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UDEA: RÉGIMEN PENSIONAL Y CRISIS



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UDEA: RÉGIMEN PENSIONAL Y CRISIS
Junio 27 de 2002
La comunidad uniatlánticense, a través de algunos de sus voceros y organizaciones gremiales, siempre ha rechazado las pretensiones de algunos de sus directivos orientadas hacia la firma de contratos millonarios con el objetivo de realizar estudios sobre la situación financiera, académica y administrativa de la Universidad del Atlántico.
Las razones son varias: primero, porque es mucho lo que se ha dicho y escrito al respecto, a través de documentos y artículos diversos y dispersos que lo que ameritan es recogerlos, actualizarlos y sistematizarlo., segundo, porque la institución cuenta con programas y un gran número de docentes activos y jubilados, altamente capacitados, para realizar ese trabajo y presentar unas propuestas alternativas como solución a la crisis. Inclusive, es un campo propicio para que estudiantes de último año de los programas de Ingeniería Industrial, Economía, Administración o Contaduría apliquen creativamente sus conocimientos.
Sin embargo, nunca la comunidad se ha opuesto a que empresas privadas u otros organismos gubernamentales se apropien del asunto y por su propia cuenta y riesgo contraten y realicen tales estudios. Así lo hizo el Icfes, el cual, a través de la OEI, contrató, con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo-CID- de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, la realización de un estudio conducente a "identificar y precisar las características de la gestión financiera, académica y administrativa de la Universidad del Atlántico", que permitiera la elaboración de un plan de acción en una perspectiva de largo plazo. Igualmente, una empresa privada del departamento del Atlántico contrató con Fundesarrollo un estudio sobre: "las causas y consecuencias de la crisis financiera de la Universidad del Atlántico y sus perspectivas". El documento elaborado por el CID merece una consideración especial, porque muestra mucha seriedad y objetividad en su elaboración.
El informe final entregado por Fundesarrollo no agrega nada nuevo al debate. Por el contrario, tiene una particularidad: desenfoca las causas reales de la crisis al considerar que "la negociación de convenciones colectivas exageradamente onerosas en lo pensional y prestacional fueron el origen del problema". Al respecto, en el capítulo referido a las conclusiones y recomendaciones dice:
"La obtención de la pensión a los 20 años de trabajo y a cualquier edad y la conquista de prestaciones por antigüedad, primas de matrimonio, auxilios educativos, seguros de vida, entre otras, son la base del aumento exagerado de los gastos por servicios personales. Estas prebendas no se dan ni siquiera en las universidades públicas y privadas más prestigiosas del país, ni en regímenes especiales como los de ECOPETROL".
Esa afirmación, además de grosera y macartista, desconoce la realidad de las convenciones colectivas y solo pretende achacar las culpas de la crisis a "los privilegios" de profesores y trabajadores, sin mencionar que las reales causas de la misma están referidas al manejo irracional y corrupto que algunos directivos, en el pasado, le dieron al precario presupuesto universitario y a la aplicación de las convenciones colectivas.
En el mismo capítulo señala el documento: "Otros elementos que inciden en esta situación son los costos excesivos del retiro temprano de sus servidores, los incrementos excesivos de sueldos (por convención, como los otorgados por el decreto 1444/94) al personal activo, lo cual incide posteriormente en altas mesadas pensiónales".
Es esta otra formulación desafortunada, porque desconoce el origen del Decreto 1444/94. Este Decreto no era exclusivo en su aplicación para los docentes de Uniatlántico, fue concebido para todos los profesores de las universidades públicas del orden nacional. No es por lo tanto, el resultado de la firma de una convención colectiva. Además, no señala una sola prueba que indique que este decreto, que acaba de ser derogado por el decreto 1279/02, no se haya aplicado conforme a SU esencia, espíritu y formalidad.
Por otro lado, no entendemos cómo se atreven a presentar conclusiones y recomendaciones categóricas, cuando reconocen en la introducción que " fue imposible realizar el análisis de ciertos aspectos sensibles para la problemática financiera de la Universidad, debido a que no se suministró la suficiente información" (señalan 19 ítem sobre los cuales no recibieron información, entre ellos: "relación detallada de la procedencia de los incrementos en los puntajes del Decreto 1444, en el período 1.998-2.001- publicaciones, tesis cuadros etc."...).
Esas afirmaciones, por sí solas, demuestran que el estudio se realizó sin mayores fundamentaciones, utilizando, tal vez, las estigmatizaciones, las intrigas y las mezquindades de las informaciones de corrillos, pasadizos, cafeterías y paraderos universitarios que nunca faltan en un medio tan diverso y contradictorio, ideológica y políticamente, como el universitario. Valdría la pena que el Consejo Superior, y, demás directivos, elaboren una programación para debatir ambos documentos y lograr el consenso necesario para avanzar en la recuperación de la institución. Allí tendremos la oportunidad de profundizar estas apreciaciones que, por limitaciones periodísticas, hemos señalado superficialmente.
AUSENCIA DE PROYECTO ACADÉMICO
Julio 4 de 2002
El estudio de Consultoría (Universidad del Atlántico: sistemas académico, administrativo y económico-financiero) contratado por el Icfes con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo-CID-, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, es interesante porque refleja de una manera objetiva, sistemática y coherente el trabajo de los Consultores sobre las dimensiones estudiadas, y, además, porque, de alguna manera, el nos muestra las grandes preocupaciones e inquietudes que importantes sectores de la comunidad hemos venido presentando, sin encontrar eco en las altas esferas de la dirección académica-administrativa de la universidad.
Lo novedoso del estudio es la consideración de que el problema más importante que afronta la Universidad del Atlántico, en su componente académico, es la ausencia de un Proyecto Académico. Por supuesto, señala otros males, priorizados de acuerdo con su importancia e implicaciones, tales como: oferta académica no planeada, la desinstitucionalización, el precario desarrollo de la investigación, la inadecuada composición y formación docente y las deficiencias en la estructura orgánica.
A pesar de que el informe considera que el manejo financiero constituye una de las áreas claves para enfocar la acción, en el corto plazo, no centra la problemática central de la Universidad en lo económico, ni considera que la causa principal de la crisis financiera la constituyan los "privilegios" de los profesores y trabajadores, amparados en un régimen pensional "absurdo", como sí lo establecen los partidarios del desenfoque.
Sobre ese aspecto, vale la pena hacer varias observaciones: la última convención firmada por los profesores fue en el año de 1979 y solo pocos docentes han hecho uso del aspecto más polémico de los "privilegios" convencionales: la jubilación con 15 años de servicio a cualquier edad.
Las normas convencionales tienen un campo de aplicación estipulado por la ley y es la dirección de la Universidad la que establece el lleno de los requisitos. Si éstos han sido violentados, no es por culpa de los profesores y trabajadores. Los iónicos responsables son los directivos. Además, si en el pasado se han cometido errores e irresponsabilidades, es a la dirección de la Universidad a la que le corresponde subsanarlos y evitar que se sigan cometiendo. Por sabia decisión del sentido común, sabemos que el error no es fuente de derecho y, por lo tanto, no obliga a que se siga atropellando la norma. Que se revise lo que haya que revisar y si se hace a través del diálogo y el consentimiento, mejor aún. A más de un pensionado, cuestionado, le he escuchado su disposición para sentarse y definir con la dirección de la Universidad una salida al problema. Debe quedar claro que la crisis financiera no es causada por el régimen pensional, ella se debe fundamentalmente a la precaria disposición presupuestal y al irracional manejo que, las últimas direcciones corruptas, anteriores a la actual, le han dado.
Llama poderosamente la atención la diferenciación que establece el informe entre Proyecto Académico, Proyecto Educativo Institucional y Plan de Desarrollo. El primero no existe, porque, independientemente de que algunas individualidades tengan un proyecto académico válido para la institución, no hay un proyecto colectivo o compartido de Universidad -que comprometa al conjunto de la comunidad académica- y que, además, se exprese coherentemente en unas políticas, unas estrategias y unas acciones concretas. Es decir, que se manifieste en un Proyecto Educativo Institucional y en un Plan de Desarrollo. Pero la Universidad tampoco cuenta ni con lo uno ni con lo otro, porque la planeación institucional no existe y porque lo poco que se ha avanzado en esta materia, como no ha sido el resultado de un proceso de diálogo abierto y franco con la participación de la comunidad, no ha logrado desarrollar ni el sentido de pertinencia ni el de pertenencia. Desde 1.986 se han nombrado comisiones técnicas para tal fin, con el pago de primas de exclusividad, y hasta la fecha no existen documentos formales confiables y válidos para toda la comunidad universitaria.
El Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo son la traducción, en distintos niveles de concreción, del Proyecto Académico. En el primero se establecen las políticas y objetivos generales de la institución, a largo plazo, en tanto que en el segundo se persigue llevar esas políticas y esos objetivos al terreno de la práctica académica. Pero aún sin Proyecto Académico compartido, la institución debería tener y manejar una cultura de la planeación a todos los niveles, que nos impida la respuesta improvisada a los afanes del momento.
Mientras no se supere la crisis de dirección histórica que nos afecta y que se traduce en un Consejo Superior sin proyecto Académico, sin vocación y sin sensibilidad universitarias, la institución continuará en suspenso.

LA CUESTIÓN DEL PESTALOZZI
Julio 11 de 2002
Desde mucho antes de la muerte del profesor Alberto Assa, fundador del Instituto Pestalozzi, colegio de bachillerato anexo a la facultad de Educación de la Universidad del Atlántico, existe la polémica acerca de la naturaleza, carácter y sentido de esa institución. La idea ha sido responder a la vieja inquietud de su fundador: el Pestalozzi debe servir para las prácticas docentes y, al mismo tiempo, ser el laboratorio para la actividad investigativa en el campo de la pedagogía.
Se trata entonces de un debate que arranca desde sus orígenes mismos, pero que con el correr del tiempo ha adquirido connotaciones de carácter eminentemente económicas y fiscales. Hoy nadie discute si ese Instituto puede o no ser un laboratorio de investigación pedagógica. Lo que casi todos señalan es que si en más de 40 años de existencia su razón de ser esencial no se ha dado, lo más conveniente es que se le entregue al Departamento o al Distrito, porque representa para la Universidad una carga económica que ha contribuido a agravar más su crisis financiera.
Los estudios que se han realizado sobre la Universidad, en su inmensa mayoría, apuntan a justificar el señalamiento anterior. En esta columna me he venido refiriendo a los dos últimos, por el interés que hacia ellos ha mostrado la comunidad, me refiero: al de Fundesarrollo y al del CID, de la Facultad de Ciencias Económicas del Universidad Nacional de Colombia. El primero, sobre el asunto en cuestión, señala algunos aspectos que merecen ser debatidos públicamente, no con el ánimo pendenciero de realizar señalamientos macartistas y continuar con la política del desenfoque, sino, más bien, con la finalidad urgente de adoptar los correctivos a que haya lugar. Veamos:
... "Otro elemento crucial que ha afectado las finanzas universitarias es el reconocimiento de los profesores del Instituto como docentes de la Universidad y la extensión que se hizo de los privilegios convencionales a los profesores de este centro educativo... En la actualidad la Universidad que en su debido momento reconoció a los profesores del Instituto como parte de sus gastos no encuentra la forma de pagarles y reconocerles todos los derechos convencionales adquiridos.

... Por su parte el Ministerio de Hacienda... no reconoce a los profesores del Instituto Pestalozzi como beneficiarios de los gastos nacionales de educación superior... En el 2.001 el valor de la mesada de profesores activos del instituto que pagó la Universidad fue de $97.883.231, lo que implicó gastos anuales de nómina de $1.174.598.772, es decir, el Pestalozzi absorbió el 4.52% de lo presupuestado..."


En las recomendaciones, el informe sugiere lo de siempre: proponer a la administración departamental o distrital el traslado del Instituto para que sea atendido con recursos del departamento o del municipio.
Creo que en el informe hay una confusión. No es que la Universidad aplique a los docentes del Pestalozzi la convención firmada con los profesores de la Universidad. Lo que sucede es que el Instituto, a través de su organización gremial, firmó con la dirección de la universidad su propia convención. Si existen coincidencias a ese nivel, es por la sencilla razón de que hay un patrón común.
El otro problema es la vieja discusión: si los beneficios convencionales deben aplicarse únicamente a quienes tenían los derechos adquiridos hasta el momento de la firma de la convención o si es válida la extensión y proyección de dichos privilegios en el tiempo. Es decir, ¿se les deben aplicar a quienes se han vinculado en los últimos años?. ¿Quién decide esta situación?. Por supuesto, el gobierno de la Universidad amparado en las leyes vigentes. Los profesores tendrán que acatar la situación o por la vía de la negociación o de la imposición legal. Particularmente creo que en el fondo el problema del Pestalozzi es un problema más académico y administrativo que financiero. Hoy no cumple con sus funciones esenciales y consustanciales por varias razones: la crisis de dirección de la Facultad de Educación y del Instituto que no han permitido jalonar los procesos académicos de esa institución hacia cambios reales y concretos y, además, la inexistencia compartida de un Proyecto Académico que oriente el quehacer de sus directivos, docentes y practicantes.
¿Cuál es la salida?. A mi entender, redefinir su dirección en forma urgente, diseñar desde la Facultad de Educación un Proyecto Académico acompañado de un plan operativo y un cronograma al final del cual se muestren resultados. El plan debe incluir una única jornada y la posibilidad que docentes calificados de la Facultad de Educación presten sus servicios y asesorías en el Instituto. La finalidad debe ser convertir al Instituto en un verdadero laboratorio para las prácticas docentes y la actividad investigativa en el campo pedagógico. Por su parte, el Departamento y el Distrito deben hacer sus aportes económicos y financieros sin exigir como contraprestación el manejo burocrático. Es una buena oportunidad para que el Gobernador y el Alcalde demuestren su interés en solucionar los problemas de nuestra querida Alma Mater y de la educación en el Departamento y el Distrito.

UNA POLÍTICA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN
Julio 18 de 2002
Me veo obligado a seguir refiriéndome a los estudios que se han realizado sobre la Universidad del Atlántico por el impacto que ellos han causado en sectores importantes de la comunidad universitaria, y, porque, de alguna manera, se hace necesario incentivar y sensibilizar a quienes, aún siendo miembros de la institución, se muestran y comportan como cuerpos ausentes.
Es lamentable que 15 días después de recibirse los informes, no se hayan realizado los correspondientes análisis escritos para asumir colectivamente una posición consecuente frente a los mismos. Ni siquiera los sectores que se supone deben tener mayor interés, se han pronunciado sobre el particular. Me refiero, muy especialmente, a las organizaciones gremiales: Asojua, Aspu, Sintraumicol, Asproinspes y la Asociación de Docentes Contratados.
Por su parte el Consejo Superior Universitario, sólo se limitó a exigirles a los Consultores la presentación pública de los documentos, y luego en privado, los avaló y aceptó como marco de referencia para avanzar en la reestructuración de la Universidad. ¿Eso basta?. No es la primera vez que el Consejo Superior aprueba documentos y luego los abandona a su suerte. Cada nuevo Rector que llega a la institución nombra una comisión, elabora un documento, el Consejo los aprueba y como no hay seguimiento ni interés académico en los miembros de este organismo, muy pronto se les olvida su existencia. Así, de esta manera, todo transcurre anormalmente, dinamizado por la politiquería y el clientelismo que se constituyen en el caldo de cultivo del interés burocrático de sus dignatarios.
El aspecto que voy a comentar, (La investigación en la universidad), está contenido en el resumen ejecutivo-informe final, entregado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo-CID- de la Universidad Nacional de Colombia (Cap.4). Este apartado del informe está dedicado al Diagnóstico Global y a las Recomendaciones, en donde se tocan aspectos tales como: ausencia de proyecto académico, oferta académica no planeada, desinstitucionalización, precario desarrollo de la investigación, inadecuada composición y formación docente.

En la parte correspondiente del documento se puede leer lo siguiente: "... La oferta académica, en la Universidad del Atlántico, entendida, por un lado, como el conjunto de programas curriculares, de investigación y extensión y, por otro, como la forma en la cual se gestionan los mismos, presenta agudos problemas en la medida en que no se llevan a cabo ejercicios serios de planificación y control en todas las instancias conocidas.


En la Universidad del Atlántico no se realiza una adecuada planeación de la oferta curricular con criterios de pertinencia académica ni de vinculación con el entorno. Como no es claro para ninguno de los actores el rumbo que debe tomar la universidad en materia académica... es común la apertura de programas sin un análisis previo de factibilidad financiera, logística y de recursos docentes, ni un análisis de impacto académico, lo cual disminuye notablemente la viabilidad de los programas creados en esas condiciones.
De manera similar la ausencia de un Proyecto Académico que defina el rumbo de la Universidad en materia de investigación y de una política de gestión docente que privilegie la vinculación permanente de profesores con un alto nivel de capacitación, ha dificultado la articulación de los esfuerzos aislados en las unidades académicas y ha impedido la puesta en práctica de una política de investigación integral. Así se está todavía lejos de la consolidación de una comunidad científica agrupada alrededor de la investigación y la academia: el esquema imperante es el de esfuerzos aislados y desarticulados, que derivan en trabajos de poco impacto para el desarrollo científico, humanístico y tecnológico de la Universidad y de la Región."
Con esas apreciaciones estamos de acuerdo. Entre otras cosas, porque no es la primera vez que se dicen y porque sobre el particular hemos escrito muchos docentes. Pero, ¿por qué el diagnóstico no ubica directamente las razones por las cuales no hay planeación?. ¿Quién planifica?. ¿Qué papel ha cumplido y cumple el Consejo Superior, si es el organismo encargado de elaborar las políticas académicas a su más alto nivel?. ¿Por qué no existe una política integral de investigaciones?. ¿Sólo porque no hay un Proyecto Académico, es decir un proyecto compartido de universidad?. ¿O será porque la crisis de dirección institucional lo ha impedido?. Existe una ley biológica perfectamente aplicable a los organismos e instituciones culturales: si la cabeza no funciona o lo hace con desviaciones o anomalías psíquicas el organismo, o en este caso la institución, se paraliza o actúa sin la orientación debida.
No bastan los esfuerzos de la Rectoría, quien acertó al nombrar hace varias semanas en la dirección del Departamento de Investigaciones a la profesora Rafaela Vos Obeso, una brillante profesional que, si cuenta con el apoyo y el respaldo institucional, puede desarrollar una magnífica labor. Por supuesto, deberá trabajar en equipo y entender que sin una política integral de investigaciones los esfuerzos serán en vano.


LA PROYECCIÓN DE LA UDEA

Julio 25 de 2002
En el informe de la Universidad Nacional de Colombia que he venido comentado, al referirse a la Función Extensión en la Universidad del Atlántico, el diagnóstico es contundente: “...son notorios los problemas de gestión que afronta..., derivados, ante todo, de una errónea interpretación de la Extensión como un simple mecanismo para la consecución de recursos para las demás actividades académicas: la Vicerrectoría de Extensión es el órgano encargado de establecer las políticas generales de esta materia. Sin embargo, en II actualidad se dedica únicamente a la ejecución de algunos proyectos (utilizando los recursos materiales de la universidad pero con personal académico externo), y ha olvidado su tarea principal de dotar de un referente estratégico los esfuerzos que en esta área se han adelantado desde las facultades. Por su parte, éstas realizan actividades de extensión, más como respuestas a necesidades particulares de recursos, que atendiendo a una estrategia deliberada que defina campos específicos de interacción con el entorno". Más adelante el informe de Consultoría, en las Recomendaciones sobre la estructura académica, es claro:... "Se propone la supresión de la Vicerrectoría de Extensión en virtud de que no ha cumplido ni tiene posibilidades institucionales de cumplir con lo que se espera de ella: la proyección de las políticas de la universidad en materia de proyección universitaria. Como alternativa, se propone que en la nueva estructura las actividades de extensión se concentren en cada facultad de acuerdo a las áreas respectivas de conocimiento. Dentro de este marco, el direccionamiento de la función Extensión en la universidad quedaría a cargo de un comité d Investigación y Extensión, asesor de la Vicerrectoría Académica".
Si leemos el documento original que dio vida a lo que es hoy esa dependencia, nos damos cuenta que la razón de ser, para el cual fue concebida, está claramente definida. Inclusive, en un escrito publicado para la época, en Gaceta Universitaria, este servidor escribía: "La Función Extensión es esencial y primordial para la vida de una universidad. No puede seguir a la deriva, como en efecto lo está, articulada a medias a las distintas facultades sin responsabilidades concretas y precisas y, sobretodo, sin una política global que articule e integre el conjunto de las pocas actividades de proyección y promoción universitarias que se hacen".
El concepto que manejábamos quienes participamos en la discusión del proyecto, era el de entregar a esa función la dimensión que se merecía dentro de la estructura de la universidad. La idea central era que la Vicerrectoría centralizara las distintas iniciativas derivadas desde las unidades académicas, conforme a las líneas de acción establecidas por el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo. En este debate y su dinámica, fue muy importante la participación de nuestro distinguido docente Lisandro Vargas Zapata (q.e.p.d.), a quien le correspondió ser su primer Vicerrector. En algunas universidades, como la Universidad de Antioquia, por ejemplo, esta Vicerrectoría cumple un papel de primer orden dentro de la estructura académica de la institución. En la Universidad del Atlántico la situación ha sido distinta. Los niveles de politiquería y clientelismo han impedido que a la dirección de la Vicerrectoría lleguen personas con la suficiente formación y capacidad para afrontar los retos que su manejo y dirección implica. Esta dependencia ha sido concebida para resolver problemas de reparto burocrático y para complacer a familiares de altos dignatarios de la Nación, mas no, para cumplir con los altos designios que una clara misión y visión universitarias plantea. El problema, entonces, no es de la dependencia. El radica en la alta dirección de la Universidad (Consejo Superior), que con sus prácticas clientelistas y burocráticas ha impedido que la meritocracia sea al único y verdadero criterio para designar a los altos dignatarios de la institución. Le corresponde al actual Rector Juan Romero Mendoza, recientemente ratificado, tener en cuenta el consenso generalizado de que para avanzar en la dirección correcta debe recomponer su equipo de dirección y abocar con urgencia las reformas que se requieren para lograr, de una vez por todas y sin más demoras, la universidad que queremos y con la cual seguiremos soñando: una universidad de cara a la región y con altos niveles de desarrollo académico. Nuestra referencia obligada, en el plano académico, cuando hablamos de crisis y superación, no es ninguna de las universidades de la localidad y la Costa, pues marchamos a la par o a un nivel muy superior. Nos comparamos con las grandes universidades del mundo y del país, entre éstas la Universidad Nacional de Colombia que es nuestro principal referente. Como prerrequisito para emprender esas reformas, a la comunidad académica nos corresponde elegir auténticos representantes al Consejo Superior Universitario y exigir al nuevo Presidente de Colombia, a su Ministro de Educación, a los gremios de la ciudad y a los exrectores designar como sus representantes a personalidades académicas no comprometidas con la politiquería y el clientelismo, por el contrario, comprometidas con los más sanos y dignos intereses universitarios de la Región y la ciudad.



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