Última reforma publicada en la gaceta oficial: 22 de febrero de 2018


particular podrá usar, explotar y aprovechar los bienes concesionados



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  1. La forma en que el particular podrá usar, explotar y aprovechar los bienes concesionados;



  1. Los beneficios sociales o económicos que el municipio de que se trate pretenda obtener mediante la concesión;



  1. Las cargas que deberá cumplir el particular, en su caso, y el monto de las inversiones presupuestadas a cargo del mismo;



  1. El plazo de la concesión, mismo que será fijado estimando el tiempo requerido para que el particular amortice sus inversiones y obtenga una utilidad razonable, sin que el plazo original de la concesión pueda exceder de treinta años; y



  1. En su caso, los servicios inherentes, auxiliares o complementarios de la concesión que podrán ser prestados por el particular, y las cuotas o tarifas autorizadas.

VII. Además de los puntos mencionados en la fracción V de este artículo, los Ayuntamientos podrán establecer en los títulos de concesión:





  1. Que el particular quede obligado a cubrirle al municipio contraprestaciones periódicas durante la vigencia de la concesión;

  2. Que el particular quede obligado a garantizarle al municipio el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de la concesión;



  1. La forma, términos y condiciones en que el particular ejercerá los derechos y cumplirá las obligaciones derivadas de la concesión, así como, en su caso, los plazos de cura de que gozará el particular para subsanar incumplimientos;



  1. Las medidas que podrá adoptar el Ayuntamiento para vigilar el cumplimiento de las cargas del particular durante la vigencia de la concesión, así como los procedimientos aplicables, en caso de revocación, para que el concesionario presente las aclaraciones, defensas, pruebas y alegatos que estime convenientes; y



  1. Las fórmulas y procedimientos a seguir para fijar la indemnización que, en su caso, corresponda al particular si termina anticipadamente el plazo de vigencia de la concesión.

VIII. Las concesiones sobre bienes de dominio público municipal podrán prorrogarse a petición del concesionario, siempre y cuando:





  1. El tiempo de la prórroga no sea mayor que el plazo original de la concesión, en el entendido que si se dan dos o más prórrogas, éstas, consideradas en su conjunto, no deberán sumar un plazo mayor que el plazo original de la concesión;



  1. El concesionario esté en cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de la concesión; y



  1. El Ayuntamiento permanezca obteniendo beneficios económicos o sociales para el municipio durante las prórrogas de la concesión.

Para prorrogar el plazo de vigencia de la concesión se requerirá autorización previa del Congreso o la Diputación Permanente del Estado, a menos que su autorización haya previsto la posibilidad de extender el plazo de la concesión y establecido los requisitos aplicables al efecto.

IX. Las concesiones terminarán su vigencia en los casos siguientes:



  1. Si vence el plazo por el cual fueron conferidas;



  1. Si el Ayuntamiento decreta su rescate por causa de utilidad pública y cubre la indemnización que proceda;



  1. Si el Ayuntamiento acuerda revocar la concesión en términos de la fracción IX de este artículo;



  1. Si desaparece el bien objeto de la concesión; y



  1. En los demás supuestos que, en su caso, se prevean en los títulos de concesión.

Al término de la concesión los bienes materia de la misma, incluyendo sus mejoras y accesiones, revertirán de pleno derecho al control y administración del Ayuntamiento. En los casos que conforme al título de concesión proceda el pago de una indemnización al particular, la reversión surtirá sus efectos, y el particular tendrá obligación de entregar los bienes al Ayuntamiento, una vez que haya sido pagada la indemnización respectiva.

X. Los Ayuntamientos podrán revocar las concesiones antes de su vencimiento en cualquiera de los casos siguientes:



  1. Si el concesionario cambia de nacionalidad o es declarado en quiebra;



  1. Si el concesionario incumple sin causa justificada las obligaciones a su cargo y no subsana el incumplimiento de que se trate dentro de los plazos de cura establecidos en el título de concesión;



  1. Si el concesionario abandona la explotación de la concesión y ésta se interrumpe, por causas imputables al propio concesionario, durante más tiempo del límite previsto en el título de concesión; y



  1. Si el concesionario cede o de cualquier forma transmite o grava a favor de terceros su concesión, o los derechos derivados de ella, sin autorización previa del Ayuntamiento, con excepción de los derechos al cobro de cualesquier cuotas, tarifas e indemnizaciones que correspondan al concesionario con base en la concesión, mismos que tendrá plena libertad de negociar, gravar, fideicomitir y transmitir a favor de terceros. Si, con autorización del Ayuntamiento, las inversiones del concesionario fueran financiadas o refinanciadas parcial o totalmente por terceros y los derechos de cobro a que este párrafo se refiere fueran fideicomitidos o de otra forma comprometidos como garantía o fuente de pago de los financiamientos respectivos, tales derechos de cobro y los flujos de efectivo derivados de los mismos deberán mantenerse afectos a favor de los terceros de que se trate, inclusive en caso de terminación anticipada de la concesión, hasta que sus financiamientos hayan sido totalmente liquidados.

En cualquiera de los casos mencionados el Ayuntamiento podrá acordar la revocación de la concesión siempre y cuando previamente haya dado oportunidad suficiente al concesionario para presentar las aclaraciones, defensas, pruebas y alegatos que estime convenientes.

XI. Las controversias que se susciten sobre interpretación y cumplimiento de las concesiones para usar, explotar y aprovechar bienes del dominio público del municipio, y toda clase de contratos relacionados con estas últimas, se decidirán con base en los ordenamientos siguientes, en el orden de prioridad que se indica:



  1. Por los términos de las autorizaciones dadas al Ayuntamiento por el Congreso o la Diputación Permanente del Estado para otorgar las concesiones;



  1. Por los términos mismos de las concesiones y contratos de que se trate;



  1. A falta de disposiciones aplicables en esta ley, por los preceptos del Código Civil del Estado; y



  1. En su defecto, por las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las demás leyes municipales y estatales que resulten aplicables.

Artículo 97. La extinción de las concesiones de servicios públicos municipales procederá cuando:





  1. Existan quejas razonadas de los usuarios;



  1. Se constate que el servicio se presta en una forma distinta a la concesionada;



  1. No se cumpla con las obligaciones que se deriven de la concesión;



  1. No se preste el servicio concesionado con generalidad, continuidad, regularidad y uniformidad, a menos que se trate de caso fortuito o de fuerza mayor;



  1. Se constate que el concesionario no conserva los bienes en buen estado o cuando sufran deterioro por su negligencia, con perjuicio de la prestación normal del servicio; y



  1. No se acaten las disposiciones aplicables.

Artículo 98. El Ayuntamiento, en los casos señalados en el artículo anterior, podrá declarar o decretar en cualquier tiempo la extinción de la concesión. En el caso previsto por la fracción I del mismo artículo, también el Congreso del Estado o la Diputación Permanente podrán decretar la extinción.

La resolución que declare o decrete la extinción de las concesiones se sujetará a lo dispuesto por esta ley y demás legislación aplicable.

(REFORMADO G.O. 12 DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 99. Las concesiones de servicios públicos se extinguen por:



  1. Conclusión de su vigencia,



  1. Falta de realización de la condición o término suspensivo dentro del plazo señalado para tal efecto; y



  1. Rescate, revocación o reversión, según sea el caso, por cuestiones supervenientes de oportunidad o interés público, en términos de las disposiciones aplicables.

(REFORMADO G.O. 12 DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 100. A petición formulada por los concesionarios de servicios públicos al Ayuntamiento, antes de la conclusión de su vigencia, podrá prorrogarse la concesión, previa autorización del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, por un término no mayor al que fue originalmente otorgada, siempre que subsista la necesidad del servicio; que las instalaciones y equipo hubieren sido renovados para satisfacerla durante el tiempo de la prórroga; que el servicio se haya prestado en forma eficiente y que el Ayuntamiento esté imposibilitado para prestarlo o lo considere conveniente.

(REFORMADO G.O. 12 DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 101. En caso de extinción de la concesión de servicios públicos municipales, los bienes con que se preste el servicio podrán revertirse en favor del Municipio. El Congreso del Estado o la Diputación Permanente, oyendo al interesado y al Ayuntamiento, podrán determinar el pago de la indemnización que proceda cuando, durante la vigencia de la concesión, no hubiera existido amortización de los bienes afectos al servicio, siempre y cuando así lo demuestre el concesionario.

CAPÍTULO III

DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PARTICULARES PARA OBRAS PÚBLICAS

Artículo 102. Los propietarios o poseedores de predios, con o sin edificaciones, estarán obligados a contribuir para el costo de las obras públicas municipales que planifiquen o realicen los municipios, en la medida que incrementen el valor e impliquen una mejora específica de esas propiedades o posesiones, siempre que se trate de predios comprendidos en la zona colindante a las obras realizadas, de acuerdo con las reglas siguientes:





  1. Todo habitante del municipio tiene el derecho y obligación de participar activamente en la planeación del desarrollo municipal y se le concede acción de proposición en la formulación de los planes respectivos, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables;



  1. Las obras públicas a que se refiere este artículo deberán estar contenidas en los planes municipales de desarrollo urbano, para que las contribuciones de los particulares sean obligatorias;



  1. Estarán obligados al pago de estas contribuciones, los propietarios y poseedores de predios ubicados frente a las vías o áreas públicas en que se ejecuten las obras, o se encuentren dentro de la zona de influencia de las mismas. En los casos de copropiedad, el monto de las contribuciones se prorrateará entre los copropietarios;



  1. El proyecto técnico de la obra se acompañará del que corresponda a los costos, que deberá contener:



  1. Señalamiento de afectaciones, si las hubiere;



  1. Definición del área de influencia y beneficio específico;



  1. Presupuesto de la obra, incluyendo: las indemnizaciones a las que hubiere lugar; el costo de los estudios y proyectos; el costo de la obra; los incrementos previsibles e imprevistos de costos; los intereses y gastos financieros; y, los demás costos requeridos para la realización del proyecto; y



  1. Programa de la obra.



  1. El proyecto se pondrá por quince días hábiles en la tabla de avisos del Ayuntamiento, a la vista de los propietarios o poseedores de predios afectados por la obra comprendidos en el área de influencia, con los datos relativos a la afectación del inmueble, al importe de la indemnización, forma de financiamiento y crédito fiscal correspondiente, haciendo saber a los interesados, en vía de notificación, que tienen derecho a hacer las observaciones que consideren pertinentes;



  1. La notificación a que se refiere la fracción anterior deberá ajustarse a las disposiciones de esta ley y al Código de la materia, la que deberá al menos contener:



  1. Una breve descripción de la obra de urbanización;



  1. El costo de la obra que va a derramarse entre los propietarios o poseedores de los predios ubicados en el área de influencia; y



  1. La contribución que deberá cubrir cada interesado y la fecha en que debe realizar el pago;



  1. Aprobado el proyecto por el Ayuntamiento, lo enviará al Congreso del Estado para su estudio y, en su caso, expedición del Decreto respectivo que contendrá las tarifas a las que se sujetará el pago de la contribución;



  1. El Decreto del Poder Legislativo será publicado en la Gaceta Oficial del Estado y, una vez que entre en vigor, el Presidente Municipal dictará acuerdo ordenando la ejecución de la obra, para lo cual se procederá a la adquisición de los inmuebles que resulten afectados por este motivo;



  1. Cuando el interesado no transmita en favor del Municipio el o los inmuebles afectados por medio de una operación de compraventa o a través de cualquier otro acto traslativo de dominio, mediante el pago del precio correspondiente, se turnará el expediente al Titular del Ejecutivo, a fin de que se haga la declaratoria específica de utilidad pública, se decrete la expropiación y se ordene la ocupación del o de las áreas necesarias de los inmuebles respectivos, en términos de lo dispuesto por la legislación del Estado;



  1. Para que los bienes a que se refiere este artículo pasen a ser del dominio del municipio respectivo, bastará la celebración de contrato privado ratificado ante Juez municipal o de Primera Instancia. En este caso, el Registro Público de la Propiedad hará las anotaciones marginales y las inscripciones correspondientes;



  1. A partir de la fecha de publicación del Decreto expropiatorio, no deberán realizarse por particulares, construcciones o instalaciones en la zona comprendida en el proyecto respectivo, salvo que lo autorice el Ayuntamiento con aprobación del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente en su caso. Esas obras no serán tomadas en cuenta para efectos de indemnización;



  1. El costo de las obras se dividirá en partes iguales entre el Municipio y los particulares que resulten beneficiados con las obras realizadas, incluyendo intereses sobre saldos insolutos, señalados por las instituciones bancarias en el momento de generarse. La forma de pago se fijará por el Ayuntamiento con autorización del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente.

CAPÍTULO IV

DE LOS CONVENIOS, LA COORDINACIÓN Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; 9 DE NOVIEMBRE DE 2016)

Artículo 103. Los municipios podrán celebrar convenios, previa autorización del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, la que se otorgará siempre y cuando la coordinación o asociación arrojen un beneficio en la prestación de los servicios a los habitantes de los municipios, exista un acuerdo de cabildo aprobado por las dos terceras partes de sus miembros y se haya escuchado a los Agentes y Subagentes Municipales, Comisario Municipal, así como a los Jefes de Manzana. Esta disposición regirá para los casos siguientes:





  1. Con municipios de otras entidades federativas, para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan;



  1. Con el Estado, para que éste de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. El convenio que se celebre deberá establecer los derechos y obligaciones del Estado y del Municipio para la prestación de servicios públicos;



  1. Con el Estado o la Federación, para que se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración y recaudación de las contribuciones y tasas adicionales que aquellos establezcan en su favor;



  1. Con el Estado o la Federación, para asumir la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos que correspondan a aquellos, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario;



  1. Con el Estado o la Federación, para que éstos asuman la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos que corresponda a los municipios, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario;



  1. Con personas físicas o morales para la ejecución u operación de obras, o la prestación de servicios públicos municipales, cuando en virtud del convenio y sin afectar la calidad del servicio, se produzcan beneficios para el Municipio en los términos de esta Ley;



  1. Con la Federación o el Estado para realizar actividades o ejercer facultades en bienes y zonas de jurisdicción federal o estatal. Para la realización de acciones conjuntas o para delegarles atribuciones en materia de preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y mejoramiento del ambiente; o



  1. Con el Estado, para que éste asuma actividades o ejerza facultades en la jurisdicción del municipio, ejecutando acciones conjuntas y atribuciones delegadas en materia catastral, como son la elaboración, mantenimiento y actualización del Catastro, dependiendo de la norma, asesoría y supervisión Estatal.

(ADICIONADA, G.O. 17 DE FEBRERO DE 2016)



  1. Con la Federación o el Estado para realizar actividades o ejercer facultades en relación con la ejecución de políticas y programas relacionados con la igualdad de género.

Tratándose de convenios con otros municipios de la entidad, sólo se requerirá el previo acuerdo entre sus respectivos Ayuntamientos, notificándolo al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente.

TÍTULO QUINTO

DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

Artículo 104. La Hacienda Municipal se formará por los bienes de dominio público municipal y por los que le pertenezcan, de conformidad con la legislación aplicable; así como por las aportaciones voluntarias, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, contribuciones, tasas adicionales que decrete el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado establezca a su favor, en términos de las disposiciones legales aplicables.

(REFORMADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O.10 DE AGOSTO DE 2015)

El Presidente, el Síndico, el Regidor de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, el Tesorero, el Director de Obras Públicas y el titular de la Contraloría del Ayuntamiento serán directamente responsables de la administración de todos los recursos públicos municipales. Tratándose de entidades paramunicipales, lo serán su titular y el del área de finanzas.

(REFORMADO, G.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)

Artículo 105. Los ayuntamientos actualizarán cada año, en el mes de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán a su formulación el presidente municipal, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero. El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; 9 DE NOVIEMBRE DE 2016)

Artículo 106.- En la primera quincena del mes de agosto de cada año, las Comisiones, oyendo a los Agentes y Subagentes Municipales, Comisario Municipal, así como a los Jefes de Manzana, elaborarán un proyecto de Presupuesto de Egresos en lo referente a su ramo, en el que se indiquen las necesidades a satisfacer para el año siguiente y su costo, señalando las prioridades, debiendo presentarlo a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.

En la segunda quincena del mes de agosto los servidores públicos mencionados en el artículo anterior, con base en los ingresos y egresos que tengan autorizados y los proyectos de las Comisiones, formularán cada año los proyectos presupuestales de ingresos y egresos para el ejercicio correspondiente al año siguiente.

(REFORMADO, G.O. 15 DE AGOSTO DE 2005)

Durante el curso de la primera quincena de septiembre el Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, discutirá dichos proyectos.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 15 DE AGOSTO DE 2005)

Artículo 107. En el curso de la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, los ayuntamientos remitirán por triplicado, al Congreso del Estado, el proyecto anual de ley de ingresos y el Presupuesto de Egresos. En caso de que aquel haga observaciones, las comunicará al Ayuntamiento a más tardar el 30 de octubre. Si no cumpliera con la remisión, el Congreso tendrá por presentados los proyectos del año anterior y podrán ajustarlos en la medida que estime necesario.




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