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OF. Nº 060 /
ANT.: No hay
MAT.: La prueba pericial en el nuevo sistema procesal penal.

SANTIAGO, enero 31 de 2002


DE : FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
A : FISCALES REGIONALES Y ADJUNTOS DEL PAIS

Una de las materias que no ha sido abordada sistemáticamente hasta ahora en los instructivos generales o en los oficios o circulares de esta Fiscalía Nacional, dice relación con la prueba pericial en el nuevo proceso penal.


El tema adquiere una creciente preocupación e importancia a medida que el nuevo sistema se va implantando en todo el país, en especial en las grandes regiones en que existe una tradición de recurrir a peritos particulares ante la insuficiencia de los servicios periciales del Estado.
El nuevo Código Procesal Penal permite a los fiscales utilizar las pericias de los servicios públicos, sin costo para el Ministerio Público, pero también les permite la designación de peritos particulares previo pacto de honorarios.
Hasta ahora, los peritajes decretados por los fiscales han sido casi en un 100% proveniente de los servicios públicos, en especial del Servicio Médico Legal, servicios de salud y tanto de Carabineros como Investigaciones de Chile. Sin embargo, algunas de estas entidades han manifestado tener problemas de recursos y estructura para atender los requerimientos de la reforma procesal penal.
En cuanto a los peritajes de peritos particulares, el Ministerio Público no tiene un ítem asignado para estos gastos y se está estudiando el tema desde el punto de vista presupuestario para si ello lo amerita, incluir una partida al respecto en el proyecto de presupuesto del año 2003.
De otra parte, hemos tomado conocimiento de que los Defensores Penales Públicos están utilizando las pericias de los servicios públicos mediante peticiones a los fiscales y además están utilizando los servicios particulares de peritos privados, para lo cual acuden a una norma especial de su ley orgánica y a recursos propios.
Por lo anterior, junto con enviar a las Fiscalías Regionales un estudio de la asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional sobre la prueba pericial en el nuevo sistema procesal penal, se requiere urgentemente de una información acerca del número de peritajes que se han encargado, naturaleza del peritaje, servicios públicos que los practican, si hay pericias particulares y como se han pagado y todas las dificultades que tiene el tema en materia de estructura y recursos.
A continuación, se transcribe el trabajo preparado por la asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional sobre la prueba pericial en el nuevo sistema procesal penal, cuyo análisis y conclusiones son compartidas por este Fiscal Nacional, que es del tenor siguiente:
LA PRUEBA PERICIAL EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL
I.- Palabras Preliminares

El presente trabajo tiene por objeto analizar el estatuto jurídico de los peritos en el nuevo proceso penal, con el fin de poder determinar cuáles son las características más relevantes de estos terceros intervinientes en el proceso. Para ello, nos referiremos a quiénes son los peritos y cuándo procede su informe, cómo son nombrados, quiénes pueden ser peritos, los tipos o clases de peritos que pueden existir -esto tiene particular importancia puesto que la circunstancia de tratarse de un perito público o de uno privado acarreará diferentes consecuencias en varios ámbitos-, las características del informe que deben evacuar, sus remuneraciones, la forma en que son presentados sus informes como medio de prueba y la manera en que declaran en el juicio oral.


Al analizar todos estos aspectos relativos a la prueba pericial pretendemos, a lo menos sucintamente, entregar un panorama general del estatuto jurídico que rige a los peritos, de manera de poder aclarar meridianamente ciertos temas que han provocado alguna inquietud al interior del Ministerio Público, como lo son entre otros, el tipo de peritos al cual puede acudir el Ministerio Público para el cumplimiento de su labor, la remuneración que lleva aparejado el informe pericial y la responsabilidad eventual por algún daño que sufra el perito.
II.- Marco Jurídico

El estatuto rector de la prueba pericial se encuentra tratado en el Libro II Título III Párrafo 6° del Código Procesal Penal (arts. 314 a 322) sin embargo tales disposiciones se deben complementar con las normas establecidas en el Párrafo 9° del Título III del Libro II relativas al “Desarrollo del Juicio Oral”. En consecuencia la prueba pericial está afecta a un tratamiento atinente a una etapa previa al juicio oral, fundamentalmente en la denominada “Audiencia de Preparación del Juicio Oral” y durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral.


III.- Concepto

Podemos definir a los peritos como terceros ajenos al litigio que disponen de conocimientos especializados sobre una determinada ciencia, arte u oficio y que son llamados a prestar su testimonio experto en la interpretación de una determinada información.

Siguiendo en esta materia a Mittermaier1, diremos que el informe pericial puede ser requerido en los siguientes casos:

“1º Cuando se trata de investigar la existencia de ciertos hechos cuya averiguación, para que sea bien hecha, exige necesariamente conocimientos técnicos, por ejemplo cuando el examen debe caer sobre las señales de virginidad o sobre la existencia de veneno en el cuerpo.

2º Cuando haya de decidirse acerca de la naturaleza o las cualidades de ciertos hechos. Por ejemplo: ¿qué dirección ha seguido la herida?.

3º Cuando la base de la sentencia debe principalmente apoyarse en la admisión de un hecho como posible o probable (¿puede un hombre ser herido de un balazo a una distancia determinada?): tal será el caso de un testigo que afirmara ciertos hechos, relaciones de hecho (¿ha podido el testigo ver lo que ha pasado a la distancia en que se hallaba?), y en el que el acusado alegara la existencia de algunas circunstancias accesorias del crimen (si sostiene el acusado haberse servido de tal o cual sustancia para practicar el envenenamiento).

4º Cuando de los hechos demostrados se trata de deducir sus consecuencias, las conclusiones que sólo puede suministrar el profesor. Por ejemplo ¿ha sido mortal la herida?, ¿el veneno ha causado la muerte?”.
IV.- Procedencia del Informe Pericial

Esta materia se encuentra regulada en el artículo 314 del Código Procesal Penal, el cual señala en su inciso 2º lo siguiente: “ Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio”.

Los casos de pericias determinadas por la ley podrían decir relación con ciertos delitos que normalmente son acreditados por medio de peritajes, como por ejemplo el caso de los delitos sexuales, en conformidad a lo que señala el artículo 198 del Código Procesal Penal. En relación a los otros casos en los que proceden pericias, ello sucederá cada vez que las partes estimen necesario contar con un conocimiento experto acerca de una determinada materia.
V.- Designación de los Peritos

El Código de Procedimiento Penal contemplaba todo un sistema de designación de los peritos, distinguiendo entre peritos judiciales y los nombrados por las partes2. En el nuevo sistema procesal penal en cambio, los peritos ya no son designados y tampoco existe la distinción señalada, sino que se va más bien a un sistema informal de peritos o testigos expertos.

En efecto, los peritos del nuevo sistema procesal sólo son los presentados por las partes, desapareciendo completamente la figura del perito imparcial designado por el juez3. De esta manera, las partes tienen libertad para escoger como perito a las personas que estimen convenientes, sin que exista todo un procedimiento formal de nombramiento del perito.

VI.- ¿Quiénes pueden ser peritos?

En principio cualquier persona que posea un conocimiento especializado de una ciencia arte u oficio podría ser perito. Sin embargo, conforme lo dispone el artículo 317 del Código Procesal Penal “No podrán desempeñar las funciones de peritos las personas a quienes la ley reconociere la facultad de abstenerse de prestar declaración testimonial”.

La prohibición señalada en el párrafo anterior se funda en que el legislador privilegia el resguardo de los lazos y cohesión familiar así como la ética profesional, al éxito de la persecución penal4.

De manera que la regla general es que, salvo la excepción señalada, cualquier persona pueda desempeñarse como perito. Sin embargo, una cosa es la capacidad para ser perito y otra distinta es que el informe que emita sea admitido como medio de prueba en el juicio oral, así por ejemplo, como se explicará más adelante, el tribunal podría rechazar el informe de un perito que no otorga suficiente garantía de seriedad y profesionalismo.

Los peritos tampoco podrán ser inhabilitados, como consecuencia de la libertad en la valoración de la prueba. Por lo tanto, van a poder declarar y el mérito de su declaración es lo que el juez va a ponderar. No obstante ello y según lo dispone expresamente el artículo 318 del Código Procesal Penal, las partes en la audiencia del juicio oral podrán dirigirle al perito preguntas destinadas a determinar su idoneidad e imparcialidad, así como el rigor técnico o científico de sus declaraciones, ello probablemente con el objeto de acreditar o cuestionar la seriedad de su declaración.
VII.- Tipos de Peritos

De acuerdo a las distintas especialidades que poseen los peritos, éstos pueden clasificarse en peritos balísticos, mecánicos, químicos, documentales, etc. Sin embargo, una clasificación más amplia nos permite distinguir entre peritos públicos y privados, a cada uno de los cuales nos referiremos separadamente a continuación:


1.- Peritos Públicos

Tienen esta categoría todos aquellos especialistas que dentro de su competencia son llamados a realizar un informe pericial y que pertenecen a algún organismo estatal.

Entendemos por organismo estatal aquel que realiza una función pública y que es creado por ley. De manera que podemos encontrar un gran número de instituciones que revisten este carácter.

Los peritos públicos están llamados a realizar pericias y tienen la obligación legal de hacerlo. En algunos casos, tal obligación está expresamente consagrada en la ley (así, v.gr. en la Ley Orgánica del Servicio Médico Legal). Por otro lado, una vez que confeccionan su informe, tienen la obligación de concurrir al juicio oral a prestar declaración acerca del mismo, bajo igual apercibimiento legal que los testigos.

Entre los organismos estatales que prestan servicios periciales y a los cuales puede acudir el Ministerio Público, podemos mencionar a los siguientes:

1.- Carabineros de Chile:



  1. LABOCAR (Laboratorio de Criminalística de Carabineros): encargado de realizar todo tipo de pericias, fundamentalmente peritajes químicos, de balísticas, propiedad intelectual, mecanográficas, dactiloscópicos, etc.

  2. SIAT (Servicio de Investigaciones de Accidentes del Tránsito): entre otras cosas realizan exámenes de planimetría, fotográficos y otros, para los efectos de determinar posibles causas de accidentes de tránsito.

  3. SEBV (Sección Encargo Búsqueda de Vehículos): realizan todo tipo de pericias relacionadas con la búsqueda de vehículos.

  4. GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales): desarrollan entre otras funciones peritajes de explosivos, de armamentos, etc.

2.- Policía de Investigaciones de Chile:

  1. LACRIM (Laboratorio de Criminalística): existen 7 de estos laboratorios en todo el país, todas las regiones en las cuales se ha implementado la reforma procesal penal cuentan con uno de estos laboratorios, con excepción de la 2ª Región. Los LACRIM poseen diferentes secciones, entre las cuales cabe destacar las siguientes: química (encargada de todo lo relacionado con el examen de fluidos como sangre, semen, y otro tipo de análisis químicos), balística, dibujo y planimetría, documentales, mecánica, contabilidad, fotografía, dactiloscopia y audio y video.

  2. CAVAS (Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales): realizan pericias relacionadas con los delitos sexuales. Existen tan sólo dos centros en todo Chile, uno en Santiago y el otro en la V Región.

  3. Instituto de Criminología: cuenta con una serie de profesionales que podrían practicar pericias, tales como psicólogos, psiquiatras, etc.

  4. Cibercrimen: unidad especializada en delitos informáticos, realiza todo tipo de pericias relacionadas con estos delitos.

3.- Servicio Médico Legal: Este servicio es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y entre otras labores realiza toda clase de peritajes de carácter médico, constituyendo el principal organismo gestor de este tipo de pericias para la investigación criminal.

El Servicio tiene 12 cabeceras regionales en las capitales de cada región y 18 otras sedes en el resto del país. En las regiones donde está implementada la reforma procesal penal, las ciudades que cuentan con este Servicio son: Antofagasta, Copiapó, Vallenar, La Serena, Ovalle, Illapel, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Temuco y Angol.

El Servicio Médico Legal tiene cuatro secciones, denominadas Sección Clínica, de Tanatología, de Laboratorios y Administrativa, a cada una de las cuales corresponden distintas funciones, según se señala en la Ley Orgánica del Servicio Médico Legal5. En efecto, corresponden a la sección clínica de este servicio la realización de exámenes tales como los de lesiones, psiquiatría, enfermedades comunes, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, sexología, evaluación de incapacidades, paternidad, abortos, violaciones y otros6. Por otra parte, corresponde a la sección tanatología realizar las pericias en cadáveres y restos humanos7 y a la sección de laboratorios le compete practicar exámenes de alcoholemia, toxicología, etc8.

Los principales peritajes que realiza el Servicio Médico Legal son:



      • Peritaje de ADN

      • Tanatológicos

      • Psiquiátricos (estudio psicológico, estudio psiquiátrico e informe social complementario)

      • Clínicos (estudio de lesiones, maltrato infantil, estudios sexológicos) y

      • de laboratorio (alcoholemia, exámenes de apoyo a peritaje de agresiones sexuales, exámenes toxicológicos, peritajes de identificación)

En relación a la obligación del Servicio Médico Legal de emitir informes periciales para ayudar a la investigación criminal, cabe señalar que ella emana de la propia ley que regula este Servicio, la cual en su artículo 3º letra a), señala expresamente que “le corresponderá, especialmente,.. emitir informe médico-legales a petición de los Tribunales de Justicia”. En relación a la alusión a los Tribunales de Justicia que hace la norma, también debe entenderse hecha a los Fiscales del Ministerio Público en aquellos lugares donde está vigente la Reforma Procesal Penal, toda vez que en el nuevo sistema procesal son ellos los que dirigen la investigación criminal.

4.- Hospitales Públicos, Servicios de Asistencia Pública y demás establecimientos donde habitual o transitoriamente lleguen casos médico-legales (por ejemplo los servicios de atención primaria de urgencia (SAPU) o consultorios de atención primaria): todos estos servicios también podrían realizar pericias médico-legales, ello puede deducirse de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio Médico Legal.

El carácter de auxiliares del Ministerio Público de todos estos servicios, podría eventualmente redundar en que las pericias que practiquen no pudieran ser presentadas en el juicio oral, sin embargo esta situación es salvada expresamente por el artículo 321 del Código Procesal Penal, el cual señala literalmente que “el Ministerio Público podrá presentar como peritos a los miembros de los organismos técnicos que le prestaren auxilio en su función investigadora, ya sea que pertenecieren a la policía, al propio ministerio público o a otros organismos estatales especializados en tales funciones”.
2.- Peritos Privados

Son peritos privados todos los que no son públicos, es decir todas aquellas personas que poseen conocimientos especializados en alguna ciencia, arte u oficio y que prestan sus servicios en forma particular y no como integrantes de algún organismo estatal llamado a realizar pericias a los cuales nos hemos referido en el apartado precedente.


VIII.- Contenido del Informe

Esta materia se encuentra regulada por el artículo 315 del Código Procesal Penal, el cual señala que el informe deberá ser escrito y contendrá:



  1. la descripción de la persona o cosa que fuere objeto de él, del estado y modo en que se hallare;

  2. la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado, y

  3. las conclusiones que, en vista de tales datos formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio.

Por otra parte, debe señalarse que para practicar sus informes los peritos deben poder acceder a examinar los objetos, documentos o lugares a que se refiriere su pericia. Con este fin, el artículo 320 del Código Procesal Penal consagra expresamente la facultad de los intervinientes en el proceso penal para solicitar durante la etapa de investigación o en la audiencia de preparación del juicio oral, al juez de garantía que dicte las instrucciones necesarias al efecto.
IX.- Remuneración del Perito

El Ministerio Público requiere para el cumplimiento de su labor investigadora de los delitos de una gran cantidad de pericias, si todas ellas fuesen remuneradas significaría en la práctica que un porcentaje muy importante del presupuesto institucional debería destinarse para estos fines, restando recursos a otros requerimientos. En consideración a ello, lo más lógico es que las pericias necesarias para la investigación de los delitos sean realizadas por la red pública, lo que no genera ningún gasto para el Ministerio Público puesto que los peritos de los organismos estatales auxiliares son remunerados por los propios servicios a los cuales pertenecen.

La regla general en materia de remuneración de peritos privados es la contenida en el artículo 316 inciso 2º de Código Procesal Penal, que reza de la siguiente manera: “Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presentare”. Sin embargo, la misma disposición legal contempla una excepción en su inciso siguiente y último, al señalar que “excepcionalmente, el tribunal podrá relevar a la parte, total o parcialmente, del pago de la remuneración del perito, cuando considerare que ella no cuenta con medios suficientes para solventarlo o cuando, tratándose del imputado, la no realización de la diligencia pudiere importar un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa...”.

La obligación de pago de remuneración sólo existe respecto de peritos privados, de manera que la norma del artículo 316 precedentemente transcrita nunca se aplicará a los peritos públicos.

Cómo vemos, para estudiar la remuneración de los peritos debemos hacer una distinción y ver si nos encontramos frente a peritos públicos o privados. A este respecto sin embargo, debemos efectuar más detenidamente algunas consideraciones en relación a ambas clases de peritos.


  1. Perito Público: como ya se adelantó, este tipo de peritos son remunerados por el servicio público al cual pertenecen, puesto que en definitiva, lo que hacen al practicar las pericias para el Ministerio Público es ejecutar funciones propias de su cargo.

Respecto a la facultad del Ministerio Público de presentar como peritos a los miembros de los organismos estatales especializados en la función investigadora, ésta aparece expresamente consagrada en el artículo 321 del Código Procesal Penal. Estos peritos tendrían la obligación de confeccionar los informes periciales que les soliciten los fiscales del Ministerio Público y además estarían obligados a concurrir al juicio para prestar declaración acerca de los mismos. A este respecto, debe entenderse que cuando estos profesionales concurren al juicio a declarar lo hacen en comisión de servicio o cometido funcionario de la respectiva entidad pública a la cual pertenecen.

Las aseveraciones realizadas pueden no ser pacíficas y despertar una serie de reacciones adversas por parte de los profesionales encargados de practicar las pericias, no tanto por la obligación de realizarlas, sino más bien por el tiempo que pueden verse forzados a perder con ocasión de aquella, al tener que concurrir al juicio a declarar.

Creemos que esta problemática puede ser solucionada, a lo menos en forma parcial, adoptando una serie de medidas como las que se indican ejemplarmente a continuación:

i.- generar mayor conciencia al interior de los organismos estatales de la necesidad de fortalecer una colaboración con el Ministerio Público en la realización de su labor, con el objeto de propender al éxito de la reforma procesal penal.

ii.- en los casos de peritos públicos citados a declarar a juicio y con el objeto de no quitarles demasiado tiempo en esta tarea -atendido que puede tratarse por ejemplo de médicos cuyos servicios son requeridos permanentemente-, sería aconsejable determinar lo más exactamente posible el horario en que prestarán declaración, para no ocuparlos más tiempo que el estrictamente necesario. Un sistema como éste, probablemente sería muy bien recibido por parte de quienes practican las pericias e indudablemente mejoraría su disposición para concurrir al juicio.

iii.- tal vez, aunque esto puede resultar más discutible, podría establecerse un sistema en aquellos casos en que la obligación de concurrir al juicio signifique para el perito un gravamen demasiado oneroso, como lo sería por ejemplo el empleo de muchas horas extraordinarias de trabajo, de compensar el tiempo extra por medio de un honorario, el que deberá ser pagado por el respectivo servicio público.


Por último cabe señalar respecto de los peritos públicos, que tratándose de algunas pericias efectuadas por el Servicio Médico Legal tienen un valor determinado fijado mediante el Decreto Supremo Nº 531 del Ministerio de Justicia9. En efecto, esta normativa fija los valores de los exámenes de laboratorio y embalsamiento realizados por el Servicio Médico Legal cuando son requeridos por particulares (personas naturales o jurídicas), constituyendo un caso excepcional en que el valor de la pericia es determinado por una especie de arancel, puesto que la regla general, en aquellos lugares donde aún no ha entrado en vigencia el Código Procesal Penal, es que el valor de las pericias sea regulado por el juez del crimen a través de un procedimiento especial. Sin embargo, los valores indicados en el Decreto antes señalado pueden servirle al Ministerio Público como una base de referencia a la cual acudir cuando se trate de fijar el valor de pericias de la misma naturaleza encargadas a peritos particulares.



  1. Peritos Privados: respecto de éstos sin duda alguna que existe la obligación del Ministerio Público de remunerar sus servicios al precio de mercado. Ello se entiende, sin perjuicio de lo señalado a propósito del Decreto del Ministerio de Justicia al cual se ha hecho mención precedentemente, que permitiría establecer un parámetro de referencia para fijar los valores de las pericias que en éste se indican.

En cuanto a la posibilidad de regular los honorarios de este tipo de peritos, la regla general es que sus honorarios no son regulados por el juez y por lo tanto, como ya se dijo, ellos corresponderán a los del mercado10.

La regla señalada sin embargo, contempla una excepción en el artículo 316 inciso final última parte del Código Procesal Penal, referida al caso en que el tribunal releva del pago de la remuneración de la pericia tratándose del imputado, cuando la no realización de ella pudiere significar un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa, en cuyo caso regulará prudencialmente la remuneración del perito, teniendo presente los honorarios habituales en la plaza.


¿Con cargo a qué fondos se financian estas pericias particulares?

En el presupuesto del Ministerio Público no existe una asignación ni un item especial destinado a financiar este tipo de prestaciones, por lo tanto lo que se ha estado haciendo hasta ahora es imputarlo a la asignación “otros servicios generales” (subtítulo 22- item 17- asignación 017). En otras oportunidades la imputación ha sido hecha al item de contratación de estudios (subtítulo 22- item 18), sin embargo técnicamente ello no parece muy apropiado, puesto que estos fondos están pensados para remunerar a personas jurídicas y no naturales y por otra parte el destino de estos recursos no es propiamente el pago de peritajes.

Existe la posibilidad de crear un item o una asignación presupuestaria especial para el pago de pericias, sin embargo una solución de esta naturaleza tampoco parece ser muy conveniente, puesto que se podría generar la costumbre de encargar peritajes particulares, en circunstancias que lo correcto es ocupar la red pública, lo que no genera gastos para el Ministerio Público. En este sentido, parece urgente que la red asuma su labor otorgando los peritajes requeridos por el Ministerio Público, para lo cual debe tomarse conciencia de la necesidad de dotarla de más recursos a fin de que pueda cumplir con su función.
Por último, debe señalarse en relación a este tema remuneratorio que existe la posibilidad de que los peritos sean interrogados en el juicio acerca de su remuneración y de la adecuación de ésta a los montos usuales para el tipo de trabajo realizado. Esta regla se encuentra contenida en el artículo 318 del Código Procesal Penal, y tiene por objeto demostrar la imparcialidad del perito.

X.- La prueba pericial previa al juicio oral

El presente acápite desglosa el tema en dos estadios: 1°) Oportunidad Procesal para ofrecer la prueba de peritos; 2°) Admisibilidad de la prueba pericial.

Oportunidad Procesal

De acuerdo a los artículos 180, 183, 314 y 320 se desprende que los intervinientes están autorizados para utilizar informes periciales desde el inicio del procedimiento, sean esto particulares o públicos, con la finalidad de ser empleados durante el juicio oral, en apoyo de sus alegaciones. Sin embargo la oportunidad procesal a la cual los intervinientes deben sujetarse para ofrecer este medio de prueba, sufre los siguientes matices:

1° La letra f) del artículo 259 del Código Procesal Penal señala que “La acusación deberá contener en forma clara y precisa: f) El señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensará valerse en el juicio” por lo tanto el fiscal en su escrito de acusación deberá acompañar los informes periciales escritos y, además, citar al profesional en calidad de perito.

2° “El querellante a su turno, los ofrecerá en su escrito de adhesión a la acusación del fiscal, acusación particular o acusación conforme al artículo 258 (forzamiento de la acusación) cuando diga relación con la imputación penal y en su demanda civil cuando se vincule con ésta, en el plazo contemplado por el artículo 261 por regla general11 y 25812 excepcionalmente”13.

3° El imputado goza de las siguientes oportunidades para ofrecer la prueba pericial: a) En el escrito de defensa que presente dentro del término establecido en el artículo 26314; b) Oralmente al inicio o durante la audiencia de preparación de juicio oral según se desprende de los artículos 263 y 268; c) Dentro del término otorgado por el juez de garantía, durante la audiencia de preparación, cuando comprobare que el imputado no hubiere ofrecido oportunamente prueba por causas que no le fueren imputables (art. 278).

En estas oportunidades, además deberá solicitar que los peritos sean citados a comparecer y declarar sobre su informe en la audiencia de juicio oral debiendo individualizarlos y acompañar los títulos o calidades que comprueben su idoneidad profesional.

No obstante lo anterior el artículo 336 excepcionalmente permite a las partes, durante el juicio oral, rendir prueba que no ha sido ofrecida en su oportunidad procesal correspondiente, previa petición de la parte que lo requiera y autorización del Tribunal Oral que puede ser dada en dos casos:

a) Cuando el interviniente que sostuviere la petición justificare no haber tenido conocimiento de la existencia de la prueba sino hasta ese momento.

b) Si con ocasión de la prueba ya rendida surgieren controversias acerca de su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubiesen sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad.
2°) Admisibilidad de la Prueba Pericial

La cuestión relativa a la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por los intervinientes, en las oportunidades procesales pertinentes, está tratada en el inciso 1° del artículo 316 del Código Procesal Penal que reza de la siguiente manera “El Tribunal admitirá los informes y citará a los peritos cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considerare que los peritos y sus informes otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. Con todo el Tribunal podrá limitar el número de informes o peritos, cuando unos u otros resultaren excesivos o pudieren entorpecer la realización del juicio”.

Lo primero que debe aclarase es que no obstante encontrarse ubicada la norma dentro de aquellas relativas al juicio oral, debe concluirse interpretando armónicamente las normas del Código Procesal Penal que su aplicación corresponde al Juez de Garantía y no al Tribunal Oral en lo Penal atendida las siguientes consideraciones:

1° El debate sobre la pertinencia de las pruebas ofrecidas por los intervinientes tiene lugar en la Audiencia de Preparación de Juicio Oral así lo afirman los artículos 272 “Durante la audiencia de preparación de juicio oral cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimare relevantes con relación a las pruebas ofrecidas por las demás, para los fines previstos en los incisos segundo y tercero del artículo 276” y éste último señala que el juez de garantía debe examinar las pruebas ofrecidas para, luego de escuchar a los intervinientes, ordenar fundadamente su: a) exclusión sea porque fueren manifiestamente impertinentes, tuvieren por objeto acreditar hechos públicos o notorios, se tratare de prueba declarada nula u obtenida con inobservancia de las garantías fundamentales; b) reducción cuando produjere efectos puramente dilatorios.

2° El artículo 281 señala que una vez recepcionado por el Tribunal Oral el Auto de Apertura del Juicio de Oral procederá por intermedio del juez presidente de la sala respectiva, entre otros a fijar la fecha que se realizará la audiencia del juicio oral y citar a todos quiénes deban concurrir a la audiencia no correspondiéndole, por tanto, ningún pronunciamiento relativo a la prueba incluida en el mencionado auto.

3° En consecuencia al Tribunal Oral, no le corresponderá realizar el examen de admisibilidad del informe de peritos correspondiéndole al Tribunal de Garantía salvo el caso excepcional del artículo 336.

Por lo tanto el Juez de Garantía además de sujetarse a los artículos 266 a 280 (relativos a la audiencia de preparación de juicio oral) debe dar cumplimiento a las obligaciones adicionales impuestas por los artículos 314, 315 y 316. En consecuencia, el Juez de Garantía al pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida deberá actuar de la siguiente forma:

a) Deberá verificar la aptitud del perito, de acuerdo al inciso primero del artículo 316, en términos que sus capacidades e informes suministren garantías de seriedad y profesionalismo, calidades que se corroborarán mediante los comprobantes que acreditaren su idoneidad profesional, los cuales de acuerdo al mandato del inciso primero del artículo 314 deben ser acompañados por el interviniente en la oportunidad15 en que hubiese ofrecido el informe pericial. Estrechamente ligado a este punto se encuentra el artículo 315 que señala los elementos fundamentales que debe reunir el informe pericial, de modo que, si no concurren o lo hacen en forma poco consistente podrá dar pie a que el magistrado cuestione el profesionalismo o idoneidad del perito.

b) El Juez de Garantía tiene la facultad de limitar el número de informes o de peritos que se hayan ofrecido, cuando unos u otros resulten excesivos o pudieren entorpecer la realización del juicio. Esta facultad del juez de garantía encuentra paralelo en el inciso 2° del artículo 276 pues permite al juez de garantía reducir la prueba documental o testimonial que produzca efectos puramente dilatorios en el juicio oral u ordenar que el interviniente reduzca el número de testigos o documentos cuando mediante ellos se deseare probar unos mismos hechos o circunstancias que no guardan relación con lo sustancial de la cuestión sometida a conocimiento del Tribunal Oral.

XI. Los peritos en la audiencia de juicio oral


a) Orden de recepción de pruebas en el juicio oral

El artículo 328 relativo al orden de la recepción de las pruebas en la audiencia del juicio oral asienta como regla: la libertad de los intervinientes para presentar sus probanzas en el orden que lo estimen conveniente lo que, normalmente, irá en relación con la estrategia o “teoría del caso” que cada interviniente decida emplear en el juicio oral. No obstante lo anterior, la norma aludida establece un orden de prelación respecto de qué interviniente comienza, en primer lugar, a rendir prueba en la audiencia de juicio oral “correspondiendo recibir primero la prueba ofrecida para acreditar los hechos y peticiones de la acusación y de la demanda civil y luego la prueba ofrecida por el acusado respecto de todas las acciones que hubieren sido deducidas en su contra”. Por lo tanto la prueba pericial que se vaya a rendir en juicio oral se sujetará al orden que haya decidido el interviniente.


b) Producción de la Prueba Pericial durante la Audiencia de Juicio Oral

La declaración de los peritos durante el juicio oral se sujeta a las normas establecidas en el artículo 329 y, supletoriamente se aplicarán las reglas establecidas para los testigos. Los incisos 1° y 3° del artículo citado reconocen la circunstancia de que los peritos son “personas que cuentan con información relevante acerca del caso que se está juzgando y que deben venir a dar cuenta de ella en forma oral y sujeta a la contradictoriedad del juicio16 y, por ésta razón, asienta las siguientes reglas:



Regla Primera: La declaración e interrogatorio es personal e imposible de sustituir por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren de los peritos (art.329 inciso primero). No obstante lo anterior los artículos 331 y 332, aplicados por mandato del artículo 329 inciso primero, excepcionan la regla anterior aunque de manera diversa:

Excepción Primera: El artículo 331 relativiza la regla, asentada en el artículo 340 inciso 2°, en orden a que sólo la prueba rendida en la audiencia de juicio oral será la válida para la formación de la convicción a la cual arribe el Tribunal Oral en la sentencia definitiva. En efecto la norma otorga validez a las actas o registros que contengan declaraciones de testigos, peritos o imputados, las cuáles podrán leerse previa petición de alguno de los intervinientes y autorización del juez presidente prescindiéndose, de esta forma, de la presencia y deposición personal de los testigos, peritos o imputado, en los siguientes casos:

i) Los registros que contengan las declaraciones de testigos o peritos que por razones de fuerza mayor no pudiesen prestar su declaración en la audiencia de rigor bajo la condición que la declaración haya sido prestada en la modalidad de prueba anticipada ante el juez de garantía conforme a los artículos 191 y 28017.

ii) Cuando constaren en registros o dictámenes que todas las partes acordaren en incorporar, con aquiescencia del tribunal. Una parte de la doctrina estima que la expresión “acordaren en incorporar” y “con aquiescencia del tribunal” demuestra que se trataría de una convención probatoria puesto que el artículo 275 señala que “durante la audiencia de preparación el fiscal, el querellante si lo hubiere, y el imputado podrán solicitar en conjunto al juez de garantía que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio oral”, es decir, en las convenciones probatorias se requiere además del acuerdo de los intervinientes señalados la autorización del Tribunal de Garantía. La parte final “no podrán ser discutidos en el juicio oral” reafirma la conclusión puesto que si se requiriere la autorización del Tribunal Oral, eventualmente, se abriría debate en caso de negativa transformando en letra muerta la disposición. Sin embargo creemos que la norma no está haciendo alusión a las convenciones probatorias puesto que ellas tienen como objetivo dar por acreditados ciertos hechos controvertidos y, por ende, no serán materia de discusión durante la audiencia de juicio oral, luego siendo el objeto de aquellas hechos controvertidos es dable colegir que no podrán recaer sobre medios de prueba.

iii) Cuando la no comparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere imputable al acusado. En este punto corresponderá al interviniente que haya ofrecido la probanza acreditar el supuesto de hecho atribuible al acusado que obsta a la comparecencia del perito.



Excepción Segunda: Por su parte el artículo 332 no constituye una excepción plena a la regla en cuestión puesto que esta norma permite, en efecto, la lectura de parte del informe elaborado por el perito, sin embargo, sólo se podrá hacer previa declaración del perito en el juicio oral según se desprende del inciso final del texto legal en cuestión “Con los mismos objetivos, se podrá leer durante la declaración de un perito partes del informe que él hubiere elaborado..”. Y la referida lectura de los registros sólo se podrá efectuar cuando el juez presidente lo estimase necesario para “refrescar” la memoria del perito, o para demostrar contradicciones o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes (inciso 2° del artículo 329).
Regla Segunda: Los peritos previo a ser interrogados por los intervinientes deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe. Luego el juez presidente prestará su autorización para que comiencen los interrogatorios respectivos debiendo comenzar en “primer lugar la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por las restantes. Si en el juicio intervinieren como acusador el ministerio público y el querellante particular, o el mismo se realizare contra dos o más acusados, se concederá sucesivamente la palabra a todos los acusadores o a todos los acusados, según corresponda” (art. 329 inciso 3°). “En otros términos, si el deponente fue ofrecido por el fiscal éste interrogará primero, a su turno continuará el querellante particular y finalmente el defensor letrado del acusado. En conclusión inicia el interrogatorio el interviniente que ofreció la probanza pericial para continuar las partes que tengan similares intereses para después finalizar la parte del bloque contrario de intereses opuestos18.

Durante la declaración del perito los miembros del tribunal podrán formularle peguntas con el fin de aclarar sus dichos. Por último se contempla la posibilidad que el Tribunal pueda autorizar un nuevo interrogatorio a peritos que ya hubieren declarado en audiencia, esta petición deberá ser resuelta fundadamente por el Tribunal pues implica una instancia probatoria nueva para el interviniente que la requiera.

En su oportunidad señalamos que el legislador previene que los peritos en su declaración e interrogación se sujetarán supletoriamente a las reglas establecidas para los testigos, por lo tanto los peritos estarán obligados a:

i) Prestar juramento o promesa de decir la verdad.

ii) Concurrir al llamamiento judicial, previa citación del tribunal bajo el apercibimiento previsto en el artículo 33 y del pago de las costas ocasionadas por su inasistencia. Esta obligación es interesante analizarla desde el siguiente punto de vista ¿desde cuando surge la posibilidad de citar a un perito a juicio oral? Sostenemos que la facultad de citar a un profesional en calidad de perito surge desde el instante que el perito elabora el informe para el interviniente que pretende valerse de la respectiva probanza, lo anterior se basa en las siguientes razones:

a) El inciso primero del artículo 314 señala que los intervinientes podrán presentar, en la oportunidad procesal correspondiente, informes periciales al juez de garantía a fin que sea citado a declarar al juicio oral. Luego el inciso primero del artículo 316, siguiendo el razonamiento anterior, expresa que “El tribunal admitirá los informes y citará a los peritos...”. Por lo tanto ambos artículos razonan sobre la base de la confección previa, normalmente durante la etapa de investigación, de informes por parte de profesionales de un arte, ciencia u oficio específico.

b) De modo que si no consta la existencia de informes relacionados con un profesional o no ellos han sido acompañados, éste no podrá ser citado, en calidad de perito, a declarar en juicio oral.

iii) Deber de prestar declaración ante el tribunal pudiendo negarse en la medida que exista y acredite causa justificada. El Senado estimó conveniente agregar la posibilidad de que el perito que se negare a prestar declaración fuese sancionado como autor del delito de desacato contemplado en el inciso 2° del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

iv) Principio de no autoincriminación contemplado en el artículo 305 del Código Procesal Penal.
XII.- Responsabilidad por accidentes que sufra el perito producto del cumplimiento de comparecencia y declaración

El Código Procesal Penal no contiene normas relativas a la siguiente cuestión ¿quién debe soportar los costos producto de accidentes que sufra el perito en el cumplimiento de su deber de comparecencia y declaración en juicio oral?. Un primer paso a dar consiste en determinar si el hecho es posible de ser considerado como accidente del trabajo. La ley 16.744 en su artículo 5° entiende por accidente del trabajo “Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo”, de modo que las lesiones acaecidas durante el cumplimiento de los deberes mencionados quedarán cubiertas dentro del amplio concepto de accidente del trabajo.

El artículo 1° de la ley 16.744 declara obligatorio el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y, a su vez, el artículo 2° establece la obligatoriedad del seguro para los trabajadores dependientes tanto del sector privado como público y para los trabajadores independientes. No obstante la amplitud del artículo 2° deben efectuarse los siguientes matices:


  1. Trabajadores Dependientes. Los peritos dependientes de instituciones públicas o privadas quedarán cubiertos por las prestaciones del Seguro Social Obligatorio.

ii) Trabajadores Independientes. La parte final del artículo 2° expresa que “No obstante, el Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro que establece esta ley las personas indicadas en la letra d) (trabajadores independientes)”. De acuerdo con lo anterior se han dictado distintos Decretos Leyes regulando la situación de diferentes actividades independientes tales como: choferes de taxis o colectivos, pirquineros, trabajadores de la hípica, etc sin embargo la actividad de los profesionales independientes no está reglamentada determinándose que las lesiones o incapacidades que sufran en el desempeño de sus labores sean absorbidas por su régimen previsional de salud al cual esté afiliado, de modo que los peritos independientes no están obligados a efectuar las cotizaciones derivadas del seguro obligatorio establecido por la ley 16.744 pero, a la vez, los accidentes del trabajo que sufra serán soportados por FONASA o la Isapre a la que se encuentre afiliado.


En consecuencia tanto los peritos dependientes como independientes quedarán cubiertos respecto de los accidentes que sufran en el desempeño de sus actividades por el régimen previsional respectivo excluyéndose al Ministerio Público de cualquiera responsabilidad derivada de estos hechos.
XIII.- Deber de protección del Ministerio Público para con los peritos

Por último debe tenerse presente que el artículo 322 del Código Procesal Penal recoge el deber del Ministerio Público para con los peritos de brindar la protección prevista para los testigos19. No obstante que se utiliza la voz “podrá” estimo que el deber del Ministerio Público se activa de modo autónomo e independiente al requerimiento del perito puesto que sostener lo contrario vulneraría la garantía constitucional consagrada en el N° 2° inciso 2° del artículo 1920 de la Constitución Política del Estado ya que no existe fundamento racional que permita sostener que los testigos deban ser dignos de mayor protección que los peritos atendiendo que ambos responden a la misma naturaleza jurídica de ser terceros ajenos e imparciales que deponen sobre un hecho con la particularidad que el perito emite una opinión sobre un hecho aplicando las máximas del arte, ciencia u oficio que profesa.



SRV/MEST/CDG

*************************


Por consiguiente, agradeceré a los Fiscales Regionales y a sus asesores jurídicos estudiar la materia de este informe, distribuirlo a los fiscales y abogados asistentes y enviar la información solicitada y los comentarios que se estimaran pertinentes.
Saluda atentamente a UDS.,

GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD

FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

GPR/crz



1 Carlos J.A. Mittermaier, citado por Eugenio Neira Alarcón en Manual de Procedimiento Penal Chileno, Santiago, Fallos del mes 1992.

2 Artículo 224 y sgtes. del Código de Procedimiento Penal.

3 El único caso en el cual el perito podría ser solicitado por el juez de garantía, es en el caso de requerir un informe psiquiátrico cuando en el procedimiento aparecen antecedentes suficientes que permitieren presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 458 del Código Procesal Penal.

4 En conformidad a lo dispuesto por el artículo 302 inciso 1º del Código Procesal Penal “no estarán obligados a declarar el cónyuge o el conviviente del imputado, sus ascendientes o descendientes, sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, su pupilo o su guardador, su adoptante o adoptado”. Por su parte, el artículo 303 inciso 1º del mismo texto legal señala que “tampoco estarán obligadas a declarar aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieren el deber de guardar el secreto que se les hubiere confiado, pero únicamente en lo que se refiriere a dicho secreto”.


5 El texto de la ley Orgánica del Servicio Médico Legal fue fijado por el decreto con Fuerza de Ley Nº196 de 28 de Marzo de 1960.

6 Art. 9 Ley Orgánica del Servicio Médico legal

7 Art. 10 Ley Orgánica del Servicio Médico legal

8 Las unidades de la sección laboratorios son la de Alcoholemia, Toxicología, Bioquímica y Criminalística, Instrumental y Biología Molecular.


9 Decreto Nº531 del Ministerio de Justicia de 22 de mayo de 1989 que deroga el decreto 190 de 30 de enero de 1980.

Decreto:


“1.- Los exámenes de laboratorio practicados por el Servicio Médico Legal, requeridos por personas naturales o jurídicas, tendrán los siguientes valores, afectos al impuesto al valor Agregado (IVA) que será cobrado en cada prestación:

  1. Análisis químico toxicológico completo, incluyendo órganos: 3,52 U.T.M.

  2. Análisis químico toxicológico en fluidos biológicos, tales como orina, sangre, contenido gástrico, etc: 0.73 U.T.M.

  3. Análisis de alcohol en fluidos biológicos: 0.13 U.T.M.

  4. Análisis toxicológico en substancias diversas, tales como vegetales, polvos, medicamentos y otros: 1.88 U.T.M.

  5. Exámenes bioquímicos de baja complejidad, tales como grupo sanguíneo, esperma en fluidos biológicos, residuos de pólvora en tejidos, test de embarazo y otros: 0.08 U.T.M.

  6. Exámenes bioquímicos de mediana complejidad, tales como manchas de fluidos biológicos, monóxido de carbono en la sangre, microscópico en pelos y otros: 0.90 U..T. M.2.19 U.T.M.

  7. Exámenes bioquímicos de alta complejidad, tales como exclusión de paternidad, y otros: 2.19 U.T.M.

2.- Los procesos de embalsamiento de fallecidos practicados por el Servicio Médico Legal, a requerimiento de personas naturales o jurídicas tendrán los siguientes valores, no afectos al Impuesto al Valor Agregado:

  1. Tratamiento conservador parcial: 4.19 U.T.M.

  2. Tratamiento conservador total: 6.98 U.T.M.

3.- Los valores que fija el presente decreto regirán a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, serán de cargo de las personas naturales o jurídicas requirentes y se recaudarán por la Oficina de Presupuestos del Servicio Médico legal.

4.- Los fondos que se perciban por este concepto constituirán ingresos propios del Servicio Médico Legal, quien los destinará a los fines propios de su función.

5.- Derógase el decreto supremo 190, de 30 de enero de 1980, del Ministerio de Justicia”.


10 El Código de Procedimiento Penal, en cambio si contemplaba la posibilidad de regular los honorarios de los peritos en su artículo 245.

11 Artículo 261: “ Actuación del querellante. Hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, el querellante, por escrito, podrá:

  1. Adherir a la acusación del ministerio público o acusar particularmente...y

  2. Señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección

  3. Ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar su acusación, lo que deberá hacerse en los términos previstos en el artículo 259

  4. Deducir demanda civil, cuando procediere.”

12 Artículo 258.- Forzamiento de la acusación. Si el querellante particular se opusiere a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos al fiscal regional, a objeto que éste revise la decisión del fiscal a cargo de la causa.

Si el fiscal regional, dentro de los tres días siguientes, decidiere que el ministerio público formulará acusación, dispondrá simultáneamente si el caso habrá de continuar a cargo del fiscal que hasta el momento lo hubiere conducido, o si designará uno distinto. En dicho evento, la acusación del ministerio público deberá ser formulada dentro de los diez días siguientes, de conformidad a las reglas generales.

Por el contrario, si el fiscal regional, dentro del plazo de tres días de recibidos los antecedentes, ratificare la decisión del fiscal a cargo del caso, el juez podrá disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante, quien la habrá de sostener en lo sucesivo en los mismos términos que este Código lo establece para el ministerio público, o bien procederá a decretar el sobreseimiento correspondiente.

En caso de que el fiscal hubiere comunicado la decisión a que se refiere la letra c) del artículo 248, el querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer los derechos a que se refiere el inciso anterior.

La resolución que negare lugar a una de las solicitudes que el querellante formulare de conformidad a este artículo será inapelable, sin perjuicio de los recursos que procedieren en contra de aquélla que pusiere término al procedimiento.


13 Cristian Aguilar Araneda, Código Procesal Penal Comentado y Concordado, página 672.

14 Artículo 263. Facultades del acusado. Hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral, por escrito, o al inicio de dicha audiencia, en forma verbal, el acusado podrá:

a) Señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección;

b) Deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, y

c) Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba cuyo examen en el juicio oral solicitare, en los mismos términos previstos en el artículo 259.




15 En el punto X número primero se enumeran las distintas oportunidades procesal que posee cada interviniente para ofrecer la prueba pericial.

16 Andrés Baytelman, El Nuevo Proceso Penal, página 264

17 El Senado aceptó la inclusión, de la prueba de peritos (en la modalidad de prueba anticipada), pero estimó que sólo se justificaría anticiparla cuando existe grave riesgo de que el objeto de peritaje pueda desaparecer o sufrir deterioros o que el perito sea muy excepcional en cuanto a su especialidad, por cuanto, en principio, el perito al no ser testigo presencial puede ser reemplazado por otro en el caso de que no pueda comparecer.

Puesto que la diligencia de la prueba pericial puede ser pedida y realizada en cualquier momento, porque la ordenan las partes, lo que se anticipa aquí es la declaración sobre las conclusiones de la pericia. Estuvo de acuerdo en restringir esta posibilidad a los casos en que el perito se encontrare en la imposibilidad de concurrir al juicio oral, haciéndole aplicable en lo demás las normas de los testigos (Código Procesal Anotado y Concordado, Emilio Pfeffer Urquiaga, página 280 –281).



18 Cristian Aguilar Araneda, Código Procesal Penal Comentado y Concordado, página 698.


19 Artículo 308 inciso 2° “De igual forma, el ministerio público, de oficio o a petición del interesado, adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida protección”.

20 La Constitución asegura a todas las personas:...“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”






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