Procedimiento administrativo de responsabilidad



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Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 5/2017 y su acumulado 6/2017


PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD: 5/2017 Y SU ACUMULADO 6/2017.

QUEJOSO: //////////.

SERVIDORA PÚBLICA DENUNCIADA: ////////// Y //////////

CONSEJERO PONENTE: //////////

Morelia, Michoacán, a 3 tres de octubre 2018 dos mil dieciocho.


V I S T O S para resolver los autos de la queja Administrativa número 5/2017 y su acumulado 6/2017, interpuesta por //////////, por su propio derecho y en representación de ////////// y ////////// de apellidos //////////, contra actos de ////////// y de /////////; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Por escrito presentado el 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, ante la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, ////////// y en representación de ////////// y //////////.
SEGUNDO. Por autos de 2 dos de febrero y 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete, la Presidencia de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial, admitió y registro en trámite los procedimientos administrativos de responsabilidad, bajo el número 5/2017 y 6/2017, requiriendo a //////////, rendir su respectivo informe justificado dentro del término de 5 cinco días hábiles, mismo que rindieron de manera oportuna.
TERCERO. A través de los acuerdos de 15 quince de marzo y 30 treinta de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se señalaron fecha y hora para la celebración de las respectivas audiencias de ofrecimiento, desahogo de pruebas y alegatos, verificándose las 10:00 diez horas del 30 treinta de marzo de 2017 dos mil diecisiete, para la queja 5/2017 y las 10:00 diez horas del 16 dieciséis de junio del mismo año para la queja 6/2017, la primera se celebró únicamente con la asistencia de //////////, apoderado jurídico del ////////// y la segunda con la asistencia de ////////// y el citado //////////.
CUARTO. En acuerdo de 6 seis de abril de 2017 dos mil diecisiete, atendiendo las circunstancias del caso concreto se decretó la acumulación del procedimiento 5/2017 y 6/2017, con el fin de que se resuelvan en una misma sentencia.
QUINTO. Finalmente, habiendo quedado los procedimientos disciplinarios de referencia en estado de resolución, se ordenó remitir el expediente de que se trata a la ponencia respectiva a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. De conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión de Vigilancia y Disciplina se encuentra facultada para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos y, de conformidad los numerales 84, 90 fracciones I, III, XXV, y 164, párrafo segundo, de la legislación citada, es atribución del Consejo la vigilancia y disciplina del Poder Judicial, determinar y adoptar las medidas que estime convenientes para la buena marcha de la administración de justicia, así como sancionar a los servidores públicos que lo integran cuando incurran en causas de responsabilidad; y, en su caso, denunciar los hechos al Ministerio Público.
SEGUNDO. Cabe señalar que el artículo 42 del Reglamento de la Comisión de Vigilancia y Disciplina y 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, disponen en su orden:
En los casos en que se encuentren en trámite varias quejas o denuncias formuladas por diversas personas en contra de un mismo Servidor Público, se acumularán aquellas en que no se hubiere pronunciado resolución, debiendo conocer de la acumulación el Consejero que tenga el asunto primeramente turnado. La acumulación se acordará de oficio o a petición del quejoso”.

En los casos en que se encuentren en trámite varios procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de una misma persona, una vez que se haga saber la iniciación de éstos se decretará su acumulación de oficio o a petición de parte del más reciente al más antiguo.


Cuando alguno de los procedimientos acumulados quede en estado de resolución esta se suspenderá, hasta en tanto todos se encuentren en esta etapa, suspendiéndose para ello el termino de los treinta días”.
La acumulación tendrá como finalidad que cada procedimiento se siga en todas sus etapas procesales por separado, pero que todos se resuelvan en una misma instancia”.
Como puede observarse, los preceptos transcritos determinan los requisitos para la procedencia de la acumulación, la posibilidad de acordar de oficio o a petición de parte, además de precisar a quién corresponde conocer de los autos acumulados; no obstante, tales expresiones deben interpretarse sistemáticamente con la norma que establece la facultad del Pleno del Consejo, para resolver los procedimientos administrativos de responsabilidad, prevista en los artículos 84, 90 fracciones I, III y XXV, 163, 164, segundo párrafo y 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Lo anterior, se corrobora si se tiene en cuenta que siendo el Pleno competente para resolver el fondo de los procedimientos administrativos que se siguen en contra de servidores públicos del Poder Judicial, es inconcuso que también lo es para aplicar las reglas generales para la tramitación, entre las que se incluye la posibilidad de acumular autos.
En este sentido, sí bien en proveído de 6 seis de abril de 2017 dos mil diecisiete, se decretó la acumulación del procedimiento administrativo 6/2017 al 5/2017, corresponde al Pleno del Consejo del Poder Judicial, resolver de oficio, o a petición de parte, sobre la acumulación de los procedimientos sancionadores cuando se encuentren en trámite varias quejas o denuncias formuladas en contra de un mismo servidor público, con la finalidad de privilegiar el principio de economía procesal y evitar la emisión de resoluciones contradictorias.
Entonces se considera que la acumulación, es del conocimiento y en consecuencia, corresponde su estudio y pronunciamiento, a este órgano colegiado, ya que del análisis de los artículos 36 al 44 del Reglamento de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, conduce a concluir que la facultad originaria para emitir los acuerdos y resoluciones y practicar las diligencias necesarias de la instrucción está conferida a la Presidencia de la Comisión, con el objeto de lograr la agilización procedimental que permita ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, pero cuando éstos se encuentren con cuestiones distintas a las ordinarias o se requiera el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar una modificación importante en el curso del procedimiento que se sigue regularmente, sea porque requiera decidir respecto a algún presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que se trate tenga con otros asuntos, sobre posible conclusión sin resolver el fondo ni concluir la sustanciación, etcétera, la situación queda comprendida en el ámbito general del órgano colegiado.
De las constancias visibles en las páginas 54 cincuenta y cuatro y 285 doscientos ochenta y cinco, se advierten 2 dos aspectos:


  1. La iniciación del procedimiento 5/2016 y 6/2017 se hizo mediante proveído de 18 dieciocho de enero de 2017 dos mil diecisiete, atendiendo que la queja del primero se presentó a las 11:00 once horas a.m. del 20 veinte de diciembre, y la segunda a las 13:00 trece horas con 19:00 diecinueve minutos p.m. por consiguiente es más reciente el 6/2017 al 5/2017; y,




  1. Con posterioridad al auto de avocamiento de cada uno de los procedimientos, se hizo del conocimiento de las partes respecto de su iniciación.

Ante lo expuesto, resulta evidente que al encontrarse satisfechas las exigencias legales establecidas en los artículos 42 del Reglamento de la Comisión de Vigilancia y Disciplina y 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este órgano colegiado determina procede la acumulación de la queja 6/2017 al procedimiento administrativo 5/2017.


En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente resolución a los autos del procedimiento acumulado.
Ahora bien, previo al estudio del fondo de este procedimiento administrativo, debe precisarse que en el auto de inicio de los procedimientos 5/2017 la Comisión de vigilancia y Disciplina estimó que de acreditarse la conducta infractora, pudiera actualizarse lo previsto en el artículo 166 fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y en el respectivo auto de inicio del acumulado 6/2017, estimó que sería el artículo anteriormente reseñado, así como en el numeral 8, fracción XXVII, en relación con el 10 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios1.
Preceptos que de manera expresa instituyen:
Artículo 166, Serán causa de sanción en los términos de esta ley, en su función de su gravedad, las siguientes faltas:
XI. Impedir o entorpecer en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que la ley les asigne;”.
Artículo 8. Obligaciones de los servidores públicos. Los servidores públicos, además de las obligaciones específicas que correspondan a su cargo, empleo o comisión, para salvaguardar los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia, tendrán las siguientes obligaciones:

[…]
XXVII, Abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de alguna disposición jurídica relacionada con el servicio público”.


Atendiendo que en la especie se invocan 2 dos diversas causas de responsabilidad que se actualizarían hacia la misma conducta atribuida a las funcionarias denunciadas, es factible puntualizar que para el estudio de fondo del presente asunto se dará preferencia a analizar, en caso de que la conducta atribuida quede plenamente demostrada con los elementos probatorios aportados en autos, la hipótesis de responsabilidad que en un momento dado pudiera actualizarse seria la correspondiente a la Ley Orgánica (artículo 166, fracción XI), y sólo que no fuera posible encuadrarse dicho comportamiento en tal normatividad, se procederá hacer el pronunciamiento que sea conducente en relación con el supuesto de responsabilidad referido de la Ley de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios; legislación respecto de la cual no pasa inadvertido que, entre otros, su capítulo II, que contiene las causas de responsabilidad, en que pueden incurrir sus destinatarios, fue derogado conforme al artículo transitorio segundo del decreto 368, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, el 18 dieciocho de julio del año próximo pasado, mediante el cual se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, que entro en vigor al día siguiente, acorde al transitorio primero de tal decreto.
Tal preferencia otorgada para tal fin a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, obedece a que ésta –en concordancia con lo que contempla el artículo 1, y constituye la ley que especialmente regula la organización y el funcionamiento del Poder Judicial del Estado, y la conducta de que se trata se cometió por servidor público judicial.
En efecto, si bien no se desconoce que atento a los diversos artículos 164, 167, y 176 de la Ley Orgánica Judicial en comento, así como los numerales 1, 2, fracción I, 3 y 15 de la Ley de Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos y de sus Municipios, esta última legislación (en su momento2), también era aplicable respecto de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos judiciales y contemplaba en sus dispositivos 8 al 14 y 16, una serie de hipótesis en ese sentido, como el procedimiento a través del cual se habría de dilucidar ese tipo de responsabilidad.
Sin embargo, a diferencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado –que sobre la materia en que se actúa, se dirige exclusivamente a los servidores públicos integrantes de dicho Poder- la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de referencia era una normatividad general de responsabilidades respecto del servicio público estatal y municipal.
De esta manera, siendo la Ley Orgánica aludida la norma especial que regula la prestación de la función pública judicial, es claro que atento al principio jurídico de especialidad conforme al cual la ley especial Prima sobre la general, y en una de sus vertientes orienta el criterio de que ante una concurrencia de normas, antes de estimar la existencia de una colisión derogatoria y de desaplicación total, se debe procurar su correspondiente armonización, a través de aquella interpretación que logre evadir o disolver el conflicto y mantener la compatibilidad y coherencia sistemática de los conjuntos legales respectivos, en orden a la complementariedad, secuencia y alternativa de aplicación de sus núcleos normativos aparentemente en pugna; consecuentemente, tomando en cuenta que los preceptos 166 de la citada Ley Orgánica previenen diversas causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de este poder, cuya descripción se enfoca a anomalías ajustadas propiamente a situaciones con el desempeño y a la naturaleza de la función pública judicial, entonces primeramente, debe verificarse si la conducta atribuida como irregular, tal como está imputada y se llegue a acreditar en autos, pudiera actualizar precisamente aquella falta administrativa a que se refiere el numeral 166, fracción XI, de la citada Ley Orgánica.
En ese sentido, solamente que dicho comportamiento no tuviera cabida en tal supuesto administrativo, se procedería a efectuar el pronunciamiento atinente a la aplicación de la multicitada ley de responsabilidad y registro patrimonial estatal, o en su caso, definir lo conducente en atención a la derogación, como se dijo, de su capítulo II, y a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.
TERCERO. Ahora bien, previo a entrar al análisis y valoración de los cuestionados motivos de inconformidad, conviene precisar que en relación al análisis valorativo de las pruebas aportadas por las partes, atenderemos a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, que puntualiza la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 18 dieciocho de julio de 2017 dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado, por ser supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Ello, en atención a que ésta no contiene un apartado que establezca la regulación de valoración de pruebas; y, por lo mismo, en su numeral 176, establece que el procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos se regirá por lo dispuesto en la ley estatal en la materia de responsabilidades de los mismos.
Luego, al remitir a la ley de responsabilidades administrativas en general y encontrarnos actualmente ante una sucesión de leyes estatales en dicha materia, conviene puntualizar por qué es la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas la que se determina aplicar para la justipreciación de la prueba y no la deroga Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial, si ésta es la que venía dando sustento a las previas actuaciones de este disciplinario; sobre todo porque, en congruencia con los principios universales de que la leyes no deben aplicarse de manera retrospectiva, acorde a lo dispuesto al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la retroactividad de las leyes, entre ellas obviamente las de índole administrativo-disciplinario, en términos generales, está estrictamente prohibida por nuestra Carta Magna, al grado de ser considerada un derecho fundamental que el Estado no puede violentar sin generar desconfianza en la protección social; más aún si consideramos que el tercero transitorio de la nueva ley de responsabilidades, dispone que los procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia de ésta, se seguirán sustanciando con la ya derogada.
La cuestión se reduce a considerar hasta dónde la nueva ley puede regir el procedimiento administrativo iniciado en el pasado y bajo el orden de la ley derogada; sin que pueda decirse que se vulnera ese principio constitucional.
Para ello, es necesario atender al texto mismo del párrafo primero del numeral 14 Constitucional, que establece:
“Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna…”.
Partiendo de ello, la aplicación de una ley es retroactiva, cuando ocurren las siguientes condiciones:


  1. Que se trate de una ley creada después de hechos verificados por las personas;




  1. Que la posible aplicación de la ley produzca variación, modificación, supresión o de alguna manera alteración en los derechos adquiridos por las personas, y;




  1. Que tales personas sufran un perjuicio por causa de la retroactividad.

Sin realizar mayores esfuerzos -prolijos para las pretensiones emprendidas-, el entendimiento del primero de los elementos, parece demasiado sencillo, porque sólo basta comparar la fecha de promulgación y vigencia de una ley, con la época en que ocurrieron los hechos verificados, para deducir si dicha ley es anterior o posterior a éstos. En relación a los derechos adquiridos, podemos decir que son aquellos ya ingresados al patrimonio de un individuo. El perjuicio, debe entenderse como una variación, modificación, supresión, o de cualquier manera una alteración negativa en los derechos individualmente ya adquiridos por los gobernados.


Atento a lo anterior, habrá una aplicación retroactiva inconstitucional, cuando la nueva ley altere negativamente los derechos ya ingresados al patrimonio o esfera jurídica de alguna persona. En consecuencia, entendido en sentido contrario, puede deducirse la validez de la aplicabilidad retroactiva en beneficio de las personas, siempre y cuando consigne modificaciones favorables a los derechos ya adquiridos por las personas.
En ese tenor, la solución al problema radica en determinar si la nueva ley, que se pretende aplicar, altera negativamente los derechos ya obtenidos por el justiciable antes de su vigencia. Para ello, se necesita distinguir previamente si la norma en cuestión es de índole adjetiva o sustantiva; pues es aquí donde realmente radica la salida del problema.
En efecto, ley adjetiva es la que regula la aplicación de otra, llamada sustantiva, limitada por lo común a exponer el precepto. La ley adjetiva por excelencia es la procesal, que da vida a la norma no cumplida voluntariamente por el obligado o que restablece el derecho desconocido por otro. También es ley adjetiva la penal, por cuanto su sanción tiende a restaurar la vigencia y el respeto de la regla positiva3.
Por otro lado, es una ley sustantiva: la que concede un derecho o impone una obligación; la que permite o prohíbe ciertos actos; la reguladora de las instituciones jurídicas. Se contrapone a la ley adjetiva, que establece los medios para efectividad y garantía de las relaciones y normas de fondo.4
Se ha cuestionado si la irretroactividad de la ley penal contempla también la ley procesal, en realidad la prohibición del artículo 14 Constitucional la hace de manera general, es decir se refiere a la ley en general sin distinguir si es sustantiva o adjetiva. En efecto, ante tal generalidad deberíamos suponer que igualmente a la norma procesal se debería de dar efectos retroactivos cuando se beneficie con ello al infractor; sin embargo ello no debe ser así; habida cuenta que, como se dijo, las normas adjetivas únicamente señalan el procedimiento, es decir, aquella serie de actos sistematizados previamente establecidos por la ley para llegar a una sentencia, de tal manera que sea cual fuere la reforma de una ley procesal no tiene por qué afectar a un procesado y en ese sentido se ha pronunciado en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados.
En respaldo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia de la octava época, de Tribunales Colegiados de Circuito, en el apéndice de 1995, Tomo II, parte TCC, tesis 703, página 447, del texto y rubro:
RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL EN BENEFICIO DEL REO. NO OPERA EN MATERIA ADJETIVA O PROCEDIMENTAL. Aun cuando es exacto que el principio de la irretroactividad recogido en el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Federal tiene como excepción en materia penal aquellos casos en que la nueva ley es más benigna para el reo, lo que ha sido reconocido en forma unánime por la jurisprudencia, la doctrina y el derecho positivo; también lo es que tales hipótesis excepcionales, sin duda alguna, se refieren al aspecto sustantivo del delito y de la pena, más no al adjetivo o procedimental, pues es de explorado derecho que el proceso se rige por la ley vigente en el momento en que cada diligencia se desarrolla, por lo que sería absurdo y contrario al principio de seguridad jurídica, pretender que las actuaciones realizadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley carezcan de todo valor probatorio por no ajustarse a los nuevos criterios adoptados por el legislador para su práctica, ya que de ser así los órganos jurisdiccionales no tendrían ningún soporte jurídico para establecer en sus sentencias que las autoridades investigadoras debieron observar en la práctica de aquellas diligencias requisitos que no existían en el momento en que se efectuaron.”
De manera que tratándose de normas procesales cuando de acuerdo a su naturaleza sean verdaderamente procesales, en nada debe afectar al infractor la entrada en vigor de una nueva norma que marque un diverso procedimiento, de ahí que la irretroactividad deba ser solamente de derecho sustantivo cuando beneficie al acusado, lo que quiere decir que en el derecho procesal en principio no rige la prohibición de retroactividad. La prohibición de leyes penales retroactivas solo rige respecto al Derecho material5.
Así se tiene que el artículo 131 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, que contiene la forma en que habrán de valorarse las pruebas en el proceso disciplinario, es una norma jurídica que tiene más incidencia en materia adjetiva que sustantiva, simplemente porque marca, en relación con los demás dispositivos en cuyo capitulo se encuentra inmerso, el procedimiento a seguir para dotar o no de eficiencia probatoria a los medios de prueba desahogados por las partes, por ello es una norma con incidencia adjetiva, cuya aplicación inmediata a la etapa del procedimiento cumple con el principio de irretroactividad a que se refiere el numeral 14 constitucional. Además, tratándose de leyes procesales, existe el principio doctrinario de que las nuevas son aplicables a todos los hechos posteriores a su promulgación, pues rigen para el futuro y no para el pasado, por lo que la abrogación o derogación de la ley antigua es instantánea, y en lo sucesivo debe aplicarse la nueva.
Señalado lo anterior, a continuación se citan los motivos de inconformidad que como se aprecia se hacen indistintamente a las dos servidoras públicas referidas, por tal motivo se resolverán de manera conjunta, atendiendo además que los hechos tildados de irregular se desprende de una simple lectura corresponde a cuestiones de arbitrio debatible u opinables, es decir, a cuestiones de naturaleza estrictamente jurisdicional. Por las razones que expondrán en líneas subsecuentes.
Bajo ese tenor, se tiene que en el procedimiento 5/2017, en el expediente subyacente número 750/2016, (Incidente de Modificación de Convenio) se acusa a la juez y secretaria de acuerdos dictar una serie de fallos, violatorios e irregulares, generando una total parcialidad en contra del quejoso, quien duda que al momento de emitir el fallo este será ajustado a derecho, motivos de queja que en este apartado resumidamente se puntualizan a continuación:


  1. ////////// y //////////, en el procedimiento cometieron en contra del quejoso, una serie de violaciones e irregularidades, generando con ello, una total parcialidad, encaminada a favorecer a la contraparte del denunciante.




  1. El dictado de ////////// y la autorización de ////////// del auto de 14 catorce de noviembre de 2016 dos mil dieciséis es ilegal, porque su dictado fue encaminado a favorecer a la parte contraria, con la más clara intención de entorpecer el procedimiento, violando los derechos fundamentales de //////////.



  1. El precitado auto, autorizado por las funcionarias entorpece el procedimiento, porque dejó sin efectos la citación para sentencia, para designar tutora para ////////// y darle vista al Agente del Ministerio Público, adscrito al juzgado para otorgarle la intervención legal que le corresponde.



  1. ////////// y //////////, realizaron una actuación parcial, por ordenar agregara al (Incidente) copia certificada de la audiencia de menores celebrada en juicio diverso; y por ordenar a la tutora especial y la Agente del Ministerio Público, emitan su opinión respecto de los intereses de menores. además de que la medida cautelar en su concepto carece de fundamento y sustento legal al no existir convenio o sentencia de por medio como lo prescribe el numeral 427 del Código Familiar.



  1. El decreto de convivencia hecho por ////////// y autorizado por //////////, resulta ilegal y parcial por que a su juicio, no basta el arbitrio de la juez, quien sin ser la etapa correspondiente, califico y otorgo valor a la prueba testimonial ofertada por la actora, en perjuicio de los menores al no valorar el cumulo de pruebas ofrecidas por el quejoso se advierte con ello, violaciones en su contra y en contra de //////////.



  1. ////////// monopoliza su ilegal justicia, ante una ilegal postura de las funcionarias, por escrito en tiempo y forma interpuso recurso de apelación y el mismo no fue admitido, motivo por el que diverge del criterio de ////////// y en su criterio si cabe el recurso de apelación, por ello considera ilegal dicha situación.



  1. ////////// y ////////// estimaron que la convivencia de referencia, está por encima de cualquier terapia, tratamiento, actividad o inclusive enfermedad, deviniendo ilógico y contrario a todo principio y marco legal de los derechos de //////////, así mismo se queja que la juez no tomo en cuenta al decretar la convivencia las recomendaciones y opiniones de los psicólogos de que dicha convivencia fuera bajo supervisión en cuanto a //////////, por ser un peligro para ellos.



  1. ////////// y ////////// y //////////, no reflexionaron, (entre otras circunstancias) 1.- que no era el momento ni la etapa para valorar las pruebas de las partes; y, sin embargo lo hicieron, 2.- al dictar la medida que se combate se debió de tomar las recomendaciones hechas por los psicólogos; y no lo hicieron, 3.- no tomaron en cuenta entre otras, las pruebas ofrecidas por el quejoso de cuando el menor se cayó de un segundo piso mientras estaba con su madre.



  1. Existe también una ilegal actuación parcial violatoria de los derechos de sus //////////, por parte de ////////// y //////////, al enviar inmediatamente los oficios a las instituciones señaladas en el proveído de convivencia, sin que la determinación que impugno el quejoso y no se admitió hubiere quedado firme.



  1. Se adolece que ////////// impuso al quejoso, al //////////; y, a las Instituciones y/o terapeutas a las que ////////// acuden, medidas intimidantes y amenazadoras, al apercibirlos que para el caso de no permitir la convivencia decretada en autos, se emplearan en su contra los medios de apremio que establece el artículo 131 del supletorio Código de Procedimientos Civiles.




  1. Concibe como motivo parcial, violatorio de los derechos de //////////, que ////////// envió oficios a las instituciones en las que ////////// reciben sus terapias, acuden a la escuela, y asisten a sus actividades culturales y recreativas, lo que considera ilegal porque la impugnación que interpuso el quejoso en contra del auto del 14 catorce de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, aun no quedaba firme y aun así se enviaron dichos oficios.



  1. Cuestiona que //////////, no le haya impuesto ninguna obligación para con ////////// a //////////. Porque de acuerdo al artículo 10, y 40, Constitucionales, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, en consecuencia tienen los mismos derechos y obligaciones.

En el respectivo acumulado,


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