Los bloques electorales y la relación entre medios de comunicación y política: propuesta modelizadora



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Revista Latina de Comunicación Social # 071 – Páginas 654 a 667

Investigación financiada | DOI: 10.4185/RLCS-2016-1113 | ISSN 1138-5820 | Año 2016





Cómo citar este artículo / Referencia normalizada

J Marqués-Pascual, JF Fondevila-Gascón, C de-Uribe-Gil, Marc Perelló-Sobrepere (2016): “Los bloques electorales en España. Una propuesta de modelo alternativo para superar el conflicto”. Revista Latina de Comunicación Social, 71, pp. 654 a 667

http://www.revistalatinacs.org/071/paper/1114/34es.html

DOI: 10.4185/RLCS-2016-1114



Los bloques electorales en España. Una propuesta de modelo alternativo

para superar el conflicto
Electoral blocks in Spain. A proposal of alternative

model to overcome the conflict



Joaquín Marqués-Pascual [CV] [] [] ESRP-Universidad de Barcelona (España) joaquim.marques@esrp.net

Joan-Francesc Fondevila-Gascón [CV] [] [] Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (España) joanfrancesc.fondevila@upf.edu

Clara de-Uribe-Gil [CV] [] [] Universitat de Vic, Barcelona (España) clara.uribe@uvic.cat

Marc Perelló-Sobrepere [CV] [] [] Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona (España) perello5@uao.es

Abstracts

[ES] Introducción: La relación entre medios de comunicación y poder político siempre es observada con detalle al tratarse de dos poderes fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia. En España (1983) se inició una praxis durante las campañas electorales: los bloques informativos de cuota, que hoy aún perdura. Es el único país del mundo que restringe la libertad de información de esa manera donde un órgano político (la Junta Electoral Central) controla la información electoral de los medios públicos aplicando criterios propagandísticos y no periodísticos. Esta práctica debilita el sistema democrático y alimenta la percepción de que los medios públicos no cumplen la función de informar libre y verazmente. Metodología: La investigación analiza la legislación de una docena de países europeos sobre esta temática y las diferentes soluciones aportadas. En paralelo, se realiza medio centenar de entrevistas con expertos (periodistas, políticos y reguladores) en aras de obtener los elementos consensuales mínimos. Resultados y conclusiones: Finalmente, se propone un nuevo modelo sustitutivo de gestión de la información electoral que logre superar el conflicto.

[EN] Introduction: The relationship between mass media and political powers is always closely observed because it is about two fundamental powers for the satisfactory functioning of the democracy. In Spain (1983) began a practice during election campaigns: informative blocks fee, which still lingers today. It is the only democratic country of the first world that restricts the freedom of information, since one political organ (the Electoral Central Council) who controls the electoral information of public service broadcasters applying propaganda instead of journalist’s criteria. This practice weakens the democratic system and feeds the perception that the public mass-media do not accomplish the role of free and truthful reporting. Methodology: The research analyzes and compares the legislation of a dozen European countries on this subject to observe the different solutions provided. On the other hand, we proceeded to make a fifty interviews with experts (professionals, politicians and regulators) in order to obtain the minimum consensual elements. Results and conclusions. Finally, we propose a replacement model that will overcome the current conflict.
Keywords

[ES] medios de comunicación; política; bloques informativos; elecciones; televisión; audiovisual.

[EN] mass-media; politics; elections; political-information; television; audiovisual.
Contents

[ES] 1. Introducción. Los bloques electorales en España. 2 Método. 3. Resultados. 3.1. Los bloques electores en ámbito internacional. 3.2. La opinión de las partes implicadas. 4. Conclusiones. Propuesta para un nuevo modelo. 5. Referencia bibliográficas.

[EN] 1. Introduction. The electoral blocs in Spain. 2. Methods. 3. 4. Conclusion. A proposal of a new model. 5. Notes and references.

Traducción de Stephanie Gaspard



  1. Introducción. Los bloques electorales en España

La calidad de la democracia en nuestro país está en entredicho por diversas causas (Villoria, 2007: 45). Cada vez son más los ciudadanos que muestran su descontento con las limitaciones que establece el marco democrático actual para el desarrollo efectivo del control popular sobre los poderes delegados. Este proceso genera una paulatina desafección política en la ciudadanía y una minusvaloración del papel que juegan los representantes elegidos.

Las críticas de la opinión pública también se trasladan al periodismo por el papel que juega en la transmisión, poco independiente, de las informaciones. Este proceso de descalificación de los medios de comunicación (MMCC) por su falta de independencia respecto de los poderes públicos, en especial respecto del Ejecutivo, se evidencia de manera notoria durante las campañas electorales.

Las funciones que las sociedades democráticas han asignado a los MMCC pasan por la realización de una información veraz, honesta, completa y plural, la base para que esas comunidades conozcan realmente los hechos. A través de la información que trasmiten los medios a los ciudadanos, éstos pueden participar plena y responsablemente en la vida pública. Además, como los representantes públicos y los funcionarios son potencialmente corruptibles, tal como se ha demostrado en numerosas ocasiones, el periodismo asume una función de vigilancia y control sobre las instituciones y sus responsables (Blesa, 2006: 91).

Los medios públicos deben arrogarse todas estas funciones de manera más responsable aún si cabe que los privados ya que han sido especialmente designados para estar al servicio de la comunidad (Andreu, 2005: 182) ya que la propiedad pertenece a todos los ciudadanos.

Estos principios se enmarcan en nuestro ordenamiento constitucional (art. 20.1 de la Constitución Española) que reconoce y protege el derecho de los ciudadanos a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, sin que puedan restringirse estos derechos mediante ningún tipo de censura previa. Por su parte, la Ley 17/2006 que regula el servicio público de la radio y televisión estatal indica que dichos medios han de regirse por un criterio de servicio público lo cual implica la capacidad de ejercer con libertad una función de supervisión sobre el funcionamiento de las instituciones (Holgado, 2003: 476).

Sin embargo, no siempre se cumplen estos preceptos en los medios públicos. Una de las evidencias más notables se produce durante las semanas en las que se desarrollan las campañas electorales. Los periodistas de esos medios ven condicionada su independencia informativa por una normativa que les obliga a cubrir las informaciones de las organizaciones políticas con unas pautas no profesionales. Además, la agenda de las campañas y su impacto en el voto implica más presión para el periodista (D'Adamo y García Beaudoux, 2006: 8).

Esta práctica se inició en 1983. En aquel período se procedió a una cobertura informativa de las elecciones locales y autonómicas (8/5/1983) aplicando un criterio proporcional de distribución del tiempo dedicado a la información de las fuerzas políticas en función del apoyo popular obtenido en elecciones anteriores. Esa práctica se denominó ‘minutaje’. Inicialmente contó con el consenso de la clase política pero ha ido generando muchas controversias al politizar de manera considerable la labor informativa de los medios públicos en los períodos electorales (Hallin y Mancini, 2008, 123 y ss).

Desde que fue aprobada la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General (LOREG), se estableció que la autoridad competente para determinar si se respetaba la neutralidad y el pluralismo político en las informaciones difundidas por los servicios informativos de los MMCC públicos sería la Junta Electoral Central (JEC). Desde entonces la JEC y el resto de juntas de menor rango disponen de las competencias para decidir cuáles deben ser los procedimientos informativos en el cubrimiento de las informaciones referidas a las fuerzas políticas durante las campañas (Rabadán, 2015: 161-162).

La JEC estableció que el número de minutos dedicados a cada formación política en los informativos de los medios públicos durante la campaña electoral debía tener una relación directa con la representación parlamentaria de cada grupo político. Este criterio, más propio de la propaganda política que de la información periodística, no consta en ningún artículo de la citada ley. Es un criterio interpretativo, propio y exclusivo, de los miembros de la JEC. A principios del presente siglo se procedió a la reforma de la LOREG (mediante la Ley 3/2011) que amplió la responsabilidad de la JEC en la definición de los contenidos y minutado de las informaciones políticas durante los períodos electorales (García Mahamut y Rallo, 2011: 206).

Ese procedimiento, conocido popularmente como ‘los bloques electorales’, obliga a que la información electoral de los informativos de radio y televisión durante la campaña previa a las elecciones se organice de una determinada manera: atendiendo a un orden y tiempo estricto en función de la representación parlamentaria de cada fuerza política, otorgando más espacio y tiempo a las fuerzas con mayor número de escaños, lo que genera una endogamia poco saludable para el sistema político (Castro 2008, 106).

Nos cuestionamos ¿por qué no se procedió en su momento a otorgar el minutado atendiendo al número de votos de cada organización política y no al número de representantes? La Constitución Española establece en su art. 68.3 que el sistema electoral español debe basarse en “criterios de representación proporcional”. Cuando se definió la ley electoral española se decidió aplicar la Ley D’Hondt, que tiende a favorecer a los partidos más fuertes en cada circunscripción, de tal manera que cuando la JEC decide una determinada adjudicación de minutado en función de su criterio no se ciñe estrictamente al mandato constitucional, sino a la fórmula electoral creada por Victor d'Hondt que genera una serie de distorsiones durante el ­proceso de asignación de los puestos a los cargos electos.

También nos preguntamos ¿por qué se impide la difusión de información de los partidos que no han conseguido entrar en los parlamentos? No encontramos respuesta válida más allá de entender que la situación es producto de la desconfianza mutua de las fuerzas políticas y la politización de los propios medios públicos, realizada por cada grupo que accedía al poder, una práctica no exclusiva de España (Van Dalen, 2012a: 466).

A través de la normativa de la LOREG y, sobre todo, de las interpretaciones restrictivas de la JEC, se visualiza una restricción de la libertad informativa al aplicar criterios políticos en las funciones informativas. Con esta decisión, España se ha convertido en el único país del mundo (Almiron et al, 2010: 230) que aplica este tipo de criterios tan taxativos en períodos electorales.

Los profesionales de la información vienen reclamando un cambio en este proceder desde hace décadas, sin conseguir que esta petición haya sido aceptada por los legisladores ni por el poder ejecutivo. Desde hace más de una década son cada vez más los medios públicos que se niegan a firmar las piezas informativas que realizan durante los procesos electorales, procedimiento conocido como ‘huelga de firmas’, intentando sensibilizar a la población de esta arbitrariedad que se viene cometiendo en favor de los partidos políticos con representación institucional (Casero-Ripollés, 2009).

Además, las fuerzas políticas mayoritarias envían con frecuencia a las redacciones las piezas informativas, ya editadas, para que se emitan sin apenas intervención de los periodistas. En ocasiones, se prohíbe la entrada de los MMCC gráficos a ciertos actos electorales para impedir captar planos no agradables (Casero-Ripollés, 2012: 39), lo que altera un espacio informativo que deviene en propaganda política. Frente a este cúmulo de arbitrariedades, los ciudadanos afrontan con apatía cuando no creciente desinterés este tipo de informaciones (Berrocal, 2005).

Desde diversas instancias se ha intentado negociar un cambio de esta situación con los representantes políticos, atendiendo a los criterios de neutralidad, equidad, equilibrio y pluralidad, pero ninguna iniciativa ha logrado modificar el statu quo. Los medios, y especialmente la televisión, son una fuente de influencia social dominante (Torres, 2007: 710).




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