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Promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas



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Promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

32. El pasado 17 de noviembre, se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entrará en vigor en enero de 2018. Se anexa Ley General aprobada.

33. En la redacción del proyecto de Ley aprobado, participaron organizaciones de la sociedad civil, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asimismo se tomaron en cuenta las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, además de considerar la opinión de las instituciones gubernamentales, particularmente aquellas encargadas de ejecutar esta normativa en forma directa.

34. Destacan los siguientes elementos de la recién adoptada Ley General:



  • Los delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, serán continuos e imprescriptibles, como lo establecen las convenciones internacionales;

  • Las penas previstas para quienes incurran en estas conductas serán de cuarenta a sesenta años, y multa de diez mil a veinte mil días de salario mínimo;

  • Se establece un Sistema Nacional de Búsqueda; una Comisión Nacional de Búsqueda; y mecanismos para el intercambio de información y registros nacionales importantes;

  • Se ordena la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas;

  • Se establece un Registro Forense con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las entidades federativas, las cuales deben estar interconectados en tiempo real;

  • También se sanciona la desaparición que cometan los particulares sin la intervención de las autoridades. El castigo por desaparición cometido por particulares será de veinticinco a cincuenta años de prisión;

  • Igualmente, se cuenta con un capítulo dedicado exclusivamente a disposiciones generales para personas menores de 18 años de edad.

35. Por lo que hace al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, éste funcionará de manera transversal, lo cual permitirá la articulación de las dependencias de seguridad pública y las de procuración de justicia para la búsqueda de personas, generando una estancia inmediata para la atención temprana para el inicio de la búsqueda de alguna persona, por extravío o por no localizarse.

36. Esta Ley permitirá establecer una nueva política pública enfocada en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.



Alegación general del 9 de junio de 2017

1. Por medio del presente informe, los Estados Unidos Mexicanos, en adelante “Estado mexicano” o “Estado”, se permiten responder a la Alegación General emitida por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria, en adelante “Grupo de Trabajo”, de fecha 09 de junio de 2017.

2. En la Alegación, el Grupo de Trabajo señala que, de acuerdo con la información que le fue transmitida, los familiares de personas desaparecidas enfrentan diversos obstáculos para localizar a sus seres queridos, por lo tanto se pretende que el Estado mexicano proporcione información relevante sobre los avances en la materia.

3. En adelante, el Estado mexicano se permitirá abordar cada uno de los puntos solicitados.



Si los hechos relatados en la alegación son exactos. Si no es así, ¿cuáles son los hechos reales?

4. El Estado mexicano reconoce que enfrenta numerosos desafíos en la atención a familiares de personas desaparecidas; también reconoce la necesidad de crear un registro nacional que, a través de su base de datos, permita identificar con mayor agilidad a las víctimas y conocer la magnitud del problema.

5. En este sentido, se informa que el compromiso del Estado sobre el respeto a los derechos humanos se demuestra con la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, la cual entrará en vigor en enero de 2018. El Estado mexicano es consciente de que las medidas legislativas no combaten por si solas la problemática en la materia, sin embargo constituyen una herramienta fundamental que establece las bases de las políticas públicas en la materia. Además, la ley general permitirá homologar el tipo penal de desaparición forzada de personas y asegurar las estructuras necesarias para garantizar los derechos de las víctimas.

6. El Estado mexicano reconoce que el problema de la desaparición forzada de personas requiere una atención integral, que considere los derechos de los familiares de las víctimas y fortalezca la capacidad de reacción inmediata de las instituciones en la búsqueda de personas y en los procesos de investigación; por tanto, el gobierno se encuentra trabajando en desarrollar e instrumentar las mejoras necesarias para combatir este fenómeno.



¿Qué medidas han sido adoptadas por el Estado mexicano para superar los obstáculos existentes en la búsqueda y localización de las personas sometidas a desaparición forzada, más allá de los importantes impulsos de la Ley General?

7. La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, permitirá al Estado mexicano contar con un marco normativo adecuado en materia de desaparición forzada de personas, lo cual incidirá positivamente en las políticas públicas y en el fortalecimiento institucional para atender esta problemática.

8. Es importante señalar que la Ley no solamente será aplicada por Ministerios Públicos, sino que además sienta las bases para poner en marcha los cambios necesarios para hacer de manera integral al fenómeno de las desapariciones en México. En consecuencia, implica diversas políticas públicas, que incluyen modificaciones de carácter administrativo y presupuestal: así como el establecimiento de andamiaje institucional. Ello permitirá fortalecer la actuación del Estado mexicano con el fin de abatir la situación de desapariciones forzadas, contando además con mayor certeza jurídica para lograr el esclarecimiento de los hechos, la rendición de cuentas y la garantía del derecho a la justicia de las víctimas.

9. En la respuesta la alegación general de septiembre del 2013 se detallan los aspectos más relevantes de la Ley y las políticas públicas que a partir de ella se instituyan, entre ellas el Sistema Nacional de Búsqueda; el Registro Nacional de personas Desaparecidas (RNPED) y No Localizadas; el Registro Nacional Forense y el Consejo Nacional Ciudadano; el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada; así como el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a través de la puesta en marcha –entre otras medidas- del Sistema Institucional de Información y Estadística (SIIE).

10. Con la finalidad de complementar dicha información, se destaca la atención integral a aquellas personas que así lo requieren, mediante sesiones de atención psicológica -individual y/o comunitaria- durante los procesos de denuncia, acciones de búsqueda, notificaciones ministeriales, localización de personas y restitución de restos humanos.

11. Este proceso ha permitido evaluar la existencia de patrones en los perfiles de las víctimas, sujetos activos e identificación de locaciones relevantes, entre otros, precisando que dichas acciones concretas de análisis y evaluación han permitido generar un mayor número de líneas de investigación dentro de las indagatorias, situación que refuerza las posibilidades de localizar a las personas desaparecidas.

12. Asimismo, se destaca que la Procuraduría General de la República ha otorgado un tratamiento prioritario a la promoción de proyectos de cooperación internacional para la investigación de desaparición forzada, por ejemplo a través de la firma de un acuerdo de asistencia técnica con la Agencia de Cooperación Alemana, el cual centra su asistencia en: a) investigaciones penales; b) técnicas forenses; y c) apoyo a familiares de las víctimas de personas desaparecidas o no localizadas.

13. Desde su implementación en el 2015, se han celebrado 26 reuniones técnicas e interinstitucionales entre la Agencia Alemana y PGR, así como 16 cursos que han beneficiado a funcionarios de otras instituciones federales, como Policía Federal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Procuradurías estatales. Los mismos han contemplado mesas redondas, cursos teóricos y prácticos de búsqueda de personas, capacitación del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana, talleres para el uso del cuestionario para recolectar datos de personas no localizadas, alimentación de la Base de Datos AM/PM (Ante Mortem/Post Mortem) para las Delegaciones de PGR, trato a víctimas y mesas de trabajo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y capacitación en manejo de evidencias, cadena de custodia y técnicas de entrevista e interrogatorio en materia de desaparición forzada.

14. Adicionalmente, se coordinó una visita de expertos alemanes a los laboratorios de la Coordinación General de Servicios Periciales de la institución, para que conocieran las buenas prácticas, y posteriormente se emitieran los comentarios y sugerencias que podrían mejorar dichos trabajos y se ha propuesto la continuación del proyecto teniendo como objetivo profundizar las actividades de asistencia técnica, concluyendo un mayor enfoque en la protección de las víctimas.

¿Qué medidas específicas se han tomado para el entrecruzamiento de la información genética de los familiares de los desaparecidos y los restos hallados en las fosas clandestinas?

15. Desde octubre de 2015, la Procuraduría General de la República cuenta con una Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se encarga de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda de personas; la Fiscalía cuenta con alrededor de 120 funcionarios y se encuentra en etapa de fortalecimiento.

16. De igual forma, la Fiscalía trabaja en la integración de un Registro Nacional de Fosas Clandestinas, un banco de datos de ADN que busca ser el más completo de América Latina y ha recurrido al uso de drones para la localización de víctimas. Asimismo, cuenta con una “Base de Datos AM/PM” creada a partir de un convenio suscrito con el Comité Internacional de la Cruz Roja “CICR”; esta base de datos es alimentada con información sensible y útil para la búsqueda en vida y para la identificación de personas fallecidas.

17. Con el acompañamiento técnico del Comité Internacional de la Cruz Roja, se realiza el llenado de formatos del cuestionario y toma de muestras genéticas Ante Mortem (AM) a las víctimas indirectas, con el objeto de obtener información detallada de las víctimas directas para coadyuvar en los procesos de búsqueda y localización. Este formato genera datos para la conformación del sistema de gestión de información y base de datos AM/PM, para la confrontación de información para la búsqueda de personas desaparecidas con vida y forense. Al 15 de septiembre del presente año en la base de datos de la Fiscalía, se tiene registro de 1,012 cuestionarios Ante Mortem.

18. Por último, se subraya que el Estado mexicano se empeña en atender las observaciones y recomendaciones de los organismos y mecanismos internacionales que dan seguimiento a los instrumentos de los cuales México es Parte, a fin de mantener y fortalecer la cooperación en materia de derechos humanos. El Estado reitera su compromiso por continuar en este proceso de mejoras al sistema nacional en la implementación y resguardo de los derechos fundamentales.

Alegación General del 10 de abril de 2017

1. Por medio del presente informe, los Estados Unidos Mexicanos, en adelante “Estado mexicano” o “Estado”, se permite responder a la alegación general del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, en adelante “Grupo de Trabajo”, de fecha 10 de abril de 2017, con relación a los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a medidas relativas a la asistencia social y para obtener reparación, en el marco de la aplicación de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en México.

2. En la alegación señalada, el Grupo de Trabajo indica que, de acuerdo con la información que le fue transmitida, en el derecho mexicano existen diferentes vías y mecanismos a nivel estatal y federal para obtener la asistencia o la reparación del daño causado, cuando ocurre una violación de los derechos humanos; las cuales aplican tanto en casos de desaparición forzada, como en casos de desaparición cometidas por particulares.

3. Al respecto, el Grupo de trabajo señala que acuerdo con la información disponible, si la violación de derechos humanos se considera un delito, la vía penal tiene como uno de sus fines la reparación del daño; por otra parte, si se acredita en el marco de una investigación sobre una violación de los derechos humanos, las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos e instituciones similares de cada Estado, tienen facultades para determinar o solicitar a las autoridades tanto medidas de asistencia como recomendar medidas de reparación.

4. Adicionalmente, se cuenta con el Sistema de Víctimas, creado a partir de la Ley General de Víctimas (LGV) y de las correspondientes Leyes de Víctimas a nivel estatal, donde se establecen medidas de asistencia, atención, apoyo y reparación integral.

5. Finalmente, se encuentran las vías jurisdiccionales, como el Amparo y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cuyos efectos para reparar a las víctimas de desaparición son limitados.

6. A pesar de la existencia de dichos mecanismos, el Grupo de Trabajo asevera que no se ha documentado un solo caso en el cual las víctimas hayan recibido medidas de reparación integral.

7. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo solicitó al Estado mexicano dar respuesta a las siguientes cuestiones:



  • Si los hechos relatados en la presente alegación son exactos. Si no es así, ¿cuáles son los hechos reales?

  • ¿Qué medidas han sido adoptadas por el gobierno mexicano para superar los obstáculos existentes en la provisión de medidas de asistencia social y reparación adecuada a las y los familiares de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria?

  • ¿Qué medidas específicas existen con respecto a las personas migrantes desaparecidas en México?

8. Al respecto, el Estado mexicano da respuesta a las cuestiones planteadas por el Relator Especial.

Exactitud de los hechos relatados en la alegación y precisiones adicionales

9. En lo que respecta a los señalamientos del Grupo de Trabajo en torno a la labor de la Suprema Corte de Justicia, el Estado mexicano informa que las decisiones de la SCJN han abordado la temática de las violaciones graves a derechos humanos. Asimismo, la SCJN se ha pronunciado respecto al carácter de víctima, y sus criterios jurisprudenciales han abonado a ampliar los efectos del juicio de amparo, a fin de garantizar una protección más amplia de las personas que acuden a impugnar actos u omisiones violatorias a derechos humanos.

10. Durante los últimos años, la SCJN ha construido criterios que privilegian las reparaciones integrales, toda vez que ha adoptado una perspectiva que analiza caso por caso la pertinencia de trascender los efectos únicamente restitutorios y atender situaciones de desapariciones forzadas o involuntarias, así como otras violaciones graves a derechos humanos, mediante resoluciones que aborden un entendimiento amplio del efecto reparador.

11. A continuación se analizan los efectos reparadores del juicio de amparo y se enuncian algunas resoluciones de la SCJN en la materia.

12. De conformidad con la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario que tiene como finalidad exclusiva la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando el acto reclamado es de carácter negativo o implique una omisión, la restitución consiste en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a exigir su cumplimiento.

13. Por otra parte, cuando el acto reclamado lo constituye una ley general, la sentencia debe determinar si ésta es constitucional o inconstitucional, de tal manera que si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todos los actos cuya validez dependa de la norma invalidada, aclarando que dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso.

14. Adicionalmente, la Ley de Amparo contempla un procedimiento denominado “incidente de cumplimento sustituto”, a través del cual, pueden establecerse indemnizaciones económicas de manera extraordinaria, en los casos en los que sea imposible restituir al quejoso el derecho violado. No obstante lo anterior, el pago de la indemnización está condicionado a la aportación de elementos que prueben la existencia del daño y de un nexo causal entre la actuación de la autoridad responsable y los daños ocasionados.

15. En lo que respecta a los efectos reparatorios del juicio de amparo, destacan las siguientes medidas:



Compensación económica

16. Es una medida de reparación que busca indemnizar el daño causado, cuando la restitución resulta insuficiente ante el daño causado. La compensación económica sólo puede decretarse una vez que se han establecido los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad; para ello es necesario acreditar la atribución de la conducta consistente en una acción u omisión, la existencia del daño y el nexo causal entre la conducta y el daño respectivamente. En los casos en los cuales en un juicio de amparo directo se analiza la constitucionalidad de una sentencia definitiva y se decreta una medida de indemnización a fines de reparar el daño causado, los tribunales tienen la facultad de pronunciarse respecto de la actualización de los elementos que permiten atribuir a una persona la atribución del daño y determinar si el cálculo del monto es correcto. En ese sentido, la compensación económica no está a cargo del juicio de amparo, sino en el juicio de origen, en el cual se solicitó dicha compensación como medida de reparación para hacer frente al daño causado por la contraparte del quejoso, la cual, eventualmente puede tratarse de una autoridad en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado.



Medidas de reparación no pecuniarias y medidas de satisfacción

17. Los tribunales del Poder Judicial de la Federación atienden los casos de desaparición forzada en función de lo dispuesto en la Ley de Amparo. En diversas resoluciones, la SCJN, ha considerado que las sentencias estimatorias de amparo constituyen en sí mismas una medida de satisfacción, toda vez que la declaratoria sobre la existencia de una violación a derechos humanos contribuye a restaurar la dignidad de las personas afectadas. Por ello, el criterio de la SCJN sostiene que las medidas restitutorias y las sentencias de amparo son suficientes para contribuir a la reparación integral de las víctimas de una violación a derechos humanos.

18. Lo anterior retoma la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kruslin v. Francia, en el cual se afirma que de acuerdo a las circunstancias del caso, la declaración sobre la existencia de una violación, concede a la víctima la suficiente satisfacción por el daño alegado, por lo que es innecesario conceder una compensación pecuniaria3.

Garantías de no repetición

19. Al respecto, la Ley de Amparo contempla instituciones que pueden otorgarse en favor de las y los quejosos, a efecto de evitar una nueva vulneración a derechos humanos, lo cual beneficia a personas en situaciones similares. A efecto de ilustrar lo anterior, el Estado mexicano se remite al artículo 78 de la Ley de Amparo, en el cual se contempla la desaplicación de la norma, en aquellos casos en los que se resuelve la inconstitucionalidad de una norma general, con el objetivo de que no se vulneren derechos humanos, a través de un acto legislativo tanto a la persona que obtuvo el amparo, como a casos futuros. Aunado a lo anterior, la declaratoria general de inconstitucionalidad, prevista en los artículos 231-235 de la citada Ley, funge como una garantía de no repetición, toda vez que expulsa del ordenamiento a la norma declarada inconstitucional por menoscabar derechos humanos; evitando así violaciones futuras.

20. En materia de reparación resultan relevantes las siguientes decisiones adoptadas por la SCJN.

Compensación a víctimas de violación a derechos humanos. Autoridad competente para determinar su monto por concepto de reparación del daño

21. La Segunda Sala de la SCJN determinó que la Ley General de Víctimas y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no generan un conflicto competencial a efecto de determinar el monto que debe otorgarse a la víctima por concepto de compensación –como elemento integrante de la reparación integral- toda vez que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral debe entenderse en el marco de un ámbito de complementariedad respecto de las indemnizaciones otorgadas a la víctima4.



La reparación del daño derivada de la comisión de un delito se rige por los principios constitucionales de la indemnización justa e integral

22. La Primera Sala de la SCJN en la tesis aislada 1ª. CCCXC/2015 determinó que una de las obligaciones reforzadas frente a las víctimas de la comisión de un delito (especialmente cuando se trata de menores de edad) conlleva la actuación oficiosa del juzgador, para dictar todas las diligencias necesarias a efecto de determinar la cuantificación del daño y la reparación de éste. Para ello es necesario considerar la esfera íntegra de los derechos específicos, la afectación material directa y valorar el desarrollo previsible futuro5.

23. En materia de equidad de género, el Pleno de la Suprema Corte estableció que en aquellos casos en los casos de violaciones a derechos de las mujeres, las medidas de reparación deben contemplar no sólo la reparación integral del daño, sino que deben tener una vocación transformadora, a efecto de incorporar en el proceso un efecto restitutivo y un efecto correctivo, a fin de hacer frente a la situación estructural de violencia y discriminación6.

24. Adicionalmente, a los lineamientos en materia de reparación desarrollados en la jurisprudencia de la SCJN se añaden los siguientes criterios incorporados en diversos amparos en revisión:



  • En el amparo directo en revisión 1068/2011 l SCJN reconoció que el derecho a una indemnización integral es un derecho sustantivo, cuya extensión debe titularse en favor de los gobernados y éste no debe restringirse en forma innecesaria, salvo que se persiga una finalidad constitucionalmente válida en pos del bienestar general7;

  • En la sentencia del amparo en revisión 476/2014 la Primera Sala de la SCJN determinó que la obligación de reparar a las víctimas cuando se ha concluido que existe una violación a los derechos humanos, es una fase imprescindible en el proceso de acceso a la justicia. De lo anterior se concluye que cuando existe una violación de derechos humanos el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades. En dicho precedente, la SCJN señaló que la reparación idónea es la restitución íntegra de la víctima (restitutio in integrum), por lo que las medidas de reparación contemplan medidas pecuniarias y no pecuniarias;

  • En la misma línea, al resolver el amparo directo en revisión 2131/2013, la SCJN explicó que la obligación constitucional de reparación a derechos humanos por parte del Estado mexicano se correlaciona con el derecho de las personas a ser reparadas integralmente, lo cual puede garantizarse a través del artículo 113 constitucional, en el cual eleva a rango constitucional el derecho a recibir una indemnización justa8.

25. Por último, cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, resolvió que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales.

26. Respecto a las dificultades prácticas detectadas por el Grupo de Trabajo, en la labor desarrollada por la CEAV, el Estado mexicano hace de su conocimiento que para inscribir los nombres de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), los funcionarios adscritos a la Dirección de dicho Registro se apegan a los lineamientos de la Ley General de Víctimas, Título Sexto, Capítulo IV. En dicho ordenamiento, se establece que las personas que deseen inscribirse en el RENAVI, deben seguir un procedimiento, el cual comienza con la presentación de solicitud de inscripción, con los datos y documentos requeridos. El objetivo de apegarse a dicho procedimiento es dotar de celeridad, eficacia y orden al mismo; sin embargo, debido a la gran afluencia de usuarios que acuden con el propósito de registrarse, el análisis de la documentación suele demorarse.

27. En cuanto a la complejidad y formalidad del procedimiento para obtener la compensación e indemnización, se informa que el procedimiento requiere de ciertos requisitos formales, de conformidad con lo previsto en las Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, disposición 38, que a su vez se exigen para comprobar la erogación de todo recurso público.

28. Respecto a la afirmación del Grupo de Trabajo sobre el número inexacto de víctimas de desaparición, registradas en el RENAVI, se informa lo siguiente.

29. Actualmente, se tienen inscritas o en trámite de inscripción:


  • 1,105 personas por Desaparición Forzada;

  • 2,241 personas por Desaparición y;

  • 201 personas vinculadas con la Recomendación General de la CNDH 26/2001.

30. Dichos registros se realizan tanto de víctimas directas como de indirectas.

31. Respecto a la legislación federal y la regulación de declaración de ausencia por desaparición forzada, se informa que:



  • El 17 de noviembre de 2017 se publicó en el DOF la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que contempla la declaración especial de ausencia por desaparición. Este procedimiento tiene como finalidad reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de sus familiares;

  • El artículo 144 de dicho ordenamiento señala que la Comisión Ejecutiva podrá otorgar medidas de asistencia a los familiares durante el procedimiento de declaración especial de ausencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas;

  • En este sentido, la CEAV a través de la Asesoría Jurídica Federal orienta y realiza los trámites necesarios para que las víctimas indirectas obtengan la declaración especial de ausencia de sus familiares.

32. En cuanto al señalamiento del Grupo de Trabajo respecto a la negativa de la CNDH de incorporar medidas de asistencia, atención, apoyo y reparación integral para las víctimas en sus investigaciones y recomendaciones, el Estado mexicano señala que las recomendaciones emitidas por la CNDH durante la administración en curso, contemplan el capítulo “Reparación del daño”. Dicho capítulo incorpora legislación nacional e internacional con el objetivo de identificar puntualmente las medidas procedentes a efecto de alcanzar una reparación efectiva de los derechos afectados. Asimismo, las recomendaciones integran el criterio seguido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) respecto a la idoneidad de las reparaciones, las cuales deben ser proporcionales a la gravedad de la violación y las circunstancias de casa caso.

33. Finalmente, se informa que el Estado mexicano ha llevado a cabo diversas acciones encaminadas a combatir el delito de desaparición forzada y los efectos que éste ha causado en la sociedad en general. Entre ellas destaca la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y su publicación en el DOF el 17 de noviembre de 2017, de la que se esperan efectos positivos en la situación que atraviesan las víctimas, tanto directas como indirectas de este delito.



Sobre las medidas que han sido adoptadas por el gobierno mexicano para superar los obstáculos existentes en la provisión de medidas

34. El Estado mexicano ha desarrollado esfuerzos significativos con la finalidad de atender de manera integral la situación derivada de los altos índices de desaparición forzada en el país, y superar los obstáculos existentes en la provisión de medidas de asistencia social y reparación adecuada a las víctimas directas e indirectas.

35. En ese sentido, se informa que la CNDH emitió un informe especial a fin de destacar la importancia de incorporar y fortalecer las acciones destinadas a erradicar la comisión de desapariciones forzadas en México. Dicho informe formuló 102 recomendaciones dirigidas a las siguientes autoridades:


  • Secretaría de Gobernación;

  • Cámara de Senadores;

  • Cámara de Diputados;

  • Gobiernos estatales;

  • Jefatura de gobierno de la Ciudad de México;

  • Procuraduría General de la República;

  • Fiscalías Generales estatales y;

  • Procuradurías Generales de Justicia estatales.

36. Las recomendaciones emitidas por la CNDH se clasificaron en las siguientes líneas de acción prioritaria:

  • Legislación integral sobre desaparición forzada de personas;

  • Registro de personas desaparecidas;

  • Búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas;

  • Acceso a la justicia;

  • Medidas de protección;

  • Reparación del daño y atención a víctimas directas e indirectas;

  • Prevención del delito y de violaciones a derechos humanos;

  • Identificación humana;

  • Aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, con mandato de Naciones Unidas y.

37. Cumplimiento de las 64 recomendaciones emitidas por los órganos del sistema universal (ONU) y el sistema regional (OEA).

38. Por lo que hace a la CEAV, el 3 de enero de 2017 se publicó una reforma a la Ley General de Víctimas, con el objetivo de flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y con ello fortalecer las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación; necesarias para subsanar las necesidades diarias de las víctimas.

39. Posteriormente, el 26 de mayo de 2017, se publicaron los Lineamientos para el otorgamiento de medidas en materia de traslados y el 10 de agosto de 2017, se emitieron las Reglas de Operación para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

40. En septiembre de 2016, se creó el Fondo de Emergencia para víctimas indirectas, situadas en el contexto de casos de desaparición en la República Mexicana.

41. Actualmente, el Modelo de Atención Integral a Víctimas de la CEAV se encuentra en proceso de reforma. Su finalidad es modificar su estructura para mejorar la atención integral a víctimas y cumplir con los objetivos y principios de la LGV.

Sobre las medidas específicas que existen con respecto a las personas migrantes desaparecidas en México

42. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha atendido de manera inmediata las quejas y recomendaciones dictadas por la CNDH, a través de la implementación de medidas especiales destinadas a mejorar la metodología de los procesos de retorno asistido, deportación y regularización de los extranjeros que son presentados ante la autoridad migratoria.

43. Al respecto, el 10 de enero de 2017 el INM aceptó la recomendación número 68/2016 emitida por la CNDH, respecto a las personas extranjeras administrativamente irregulares alojados en la Estación Migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Lo anterior parte del compromiso del INM de salvaguardar los derechos y seguridad de la población migrante, cuyos niveles han incrementado de manera exponencial en nuestro país.

44. Para hacer frente a tal situación, el INM refuerza sus acciones para dotar de eficacia a los procedimientos administrativos a su cargo, con el propósito de promover y proteger los derechos humanos, y evitar la sobrepoblación en las estaciones migratorias.

45. Cabe destacar que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Migración, el período de alojamiento en las estaciones migratorias no es mayor a 15 días, toda vez que la población migrante con estancia irregular se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo y no penal.

46. Adicionalmente, el INM mantiene comunicación estrecha y permanente con las autoridades de diversos países, con la finalidad de brindar el retorno asistido a aquellos extranjeros que se encuentran administrativamente irregulares en el país, bajo el respeto irrestricto a sus derechos y condición humana.

47. Asimismo, personal del INM suma esfuerzos para agilizar el reconocimiento consular, a través de la implementación de notificaciones electrónicas y entrevistas por videoconferencia; sin embargo, el reconocimiento y expedición de documentos de identidad por parte de las autoridades consulares de otros países puede tardar más tiempo de lo estipulado en nuestra legislación, razón por la que los extranjeros permanecen un período mayor en las instalaciones del INM.

48. Respecto a la presencia de niñas, niños y adolescentes extranjeros en la Estación Migratoria de la capital del país, debe precisarse que -de acuerdo a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes-, éstas personas se encuentran bajo el cuidado de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS) del Instituto Nacional de Migración, quienes les otorgan una atención especializada debido a su alto grado de vulnerabilidad, mientras son canalizados al Sistema DIF en tanto se resuelve su situación migratoria.

49. Los Agentes Federales de Migración -y en general, todo el personal del INM- reciben capacitación constantemente, con el objetivo de brindar una atención humanitaria y con estricto respeto a sus derechos, con el fin de evitar abusos que pongan en riesgo la integridad de las personas migrantes.

50. Además, con el objetivo de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran en un contexto de migración y ante el aumento de quejas presentadas en materia migratoria, el 3 de enero de 2005 se creó la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia encargada de la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, tanto nacionales como extranjeras.

51. La Quinta Visitaduría se encarga de implementar el Programa de Atención a Migrantes, orientado a la puesta en marcha de acciones pertinentes a asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en un contexto de migración, mediante la investigación de las quejas presentadas ante la CNDH y la promoción y defensa de sus derechos humanos, como consta en el orden jurídico nacional y los instrumentos internacionales de los que México es parte.

52. Adicionalmente, en abril de 2013, la Ley de Amparo fue reformada para incluir la facultad del juzgador de dictar la suspensión de los actos reclamados, en un término de 24 horas, con el fin de allegarse de toda la información posible para localizar y liberar a las víctimas en los casos de posible desaparición forzada.

53. En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas tesis y resoluciones orientadas a visibilizar la comisión del delito de desaparición, reconocer a las víctimas, sancionar los responsables y asegurar el acceso a la información pública. Al respecto, resultan relevantes los siguientes criterios emitidos por la SCJN:




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