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Enmienda 20

Propuesta de Directiva

Considerando 62





Texto de la Comisión

Enmienda

(62) Por regla general, los informantes deberán utilizar en primer lugar los cauces internos a su disposición y dirigirse a su empresario. No obstante, puede darse el caso de que no existan cauces internos (como ocurre en el caso de las entidades que no estén sujetas a la obligación de establecer dichos cauces en virtud de la presente Directiva o del Derecho nacional aplicable) o de que su utilización no sea obligatoria (como en el caso de las personas que no estén vinculadas por una relación laboral) o de que se hayan utilizado, pero no hayan funcionado correctamente (por ejemplo, la denuncia no se tramitó con diligencia o en un plazo razonable, o no se tomó ninguna medida en relación con la infracción pese al resultado positivo de la investigación).

suprimido



Enmienda 21

Propuesta de Directiva

Considerando 65





Texto de la Comisión

Enmienda

(65) Los informantes deberán ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, por parte de su empresario o por los clientes o destinatarios de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas últimas, incluidos, por ejemplo, los compañeros y directivos de la misma organización o de otras organizaciones con las que el informante esté en contacto en el contexto de sus actividades laborales, cuando la represalia sea recomendada o tolerada por el interesado. Deberá facilitarse protección frente a represalias aplicadas contra el propio informante, pero también frente a aquellas que puedan tomarse contra la persona jurídica a la que represente, como la denegación de prestación de servicios, el establecimiento de listas negras o el boicot a empresas. Las represalias indirectas incluyen asimismo las medidas adoptadas contra los familiares del informante que también mantengan una relación laboral con el empresario, o los clientes o destinatarios de los servicios del denunciante y los representantes de los trabajadores que hayan prestado apoyo al informante.

(65) Los informantes deberán ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, por parte de su empresario o por los clientes o destinatarios de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas últimas, incluidos, por ejemplo, los compañeros y directivos de la misma organización o de otras organizaciones con las que el informante esté en contacto en el contexto de sus actividades laborales. Deberá facilitarse protección frente a represalias aplicadas contra el propio informante, pero también frente a aquellas que puedan tomarse contra la persona jurídica a la que represente, como la denegación de prestación de servicios, el establecimiento de listas negras o el boicot a empresas. También deberá facilitarse protección contra represalias a personas físicas vinculadas estrechamente con el informante, independientemente de la naturaleza de las actividades y de si reciben o no un salario. Las represalias indirectas incluyen asimismo las medidas adoptadas contra los familiares del informante que también mantengan una relación laboral con el empresario, o los clientes o destinatarios de los servicios del denunciante y los representantes de las personas que hayan prestado apoyo al informante.



Enmienda 22

Propuesta de Directiva

Considerando 67





Texto de la Comisión

Enmienda

(67) Los denunciantes potenciales que no estén seguros sobre cómo denunciar o si van a ser protegidos pueden verse disuadidos de hacerlo. Los Estados miembros garantizarán que se facilite información pertinente de manera sencilla y fácilmente accesible al público en general. Deberá estar disponible un asesoramiento confidencial, imparcial, individual y gratuito respecto de si, por ejemplo, la información en cuestión está cubierta por las normas aplicables sobre protección de los denunciantes, sobre qué cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre los procedimientos alternativos disponibles en caso de que la información no esté cubierta por la normativa aplicable («señalamiento»). El acceso a este asesoramiento puede ayudar a garantizar que las denuncias se realicen a través de los cauces apropiados y de manera responsable, y que las infracciones e irregularidades se detecten de forma puntual o que incluso puedan evitarse.

(67) Los denunciantes potenciales que no estén seguros sobre cómo denunciar o si van a ser protegidos pueden verse disuadidos de hacerlo o de ejercer su derecho de revelación. Por ello, las autoridades competentes deben estar dispuestas, como primer punto de información y contacto de los denunciantes potenciales, a facilitarles toda la información sobre sus derechos y los procedimientos de denuncia de que disponen, y a aconsejarles y orientarles sobre cómo deben proceder. Los Estados miembros garantizarán que se facilite información pertinente de manera sencilla y fácilmente accesible al público en general. Deberá estar disponible un asesoramiento confidencial, imparcial, individual y gratuito respecto de si, por ejemplo, la información en cuestión está cubierta por las normas aplicables sobre protección de los denunciantes, sobre qué cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre los procedimientos alternativos disponibles en caso de que la información no esté cubierta por la normativa aplicable («señalamiento»). El acceso a este asesoramiento puede ayudar a garantizar que las denuncias se realicen a través de los cauces apropiados y de manera responsable, y que las infracciones e irregularidades se detecten de forma puntual o que incluso puedan evitarse. Además de las autoridades competentes, las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la protección de los denunciantes, en particular prestándoles asesoramiento estratégico y jurídico, o del seguimiento de la aplicación de la presente Directiva, deben constituir un punto de contacto para los denunciantes potenciales que les aporte toda la información relativa a sus derechos y a los procedimientos de denuncia de que disponen, les remita a la autoridad competente y les aconseje y oriente sobre cómo proceder.



Enmienda 23

Propuesta de Directiva

Considerando 68





Texto de la Comisión

Enmienda

(68) En determinados contextos nacionales y en ciertos casos, los informantes que sufran represalias pueden beneficiarse de formas de certificación de que cumplen las condiciones de las normas aplicables. A pesar de estas posibilidades, deberán tener acceso efectivo a una revisión judicial, de tal forma que sean los órganos jurisdiccionales los que decidan, sobre la base de todas las circunstancias particulares del asunto, si se cumplen las normas aplicables.

(68) En determinados contextos nacionales y en ciertos casos, los informantes que sufran represalias pueden beneficiarse de formas de certificación de que cumplen las condiciones de las normas aplicables. A pesar de estas posibilidades, deberán tener acceso efectivo a una revisión judicial, de tal forma que sean los órganos jurisdiccionales los que decidan, sobre la base de todas las circunstancias particulares del asunto, si se cumplen las normas aplicables.



Enmienda 24

Propuesta de Directiva

Considerando 80





Texto de la Comisión

Enmienda

(80) La presente Directiva establece normas mínimas; por ello, los Estados miembros deben tener competencia para introducir o mantener disposiciones más favorables al informante, siempre que dichas disposiciones no interfieran con las medidas para la protección de los interesados.

(80) La presente Directiva establece normas mínimas; por ello, los Estados miembros deben tener competencia para introducir o mantener disposiciones más favorables al informante, siempre que dichas disposiciones no interfieran con las medidas para la protección de los interesados, y se les debe alentar a que lo hagan.



Enmienda 25

Propuesta de Directiva

Artículo 1





Texto de la Comisión

Enmienda

1. Con el fin de mejorar la aplicación del Derecho de la Unión y políticas en ámbitos específicos, la presente Directiva establece normas mínimas comunes para la protección de las personas que denuncien las siguientes actividades ilícitas o abusos de Derecho:

1. Con el fin de garantizar y mejorar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en ámbitos específicos, la presente Directiva establece normas mínimas comunes para la protección de las personas que denuncien actividades ilícitas, abusos de Derecho o actividades que sean contrarias a los objetivos de la Unión, en particular en los siguientes ámbitos:

a) infracciones que correspondan al ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados en el anexo (parte I y parte II) por lo que se refiere a las políticas siguientes:

a) infracciones que correspondan al ámbito de aplicación de los actos de la Unión, en particular aquellos enumerados en el anexo (parte I y parte II) por lo que se refiere a las políticas siguientes:

i) contratación pública;

i) contratación pública;

ii) servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;

ii) servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;




ii bis) normas sociales, salud y seguridad en el trabajo;

iii) seguridad de los productos;

iii) seguridad de los productos alimentarios y no alimentarios;

iv) seguridad en el transporte;

iv) seguridad en el transporte;

v) protección del medio ambiente;

v) protección del medio ambiente, desarrollo sostenible, gestión de los residuos, contaminación marina, atmosférica y sonora, protección y gestión de las aguas y los suelos, protección de la naturaleza y la biodiversidad, y lucha contra el cambio climático y los delitos contra la flora y la fauna silvestres;

vi) seguridad nuclear;

vi) seguridad nuclear;

vii) seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales;

vii) seguridad de los alimentos y los piensos;




vii bis) protección, salud y bienestar de los animales;

viii) salud pública;

viii) salud pública;

ix) protección de los consumidores;

ix) protección de los consumidores;

x) protección de los datos personales y de la intimidad, y seguridad de las redes y los sistemas de información;

x) protección de los datos personales y de la intimidad, y seguridad de las redes y los sistemas de información;




a ter) libertad de expresión y de información, contemplada en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la jurisprudencia derivada de dicho artículo;




a quater) fraude, evasión y optimización fiscales;




a quinquies) dumping social, medioambiental, económico y fiscal;




a sexies) ecocidios;

b) infracciones de los artículos 101, 102, 106, 107 y 108 del TFUE e infracciones que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo y del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo;

b) Derecho de la competencia, en particular infracciones de los artículos 101, 102, 106, 107 y 108 del TFUE e infracciones que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo y del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo;

c) infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como se definen en el artículo 325 del Tratado y como se concretan, en particular, en la Directiva (UE) 2017/1371 y en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013;

c) intereses financieros de la Unión, tal como se definen en el artículo 325 del Tratado y, en particular, de conformidad con la Directiva (UE) 2017/1371 y el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013;

d) infracciones relativas al mercado interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, apartado 2, del TFUE, por lo que respecta a actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a acuerdos cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades.

d) mercado interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, apartado 2, del TFUE, por lo que respecta a actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a acuerdos cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades.

2. Cuando, en los actos sectoriales específicos de la Unión contemplados en la parte 2 del anexo, se establezcan normas específicas sobre la denuncia de infracciones, se aplicarán dichas normas. Las disposiciones de la presente Directiva serán aplicables a todas las cuestiones relativas a la protección de los informantes que no estén reguladas en actos sectoriales específicos de la Unión.

2. Cuando, en los actos sectoriales específicos de la Unión contemplados en la parte 2 del anexo, se establezcan normas específicas sobre la denuncia de infracciones, se aplicarán dichas normas. Las disposiciones de la presente Directiva serán aplicables a todas las cuestiones relativas a la protección de los informantes que no estén reguladas en actos sectoriales específicos de la Unión y completarán las normativas específicas enumeradas en el anexo cuando ofrezcan más protección para los denunciantes. Este apartado se aplicará únicamente en los casos en que la protección prevista en los actos sectoriales específicos sea mayor que la prevista en la presente Directiva.



Enmienda 26

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – apartado 1 – letra d





Texto de la Comisión

Enmienda

d) cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

d) cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios.



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