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Enmienda 37

Propuesta de Directiva

Considerando 59





Texto de la Comisión

Enmienda

(59) La revisión periódica de los procedimientos de las autoridades competentes y el intercambio de buenas prácticas entre ellas deberán garantizar que estos procedimientos sean adecuados y, por lo tanto, sirvan para su objeto.

(59) La revisión periódica de los procedimientos de las autoridades competentes y el intercambio de buenas prácticas entre ellas y las organizaciones de la sociedad civil competentes deberán garantizar que estos procedimientos sean adecuados y, por lo tanto, sirvan para su objeto.



Enmienda 38

Propuesta de Directiva

Considerando 61





Texto de la Comisión

Enmienda

(61) Como norma general, el requisito de un uso de cauces de denuncia diferenciados es necesario para garantizar que la información llegue a las personas que puedan contribuir a una rápida y eficaz resolución de los riesgos para el interés público, así como para evitar daños injustificados derivados de la revelación de la información. Al mismo tiempo, son necesarias algunas excepciones que permitan al informante elegir el cauce más adecuado en función de las circunstancias particulares del asunto. Además, es necesario proteger la revelación de información teniendo en cuenta principios democráticos tales como la transparencia y la rendición de cuentas, y derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, al tiempo que se encuentra un equilibrio entre el interés de los empresarios en la gestión de sus organizaciones y la defensa de sus aspiraciones y el interés de los ciudadanos en ser protegidos contra toda forma de perjuicio, conforme a los criterios desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos57.

(61) Es necesario proteger la revelación de información teniendo en cuenta principios democráticos tales como la transparencia y la rendición de cuentas, y derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, al tiempo que se encuentra un equilibrio entre el interés de los empresarios en la gestión de sus organizaciones y la defensa de sus aspiraciones y el interés de los ciudadanos en ser protegidos contra toda forma de perjuicio, conforme a los criterios desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos57.

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57 Uno de los criterios para determinar si las posibles represalias contra los denunciantes que revelan información interfiere con la libertad de expresión de forma no necesaria en una sociedad democrática, es el de si las personas que revelaron la información tenían a su disposición cauces alternativos para hacerlo; véase, por ejemplo, Guja/Moldavia [GC], n.º 14277/04, CEDH 2008.

57 Uno de los criterios para determinar si las posibles represalias contra los denunciantes que revelan información interfiere con la libertad de expresión de forma no necesaria en una sociedad democrática, es el de si las personas que revelaron la información tenían a su disposición cauces alternativos para hacerlo; véase, por ejemplo, Guja/Moldavia [GC], n.º 14277/04, CEDH 2008.


Enmienda 39

Propuesta de Directiva

Considerando 62





Texto de la Comisión

Enmienda

(62) Por regla general, los informantes deberán utilizar en primer lugar los cauces internos a su disposición y dirigirse a su empresario. No obstante, puede darse el caso de que no existan cauces internos (como ocurre en el caso de las entidades que no estén sujetas a la obligación de establecer dichos cauces en virtud de la presente Directiva o del Derecho nacional aplicable) o de que su utilización no sea obligatoria (como en el caso de las personas que no estén vinculadas por una relación laboral) o de que se hayan utilizado, pero no hayan funcionado correctamente (por ejemplo, la denuncia no se tramitó con diligencia o en un plazo razonable, o no se tomó ninguna medida en relación con la infracción pese al resultado positivo de la investigación).

(62) Los informantes deberán poder utilizar en primer lugar los cauces internos a su disposición y dirigirse a su empresario. No obstante, puede darse el caso de que no existan cauces internos (como ocurre en el caso de las entidades que no estén sujetas a la obligación de establecer dichos cauces en virtud de la presente Directiva o del Derecho nacional aplicable) o de que su utilización no sea obligatoria (como en el caso de las personas que no estén vinculadas por una relación laboral) o de que se hayan utilizado, pero no hayan funcionado correctamente (por ejemplo, la denuncia no se tramitó con diligencia o en un plazo razonable, o no se tomó ninguna medida en relación con la infracción pese al resultado positivo de la investigación) o de que los informantes teman que el uso de dichos cauces les exponga al riesgo de represalias u obstaculice de otro modo la denuncia.


Enmienda 40

Propuesta de Directiva

Considerando 63





Texto de la Comisión

Enmienda

(63) En otros casos, no puede esperarse razonablemente que los cauces internos funcionen adecuadamente, por ejemplo, en el supuesto de que los informantes tengan razones válidas para pensar que sufrirán represalias en relación con la denuncia de infracciones, que su confidencialidad no será protegida, que el responsable último en el contexto laboral está implicado en la infracción, que la infracción podría ser ocultada, que podrían ocultarse o destruirse pruebas, que la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes podría verse amenazada o que son necesarias medidas urgentes (por ejemplo, a causa de un riesgo inminente de peligro sustancial y específico para la vida, la salud y la seguridad de las personas, los animales o el medio ambiente). En todos estos casos, las personas que denuncien externamente ante las autoridades competentes y, en su caso, ante los órganos y organismos de la Unión estarán protegidas. Además, también deberá darse protección en los casos en que el Derecho de la Unión permita al informante dirigirse directamente a las autoridades nacionales competentes o a los órganos y organismos de la Unión, por ejemplo en el contexto de un fraude contra el presupuesto de la Unión, la prevención y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o en el ámbito de los servicios financieros.

(63) En otros casos, no puede esperarse razonablemente que los cauces internos funcionen adecuadamente, por ejemplo, en el supuesto de que los informantes tengan razones válidas para pensar que sufrirán represalias en relación con la denuncia de infracciones, que piensen que los cauces internos no son independientes, que su confidencialidad no será protegida, que el responsable último en el contexto laboral está implicado en la infracción, que la infracción podría ser ocultada, que podrían ocultarse o destruirse pruebas, que la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes podría verse amenazada o que son necesarias medidas urgentes (por ejemplo, a causa de un riesgo inminente de peligro sustancial y específico para la vida, la salud y la seguridad de las personas, los animales o el medio ambiente). Si no hay disponibles cauces internos o no funcionan adecuadamente, o si el informante elige no utilizar tales cauces, las personas que denuncien externamente ante las autoridades competentes, el organismo de referencia de la Unión y, en su caso, otros órganos y organismos de la Unión estarán igualmente protegidas.


Enmienda 41

Propuesta de Directiva

Considerando 65





Texto de la Comisión

Enmienda

(65) Los informantes deberán ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, por parte de su empresario o por los clientes o destinatarios de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas últimas, incluidos, por ejemplo, los compañeros y directivos de la misma organización o de otras organizaciones con las que el informante esté en contacto en el contexto de sus actividades laborales, cuando la represalia sea recomendada o tolerada por el interesado. Deberá facilitarse protección frente a represalias aplicadas contra el propio informante, pero también frente a aquellas que puedan tomarse contra la persona jurídica a la que represente, como la denegación de prestación de servicios, el establecimiento de listas negras o el boicot a empresas. Las represalias indirectas incluyen asimismo las medidas adoptadas contra los familiares del informante que también mantengan una relación laboral con el empresario, o los clientes o destinatarios de los servicios del denunciante y los representantes de los trabajadores que hayan prestado apoyo al informante.

(65) Los informantes y quienes faciliten la denuncia, como los intermediarios y periodistas de investigación, deberán ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, por parte de su empresario o por los clientes o destinatarios de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas últimas, incluidos, por ejemplo, los compañeros y directivos de la misma organización o de otras organizaciones con las que el informante esté en contacto en el contexto de sus actividades laborales, cuando la represalia sea recomendada o tolerada por el interesado. Deberá facilitarse protección frente a represalias aplicadas contra el propio informante, pero también frente a aquellas que puedan tomarse contra la persona jurídica a la que represente, como la denegación de prestación de servicios, el establecimiento de listas negras o el boicot a empresas. También deberá facilitarse protección contra represalias a personas físicas o jurídicas vinculadas estrechamente con el informante, independientemente de la naturaleza de las actividades y de si perciben o no un sueldo. Las represalias indirectas incluyen asimismo las medidas adoptadas contra los familiares del informante que también mantengan una relación laboral con el empresario, o los clientes o destinatarios de los servicios del denunciante y los representantes de quienes hayan prestado apoyo al informante.



Enmienda 42

Propuesta de Directiva

Considerando 66





Texto de la Comisión

Enmienda

(66) Cuando las represalias se producen impunemente y sin ser castigadas, esto amedranta a los potenciales denunciantes. Una clara prohibición legal de las represalias tiene un importante efecto disuasorio, reforzado por disposiciones sobre responsabilidad personal y penas para los autores de las represalias.

(66) Cuando las represalias se producen impunemente y sin ser castigadas, esto amedranta a los potenciales denunciantes. Una clara prohibición legal de las represalias tiene un importante efecto disuasorio y debe reforzarse por medio de disposiciones sobre responsabilidad personal y penas para los autores de las represalias, así como para quienes ocupan puestos de gestión y facilitan o ignoran dichas represalias.


Enmienda 43

Propuesta de Directiva

Considerando 67





Texto de la Comisión

Enmienda

(67) Los denunciantes potenciales que no estén seguros sobre cómo denunciar o si van a ser protegidos pueden verse disuadidos de hacerlo. Los Estados miembros garantizarán que se facilite información pertinente de manera sencilla y fácilmente accesible al público en general. Deberá estar disponible un asesoramiento confidencial, imparcial, individual y gratuito respecto de si, por ejemplo, la información en cuestión está cubierta por las normas aplicables sobre protección de los denunciantes, sobre qué cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre los procedimientos alternativos disponibles en caso de que la información no esté cubierta por la normativa aplicable («señalamiento»). El acceso a este asesoramiento puede ayudar a garantizar que las denuncias se realicen a través de los cauces apropiados y de manera responsable, y que las infracciones e irregularidades se detecten de forma puntual o que incluso puedan evitarse.

(67) Los denunciantes potenciales que no estén seguros sobre cómo denunciar o si van a ser protegidos pueden verse disuadidos de hacerlo. Los Estados miembros y los órganos y organismos pertinentes de la Unión, así como el organismo de referencia de la Unión, garantizarán que se facilite información pertinente de manera sencilla y fácilmente accesible al público en general y apoyo a la labor de las organizaciones de la sociedad civil mediante el suministro de esta información. Deberá estar disponible un asesoramiento confidencial, imparcial, individual y gratuito respecto de si, por ejemplo, la información en cuestión está cubierta por las normas aplicables sobre protección de los denunciantes, sobre qué cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre los procedimientos alternativos disponibles en caso de que la información no esté cubierta por la normativa aplicable («señalamiento»). El acceso a este asesoramiento de forma anónima puede ayudar a garantizar que las denuncias se realicen a través de los cauces seguros y confidenciales apropiados, y que las infracciones e irregularidades se detecten de forma puntual o que incluso puedan evitarse.



Enmienda 44

Propuesta de Directiva

Considerando 69





Texto de la Comisión

Enmienda

(69) No deberá ser posible renunciar por vía contractual a los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva. Las obligaciones legales o contractuales de las personas, como las cláusulas de fidelidad o los acuerdos de confidencialidad y no publicidad, no podrán ser invocadas para impedir las denuncias por parte de trabajadores, para denegar la protección o para penalizarlos por haberlas presentado. Al mismo tiempo, la presente Directiva no deberá afectar a la protección de la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado y en otras profesiones, con arreglo al Derecho nacional.

(69) No deberá ser posible renunciar por vía contractual a los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva. Las obligaciones legales o contractuales de las personas, como las cláusulas de fidelidad o los acuerdos de confidencialidad y no publicidad, no podrán ser invocadas para impedir las denuncias por parte de personas, para denegar la protección o para penalizarlos por haberlas presentado. Al mismo tiempo, la presente Directiva no deberá afectar a la protección de la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado y en otras profesiones, con arreglo al Derecho nacional.



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