Nuevas reformas al motu proprio " Sacramentorum sanctitatis tutela "



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Nuevas reformas al motu proprio

Sacramentorum sanctitatis tutela

Francisco J. Ramos, O.P.

Comienzo agradeciendo al Prof. Dr. Luis de Jesús Hernández, Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de México y al Comité que ha organizado este IV Simposio, en especial al Prof. Dr. Mario Medina Balam, por darnos la oportunidad de estudiar este tema de máxima actualidad no sólo en el campo académico sino también, y más, en la vida de la Iglesia. Agradezco igualmente por invitarme a participar de forma activa en el Simposio y permitirme así expresar mi estima al querido Prof. Dr. Miguel López Dávalos y compartir la cátedra con el Dr. Fr. Nikolaus Schöch, O.F.M., Promotor de Justicia sustituto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica.

I. Introducción

A. El título del tema que me ha sido encomendado no nos debe llevar a equívocos. No se trata de “nuevas” modificaciones, pues no ha habido otras modificaciones, sino de modificaciones e innovaciones a un texto reciente, a las “Normas sobre los delitos más graves”, promulgadas por el Papa Juan Pablo II, mediante la Carta Apostólica dada motu proprio, por la que se promulgan las Normas sobre los graves delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 30 de abril, en la memoria de San Pio V, papa, año 2001 (AAS 93 [2001], pp. 738-739). A mí me corresponde presentar las reformas que fueron publicadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica y a los demás Ordinarios y Jerarcas interesados acerca de las modificaciones introducidas en la Carta Apostólica dada motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, de 21 de mayo de 2010 (en AAS 102 (2010, pp. ).

Las modificaciones introducidas en las “Normas sobre los delitos más graves” tienen que ser estudiadas en referencia al texto anterior, dado que es el contexto en que se encuentran y por el que han de ser consideradas, no como si fuesen realidades incrustadas en el texto anterior, sino como desarrollo y precisión del mismo. De hecho, el texto actual, con las modificaciones o añadiduras que se han introducido, es el único texto vigente de las “Normas sobre los delitos más graves”, y las modificaciones se comprenden en el conjunto de las Normas. Si nos concentraremos en las modificaciones es sólo para conocerlas mejor y porque no tenemos tiempo de ver todo el documento. Pero no las podemos separar del conjunto, simplemente no se entenderían. Por eso comenzamos haciendo algunas consideraciones sobre las “Normas sobre los graves delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe” del 30 de abril del 2001, promulgadas por el Papa Juan Pablo II en el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Veamos cómo surgen.

El CIC-17, al can. 1555, establecía que

El tribunal de la Congregación del Santo Oficio procede según prácticas y estatutos peculiares y conserva sus propias costumbres; y aun los tribunales inferiores, en las causas pertenecientes al tribunal del Santo Oficio, han de seguir las normas por el mismo dictadas.

¿Cuáles eran las causas pertenecientes al Santo Oficio? ¿Cuales las normas por las que se regía? Lo que se conocía al respecto, poco, era que el Santo Oficio se ocupaba de lo referente a la dignidad del sacramento de la penitencia y que seguía un proceso especial, fundamentalmente basado en la Constitución Apostólica Sacramentorum Poenitentiae promulgada por el Papa Benedicto XIV el 1º de junio de 1741. Este último documento estaba incorporado al CIC- 17 y aparecía como apéndice del mismo.

Pocos años después de la promulgación del primer Código, el Santo Oficio emanó una Instrucción, la Crimen Sollicitationis, sobre el modo de proceder en las causas de crimine sollicitationis, en la que se detallaba, después de unos Preliminares (secciones 1-14), el Primer indicio del delito (15-28), el Proceso como tal (29-60), los Castigos (61-65), la Comunicación oficial (66-70). Los Apéndices proporcionaban los formularios para los diversos actos a realizar.

La Instrucción incluía una sección dedicada a otro delito canónico: el crimen pésimo, que trataba de la conducta homosexual de parte de un clérigo (Titulo quinto: De crimine pesimo, 71-72). Al crimini pessimo, en cuanto a los efectos legales, se equiparaba cualquier acto obsceno externo, gravemente pecaminoso, de cualquier modo realizado o atentado por un clérigo con los impúberes de cualquier sexo y con animales (73-74).

En 1962, el Papa Juan XXIII autorizó la reedición de la Instrucción de 1922 con el fin de que fuese distribuida a los Obispos reunidos en el Concilio Vaticano II (1962-1965). Alguno ejemplares fueron entregados a los Obispos que tenía en sus jurisdicciones causas reservadas al Santo Oficio, la mayoría de los ejemplares quedaron sin distribuir.

El 7 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI, promulgó la Carta Apostólica dada Motu proprio Integrae servandae en la que cambia el nombre y el reglamento del Santo Oficio. El motu proprio precisa la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Le corresponderán: a) todas las cuestiones que se refieren a la doctrina de la fe y a las costumbres, b) examina las nuevas doctrinas y promueve de múltiples maneras la doctrina de la fe, c) juzga sobre los delitos contra la fe, “secondo le norme del processo ordinario”, d) promueve y tutela la dignidad del sacramento de la Penitencia, procediendo según las normas enmendadas y aprobadas que se comunicarán a los Ordinarios, dando al pecador la facultad de defenderse (cf nn. 3-12). La Congregación para la Doctrina de la Fe, pocos años después, publicó el Reglamento para el examen de las doctrinas, aprobado por el Papa Pablo VI el 8 enero de 1971.

“El sistema penal del Código de 1983 posee una estructura sustancialmente nueva con respecto al anterior Codex de 1917, y se enmarca en el contexto eclesiológico del Concilio Vaticano II. En cuanto al tema que nos ocupa, la disciplina penal se inspira en los criterios de subsidiariedad y “descentralización” (5° Principio Directivo para la Revisión del CIC aprobado por el Sínodo de los Obispos de 1967), conceptos usados para indicar la atención singular que se otorgaba al Derecho particular y, sobre todo, a la iniciativa de cada uno de los Obispos en el gobierno pastoral, siendo ellos, como enseña el Concilio (LG n. 27), Vicarios de Cristo en sus respectivas diócesis. En efecto, en la mayoría de los casos, el Código atribuye a los Ordinarios locales y a los Superiores religiosos el cometido de discernir la conveniencia de imponer sanciones penales, y el modo de aplicarlas en cada situación” (Arrieta J. I. [Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos] “El influjo del cardenal Ratzinger en la revisión del sistema penal canónico”, (La Civiltà Cattolica, 4 de diciembre de 2010), en http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101204_sp.html).

Al mismo tiempo el CIC-83, can. 6, establece: “Desde la entrada en vigor de este Código, se abrogan ... cualesquiera leyes penales, universales o particulares, promulgadas por la Sede Apostólica, a no ser que se reciban en este mismo Código” (§ 1, n. 3). En otras palabras, la Instrucción “crimen sollicitationis” del 1922/1962, a partir del CIC-83 deja de estar vigente. De todas formas, la Congregación para la Doctrina de la Fe (el antiguo Santo Oficio; el nombre fue cambiado en 1965) sigue ocupandose de los casos que se refieren a la dignidad del sacramento de la Penitencia, y la Instrucción “crimen sollicitationis” siguió usándose para estos casos, hasta el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 2001.

La Constitución apostólica del Papa Juan Pablo II, Pastor bonus, del 28 de junio de1988, modificó la organización de la Curia Romana que la Regimini Ecclesiae universae había establecido en 1967, reordenando las competencias de cada uno de los Dicasterios. El art. 52 de esta constitución apostólica, establece de modo claro la jurisdicción penal de la Congregación para la Doctrina de la Fe:

Examina los delitos cometidos contra la fe y también los delitos más graves cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos, que le sean denunciados y, en caso necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio.

¿Cuáles son estos delitos? ¿Cuáles son las normas procesales que se han de seguir para conocer de estos actos delictivos y para infligir o declarar las penas? Los estudiosos del Derecho Canónico se afanaron por dar respuesta a la cuestión, pero no tuvimos una verdadera respuesta hasta la nueva ley promulgada por el Papa Juan Pablo II en la Carta Apostólica dada motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del del 30 de abril, en la memoria de San Pio V, papa, año 2001. En el texto de la Carta Apostólica se presenta el contenido del motu proprio:

Aprobado por Nosotros el modo de proceder en el examen de las doctrinas1, era también necesario definir con más precisión tanto “los delitos más graves contra las costumbres y contra la celebración de los sacramentos, respecto a los cuales, permanece exclusiva la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, como también las normas procesales especiales para declarar o imponer las sanciones canónicas.

Por esta nuestra Carta Apostólica Motu Proprio dada, hemos completado este propósito y por ella promulgamos las Normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, estructuradas en dos partes distintas, la primera de las cuales contiene las Normas sustanciales, y la segunda las Normas procesales, mandando a todos los interesados que las observen atenta y fielmente. Las mismas Normas tienen fuerza de ley el mismo día que han sido promulgadas.

B. Modificaciones al motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Los cambios aprobados por el Papa Benedicto XVI el 21 de mayo de 2010, y dados a conocer por la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante la publicación en el sitio internet de la Santa Sede, el 15 de julio de 2010, son modificaciones al motu proprio del Papa Juan Pablo II, en la carta apostólica dada motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, del 31 de abril de 2001, por la que se promulgan las Normas sobre los graves delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Podría llamarnos la atención que en tan poco tiempo, en sólo nueve años, tengamos estas modificaciones al texto primitivo. ¿Cómo se explica? Por un lado, la gravedad del problema de los abusos a menores realizados en el ámbito de la Iglesia y la mayor conciencia que la Jerarquía en general y en particular el Papa Benedicto XVI han ido adquiriendo sobre el problema. La experiencia directa de lo que estaba ocurriendo y las dificultades concretas que se encontraba la Congregación para la Doctrina de la Fe para resolver los casos que le llegaban. También la presión de la opinión pública, dirigida por los medios de comunicación social. Por otro lado, la primera versión de las “Normas sobre los delitos más graves” había dejado en la sombra un aspecto presente en la Pastor bonus, que era lógico reincorporar. Lo estudiaremos al comentar el texto. Otro aspecto que ha influido en la necesidad de esta nueva intervención del Romano Pontífice modificando algunos de los puntos de la primera versión de las normas es la constatación de la insuficiencia de la estructura jurisdiccional de la Iglesia para hacer frente a este problema. Este aspecto está presente desde siempre y la superación del problema de falta de personal preparado requiere mucho tiempo y esfuerzos varios para que se vaya superando.

C. La forma en que han sido dados a conocer los cambios introducidos, constituye en sí misma un cambio profundo. La Congregación para la Doctrina de la Fe envió una Carta a los Obispos de la Iglesia Católica y a los demás Ordinarios y Jerarcas interesados acerca de las Modificaciones introducidas en la carta apostólica motu proprio data Sacramentorum sanctitatis tutela, en la que se comunicaba:

A nueve años de distancia de la promulgación de la Carta Apostólica Motu Proprio data «Sacramentorum sanctitatis tutela», relativa a las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, este Dicasterio ha considerado necesario proceder a una reforma del texto normativo citado, enmendándolo no íntegramente, sino solamente en algunas de sus partes, con el fin de mejorar su operatividad concreta.

Después de un atento y cuidadoso estudio de las reformas propuestas, los Padres de la Congregación para la Doctrina de la Fe han sometido al Romano Pontífice el resultado de las propias determinaciones, las cuales, con decisión del 21 de mayo de 2010, el mismo Sumo Pontífice ha aprobado, autorizando su promulgación.

Las normas han sido introducidas en el “focus” dedicado al tema del abuso de menores y la correspondiente respuesta de la Iglesia, que se encuentra en la home page del sitio de internet de la Santa Sede; las Normas aparecen en ocho idiomas. Junto a las Normas aparecen la Carta a los obispos de la Iglesia católica y a los demás ordinarios y jerarcas interesados en las modificaciones introducidas en la Carta apostólica en forma Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela; Las normas del Motu Proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” (2001): Introducción histórica; Breve relación sobre las modificaciones introducidas en las Normae de gravioribus delictis reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe; El significado de la publicación de las nuevas “Normas sobre los delitos más graves”: Nota del P. Federico Lombardi. Posteriormente fueron introducidos en el “focus”: a) diecinueve documentos pontificios relacionados con el problema y la intervención oficial de la Iglesia para afrontar la situación; b) veinticinco otros documentos de interés para la materia.

La diferente forma en que se ha hecho la publicación de las “Normas sobre los delitos más graves” del 2010 es abismal, si la comparamos con lo ocurrido con la Instrucción Crimen sollicitationis de 1922/1962, cuyo subtítulo decía: “servanda diligenter in archivo secreto curiae pro norma interna non publicanda nec ullis commentariis augenda”. Las “Normas sobre los delitos más graves” del 2001 fueron dadas a conocer mediante la Carta Apostólica dada motu proprio, por la que se promulgan las Normas sobre los graves delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 30 de abril de 2001, en la que se reproducen sintéticamente el contenido de las normas sustanciales y procesales, pero sin la publicación íntegra de la nueva normativa (AAS 93 [2001], pp. 738-739).

II. Estudio de las reformas o modificaciones que aparecen en el texto revisado de las “Normas sobre los delitos más graves”.

Primera Parte : NORMAS SUSTANCIALES

1) La jurisdicción penal de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

A. Los delitos contra la fe. La Constitución Apostólica Pastor bonus, del Papa Juan Pablo II sobre la Curia Romana, de 28 junio de 1988 determina la función de la Congregación para la Doctrina de la Fe en sus artículos 48 al 54. El Motu Propio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 de abril de 2001, haciendo eco al art. 52 de la Pastor bonus (“Examina los delitos cometidos contra la fe y también los delitos más graves cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos, que le sean denunciados y, en caso necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio”), señaló:

La Congregación para la Doctrina de la Fe, a tenor del art. 52 de la c.a. Pastor Bonus, conoce los delitos más graves cometidos tanto contra las costumbres como en la celebración de los sacramentos, y, cuando sea necesario, procede a tenor del derecho, común o propio, para declarar o imponer sanciones canónicas, quedando a salvo la competencia de la Penitenciaría Apostólica y permaneciendo firme la Agendi ratio in doctrinarum examine.

Como es claro del confronto de ambos textos, en el motu proprio de 2001 no se mencionan los delitos contra la fe, sino sólo los delitos más graves cometidos tanto contra las costumbres como en la celebración de los sacramentos. Por otro lado, el motu proprio enumeraba en su articulado específicamente sólo los más graves delitos cometidos tanto contra las costumbres como en la celebración de los sacramentos, pero no los delitos contra la fe. Este hecho dejaba en la sombra cuáles eran los delitos contra la fe a que se refería la Pastor bonus, aunque estaba fuera de duda que la Congregación para la Doctrina de la Fe tenía como función propia promover y tutelar la doctrina sobre la fe y examina los delitos cometidos contra la misma.

Las “Normas sobre los delitos más graves” de 21 mayo 2010, para corregir esta laguna, en su primer artículo, párrafo primero, introduce esta primera modificación:

La Congregación para la Doctrina de la Fe, a tenor del art. 52 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, juzga los delitos contra la fe y los delitos más graves cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos y, en caso necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio, sin perjuicio de la competencia de la Penitenciaría Apostólica y sin perjuicio de lo que se prescribe en la Agendi ratio in doctrinarum examine.

La modificación de las “Normas sobre los delitos más graves” introducida por la versión de 2010, tiene como finalidad disipar cualquier duda respecto a la función de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la promoción y tutela de la doctrina de la fe. Poco más adelante veremos cómo las “Normas sobre los delitos más graves” concretan cuáles son los delitos más graves contra la fe de los que la Congregación deberá encargarse.

B. Modificación al can. 1405, § 1. El párrafo segundo, del mismo artículo 1 de las “Normas sobre los delitos más graves, hablando de la potestad judicial de que está investida la Congregación para la Doctrina de la Fe, establece:

En los delitos de los que se trata en el § 1, por mandato del Romano Pontífice, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene el derecho de juzgar a los Padres Cardenales, a los Patriarcas, a los legados de la Sede Apostólica, a los Obispos y, asimismo, a las otras personas físicas de que se trata en el can. 1405 § 3 del Código de Derecho Canónico y en el can. 1061 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales.

El Romano Pontífice, por tanto, a través de estas Normas, encomienda a la Congregación para la Doctrina de la Fe, con potestad delegada: “por mandato del Romano Pontífice”, el derecho de juzgar a los Padres Cardenales, a los Patriarcas, a los legados de la Sede Apostólica, a los Obispos, lo cual es un derecho exclusivo del Romano Pontífice (cf can. 1405, § 1).

Asimismo –establecen las “Normas sobre los delitos más graves”– la Congregación para la Doctrina de la Fe tienen el derecho –y exclusivamente ella– de juzgar a las otras personas físicas de que se trata en el can. 1405 § 3: al Abad primado, al Abad superior de una congregación monástica, y al Superior general de los institutos religiosos de derecho pontificio; a otras personas eclesiásticas que no tienen Superior por debajo del Romano Pontífice.

C. Juzga a tenor de los siguientes artículos. La potestad jurisdiccional que le viene encomendada aquí a la Congregación para la Doctrina de la Fe, deberá ser ejercida a tenor de lo establecido en las “Normas sobre los delitos más graves”, aprobadas por el Romano Pontífice el 15 de julio de 2010, como expresamente se establece:

La Congregación para la Doctrina de la Fe juzga los delitos reservados de los que se trata en el § 1 a tenor de los siguientes artículos (Art. 1, § 3).

No son muchas las normas directamente procesales que contienen las “Normas sobre los delitos más graves” ni las normas de Derecho penal en ellas contenidas. El libro VI del CIC-83 tiene dos partes, una de principios generales: De los delitos y penas en general y una segunda parte sobre las penas para cada uno de los delitos. La primera parte, que contiene entre otras cosas determinaciones vinculantes sobre el sujeto pasivo de las sanciones penales, sobre la aplicación y cesación de las penas, se da por supuesta en estas “Normas sobre los delitos más graves”, pero no se explicitan. Eso es lo natural y correcto, pero hay que tenerlo en cuenta. Es lo que dice la última de las “Normas sobre los delitos más graves”:

En estas causas junto a las prescripciones de estas normas, a las cuales están obligados todos los tribunales de la Iglesia latina y de las Iglesias Orientales Católicas, se deben aplicar también los cánones sobre los delitos y las penas, y sobre el proceso penal de uno y de otro Código (Art. 31).

Pasamos a considerar en particular las modificaciones introducidas en las normas que regulan cuales son los delitos más graves de los que se ocupa como tribunal supremo la Congregación para la Doctrina de la Fe.

2) Los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe:

a) Los delitos contra la fe.

— Los delitos contra la fe, de los que se trata en el art. 1, son herejía, cisma y apostasía, a tenor de los cann. 751 y 1364 del Código de Derecho Canónico y de los cann. 1436 y 1437 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales (Art. 2 § 1).

La conveniencia de que queden expresamente determinados cuáles son los delitos más graves contra la fe es grande. En el campo penal la interpretación de la ley se rige por el can. 18, que instituye: “Las leyes que establecen alguna pena, coartan el libre ejercicio de los derechos, o contienen una excepción a la ley se deben interpretar estrictamente”. Además de esta razón de teoría del Derecho, hay una razón práctica que hacía urgente esta precisión: la salus animarum. Se ha podido constatar la ligereza que se da en algunos expositores en la forma de presentar la doctrina católica, llegando en ocasiones a enseñar verdaderas herejías. Sí, a veces son herejías: “Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma” (can. 751). En otras ocasiones se puede hablar incluso de cisma, “el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos” (can. 751). En algunos casos, más dolorosos, aunque menos comunes, se da apostasía: “el rechazo total de la fe católica” (can. 751). Estos son hechos que se pueden comprobar y de los que muchos se lamentan. Sin embargo, más de una vez, el silencio de los responsables ha dejado desconcertada a la Comunidad cristiana. El que estos crímenes queden claramente recogidos como delicta graviora y se conozcan las distintas responsabilidades sobre los mismos, se puede esperar que ayude a que sean corregidos tempestivamente.

— Además de lo dicho, el Art. 2, § 2 de las “Normas sobre los delitos más graves” de 21 mayo 2010 aclaran la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre estos delitos, precisando que:

En los casos de que se trata en el § 1 [del Artículo 2, es decir, los delitos contra la fe: herejía, cisma y apostasía], a tenor del derecho, compete al Ordinario o al Jerarca remitir, en caso necesario, la excomunión latae sententiae, y realizar el proceso judicial de primera instancia o actuar por decreto extra judicial sin perjuicio del derecho de apelar o de presentar recurso a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Posiblemente más de un Ordinario o Jerarca preferiría que toda esta materia quedase reservada a la Congregación para la Doctrina de la Fe, si no por otro motivo, teniendo en cuenta la falta de personal preparado en la circunscripción eclesiástica que le está encomendada. La Congregación para la Doctrina de la Fe, con sentido jurídico y práctico, ni quiere ni puede concentrar toda esta responsabilidad. Por eso, recuerda en este Artículo que “[...] compete al Ordinario o al Jerarca remitir, en caso necesario, la excomunión latae sententiae, y realizar el proceso judicial de primera instancia o actuar por decreto extra judicial sin perjuicio del derecho de apelar o de presentar recurso a la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

Las “Normas sobre los delitos más graves” de2010, no hacen más que recordar lo que está estableciedo en el can. 1355, § 2:

Si no está reservada a la Sede Apostólica, el Ordinario puede remitir una pena latae sententiae, establecida por ley y aún no declarada, a sus súbditos y a quienes se encuentran en su territorio o hubieran delinquido allí; y también cualquier Obispo, pero sólo dentro de la confesión sacramental.

“La remisión o dispensa de la pena impuesta o declarada es su cese causado por la autoridad competente; es el acto del superior competente por el que se perdona el débito al reo, y se refiere al perdón de las penas expiatorias y de las censuras, tanto en el fuero externo como en el interno. El término de absolución se emplea para indicar la remisión de las censuras en el fuero interno” (Aznar).

En palabras pobres, las penas en que se ha incurrido por los delitos de herejía, sisma o apostasía, en las condiciones apenas recordadas y las demás condiciones requeridas por el derecho, pueden ser dispensadas por el Ordinario.

También son responsabilidad del Ordinario la investigación previa de los cann. 1717-1719, y “realizar el proceso judicial de primera instancia o actuar por decreto extra judicial” (cann. 1720-1728). “Por el nombre de Ordinario se entienden en derecho, además del Romano Pontífice, los Obispos diocesanos y todos aquellos que, aun interinamente, han sido nombrados para regir una Iglesia particular o una comunidad a ella equiparada según el c. 368, y también quienes en ellas tienen potestad ejecutiva ordinaria, es decir, los Vicarios generales y episcopales; así también, respecto a sus miembros, los Superiores mayores de institutos religiosos clericales de derecho pontificio y de sociedades clericales de vida apostólica de derecho pontificio, que tienen, al menos, potestad ejecutiva ordinaria” (can. 134 § 1). En concreto, el Ordinario –cualquiera de los aquí enumerados–, cuando tenga noticias verosímiles de la comisión de algún delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, debe realizar la investigación previa del can. 1717. Una vez realizada la investigación previa, lo debe notificar a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cuál establecerá si se incoa un proceso o no, y si lo inicia el Ordinario o la misma Congregación.

— Por otro lado, todo esto se ha de realizar “sin perjuicio del derecho de apelar o de presentar recurso a la Congregación para la Doctrina de la Fe” (Art. 2, § 2). No se debe olvidar que la Congregación para la Doctrina de la Fe, a tenor del art. 52 de la Pastor bonus, juzga los delitos contra la fe y, en caso necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio. Tanto el imputado como el promotor de justicia, si se consideran agravados de la decisión tomada a nivel de la primera instancia o del decreto extrajudicial, pueden apelar o recurrir ante la Congregación para la Doctrina de la Fe.

b) Los delitos más graves contra los Sacramentos

Las “Normas sobre los delitos más graves” de 30 abril de 2001 únicamente consideraban dos sacramentos: los delitos más graves contra la santidad del augustísimo Sacrificio y sacramento de la Eucaristía y los delitos más graves contra la santidad del Sacramento de la Penitencia. Las “Normas sobre los delitos más graves” de 21 mayo de 2010 enumeran como delito más grave también la atentada ordenación sagrada de una mujer; que es un delito contra el Sacramento del Orden. Veamos en particular las modificaciones.



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