Ley de Víctimas del Estado de Morelos


DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS CINCO



Descargar 1.33 Mb.
Página2/5
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño1.33 Mb.
1   2   3   4   5

DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS CINCO

POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, INCLUYENDO SU DENOMINACIÓN; Y POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.

PRIMERO. Se reforma integralmente la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, así como su denominación, para quedar como sigue:


LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1°, párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano y otras leyes en materia de víctimas.
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a todas las autoridades del estado de Morelos, así como a cualquiera de sus Secretarías, Dependencias, Entidades, órganos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral; quienes deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata, en especial, en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles, penales o de cualquier otra naturaleza a que haya lugar.
Artículo 2. El objeto de esta Ley es:


  1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que los Estados Unidos Mexicanos es parte, la Constitución Local, la Ley General de Víctimas y demás instrumentos de derechos humanos vinculantes para el estado de Morelos;

  2. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

  3. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

  4. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas, y

  5. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.


Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Federal y con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que los Estados Unidos Mexicanos es parte, y en la Ley General de Víctimas favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.
Artículo 4. Se denominarán víctimas directas cualquier persona física que individual o colectivamente haya sufrido directamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Son víctimas indirectas los familiares o personas físicas a cargo o que tengan una relación inmediata con la víctima directa, tanto formal como informal, que de alguna forma sufra un daño.
Se considera víctima potencial aquella que peligre en su esfera de derechos por auxiliar, impedir o detener la violación de un derecho de una víctima o la comisión de un delito.
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, independientemente de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño, o de su participación en algún procedimiento judicial o administrativo. Dicha calidad tampoco se pierde al existir algún nexo entre la víctima y una persona condenada o vinculada a una investigación por comisión de un delito.
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, se determinarán, implementarán y evaluarán, de conformidad con los siguientes principios:


  1. Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado y sus Municipios están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos;

  1. Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requieran, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos;

  2. Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación;

  1. Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas;

  1. Debido Proceso y deber de investigar: El Estado, a través de los órganos competentes, debe garantizar un proceso justo y eficaz que responda a los principios de celeridad, razonabilidad y garantía de derechos. El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables de la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos;

  2. Enfoque diferencial y especializado: Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior de la infancia.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad;



  1. Enfoque transformador: Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes;

  2. Gradualidad: Implica la responsabilidad estatal de diseñar herramientas operativas y garantizar los recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la obligación de implementarlos en todo el Estado en un plazo determinado y respetando el principio constitucional a la igualdad. La gradualidad de la política tendrá en cuenta el grado de vulnerabilidad y los enfoques diferenciales;

  3. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima;

  4. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial;

  5. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia: Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos.

La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada;



  1. Interés superior de la niñez: El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales;

  1. Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno deberá velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, así como la intimidad de las víctimas;

  1. Mínimo existencial: Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia;

  2. No criminalización: Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse;

  1. Victimización secundaria: Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos;

  2. Participación conjunta: Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos;

  1. Prioridad: Se atenderá y reparará de forma prioritaria a aquellas víctimas con mayores dificultades económicas o mayor nivel de vulnerabilidad;

  2. Progresividad y no regresividad: Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados;

  3. Publicidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible;

  1. Rendición de cuentas: Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas;

  2. Sostenibilidad: El desarrollo de las medidas a las que se refiere la presente Ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal, con el fin de darles, en su conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento;

  3. Transparencia: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas, y

  1. Trato preferente: Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.


Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

  1. Asesor Jurídico Estatal, al Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas o equivalente en el estado de Morelos adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal;

  2. Asesoría Jurídica Estatal, a la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Morelos;

  3. Asistencia, al conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social y cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas y brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica;

  4. Atención, a la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos;

  5. Código Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales;

  6. Comisión Ejecutiva Estatal, a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos en términos del artículo 108 de esta Ley;

  7. Comisión Ejecutiva Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas creada por la Ley General;

  8. Comisionado Ejecutivo, a la persona titular del Comisión Ejecutiva Estatal;

  9. Compensación, a la erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

  10. Constitución Local, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;

  11. Constitución, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

  12. Daño, a la muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, con excepción de los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por su implementación, en la medida en que los daños deriven o resulten;

  13. Delito, a la conducta típica, antijurídica y culpable que sanciona la legislación penal aplicable;

  14. Derecho a la información, a la facultad de las víctimas, sus representantes y abogados, de exigir del Estado el acceso a la información necesaria que posibilite la materialización de sus derechos; lo anterior en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial;

  15. Derecho a la justicia, a la facultad de las víctimas de exigir del Estado garantice y prosiga una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones descritas en la presente Ley, la identificación de los responsables y su respectiva sanción;

  16. Derecho a la reparación integral, a la facultad de las víctimas de exigir del Estado repare de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones descritas en la presente Ley;

  17. Derecho a la verdad, a la facultad de las víctimas de exigir del Estado el conocimiento de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones que se describen en la presente Ley y, en caso de desaparición, el esclarecimiento de su paradero;

  18. Entorno familiar, a aquellas personas que tengan una relación de parentesco en línea recta o colateral, o bien una relación inmediata formal o informal con la víctima directa del delito o la violación de derechos humanos;

  19. Estado, al Gobierno del Estado de Morelos;

  20. Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva Estatal;

  21. Fiscalía General, a la Fiscalía General del Estado de Morelos;

  22. Fondo Federal, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en los términos de la Ley General de Víctimas;

  23. Fondo, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos;

  24. Gobernador del Estado, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal;

  25. Hecho victimizante, a los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

  26. Instituciones, a todas las Secretarías, Dependencias, Entidades, órganos, organismos o cualquier otra área del poder público, incluyendo a los tres Poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismos constitucionales autónomos y aquellos que tienen autonomía académica;

  27. Ley General, a la Ley General de Víctimas;

  28. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;

  29. Ley, al presente instrumento Jurídico;

  30. Manuales Administrativos, a los Manuales de Organización, de Políticas y Procedimientos u otros correspondientes a las áreas de la Comisión Ejecutiva Estatal;

  31. Modelo, al Modelo Integral de Atención en Salud creado por la Comisión Ejecutiva Estatal;

  32. Núcleo esencial, a aquella parte esencial de un derecho fundamental, que no puede ser restringida o limitada. Es el mínimo de garantía de ese derecho, sin el cual la persona no podría desarrollarse o vivir como ser humano;

  33. Programa de Protección, al Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Periodistas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Servidores Públicos del Estado de Morelos;

  34. Programa Integral, al Programa de Ayuda, Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas;

  35. Recursos de Ayuda, a los gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en esta Ley, con cargo al Fondo;

  36. Registro Estatal de Víctimas, al mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional creado por la Ley General de forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas, en términos del artículo 124 de esta Ley;

  37. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley;

  38. Reparación Integral, a aquellas medidas que tienden a remendar los daños sufridos como consecuencia de las violaciones descritas en la presente Ley, garantizando a la víctima la compensación de las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de sus derechos, dependiendo de si el daño ocasionado es en el plano material o inmaterial, conforme lo establecido en el artículo 72 de la presente Ley;

  39. Servidores Públicos, a toda persona que desempeñe cualquier empleo, cargo o comisión en las instituciones;

  40. Sistema Estatal, al Sistema Estatal de Atención a Víctimas;

  41. Sistema Nacional, al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y

  42. Violación de Derechos Humanos, a todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales aplicables, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.


CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VÍCTIMAS
Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y no limitativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:


  1. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos y a su reparación integral;

  2. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de las violaciones a derechos humanos;

  3. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que les fueron violados sus derechos humanos, para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones y de los derechos que en su favor contemplan la Constitución, la Constitución Local, así como en la normativa de la materia;

  4. A que se les brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

  5. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;

  6. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;

  7. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

  8. A la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico y la seguridad de su entorno, con respeto a su dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentre dentro de un proceso penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar, ella y sus familiares, con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima o del ejercicio de sus derechos;

  9. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;

  10. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos, conforme la normativa aplicable;

  11. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, respetando los procedimientos que establezca la normativa aplicable;

  12. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;

  13. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva, cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;

  14. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro Estatal de Víctimas y de medidas de ayuda, de asistencia y de reparación integral que se dicten;

  15. A que su consulado sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;

  16. A la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

  17. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;

  18. A acudir y participar en escenarios de diálogo institucional;

  19. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;

  20. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;

  21. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;

  22. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;

  23. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;

  24. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;

  25. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;

  26. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

  27. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa aplicable;

  28. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;

  29. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;

  30. A que se les otorgue la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva Estatal o de la Comisión Ejecutiva Federal en los términos de la normativa aplicable;

  31. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no hablen el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual;

  32. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;

  33. A participar con espacios colectivos donde se proporcione el apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;

  34. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo o la normativa aplicable;

  35. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal; así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la normativa aplicable;

  36. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatal en términos de esta Ley;

  37. A recibir la protección de su identidad, datos personales y confidencialidad, y

  38. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley General, las normas federales y locales.


Artículo 8. La información y asesoría a las víctimas deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.
Artículo 9. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan, ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de parentesco que establece el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN
Artículo 10. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva Estatal o la Comisión Ejecutiva Federal, según corresponda, de acuerdo con las necesidades que tengan relación directa con el hecho victimizante.
Desde el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de los derechos, deberán garantizar la satisfacción de sus necesidades de:


  1. Alimentación;

  2. Aseo personal;

  3. Manejo de abastecimientos;

  4. Atención médica y psicológica de emergencia;

  5. Transporte de emergencia, y

  6. Alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras.

Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género, diferencial y especializado, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.


Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.
Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.
Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de la Entidad o Municipios, en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.
Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.
En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva Estatal podrá autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo.
La Comisión Ejecutiva Estatal deberá otorgar, con cargo al Fondo los Recursos de Ayuda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva Estatal requerirá a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 143 de esta Ley.
La Comisión Ejecutiva Estatal podrá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva Federal, para que esta última cubra con cargo a su Fondo, medidas de ayuda inmediata cuando la primera no cuente con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley General.
Artículo 11. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral a la que tuvieran derecho las víctimas, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.
El Estado debe cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinde la Comisión Ejecutiva Estatal a través de los Recursos de Ayuda.
Artículo 12. En el estado de Morelos se creará un Programa Integral para las víctimas y sus familias conforme a la normativa aplicable, compuesto por los servicios de salud, alojamiento y alimentación, transporte, protección, asesoría y acompañamiento jurídico. Así como de medidas de asistencia y atención tendientes a restablecer a la víctima en el ejercicio pleno de sus derechos y a promover la superación de su condición, dentro de las que se encuentran medidas en materia de educación; económicas y de desarrollo; de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia. Asimismo, fijará una metodología que permita establecer un plan individual de reparación integral para cada víctima, en el que se determinen los derechos vulnerados y el daño causado, y se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral.
Artículo 13. El Estado ofrecerá y prestará ayuda, asistencia y atención, independientemente de que la víctima presente o no denuncia por los hechos que las motivan.
Todas las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones, del Estado y de los Municipios, a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos. Ésas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-económica y sin exigir otras condiciones previas que las establecidas en la presente Ley.
CAPÍTULO IV

DE LAS MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA
Artículo 14. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.
Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.
Artículo 15. Las instituciones hospitalarias públicas del estado de Morelos y sus Municipios tienen la obligación de dar atención de urgencia a las víctimas que lo requieran, de acuerdo a los protocolos de atención, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.
Artículo 16. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:


  1. Hospitalización;

  2. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis, órtesis y demás instrumentos que la persona requiera para su movilidad, conforme al diagnóstico dado por el médico o especialista en la materia;

  3. Medicamentos;

  4. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

  5. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

  6. Transporte y ambulancia;

  7. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia del delito o la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica o psiquiátricamente;

  8. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del hecho delictivo o la violación a los derechos humanos;

  9. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la normativa aplicable, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y

  10. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas.

En caso de que la unidad médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus costos hayan sido cubiertos por la víctima, o en el caso de que haya hecho el pago de los honorarios a que se refiere la fracción IV, las autoridades estatales o municipales, según corresponda, lo reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.


Artículo 17. La Comisión Ejecutiva Estatal definirá y garantizará la creación del Modelo con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace referencia. Este modelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al cual pertenece.
Artículo 18. El Estado, a través de sus instituciones de salud pública, así como aquellos Municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias, estarán obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.
El proceso de credencialización se realizará de manera gradual y progresiva dando prioridad a las víctimas de daños graves a la salud e integridad personal. No obstante, aquellas víctimas que no cuenten con dicho carnet y requieran atención inmediata deberán ser atendidas de manera prioritaria.
Artículo 19. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Morelos y demás normativa aplicable para los usuarios de los servicios de salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:


  1. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de las unidades médicas públicas, estatales y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por cada víctima. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el profesionista, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

  2. El Estado a través de sus unidades médicas públicas, estatales y municipales, que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán otorgar citas médicas, en el menor tiempo posible y no mayor al contemplado en la Ley General, previa solicitud, salvo que sean casos de atención de urgencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;

  3. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la receta médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral;

  4. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis, órtesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al diagnóstico dado por el especialista en la materia, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;

  5. Las autoridades estatales y, en su caso, las municipales, proporcionarán atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica o psiquiátricamente en la forma en que se determine en el Reglamento;

  6. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso, incluyendo programas de nutrición, y

  7. En aquellos lugares en donde no se cuente con infraestructura hospitalaria o médica, se deberán garantizar las condiciones necesarias de acceso al servicio de salud o atención para evitar que las víctimas tengan que recorrer grandes distancias y que permita atender a las víctimas de urgencia, para después hacer la debida canalización a centros de salud especializados, conforme a la normativa aplicable.

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.


Artículo 20. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.
En cada una de las instituciones públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.
Artículo 21. El Estado, a través de sus instituciones de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.
Artículo 22. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la autoridad competente, se los reembolsará de manera completa y expedita, teniendo dicha autoridad, el derecho de repetir contra los responsables.
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento necesario para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo.
CAPÍTULO V

DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
Artículo *23. La Fiscalía General, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, sus homologas a nivel municipal y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal o municipal; contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo octavo del Decreto No. 3248, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5611 Alcance, de fecha 2018/07/11. Vigencia: 2018/07/12. Antes decía: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.
CAPÍTULO VI

DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO
Artículo 24. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto a su lugar de residencia y desee regresar al mismo, el Poder Ejecutivo Estatal cubrirá los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso sea el más seguro y el que le cause menor molestia de acuerdo con sus condiciones. El Gobernador del Estado reglamentará lo concerniente a los procedimientos necesarios que permitan garantizar que dicho retorno sea de carácter voluntario, seguro y digno.
Artículo 25. La Comisión Ejecutiva Estatal cubrirá los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:


  1. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;

  2. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatal de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;

  3. Solicitar medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y

  4. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución, pública o privada, cuando así sea autorizado en términos de artículo 10 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

En caso de que la Comisión Ejecutiva Estatal no haya cubierto los gastos referidos, la Comisión Ejecutiva Federal de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se emitan, deberá brindar la ayuda a que se refiere el presente artículo, con cargo al Fondo; debiendo la Comisión Ejecutiva Estatal realizar el reintegro de los gastos respectivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 Bis de la Ley General.


CAPÍTULO VII

DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN

Artículo 26. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden estatal o municipal de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas de protección que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño; para su implementación deberán observarse los principios a que refiere la Ley General.
Artículo 27. El Programa de Protección será expedido por el Gobernador del Estado, su elaboración será coordinada por la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, teniendo en cuenta las recomendaciones que al respecto realice la Comisión Ejecutiva Estatal y conforme a la normativa aplicable.
Tendrá como objeto implementar las medidas de protección integral a la población materia de su objeto, que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de ayuda, atención, asistencia y reparación, a través de los cuales las víctimas reclaman sus derechos. En el caso de Periodistas, personas defensoras de derechos humanos, el sólo ejercicio de la actividad fundamenta la protección si de ella se deviene un riesgo. Las medidas de protección serán determinadas según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular y en la medida en que exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal, atendiendo a la normativa existente sobre la materia.
La Comisión Ejecutiva Estatal llevará un registro de todas las medidas adoptadas y velará porque las acciones implementadas por otras autoridades para garantizar la protección se realicen de forma coordinada, integral y efectiva.
Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de evitar y tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.
Artículo 28. Cuando las autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio Público tengan conocimiento de situaciones de riesgo señaladas en el siguiente artículo, remitirán de inmediato tal información a la autoridad competente designada de acuerdo a los programas de protección, para que inicien el procedimiento urgente conducente a la protección de la víctima, de acuerdo a la evaluación de riesgo.
Artículo 29. Las medidas de protección podrán extenderse al núcleo familiar, siempre que ello sea necesario, según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular y exista amenaza contra los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de los miembros del mismo. El estudio técnico de nivel de riesgo gozará de carácter reservado y confidencial.
Artículo 30. El Programa de Protección deberá incluir los siguientes criterios:


  1. Adopción de las medidas proporcionales al nivel de riesgo de la víctima antes, durante y después de su participación en procesos jurisdiccionales o administrativos;

  2. Valoración e identificación del riesgo y factores que lo generan, debiendo ser evaluado periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo a dicha evaluación;

  3. Protección, sin discriminación alguna, de las víctimas y testigos cuya vida, seguridad y libertad estén en riesgo con ocasión a su participación en procesos judiciales o administrativos contemplados en la normatividad relacionada con dichos programas. Por consiguiente, el Programa de Protección establecerá las medidas sin perjuicio del tipo de delito que se investigue o juzgue, del presunto responsable del hecho, de la fecha de ocurrencia del delito o del procedimiento judicial o administrativo para el reclamo de los derechos, siempre y cuando exista un claro nexo causal entre las amenazas y la participación de la víctima o testigo;

  4. Adopción de los criterios necesarios para la evaluación de riesgo y las decisiones sobre las medidas que deberán atender y tomar en consideración los aspectos diferenciales por género, capacidad y cultura;

  5. Coordinación permanente con los programas de atención a víctimas, con el fin de atender el trauma causado por el hecho victimizante y la situación de riesgo generada;

  6. Las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de los beneficiarios del Programa de Protección. Una vez decidida la medida de protección por parte de la autoridad que corresponda, la víctima o testigo podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a la decidida si considera que ésta no resulta adecuada para las circunstancias particulares del caso. Por la autoridad que corresponda determinará su conveniencia, viabilidad y aplicabilidad;

  7. Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco del programa de protección deberán efectuarse en espacios que garanticen la seguridad y confidencialidad, en particular cuando involucren a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y

  8. Se deberá dar información permanente a las autoridades jurisdiccionales y administrativas que atiendan los procesos de investigación que ocasionaron o agravaron el riesgo, con la finalidad de que en el transcurso del mismo se tenga en cuenta la situación de la víctima y testigo. Especialmente, se tendrán en cuenta las razones que puedan impedir o dificultar la participación de aquellos en las diligencias y se adoptarán las oportunas medidas de apremio que lo garanticen.


Artículo 31. Las autoridades estatales y municipales brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima.
Las autoridades estatales y municipales garantizarán a las víctimas la información y asesoría completa en los términos del presente artículo.
Para el efecto se adoptarán los criterios y mecanismos establecidos por la Comisión Ejecutiva Estatal.
CAPÍTULO VIII

DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva Estatal como responsable de la creación y gestión del Registro Estatal de Víctimas garantizará que el acceso de las víctimas a dicho Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.

El Sistema Estatal de Seguridad Pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimas asistidas por la Comisión Ejecutiva Estatal, por modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos que la motivare. La información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales.


Artículo 33. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva Estatal, las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios deberán contar con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y, en particular, el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.
Artículo 34. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.
SECCIÓN PRIMERA

DE LAS MEDIDAS DE EDUCACIÓN
Artículo 35. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo, si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Artículo 36. Las instituciones del sistema educativo estatal impartirán educación de manera tal que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.
Artículo 37. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán apoyos especiales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.
Artículo 38. Se establecerá un programa de becas permanente para el caso de las víctimas directas e indirectas que se encuentren cursando los niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria o universidad en instituciones públicas, con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios. Estos apoyos continuarán hasta el término de su educación superior.
El Estado a través de sus instituciones correspondientes y de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a prestar servicios educativos para que gratuitamente, cualquier víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la Ley de Educación aplicable.
Artículo 39. El Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus instituciones de Educación, así como aquellos Municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de tales servicios, en el marco de sus competencias, deberán entregar a niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes, para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

Artículo 40. La víctima o niñas, niños o adolescentes que estén bajo su patria potestad o custodia deberán tener acceso a los libros de texto y demás materiales educativos complementarios que las autoridades educativas determinen.
Artículo 41. El Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus instituciones de Educación, y las Instituciones de Educación Superior, en el marco de su autonomía, establecerán apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula, que permitan a las víctimas que así lo requieran acceder a los Programas Académicos ofrecidos por estas Instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención de pagos, como los pagos de inscripción y de derechos de grado y deberán implementar medidas para el acceso preferencial de las víctimas.
Artículo 42. En los casos en que la víctima esté cursando sus estudios en una institución de educación privada, se realizarán las acciones conducentes a efecto de que el programa permanente a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, considere becas para las víctimas que las beneficien hasta la conclusión del ciclo escolar en curso.
SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO
Artículo 43. El Poder Ejecutivo Estatal, dentro de la política de desarrollo social, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios de dicha política conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.
Artículo 44. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, así como los relativos a la no discriminación, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Artículo 45. Las Instituciones, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

ARTÍCULO 46. Las Autoridades estatales y municipales del estado de Morelos, están obligadas a proporcionar la información necesaria de los programas aludidos en el artículo precedente, sus reglas de acceso, operación, recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas.
Las víctimas estarán sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas.
SECCIÓN TERCERA

DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 47. Las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia en los términos de la Constitución, de modo que se les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.
Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.
Artículo 48. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo precedente, las Instituciones garantizarán a las víctimas el acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás normativa aplicable.
Artículo 49. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Estado, en el ámbito de su competencia:


  1. Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Estatal y Municipal investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos;

  2. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la normativa aplicable;

  3. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia;

  4. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

  5. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

  6. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;

  7. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas y garantizar la seguridad de quienes denuncian;

  8. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

  9. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley y las normas reglamentarias aplicables.


Artículo 50. Además de los derechos reconocidos en la Constitución, el Código Nacional y la Ley General, las víctimas gozarán de los siguientes:


  1. A expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las autoridades e instancias correspondientes de procuración e impartición de justicia y a que ésas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten a sus intereses, y

  2. A ofrecer o solicitar la práctica de pruebas a través de peritajes independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección de los derechos humanos.

La Comisión Ejecutiva Estatal podrá cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos con cargo al Fondo.


Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal estatal o nacional capacitado en la materia.

Artículo 51. En los casos en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia se observará lo dispuesto en la Ley General, sin perjuicio de lo previsto por el Código Nacional.
Artículo 52. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, así como a ser representadas por un Asesor Jurídico Estatal, o en su caso, por el Ministerio Público, y ser notificadas personalmente de los actos o resoluciones dictados por la autoridad competente, de conformidad con lo previsto en la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Ley General, el Código Nacional y demás normativa aplicable.
Artículo 53. Las víctimas tendrán derecho a que se considere su discapacidad temporal o permanente, física o mental, así como su condición de niñas, niños, adolescentes o adultos mayores. Así mismo, a que se respete un enfoque transversal de género y las diferencias culturales, religiosas, de credo, étnicas, entre otras igualmente relevantes. Cuando sea necesario, el Estado proporcionará intérpretes y traductores. Las víctimas no podrán ser discriminadas por ninguna causa de conformidad a la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
Artículo 54. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse y, en caso de aceptar su realización, a ser acompañadas en todo momento por su asesor jurídico o la persona que consideren.
La Comisión Ejecutiva Estatal, podrá cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo.
Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal estatal o nacional capacitado en la materia.
Artículo 55. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño, la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición. Para tal efecto, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en normativa aplicable.
No podrá celebrarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado, a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión y en los casos en que la Ley lo prohíba.
La Fiscalía General llevará un registro y una auditoría puntual sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando, en todo, caso la Comisión Ejecutiva Estatal, a las instancias de protección a las mujeres y la defensa de niñas, niños y adolescentes y la familia, a fin de que se verifique que la víctima tuvo la asesoría necesaria para la toma de dicha decisión. Los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conllevan, serán sancionados conforme a lo previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 56. La Fiscalía General creará un Programa Especial para el trato jurídico de casos de violencia sexual. Dicho Programa deberá prever una asistencia diferenciada a las víctimas de este delito, informar a la víctima y su representante de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, desde que se tenga conocimiento del hecho delictivo.
La Comisión Ejecutiva Estatal deberá revisar el Programa Especial a que se refiere el párrafo anterior, previamente a su publicación en el órgano de difusión oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la que se dará cuenta de dicha revisión.
Artículo 57. Para garantizar el derecho a la justicia de víctimas de manera efectiva, en los casos en que se investiguen delitos que involucren violencia sexual, toda autoridad aplicará, como mínimo, las siguientes reglas:


  1. Para todas las víctimas que participen en el proceso o que declaren como testigos, se deberá contar con la presencia de personal con especialidad y experiencia en situaciones traumáticas, en disciplinas como psicología, trabajo social, psiquiatría, entre otros, y

  2. La víctima tiene derecho a elegir el género de la persona ante la cual desea rendir declaración.


Artículo 58. Las víctimas deben ser informadas sobre los siguientes aspectos:


  1. Las Instituciones y organizaciones a las que puede dirigirse para obtener asesoría y apoyo especializado;

  2. Los servicios y garantías a que tiene derecho o que puede encontrar en las distintas Instituciones y organizaciones;

  3. El lugar, la forma, las autoridades y requisitos necesarios para presentar una denuncia;

  4. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y los derechos y mecanismos que como víctima puede utilizar en cada una de ellas. Las autoridades deben informar a las mujeres y los menores de edad sobre su derecho a no ser confrontados con el agresor o sus agresores;

  5. Las autoridades ante las cuales puede solicitar protección y los requisitos y condiciones mínimos que debe acreditar para acceder a los programas correspondientes;

  6. Las Instituciones y las autoridades que pueden brindarle orientación, asesoría jurídica o servicios de representación judicial gratuitos;

  7. Las Instituciones competentes y los derechos de los familiares de las víctimas en la búsqueda, exhumación e identificación en casos de desaparición forzada y de las medidas de prevención para la recuperación de las víctimas;

  8. Los trámites y requisitos para hacer efectivos los derechos que le asisten como víctima;

  9. Del curso o trámite dado a su denuncia;

  10. Del inicio de la investigación formal y de la posibilidad de constituirse en parte dentro de la actuación;

  11. De la captura o detención del presunto o presuntos responsables;

  12. De la decisión adoptada sobre la detención preventiva o libertad provisional de los presuntos responsables;

  13. Del inicio del juicio y del derecho a participar en el proceso;

  14. De la celebración de las audiencias públicas de investigación y juzgamiento;

  15. De la sentencia emitida por el Juez o Magistrado;

  16. De los recursos que cabe interponer en contra de la sentencia;

  17. De la exhumación de restos o cadáveres que pudieran corresponder a un familiar desaparecido, de la identificación de posibles lugares de inhumación y del procedimiento en el que tienen que participar las víctimas para lograr la identificación de los restos;

  18. De las medidas vigentes para la protección de las víctimas y testigos y los mecanismos para acceder a ellas;

  19. De las resoluciones sobre medidas cautelares que recaigan sobre bienes destinados a la reparación, y

  20. De las demás actuaciones judiciales que afecten los derechos de las víctimas.

Toda asesoría y acompañamiento jurídico sobre la realización de las diligencias judiciales en las que la víctima pueda participar, deberá efectuarse en un término razonable y de conformidad con el respectivo proceso.


Frente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, así como los delitos contra la libertad e integridad personal como la desaparición forzada y el secuestro, las autoridades que intervengan en las diligencias iniciales deberán brindar garantías de información reforzadas, mediante personal especializado en atención psicosocial, sobre las Instituciones a las que deben dirigirse para obtener asistencia médica y psicológica especializada, así como frente a sus derechos y la ruta jurídica que debe seguir.
Toda información, asesoría y acompañamiento jurídico deberá garantizar la confidencialidad de las solicitudes que se realicen.
Las personas en situación de víctima podrán en todo momento estar acompañadas por una persona de su confianza.
Artículo 59. La Fiscalía General deberá tomar las decisiones correspondientes para que, en unión y colaboración con otras Instituciones competentes en la materia y las autoridades federales, se adopte un sistema o estrategia para combatir eficazmente el crimen organizado y acabar con los índices de impunidad, en beneficio de las víctimas y la sociedad en general. Para ello deberán fortalecer las herramientas investigativas y de persecución de las más graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, conforme la normativa aplicable.
CAPÍTULO IX

DEL DERECHO A LA VERDAD
Artículo 60. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas, desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.
Artículo 61. En los casos de desapariciones forzadas o de víctimas reportadas como desaparecidas se estará a lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y demás normativa aplicable.
Artículo 62. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos.
Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.
Artículo 63. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado generará condiciones para que pueda tener lugar una investigación independiente, imparcial y efectiva, que cumpla con la normativa aplicable y, entre otros, con los siguientes objetivos:

  1. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;

  2. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;

  3. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas;

  4. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas de investigación, y

  5. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos.

Para el cumplimiento de estos objetivos deberán realizarse consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.


Artículo 64. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como Asociaciones Profesionales, Gremiales y Sindicales, Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones Académicas y otras de similar naturaleza, podrán proporcionar a la autoridad competente los resultados que arrojen sus investigaciones, con el fin de contribuir a la búsqueda y conocimiento de la verdad.
Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.
Artículo 65. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos, así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.
El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción, destrucción, alteración o falsificación; permitir su consulta pública, particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y contribuir a garantizar la acción de la justicia.
Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.
Los Tribunales Nacionales e Internacionales, los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, así como los investigadores que trabajen en esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio.
En ningún caso, las Instituciones del estado de Morelos podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento de las personas.
Artículo 66. De conformidad con la Ley General, se creará el Archivo de la Verdad del Estado de Morelos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos y demás normativa aplicable. Dicho archivo deberá contar con dos sub archivos, el de verdad judicial y el de verdad histórica.

Dicho archivo estará a cargo del Instituto Estatal de Documentación de Morelos, y la Comisión Ejecutiva Estatal participará en su creación.


Artículo 67. Se creará la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos, como establecimiento público de orden estatal a cargo de la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo Estatal. La Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos tendrá como sede principal la ciudad de Cuernavaca.
Artículo 68. La Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos tendrá como objeto fomentar actividades educativas, pedagógicas, museísticas y culturales dirigidas a la reconstrucción de la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos.
El Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de su Secretaría de Cultura, definirá la estructura y funcionamiento de la Casa de la Memoria.
Artículo 69. Son funciones específicas de la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos:


  1. Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria Histórica Estado de Morelos, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva;

  2. Diseñar, crear y administrar acciones encaminadas a fortalecer los derechos humanos y la memoria histórica, mediante el acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas físicas o colectivas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones de derecho humanos en el estado de Morelos, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones, y

  3. Suscribir convenios, contratos o cualquier otro acto jurídico que se requiera para la ejecución de sus funciones y el desarrollo de su encomienda.

Los documentos que no tengan carácter reservado o confidencial y se encuentren en archivos privados y públicos en los que consten las violaciones de derechos humanos, serán constitutivos del patrimonio documental bibliográfico.


Artículo 70. Se instituye el día 28 de marzo de cada año como el Día de Conmemoración de las Víctimas del Estado de Morelos, como medida de satisfacción y mecanismo de garantía de no repetición de los hechos violentos del pasado, sin que exista suspensión de actividades laborales o escolares.
CAPÍTULO X

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL
Artículo 71. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
La determinación de medidas obedecerá al desarrollo del enfoque diferencial y propender por la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima y su entorno familiar con enfoque transformador.

Artículo 72. Para los efectos de la presente Ley la reparación integral comprenderá:


  1. La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

  2. La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

  3. La compensación que se otorgue a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

  4. La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las víctimas, y

  5. Las medidas de no repetición que persigan la no reiteración del hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima.

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo de la Comisión Ejecutiva Federal o al Fondo, según corresponda, en los términos previstos en la Ley General y esta Ley.


Artículo 73. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo.


Artículo 74. Para la determinación e implementación de medidas objeto de reparación integral, la Comisión Ejecutiva Estatal se apegará a lo establecido en el Programa Integral, conforme a la normativa aplicable.
El Programa Integral fijará una metodología que permita establecer para cada víctima un plan individual de reparación integral, donde se determinen los derechos vulnerados, el daño y se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral y los términos. Las personas colectivas objeto de reparación también deberán ser objeto de plan individual.
Las medidas desarrolladas en el marco del plan individual o colectivo de reparación integral se desarrollarán con cargo al Fondo.
Artículo 75. Las autoridades estatales y municipales donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar, así como aquellos relacionados con sus tradiciones religiosas y culturales.
Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias correspondientes a los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva Estatal.
SECCIÓN PRIMERA

DE LAS MEDIDAS DE RESTITUCIÓN

Artículo 76. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:


  1. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de personas;

  2. Restablecimiento de los derechos jurídicos;

  3. Restablecimiento de derechos civiles y políticos;

  4. Restablecimiento de la identidad;

  5. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;

  6. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen;

  7. Reintegración en el empleo;

  8. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuere posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juzgador podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito, sin necesidad de recurrir a prueba pericial, y

  9. Restablecimiento de su salud.

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán de los registros los respectivos antecedentes penales.


SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
Artículo 77. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:


  1. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;

  2. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;

  3. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadano;

  4. Programas de educación y capacitación laboral orientados a la formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;

  5. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida, y

  6. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad.

La atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada a que se refiere la fracción I del presente artículo, se desarrollará a través del Modelo. La reglamentación del Modelo deberá atender, en su caso, las medidas individuales, físicas y de atención mental, que permitan a las víctimas, su familia y entorno social superar las secuelas de la victimización y desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de manera individual o colectiva.


Los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo será prestado por la Asesoría Jurídica Estatal en términos de lo previsto por esta Ley.
Las demás acciones enunciadas en el presente artículo serán desarrolladas por la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 78. En materia de rehabilitación se dará trato preferencial y diferenciado a las mujeres, los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a personas dependientes de éstas.
SECCIÓN TERCERA

DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
Artículo 79. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 86 de esta Ley o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

  1. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;

  2. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;

  3. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;

  4. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;

  5. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;

  6. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;

  7. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y

  8. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en Municipio distinto al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.


Artículo 80. La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 86 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 84 de esta Ley.
En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.
La Comisión Ejecutiva Estatal expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.
Artículo 81. Niñas, niños y adolescentes, así como las personas incapaces víctimas tienen el derecho a obtener una compensación. Los padres, tutores o la autoridad competente, según sea el caso, podrán elevar la solicitud de la compensación a que el niño, niña o adolescente y persona incapaz tenga derecho, como representantes legales.
La Comisión Ejecutiva Estatal creará en todos los casos, la constitución de una subcuenta dentro del Fondo a nombre de cada niña, niño y adolescente, así como persona incapaz víctima. Los costos de la administración serán a cargo del Estado.
La compensación para cada niño, niña y adolescente podrá ser utilizada para garantizar su sano desarrollo y cubrir sus necesidades primarias antes de que cumplan la mayoría de edad, para lo cual la Comisión Ejecutiva Estatal reglamentará el acceso al mismo.
La compensación así como las medidas de asistencia y ayuda para la persona incapaz víctima, podrán ser solicitadas por su representante legal o tutor y podrán ser utilizadas para garantizar sus necesidades primarias, para lo cual la Comisión Ejecutiva Estatal reglamentará el acceso al mismo.
Si al cumplir la mayoría de edad existiera remanente de la compensación a la que tienen derecho, la Comisión Ejecutiva Estatal deberá entregarla en términos de la normativa aplicable.
Artículo 82. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:


    1. Un Órgano Jurisdiccional Nacional;

    2. Un Órgano Jurisdiccional Internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México;

    3. Un Organismo Público de Protección de los Derechos Humanos, y

    4. Un Organismo Internacional de Protección de los Derechos Humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo Tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme a lo dispuesto por la presente Ley.


En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 84.
Artículo 83. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste o, en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.
Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará en lo dispuesto en el artículo 84 de esta Ley.
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva Estatal fijará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo en términos de la presente Ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:


    1. La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído a la acción de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad, y

    2. La resolución firme emitida por la autoridad judicial.

El dictamen de resolución de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro del plazo de noventa días, contados a partir de la determinación o resolución firme correspondiente.
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado será hasta de quinientas veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, la cual deberá ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva Estatal ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente sus alegatos. La víctima podrá presentar, entre otros:


  1. Las constancias del agente del Ministerio Público que competa, de las que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la judicialización de la carpeta de investigación con o sin detenido;

  2. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar. En el incidente o expediente respectivo, la reparación obtenida y como consecuencia de ello los conceptos que el sentenciado no pudo reparar, o

  3. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, ya sea de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación o de las autoridades responsables de la compensación subsidiaria de conformidad con lo que establece esta Ley.


Artículo 86. El Estado compensará a través de la Comisión Ejecutiva Estatal, de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.
La Comisión Ejecutiva Federal podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo Federal, cuando la Comisión Ejecutiva Estatal lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley General.
La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con cargo al Fondo en términos de la Ley y su Reglamento.
Artículo 87. El Estado a través de la Comisión Ejecutiva Estatal tendrá la obligación de exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.
Artículo 88. La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.
Artículo 89. En casos en que la víctima demuestre extrema vulnerabilidad con ocasión de la ocurrencia del acto delictivo, la Comisión Ejecutiva Estatal podrá reconocer, en calidad de compensación provisional y anticipada, los montos a que diera lugar de manera parcial o total. En caso de que no se cumplan los elementos contenidos en este artículo, la víctima estará obligada a realizar la devolución de la compensación provisional y anticipada, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas que de los mismos hechos pudieran derivar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.
SECCIÓN CUARTA

DE LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN
Artículo 90. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionen bienestar y contribuyan a mitigar el daño de la víctima. Las medidas de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica que a las mismas se pueden adicionar otras.
Artículo 91. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:


  1. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;

  2. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

  3. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

  4. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

  5. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades campesinas y pueblos y comunidades originarias, atendiendo a un enfoque diferencial. Se deberá en todo momento contar con la participación de las víctimas para el diseño, elaboración, creación e implementación de las medidas de satisfacción;

  6. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos;

  7. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas;

  8. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor, y

  9. Efectuar las publicaciones a que haya lugar.


Artículo 92. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general tendente a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
Las medidas de reparación simbólica, ya sean individuales o colectivas, podrán cubrirse con cargo al Fondo, conforme lo establezca el Reglamento y la normativa aplicable.
Artículo 93. A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos se creará el programa especial para el encuentro y reconstrucción del tejido social, el cual tendrá por finalidad establecer acciones y herramientas que contribuyan a la reconstrucción de la memoria en espacios colectivos, elaborar un plan de acción que incluya actividades para la dignificación de las víctimas y su reconocimiento.
El proyecto de presupuesto de egresos del Estado y su correspondiente aprobación deberán garantizar una partida presupuestal para realizar los ajustes institucionales y financieros para el desarrollo de este programa.
SECCIÓN QUINTA

DE LAS MEDIDAS DE NO REPETICIÓN
Artículo 94. Las medidas de no repetición son aquellas que se adoptan para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y que contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:


  1. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las corporaciones de seguridad pública;

  2. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a la normatividad internacional, federal y local relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;

  3. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial Estatal;

  4. La limitación en la participación los Poderes del Estado, de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos;

  5. La exclusión en la participación en el gobierno o en las corporaciones de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y cualquier otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos;

  6. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información que coadyuven con los objetivos de esta Ley;

  7. La protección de los defensores de los derechos humanos;

  8. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como las corporaciones de seguridad;

  9. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de protección de derechos humanos, por los servidores públicos, incluido el personal de corporaciones de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;

  10. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales;

  11. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan, y

  12. Profesionalización y actualización de las corporaciones de seguridad en materia de respeto, garantía y protección de los derechos humanos.


Artículo 95. El estado de Morelos creará un Sistema de Alertas que tenga por finalidad realizar estudios sobre el comportamiento delictivo en el Estado y monitoreo a la violación de derechos humanos, generando alertas tempranas de prevención e intervención de las autoridades competentes. Este sistema deberá contemplar, más allá de un enfoque policial, la seguridad humana, aspectos sociales y de otra índole.
Artículo 96. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de las violaciones a los derechos humanos las siguientes:


  1. Supervisión de la autoridad;

  2. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él en caso de existir peligro inminente para la víctima;

  3. Determinación y caución de no ofender;

  4. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y

  5. La asistencia a tratamiento de rehabilitación dictada por un Juez y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o el hecho victimizante, en los términos de la normatividad aplicable.


Artículo 97. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de los condenados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad.
Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, se reduzca la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.
El Poder Ejecutivo Estatal garantizará la implementación de esta medida de acuerdo a los lineamientos del área de Reinserción Social.
Artículo 98. Cuando una persona haya sido sentenciada por delitos o violación a los derechos humanos, cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, se le aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación, sin perjuicio de lo previsto por el Código Nacional.
CAPÍTULO XI

DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

EN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Artículo 99. En términos de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley General y derivado de la participación del Estado en el Sistema Nacional, las autoridades del estado de Morelos, conforme el ámbito de su competencia, están obligadas a:


  1. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas;

  2. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;

  3. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley;

  4. Ejercer su facultad reglamentaria para la aplicación de la presente Ley;

  5. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional;

  6. Participar en la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas que realice el Gobierno Federal;

  7. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las víctimas indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado;

  8. Fortalecer e impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

  9. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa de Atención Integral a Víctimas que realice el Gobierno Federal;

  10. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres, así como su empoderamiento, y mejorar con ello su calidad de vida;

  11. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional;

  12. Promover programas de información a la población en la materia;

  13. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;

  14. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley y la Ley General;

  15. Rendir ante el Sistema Nacional un informe anual sobre los avances de los programas locales que deriven de la presente Ley;

  16. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;

  17. Impulsar la participación de las organizaciones civiles dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales;

  18. Recibir de las organizaciones civiles las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

  19. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración;

  20. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y

  21. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos jurídicos aplicables.


Artículo 100. Las instituciones competentes en las materias de seguridad pública, procuración de justicia, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación, cultura, conforme el ámbito de su competencia, deberán:


  1. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes, programas, líneas de acción, convenios de cooperación y coordinación, entre otros, para garantizar los derechos de las víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos;

  2. Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;

  3. Canalizar a las víctimas a las instituciones que les prestan ayuda, atención y protección especializada;

  4. Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto irrestricto de los derechos establecidos en la presente Ley;

  5. Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

  6. Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del Programa que les corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las víctimas, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;

  7. Definir y promover al interior de cada institución política que promuevan el respeto irrestricto de los derechos humanos, con base en los principios establecidos en la presente Ley, a fin de fomentar la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas;

  8. Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de violaciones a derechos humanos, y en el caso de nacionales que se encuentren en el extranjero, se deberán establecer los mecanismos de información para que conozcan a dónde acudir en caso de encontrarse en calidad de víctimas;

  9. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de violaciones a derechos humanos, proporcionando la información que sea requerida por la misma;

  10. Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones lo que mandata la Ley;

  11. Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión Ejecutiva Estatal, en términos de esta Ley, y

  12. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa Integral.

Las instituciones del sector salud, de manera integral e interdisciplinaria brindarán atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que en la prestación de los servicios se respeten sus derechos humanos.


Las instituciones de seguridad pública deberán salvaguardar la integridad y patrimonio de las víctimas en situación de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios y otras situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o durante la prevención de la comisión de algún delito o violación a sus derechos humanos.
Artículo 101. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, las siguientes competencias:


  1. Instrumentar y articular, en concordancia con las políticas nacional y estatal, la política municipal para la adecuada atención y protección a las víctimas;

  2. Coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal, en la adopción y consolidación del Sistema Nacional;

  3. Promover, en coordinación con las autoridades estatales, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

  4. Ejecutar las acciones necesarias, en el ámbito de su competencia, para coadyuvar en el cumplimiento del Programa de Atención Integral a Víctimas que realice el Gobierno Federal y el Programa Integral;

  5. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;

  6. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

  7. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;

  8. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

  9. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos jurídicos aplicables.


Artículo 102. Las competencias y obligaciones del Estado y de los Municipios, así como de sus servidores públicos, tales como Ministerio Público, integrantes del Poder Judicial Estatal, Asesores Jurídicos de las víctimas, funcionarios del organismo de protección de derechos humanos en el Estado, y las policías, se encuentran consagradas en la Ley General y el Código Nacional, por lo que deberán observarse en todo momento a fin de dar cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 103. A la víctima le corresponde:


  1. Actuar de buena fe;

  2. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes;

  3. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así lo requiera y por el lapso que se determine necesario;

  4. Cuando tenga acceso a información reservada o confidencial, respetar y guardar la secrecía de la misma, y

  5. Lo que establezcan otros ordenamientos jurídicos en la materia.

Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo.


CAPÍTULO XII

DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Artículo 104. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas relacionadas con las víctimas, y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en el estado de Morelos. Así como la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por la Ley General, para la protección de los derechos de las víctimas.
El Sistema Estatal está constituido por todas las instituciones y entidades públicas estatales y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el artículo 106 de esta Ley.
Para la operación del Sistema Estatal y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema Estatal contará con una Comisión Ejecutiva quien conocerá y resolverá los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su Entidad de origen la Comisión Ejecutiva Estatal en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizará su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.


El Sistema Estatal deberá realizar las acciones necesarias para guardar la vinculación necesaria, conforme el ámbito de su competencia, con el Sistema Nacional, respecto de las determinaciones y decisiones que en este último se tomen a favor de las víctimas.
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.
Artículo 105. Para el cumplimiento de su objeto el Sistema Estatal, en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes atribuciones:


  1. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

  2. Formular propuestas para la elaboración del Programa Integral y demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

  3. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva Estatal;

  4. Elaborar propuestas de reforma a instrumentos legales o reglamentarios en materia de atención a víctimas para someterlos a las autoridades competentes;

  5. Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

  6. Promover estrategias para el desarrollo profesional y la especialización de los miembros de las instituciones de atención a víctimas;

  7. Promover que las disposiciones jurídicas pertinentes prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;

  8. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;

  9. Proponer criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de víctimas, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;

  10. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;

  11. Formular estrategias de coordinación en materia de atención a víctimas;

  12. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;

  13. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;

  14. Promover la uniformidad de criterios jurídicos con relación a la materia de la presente Ley;

  15. Coordinar la elaboración de diagnósticos que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño en la Entidad;

  16. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva Federal y la Comisión Ejecutiva Estatal para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva Federal a través del Fondo Federal, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de compensación subsidiaria, en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley General;

  17. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y municipales en materia de capacitación, capital humano, y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios de atención a víctimas;

  18. Aprobar la propuesta, que someta a su consideración el Comisionado Ejecutivo, de la plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley, y

  19. Las demás que le otorga esta Ley, su Reglamento, así como demás normativa aplicable.


Artículo 106. El Sistema Estatal se integrará de la siguiente manera:


  1. Del Poder Ejecutivo Estatal:

  1. El Gobernador del Estado quien lo presidirá;

  2. La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal;

  3. La persona titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos;

  4. La persona titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública;

  1. Del Poder Legislativo Estatal:

  1. Una persona representante de la Comisión de Atención a Víctimas del Congreso del Estado;

  1. Del Poder Judicial Estatal:

  1. La persona titular del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Estatal;

  1. Organismos Públicos:

  1. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos;

  1. La persona titular del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, y

  2. El Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal.


Artículo 107. Los integrantes del Sistema Estatal se reunirán en Pleno o en comisiones de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones.


El quórum para las reuniones del Sistema Estatal se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto.
Corresponderá al Presidente del Sistema Estatal la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. Los integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema Estatal.
El Presidente del Sistema Estatal será suplido en sus ausencias por la persona titular de la Secretaría de Gobierno, por lo cual esta última deberá nombrar, a su vez, al servidor público que lo supla ante el Sistema, a fin de evitar la concentración de votos en su sola persona para la toma de decisiones. El resto de los integrantes del Sistema deberán asistir personalmente.

Al desarrollo de las sesiones del Sistema Estatal se podrá invitar, con derecho a voz, pero sin voto, a representantes de otras instituciones federales, estatales y municipales; instituciones; asociaciones; organizaciones no gubernamentales y, en general, a cualquier persona con reconocida experiencia, cuando los temas a tratar así lo requieran; siempre que así lo acuerde el Pleno del Sistema Estatal.


Las sesiones y demás formas de operación del Sistema Estatal se realizarán conforme lo determine el Reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO XIII

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
SECCIÓN PRIMERA

DE LA NATURALEZA Y DEL OBJETO
Artículo 108. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, creada como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado por Acuerdo del Gobernador del Estado a la Secretaría o Dependencia del sector correspondiente; cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su normativa correspondan.
La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 1 de esta Ley y conforme el ámbito de su competencia. Asimismo fungirá como órgano operativo del Sistema Estatal.
La Comisión Ejecutiva Estatal tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá su sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y podrá establecer oficinas en otros Municipios de la Entidad, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.


Artículo 109. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:


  1. Con los recursos que le asigne el Congreso del Estado a través del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos;

  2. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y

  3. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.


Artículo 110. La Comisión Ejecutiva Estatal tiene las siguientes funciones y facultades:


  1. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Estatal o el Sistema Nacional, según corresponda;

  2. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o de violaciones de derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;

  3. Elaborar el Programa Integral con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas y proponerlo para su aprobación al Sistema Estatal;

  4. Proponer al Sistema Estatal, una política estatal integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

  5. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema Estatal o Nacional, según corresponda;

  6. Diseñar y proponer al Sistema Estatal, un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;

  7. Proponer al Sistema Estatal las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas, cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo;

  8. Coordinar, en su caso, a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;

  9. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de servidores públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

  10. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Estatal de Víctimas y de la Asesoría Jurídica Estatal;

  11. Cumplir las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas;

  12. Proporcionar un informe anual al Sistema Estatal, sobre los avances del Programa Integral y demás obligaciones previstas en esta Ley;

  13. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

  14. Solicitar a la autoridad competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a los funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la presente Ley;

  15. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley y su Reglamento;

  16. Hacer recomendaciones al Sistema Estatal, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;

  17. Elaborar el proyecto de Reglamento de la presente Ley y sus reformas y adiciones para su expedición por parte del Gobernador del Estado;

  18. Promover la coordinación entre las Instituciones para el cumplimiento de la Ley;

  19. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;

  20. Fijar las directrices que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;

  21. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz del capital humano, recursos técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos estatal y municipal;

  22. Alimentar una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley;

  23. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro Estatal de Víctimas;

  24. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades estatales y municipales deberán adecuar sus manuales, lineamientos, programas y demás acciones, a lo establecido en estos protocolos, debiendo adaptarlos a la situación local siempre y cuando contengan el mínimo de procedimientos y garantías que los protocolos generales establezcan para las víctimas;

  1. Proponer al Sistema Estatal, en casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral;

  2. Realizar diagnósticos específicos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas, a partir de los datos que genere el Registro Estatal de Víctimas, que permitan mejorar las políticas públicas de la materia;

  3. Recibir y brindar asesoría a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas;

  4. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas, la supervisión deberá ser permanente;

  5. Colaborar con la Comisión Federal en los asuntos a que se refiere al artículo 88 Bis de la Ley General;

  6. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales, así como con las entidades e instituciones homólogas de las entidades federativas, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;

  7. Elaborar un programa de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro Estatal de Víctimas. Las entidades encargadas de recibir y tramitar la inscripción de datos en el Registro garantizarán la implementación de este programa a nivel estatal y municipal, y

  8. Las demás que le confiera la presente Ley y su Reglamento, el Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.




Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad