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Retos específicos de los derechos humanos



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Retos específicos de los derechos humanos

20. Expresa su profunda preocupación por la gradual reducción del espacio de la sociedad civil en 2017 y lamenta que, con demasiada frecuencia, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las ONG sean objeto de actos de violencia, acoso e intimidación, e incluso de asesinatos; expresa su preocupación por la constante imposición de prohibiciones de viajar a los activistas de derechos humano que desean asistir a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y otras instituciones internacionales, condena firmemente tales prohibiciones y pide a los Gobiernos implicados que las suspendan; subraya que es inaceptable que se impida la participación de representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación en los trabajos de los organismos internacionales e insiste en que deben respetarse los derechos humanos y políticos fundamentales de los representantes de la sociedad civil; expresa su preocupación por la posibilidad de que algunos activistas pro derechos humanos que han intervenido ante instituciones internacionales hayan sido encarcelados a su regreso a sus países;

21. Lamenta que el fenómeno de la reducción del espacio reservado a la sociedad civil pueda darse también en democracias establecidas y países de renta media y alta; insta a la Unión y a sus Estados miembros a predicar con el ejemplo; condena las medidas legislativas restrictivas de las actividades del movimiento social, como por ejemplo el cierre de ONG o la congelación de los activos de estas; pide que se derogue la legislación que imponga requisitos arbitrarios o intrusivos al funcionamiento de las ONG, incluidas las disposiciones que limiten la financiación exterior; condena la difusión de discursos públicos que menoscaban cada vez más el papel de las organizaciones de la sociedad civil; pide a las delegaciones de la Unión y a las representaciones diplomáticas de sus Estados miembros que sigan vigilando y hagan públicos los casos de violación de la libertad de reunión y asociación, incluidas las diversas formas de prohibición y restricción de las organizaciones de la sociedad civil y de sus actividades o la promoción de falsas ONG patrocinadas por gobiernos autoritarios; alienta a las delegaciones de la Unión y a las representaciones diplomáticas de los Estados miembros, así como al Parlamento Europeo, a que continúen apoyando activamente a los defensores de los derechos humanos, sobre todo haciendo seguimientos sistemáticos de los juicios, visitándoles en las cárceles y emitiendo comunicados sobre casos individuales cuando proceda;

22. Denuncia que la libertad de prensa se ha visto seriamente amenazada en 2017 y que, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, los atentados contra la prensa alcanzaron un nivel récord en ese año; destaca la necesidad de defender los principios de la libertad de opinión y expresión recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; reitera la importancia de la libertad de expresión, en internet y fuera de internet, como componente esencial para el adecuado funcionamiento de las sociedades democráticas, ya que fomenta una cultura del pluralismo que capacita a la sociedad civil y a los ciudadanos para exigir cuentas a sus gobiernos y responsables políticos y refuerza el respeto del Estado de Derecho; condena enérgicamente las amenazas, la intimidación y los ataques contra periodistas, medios de comunicación independientes, blogueros y denunciantes de irregularidades, así como la incitación al odio, las leyes contra la difamación y la incitación a la violencia, pues constituyen una amenaza para el Estado de Derecho y los valores que encarnan los derechos humanos; señala que en 2017 se detuvo a cientos de manifestantes y periodistas pacíficos, muchos de los cuales fueron objeto de malos tratos y detenciones arbitrarias y tuvieron que pagar cuantiosas multas en juicios en los que no se garantizaron unas normas mínimas de procedimiento; insta a la Unión a que redoble sus esfuerzos para proteger el derecho a la libertad de opinión y expresión en todas sus relaciones con terceros países; destaca la importancia de garantizar una aplicación efectiva y sistemática de las directrices de la UE relativas a la libertad de expresión en internet y fuera de internet y de efectuar un seguimiento periódico de sus consecuencias;

23. Hace hincapié en la importancia esencial de la libertad académica, como derecho humano protegido por tratados internacionales; condena enérgicamente los ataques contra la libertad académica, como asesinatos, desapariciones forzadas, violencia, encarcelaciones, despidos, ataques a la reputación y enjuiciamientos injustos; destaca la gravedad de cualquier ataque la libertad académica, un componente esencial para la creación de una sociedad pluralista y democrática;

24. Condena firmemente el hecho de que tantos defensores de los derechos humanos se enfrentasen a amenazas digitales en 2017, como la exposición de la información mediante la confiscación de equipos, la vigilancia electrónica y la sustracción de datos; condena la práctica de la vigilancia electrónica y del pirateo informático a efectos de recopilación de información que pueda utilizarse en procesos judiciales o campañas de difamación; expresa su profunda preocupación por el constante aumento del uso de determinadas tecnologías de cibervigilancia y de doble uso contra políticos, activistas, blogueros y periodistas; pide enérgicamente, en este sentido, a las instituciones de la Unión que actualicen de manera urgente y eficaz la normativa sobre control de las exportaciones de productos de doble uso;

25. Resalta que la independencia de la magistratura y la transparencia de un sistema de administración de justicia en el que todos los agentes puedan desempeñar su función de forma independiente y rigurosa son condiciones previas para el desarrollo de un Estado democrático y la protección judicial de los derechos humanos; condena sin ambages todos los intentos de limitar la libertad de los jueces, fiscales y abogados y todas las formas de violencia directa e indirecta ejercidas contra estos; pide a la Unión que preste la máxima atención a esta cuestión en el marco de las relaciones diplomáticas con terceros países;

26. Reconoce que la internet abierta y los avances tecnológicos han permitido denunciar con mayor rapidez las violaciones de los derechos humanos; critica los intentos de algunos Gobiernos de controlar las herramientas de comunicación de masas, incluido internet; expresa su preocupación por la prevalencia de las noticias falsas y la desinformación generadas por agentes estatales y no estatales en 2017, lo que puede haber contribuido a la propagación de discursos contrarios a los derechos humanos, restringido el acceso a información gratuita, fiel e imparcial, incitado a la violencia, el odio o la discriminación contra determinados grupos o individuos, así como influido en los resultados de las elecciones, socavando con ello las democracias; destaca, desde este punto de vista, la necesidad de que la Unión desarrolle un discurso positivo más sólido sobre los derechos humanos, se mantenga firme frente a gobiernos que patrocinan la desinformación o cuestionan la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y redoble sus esfuerzos para apoyar la libertad e independencia de los medios de comunicación en todo el mundo; destaca el papel central de la educación, la cultura, el conocimiento y el pensamiento crítico en la lucha contra las noticias falsas y su propagación;

27. Pide a la AR/VP que nombre a un enviado cibernético de la Unión que coordine los esfuerzos diplomáticos de la Unión para impulsar, en sus políticas exteriores, una internet abierta, interoperable, segura y fiable donde se respeten los derechos humanos y se promuevan normas para un comportamiento estatal responsable en línea;

28. Reafirma que las libertades de pensamiento, conciencia, religión y creencias, incluida las de creer o no creer, de practicar o no practicar la religión de elección, de abandonar o cambiar de religión, y los derechos a la apostasía y a profesar convicciones ateas, deben fomentarse incondicionalmente a través del diálogo interreligioso e intercultural; condena la discriminación por motivos de pensamiento, conciencia, religión o creencia y todas las persecuciones y ataques cometidos contra grupos étnicos y religiosos en 2017; pide que se evite la instrumentalización de la religión con fines políticos; lamenta los intentos por parte de agentes estatales y no estatales de limitar las libertades de pensamiento, conciencia, religión y creencias y las libertades de reunión y de expresión mediante la adopción y la aplicación de leyes contra la blasfemia, entre otras medidas; pide que se tomen más medidas para proteger a las minorías religiosas, las personas no creyentes y los ateos, incluidas las víctimas de las leyes contra la blasfemia; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que aumenten su participación en los debates políticos a fin de revocar estas leyes y a que redoblen sus esfuerzos para mejorar el respeto de la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias y fomenten el diálogo interreligioso e interconfesional en las relaciones con terceros países; pide a la Comisión y al SEAE que desempeñen un papel activo en ayudar a regresar voluntariamente a sus hogares a las personas que en su día se vieron obligada a abandonarlos como consecuencia de persecución por razones de religión o creencias; solicita que se emprendan acciones concretas para la aplicación efectiva de las Directrices de la Unión sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias; apoya plenamente la práctica de la Unión de tomar la iniciativa en la elaboración de resoluciones relativas a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) y en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU); respalda plenamente la labor del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión, Ján Figel;

29. Considera sumamente lamentable que se sigan practicando en todo el mundo la tortura, los tratos inhumanos o degradantes y la pena de muerte, y exhorta a la Unión a que redoble sus esfuerzos para erradicar estas prácticas; considera que las condiciones de encarcelamiento, incluido el acceso a atención médica y medicamentos, y el estado de las cárceles en ciertos países son muy preocupantes; celebra el lanzamiento oficial de la Alianza para el Comercio sin Tortura el 18 de septiembre de 2017, y el establecimiento del Grupo de coordinación de la Unión contra la tortura, encargado de supervisar su aplicación; celebra, en este sentido, las reformas de la legislación de la Unión sobre comercio con determinados bienes susceptibles de ser utilizados para la aplicación de la pena capital, torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; observa que en 2017 el número de ejecuciones efectuadas en todo el mundo descendió un 4 % con respecto al año anterior; pide a los países que aún no lo hayan hecho que adopten de forma inmediata una moratoria respecto de la pena de muerte como un paso hacia su abolición; considera indispensable el hecho de luchar contra cualquier tipo de tortura y de malos tratos, incluso psicológicos, a las personas encarceladas y de intensificar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento del Derecho internacional al respecto y las indemnizaciones a las víctimas;

30. Expresa su firme condena de todos los execrables crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes estatales y no estatales, incluidos los perpetrados contra ciudadanos por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos; expresa su horror a la vista de la larga lista de crímenes cometidos, entre los que se cuentan asesinatos, torturas, violaciones, esclavitud, incluida la esclavitud sexual, reclutamiento de niños soldado, conversiones religiosas forzosas y asesinatos sistemáticos contra minorías étnicas y religiosas; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que luchen contra los genocidios, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, y a que garanticen que sus autores sean llevados ante la justicia; pide a la Unión que preste apoyo a las organizaciones y a los equipos de investigación de Naciones Unidas que recogen, conservan y protegen pruebas —digitales o no— de los crímenes cometidos por cualquiera de las partes en estos conflictos, con objeto de facilitar su enjuiciamiento a escala internacional; observa que las plataformas de internet, entre ellas YouTube, en el marco de su labor para retirar contenidos y propaganda relacionados con el terrorismo, han eliminado pruebas grabadas en vídeo relacionadas con posibles crímenes de guerra;

31. Respalda el papel fundamental que ha desempeñado la Corte Penal Internacional (CPI) en los casos en que los Estados en cuestión no pueden o no desean ejercer su jurisdicción; pide a la Unión y a sus Estados miembros que presten apoyo diplomático y financiero a la CPI; pide a la Unión y a los Estados miembros que alienten a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a ratificar y aplicar el Estatuto de Roma de la CPI, y muestra su consternación por los países que se retiran del Estatuto o que amenazan con retirarse; pide, igualmente, a todos los signatarios del Estatuto de Roma que se coordinen y cooperen con la CPI; pide a todos los Estados miembros que ratifiquen las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión e incluyan los «crímenes atroces» en la lista de crímenes respecto a los cuales la Unión tiene competencias; reitera la importancia de otros mecanismos fundamentales para poner fin a la impunidad, entre ellos el uso de la jurisdicción universal, y pide a los Estados miembros de la Unión que aprueben la legislación necesaria; recuerda, en este sentido, que los derechos de las víctimas deben ser el núcleo de todas las medidas; reitera su petición a la VP/AR de que nombre a un representante especial de la Unión en materia de Derecho humanitario internacional y de justicia internacional con el mandato de fomentar, integrar plenamente y representar el compromiso de la Unión en favor de la lucha contra la impunidad;

32. Celebra los esfuerzos de la Unión en apoyo del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente creado por las Naciones Unidas en Siria para ayudar en la investigación de los delitos más graves; hace hincapié en la necesidad de establecer un mecanismo independiente similar en otros países; insta a contribuir económicamente al Mecanismo tanto a la Unión como a los Estados miembros de la Unión que aún no lo hayan hecho;

33. Reitera que los Estados pueden llevar a otros Estados ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de los tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, para determinar la responsabilidad del Estado como medio indirecto para la determinación judicial de la responsabilidad penal individual en una fase posterior;

34. Lamenta profundamente la falta de respeto hacia el Derecho internacional humanitario y expresa su firme condena a los ataques mortales perpetrados con tan alarmante frecuencia contra hospitales, escuelas y otros objetivos civiles en los conflictos armados de todo el mundo en 2017; considera que la condena internacional de estos ataques debe acompañarse de investigaciones independientes y de una verdadera rendición de cuentas; elogia la labor de los trabajadores que prestan ayuda humanitaria; pide a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión y a la VP/AR que velen por que las políticas y las acciones de la Unión en el ámbito del Derecho internacional humanitario se desarrollan de manera coherente y efectiva y que hagan uso de todos los instrumentos a su alcance para solucionar esta cuestión; concluye que la Unión y sus Estados miembros deberían haber puesto a disposición informes más detallados sobre la aplicación de las Directrices para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario en determinadas situaciones de conflicto, incluido, pero no solo el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia; pide a la comunidad internacional que cree instrumentos destinados a reducir el intervalo de tiempo entre la alerta y la respuesta, a fin de evitar la aparición, la reaparición y el agravamiento de conflictos violentos, como el sistema de alerta temprana de la Unión; pide a la Unión y a sus Estados miembros que incrementen el apoyo financiero a la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo; toma nota del recorte del 2,4 % de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de 2016 a 2017 y de que la AOD no alcanza el objetivo del 0,7 % de la RNB;

35. Recuerda su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados16; expresa su grave preocupación en relación con el empleo de drones armados fuera del marco jurídico internacional; pide una vez más a la Unión que elabore con urgencia un marco jurídico vinculante para el uso de drones armados de forma que se garantice que los Estados miembros, de conformidad con sus obligaciones legales, no perpetren asesinatos selectivos ilegales ni faciliten dichos asesinatos por parte de otros Estados; pide a la Comisión que le mantenga debidamente informado acerca del uso de fondos de la Unión en relación con todos los proyectos de investigación y desarrollo asociados con la fabricación de drones; pide la evaluación del impacto en los derechos humanos de futuros proyectos de desarrollo de drones;

36. Pide a la AR/VP y a los Estados miembros que amplíen el régimen de medidas restrictivas de la Unión para incluir un régimen de sanciones en materia de derechos humanos que permita que las decisiones sobre sanciones de la PESC se basen en violaciones graves de los derechos humanos, en el mismo espíritu que la Ley Magnitsky;

37. Insta a la AR/VP y a los Estados miembros a que trabajen en pro de una prohibición internacional de los sistemas de armas desprovistas de control humano sobre el uso de la fuerza, como ya ha reclamado el Parlamento en varias ocasiones y, de cara a las reuniones pertinentes a nivel de las Naciones Unidas, a que desarrollen y adopten urgentemente una posición común sobre los sistemas armamentísticos autónomos y a hablar en los foros pertinentes con una sola voz y actuar en consecuencia;

38. Subraya que la corrupción menoscaba el estado de Derecho, la democracia y la competitividad de las economías, y llega a poner en riesgo los Derechos Humanos; hace hincapié en la necesidad de apoyar a los defensores de los derechos humanos y a los denunciantes de irregularidades que luchan contra la corrupción; pide que se mejoren los mecanismos y las prácticas de lucha contra la corrupción, como la imposición de sanciones a las personas y los países que cometan delitos graves de corrupción; pide al SEAE y a la Comisión que elaboren una programación conjunta sobre derechos humanos y lucha contra la corrupción, concretamente iniciativas para mejorar la transparencia, luchar contra la impunidad, reforzar los organismos de lucha contra la corrupción y mejorar la transparencia y la trazabilidad en el uso de los fondos de la Unión; pide a la Comisión que negocie disposiciones en materia de lucha contra la corrupción en todos los acuerdos comerciales futuros; recuerda las recomendaciones en materia de corrupción y derechos humanos formuladas en su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países17, y pide que las instituciones y los Estados miembros de la Unión hagan un seguimiento;

39. Expresa su preocupación por la destrucción, el saqueo ilícito y el vandalismo contra lugares del patrimonio cultural y apoya firmemente las iniciativas de investigación, protección del patrimonio y rescate;

40. Destaca la importancia de las elecciones libres e imparciales para los procesos democráticos y está preocupado por el creciente número de elecciones ilegales en todo el mundo; recuerda que los medios de comunicación independientes y la diversidad de opiniones son fundamentales para garantizar unas elecciones libres y justas; pide a la Unión que no reconozca los resultados de las elecciones amañadas o falsificadas y que utilice todos los instrumentos diplomáticos, económicos y políticos a su disposición para mantener la credibilidad de las elecciones en todo el mundo y obligar a los países a cumplir los criterios en materia de elecciones libres e imparciales; considera que el apoyo que la Unión brinda a los procesos electorales y la democracia en todo el mundo —las misiones de observación de elecciones y su posterior seguimiento, su asistencia electoral y, en particular, el papel activo que a este respecto desempeña el Parlamento— reviste la máxima importancia; subraya la importancia que tiene la observación electoral en el contexto de las transiciones democráticas pacíficas, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el pluralismo político y el aumento de la participación de las mujeres en los procesos electorales, así como la transparencia y el respecto de los derechos humanos; recuerda la importancia de implicar a las organizaciones locales de la sociedad civil en el proceso de observación electoral y en la aplicación de las recomendaciones formuladas por las misiones de observación electoral; considera que la interferencia en las elecciones de otros países a través de operaciones cibernéticas constituye una violación del derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes;

41. Celebra que la Unión haya firmado el Convenio de Estambul y subraya la necesidad de prevenir y combatir por todos los medios toda forma de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica; pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen este Convenio lo antes posible; apoya, en este sentido, la Iniciativa Spotlight, una acción conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas; insta a los países a que refuercen su legislación para combatir, en la fase más temprana posible, la violencia de género, la mutilación genital femenina y la violencia sexual; recuerda que la violencia contra las mujeres está profundamente arraigada en la desigualdad de género por lo que debe abordarse de forma global, y subraya la importancia de los servicios sociales y de la protección social; destaca que es fundamental disponer de estadísticas fiables sobre la prevalencia, las causas y las consecuencias de todos los tipos de violencia contra la mujer para elaborar una legislación y estrategias eficaces para luchar contra la violencia de género; pide, por lo tanto, a la Unión que ayude a los países a mejorar la recopilación de datos en este ámbito y a cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales; pide a la Unión que trabaje con otros países para aumentar la financiación y la programación en materia de prevención de la violencia sexual y de género en todo el mundo y la respuesta a esta; condena todas las formas de violencia y explotación física, sexual y psicológica, las violaciones en masa, la trata y la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; recalca que debe garantizarse a todas las mujeres una asistencia sanitaria adecuada y asequible, así como el respeto universal y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y a la educación, y destaca que las mujeres deben poder tomar decisiones libres y responsables sobre su salud, su cuerpo y sus derechos sexuales y reproductivos; señala que la educación es una herramienta esencial para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres y los niños; condena la reimposición de la «ley mordaza global»;

42. Subraya la necesidad de que la Unión siga firme en la plena aplicación de las obligaciones y los compromisos contraídos en materia de derechos de la mujer en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción de Pekín y el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y que respete los resultados de sus conferencias de revisión;

43. Recuerda la publicación en agosto de 2017 del primer informe anual de aplicación durante el año 2016 del II Plan de Acción en materia de Género 2016-2020, que hace hincapié en una serie de tendencias positivas en la transformación de la vida de las niñas y las mujeres garantizando su integridad física y psicológica, promoviendo sus derechos económicos y sociales y reforzando su voz y su participación; considera que la Unión debería seguir incorporando el apoyo a las mujeres en las actividades de la política común de seguridad y defensa (PCSD), la prevención de conflictos y la reconstrucción posterior a los conflictos; reitera una vez más la importancia de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad; hace hincapié en que una mayor participación de los sectores público y privado es esencial para la defensa de los derechos de las mujeres y su participación en las instituciones públicas y privadas, la elaboración de políticas, la vida económica y los procesos de paz; subraya que el mundo empresarial tiene que desempeñar un papel importante a la hora de reforzar los derechos de las mujeres; insta a la Comisión a que lidere la lucha contra la explotación y los abusos sexuales en los sectores de la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, puesto que estos sectores deben presentar los niveles más elevados de responsabilidad y rendición de cuentas por su trabajo; destaca la importancia de revisar y reforzar los procedimientos de salvaguardia y las normas de intervención;

44. Pide al SEAE que garantice que los resultados del 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se incorporen en sus políticas y proporcionen un nuevo impulso a la búsqueda de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en las zonas rurales;

45. Subraya la importancia de hacer accesibles la educación y la formación en asignaturas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como en las de humanidades, a mujeres y niñas, haciendo especial hincapié en desarrollar su talento y sus competencias e incrementar su participación en los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas;

46. Pide a la Comisión que estudie vías y medios para que la Unión suscriba unilateralmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta que todos los Estados miembros de la Unión han ratificado esta Convención y que el Derecho primario y secundario de la Unión contiene disposiciones sustanciales sobre la protección de los derechos del niño; pide a los países que aún no han ratificado dicha Convención que lo hagan con carácter de urgencia; acoge con satisfacción la adopción de las Directrices de la UE revisadas para la promoción y protección de los derechos del menor y destaca la necesidad de garantizar que se llegue a todos los niños, incluidos los más marginados y los que se encuentran en situaciones vulnerables; subraya el hecho de que con frecuencia los niños están expuestos a formas específicas de abusos, como el matrimonio a edad temprana, la prostitución infantil, la utilización de niños soldados, la mutilación genital, el trabajo infantil y la trata de niños, especialmente en situaciones de crisis humanitaria y de conflictos armados, por lo que requieren una mayor protección; pide a la Unión que coopere con terceros países para poner fin a los matrimonios precoces, infantiles y forzados, estableciendo en dieciocho años la edad mínima legal para contraer matrimonio, exigiendo que se compruebe la edad de ambos cónyuges y su consentimiento pleno y libre, introduciendo registros obligatorios de matrimonio y garantizando el cumplimiento de dichas normas; subraya la necesidad de intensificar la implicación de la Unión por lo que respecta a abordar la protección de los niños, especialmente de los menores no acompañados, y a prestar especial atención a la educación y al apoyo psicosocial; pide que se apliquen adecuadamente las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados; Pide una solución urgente a la cuestión de los niños apátridas, dentro y fuera de la Unión, en particular a los nacidos fuera del país de origen de sus padres, y de los niños migrantes, de conformidad con el Derecho internacional; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que elaboren un plan de acción para impedir que los niños sean detenidos como consecuencia de su condición de migrantes, en consonancia con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes; recuerda el derecho a una protección especial en el interés superior del menor;



47. Solicita a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen la transparencia y el seguimiento de los fondos asignados a terceros países para la cooperación en materia de migración y se aseguren de que dicha cooperación no beneficie, de forma directa o indirecta, a los sistemas de seguridad, policiales y judiciales implicados en violaciones de derechos humanos en este contexto; hace hincapié en la posibilidad de separar la cooperación al desarrollo de la cooperación en materia de readmisión y gestión de la migración; muestra su preocupación por la posible instrumentalización de la política exterior de la Unión como «gestión de la migración», al tiempo que destaca que todo intento de trabajar con terceros países, en particular países de origen y de tránsito, en materia de migración debe acompañarse de una mejora de las condiciones de los derechos humanos en estos países y del respeto del Derecho internacional en materia de derechos humanos y de refugiados; expresa su profunda preocupación y su solidaridad con el elevado número de refugiados, migrantes y personas internamente desplazadas que sufren graves violaciones de los derechos humanos y son víctimas de conflictos, persecución, fallos de gobernanza y redes de trata y tráfico de seres humanos; destaca la urgente necesidad de abordar las causas profundas de los flujos migratorios y, por tanto, de abordar la dimensión exterior del fenómeno de la migración, en particular mediante la búsqueda de soluciones sostenibles a los conflictos y el subdesarrollo económico, en nuestra vecindad y en todo el mundo, desarrollando la cooperación y las asociaciones con los terceros países afectados que respeten el Derecho internacional, garanticen el respeto de los derechos humanos y mantengan la credibilidad de la Unión tanto dentro como fuera de ella; pide a la Unión y a sus Estados miembros que presten asistencia humanitaria en el ámbito de la educación, la vivienda, la salud y otros ámbitos en los que los migrantes y los refugiados necesitan ayuda, y que se apliquen correctamente las políticas de retorno; recuerda la importancia de que la Unión anime a los países afectados a adherirse al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; observa que, según las Naciones Unidas, en 2017 unos 258 millones de personas vivían en un país distinto de su país de nacimiento; pide a la Comisión que siga considerando la protección y promoción de los derechos de los migrantes y los refugiados como cuestiones prioritarias en sus políticas; insiste en la necesidad de desarrollar y aplicar mejor los marcos de protección para los migrantes y los refugiados, en particular a través de vías seguras y legales para los migrantes y de la concesión de visados humanitarios; pide al Parlamento que supervise los acuerdos en materia de migración; lamenta todo intento de obstaculizar, empañar o incluso penalizar la ayuda humanitaria, e insiste en la necesidad de aumentar las capacidades de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el mar y en tierra para cumplir nuestras obligaciones primordiales con arreglo al Derecho internacional; subraya que el número de personas residentes en un Estado miembro con nacionalidad de un tercer país a 1 de enero de 2017 era de 21,6 millones, lo que representa el 4,2 % de la población de la UE-28; pide a los Estados miembros que entablen un diálogo serio para establecer un entendimiento común e inclusivo, responsabilidades compartidas y una unidad en cuanto a los objetivos en materia de migración; acoge favorablemente la iniciativa de las Naciones Unidas relativa al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados del ACNUR y el papel fundamental asignado a los derechos humanos en estos Pactos;

48. Lamenta la pervivencia de la trata de seres humanos; subraya el hecho de que la trata de seres humanos mercantiliza a las personas y constituye una de las peores formas de violación de los derechos humanos; destaca, a este respecto, la importancia de un enfoque coherente de las dimensiones interior y exterior de las políticas de la Unión para luchar contra la trata de seres humanos en todos los niveles; pide a la Unión y a los Estados miembros que refuercen la cooperación con terceros países para investigar todas las etapas de la trata de seres humanos, incluidas todas las formas de explotación de personas, especialmente de mujeres y niños, como el tráfico de órganos, el trabajo forzado y la explotación sexual, y que cooperen con las Naciones Unidas y la sociedad civil en la materia; pide principios claros e instrumentos jurídicos que aborden las violaciones de derechos humanos relacionadas con la gestación subrogada; expresa su profunda preocupación por la extrema vulnerabilidad de los migrantes y refugiados, especialmente de mujeres y niños, frente a la explotación, el tráfico y la trata de seres humanos, en particular en los puntos críticos de migración; subraya la necesidad de promover políticas centradas en las víctimas, prevenir y reducir este tipo de delincuencia y adoptar medidas enérgicas contra los beneficios derivados de la trata de seres humanos;

49. Alienta a todos los países, incluidos los Estados miembros, y a la Unión, a que participen en las negociaciones orientadas a adoptar un instrumento internacional de derechos humanos jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas mediante la participación activa en el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta establecido por las Naciones Unidas; insiste una vez más en la necesidad de la aplicar con rapidez los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, en particular en relación con el tercer pilar, relativo al acceso a las vías de recurso; reconoce la gran importancia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los planes de acción nacionales sobre las empresas y los derechos humanos; hace hincapié en la importancia de un plan de acción de la Unión sobre las empresas y los derechos humanos e insta a la Comisión a acelerar su desarrollo con el objetivo de conseguir la plena aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas; alienta a todas las empresas, incluidas las que están establecidas en la Unión, a que actúen con diligencia, y reitera la importancia de promover la responsabilidad social empresarial y de que las empresas europeas desempeñen un papel protagonista en la defensa de las normas internacionales relativas a las empresas y los derechos humanos; pide a todos los países que apliquen con eficacia y rapidez los Principios Rectores de las Naciones Unidas y que garanticen que las empresas respetan los derechos humanos y las normas laborales y sociales en sus jurisdicciones; anima a todos los países a plantar cara a las empresas que utilizan materias primas u otros productos básicos procedentes de zonas de conflicto; reitera su llamamiento en favor de que, en los acuerdos entre la Unión y terceros países, se incluyan normas sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones de los derechos humanos; destaca que es preciso garantizar que las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas tengan vías de recurso adecuadas y efectivas; reafirma la urgente necesidad de abordad las violaciones de los derechos humanos y la corrupción de las empresas cuando se producen, y de garantizar que las empresas deban asumir su responsabilidad; lamenta que la Comisión no haya actuado de acuerdo con los llamamientos del Parlamento efectuados en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países18; pide medidas vinculantes para el sector industrial a fin de erradicar el trabajo infantil y prevenir la violación de los derechos humanos; pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo interinstitucional sobre empresas y derechos humanos y estudie la posibilidad de emprender una iniciativa relativa al deber de diligencia a escala de la Unión;

50. Recuerda que la Unión se ha comprometido a situar los derechos humanos y la democracia en el centro de sus relaciones con los terceros países; destaca, por consiguiente, que el avance de los derechos humanos y los principios democráticos, incluidas las cláusulas de condicionalidad sobre derechos humanos en acuerdos internacionales, deben promoverse a través de todas las políticas de la Unión que tengan una dimensión exterior, en particular la política comercial; recalca el papel que pueden desempeñar las relaciones comerciales en la promoción del crecimiento de los países en desarrollo y en la preservación de sus mercados locales; señala que el apoyo a los sistemas democráticos y a las aspiraciones de libertad de los pueblos deben seguir siendo principios rectores que deben servir a los intereses económicos de la Unión; recuerda la obligación de coherencia de las políticas para el desarrollo y subraya la importancia de la integración de los derechos humanos en las políticas de comercio y desarrollo en todas sus fases; pide a la Unión que garantice que las mercancías que circulan en su territorio en virtud de regímenes de certificación ética estén libres de trabajo forzado e infantil; pide la introducción de un instrumento diseñado específicamente para supervisar y reforzar la política de género en los acuerdos comerciales; acoge con satisfacción los programas, los proyectos y la financiación de la Unión en terceros países, y hace hincapié en la necesidad de evaluar y prevenir cualquier tipo de violación mediante la creación de un mecanismo de reclamaciones para particulares y grupos;

51. Considera que los regímenes comerciales SGP+ son uno de los principales instrumentos de política comercial de la Unión a la hora de promover las normas en materia de democracia, medio ambiente, desarrollo sostenible y derechos humanos con terceros países; pide a la Comisión que revise y supervise mejor los regímenes SGP+ para garantizar que los países beneficiarios respetan las normas de derechos humanos; subraya que, en el marco de un régimen SGP+ revisado, la Comisión debe fijarse el objetivo de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de este mecanismo estableciendo procedimientos claros para la participación significativa y destacada de las organizaciones de la sociedad civil y llevando a cabo evaluaciones de impacto eficaces sobre los derechos humanos antes de conceder preferencias comerciales y durante su aplicación; pide que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueda incluirse en la lista de convenios necesarios para la condición de SGP+; insta a la Comisión a que siga financiando iniciativas de la sociedad civil que controlen la aplicación de este régimen; destaca la importancia de aplicar formas de cooperación que faciliten el desarrollo económico y social de los terceros países, prestando especial atención a las necesidades de sus ciudadanos;

52. Pide a todos los Estados miembros que observen estrictamente el Código de Conducta de la Unión en materia de exportación de armas, y en particular que suspendan todos los traslados de armas y de equipos de vigilancia e inteligencia que puedan ser utilizados por los Gobiernos para reprimir los derechos humanos y para atacar a civiles; señala que el comercio mundial de armas y material de guerra contribuye a su uso en numerosos conflictos en terceros países; observa que los Estados miembros de la Unión se encuentran entre los mayores exportadores de armas a escala mundial y considera esencial que se apliquen y refuercen las normas internacionales que rigen la venta de armas a nivel mundial;

53. Condena firmemente toda forma de discriminación, en particular la discriminación por motivos de raza, religión, casta y otros sistemas similares de condición hereditaria, orientación sexual e identidad de género, discapacidad o cualquier otra condición; expresa su alarma por las numerosas manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia y por la falta de representación política de los grupos más vulnerables, como las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, las mujeres y los niños; pide a la Unión que redoble sus esfuerzos para erradicar, sin hacer distinción, todas las formas de discriminación y que promueva la sensibilización, una cultura de la tolerancia y la inclusión, y la protección especial para los grupos más vulnerables a través de los diálogos políticos y en materia de derechos humanos, la labor de las delegaciones de la Unión y la diplomacia pública; pide a todos los países que garanticen que sus respectivas instituciones ofrecen una protección jurídica eficaz dentro de su jurisdicción; destaca la importancia de desarrollar estrategias educativas en las escuelas para aumentar la concienciación de los niños y proporcionarles las herramientas que necesitan para identificar todas las formas de discriminación;

54. Destaca la necesidad de integrar de forma creíble el principio de accesibilidad universal y los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas pertinentes de la Unión, incluida la cooperación al desarrollo, y subraya el carácter prescriptivo y horizontal de esta cuestión; pide a la Unión que incluya la lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad en su acción exterior y sus políticas de ayuda al desarrollo; pide a los gobiernos de terceros países que revisen toda la legislación con el fin de armonizarla con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); pide a todos los países que ratifiquen la CDPD, y reitera la importancia de su aplicación eficiente;

55. Acoge con satisfacción la participación de la Unión y de sus Estados miembros en la 8.ª sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, y, en particular, sus contribuciones y declaraciones comunes sobre igualdad, no discriminación, violencia, abuso y abandono de las personas mayores; sigue preocupado por la prevalencia de la discriminación por razón de edad y de otros obstáculos al respeto de los derechos humanos de las personas mayores; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen plenamente la actividad del Grupo de Trabajo, en particular asignando recursos adecuados para su funcionamiento o apoyando la asignación de tales recursos, y que respondan a las futuras convocatorias de propuestas, consulten e involucren a las personas mayores en su preparación, y que incluyan a personas mayores en sus delegaciones respectivas;

56. Celebra la participación activa de la Unión en la reunión para la revisión de la Estrategia regional de implantación europea del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en Lisboa; subraya que el MIPAA puede contribuir a la mejor aplicación de los derechos de las personas mayores;

57. Condena la detención arbitraria, la tortura, la persecución y el asesinato de personas LGBTI; reconoce que la orientación sexual y la identidad de género pueden aumentar el riesgo de discriminación, violencia y persecución; señala que en algunos países de todo el mundo las personas LGBTI siguen siendo objeto de persecución y actos de violencia por su orientación sexual; condena las violaciones contra mujeres y grupos minoritarios, que vulneran el derecho fundamental a la identidad y la integridad física, como la mutilación genital femenina y las mutilaciones genitales intersexuales; observa que en 72 países se siguen penalizando las relaciones entre personas del mismo sexo, en 13 de ellos hasta con la pena de muerte; insta a estos Estados a que cambien su legislación de forma inmediata; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Unión por mejorar los derechos y la protección jurídica de las personas LGBTI; insta a las delegaciones de la Unión y a las Embajadas de los Estados miembros a que apliquen plenamente las directrices de la Unión sobre las personas LGBTI; pide a la Comisión que elabore un informe anual sobre la aplicación de las conclusiones del Consejo para tal fin; observa que, según la evaluación del primer año de implantación del segundo Plan de Acción en materia de género (2016-2020), un tercio de las delegaciones promovió los derechos humanos de las personas LGBTI;

58. Condena las continuas violaciones de los derechos humanos cometidas contra personas víctimas de las jerarquías de castas y de discriminación por motivos de casta, segregación y obstáculos motivados por la casta, incluida la denegación del acceso al empleo, al sistema jurídico y a otros derechos humanos básicos; está profundamente preocupado por la consiguiente discriminación institucionalizada y la alarmante frecuencia de los ataques violentos por motivos de casta; pide a la Unión y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos y apoyen las iniciativas a nivel de las Naciones Unidas y de delegaciones para erradicar la discriminación por motivos de casta;

59. Insiste en la importancia de aplicar políticas de igualdad que permitan a todas las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas y a los pueblos indígenas disfrutar de sus derechos fundamentales; acoge con satisfacción la Resolución 71/178 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la que se proclama 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas; recuerda que, según el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en estos últimos años se ha producido un aumento inquietante de la discriminación, de ataques y amenazas contra pueblos indígenas, así como de criminalización y asesinatos de quienes defienden sus tierras, territorios y recursos, y en especial de mujeres; hace hincapié en que la Unión debe garantizar la protección de estos defensores y velar por que todos los delitos sean investigados y por que sus autores deban rendir cuentas; insta a la Unión y a los Estados miembros a que actúen en favor del total reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas; pide a los países que ratifiquen las disposiciones del Convenio n.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales;

60. Toma nota de las múltiples ventajas que ofrece internet; expresa su preocupación, no obstante, por la recopilación masiva con fines comerciales que hacen los grandes operadores comerciales de los datos personales de los usuarios sin que estos sean plenamente conscientes o hayan dado su consentimiento, algo que podría utilizarse ulteriormente de formas potencialmente perjudiciales, por ejemplo, para reprimir las actividades de los defensores de los derechos humanos, socavar la libertad de expresión e influir en los resultados electorales y en la toma de decisiones políticas; pide a las empresas de datos que realicen evaluaciones sobre derechos humanos; lamenta los modelos de negocio que se basan en las violaciones de derechos humanos y pide que los datos personales se recopilen conforme a las normas de protección de datos y los derechos humanos; pide a la comunidad internacional, incluidos la Unión y sus Estados miembros, que mejoren la legislación en la materia y la apliquen eficazmente con carácter de urgencia;

61. Reconoce que el terrorismo y la radicalización suponen una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos y perjudican así a la sociedad, y lamenta el hecho de que los ataques perpetrados en 2017 a menudo tenían como objetivo las personas o grupos que precisamente encarnan estos valores; condena firmemente que se produjesen más de 1 000 ataques terroristas en todo el mundo en 2017, lo que ha causado aproximadamente 6 123 muertes; apoya los esfuerzos de la Unión para evitar y combatir el terrorismo y la radicalización, incluidas las iniciativas y las redes a escala de la Unión, como la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización, aunque reitera que todos los esfuerzos deben ser conformes con el Derecho internacional en materia de derechos humanos; recuerda que la educación es un instrumento privilegiado para combatir la radicalización; destaca la necesidad de prestar especial atención y apoyo a las víctimas del terrorismo, incluidos el apoyo psicológico, evaluaciones individuales para cada víctima, el apoyo jurídico, el acceso a la justicia, servicios de traducción e interpretación y servicios eficaces de apoyo a las víctimas en general; subraya la necesidad de que las estrategias de lucha contra el terrorismo respeten el Estado de Derecho y garanticen el respeto de los derechos humanos; recomienda que la cooperación con terceros países en materia de antiterrorismo incluya evaluaciones minuciosas de los riesgos para las libertades fundamentales y los derechos humanos y contemple salvaguardias en caso de violaciones; pide a la Comisión que mejore el intercambio y la coordinación de la información a través de sus canales y agencias con objeto de impedir e identificar con rapidez las amenazas de terrorismo y llevar a los responsables ante la justicia;

62. Recuerda que las sanciones son una herramienta esencial de la PESC; insta al Consejo a que adopte las sanciones previstas en la legislación de la Unión cuando se considere necesario para alcanzar los objetivos de la PESC, y en particular para proteger los derechos humanos y consolidar y respaldar la democracia, garantizando al mismo tiempo que no tengan repercusiones para la población civil; pide que esas sanciones se centren en los funcionarios identificados como responsables de violaciones de los derechos humanos con objeto de castigarlos por los delitos y abusos de que son responsables;

63. Opina que el deporte puede desempeñar un papel positivo en la promoción de los derechos humanos; lamenta, no obstante, que exista una correlación específica entre determinadas violaciones de derechos humanos y los grandes acontecimientos deportivos organizados en países que acogen o son candidatos para acoger tales acontecimientos; recuerda que estos abusos incluyen desalojos, el silenciamiento de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos y la explotación de los trabajadores durante la construcción de grandes instalaciones deportivas; pide a la Unión que desarrolle un marco político de la Unión sobre deportes y derechos humanos y que examine junto con las federaciones deportivas nacionales, los interlocutores empresariales y las organizaciones de la sociedad civil las formas de participar en dichos acontecimientos; pide a las organizaciones y los organismos deportivos nacionales e internacionales y a los países anfitriones de grandes acontecimientos que se comprometan a aplicar prácticas de buena gobernanza y a garantizar la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, la libertad de los medios de comunicación y la protección medioambiental, a aplicar medidas contra la corrupción en la etapa previa a los grandes acontecimientos deportivos y durante su celebración y a aplicar mecanismos de reparación para todas las violaciones de derechos humanos; celebra la decisión adoptada en noviembre de 2017 por la Organización Internacional del Trabajo de cerrar un caso contra Qatar por el trato a los trabajadores migrantes en el marco de los preparativos de la Copa del Mundo de la FIFA de 2022; toma nota del acuerdo sobre reformas que, si se aplica de manera efectiva, ofrecerá una mayor protección a los trabajadores;

64. Insta a la Unión a que aplique políticas eficaces y sostenibles contra el cambio climático mundial; destaca que el cambio climático es una de las principales causas del aumento de los desplazamientos internos y de la migración forzosa; pide a la comunidad internacional que elabore medidas para combatirla y proteger a los afectados; señala que la política exterior de la Unión debe desarrollar capacidades para controlar los riesgos relacionados con el cambio climático, incluida la prevención de crisis y la sensibilidad ante los conflictos; considera que una acción por el clima significativa y rápida contribuye esencialmente a la prevención de riesgos sociales y económicos, pero también de seguridad, de conflictos y de inestabilidad y, en última instancia, de importantes costes políticos, sociales y económicos; insiste, por tanto, en la importancia de integrar la diplomacia climática en las políticas de prevención de conflictos de la Unión, ampliando y adaptando el alcance de las misiones y programas de la Unión en terceros países y zonas de conflicto; hace hincapié, por consiguiente, en la necesidad de aplicar urgentemente políticas para reducir el impacto del cambio climático, en consonancia con el Acuerdo de París;

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65. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la 70.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los jefes de las Delegaciones de la Unión.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente coloca la labor del Parlamento de controlar al ejecutivo en el centro del presente informe. El control parlamentario debe tomarse con seriedad y las comisiones desarrollan y refuerzan cada vez más su actividad para que el Parlamento pueda supervisar a otras instituciones, controlar que se haga un uso adecuado del presupuesto de la Unión y garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión. El presente informe centra su atención en la integración de los derechos humanos en la política exterior de la Unión, y evalúa en qué medida se alcanzó este objetivo en 2017 como parte del control parlamentario de la política exterior y de seguridad común.

Este informe tiene por objeto:

– controlar la política de derechos humanos y las acciones de la Unión Europea en 2017 y formular observaciones al respecto, basadas en el Informe anual adoptado por el Consejo el 28 de mayo de 2018, y en los documentos que la sustentan, a saber, el Marco estratégico de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2012-2022) y el Plan de Acción actual (2015-2019),

– describir las acciones del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos, también la concesión del Premio Sájarov 2017 y las resoluciones de urgencia adoptadas,

La acción exterior de la Unión Europea y los derechos humanos

La Unión Europea se asienta en el firme compromiso de fomentar y proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo. La paz, el desarrollo y la prosperidad sostenibles no pueden existir sin el respeto de los derechos humanos. Este compromiso sustenta todas las políticas internas y exteriores de la Unión Europea. La Unión promueve y defiende activamente los derechos humanos universales dentro de sus fronteras, así como cuando entabla relaciones con terceros países. Con los años, la Unión ha adoptado importantes documentos de referencia sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y ha desarrollado una serie de instrumentos diplomáticos y de cooperación para respaldar los avances de los derechos humanos a escala mundial.

El Tratado de Lisboa coloca la cuestión de los derechos humanos y la democracia en el centro de las relaciones exteriores de la Unión Europea al declarar que:

«La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional. La Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros países y con las organizaciones internacionales, regionales o mundiales que compartan los principios mencionados en el párrafo primero. Propiciará soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas.» (Artículo 21, apartado 1, del TUE)

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la labor de formular y poner en práctica las relaciones exteriores de la Unión es principalmente competencia de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que también es la vicepresidenta de la Comisión. Recibe la asistencia del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

En junio de 2012, el Consejo adoptó un Marco estratégico para los Derechos Humanos y la Democracia. Este marco establece los objetivos generales en materia de derechos humanos de la Unión. Asimismo, define principios, objetivos y prioridades con vistas a mejorar la eficacia y la coherencia de la política de la Unión durante un período de diez años, de 2012 a 2021. Entre estos principios se incluye la integración de los derechos humanos en todas las políticas de la Unión.

El marco se pone en práctica a través del plan de acción periódico que acompaña al marco de acción. Este Plan de Acción establece objetivos concretos asociados a unos plazos y asigna las partes interesadas correspondientes. Se adoptó un primer Plan de Acción 2012-2014 al que siguió un segundo Plan de Acción 2015-2019. El Plan se basa en el actual corpus de políticas de apoyo a los derechos humanos y la democracia de la Unión en el ámbito de la acción exterior, en particular las directrices y herramientas de la Unión y otras posiciones acordadas en su seno, y los diversos instrumentos de financiación exterior. El Plan de Acción actual incluye 34 tipos de acciones, que se corresponden con los siguientes objetivos más amplios: impulsar la apropiación por parte de los agentes locales, abordar los retos en materia de derechos humanos, asegurar un enfoque integral en materia de derechos humanos en relación con los conflictos y las crisis, fomentar una mayor coherencia y cohesión y una política de apoyo a los derechos humanos y la democracia de la Unión más eficaz. En 2017 se adoptó una revisión intermedia del Plan de Acción.

ANNEX I: INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

(JANUARY - DECEMBER 2017)

COUNTRY

Individual

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY THE PARLIAMENT

AZERBAIJAN

Afgan Mukhtarli

On May 29, 2017, Afgan Mukhtarli, an Azerbaijani exiled journalist, was abducted in Tbilisi.

He fled to Georgia from Azerbaijan in 2014. Prior to his departure, Mukhtarli had received threats in relation to his investigative reporting on alleged corruption in the Azerbaijani Defense Ministry and was investigating the assets of the first family of Azerbaijan in Georgia.

On 12 January 2017 he was sentenced to 6 year imprisonment for illegally crossing the border with 10,000 of undeclared euros and assaulting a border guard. He denies all the charges.


In its resolution of 15 June 2017, the European Parliament:

- Strongly condemns the abduction of Afgan Mukhtarli in Tbilisi and his subsequent arbitrary detention in Baku;

- Calls on the Azerbaijani authorities to immediately and unconditionally drop all charges against and release Afgan Mukhtarli, as well as all those incarcerated as a result of the exercise of their fundamental rights, including freedom of expression;

- Reiterates its urgent call on the Azerbaijani authorities to end the practices of selective criminal prosecution and imprisonment of journalists, human rights defenders and others who criticise the government, and to ensure that all persons detained, including journalists and political and civil society activists, enjoy full due process rights and are covered by fair trial norms;



BAHRAIN

Mohamed Ramadan

Ali Moosa

Nabeel Rajab

Abdulhadi al-Khawaja

Khalil Al Halwachi

Mohammed Ramadan, a 32-year-old airport security guard, was arrested by the Bahraini authorities for allegedly taking part in a bombing in Al Dair on 14 February 2014, together with Ali Moosa, that killed a security officer and wounded several others.

A Bahraini court sentenced Ramadan and Moosa to death. However, both retracted their confession, claiming that they confessed after being tortured in the custody of the Criminal Investigations Directorate (CID). This sentence was upheld by the Court of Cassation, Bahrain’s highest court of appeal, in late 2015. A final date for the execution is still to be cleared.


Nabeel Rajab is a prominent Bahraini human rights defender who was sentenced to two years in prison for discussing Bahrain’s restrictions on freedom of expression and for addressing Bahrain’s poor human rights record in TV interviews. On 21st February 2018 he has been sentenced to additional 5 years in prison on charges of “spreading false rumors in time of war” “insulting public authorities”, and “insulting a foreign country”. Poor prison conditions have brought him to hospital in numerous occasions.

Abdulhadi Al-Khawaja is a Bahraini/Danish human rights activist who was heavily involved in the 2011 pro-democratic uprisings. He was arrested by the authorities along with other 13 activists (known as the Bahrain 13). In June 2011 he was sentenced to life in prison for politically motivated charges, notably his peaceful role in the protests.
Khalil al-Halwachi is a 57-year-old Bahraini scholar, former political activist held in the kingdom’s Jau Prison. He was convicted to 10 years in prison in an unfair, politically motivated trial. He has been subjected to ill treatment, including denial of medical care, by detaining authorities.


In its resolution of 16 February 2017, the European Parliament:

- Deeply deplores the decision of Kuwait and Bahrain to return to the practice of capital punishment; reiterates its condemnation of the use of the death penalty, and strongly supports the introduction of a moratorium on the death penalty as a step towards its abolition;

- Calls on His Majesty Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain to halt the executions of Mohamed Ramadan and Hussein Moosa, and on the Bahraini authorities to ensure a re-trial in compliance with international standards; recalls that all allegations of human rights violations committed during the proceedings must be duly investigated;

- Recalls that the EU opposes capital punishment and considers it to be a cruel and inhuman punishment which fails to act as a deterrent to criminal behaviour and is irreversible in the event of error;

- Urges the EEAS and the Member States to intervene with the Bahraini Government in order to appeal for the release of Nabeel Rajab and of all those held solely on the basis of their peaceful exercise of freedom of expression and assembly, and to urge the Bahraini Government to stop the excessive use of force against demonstrators or the practice of arbitrary revocation of citizenship;

- Calls for the release of Abdulhadi al-Khawaja and Khalil Al Halwachi;



BELARUS

Mikalay Statkevich

Sergei Kulinich

Sergei Kuntsevich

Uladzimir Nyaklyayev

Pavel Seviarynets

Vitali Rymashevski

Anatol Liabedzka

Yuri Hubarevich

March Ales Lahvinets

Oleg Volchek

Anatoli Poplavni

Leonid Sudalenka

Mikalay Statkevich, prominent Belarusian opposition leader and former presidential candidate, was expected to lead the demonstration in Minsk on 15 November 2017 against a so-called “social parasites tax” on the under-employed. He was arrested and kept in a KGB detention centre for three days, with no information as to his whereabouts. He has been detained several times since January 2017, and has spent about 35 days in jail in the same year.

On 5th November, 2017, he has been released from jail after serving a five-day term following a court ruling that he took part in an unsanctioned rally.

After his release Statkevich told journalists that police warned him of unspecified consequences if he continues “violating the law on public gatherings.”

On 25 March 2017, police in Belarus have arrested hundreds of people during the above-mentioned protests. Thousands defied a ban to protest, taking to the streets of Minsk and other cities. Demonstrators tried to march down one of the major streets in Minsk, but were blocked by police who began arresting them, along with journalists covering the protest. The authorities had already jailed more than 100 opposition supporters for terms of between three and 15 days in the lead-up to the demonstration, reports said.

On the same day, police raided the offices of human rights group Vesna preventatively arresting at least 57 persons involved in the monitoring of ongoing peaceful protests. Prior to this, other human rights defenders, such as Oleg Volchek, Anatoli Poplavn and Leonid Sudalenka were detained and sentenced to short terms of imprisonment.


In its resolution, adopted on 6 April 2017, the European Parliament:

- Condemns the undue restrictions on the right of peaceful assembly, freedom of expression and freedom of association, including on those expressing opinions about social and other public issues, and, most particularly, the harassment and detention of independent journalists, opposition members, human rights activists and other protesters;

- Condemns the crackdown on peaceful protesters and the repressions in the run-up to and during the demonstrations of 25 March 2017; stresses that despite the international community’s calls for restraint, the response by the security services was indiscriminate and inappropriate; expresses its concern over the latest developments in Belarus and highlights a clear need for a broader democratisation process in the country;

- Calls on the Belarusian authorities to immediately and unconditionally release and drop all judicial charges against all peaceful protesters, journalists, human rights defenders, civil society activists and opposition members who have been detained in connection with the current wave of demonstrations; considers the practice of preventive arrests totally unacceptable; urges the authorities to immediately disclose information about all those arrested to their families and the wider public;






CAMBODIA

Khem Sokha

Sam Rainsy

Um Sam An

Hong Sok Hour

Tep Vanny

CNRP

Khem Sokha is a Cambodian former politician and activist who most recently served as the President of the Cambodia National Rescue Party (CNRP). In September 2017, the Phnom Penh Municipal Court charged Sokha with “treason and espionage”, and for allegedly orchestrating the 2014 Veng Sreng street protests. He was arrested at his home on September 3, 2017. Hun Sen and other Cambodian government officials alleged that Sokha was conspiring with unnamed foreigners.

Opposition leader Sam Rainsy remains in self-imposed exile and faces trial in absentia after 2 arrest warrant were issued against him. Other activist and opposition leaders, including Um Sam An, Hong Sok Hour and Tep Vanny were convicted and imprisoned.

On 17 November 2017, the Supreme Court ruled to dissolve the Cambodia National Rescue Party, removing the only existing electoral threat to Prime Minister Hun Sen. The case relied on the narrative that the CNRP was attempting to overthrow the government through a so-called “colour revolution” aided by the United States.


In its resolution of 14 September 2017, the European Parliament:

- Strongly condemns the arrest of CNRP President Kem Sokha on a number of charges that appear to be politically motivated; calls for the immediate and unconditional release of Kem Sokha, for all charges against him to be dropped, and for an end to threats of arrest against other opposition lawmakers;

- Expresses its deep concerns about the worsening climate for opposition politicians and human rights activists in Cambodia, and condemns all acts of violence, politically motivated charges, arbitrary detention, questioning, sentences and convictions in respect of these individuals;

- Urges the Cambodian authorities to revoke the arrest warrant for, and drop all charges against, opposition leader and lawmaker Sam Rainsy, and to release and drop charges against other opposition officials and human rights defenders who have been convicted, charged, and imprisoned, notably National Assembly Member Um Sam An, Senator Hong Sok Hour and land rights activist Tep Vanny;

- Urges the Cambodian Government to ensure due process in all measures taken, including the right to appeal, and to respect the rights to freedom of association and expression;

In its resolution of 14 December 2017, the European Parliament:

- Expresses its serious concerns at the dissolution of the CNRP; deeply regrets the prohibition of the party, which is evidence of further autocratic action by Prime Minister Hun Sen; urges the government to reverse the decision to dissolve the CNRP, to restore the elected members of the national parliament and commune council to their positions, to allow the full participation of opposition parties in public life and to ensure free space for action for media and civil society organisations and to put an end to the climate of fear and intimidation, as these are all preconditions for free, inclusive and transparent elections;

- Expresses grave concerns about the conduct of credible and transparent elections in Cambodia in 2018 following the decision by the Supreme Court to dissolve the CNRP; stresses that an electoral process from which the main opposition party has been arbitrarily excluded is not legitimate, and that a transparent and competitive election is a key instrument in guaranteeing peace and stability in the country and the entire region;



CHINA

Liu Xiaobo

Lee Ming-che

Liu Xiaobo, the prominent Chinese writer and human rights activist has been formally detained in prison four times over the course of the last 30 years; whereas Liu Xiaobo was jailed for 11 years in 2009 for ‘inciting subversion of state power’ after he helped to write a manifesto known as ‘Charter 08’; whereas the formal procedures followed in Liu Xiaobo’s prosecution have not allowed for him to be represented or be present himself at formal proceedings, and diplomats from over a dozen states, including several Member States, were denied access to the court for the duration of the trial;

Liu Xiaobo’s wife, Liu Xia, although never charged with any offence, has been under house arrest since he was awarded the Peace Prize in 2010, and has, since then, been denied almost all human contact, except with close family and a few friends;



In its resolution of 6 July 2017, the European Parliament:

- Calls on the Chinese Government to release, immediately and unconditionally, the 2010 Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo and his wife Liu Xia from house arrest and allow him to obtain medical treatment wherever they wish;

- Urges the Chinese authorities to allow Lui Xiaobo unrestricted access to family, friends, and legal counsel;

- Calls on the Chinese authorities to release Lee Ming-che immediately, as no credible evidence related to his case has been provided, to disclose information about his exact whereabouts, and to ensure, in the meantime, that Lee Ming-che is protected from torture and other ill-treatment, and that he is allowed access to his family, a lawyer of his choice and adequate medical care;

ERITREA

Abune Antonios

Dawit Isaak


Abune Antonios, the Patriarch of the Eritrean Orthodox Church, the nation’s largest religious community, has been in detention since 2007, having refused to excommunicate 3 000 parishioners who opposed the government; whereas since then, he has been held in an unknown location where he has been denied medical care;

Dawit Isaak, a dual citizen of Eritrea and Sweden, was arrested on 23 September 2001, after the Eritrean Government outlawed privately owned media; whereas he was last heard from in 2005; whereas Dawit Isaak’s incarceration has become an international symbol for the struggle for freedom of the press in Eritrea, most recently acknowledged by an independent international jury of media professionals awarding him the UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017 in recognition of his courage, resistance and commitment to freedom of expression;

In the September 2001 crackdown, 11 politicians – all former members of the Central Council of the ruling People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ), including former Foreign Minister Petros Solomon – were arrested after they published an open letter to the government and President Isaias Afwerki calling for reform and ‘democratic dialogue’; whereas 10 journalists, including Isaak, were arrested over the following week;


In its resolution of 9 July 2017, the European Parliament:

- Condemns in the strongest terms Eritrea’s systematic, widespread and gross human rights violations; calls on the Eritrean Government to put an end to detention of the opposition, journalists, religious leaders and innocent civilians; demands that all prisoners of conscience in Eritrea be immediately and unconditionally released, notably Dawit Isaak and the other journalists detained since September 2001, and Abune Antonios; demands that the Eritrean Government provide detailed information on the fate and whereabouts of all those deprived of physical liberty;

- Recalls the decision of the African Commission on Human and Peoples’ Rights of May 2017, and demands that Eritrea immediately confirm the well-being of Dawit Isaak, release him, let him meet family and legal representatives and award him the necessary compensation for his years of imprisonment; further calls on Eritrea to lift the ban on independent media, as also ruled by the African Commission;

- Calls on the Eritrean Government to release Abune Antonios, allow him to return to his position as Patriarch, and cease its interference in peaceful religious practices in the country; recalls that freedom of religion is a fundamental right, and strongly condemns any violence or discrimination on grounds of religion;



ETHIOPIA

Dr Merera Gudina

Dr Fikru Maru

Berhanu Nega

Jawar Mohammed

On 30 November 2016, Ethiopian security forces arrested Dr Merera Gudina, the Chairman of the Ethiopian Oromo Federalist Congress opposition party in Addis Ababa, following his visit to the European Parliament on 9 November 2016, where he shared a panel with other opposition leaders and allegedly violated the law implementing the state of emergency by ‘creating pressure against the government’, ‘threatening society through the means of violence’ and attempting to ‘disrupt constitutional order’; whereas his bail request has been denied and he is still being held in custody awaiting the verdict; whereas on 24 February 2017, Dr Gudina and two co-defendants, Berhanu Nega and Jawar Mohammed were charged with four separate counts of non-compliance with the Ethiopian criminal code;

In its resolution of 18 May 2017, the European Parliament:

- Calls on the Ethiopian Government to immediately release on bail and drop all charges against Dr Merera Gudina, Dr Fikru Maru and all other political prisoners, and drop the cases against Berhanu Nega and Jawar Mohammed, who were charged in absentia and are currently in exile; stresses that for any dialogue with the opposition to be seen as credible, leading opposition politicians, such as Dr Merera Gudina, have to be released; calls on the EU High Representative to mobilise EU Member States to urgently pursue the establishment of a UN-led international inquiry for a credible, transparent and independent investigation into the killings of protesters and to put pressure on the Ethiopian government to grant its consent;

GUATEMALA

Laura Leonor Vásquez Pineda

Sebastián Alonzo Juan

Victor Valdés Cardona

Diego Esteban Gaspar

Roberto Salazar Barahona

Winston Leonardo Túnchez Cano

Fourteen murders and seven attempted murders of human rights defenders in Guatemala were registered between January and November 2016 by the Unit for the Protection of Human Rights Defenders of Guatemala (UDEFEGUA); whereas, according to the same sources, in 2016 there were 223 aggressions overall against human rights defenders, including 68 new legal cases launched against human rights defenders; whereas environmental and land rights defenders and those working on justice and impunity were the most frequently targeted categories of human rights defenders;

2017 has already seen the killing of human rights defenders Laura Leonor Vásquez Pineda and Sebastián Alonzo Juan, in addition to the journalists reported to have been killed in 2016 – Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona and Winston Leonardo Túnchez Cano;



In its resolution of 16 February 2017, the European Parliament:

- Condemns in the strongest terms the recent murders of Laura Leonor Vásquez Pineda, Sebastian Alonzo Juan and the journalists Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona and Winston Leonardo Túnchez Cano, as well as each of the 14 assassinations of other human rights defenders in Guatemala carried out in 2016; extends its sincere condolences to the families and friends of all of those human rights defenders;

- Calls for the urgent and mandatory implementation of the precautionary measures recommended by the IACHR and calls on the authorities to reverse the decision that unilaterally removes national precautionary measures benefitting human rights defenders;


INDONESIA

Hosea Yeimo

Ismael Alua

On 19 December 2016 Hosea Yeimo and Ismael Alua, two Papuan political activists, were detained and charged with ‘rebellion’ under the Indonesian Criminal Code, following peaceful political activities; whereas Hosea Yeimo and Ismael Alua were released on bail on 11 January 2017; whereas legal proceedings of the case continue; whereas, if convicted, they can face up to life imprisonment;

In its resolution of 19 January 2017, the European Parliament:

- Welcomes the release on bail of Hosea Yeimo and Ismael Alua on 11 January 2017; notes that the legal proceedings of the case will continue; calls on the Delegation of the EU to Indonesia to follow these legal proceedings;

- Asks the Indonesian authorities to consider dropping the charges against Hosea Yeimo, Ismael Alua and other prisoners of conscience against whom charges have been brought for peacefully exercising their right of freedom of expression;


LAOS

Somphone Phimmasone

Soukane Chaithad

Lod Thammavong,

March 2017 three Lao workers, Mr Somphone Phimmasone, Mr Soukane Chaithad and Ms Lod Thammavong, were sentenced to prison terms of between 12 and 20 years and the equivalent of tens of thousands of euros in fines for criticising the government on social media in relation to alleged corruption, deforestation, and human rights violations, while working in Thailand; whereas the three also stood accused of participating in an anti-government demonstration outside the Lao Embassy in Thailand in December 2015;

In its resolution of 14 September 2017, the European Parliament:

- Strongly condemns the prison sentences against Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad and Lod Thammavong, and calls for their immediate release;

- Calls on the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to urgently raise the case of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad with the Government of Laos; calls on the EU Delegation to Laos to closely monitor the human rights situation in the country and, specifically, to be present at any proceedings held against Phimmasone, Thammavong and Chaithad, and to continue to raise the cases of jailed and missing individuals with the Lao authorities;


NICARAGUA

Francisca Ramirez

Francisca Ramirez, Coordinator of the National Council for the Defence of Land, Lake and Sovereignty, presented a formal complaint in December 2016 regarding acts of repression and aggressions experienced in Nueva Guinea; whereas Francisca Ramirez has been intimidated and arbitrarily detained and her family members have been violently attacked in retaliation to her activism;

Journalists in Nicaragua face harassment, intimidation and detention, and have received death threats;



In its resolution of 16 February 2017, the European Parliament:

- Urges the government to refrain from harassing and using acts of reprisal against Francisca Ramirez and other human rights defenders for carrying out their legitimate work; calls on the Nicaraguan authorities to end the impunity of perpetrators of crimes against human rights defenders; supports the right of environmental and human rights defenders to express their protest without retaliation; calls on Nicaragua to effectively launch an independent environmental impact assessment before engaging in further steps and to make the whole process public;

PAKISTAN

Asia Bibi

Shahbaz Bhatti

Salmaan Taseer

Taimoor Raza

The case of Aasiya Noreen, better known as Asia Bibi, continues to be a matter of grave importance for human rights concerns in Pakistan; whereas Asia Bibi, a Pakistani Christian woman, was convicted of blasphemy by a Pakistani court and sentenced to death by hanging in 2010; whereas should the sentence be carried out Asia Bibi would be the first woman to be lawfully executed in Pakistan for blasphemy; whereas various international petitions have called for her release on the grounds that she was being persecuted for her religion;

Christian minority minister Shahbaz Bhatti and Muslim politician Salmaan Taseer were murdered by vigilantes for advocating on her behalf and speaking out against the ‘blasphemy laws’; whereas, despite the temporary suspension of Asia Bibi’s death sentence, she remains incarcerated to the present day and her family remains in hiding;

On 10 June 2017 a Pakistani counter-terrorism court sentenced Taimoor Raza to death for allegedly committing ‘blasphemy’ on Facebook; whereas the activist Baba Jan and 12 other demonstrators have been sentenced to life imprisonment, the most severe sentence ever to have been handed down for demonstrating;


In its resolution of 15 June 2017, the European Parliament:

- Calls on the Pakistani Government to take urgent action to protect the lives and rights of journalists and bloggers; expresses its concern at the request made by the Pakistani authorities to Twitter and Facebook to disclose information about their users in order to identify individuals suspected of ‘blasphemy’; calls on the Government and Parliament of Pakistan to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 and to remove the overly wide-ranging provisions for monitoring and retaining data and shutting down websites on the basis of vague criteria; calls also for all death sentences handed down on charges of ‘blasphemy’ or political dissent to be commuted, including the sentence against Taimoor Raza; calls in this context on the President of Pakistan to make use of his power of clemency;

- Urges the Government of Pakistan to resolve, in as positive and swift a manner as possible, the ongoing case of Asia Bibi; recommends that steps be taken to ensure the safety of Ms Bibi and her family in the light of the historic treatment of victims of blasphemy allegations by vigilantes and non-judicial actors;



PHILIPPINES

Leila M. De Lima

Senator De Lima is a human rights advocate and the highest profile critic of Philippine President Rodrigo Duterte’s anti-drug campaign;

On 23 February 2017, an arrest warrant was issued against Senator Leila M. De Lima of the Philippines from the opposition Liberal Party on charges of alleged drug-related offences; she was arrested and detained; if convicted, she could face a sentence from 12 years up to life in prison and be expelled from the Senate; there are numerous claims of torture in places of detention that are not giving rise to inquiries;

Senator De Lima led the investigation into the alleged extrajudicial killings of an estimated 1 000 or more drug suspects in Davao, while President Duterte was mayor of the city; whereas following the hearings, Senator De Lima was exposed to a torrent of harassment and intimidation from the authorities, and these attacks have intensified over the last eight months;

Human rights defenders face regular threats, harassment, intimidation and cyber bullying; whereas those violating the rights of these groups are not being held to account owing to the fact that proper investigations are not being conducted;



In its resolution of 15 March 2017, the European Parliament:

- Calls for the immediate release of Senator Leila M. De Lima and for her to be provided with adequate security whilst in detention; calls on the authorities of the Philippines to ensure a fair trial, recalling the right to the presumption of innocence, to drop all politically motivated charges against her and to end any further acts of harassment against her;

- Strongly condemns the high number of extrajudicial killings by the armed forces and vigilante groups related to the anti-drug campaign; expresses its condolences to the families of the victims; expresses grave concern over credible reports to the effect that the Philippine police force is falsifying evidence to justify extrajudicial killings, and that overwhelmingly the urban poor are those being targeted; calls on the authorities of the Philippines to immediately carry out impartial and meaningful investigations into these extrajudicial killings and to prosecute and bring all perpetrators to justice; calls on the EU to support such investigations; calls on the authorities of the Philippines to adopt all necessary measures to prevent further killings;

- Calls for the EU to closely monitor the case against Senator De Lima;



RUSSIA

Alexei Navalny and other protestors

Following the protests across Russia 26 March 2017, opposition politician Alexei Navalny was detained and fined USD 350 for organising banned protests and sentenced to 15 days in jail;

The verdict of the Leninsky Court in Kirov (8 February 2017) against Russian opposition politician Alexei Navalny on charges of embezzlement attempts served to silence yet another independent political voice in the Russian Federation; whereas the European Court of Human Rights has ruled that Navalny was denied the right to a fair trial in his prosecution in 2013 on the same charges;

whereas the Russian Government has opened a criminal investigation against unidentified people who called on internet for a demonstration in Moscow on 2 April 2017 demanding the resignation of Prime Minister Dmitry Medvedev, an end to Russian military operations in Ukraine and Syria, the release of Navalny and payment of compensation to activists detained during a Moscow protest on 26 March; whereas on 2 April at least 31 people were arrested during opposition protests in Moscow and thereafter detained for ‘breaches of public order’;


In its resolution of 6 April 2017, the European Parliament:

- Condemns the police operations in the Russian Federation attempting to prevent and disperse peaceful anti-corruption demonstrations, and detaining hundreds of citizens, including Alexei Navalny, whose organisation initiated the demonstrations;

- Expresses strong concern that the detaining of Alexei Navalny demonstrates a case of the Russian authorities using the law on public assemblies to fast-track peaceful protesters to prison and commit subsequent systemic abuse;

- Condemns the constant efforts to silence Alexey Navalny, and expresses support for his organisation’s efforts to raise awareness of, and combat, corruption in public institutions and among political representatives and public office holders; regards with deep concern the Court decision of February 2017, which effectively excludes Alexey Navalny from the political arena, further constrains political pluralism in Russia and raises serious questions as to the fairness of democratic processes in Russia;



UKRAINE

The cases of Crimean Tatars

Ilmi Umerov, Crimean Tatar Leader and Deputy Chair of the Mejlis, was sentenced to a period of two years in prison for voicing dissent against the illegal annexation of the Crimean peninsula under Article 280.1 of the Russian criminal code on ‘public calls to action aimed at violating Russia’s territorial integrity’;

Akhtem Chiygoz, Deputy Chair of the Mejlis, was sentenced to eight years of imprisonment for ‘organising mass disturbances’ on 26 February 2014;

Journalist Mykola Semena received a suspended prison sentence for a period of two-and-a-half years and a three-year ban on conducting journalistic work on the basis of Article 280.1 of the Russian criminal code on ‘public calls to action aimed at violating Russia’s territorial integrity’;


In its resolution of 5 October 2017, the European Parliament:

- Condemns the sentencing of Ilmi Umerov, Crimean Tatar Leader and Deputy Chair of the Mejlis, Akhtem Chiygoz, Deputy Chair of the Mejlis, and journalist Mykola Semena; demands that these convictions be reversed and that Mr Umerov and Mr Chiygoz are immediately and unconditionally released and all charges against Mr Semena are immediately and unconditionally dropped;

- Condemns the discriminatory policies imposed by the so-called authorities against, in particular, the indigenous Crimean Tatar community, the infringement of their property rights, the increasing intimidation in political, social and economic life of this community and of all those who oppose the Russian annexation;


SUDAN

Mohamed Zine al-Abidine

The Sudanese National Intelligence and Security Service (NISS) filed charges against Mohamed Zine al-Abidine and his editor-in-chief, Osman Mirgani;

23 October 2017 a Sudanese court sentenced Mohamed Zine al-Abidine to a suspended jail term with a five-year probation period on charges of having violated the journalism code of ethics;

The editor-in-chief of Al-Tayar, Osman Mirgani, was sentenced to pay a fine of 10 000 Sudanese pounds or serve a six-month prison sentence on the same charges, and was released after the fine was paid by the Sudanese Journalists Union;

The lawyer representing both Mohamed Zine al-Abidine and Osman Mirgani has stated his intention to appeal the verdict against them;

It has been reported that the NISS questions and detains journalists and has filed multiple lawsuits against Sudanese journalists and arbitrarily confiscated entire issues of newspapers.

In 2016 there were at least 44 cases of confiscated publications affecting 12 newspapers, including five issues of Al-Jareeda in a single week;



In its resolution of 16 November 2017, the European Parliament:

- Expresses its deep concern at the sentencing of Mohamed Zine al-Abidine by the Press Court in Khartoum on 23 October 2017 to a suspended jail term with a five-year probation period, and calls on the Sudanese authorities to immediately review all charges against him;

- Urges the Sudanese authorities to put an immediate end to all forms of harassment, intimidation and attacks against journalists and defenders of freedom of online and offline expression, and to undertake democratic reforms as a means to ensure the protection and promotion of human rights in the country, including freedom of expression, in accordance with its obligations under the Interim National Constitution of Sudan and its international commitments, including the Cotonou Agreement;

Calls for the EU and its Member States to provide support to civil society organisations by means of technical assistance and capacity-building programmes, so as to improve their human rights advocacy and rule-of-law capabilities and enable them to contribute more effectively to the improvement of human rights in Sudan;



VIETNAM

Nguyen Van Hoa

22-year-old videographer and blogger Nguyen Van Hoa was initially arrested under Article 258 of the Vietnamese Penal Code and charged with ‘abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the state’;

April 2017, these charges were upgraded to a violation of Article 88; whereas Article 88 of the Penal Code has been widely used against human rights defenders (HRDs) who have highlighted abuses in Vietnam.

On 27 November 2017, Nguyen Van Hoa was sentenced to seven years’ imprisonment for having disseminated online information, including videos, on the environmental disaster in Ha Tinh Province that took place in April 2016, when Formosa Ha Tinh, a Taiwanese steel company, caused an illegal discharge of toxic industrial waste into the ocean, which had devastating environmental effects along 200 km of coastline, killing marine life and making people ill;


In its resolution of 14 December 2017, the European Parliament:

- Condemns the sentencing of Nguyen Van Hoa to seven years in prison; underlines that Nguyen Van Hoa has exercised his right to freedom of expression; urges the Vietnamese authorities to release Nguyen Van Hoa immediately and unconditionally;

- Calls on the Vietnamese authorities to release all citizens detained for peacefully exercising their freedom of expression;

- Calls on the Vietnamese authorities to address the environmental disaster in the Ha Tinh Province, which caused mass fish deaths in the region and affected the lives of thousands of people, through legislative measures aimed at restoring and rehabilitating the local economy;




ZAMBIA

Hakainde Hichilema

11 May 2017 marked one month since the incarceration of the UPND leader Hakainde Hichilema, who was arrested together with five of his employees by heavily armed police officers in a raid on his house on 11 April;

Hichilema was accused of endangering the President’s life by allegedly obstructing the presidential motorcade in Mongu on 9 April 2017, and was immediately charged with treason, a non-bailable offence in Zambia, as well as with disobeying statutory duty, disobeying lawful orders and using insulting language; whereas he rejected all these allegations;

Hichilema’s lawyers called the case baseless and requested that the Lusaka Magistrate Court drop the charges; whereas the Court upheld the charges on the ground that only the High Court was competent for treason cases;

Hichilema is currently held at the Lusaka Central Correctional Facility, where access to private media, lawyers, supporters and friends is limited; whereas acts of degrading treatment under detention have been reported by Hichilema and his lawyers;



In its resolution of 18 May 2017, the European Parliament:

- Expresses its concern at the arrest and incarceration of Hakainde Hichilema and insists on the need to ensure fairness, diligence and transparency at all times in the application of the law and all along the justice process; notes with concern reports of political motivation in relation to the charges, and therefore reminds the Zambian Government of its obligation to guarantee fundamental rights and the rule of law, including access to justice and the right to a fair trial, as provided for in the African Charter and in other international and regional human rights instruments;

- Calls on the Zambian authorities to conduct a prompt, impartial and thorough investigation into the alleged ill-treatment suffered by Hichilema during his detention and to hold those responsible to account;


ZIMBABWE

Pastor Evan Mawarire and other cases of restriction of freedom of expression

On 1 February 2017 Pastor Evan Mawarire was arrested at Harare airport on his return to Zimbabwe; whereas he was initially charged with ‘subverting a constitutional government’ under Section 22 of the Criminal Procedure Act, an offence which is punishable with imprisonment for up to 20 years; whereas on 2 February 2017 another charge was added, that of insulting the flag under Section 6 of the Flag of Zimbabwe Act; whereas Pastor Mawarire was only released on bail after having spent nine days in custody;

In a public statement, the Zimbabwean Human Rights Commission expressed deep concern about the brutality and violent conduct of the police, stating that the fundamental rights of demonstrators were violated, and called on the Zimbabwean authorities to investigate and bring the perpetrators to justice;

Itai Dzamara, a journalist and political activist, was abducted on 9 March 2015 by five unidentified men at a barbershop in Harare; whereas the High Court ordered the government to search for Dzamara and report on progress to the Court every fortnight until his whereabouts had been determined; whereas the fate of Mr Dzamara remains unknown;


In its resolution of 18 March 2017, the European Parliament:

- Deplores the arrest of Pastor Evan Mawarire; stresses that his release on bail is not sufficient and that the politically motivated charges against him must be completely withdrawn;

- Calls on the Zimbabwean authorities to ensure that the criminal justice system is not misused to target, harass or intimidate human rights defenders such as Pastor Evan Mawarire;

- Calls on the Zimbabwean authorities to ascertain Mr Dzamara’s whereabouts and to ensure that those who are responsible for his abduction face justice; notes that expressing opinion in a non-violent way is a constitutional right for all Zimbabwean citizens and it is the obligation of the authorities to protect the rights of all citizens;





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