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2014-2019






Documento de sesión

A8-0373/2018

{21/11/2018}21.11.2018

INFORME

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto

(2018/2098(INI))

{AFET}Comisión de Asuntos Exteriores

Ponente: Petras Auštrevičius


PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto

(2018/2098(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ambos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en diciembre de 1966,

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

– Vistos los artículos 2, 3, 8, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Visto el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistos el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019), adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015, y su revisión intermedia de junio de 2017,

– Vistos los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,

– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,

– Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, adoptadas en 1976 y revisadas en 2011,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 11 de mayo de 2011, que la Unión firmó el 13 de junio de 2017,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

– Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía,

– Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (La igualdad de género y la capacitación de las mujeres: transformar la vida de niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)), adoptado en 2015 (SWD(2015)0182),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD),

– Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) y 2242 (2015) sobre la mujer, la paz y la seguridad,

– Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2250 (2015) y 2419 (2018) sobre los jóvenes, la paz y la seguridad,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,

– Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1820 (2008) sobre la mujer, la paz y la seguridad, que abordan la violencia sexual en términos de crímenes de guerra,

– Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, presentada por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, el 28 de junio de 2016, así como el primer informe sobre su aplicación, titulado «From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy» (De una visión compartida a la acción común: aplicación de la Estrategia Global de la UE), publicado en 2017,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de mayo de 2017 sobre los pueblos indígenas,

– Vista la Decisión 2011/168/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a la Corte Penal Internacional y por la que se deroga la Posición Común 2003/444/PESC1,

– Vistos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el documento final de 25 de septiembre de 2014 de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas,

– Vista la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de septiembre de 2016,

– Vista la Resolución 69/167 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 18 de diciembre de 2014, que reitera la necesidad de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990,

– Vista la Resolución 67/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 2012, por la que se crea el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento con el mandato de estudiar propuestas de un instrumento jurídico internacional para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas mayores,

– Visto el Informe de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad presentado en el 33.er período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de junio de 20162,

– Visto el Informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento presentado en su octavo período de sesiones el 28 de julio de 20173,

– Vista la Declaración Ministerial de Lisboa de 2017 titulada «Una sociedad sostenible para todas las edades: la realización del potencial de vivir más», aprobada en la cuarta Conferencia Ministerial de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre el Envejecimiento el 22 de septiembre de 2017,

– Vista la Agenda Europea de Migración, de 13 de mayo de 2015 (COM(2015)0240), y la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración (COM(2016)0385),

– Visto el conjunto de directrices temáticas de la Unión sobre los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos humanos,

– Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, adoptadas por el Consejo en 2014,

– Vistas las Directrices de la UE para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, adoptadas en 2005 y revisadas en 20094,

– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,

– Vistas las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del menor, adoptadas en 2007 y revisadas en 2017, y el «Manual de los Derechos del Niño: Integración de los derechos del niño en la cooperación para el desarrollo» de la Unión y UNICEF,

– Vistas las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), adoptadas por el Consejo en 2013,

– Vistos los Principios de Yogyakarta («Principios y obligaciones estatales sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales) aprobados en noviembre de 2006, y los diez principios complementarios («más diez») aprobados el 10 de noviembre de 2017,

– Vistas las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, adoptadas por el Consejo en 2013,

– Vista la Declaración conjunta del Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, titulada «El nuevo consenso europeo en materia de desarrollo: "Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro"», adoptada por el Consejo, el Parlamento y la Comisión el 7 de junio de 2017,

– Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, adoptadas por el Consejo en 2013,

– Vistas las Directrices de la UE sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptadas en 2001 y revisadas en 2012,

– Vista su Resolución, de 4 de julio de 2018, titulada «Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas»5,

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 4 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento de la estrategia de la Unión para la erradicación de la trata de seres humanos (COM(2017)0728),

– Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre la protección de los menores migrantes6,

– Vista la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (defensores de los derechos humanos) de las Naciones Unidas, de diciembre de 1998,

– Visto el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo7,

– Visto el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado el 27 de junio de 1989,

– Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre las exportaciones de armamento: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo8,

– Vistos su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre la discriminación por razón de casta9, el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, de 28 de enero de 2016, sobre minorías y discriminación por razón de casta, y el instrumento de orientación de las Naciones Unidas en materia de discriminación basada el origen,

– Visto el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo (2017),

– Vistas su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la UE al respecto10, y sus anteriores Resoluciones sobre informes anuales previos,

– Vistas sus Resoluciones sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho en 2017,

– Visto su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que en 2017 se concedió a la oposición democrática de Venezuela: la Asamblea Nacional (Julio Borges) y todos los presos políticos enumerados por Foro Penal Venezolano representados por Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González,

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)11,

– Vista la Directiva (UE) 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo12; vista la actividad adicional de la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR), que el Parlamento Europeo decidió establecer el 6 de julio de 2017 y fue puesta en marcha el 14 de septiembre de 2017,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0373/2018),

A. Considerando que el respeto y la promoción, indivisibilidad y protección de la universalidad de los derechos humanos, así como la promoción de los valores y principios democráticos, incluidos el Estado de Derecho, el respeto de la dignidad humana, el principio de igualdad y la solidaridad, son los cimientos del acervo ético y jurídico de la Unión y su política exterior y de seguridad común (PESC), así como de toda su acción exterior; que la Unión debe seguir esforzándose por seguir siendo el principal actor mundial en la promoción y la protección universales de los derechos humanos, también a nivel de cooperación multilateral, en particular asumiendo un papel activo y constructivo en los diversos órganos de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Derecho internacional, así como con las obligaciones en materia de derechos humanos y con los compromisos adoptados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible;

B. Considerando que la sociedad civil desempeña un papel esencial en la construcción y el fortalecimiento de la democracia, la supervisión del poder estatal y el fomento de la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas; que es crucial la presencia de las organizaciones de la sociedad civil como una fuerza vital en la sociedad; que el debilitamiento de la sociedad civil, la reducción del espacio político y cívico, el aumento de la corrupción, las desigualdades sociales y de género, el bajo nivel de desarrollo humano y socioeconómico y la existencia de conflictos sociales son fenómenos que están interrelacionados; que deben proporcionarse recursos adecuados y utilizarse de la manera más eficiente para mejorar la promoción de los derechos humanos y la democracia en terceros países, y que la sociedad civil no debe verse reprimida por leyes restrictivas, límites de financiación, procedimientos de autorización restrictivos e impuestos prohibitivos;

C. Considerando que muchos países del mundo se enfrentan a la impunidad y la injusticia y ofrecen un insuficiente nivel de reparación, de servicios de apoyo a las víctimas y de asistencia financiera a víctimas del terrorismo, en particular en los países donde una gran proporción de los ciudadanos han sufrido terrorismo;

D. Considerando que en 2017 un número muy elevado de actores de la sociedad civil en todo el mundo, entre ellos abogados, intelectuales, periodistas, personalidades religiosas, defensores de los derechos humanos y activistas de movimientos ecologistas, se han visto confrontados a una reducción del espacio de la sociedad civil y han sufrido crecientes ataques, persecuciones, acoso y detenciones arbitrarias, o incluso han sido asesinados; Considerando que ProtectDefenders.eu, el mecanismo de los defensores de los derechos humanos de la Unión, prestó una asistencia eficaz a cientos de activistas, pero se enfrenta a necesidades cada vez mayores; que la Unión y sus Estados miembros deben destinar más recursos a una mayor participación de la sociedad civil e invertir en la protección y redoblar sus esfuerzos para proteger y respaldar a los defensores de los derechos humanos;

E. Considerando que las políticas de apoyo a los derechos humanos y a la democracia deben integrarse en todas las demás políticas de la Unión con una dimensión exterior, como el desarrollo, la migración, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, los derechos de la mujer y la igualdad de género, la ampliación y el comercio, en particular a través de la aplicación de la condicionalidad en materia de derechos humanos; Considerando que una mayor coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la Unión, así como entre las propias políticas exteriores, es un requisito fundamental para el éxito y la eficacia de la política de derechos humanos de la Unión;

F. Considerando que la ocupación ilegal de un territorio o una parte de él constituye una violación permanente del Derecho internacional, que activa la responsabilidad de la potencia ocupante hacia la población civil de conformidad con el Derecho internacional humanitario;

Consideraciones generales

1. Expresa su profunda preocupación por el retroceso que se ha observado en términos de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho a escala mundial en 2017, e insta a la Unión y sus Estados miembros a seguir integrando incondicionalmente las normas europeas e internacionales relativa a derechos humanos, Estado de derecho, democracia y derechos de minorías a las que están sujetos, y a garantizar una mayor coherencia entre las políticas internas y exteriores en materia de derechos humanos de la Unión y una mayor coordinación entre las políticas exteriores de los Estados miembros, en ámbitos como por ejemplo la migración, la lucha antiterrorista y el comercio, ya que la influencia de la Unión en cuanto agente internacional creíble y legítimo depende en gran medida en su capacidad para promover el respeto de los derechos humanos y la democracia tanto a nivel interno como externo;

2. Reafirma que es a los Estados a quienes incumbe la responsabilidad en última instancia de salvaguardar los derechos humanos promulgando y aplicando tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, haciendo un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos y garantizando una tutela judicial efectiva para las víctimas; señala que la paz, la seguridad y el desarrollo se refuerzan mutualmente y dependen de la capacidad de atajar los abusos, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y los genocidios; advierte contra las restricciones de las libertades de circulación, reunión y expresión;

3. Recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión y de sus Estados miembros, como se menciona en el artículo 3, apartado 3, del TUE, y que su fomento por medio de la incorporación de la perspectiva de género, también en otros países por medio de las políticas exteriores de la Unión, es uno de sus objetivos principales;

4. Hace hincapié en que la Unión se ha comprometido a promover la igualdad de género y a garantizar la integración de la perspectiva de género en todas sus acciones, lo que constituye una obligación establecida en los Tratados, de manera que la igualdad de género se convierta en una prioridad clave en todas las directrices, relaciones laborales, políticas y acciones de la Unión, incluidas las acciones exteriores; apoya, en consecuencia, los esfuerzos coordinados al respecto en los diálogos y actividades multilaterales de las delegaciones de la Unión, como las misiones de observación electoral; subraya la necesidad de reforzar el trabajo en países terceros de la asesora principal sobre cuestiones de género del SEAE, encaminado a promover la paz, la seguridad y las libertades fundamentales, garantizando para ello un presupuesto específico dedicado a su ámbito de competencias;

5. Considera que una sociedad civil verdaderamente independiente, plural y dinámica contribuye al desarrollo y a la estabilidad, garantiza la consolidación democrática, la separación de poderes, la justicia social y el respeto de los derechos humanos, y promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza, también en la lucha contra la corrupción y el extremismo, en particular mediante medidas de lucha contra la corrupción y el extremismo; destaca el papel esencial y primordial que desempeñan los defensores de los derechos humanos y las ONG para promover y apoyar la aplicación de los derechos fundamentales consagrados en los principales tratados internacionales en el ámbito de los derechos humanos, entre otros, mediante la puesta en marcha de programas educativos y la divulgación de actividades de las organizaciones internacionales; subraya la importancia de la aplicación de las directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos y la capacidad de la Unión para sostener el apoyo adecuado, a través del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), a los defensores de los derechos humanos y las ONG en las situaciones que los colocan en mayor riesgo, en particular potenciando la capacidad del mecanismo ProtectDefenders.eu;

6. Destaca la importancia que reviste proporcionar apoyo de urgencia a los defensores de los derechos humanos y el que todos los presos reciban un trato conforme con las normas internacionales; subraya su preocupación por la seguridad de los defensores de los derechos humanos y destaca la necesidad de que los autores de los crímenes rindan cuentas a la justicia; acoge con satisfacción, en ese contexto, los esfuerzos constantes de la Dotación Europea para la Democracia para promover la democracia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales en la vecindad oriental y meridional de la Unión; admite los riesgos a que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, incluidas las mujeres, que afrontan riesgos y amenazas específicas en razón de su sexo, así como los activistas ecologistas, y pide al SEAE y a los Estados miembros que les dediquen una especial atención en las directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos; subraya la necesidad de una sólida coordinación de la Unión en su interacción con autoridades de terceros países en relación con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, y elogia las iniciativas individuales de los Estados miembros que se añaden a la acción de la Unión;

7. Acoge con satisfacción la participación activa de la Unión en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), donde ha patrocinado y copatrocinado resoluciones, realizado declaraciones, entablado debates y diálogos interactivos, y convocado un período extraordinario de sesiones sobre la situación de los derechos humanos; reconoce los compromisos asumidos por la Unión para abordar las situaciones de los países en el seno del CDHNU; subraya la importancia de que la Unión participe en los diálogos y la cooperación en materia de derechos humanos a nivel multilateral; respalda plenamente la participación y las actividades del CDHNU para defender los derechos humanos en todo el mundo; alaba la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos bajo la dirección de Zeid al-Hussein; espera con interés mantener un diálogo cercano y una cooperación activa con la alta comisionada recientemente nombrada, Michelle Bachelet; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen su apoyo al funcionamiento del ACNUDH y los procedimientos especiales;

8. Expresa su agradecimiento por la labor realizada por los servicios de derechos humanos de la Comisión Europea y el SEAE en la sede y en las delegaciones de la Unión y por la del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos (REUE), Stavros Lambrinidis, para aumentar la eficacia, la cohesión y la visibilidad de los derechos humanos en la política exterior de la Unión, y recuerda su petición de hacer permanente este mandato y de que el REUE deba rendir más cuentas; celebra el reciente enfoque representado por la iniciativa de la Unión «Good Human Rights Stories», que centra su atención en las mejores prácticas que se han empleado en diversos países; pide una vez más que se revise el mandato para atribuir al REUE competencias de oficio, recursos adecuados y la capacidad de hablar públicamente con el fin de informar sobre los logros de las visitas a terceros países y comunicar las posiciones de la Unión sobre temas de derechos humanos;

9. Celebra el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo (2017) y observa que este año se ha adoptado mucho antes, tal como solicitó el Parlamento en sus anteriores informes; pide al Consejo que siga esforzándose por concluir estos informes anuales a principios de año; anima al Consejo a que vele por que la adopción del próximo informe anual se base en un proceso de consulta adecuado; considera que el informe anual es una herramienta indispensable para el control, la comunicación y el debate sobre la política de la Unión en materia de derechos humanos y democracia en el mundo, y pide que se promueva públicamente a nivel mundial;

10. Reconoce los avances realizados en cuanto al procedimiento y el formato del informe, pero espera que el Consejo y la VP/AR tengan más en cuenta las posiciones de las resoluciones o las recomendaciones pertinentes del Parlamento a fin de garantizar una interacción más profunda y eficaz entre las instituciones de la Unión en materia de derechos humanos;

11. Reitera la importancia de realizar un compendio de las principales tendencias positivas y negativas con miras a evaluar la eficiencia de las acciones de la Unión; considera, en este sentido, que una comunicación pública más exhaustiva, cuando proceda, en particular basada en las prioridades e indicadores identificados en las estrategias nacionales de la Unión en materia de derechos humanos, entre otras cosas, favorecería una mayor coherencia en la aplicación de las cláusulas de condicionalidad en materia de derechos humanos y en la evaluación y la adaptación de los efectos de las políticas de la Unión en los derechos humanos; hace hincapié en la necesidad de supervisar y aplicar plenamente las directrices existentes de la Unión;

12. Reconoce que los diálogos sobre derechos humanos de la Unión constituyen un instrumento diplomático heterogéneo y muy valioso dirigido a promover los derechos humanos y la democracia en las relaciones bilaterales con terceros países; observa, no obstante, que sigue habiendo obstáculos para alcanzar resultados concretos a través de estos diálogos, como la prevalencia del doble rasero, y aboga en este sentido por una postura más unificada entre los Estados miembros; insta a la Comisión y al SEAE a que busquen la manera de hacer más efectivos y significativos los diálogos sobre derechos humanos y a reaccionar con rapidez y complementarlos cuando dejen de ser constructivos, mediante el uso del diálogo político o la diplomacia pública; anima a la Comisión y a la SEAE a que aumenten la transparencia en los diálogos, también a través de una mayor participación de los actores de la sociedad civil, y a que utilicen valores de referencia claros a efectos de evaluar el éxito de cada diálogo; Hace hincapié en la importancia de que la Unión plantee en los diálogos sobre derechos humanos los casos de defensores de derechos humanos en riesgo, presionando a favor de la liberación de los defensores encarcelados y la protección de aquellos que están amenazados; aconseja a las instituciones de la Unión, asimismo, a que ofrezcan unos recursos y una formación adecuados sobre derechos humanos y democracia a los funcionarios y al personal de las delegaciones de la Unión a todos los niveles;

13. Reitera que el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019) y su revisión intermedia de 2017 deben ser los instrumentos por los que se guíe la acción en materia de derechos humanos, y subraya, en este sentido, la necesidad de que se planifiquen recursos y conocimientos especializados suficientes a fin de aplicar adecuadamente las prioridades fundamentales de la Unión; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que garanticen la ejecución eficaz y coherente del actual Plan de acción, también a través de una verdadera colaboración con las organizaciones de la sociedad civil;

14. Solicita a la Unión que refuerce sus instrumentos y políticas relativos al desarrollo institucional y al Estado de Derecho y que incluya parámetros de referencia para la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad por violaciones de los derechos humanos; pide el despliegue efectivo de recursos adecuados para seguir promoviendo los derechos humanos y la democracia;

15. Recuerda, a este respecto, el apoyo determinante que ha ofrecido el IEDDH a la aplicación del Marco estratégico y el Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia de la Unión y sus directrices sobre derechos humanos y las estrategias nacionales, lo que ha permitido a la Unión actuar de manera más estratégica en este ámbito y ha garantizado la rendición de cuentas, la visibilidad y la eficacia; pide encarecidamente la inclusión del IEDDH como instrumento separado e independiente en la arquitectura del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, para no diluir su evidente diversidad en un fondo de acción exterior más grande; alienta con firmeza las sinergias entre los instrumentos de financiación exterior de la Unión, con el fin de evitar duplicaciones y solapamientos y contribuir a determinar posibles lagunas y necesidades de financiación;

16. Recuerda que la experiencia y los conocimientos adquiridos en los procesos de transición democrática en el marco de las políticas de ampliación y vecindad podrían contribuir positivamente a determinar cuáles son las mejores prácticas que podrían utilizarse para apoyar y consolidar otros procesos de democratización en el mundo; expresa su convencimiento de que la política europea de vecindad revisada debe apoyar las reformas económicas, sociales y políticas, proteger los derechos humanos y acompañar la instauración del Estado de derecho, manteniendo los compromisos de la Unión con sus socios; reitera que la promoción de los derechos humanos y la democracia redunda en interés tanto de los países socios como de la Unión; recuerda la necesidad de desarrollar las relaciones interparlamentarias entre la Unión y sus socios en el marco de un diálogo franco y basado en la comprensión y la confianza mutuas, con vistas a promover eficazmente los derechos humanos;

17. Destaca el trabajo realizado por la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI), que mantiene una estrecha relación de trabajo con otras instituciones de la Unión, el REUE, el SEAE, la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, y las instituciones de derechos humanos multilaterales; observa que en 2017 el DROI elaboró tres informes que fueron aprobados como resoluciones por el Pleno sobre la apatridia en Asia meridional y sudoriental13, sobre la lucha contra las violaciones de los derechos humanos en el contexto de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio14 y sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países15;

18. Propone poner en marcha, en el primer trimestre de 2019, un grupo de trabajo interno para revisar la promoción y la integración de los derechos humanos por parte de sus comisiones con un mandato exterior y de sus delegaciones para las relaciones con terceros países durante la legislatura 2014-2019; tiene intención de extraer recomendaciones de esta revisión para mejorar la actuación parlamentaria en el ámbito de los derechos humanos en la próxima legislatura, también en cuanto a control de la actividad del SEAE y la Comisión, la configuración institucional interna y la integración de los derechos humanos en sus organismos;

19. Considera que el papel de las resoluciones de urgencia, basadas en el artículo 135 del Reglamento interno, puede desarrollarse más para reforzar los derechos humanos y la democracia mediante una mayor reflexión, orientación y eficiencia oportunas;





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