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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN



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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título

Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Referencias

COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno



JURI

28.5.2018












Opinión emitida por

       Fecha del anuncio en el Pleno



ENVI

28.5.2018



Ponente de opinión

       Fecha de designación



Younous Omarjee

24.5.2018



Examen en comisión

28.6.2018










Fecha de aprobación

10.9.2018










Resultado de la votación final

+:

–:

0:



57

5

3



Miembros presentes en la votación final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Suplentes presentes en la votación final

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Younous Omarjee, Carolina Punset, Christel Schaldemose

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy



VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN


57

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

EFDD:

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ismail Ertug, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec




5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter




3

0

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

Explicación de los signos utilizados

+ : a favor

- : en contra

0 : abstenciones


{22/10/2018}22.10.2018

OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación



para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Ponente de opinión: Curzio Maltese




BREVE JUSTIFICACIÓN

Los denunciantes de irregularidades han sido los protagonistas de casi todos los escándalos más graves de los últimos años. Gracias a sus valientes denuncias y al trabajo del periodismo de investigación, la opinión pública ha podido estar informada de la existencia de fraudes colosales en perjuicio de los contribuyentes y los consumidores, de violaciones de los derechos civiles y de amenazas contra la salud y contra la vida de millones de personas. Lamentablemente, en algunos países, en vez de ser reconocidos y de estar protegidos por la colectividad en cuyo interés habían actuado, han terminado en el banquillo de los acusados en lugar de los poderosos delincuentes a los que habían denunciado. En otros casos, las contradicciones y las lagunas legislativas les han obligado a librar largas y complejas batallas en los tribunales.

El objetivo de la nueva directiva europea propuesta por la Comisión en reacción a los recientes escándalos es, por lo tanto, garantizar en toda la Unión una protección adecuada de los denunciantes de irregularidades en un marco legislativo común, sólido y claro.

Para ello, hay que establecer cuáles son las bases jurídicas, los principios y las prioridades que pueden y deben inspirar la acción de la Comisión. ¿Por qué es necesario intervenir a nivel europeo para ofrecer un marco común a las leyes de protección de los denunciantes de irregularidades?


Es de todos conocido que en varios casos las revelaciones de los denunciantes de irregularidades han puesto de manifiesto fraudes en perjuicio de la Unión y han evitado grandes desembolsos de dinero público, además de distorsiones del mercado. Pero el interés económico no puede ser su única motivación. Como no lo es, por otra parte, para los denunciantes de irregularidades y los periodistas. Ninguno de ellos ha puesto en peligro su carrera o se ha expuesto a medidas de retorsión, venganzas y amenazas, en algún caso poniendo en riesgo su propia vida, para ahorrar dinero del presupuesto de la Unión.

Se trata de otros valores, y de valores elevados. En esta, como en otras circunstancias, viene en nuestra ayuda el magisterio de los tribunales de justicia europeos. Para legislar en materia de denuncia de irregularidades, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos remite a la libertad de expresión que garantiza el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales al proteger «la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras». Un enfoque que encontramos solo de forma marginal en la propuesta de directiva de la Comisión.

Si se mantiene el carácter central del derecho fundamental a la información, se consigue una escala de valores y prioridades que los ciudadanos pueden percibir inmediatamente. En su cima se sitúa la defensa del interés público que ha inspirado la acción de los denunciantes de irregularidades y de los periodistas, cuya actuación merece por consiguiente la mayor protección posible. No tiene mucho sentido, por lo tanto, limitar el marco protector exclusivamente al lugar de trabajo, como si no pudieran existir riesgos y amenazas incluso aún más graves fuera del mismo. Aún tiene menos sentido establecer qué informadores y qué fuentes merecen mayor o menor protección sobre la base de una jerarquía cuyos criterios serían además bastante discutibles. Según la Comisión, un buen denunciante de irregularidades debería informar en primer lugar a su propia empresa, después a los órganos de control institucional y solo al final, fracasadas todas las demás vías y como último recurso, a la opinión pública. Este sistema parece, más que uno destinado a proteger la denuncia de irregularidades, una receta segura para desalentarla. El ponente ha intervenido en consecuencia para garantizar el derecho fundamental a la información mediante una mayor protección de los informadores suprimiendo las barreras que impiden posibles revelaciones.



ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:




Enmienda 1

Propuesta de Directiva

Considerando –1 (nuevo)





Texto de la Comisión

Enmienda




(–1) La denuncia de irregularidades garantiza la libertad de expresión y de información, uno de los valores fundamentales de la Unión consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; los denunciantes de irregularidades asumen a menudo un gran riesgo personal y la falta de protección eficaz puede disuadir a potenciales denunciantes de comunicar sus preocupaciones o sospechas por miedo a sufrir un trato injusto, incluidas represalias, discriminación o desventajas, lo que, en última instancia, reduce la probabilidad de que la irregularidad sea descubierta y sancionada.



Enmienda 2

Propuesta de Directiva

Considerando 1





Texto de la Comisión

Enmienda

(1) Las personas que trabajan para una organización o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que se plantean en ese contexto. Al dar la voz de alarma desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir las infracciones de la ley y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los potenciales denunciantes suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias.

(1) Las personas que trabajan para una organización o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que se plantean en ese contexto. Al dar la voz de alarma desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir las infracciones de la ley y de revelar peligros que puedan perjudicar al interés público.



Enmienda 3
Propuesta de Directiva

Considerando 2





Texto de la Comisión

Enmienda

(2) A escala de la Unión, la información facilitada por los denunciantes constituye uno de los componentes primarios del cumplimiento del Derecho de la Unión al aportar a los sistemas de aplicación de la legislación nacional y de la Unión información que desemboca en la detección eficaz, la investigación y el enjuiciamiento de infracciones del Derecho de la Unión.

(2) A escala de la Unión, la información facilitada por los denunciantes constituye uno de los componentes primarios del cumplimiento del Derecho y las políticas de la Unión al aportar a los sistemas de aplicación de la legislación nacional y de la Unión información que desemboca en la detección eficaz, la investigación y el enjuiciamiento de infracciones del Derecho de la Unión, mejorando así la transparencia y la rendición de cuentas.



Enmienda 4

Propuesta de Directiva

Considerando 2 bis (nuevo)





Texto de la Comisión

Enmienda




(2 bis) Todos los grandes escándalos que han salido a la luz desde 2014, como LuxLeaks y los papeles de Panamá, han podido descubrirse gracias a denunciantes.



Enmienda 5

Propuesta de Directiva

Considerando 3





Texto de la Comisión

Enmienda

(3) En determinados ámbitos, las infracciones del Derecho de la Unión pueden provocar graves perjuicios al interés público, en el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad. Cuando se detecten deficiencias de aplicación en esos ámbitos y los denunciantes se encuentren en una posición privilegiada para comunicar infracciones, es necesario potenciar la aplicación garantizando la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias e introduciendo cauces de denuncia eficaces.

(3) Las infracciones del Derecho de la Unión pueden provocar graves perjuicios al interés público, en el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad. Como los denunciantes se encuentran habitualmente en una posición privilegiada para comunicar infracciones, es necesario, para potenciar la aplicación del Derecho de la Unión, garantizar una comunicación segura y efectiva de la información y la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias.


Enmienda 6

Propuesta de Directiva

Considerando 4





Texto de la Comisión

Enmienda

(4) Actualmente, la protección de los denunciantes en la Unión Europea se encuentra fragmentada en los diferentes Estados miembros y es desigual entre los distintos ámbitos. Las consecuencias de las infracciones del Derecho de la Unión con dimensión transfronteriza sacadas a la luz por los denunciantes muestran cómo una protección insuficiente en un Estado miembro no solo tiene un impacto negativo sobre el funcionamiento de las políticas de la UE en ese Estado, sino que puede extenderse también a otros Estados miembros y a la Unión en su conjunto.

(4) Actualmente, la protección de los denunciantes en la Unión Europea se encuentra fragmentada en los diferentes Estados miembros y es desigual entre los distintos ámbitos. Los casos de infracciones del Derecho de la Unión con dimensión transfronteriza sacadas a la luz por los denunciantes muestran cómo unos niveles de protección insuficientes o diferentes en los Estados miembros pueden tener un impacto negativo sobre el funcionamiento de las políticas de la UE.



Enmienda 7




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