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Enmienda 27

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)





Texto de la Comisión

Enmienda




2 bis. La presente Directiva se aplicará a los funcionarios, así como a otros agentes y becarios que trabajen en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.



Enmienda 28

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – apartado 2 ter (nuevo)





Texto de la Comisión

Enmienda




2 ter. La presente Directiva se aplicará a las personas que respondan a la definición que figura en el artículo 1 de entidades jurídicas privadas o públicas situadas en la Unión, así como de entidades jurídicas privadas o públicas europeas situadas fuera del territorio de la Unión.



Enmienda 29

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – apartado 2 quater (nuevo)





Texto de la Comisión

Enmienda




2 quater. La presente Directiva se aplicará asimismo a las personas que actúen como intermediarios entre el informante y la persona que divulgue la información.



Enmienda 30

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5





Texto de la Comisión

Enmienda

5. «denuncia»: información relativa a una infracción que se haya producido o sea susceptible de producirse en la organización en la que el informante trabaje o haya trabajado o en otra organización con la que dicha persona esté o haya estado en contacto con motivo de su trabajo;

5. «denuncia»: información relativa a una infracción que se haya producido o sea susceptible de producirse o en caso de peligro grave e inminente o de riesgo de daños irreversibles a la persona o a sus bienes, en la organización en la que el informante trabaje o haya trabajado o en otra organización con la que dicha persona esté o haya estado en contacto;



Enmienda 31

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9





Texto de la Comisión

Enmienda

9. «informante»: persona física o jurídica que denuncie o revele información sobre infracciones obtenida en el marco de sus actividades laborales;

9. «informante»: persona física o jurídica que denuncie o revele información que haya obtenido sobre infracciones;



Enmienda 32

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12





Texto de la Comisión

Enmienda

12. «represalia»: acto real u omisión, o amenaza de acto real u omisión, motivado por una denuncia interna o externa que se produzca en un contexto laboral y que cause o puede causar perjuicios injustificados al informante;

12. «represalia»: acto real u omisión, o amenaza de acto real u omisión, motivado por una denuncia interna o externa o una revelación que se produzca en un contexto laboral y que cause o puede causar perjuicios injustificados al informante;



Enmienda 33

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13





Texto de la Comisión

Enmienda

13. «tramitación»: acción emprendida interna o externamente por el destinatario de la denuncia a fin de evaluar la exactitud de las alegaciones hechas en la denuncia y, en su caso, de poner remedio a la infracción, incluidas medidas como investigaciones internas, investigaciones, acciones judiciales, acciones de recuperación de fondos y archivo;

13. «tramitación»: acción emprendida interna o externamente por el destinatario de la denuncia a fin de evaluar la exactitud de las alegaciones hechas en la denuncia y, en su caso, de poner remedio a la infracción, incluidas medidas como investigaciones internas, investigaciones, acciones judiciales, acciones de recuperación de fondos y archivo, así como cualquier otra medida correctora adecuada;



Enmienda 34

Propuesta de Directiva

Artículo 4





Texto de la Comisión

Enmienda

Artículo 4

Artículo 4

Obligación de establecimiento de cauces y procedimientos internos de denuncia y tramitación de denuncias

Obligación de establecimiento de cauces y procedimientos internos de denuncia y tramitación de denuncias y de protección de los denunciantes

1. Los Estados miembros velarán por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan cauces internos y procedimientos de notificación y tramitación de denuncias, tras consultar con los interlocutores sociales, si procede.

1. Los Estados miembros velarán por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan cauces internos y procedimientos de notificación y tramitación de denuncias, tras consultar con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, velarán por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público doten a dichos cauces de medios adecuados para su correcto funcionamiento.

2. Estos cauces y procedimientos deberán permitir la denuncia por parte de los empleados de la entidad. Podrán ser utilizados para la presentación de denuncias por otras personas que estén en contacto con la entidad en el marco de las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras b), c) y d), pero la utilización de los cauces internos de denuncia no será obligatoria para estas categorías de personas.

2. Estos cauces y procedimientos deberán permitir la denuncia por parte de los empleados de la entidad. Podrán ser utilizados para la presentación de denuncias por otras personas que estén en contacto con la entidad en el marco de las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras b), c) y d).

3. Las entidades jurídicas del sector privado a que se refiere el apartado 1 serán las siguientes:

3. Las entidades jurídicas del sector privado a que se refiere el apartado 1 serán las siguientes:

a) entidades jurídicas privadas con 50 o más empleados;

a) entidades jurídicas privadas con 50 o más empleados;

b) entidades jurídicas privadas con un volumen de negocios o balance anual igual o superior a 10 millones EUR;

b) entidades jurídicas privadas con un volumen de negocios o balance anual del grupo igual o superior a 10 millones EUR;

c) entidades jurídicas privadas, de cualquier dimensión, que operen en el ámbito de los servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo, regulados en virtud de los actos de la Unión citados en el anexo.

c) entidades jurídicas privadas, de cualquier dimensión, que operen en el ámbito de los servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo, y en ámbitos de riesgo sanitario, riesgo medioambiental o riesgo para la salud pública, regulados en virtud de los actos de la Unión citados en el anexo;




c bis) entidades jurídicas privadas y públicas, de cualquier dimensión, que proporcionen asistencia a personas con una discapacidad grave o un estado de vulnerabilidad y fragilidad debido a su edad o a su discapacidad física o mental.

4. Tras una adecuada evaluación del riesgo y teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de las entidades y el correspondiente nivel de riesgo, los Estados miembros podrán exigir que las pequeñas entidades jurídicas privadas, tal como se definen en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 200362, distintas de las mencionadas en el apartado 3, letra c), establezcan cauces y procedimientos de denuncia internos.

4. Tras una adecuada evaluación del riesgo y teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de las entidades y el correspondiente nivel de riesgo, los Estados miembros podrán exigir que las pequeñas entidades jurídicas privadas, tal como se definen en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 200362, distintas de las mencionadas en el apartado 3, letras c) y c bis), establezcan cauces y procedimientos de denuncia internos.

5. Toda decisión adoptada por un Estado miembro de conformidad con el apartado 4 será notificada a la Comisión, junto con una justificación y los criterios utilizados en la evaluación del riesgo. La Comisión comunicará dicha decisión a los demás Estados miembros.

5. Toda decisión adoptada por un Estado miembro de conformidad con el apartado 4 será notificada a la Comisión, junto con una justificación y los criterios utilizados en la evaluación del riesgo. La Comisión comunicará dicha decisión a los demás Estados miembros.

6. Las entidades jurídicas del sector público a que se refiere el apartado 1 serán las siguientes:

6. Las entidades jurídicas del sector público a que se refiere el apartado 1 serán las siguientes:

a) la Administración del Estado;

a) la Administración del Estado;

b) la Administración regional y provincial;

b) la Administración regional y provincial;

c) los municipios de más de 10 000 habitantes;

c) los municipios de más de 10 000 habitantes;

d) otras entidades de Derecho público.

d) otras entidades de Derecho público;




d bis) las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

__________________

__________________

62 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

62 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.



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