Organización de los estados americanos comisión interamericana de mujeres



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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES

MECANISMO DE SEGUIMIENTO OEA/Ser.L/II.7.10

CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) MESECVI-II/doc.27/08

SEGUNDA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE 23 junio 2008

9 - 10 de julio de 2008 Original: español

Caracas, Venezuela

.

COSTA RICA
RESPUESTA AL CUESTIONARIO

RESPUESTA/S AL CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONVENCIÓN DE
BELÉM DO PARÁ


I. LEGISLACIÓN. NORMATIVA VIGENTE. PLANES NACIONALES


  1. ¿Existen en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres? ¿Se han aprobado este tipo de normas antes de la ratificación de la Convención de Belem do Pará por parte de su gobierno? ¿Se han aprobado este tipo de normas después de la ratificación de la Convención de Belem do Pará por parte de su gobierno?

En la legislación costarricense existen normas penales generales para sancionar las conductas lesivas contra la vida (delitos contra la vida: homicidio simple, homicidio calificado, homicidios especialmente atenuados, tentativa de suicidio, instigación o ayuda al suicidio, homicidio por piedad, homicidio culposo, aborto, aborto con o sin consentimiento, aborto procurado, aborto honoris causa, aborto culposo; y lesiones en sus diferentes grados), también están penalizadas las conductas que atentan contra la libertad sexual de las personas y las conductas de explotación sexual comercial contra personas menores de edad. Sin embargo, no existe legislación para sancionar en forma específica la violencia contra las mujeres por razones de género. Sobre este particular, se viene promoviendo desde el año 1999 un Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que aún está en etapa de discusión y que hoy es muy diferente del que se presentó en ese año.


A nivel civil existen la Ley contra la violencia doméstica y la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia.
La Ley contra la violencia doméstica tiene como fin la aplicación de medidas de protección a personas que se encuentren en situación de violencia doméstica y se dirige especialmente a la protección de mujeres, niños y niñas, personas mayores de sesenta años y/o con discapacidad. La ley es aplicable a cualquier persona que solicite las medidas de protección que ahí se establecen y no es de carácter sancionatorio, sino más bien cautelar, de protección. Las medidas que se dictan a través de esta ley son temporales, pueden mantenerse vigentes hasta por seis meses. Al tratarse de una Ley genéricamente neutra, ésta es utilizada por los agresores en contra de las mujeres agredidas, dado que la Ley no tiene una definición de violencia contra las mujeres, tal como lo establece la Convención de Belem do Pará. La Ley contra la violencia doméstica se aprobó en 1996, con posterioridad a la ratificación por parte de Costa Rica de la Convención de Belem do Pará (junio de 1995). No obstante, el proceso de elaboración y discusión de la ley es anterior a la ratificación de la Convención y fue realizado a iniciativa de las organizaciones de mujeres.
La Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia es de marzo de 1995. Tiene como fin prohibir y sancionar el acoso u hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón del sexo, contra la dignidad de la mujer y del hombre en las relaciones laborales y de docencia. Esta ley no es de aplicación exclusiva para las mujeres y sólo se puede aplicar si la situación de hostigamiento se da por parte de una persona con la que se tenga una relación laboral o de docencia. Las sanciones que se establecen son de carácter disciplinario (desde una amonestación verbal hasta el despido). Se establece en la ley la posibilidad de acudir a la vía penal si los hechos que se denuncian también constituyan hechos punibles, según lo establecido en el Código Penal.
La conducta no se sanciona laboralmente si quien realiza la conducta no tiene relación laboral con la persona afectada.
Es de destacar que en el ordenamiento jurídico costarricense no existe normativa sobre violencia institucional. A nivel administrativo no existen normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
De haberse aprobado este tipo de normas:

¿Existe sanción para un agresor que hostiga, amenaza o pone en peligro la vida de la mujer atentando contra su integridad o perjudicando su propiedad? ¿Cuál es la sanción?
Si la conducta desplegada por el agresor constituye un delito sí se le puede sancionar, pero para ello es necesario que la persona afectada haga la respectiva denuncia. En este caso la sanción depende de la gravedad del hecho. Existe un vacío de norma y de práctica, que se produce en los casos en que los agresores identificados, a los cuales ya se han aplicado medidas de protección, amenazan nuevamente a la persona afectada y no hay una protección eficiente para la mujer.
¿Existe pena asignada para las formas transnacionales de violencia contra la mujer, incluidas las migrantes y el tráfico de mujeres y niños y la prostitución forzada? ¿Cuál es la pena?
La legislación costarricense contempla el delito de Trata de personas a través del cual se sanciona con pena de prisión de tres a seis años a “quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país de personas de cualquier sexo, para que ejerzan la prostitución o para mantenerlas en servidumbre sexual o laboral. La pena es de cuatro a diez años si:

- la persona ofendida es menor de dieciocho años;

- media engaño, violencia, abuso de autoridad, situación de necesidad de la víctima o cualquier medio de intimidación o coacción;

- quien realiza la acción es ascendiente, descendiente, hermano o hermana por consanguinidad o afinidad, cónyuge o persona que se halle ligado en relación análoga de convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima;

- quien realiza la acción se prevalece de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no vínculo de parentesco”.
A partir del año 2005 varias instituciones han venido trabajando en una estrategia para el abordaje de la trata y el tráfico ilegal de personas. Se planteó para ello el trabajo a través de una comisión integrada por las instituciones a las que les correspondiera la atención y/o prevención de esta forma de violencia, entre ellas se encuentran: el Patronato Nacional de la Infancia, la Dirección Nacional de Migración y Extranjería adscrita al Ministerio de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Dirección Nacional de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia, la Oficina Internacional de Migraciones, la Asociación Demográfica Costarricense; y organizaciones no gubernamentales como Fundación PANIAMOR, Save the Children, Defensa de las y los Niños Internacional. El trabajo de diagnóstico que se está realizando ha arrojado como uno de sus primeros resultados la detección de vacíos legales para la protección de las víctimas del delito de trata, ya que no se contempla, por ejemplo, la comisión del delito a nivel interno y parece, por esto, haber una confusión entre tráfico ilegal, que implica necesariamente cruce de fronteras y el delito de trata, que puede darse entre las frontera del país. Además, tratándose de personas menores de edad siempre que haya traslado sin consentimiento de los padres o encargados o de quien válidamente pueda darlo, se constituye la Trata de Personas.
A partir de la promoción de Costa Rica como destino sexual, realizada fundamentalmente por medio de Internet, se hace necesario el desarrollo de planes efectivos para su prevención y erradicación
¿Sanciona el código penal la violencia dentro del matrimonio?
Es posible sancionarla si la conducta está descrita como delito (por ejemplo, si constituye violación, lesiones u otro) y es denunciada por la persona ofendida.
La figura del homicidio agravado contiene un elemento discriminatorio para las mujeres que no están legalmente casadas, sino que viven en unión de hecho, dado que se requiere, para configurar el agravante, una convivencia de al menos tres años o haber engendrado al menos un hijo o hija.
¿Contemplan las normas vigentes el acceso a indemnización para las mujeres víctimas de violencia?
Desde la legislación penal costarricense cualquier persona víctima de un delito puede demandar el pago de una indemnización por el daño causado. Esta demanda debe ser hecha dentro del proceso penal como una “acción civil resarcitoria” y dependerá del resultado de la acción penal: si hay absolutoria para la persona imputada también se le exime de la indemnización.
¿Existe sanción para los funcionarios públicos que no cumplen con la aplicación de las leyes de violencia? Si existe ¿cuál es la sanción?
En la Ley contra la violencia doméstica se sanciona a los policías que no cumplan con las obligaciones que establece, con el delito de incumplimiento de funciones, previsto en el Código Penal con pena de multa. En la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia se establece una sanción, consistente en el pago de una multa (artículos 608 y siguientes del Código de Trabajo), para los patronos o jerarcas que no cumplan con la responsabilidad de establecer en el centro de trabajo o estudio una política interna que desaliente las conductas de hostigamiento sexual, que no divulguen la ley o que no informen a las instancias respectivas sobre las denuncias que en sus instituciones se estén tramitando por esa causa.
¿Existe alguna disposición legal que haga obligatoria la atención y reeducación de hombres violentos?
No existe, pero se han desarrollado experiencias puntuales. En el momento actual se está llevando a cabo un proyecto piloto en el Cantón de Goicoechea, que comprende tanto la prevención de violencia masculina por medio de talleres de revisión de masculinidades, realizados a nivel comunitario con hombres adultos y jóvenes, como la existencia de un grupo de apoyo para hombres agresores de perfil medio y bajo.
Los agresores que han sido condenados y se encuentran en prisión reciben atención mientras se encuentran privados de libertad o en régimenes de internamiento seminstitucionales.
2. ¿Se ha adoptado un plan de acción o una estrategia nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer?

¿Cuál es el organismo encargado de dicho plan de acción o estrategia general nacional?


Existe una política pública consolidada sólo en el campo de la violencia intrafamiliar, lo que deja al descubierto otras situaciones de violencia contra las mujeres. El Proyecto de Ley de Creación del Sistema que se encuentra en la Asamblea legislativa amplía sus competencias, de forma que tenga que velar por todo lo que señala Belem do Pará.
Desde 1994, se elaboró el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). En 1998, mediante Decreto Ejecutivo 26664, retomado y ampliado por las administraciones posteriores, se establece el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, el cual tiene como autoridad máxima el Consejo de Ministros. El Sistema es responsable de la elaboración y seguimiento de la política pública en materia de violencia intrafamiliar, a través de su Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de los ministerios, instituciones autónomas y organismos de integración que tienen responsabilidades en materia de violencia intrafamiliar. El Poder Judicial, las universidades estatales y las organizaciones de mujeres y no gubernamentales, se han integrado voluntariamente a la Comisión de Seguimiento.
Como forma de hacer posible la aplicación de la política pública en materia de violencia en el nivel local, se ha adoptado una estrategia de redes locales y comunitarias para la prevención y la atención de la violencia, las cuales cubren en este momento 70 localidades a nivel nacional. Estas redes se reúnen en una Red Nacional de Redes, la cual tiene una representante en la Comisión de Seguimiento del Sistema, favoreciéndose de esta forma la integración entre el nivel local y el nivel nacional.
¿Cuál es el organismo encargado de la aplicación de dicho plan o estrategia?
La Coordinación del Sistema está a cargo del INAMU y realiza funciones de desarrollo institucional del Sistema, a través de los servicios de capacitación, asesoría y acompañamiento a la Comisión de Seguimiento, así como a las instituciones participantes y a las redes locales.
¿Existen estrategias intersectoriales integradas? Si existen ¿Qué agencias participan en ellas?
Sí, en el campo de violencia intrafamiliar. Las estrategias intersectoriales se diseñan en las reuniones de la Comisión de Seguimiento y las Subcomisiones de Niñez y Adolescencia y de Adulta(o) Mayor y participan en ellas todas las instituciones del Sistema y las redes locales.
¿Se han realizado evaluaciones del plan de acción o estrategias realizadas? Si se han realizado ¿Qué resultados se han obtenido hasta el momento?
En 1998 se hizo una primera evaluación del cumplimiento del PLANOVI, encontrándose los siguientes avances:

  1. Posicionamiento de la problemática en la agenda pública y una mayor sensibilización social sobre el problema de la violencia intrafamiliar

  2. Fortalecimiento de la legislación y de los mecanismos de protección a las personas afectadas

  3. Institucionalización de políticas y creación de comisiones especializadas

  4. Creación y fortalecimiento de programas para la detección, orientación y atención integral de las personas afectas y ofensores.

En el año 2002 se realizó una sistematización de lo actuado desde el PLANOVI y desde el Sistema, la cual encontró algunos otros resultados correspondientes al período 1995-1997 (ver la sistematización en anexo 1):




  1. Creación del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar

  2. Creación de seis Comisiones o Programas

  3. El desarrollo de una masa crítica sensibilizada para actuar sobre la violencia intrafamiliar a través de un proceso de interaprendizaje.

  4. El desarrollo de seis modelos de intervención

  5. La elaboración de tres protocolos institucionales

  6. La sensibilización y educación de la población nacional por medio de tres fases de una campaña en medios de comunicación colectiva.

  7. La creación de 15 redes locales para la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar.

La sistematización mencionada también identificó logros en el período 1998-2001, que se detallan a continuación:


1. Eje de políticas, coordinación interinstitucional, seguimiento y evaluación.
A) Institucionalización de la política pública sobre violencia intrafamiliar.

  • Continuidad de la política

  • Permanencia y ampliación de los organismos que participan en el Sistema.

  • Atención y Prevención de la violencia intrafamiliar en las funciones y los programas regulares de las instituciones.

  • Creación de nuevas instancias especializadas en el problema de violencia intrafamiliar.

  • Respaldo de la Cooperación Internacional

  • Relaciones de cooperación e intercambio entre las organizaciones de la sociedad civil y el Sistema.


B) Articulación de instrumentos programáticos que faciliten la institucionalización y la aplicación de la política pública marco sobre violencia intrafamiliar (PLANOVI).
El Sistema logró un avance sustantivo al establecer un conjunto de instrumentos que permiten fortalecer la articulación interinstitucional requerida para aplicar la política en los ejes de políticas, coordinación interinstitucional, seguimiento y evaluación, detección y atención, prevención y promoción e interaprendizaje.
C) Fortalecimiento de la cultura de coordinación interinstitucional.

La acción conjunta para prevenir y atender la violencia intrafamiliar ha sido potenciada por la efectiva coordinación interinstitucional que se ha construido en las relaciones cotidianas de trabajo.


D) Creciente capacidad de generar respuestas técnicas a los requerimientos de la aplicación de la política pública.

La Comisión de Seguimiento del Sistema se reconoce como un espacio en el cual los saberes de personas con un alto nivel de compromiso y competencia profesional, se encuentran para debatir conceptual y programáticamente sobre los mecanismos idóneos para la aplicación de la política sobre violencia intrafamiliar.


E) Producción de conocimiento sobre aspectos diversos de la violencia intrafamiliar.

Se han realizaron investigaciones y promovido sistematizaciones que nutren la toma de decisiones.


F) Aporte al diseño y la gestión política del proyecto de ley de penalización de la violencia contra las mujeres

En noviembre de 1999, se entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para penalizar la violencia en contra de las mujeres, dado que la legislación penal existente no contempla la especificidad de la violencia que sufren las mujeres por parte de las personas con las que mantienen relaciones de poder o de confianza y favorece la impunidad de los ofensores. La ley responde a la necesidad de brindar una protección especial a las mujeres.


G) Diseño de una política y un modelo de atención de la violencia intrafamiliar con niñas, niños y adolescentes, así como con personas con discapacidad.

El reconocimiento de que la violencia intrafamiliar afecta en forma específica y diferencial a las personas en consideración al momento del ciclo de la vida en el que se encuentren, así como por la condición de ser portadoras de una discapacidad, permitió que, desde la Comisión de Seguimiento, se priorizaran las niñas, los niños, las y los jóvenes, así como las personas con discapacidad, como poblaciones enfocadas para la realización de acciones de prevención y atención singulares.


2. Avances en los ejes de detección, atención, prevención y promoción.
A) Ampliación de las redes locales de atención y prevención de la violencia y apertura de un espacio institucional para el intercambio y la valoración de su trabajo.

Las redes locales interinstitucionales y comunitarias para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, constituyen un espacio privilegiado para la operacionalización de la política pública sobre violencia intrafamiliar en el ámbito local. Se reúnen los esfuerzos de las personas que tienen mayor proximidad con la ciudadanía y en particular, con las mujeres y otras personas afectadas por la violencia. En el momento actual se cuenta con 70 redes locales, algunas con un desarrollo amplio consolidado a través de la experiencia de muchos años y otras en formación.

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, tiene en operación una Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia.
B) Ampliación de la masa crítica que demanda y se compromete con una efectiva respuesta pública para la erradicación de la violencia intrafamiliar.

La realización de campañas de sensibilización de la población sobre la violencia intrafamiliar, ha permitido que el tema se mantenga en la agenda pública y que varios sectores participen masivamente en actividades como las conmemorativas del 25 de noviembre.


C) Ampliación de la cobertura de atención de la violencia intrafamiliar desde las instituciones de educación, salud, Instituto Nacional de las Mujeres y el Poder Judicial.

Los modelos de atención de la violencia intrafamiliar en los ámbitos de educación, salud, justicia, Instituto Nacional de las Mujeres y el Poder Judicial ampliaron su cobertura de aplicación.


3. Eje de acceso a los recursos de apoyo

A) Ampliación de la cobertura de los albergues

El Instituto Nacional de las Mujeres cuenta en la actualidad con tres albergues para mujeres agredidas, sus hijos e hijas, atendidos por personal de la institución a partir del año 2005 en que se obtuvieron las plazas correspondientes. Anteriormente su operación estuvo en manos de organizaciones de mujeres y de empresas privadas, con fondos del INAMU.


B) Ampliación de la cobertura de la asistencia socioeconómica ofrecida por el IMAS

Se estableció un Subsidio complementario de ¢10.000 a los grupos familiares afectados por la violencia que son atendidos por el IMAS y que tienen estudiantes en escuela y/o colegio.


4. Eje de interaprendizaje

A) Ampliación del personal capacitado desde salud, educación, seguridad, sector social y poder judicial.

Durante el periodo 1998-2001, la mayoría de las instituciones participantes del Sistema invirtieron esfuerzos en la sensibilización y capacitación del personal que presta servicios a las personas afectadas por la violencia. No existe un registro completo y acumulativo de las personas capacitadas, pero según los datos disponibles se estimaba para el 2001 una cobertura de 6915 personas, que para finales del 2005 aumenta a más de 10000 personas.



B) Producción de material didáctico que respalda los modelos de prevención y atención de la violencia así como los procesos de interaprendizaje.

En el periodo analizado se incrementó el acervo de material didáctico destinado a apoyar las intervenciones del personal que trabaja en la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar.





Investigaciones realizadas por diferentes agentes entre 1998 y el 2001
Material didáctico y de difusión producido: 1998-2001



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