empezar con el desarrollo del trabajo, consideramos pertinente definir ciertos conceptos que se presentan a lo largo del mismo y que deben ser comprendidos desde un principio para poder seguir la línea argumentativa de la investigación. De esta necesidad, entonces, se presenta a continuación un glosario con las definiciones más relevantes:


  1. Eutanasia: “la acción u omisión por parte del médico u otra persona que tiene la intención de provocar la muerte del paciente terminal, o altamente dependiente, por compasión y para eliminarle todo dolor” (Postigio, 2006).

  2. Eutanasia voluntaria: se lleva a cabo con el consentimiento expreso del paciente (Guerra, 2012).

  3. Eutanasia no voluntaria: “clase de eutanasia que tiene lugar sin el consentimiento del paciente, el cual no puede manifestar ningún deseo, como el caso de los menores de edad y pacientes que no han expresado directamente su consentimiento informado”  (Tomás y Garrido, 2007).

  4. Eutanasia activa: “La que mediante una acción positiva provoca la muerte del paciente. Por ejemplo, con la aplicación de una inyección letal” (Serrano, 2001).

  5. Eutanasia pasiva:  “Es de las más comunes, consiste en el dejar morir intencionadamente al paciente por omisión de cuidados o tratamientos que están indicados y son proporcionados” (Vila Coro, 2007).

  6. Distanasia o encarnizamiento terapéutico:  “Es la práctica, contraria a la deontología médica, que consiste en aplicar tratamientos inútiles o, si son útiles, desproporcionadamente molestos para el resultado que se espera de ellos, que por lo general no va a causar la recuperación del paciente ni va a proporcionar una mejoría notoria ni una mejoría en su estado de salud o de nivel de vida” (Guerra, 2012).

  7. Cuidados paliativos: “tipo de atención a los aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales de las personas en situación terminal, siendo los objetivos principales el bienestar y la promoción de la dignidad y autonomía de los enfermos y de su familia” (Abellán, 2007). “Estos cuidados requieren normalmente el concurso de equipos multidisciplinares, que pueden incluir profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, auxiliares de enfermería, psicólogos), expertos en ética, asesores espirituales, abogados y voluntarios.” (López, 2006).

  8. Sedación terminal: “La administración deliberada de fármacos para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y/o psicológico, mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia, en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima, con el consentimiento explícito, implícito o delegado del mismo. Desde el punto de vista ético, no es relevante el que, como efecto secundario no buscado de la administración de la sedación se adelante la muerte de la persona, siempre y cuando esto no sea lo que se pretenda directamente como fin de la acción” (Serrano, 2006).

  9. Suicidio asistido: “acto de ayudar a una persona proporcionándole los medios, que por circunstancias ajenas a su voluntad o por incapacidad de movimiento, o de otra causa no puede implementar, para quitarse la vida como es su deseo, que en otras circunstancias y si pudiera moverse, por ejemplo, lo haría con sus propias manos y por sus propios medios” (Guerra, 2012).

  10. Testamento vital: “Es un documento muy utilizado en países como Estados Unidos, en donde las personas manifiestan su expresa voluntad anticipada de dejar a cargo de ser “desconectados” a una persona en particular de su familia o se sus afectos, y el procedimiento que se espera se tome en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que lo lleve a carecer de las facultades para decidir sobre su probable tratamiento médico” (Abellán, 2008).

  11. Enfermo terminal: “El que padece una enfermedad de la que no podría esperarse una recuperación, previsiblemente mortal a corto plazo, el cual podría ir desde algunas semanas a varios meses, por mucho” (Serrano, 2005).


3. Desarrollo del tema en Colombia como país base1
Ahora bien, una vez expuestos los principales conceptos sobre el tema, es necesario comprender de qué manera se ha tratado el tema en nuestro país. Como se mencionó anteriormente, tradicionalmente la eutanasia ha sido penalizada en Colombia, lo que significa que su prohibición es de carácter legal. No obstante, al respecto también se ha emitido jurisprudencia relevante e incluso se han presentado distintos proyectos de ley. En consecuencia, el análisis del problema planteado en Colombia que se expone a continuación se encuentra dividido en cuatro secciones: i) desarrollo legal del tema, ii) desarrollo jurisprudencial, iii) proyectos de ley y iv) debates sociales recientes.
3.1 Desarrollo legal de la eutanasia en Colombia
Como ya se dijo, la prohibición de la eutanasia en Colombia es de carácter legal, lo que significa que las leyes que tratan la materia no la permiten. En efecto, son sólo dos las normas que prohíben esta conducta: el código penal de 1980, actualmente derogado, y el actual código penal de 2000. Teniendo esto en mente, es posible afirmar que la eutanasia en nuestro país ha sido tradicionalmente prohibida y es penalizada por la ley.
En efecto, el artículo 326 del código penal de 1980 consagraba la figura del homicidio por piedad, entendida como la acción de matar a otro por un móvil altruista, es decir, con el fin de acabar con los intensos sufrimientos que sufre, provenientes de lesión corporal o de enfermedad grave e incurable. Además, el artículo 327 de este decreto tipificaba la inducción o ayuda al suicidio, entendida como la acción eficaz de inducir a otro al suicidio o prestarle una ayuda efectiva para su realización. Teniendo en cuenta la tipificación de estos delitos en este código, se puede afirmar que para la época, cualquier manifestación de la eutanasia estaba claramente prohibida. Aquel que matara a otro por piedad, o le prestara ayuda para terminar con su vida, incurría en un delito que se castigaba con prisión.
Ahora bien, con la entrada en vigencia del actual código penal en el año 2000, el anterior código quedó derogado y con él las normas ya expuestas anteriormente sobre la eutanasia. Sin embargo, los artículos 106 y 107 del código vigente en Colombia tipifican también como delitos el homicidio por piedad y la inducción o ayuda al suicidio:
Artículo 106. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.
Artículo 107. Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.”
En resúmen, la eutanasia en Colombia legalmente está tipificada como delito en los artículos 106 y 107 del actual Código Penal. Sin embargo, como se verá a continuación, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha jugado un papel fundamental en esta materia, pues mediante distintos pronunciamientos ha logrado atenuar ésta prohibición e incluso introducir supuestos fácticos en los cuales no se configura el delito.
3.2 Desarrollo jurisprudencial
Partiendo de la prohibición de la eutanasia en Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial al respecto que tiene como principal consecuencia la despenalización de esta figura en ciertos casos. En este sentido, es posible afirmar que la sentencia hito sobre la materia es la C-239 de 1997, pues la ponencia de Carlos Gaviria fue la primera en considerar que el derecho a vivir dignamente incluye el hecho de morir dignamente, y en consecuencia se permite la eutanasia bajo ciertos supuestos. A continuación se presenta un resumen de esta importante sentencia, así como un análisis de las sentencias más importantes que le han seguido hasta la actualidad.
En el año de 1997, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, se demandó el artículo 326 del Código Penal de 1980 cuyo tenor era el siguiente: "Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años". El demandante argumentaba que el rol principal de un Estado Social de Derecho es garantizar la vida de las personas y en la norma acusada se dejaba al arbitrio del médico o del particular la decisión de terminar con la vida de aquellos que representan una molestia o cuya salud representa un alto costo. Además, se argumentó que  la norma vulneraba el derecho a la igualdad pues establecía una discriminación en contra de quien se encuentra gravemente enfermo o con mucho dolor.

En las consideraciones de la sentencia, la Corte estableció que el homicidio por piedad es la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro.  En este tipo penal, el sujeto pasivo debe encontrarse padeciendo intensos sufrimientos, provenientes de lesión corporal o de enfermedad grave o incurable, y su fin es que cese el dolor. Así las cosas,  quien mata a otro por piedad con el propósito de ponerles fin a los intensos sufrimientos que padece, obra con un móvil altruista, y es precisamente esta motivación la que ha llevado al legislador a crear un tipo autónomo con una sanción menor que la del homicidio simple o agravado. Lo anterior quiere decir que en el homicidio piadoso el sujeto activo considera a la víctima como una persona con igual dignidad y derechos, pero que se encuentra en una situación tal de sufrimiento que la muerte puede ser vista como un acto de compasión y misericordia, y es precisamente por esto, que la Corte decide que la norma acusada vulnera la Constitución, porque desconoce el derecho a la vida de quien se encuentra sufriendo intensamente.


En segundo lugar, la Corte se ocupa del consentimiento del sujeto pasivo, y sobre éste dispuso que el deber de vivir es visto desde dos perspectivas cuando el individuo sufre intensos sufrimientos: (i) la perspectiva que asume la vida como algo sagrado, según la cual la muerte siempre llega por causas naturales; y (ii) aquella que estima que la vida es un bien valioso pero no sagrado. Esta segunda perspectiva admite que el individuo decida si continúa o no viviendo cuando las circunstancias que rodean su vida no la hacen deseable ni digna de ser vivida. Respecto a este punto, la Corte afirma que si el respeto a la dignidad irradia el ordenamiento, es claro que la vida no puede verse simplemente como algo sagrado hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra el individuo. Lo anterior implica que  el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que significa el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad. Si bien el Estado tiene una obligación de proteger la vida, no puede desconocer la autonomía y la dignidad de las propias personas. Por esta razón, es indispensable el consentimiento del paciente, quien puede rechazar determinados tratamientos que puedan prolongar la duración de su existencia, pero que él considera incompatibles con sus convicciones personales. Así las cosas, teniendo en cuenta la autonomía de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a elegir,  sólo el titular del derecho a la vida pueda decidir hasta cuando ella es deseable y compatible con la dignidad humana. En consecuencia, el derecho fundamental a vivir en forma digna, implica también el derecho a morir dignamente, y obligar a alguien a vivir cuando sufre profundas aflicciones equivale a un trato inhumano prohibido por la Carta y a una anulación de su dignidad y de  su  autonomía.
En virtud de lo anterior,  cuando existe consentimiento del sujeto pasivo, la actuación del sujeto activo carece de antijuridicidad, pues se trata de un acto solidario que no se realiza por la decisión personal de suprimir la vida sino por la solicitud de aquel que sufre de intenso dolor y sufrimiento que pide ayuda para morir. No obstante, es importante resaltar que dicho consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre y manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentra. Dicha persona, dice la Corte, debe ser un médico, pues es el único profesional capaz de suministrarle el pronóstico al paciente y de brindarle las condiciones para morir dignamente. En los casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho descrito en el tipo penal con consentimiento del sujeto pasivo, no pueden ser objeto de sanción y quedarán exonerados de responsabilidad penal.
Debe entenderse entonces, que el Estado no es indiferente a la vida humana y tiene el deber de protegerla mediante una ley que regule la forma en que se debe dar el consentimiento y la asistencia a la muerte. Por esta razón se exhorta al congreso para que legisle sobre la materia teniendo en cuenta 5 puntos esenciales: (i) verificación rigurosa por personas competentes de la situación del paciente, de la enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de morir, (ii) indicación clara de las personas (sujetos calificados) que deben intervenir en el proceso, (iii) circunstancias bajo las cuales se debe manifestar el consentimiento de la persona que quiere morir o solicita que se ponga término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo, sujetos ante quienes debo expresarlo, verificación de su sano juicio por un profesional, etc., (iv) medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado filantrópico, y (v) incorporación al proceso educativo de temas como el valor de la vida y su relación con la responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona, de tal manera que la regulación penal sea la última instancia en un proceso que puede converger en otras soluciones. Mientras tanto, dice la Corte, todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal para establecer si la conducta del médico ha sido o no antijurídica en los términos señalados en la sentencia.  
A pesar de lo anterior, cabe resaltar que el Congreso de la República ha mantenido silencio respecto al tema e incluso omitió regular de una manera distinta el homicidio por piedad y la inducción o ayuda al suicidio en el Código Penal del 2000. Si bien han habido algunos proyectos de ley cuyo objeto ha sido el de avanzar en la regulación de la eutanasia, ninguno ha prosperado debidamente. Ejemplo de lo anterior es el proyecto de ley Consuelo Devis Saavedra que, más de 10 años después del pronunciamiento de la Corte en el año 1997, pretendía regular “los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. Dicho proyecto fue objetado por el Gobierno Nacional por considerar que debió tramitarse como ley estatutaria por el hecho de regular temas relacionados con derechos fundamentales. Sin embargo, pese a que la Corte, mediante sentencia C-233 de 2014, no le asiste la razón al Gobierno, lo cierto es que hasta el día de hoy, ni este, ni ningún otro proyecto, ha culminado con éxito.
El precitado proyecto de ley establecía que “el médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o alcance, mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no es su obligación mantener el funcionamiento de otros órganos o aparatos por medios artificiales, siempre y cuando el paciente no sea apto para donar órganos”. En este sentido, la Sala encuentra que dicho aparte no estaba determinando aspectos centrales del derecho a la vida, ni tampoco estaba configurando el contenido de dicho derecho, o estableciendo elementos estructurales del mismo. Por el contrario, se trataba de una manifestación de respeto, por la persona y por los familiares de quien se encuentra en dicho estado.
Adicionalmente, el proyecto de ley desarrollaba la posibilidad de que el paciente decidiera sobre aspectos esenciales del derecho a la vida y el derecho a la salud mediante un documento de Voluntad Anticipada. La Corte entonces afirma que la voluntad anticipada hace referencia al conjunto de preferencias que una persona tiene respecto del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida. Este documento se suscribe de manera libre e informada, en pleno uso de sus facultades mentales y como previsión de no poder tomar tal decisión en el futuro, debido a un suceso que le deje incapacitada para expresar tal intención pero no implica un contenido normativo de naturaleza estatutaria. En efecto, al renunciar a determinados tratamientos por medio del documento de Voluntad Anticipada no se está renunciando a la posibilidad de curarse –pues se está en estado terminal- y, por tanto, no se está decidiendo sobre si se sigue enfermo o no, ni, de forma mediata, sobre si se sigue con vida o no. En consecuencia, su suscripción no afecta ningún contenido esencial del derecho a la vida ni a la salud del paciente. En el mismo sentido, por medio del documento de Voluntad Anticipada, tampoco se está induciendo la muerte, ni se está poniendo fin a la existencia humana y, por ende, no se está autorizando ningún procedimiento de naturaleza eutanásica.
Así las cosas, debido al vacío que ha dejado el Congreso al momento de regular la materia, se  ha acudido a la acción de tutela para que, vía jurisprudencial, les sea protegido a las personas su derecho a morir dignamente. Para ilustrar lo anterior encontramos la sentencia T - 970 de 2014, donde una ciudadana demanda que se le tutelen sus derechos fundamentales a la vida y a una muerte digna. La accionante padecía un cáncer de colon que desde el año 2008 la tenía en una grave situación de salud, y pese a que fue tratada con procedimientos quirúrgicos y quimioterapia, el carácter progresivo de esta condición le deterioraba notablemente la calidad de vida. El 23 de febrero de 2012 ésta manifestó su voluntad de suspender el tratamiento, que a ese momento le imposibilitaba toda actividad sin la ayuda de terceros. El 4 de junio de 2013, un médico oncólogo adscrito a la Clínica Vida constató el grave estado de salud de la paciente, frente a lo cual ordenó el tratamiento con cuidados paliativos. Desde esta fecha, la accionante reiteró su voluntad de terminar con su vida, pero el médico se negó por “convicciones personales”. Coomeva respondió a la acción de tutela impuesta, que no era competente para obligar a los médicos a practicar un procedimiento como la eutanasia, sobre todo teniendo en cuenta que no existe una ley del Congreso que determine los estándares técnicos y procedimentales para llevarla a cabo.
Aunque durante el proceso de revisión la accionante falleció, la Corte enfatiza en la trascendencia que ha adquirido el debate de la eutanasia en los últimos tiempos y lo importante que es regular el tema siguiendo los lineamientos establecidos por la sentencia C - 239 de 1997. Además, se realiza un estudio comparado sobre las formas de regulación de la eutanasia en Bélgica, Holanda y Estados Unidos. De este estudio, la Corporación concluye que el principal medio de despenalización de la eutanasia ha sido la vía judicial, seguido por medidas legislativas. Este binomio es muy importante, pues sin la positivización de las pautas de  procedibilidad, no existe una certeza de su legalidad. Además, constata que se ha tratado de mediar la eutanasia como un tema de derecho constitucional y autonomía de la voluntad, y no como un tema de derecho penal. A pesar de esto, la despenalización siempre ha estado condicionada a factores como la primacía de la voluntad del paciente o el debido proceso a través de comisiones interdisciplinarias. En la mayoría de los casos, el centro de esta regulación se centra en la primacía de la voluntad informada y reiterada del paciente. Por esto, en caso de ausencia de este requisito, se estaría frente a un delito.
Es por esto que, la Corte, una vez más, le envía un mensaje al Congreso para que  adelante un proyecto legislativo sobre la eutanasia, y ordena al Ministerio de Salud a que emita una directriz para que en el campo de los prestadores del servicio de salud se conforme un comité interdisciplinario, así como la creación de un protocolo médico que sirva como referente para el tratamiento de la eutanasia. Asimismo establece 5 parámetros para que se tengan en cuenta a la hora de regular la materia: (i) La enfermedad que padezca el sujeto no solo debe ser terminal, sino además producir intensos dolores que causen sufrimiento al paciente. Este dolor tiene un factor objetivo y uno subjetivo. El objetivo tiene que ver con la opinión calificada de un médico, que constate que el estado del paciente es grave. El subjetivo, es la percepción del dolor o la gravedad de la situación propia, que solo la puede hacer el paciente, (ii) el consentimiento debe ser libre, informado e inequívoco. En todo caso la voluntad del paciente será prevalente. Este consentimiento puede ser previo, posterior, formal e informal. El previo es cuando, antes de la enfermedad, la persona declara que en caso de llegar a una situación de gravedad, desea que se le aplica la eutanasia. El posterior surge durante la enfermedad, (iii) la actuación debe guiarse por la celeridad, aunque siempre respetando el posible arrepentimiento del paciente, (iv) la oportunidad tiene que ver con que el procedimiento se realice cuando es relevante, actuación que no se cumplió en el caso de la tutela, y (v) la imparcialidad de todos los implicados, especialmente la del médico que guía el proceso.
A la luz de todo lo anterior, encontramos entonces que es la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional la que establecido que si bien la falta de una ley que regule la eutanasia es un obstáculo para la efectiva realización del derecho a morir dignamente, su inexistencia no constituye un motivo para ignorar el precedente constitucional sobre el tema.
3.3 Proyectos de ley posteriores a la Sentencia C-239 de 1997
Ahora bien, como se puede constatar de la lectura de las distintas sentencias sobre el tema, la Corte Constitucional ha sido enfática en reiterar la necesidad de que el Congreso expida una ley que recoja lo dicho por esa corporación y establezca de manera clara los supuestos en los cuales la eutanasia no debe ser penalizada. De la misma manera, la Corte Constitucional ha exhortado al Congreso para que, mediante la misma ley, desarrolle legalmente los criterios y requisitos que se deben cumplir en los casos en que la eutanasia sea permitida.
Así las cosas, en desarrollo de ese mandato, se han presentado en el Congreso distintos proyectos de ley que se expondrán brevemente a continuación. No obstante, es necesario advertir que ninguno ha sido aprobado y hasta el momento Colombia no cuenta con una ley expedida por el Congreso en desarrollo de lo expuesto y reiterado por la Corte Constitucional desde 1997.
Tras el mandato contenido en la sentencia C-239 de 1997, el primer proyecto de ley para regular la eutanasia se presentó el 21 de septiembre de 1998. Con este proyecto, titulado “por medio del cual se establece el Derecho a Morir Dignamente”, se pretendía regular el derecho que tienen los individuos a una muerte digna, específicamente la eutanasia pasiva. Este proyecto de ley, fue propuesto por el senador Germán Vargas Lleras quien en el momento pertenecía al Partido Liberal colombiano; por lo que su propuesta era de carácter liberal. No obstante, este proyecto de ley fue archivado por tránsito de legislatura el 20 de junio de 1999.
Con el fracaso del proyecto de ley de 1998 el Congreso mantuvo silencio sobre el tema durante muchos años, hasta que el 24 de agosto de 2006 el senado Armando Alberto Benedetti (senador del partido de la U), propuso el proyecto de ley titulado “ por el cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones.”. Este proyecto, tenía como objetivo reglamentar la forma en que atenderían solicitudes de pacientes para la terminación de sus vidas en condiciones dignas, los procedimiento necesarios para ese fin y la práctica de la Eutanasia y la asistencia al suicidio por parte de los médicos tratantes. Adicionalmente, pretendía establecer mecanismos para controlar y evaluar la correcta realización de la eutanasia y el suicidio asistido, teniendo en cuenta el deber del Estado de proteger la vida. Este proyecto tenía una clara tendencia liberal; sin embargo, su autor, el senador Benedetti, retiró el proyecto de ley el 3 de mayo de 2007.

Después de retirar el proyecto de ley del 24 de agosto de 2006, el mismo senador Benedetti en conjunto con la senadora Gina Parody, quien también era senadora del partido de la U para la fecha, el 20 de julio de 2007 presentaron el proyecto de ley “por el cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones.” En este proyecto se dictaban disposiciones donde se definía y se reglamentaba la eutanasia, el suicidio asistido, las figuras de médico tratante y médico de referencia, y la decisión informada. Además, se regulaban las condiciones y procedimiento de cuidado debido, registro médico eutanásico y La Comisión Nacional de Evaluación y Control Posterior de Procedimientos Eutanásicos y Suicidio Asistido. Al igual que los anteriores proyectos, este tambien tenia un corte liberal y fue retirado por sus autores el 30 de octubre de 2007.
Un año después, el 23 de julio de 2008, el Congreso volvió a ocuparse sobre el tema de la eutanasia mediante el proyecto de ley de esa fecha “por el cual se reglamentan las prácticas de la Eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia, el servicio de cuidados paliativos y se dictan otras disposiciones.” En este proyecto, se propuso reglamentar integral y rigurosamente la forma en la que se deberán atender las solicitudes de los pacientes sobre la terminación de su vida en condiciones dignas y humanas, además de los procedimiento necesarios para tal fin y la práctica de la eutanasia y la asistencia al suicidio, por los respectivos médicos tratantes. De igual manera, pretendía establecer mecanismos aptos para controlar y evaluar la correcta realización de la eutanasia y el suicidio asistido, atendiendo al deber del estado de proteger la vida. Adicionalmente, este proyecto proponía determinar el sistema de servicio de cuidados paliativos ofrecido por el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud. Este proyecto, fue propuesto por el Senador del partido de la U, el señor Armando Benedetti. Aunque también de tendencia liberal, este proyecto tuvo una mayor trayectoria en el congreso que los anteriores proyectos, ya que fue aprobado en primer debate con un 79% de votos a favor; no obstante, este proyecto de ley fue archivado en debate el 20 de junio de 2009.
Con este nuevo fracaso de reglamentar la eutanasia, en el 2011 se presentó el proyecto de acto legislativo del 3 de agosto de ese mismo año para adicionar el artículo 11 de la Constitución Política, sobre el derecho fundamental a la vida humana. Más que regular la eutanasia, este nuevo proyecto pretendía sentar las bases constitucionales para su permisión, pues pretendía que el artículo 11  quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 11: "El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte".


A través de la adición propuesta al texto de la Constitución se buscaba garantizar a todos los seres humanos igual protección del derecho a la vida, haciendo explícito que este derecho fundamental debe recibir igual protección por parte del Estado durante todo el ciclo de vida del ser humano, independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. De esta forma, la regulación jurídica de todos los procesos destinados a la eliminación de vidas humanas (tanto del aborto como de la eutanasia, junto a los demás tipos de homicidio voluntario), se opone a los principios y valores fundamentales consagrados en la Constitución Política sobre los cuales se funda el Estado colombiano, a saber: el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que integran la república, la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política, la vigencia de un orden justo, la igualdad y la primacía de los derechos inalienables de la persona. Este proyecto de ley, tuvo como autores a 58 senadores de la república, en donde 33 pertenecían al partido conservador, 21 al partido de la U, 1 al partido de la Opción Ciudadana, 1 al partido del PIN y 1 al partido ALAS. A pesar de la gran participación de senadores del partido de la U, este proyecto tenía una clara tendencia conservadora ya que prohibía la terminación de la vida humana en cualquier etapa. Así, este proyecto en su exposición de motivos dejaba en evidencia su carácter conservador con frases como: “por eso la aprobación legal del aborto y la eutanasia conllevan la gradual pero inexorable negación de la solidaridad social, valor supremo sobre el que se cimenta la convivencia pacífica, para implementarse en su lugar una cultura de muerte en la que los derechos de los fuertes prevalecen sobre los derechos de los débiles.”  A pesar de la cantidad de autores que tenia este proyecto, en primer debate fue aprobada la moción de archivar el proyecto presentada por parte de los senadores Roy Barreras y Luis Carlos Avellaneda.
Tras el intento de reformar la constitución, se volvió a presentar un proyecto que buscaba reglamentar la figura de la eutanasia como tal. Así, se presentó el proyecto de ley del 9 de agosto de 2012, por la cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones.. Así, el proyecto tenía como objetivo “reglamentar integral y rigurosamente la forma en que se atenderán las solicitudes sobre la terminación de la vida en condiciones dignas y humanas; los procedimientos necesarios para tal fin y la práctica de la eutanasia y asistencia al suicidio, por los respectivos médicos tratantes; así como, establecer los mecanismos que permitan controlar y evaluar la correcta realización de la eutanasia y el suicidio asistido, atendiendo al deber del Estado de proteger la vida.”  Este proyecto fue una vez más propuesto por el senador por el partido de la U, Armando Benedetti, por lo que al igual que los anteriores proyectos propuestos por este senador, éste tenía también un corte liberal. Pero, a diferencia de todos lo anteriores proyecto a favor de la reglamentación de la eutanasia, este logró ser aprobado en primer debate con el 73% de votos a favor, por lo que fue publicada la ponencia para el segundo debate, más adelante se dio un concepto institucional del Ministerio de Salud y Protección Social en donde le dio el visto bueno al proyecto de Ley en general y propuso adecuaciones a algunas de sus disposiciones. A pesar de su recorrido, éste proyecto de Ley fue archivado por vencimiento de términos el 20 de junio del 2013.
Por último, el año pasado el senador Armando Benedetti presentó en el Congreso el proyecto de ley del 14 de noviembre de 2014, que busca promulgar una ley “por la cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones.” Este proyecto de ley, que se encuentra actualmente en trámite en el Congreso tiene como objetivo reglamentar integral y rigurosamente la forma en que se atenderán las solicitudes de los pacientes sobre la terminación de su vida en condiciones dignas y humanas. Además, pretende establecer los procedimientos necesarios para tal fin y la práctica de la eutanasia y la asistencia al suicidio, por lo médicos tratantes. También tiene el propósito de establecer mecanismos que permitan controlar y evaluar la correcta realización de la eutanasia y el suicido asistido, atendiendo el deber del Estado de proteger la vida. Éste último proyecto de ley, es también un de carácter liberal pues pretende regular la aplicación de la eutanasia en Colombia.
En síntesis, como es posible observar, aunque se han presentado distintos proyectos de ley, en su mayoría de corte liberal, con el fin de atender la orden de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-239 de 1997, lo cierto es que hasta el momento ninguno se ha convertido en ley de la República. Queda entonces por ver cómo se desarrolla el proyecto actualmente en curso en el órgano legislativo, aunque desde ya se puede ver todo el debate que se ha generado en torno al mismo. En efecto, como se expondrá en el siguiente acápite, el debate sobre la permisión de la eutanasia es un tema importante en la agenda nacional actual.
3.4. Debate reciente
En los últimos meses el debate sobre la eutanasia en Colombia parece haber cobrado nuevamente importancia, sobre todo desde que el senador Benedetti presentó ante el Congreso el proyecto de ley anteriormente mencionado. Sin embargo, el pasado 20 de abril el tema volvió a ser el centro de atención de la agenda nacional cuando el Ministerio de Salud emitió la resolución 1216 de 2015. Esta resolución establece ciertas directrices para hacer efectivo el derecho a morir dignamente, en cumplimiento de lo establecido en la ya mencionada sentencia T-970 de 2014 de la Corte Constitucional.
Efectivamente, la resolución mencionada establece, en primer lugar, que el paciente que solicite la eutanasia debe padecer una enfermedad grave que no tenga tratamiento. Este estado es certificado por el médico tratante. Además, antes de recibir la eutanasia, se debe verificar que el paciente tuvo derecho a recibir cuidados paliativos para su enfermedad. En segundo lugar, la persona solicitante debe ser mayor de edad y encontrarse en condiciones de emitir un consentimiento voluntario, libre e informado. En caso de no poder hacerlo, se debe demostrar que la persona emitió su consentimiento previamente mediante un testamento vital o un documento de voluntad anticipada.
Una vez emitida la voluntad por parte del paciente a su médico tratante, según la resolución, éste debe comunicarle la decisión al respectivo Comité. Los comités del derecho a morir dignamente son conformados por un médico especialista en la enfermedad que sufre el paciente, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico designados por el hospital. En un plazo de 10 días, el comité debe analizar que se cumplen los requisitos y preguntarle al paciente si reitera su voluntad. Eventualmente, aprueba el procedimiento, y se practica la eutanasia en la fecha señalada por el paciente o 15 días después de dicha aprobación. No obstante, el paciente puede desistir de la eutanasia en cualquier momento del proceso. En todo caso, el procedimiento es gratuito y las entidades no podrán cobrar por su realización.  
Ahora bien, en cuanto a la objeción de conciencia, ésta únicamente se predica del médico que va a realizar el procedimiento eutanásico, y no del comité ni mucho menos de la institución prestadora del servicio o de la EPS. En caso de que el médico formule objeción de conciencia por escrito y debidamente motivada, la institución tiene 24 horas para designar un nuevo médico para que realice el procedimiento. Mientras tanto, según la resolución, la EPS no puede interferir en ningún sentido en la decisión del paciente.
A grandes rasgos, estas son las directrices principales de la resolución en cuestión, que regula también todo lo relacionado a los Comités. Como se puede concluir, es lo más cercano que ha estado nuestro país a dictar normas por una vía distinta a la judicial que regulen la eutanasia. Por lo tanto, como es evidente, esta resolución ha generado un fuerte debate en distintos sectores de la sociedad que incluso ponen en peligro su obligatoriedad.
De esta manera, por su parte, el Procurador General Alejandro Ordóñez demandó la nulidad de la resolución ante la jurisdicción contencioso administrativa por considerar ilegal que un acto de este tipo reglamente decisiones de la Corte Constitucional. Según Ordóñez, únicamente las leyes tramitadas en el Congreso pueden reglamentar las órdenes contenidas en sentencias. Sin embargo, no es un secreto que el Procurador es un opositor abierto de la eutanasia, e incluso a llegado a afirmar que “el derecho a la eutanasia aparece como políticamente correcto, pero es la verdadera herencia del nazismo” (El Tiempo, 19 de abril de 2015).
Igualmente, la Iglesia Católica también ha intervenido en este debate y ha manifestado abiertamente su oposición a la eutanasia en general y a la resolución en particular. Pedro Mercado, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia, por ejemplo, afirmó que la eutanasia es “un atentado al valor sagrado de la vida humana que debe ser custodiado en toda circunstancia”. Así mismo, adujo que el Ministerio de Salud carecía de competencia para regular temas que en realidad le competen al Congreso de la República (Ibíd.).
Ahora bien, en el gremio médico también existen personas que se oponen a esta resolución. Así, por ejemplo, Claudia Agámez, expresidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, considera que la resolución es confusa y por lo tanto “parece hecha para aliviar el sufrimiento de los familiares y no de los enfermos” (Ibíd.). De igual forma, hay quienes consideran que el acto de matar no es competencia de los médicos, y que le corresponde también a la familia de los pacientes. Otros, como el doctor Rafael Marín, consideran que la medida abre la puerta para el homicidio de los pacientes más vulnerables. Por último, también consideran que faltó regular el caso de personas que no puedan dar su consentimiento y que no lo hayan dado anteriormente.
No obstante, también existen voces a favor de la eutanasia y que ven en la resolución del Ministerio de Salud una reglamentación del derecho a morir dignamente. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, por ejemplo, ha dicho que la resolución  “es un paso en firme y en el camino correcto, pero aún falta consolidar el mandato de la Corte Constitucional que reconoció la muerte digna como un derecho fundamental que hay que garantizar” (Ibíd.). Así mismo, los principales representantes de las EPS han afirmado que se sujetarán a lo estipulado en la resolución.
En conclusión, sea cual sea la posición adoptada, lo cierto es que mientras no exista un pronunciamiento judicial al respecto, la resolución del Ministerio de Salud se encuentra en firme y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, como lo han manifestado distintas posiciones en este debate, todavía hay aspectos de la eutanasia que siguen sin regular y falta mucho para reglamentar completamente esta figura en Colombia; especialmente según las directrices contenidas en las sentencias de la Corte Constitucional. Es por esta razón que un análisis comparado de este problema todavía es necesario en Colombia; con el fin de regular el tema de forma adecuada y, sobre todo, completa. En este sentido, a continuación se presentará un análisis de ciertos países que han solucionado el problema planteado y que sirven de referencia para poder pensar en una respuesta integral al problema en nuestro país.

4. Selección de países objeto de la comparación2
4.1 Criterios
Como se mencionó anteriormente, la investigación busca analizar cómo diferentes países han resuelto el problema social que surge cuando una persona está sufriendo una enfermedad grave y quiere poner fin a su vida con ayuda de un tercero. Evidentemente, para realizar esto, es necesario estudiar a fondo los sistemas no solo legales, sino también sociales e incluso éticos, de los mismos. Sin embargo, como metodológicamente no es posible analizar cómo cada Estado del mundo soluciona este problema, se debe tener un criterio de selección de los países.
En un tema tan complejo como la eutanasia, existen cientos de configuraciones sobre cómo abordarla, razón por la cual se ilustrará la amplia gama de posibilidades que existen con base a tres variables: (i) quién puede ser el sujeto pasivo de la eutanasia, (ii) las condiciones de la voluntad, y (iii) las condiciones de la muerte como tal. Lo anterior, con el fin de poder hacer la selección de los países para comparar de manera tal que se cubran diferentes opciones en la materia.


Fuente: elaboración propia




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