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Enmienda 36
Propuesta de Directiva

Considerando 65





Texto de la Comisión

Enmienda

(65) Los informantes deberán ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, por parte de su empresario o por los clientes o destinatarios de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas últimas, incluidos, por ejemplo, los compañeros y directivos de la misma organización o de otras organizaciones con las que el informante esté en contacto en el contexto de sus actividades laborales, cuando la represalia sea recomendada o tolerada por el interesado. Deberá facilitarse protección frente a represalias aplicadas contra el propio informante, pero también frente a aquellas que puedan tomarse contra la persona jurídica a la que represente, como la denegación de prestación de servicios, el establecimiento de listas negras o el boicot a empresas. Las represalias indirectas incluyen asimismo las medidas adoptadas contra los familiares del informante que también mantengan una relación laboral con el empresario, o los clientes o destinatarios de los servicios del denunciante y los representantes de los trabajadores que hayan prestado apoyo al informante.

(65) Los informantes y las personas que les ayudan a revelar infracciones o posibles infracciones deberán ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, por parte de su empresario o por los clientes o destinatarios de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas últimas, incluidos, por ejemplo, los compañeros y directivos de la misma organización o de otras organizaciones con las que el informante esté en contacto en el contexto de sus actividades laborales, cuando la represalia sea recomendada o tolerada por el interesado. Deberá facilitarse protección frente a represalias aplicadas contra el propio informante, pero también frente a aquellas que puedan tomarse contra la persona jurídica a la que represente, como la denegación de prestación de servicios, el establecimiento de listas negras o el boicot a empresas. Las represalias indirectas incluyen asimismo las medidas adoptadas contra los familiares del informante, las personas que tengan vínculos de afecto o amistad con el informante, los compañeros o los clientes o destinatarios de los servicios del denunciante y los representantes de los trabajadores u otras personas y organizaciones que hayan prestado apoyo al informante. Deben preverse sanciones en caso de acoso de los denunciantes o de sus familiares o compañeros a raíz de una revelación.



Enmienda 37

Propuesta de Directiva

Considerando 67





Texto de la Comisión

Enmienda

(67) Los denunciantes potenciales que no estén seguros sobre cómo denunciar o si van a ser protegidos pueden verse disuadidos de hacerlo. Los Estados miembros garantizarán que se facilite información pertinente de manera sencilla y fácilmente accesible al público en general. Deberá estar disponible un asesoramiento confidencial, imparcial, individual y gratuito respecto de si, por ejemplo, la información en cuestión está cubierta por las normas aplicables sobre protección de los denunciantes, sobre qué cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre los procedimientos alternativos disponibles en caso de que la información no esté cubierta por la normativa aplicable («señalamiento»). El acceso a este asesoramiento puede ayudar a garantizar que las denuncias se realicen a través de los cauces apropiados y de manera responsable, y que las infracciones e irregularidades se detecten de forma puntual o que incluso puedan evitarse.

(67) Los denunciantes potenciales que no estén seguros sobre cómo denunciar o si van a ser protegidos pueden verse disuadidos de hacerlo. Los Estados miembros garantizarán que se facilite información pertinente de manera sencilla y fácilmente accesible al público en general. Deberá estar disponible un asesoramiento confidencial, imparcial, individual y gratuito. El acceso a este asesoramiento puede ayudar a garantizar que las denuncias se realicen a través de cauces seguros y confidenciales y que las infracciones e irregularidades se detecten de forma puntual o que incluso puedan evitarse.



Enmienda 38

Propuesta de Directiva

Considerando 73





Texto de la Comisión

Enmienda

(73) De especial importancia para los informantes son las medidas provisionales a la espera de la resolución del proceso judicial, que puede prolongarse. Pueden ser especialmente necesarias medidas provisionales para poner fin a amenazas, tentativas o actos continuados de represalia, como el acoso en el lugar de trabajo, o para prevenir formas de represalia como el despido, que puede ser difícil de revertir una vez transcurrido un largo período y arruinar financieramente a una persona, una perspectiva que puede disuadir eficazmente a potenciales denunciantes.

(73) De especial importancia para los informantes son las medidas provisionales a la espera de la resolución del proceso judicial, que puede prolongarse. Pueden ser especialmente necesarias medidas provisionales para poner fin a amenazas, tentativas o actos continuados de represalia, como el acoso en el lugar de trabajo y fuera de él, o para prevenir formas de represalia como agresiones verbales, violencia física o el despido, que puede ser difícil de revertir una vez transcurrido un largo período y arruinar financieramente a una persona, una perspectiva que puede disuadir eficazmente a potenciales denunciantes.



Enmienda 39

Propuesta de Directiva

Considerando 75





Texto de la Comisión

Enmienda

(75) Los honorarios de abogados pueden suponer un coste significativo para los informantes que tengan que defenderse a través de procesos judiciales contra medidas de represalia adoptadas contra ellos. Aunque podrían recuperar dichos gastos al final del proceso, podrían no estar en condiciones de adelantarlos, sobre todo si están desempleados y han sido incluidos en una lista negra. En determinados casos, puede ser esencial la ayuda a efectos de los procesos judiciales penales, especialmente de conformidad con las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo59 y, de manera más general, el apoyo a quienes tienen una necesidad perentoria de ayuda financiera para poder hacer efectivos sus derechos a protección.

(75) Los honorarios de abogados pueden suponer un coste significativo para los informantes que tengan que defenderse a través de procesos judiciales contra medidas de represalia adoptadas contra ellos. Aunque podrían recuperar dichos gastos al final del proceso, podrían no estar en condiciones de adelantarlos, sobre todo si están desempleados y han sido incluidos en una lista negra. En determinados casos, puede ser esencial la ayuda a efectos de los procesos judiciales penales, especialmente de conformidad con las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo59 y, de manera más general, el apoyo a quienes tienen una necesidad perentoria de ayuda financiera para poder hacer efectivos sus derechos a protección. Los denunciantes también deben poder reclamar una indemnización por el acoso sufrido o por la pérdida de sus medios de subsistencia actuales o futuros si el perjuicio se ha producido en el marco de medidas de represalia.

__________________

__________________

59 Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1).

59 Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1).


Enmienda 40

Propuesta de Directiva

Considerando 76





Texto de la Comisión

Enmienda

(76) Los derechos del interesado deben estar protegidos para evitar daños a la reputación u otras consecuencias negativas. Además, sus derechos de defensa y de acceso a vías de recurso deben ser plenamente respetados en cada fase del procedimiento tras la denuncia, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben garantizar el derecho de defensa del interesado, incluido el derecho de acceso al expediente, el derecho a ser oído y el derecho a una tutela judicial efectiva contra una decisión que le concierna con arreglo a los procedimientos aplicables establecidos en el Derecho nacional en el contexto de investigaciones o procesos judiciales ulteriores.

(76) Los derechos del interesado deben estar protegidos para evitar daños a la reputación u otras consecuencias negativas. Además, sus derechos de defensa y de acceso a vías de recurso deben ser plenamente respetados en cada fase del procedimiento tras la denuncia, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben garantizar el derecho de defensa del interesado, incluido el derecho de acceso al expediente, el derecho a ser oído y el derecho a una tutela judicial efectiva contra una decisión que le concierna con arreglo a los procedimientos aplicables establecidos en el Derecho nacional en el contexto de investigaciones o procesos judiciales ulteriores, y, en este sentido, deben utilizarse medidas adecuadas para que los ciudadanos y la sociedad civil conozcan mejor este aspecto.


Enmienda 41

Propuesta de Directiva

Considerando 78





Texto de la Comisión

Enmienda

(78) Las sanciones son necesarias para garantizar la eficacia de las normas sobre protección de los denunciantes. Las sanciones contra quienes tomen represalias u otras medidas de castigo contra los informantes pueden desalentar la aplicación de tales represalias o castigos. Son necesarias sanciones contra las personas que presenten una denuncia o hagan una revelación siendo conscientes de su falsedad, con el fin de impedir nuevas denuncias maliciosas y de preservar la credibilidad del sistema. La proporcionalidad de tales sanciones deberá garantizar que no tengan un efecto disuasorio sobre los potenciales denunciantes.

(78) Las sanciones son necesarias para garantizar la eficacia de las normas sobre protección de los denunciantes. Las sanciones contra quienes tomen represalias u otras medidas de castigo contra los informantes pueden desalentar la aplicación de tales represalias o castigos. Son necesarias sanciones contra las personas que presenten una denuncia o hagan una revelación deliberadamente y siendo conscientes de su falsedad, con el fin de impedir nuevas denuncias maliciosas y de preservar la credibilidad del sistema. La proporcionalidad de tales sanciones deberá garantizar que no tengan un efecto disuasorio sobre los potenciales denunciantes.


Enmienda 42

Propuesta de Directiva

Considerando 85 bis (nuevo)





Texto de la Comisión

Enmienda




(85 bis) La presente Directiva constituye una nueva norma para la protección de los derechos de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión y debe servir como ejemplo para los países candidatos, los países asociados y otros países que se han comprometido a adaptar su legislación al acervo europeo, en particular por lo que respecta a la denuncia de abusos vinculados a los fondos y la asistencia macrofinanciera que la Unión concede a estos países.


Enmienda 43

Propuesta de Directiva

Considerando 85 ter (nuevo)





Texto de la Comisión

Enmienda




(85 ter) Debe prestarse especial atención a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 11 sobre libertad de expresión y de información, a la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2017 sobre la función de los denunciantes en la protección de los intereses financieros de la Unión, y la Resolución del Parlamento de 24 de octubre de 2017 sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos.



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