Mujeres maltratadas



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DE PLAZAS EN CADA CASA



Nº DE PLAZAS PARA MUJERES MALTRATADAS POR PROVINCIA



Nº de MUJERES POR PLAZA DE CASA DE ACOGIDA Y PROVINCIA
En las diferentes comunidades autónomas, hay grandes diferencias. Por ejemplo en Cantabria hay una plaza de casa de acogida para cada 30.000 habitantes, Aragón una plaza cada 70.000, Baleares una plaza cada 14.000, la media en el estado es de una plaza cada 17.051 habitantes. Todas ellas lejos de las recomendaciones de 1986 que realizó el consejo de Europa de una plaza cada 10.000 habitantes y de la presentada en el Congreso de Calviá que establecía una plaza por cada 5.000 habitantes.
E
n Galicia disponemos de media de una plaza por cada 9.465 mujeres, cifra ligeramente inferior por provincia, ya que Orense y Pontevedra están por debajo de esas cifras:
Galicia cuenta con 2.458.941 habitantes, teniendo en cuenta que el número de plazas existentes en la actualidad es de 135, supone una plaza por cada 18.214 habitantes.
Por tanto, la situación en Galicia es de un déficit de 1,82 plazas por cada 10.000 y de 3,64 plazas si tenemos en cuenta las recomendaciones de una plaza por cada 5.000 habitantes. Y nos encontramos por debajo de la media de plazas existentes en todo el Estado.


En cuanto al número de plazas por provincia y habitante, la Coruña y Lugo son las que peor dotadas están, ½ plaza por cada 10.000 habitantes y ¼ de plaza por cada 5.000 habitantes.


La provincia mejor dotada es Pontevedra
Nº DE INGRESOS POR AÑO EN CADA PLAZA POR PROVINCIAS

“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido...



...El silencio estimula al verdugo”
ELIE WIESEL Premio Nóbel de la Paz

PROPUESTA DE

LEY ORGÁNICA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

A lo largo del presente trabajo, hemos ido viendo la evolución que la Violencia de género ha tenido a lo largo de la historia; como pasó del ámbito de lo privado a lo público, como el derecho a maltratar y matar, de manera impune, que tenían los hombres respecto de las mujeres salió a la luz, gracias a las voces que se levantaron para denunciar esta situación y al movimiento feminista.

La mujer violentada por el marido o la pareja, dejó su crónica mudez y puso palabras a sus agresiones. La violencia se calificó y se nombro en todas y cada una de sus manifestaciones, a partir de los años 80 del pasado siglo. En ese momento, aparecen las primeras casas Refugio para mujeres maltratadas y los movimientos feministas reclaman una legislación que condene a los maltratadores por sus delitos.

Tienen que pasar años desde el inicio de la democracia en España, la creación del Estado de Bienestar y la reordenación jurídica y social de este país, para que por primera vez en la historia, no solo nuestra sino también de Europa, se legisle una Ley Integral contra la Violencia de Género.

La ley integral es solicitada por las mujeres que trabajan en el estudio de la violencia de género y en la atención a las mujeres víctimas de ella. Son ellas quienes denuncian que la violencia de género es un problema de Estado y debe afrontarse con políticas que incidan en todos los ámbitos para su erradicación.

En el año 2000 los diferentes grupos políticos, incluido el partido gobernante y su presidente, asumieron las reivindicaciones de las mujeres del movimiento feminista, quienes reivindicaban una Ley Integral. En el mismo sentido se manifestó el PSOE, y así Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción en el mes de junio de ese año pidiendo al Gobierno que llevara a la Cámara una iniciativa legislativa en cumplimiento de este compromiso común.  La moción fue rechazada. 

El PSOE inició los trabajos de elaboración de una Proposición de Ley integral contra la violencia de género; en la que participaron personas expertas en el ámbito jurídico (penal, civil, procesal, laboral), así como en el sanitario, y educativo, y sobre todo contó con las aportaciones de quienes desde el movimiento de mujeres llevaban años luchando contra la violencia de género. 

El Grupo Parlamentario socialista presentó, además, una proposición no de ley que pedía la creación de una Delegación del Gobierno contra la violencia de género, con rango de Secretaría de Estado. Esta propuesta también fue rechazada. 

Estas dos iniciativas del PSOE son importantes porque llevan el problema de la violencia contra las mujeres al mayor rango tanto administrativo como en cuanto a derechos: 

- La creación de una Delegación del Gobierno implica que quien se ocupa de combatir esta violencia tiene capacidad para coordinar acciones de gobierno que afectan a diversos Ministerios y, además, recursos y poder político suficiente para tomar las medidas que sean adecuadas. 

- La elaboración de una Ley Integral resulta de especial interés en dos aspectos fundamentales que se orientan, por una parte, a regular las medidas contra la violencia por Ley Orgánica. De este modo, convertimos el vivir sin violencia en un derecho de las mujeres y el Estado tiene la obligación de cumplirlo. Significa que las personas tienen derecho a ser educadas en igualdad, que quienes atenten contra este derecho serán castigados, que las mujeres tienen derecho a su recuperación y a ser acogidas adecuadamente – por lo tanto nunca puede pasar que no puedan acceder a una Casa de Acogida porque no hay plazas suficientes, como ocurre en la actualidad - , que tienen derecho a las ayudas económicas que regula la ley – por lo tanto nunca puede pasar que se acaban las ayudas porque no hay partida presupuestaria suficiente -, que tienen derecho a la atención adecuada y especializadas por parte de policías, jueces, personal sanitario, etc... 

Disponer de una Ley Integral, significa el reconocimiento de todos los ámbitos que tienen que ver con la violencia de género, prevención, asistencia, atención sanitaria, social, jurídica, laboral, protección y la coordinación de todos los agentes sociales en este tema, desde el terreno judicial.

El primer proyecto de Ley Orgánica Integral contra la violencia de género, registrada en diciembre del 2001,es presentada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados

Su debate tienen lugar el día 10 de septiembre de 2002, con el siguiente resultado: 165 votos en contra, 151 a favor. Todos los grupos políticos apoyan la iniciativa a excepción del Grupo Popular que voto en contra
Mientras tanto las organizaciones de mujeres, constituidas en Red de Organizaciones Feministas contra la violencia de género, presentan en Madrid su campaña en favor de una “Ley integral contra la violencia de género”. 

Han pasado dos años desde que todos los partidos políticos se comprometieron a elaborar la ley Integral, compromiso realizado por el PP y el partido en el Gobierno, quienes dos años más tarde dan como respuesta un NO rotundo, haciendo caso omiso de la solicitud de los movimientos y organizaciones de mujeres en este sentido. A partir de aquí, se plantean distintas interpelaciones y propuestas parlamentarias en el Congreso de los Diputados por IU, PSOE y Coalición Canaria

El PP por su parte presentó una enmienda que dice: “El Congreso de los Diputados entiende necesario que se constituya una Mesa de trabajo con representación de todos los grupos políticos de la Cámara para impulsar un gran acuerdo sobre la violencia de género y que continúe en la labor de apoyo a las víctimas de este grave problema social”. 

Pero estas enmiendas a la moción no se aprobaron, porque ante las enmiendas presentadas, IU retiró su moción y se negoció un texto alternativo con el siguiente contenido: 

“El Congreso de los Diputados aprueba constituir, mediante el procedimiento reglamentariamente establecido, una Subcomisión, en el seno de la Comisión correspondiente, para concretar en el plazo máximo de 4 meses, la articulación de un Acuerdo entre todas las fuerzas con representación Parlamentaria, con el fin de formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género”. 

Este texto fue el aprobado finalmente por todos los grupos de la Cámara. No conlleva implícitamente la puesta en marcha de una Ley integral contra la violencia.  El Parlamento perdió su gran oportunidad en esta ocasión para disponer de la primera Ley Integral contra la Violencia de Género en Europa.

Es preciso que pasen dos años, haya unas elecciones generales en nuestro país y cambie el partido que Gobierna y el color de la Cámara de los Diputados, para que el día 4 de junio del año 2004 se apruebe el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Violencia Ejercida sobre la Mujer en la reunión del Consejo de Ministros de un Gobierno del PSOE.

El anteproyecto de Ley Orgánica, Integral se asienta en los pilares de la prevención, la protección, el apoyo y la recuperación integral de las victimas, así como la sanción al agresor, abordando de forma integral, un grave problema que afecta a la sociedad española y antes las mujeres en particular.

El acuerdo alcanzado es el paso previo a la aprobación definitiva del proyecto de Ley por el Ejecutivo. Antes, el anteproyecto deberá recibir los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del CES y del Consejo Escolar del Estado. Con las aportaciones de estos organismos, el anteproyecto volverá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y remisión, ya como proyecto de Ley, a las Cortes para su tramitación parlamentaria. En la elaboración del anteproyecto han participado, junto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los Ministerios de Presidencia, Justicia, Interior, Educación, Sanidad y Administraciones Públicas.
La intensidad y gravedad que aún tiene en nuestro país la violencia ejercida sobre la mujer, concebida ésta como el instrumento para mantener la desigualdad y las relaciones de poder del hombre sobre la mujer, constituye uno de los ataques más flagrantes al derecho a la libertad, a la igualdad y a la no-discriminación proclamados en nuestra Constitución. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a esta situación de violencia y, por tanto, tienen la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud.
Una lucha eficiente y eficaz contra la violencia ejercida sobre la mujer exige una política integral y coordinada, en la que participen todas las fuerzas políticas, todas las instituciones, los agentes sociales y las organizaciones especializadas.

Como delito grave que es, ha de ocupar de manera especial a los jueces y al Gobierno, del que se exige políticas activas e iniciativas concretas.


Este Gobierno, a través del Anteproyecto de Ley Orgánica, Integral contra la Violencia ejercida sobre la Mujer, ha apostado por una estrategia de intervención integral. a través del instrumento jurídico que le permite acometer el problema en su integridad, la Ley . La Ley articulará, a través de nuevos organismos, todas las políticas llevadas a cabo para erradicar esa lacra social, será como la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Observatorio Nacional de la Violencia sobre la Mujer.
La Ley integral está previsto que abarque aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, así como las normas civiles que inciden en el ámbito familiar o de convivencia, donde se producen principalmente las agresiones y, por tanto, la respuesta punitiva desde las normas penales.
La Ley establece, entre otras, medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo; de refuerzo de una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres, con referencia concreta al ámbito de la publicidad; de apoyo a las víctimas, como el derecho a la información y a la asistencia social integrada y la especialización de prestaciones; de asistencia jurídica gratuita para aquellas mujeres víctimas de violencia que no tengan recursos suficientes; de protección social y de apoyo económico.
El anteproyecto aprobado hoy, proporcionará también una respuesta legal que abarca las normas procesales y las normas sustantivas penales y civiles, así como la debida formación de todos los profesionales sanitarios, policiales y jurídicos que intervienen en la aplicación de la Ley.
La Ley establece igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario que permitan optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, y su coordinación con otras medidas de apoyo.
Dentro de las situaciones de violencia que viven las mujeres, cobran un especial relieve las conductas delictivas en las que entre el agresor y la víctima existe o ha existido una relación afectiva. Por ello, la Ley contempla un ámbito subjetivo, que incluye medidas de protección general, extensibles a cualquier víctima que lo sea por el hecho de pertenecer al sexo femenino y medidas de protección cualificada, determinadas por la relación afectividad de la víctima con el agresor.
La Ley se estructura en un Título Preliminar, cinco Títulos, siete Disposiciones

Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y

dieciséis Disposiciones Finales.

Puesto que la Ley compromete a los Ministerios de Educación, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Administraciones Públicas y Economía para garantizar los recursos que aseguren la puesta en marcha de las medidas, su ámbito objetivo podría sistematizarse, por el Departamento Ministerial al que afectan, de la siguiente forma:





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