Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos



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Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos




Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Dirección General de Legislación.

Subdirección de Informática Jurídica.

Última Reforma: 10-12-2014


Rectángulo 20



LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS

OBSERVACIONES GENERALES.- Se reforma el párrafo inicial del artículo 136 por artículo Décimo Cuarto del Decreto No. 1310, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5172 de fecha 2014/03/26. Vigencia 2014/03/27.

- Se reforma el primer párrafo, del artículo 103 por artículo Único del Decreto No. 1321, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5175 de fecha 2014/04/02. Vigencia 2014/04/03.

- Se reforman las fracciones I, V, XVIII y XIX del artículo 50; se adicionan un cuarto párrafo al artículo 5, recorriéndose en su orden el párrafo subsecuente; y las fracciones XX, XXI, XXII, XXIII y dos párrafos al artículo 50 por artículo SÉPTIMO del Decreto No. 2048, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5243 Alcance de fecha 2014/12/10.

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:


Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
a) Mediante sesión ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el fecha 25 de abril del año 2013, se dio cuenta de la iniciativa que crea la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en uso de las facultades que le otorga el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
b) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 27 de febrero del año 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó la INICIATIVA QUE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS.
c) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 04 de abril del año 2013, el Diputado Matías Nazario Morales, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
d) En consecuencia de lo anterior, el Diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de las iniciativas citadas al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora.
e) Mediante sesión ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 27 del mes de junio del año 2013, se dio primera lectura al Dictamen que contiene la LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, emanado de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos.
f) Derivado del trabajo de las Comisiones Unidas, del consenso parlamentario, se sumaron opiniones y propuestas, que hacen necesaria la realización de una addenda, al Dictamen del día 27 del mes de junio del año 2013, anteriormente citado.
g) En consecuencia de lo anterior, se solicita que en esta sesión ordinaria de la LII Legislatura, se tenga por integrada al cuerpo del Dictamen precisado la presente addenda en los términos que más adelante se detallan.
II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, motivó esencialmente su iniciativa en las siguientes consideraciones:
1) “Existen millones de acciones criminales que quedan sin respuesta, bien por la ausencia de la denuncia de la víctima en un acto de renuncia de derechos, imposible de evitar, bien por la propia insuficiencia o ineficacia de las instituciones que tienen que proferir la respuesta frente a ese universo criminal. Lo cierto es que, a pesar de los mejores esfuerzos, la pretensión agotadora del Estado en este combate no llega a ofrecer soluciones satisfactorias, y las que se producen son meramente paliativas de la incidencia del fenómeno criminal aislado y organizado.”
2) “En el Estado de Morelos, en los últimos cinco años, el delito con mayor incidencia ha sido el robo genérico, con un 12.4% sobre el total de los delitos denunciados, seguido de lesiones dolosas con el 8.7%, amenazas con el 7.9%. Existen otros delitos de vital importancia y que merecen atención, los cuales aunque sus denuncias no se hacen por razones diversas, como la dignidad o buen nombre en el caso de violencia sexual, falta de confianza en las instituciones del Estado en el caso de la corrupción, impunidad, incapacidad de respuesta del Estado a la violencia, condiciones de inequidad, que deben ser tratados de forma especial.”
3) “De acuerdo con estadísticas del INEGI, el Estado de Morelos se encuentra en el quinto lugar con mayor índice de inseguridad y violencia, por debajo de Chihuahua, Baja California, Durango y el Distrito Federal, al mismo tiempo que forma parte de las cinco entidades del país con mayor número de homicidios impunes, la tasa se sitúa en 85.8%, solamente superado por Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Durango. También es una de las 10 entidades federativas con más denuncias de delitos graves por cada cien mil habitantes.”
4) “Estas estadísticas muestran claramente la necesidad de tener políticas públicas encaminadas a proteger a las mujeres que se encuentran insertas en la problemática de la violencia. Según el Informe “Violencia Feminicida en Morelos” de 2000 a 2005 se reportaron 122 feminicidios en el Estado y la cifra casi se duplicó durante el siguiente sexenio, al contabilizarse 235 feminicidios: 20 en 2006, 29 en 2007, 31 en 2008 y 36 en 2009. Hasta octubre del 2010, fueron 40; en el 2011, se mantuvo el mismo número; en el 2012, se reportaron 39, y en lo que va del 2013 suman 15.”
5) “En este último período, el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en la entidad morelense se han cometido un total de 7,769 delitos de los cuales 3,775 corresponde a robos, 215 homicidios, 11 secuestros y 54 delitos sexuales o violaciones. De igual forma, la violencia familiar y los delitos sexuales registran un aumento importante. Los Municipios que concentran el mayor índice de criminalidad son: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Temixco, Jojutla y Emiliano Zapata.”
6) “La Constitución del Estado de Morelos reconoce, los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 2 bis al establecer que el Estado tiene una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, y reconoce la existencia histórica y actual en su territorio de los pueblos y protege también los derechos de las comunidades asentadas en ellos por cualquier circunstancia, lo cierto es que los derechos de estos pueblos, resultan desconocidos en su gran parte, invisibilizándose una realidad que debe ser objeto de atención, desde el Estado.”
7) “Debe también dársele especial atención a los casos de niños, niñas y adolescentes, ya que en algunas zonas la falta de oportunidad da paso a que el fenómeno del narcotráfico entre en la sociedad con un alto impacto. Se utiliza a la juventud como instrumento para cometer delitos por los grupos criminales, ante la escasez de sanciones y el déficit de alternativas a las que acudir para evitar que aquellos desemboquen irremediablemente en el crimen organizado.”
8) “El derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, constituye un derecho humano de las víctimas, a nivel nacional e internacional. No obstante, reconstruir la verdad no es tarea fácil, ni para la justicia, (verdad judicial), ni para los historiadores, (memoria histórica): Ni una, ni otra son o representan una idea simple o aislada. Se trata de realidades complementarias, porque la primera necesita para su configuración de una elaboración de lo que podríamos llamar los contextos históricos, sociológicos, políticos, religiosos, sociales, etc, para que, la acción de los jueces en su búsqueda de esa verdad procesal, sea veraz al aproximarse a lo que realmente sucedió, es decir, a la verdad histórica; y, esta, precisa de aquella porque el elemento de coerción legal que conlleva, ayudará a quienes la elaboran a definir aquellos contextos. En uno y otro caso, la complejidad será la regla y por ello, resulta imprescindible analizar todos y cada uno de aquellos aspectos y matices que integran lo sucedido: Para ello, es imprescindible, no solo la memoria subjetiva de las víctimas y los víctimarios, con la tendencia natural a deformar la realidad, bien por el propio peso del dolor o por el más interesado de ocultar la culpa o disminuirla, respectivamente, sino también la reconstrucción de la verdad objetiva a través de los estudios y trabajos de analistas, o expertos en conservación de archivos y documentos, documentos antropólogos, médicos forenses, arqueólogos, historiadores, sociólogos u otros expertos que transforman la simple verdad subjetiva en algo más objetivo que tiene una vocación colectiva o general.”
9) “La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 2013, y reformada, el pasado 17 de abril de 2013, aspira a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación al principio enunciado, de acuerdo con los principios que rigen la justicia restaurativa para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos o víctimas de delitos, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en materia de derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos reconocidos en la Carta Magna de México en 2011.”
10) “Tanto las autoridades como los ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas, tienen la obligación ineludible de cumplir con las obligaciones que se derivan del cumplimiento de aquel derecho, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y ello, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa o social bajo la que estén organizados.”
11) “Sin embargo, a casi dos años de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional, solo cuatro Estados de la República han armonizado normativamente sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Por ello, tales obligaciones se deben convertir en leyes aplicables a través de la integración de normas sustanciales y directas, para lo cual se debe implementar un proceso de armonización normativa que incluya las competencias legislativas a través de la adopción de idénticos puntos de conexión jurídica.”
12) “Y es que la armonización normativa, en este ámbito, no sólo es un paso o un requisito adicional al proceso de creación de un ordenamiento, sino que se convierte en una garantía fundamental para las víctimas, estableciendo un sistema de sanciones que evidencien la voluntad férrea del Gobierno Estatal de respetar, proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de algún delito o violación a los Derechos Humanos.”
13) “En este contexto, el poder ejecutivo del Estado de Morelos, consciente y responsabilizado con esa realidad, ha tomado la iniciativa de presentar una ley integral en defensa y protección de los derechos de las víctimas, para que sea debatida en el Congreso del Estado.”
14) “Por cuanto al Marco Normativo que se propone, el contenido de la presente Ley de Víctimas de Morelos responde a los principios contenidos en la Ley General de Víctimas, la Constitución y los instrumentos internacionales vinculantes en las materias que regula: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana y la de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención do Belém do Pará y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder.”
15) “Así mismo, se han tenido en cuenta también diversos informes de Naciones Unidas en materia de protección a las víctimas; 1) Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, 2) El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y 2) Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Por último, se ha tomado en consideración el Estatuto de Roma, y la primera decisión relativa a reparaciones de la Corte Penal Internacional en el caso Lubanga.”
16) “A nivel nacional, además de las citadas, se ha tomado también en consideración, entre otras, la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia; la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar; la Ley de Salud; la Ley de Transporte; la Ley del Instituto de la mujer; y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, todas ellas, del Estado de Morelos.”
17) “Del mismo modo que la Ley General de Víctimas, la iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, tiene por objetivo, regular reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a los Derechos Humanos. Para ello, se prevén medidas de ayuda, asistencia y atención, de acceso a la justicia, de derecho a la verdad y de reparación integral, la cual incluye a su vez medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Todas ellas se implementarán en cumplimiento de principios rectores tales como el de dignidad, buena fe, complementariedad, integralidad, indivisibilidad, interdependencia, debida diligencia, debido proceso, deber de investigar, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, enfoque trasformador, gratuidad, máxima protección, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad, no regresividad, gradualidad, sostenibilidad, publicidad, control y rendición de cuentas, transparencia, trato preferente y mínimo existencial, debidamente identificados en el marco normativo aplicable.
La presente iniciativa, de conformidad con la Ley General de Víctimas, contempla obligaciones tanto para el Estado de Morelos como para sus respectivos Municipios, de tal forma que la coordinación no solo deberá existir entre el Estado Federal y el Estado de Morelos sino que también entre este y los Municipios que le pertenezcan. La presente iniciativa señala que las medidas de ayuda, asistencia y atención se ofrecerán gratuitamente y con independencia de que se haya interpuesto no una denuncia por los hechos victimizantes. Los derechos tratados en el presente título implican medidas en materia de salud, alojamiento, alimentación, transporte, protección e información y asesoría. En materia de salud, será la Comisión quién velará porque se aplique un modelo de atención integral en salud. La presente iniciativa, dispone la obligación del Estado para que, donde no haya infraestructura Unidades Médicas, se creen centros de salud y atención que eviten que la víctima tenga que desplazarse grandes distancias para recibir atención médica de urgencia. Los servicios médicos serán gratuitos y se establecen una serie de servicios especiales para el caso de violación de la víctima.”
18) “La Iniciativa que se propone obliga al Poder Ejecutivo a crear, a cargo del DIF, albergues para la familia y aquellas que se consideren necesarias de acuerdo a las necesidades identificadas en el diagnóstico. En relación a las medidas de transporte, se garantizará que aquellos que se encuentren en un lugar distinto al de su residencia y deseen retornar, puedan hacerlo de manera segura y gratuita. Además de las medidas establecidas por la Ley General en relación a medidas de protección, la Iniciativa obliga al Estado a crear un programa de Protección de víctimas, Defensores y defensoras de Derechos Humanos, testigos y servidores públicos que hayan intervenido en la implementación de la presente, siempre en la medida de que sea necesario por haber una amenaza contra sus vidas, integridad física, libertad o seguridad personal y de forma proporcional a esta. Estas medidas se extenderán al núcleo familiar cuando se considere necesario con base a los mismos criterios. Se proporcionará a las víctimas de forma gratuita información y asesoría completa de todos sus derechos y los procedimientos judiciales a través de los cuales se pueden reclamar.”
19) “El título tercero versa sobre aquellas medidas de asistencia y atención tendentes a restablecer a la víctima en sus derechos y a promover la superación de su condición. Se deberá contar con la infraestructura suficiente para dar este servicio y con servidores capacitados para ello. Se garantiza igualmente el acceso de las víctimas a becas como mínimo hasta la educación superior, paquetes y uniformes escolares y textos educativos gratuitos. En cuanto a las medidas económicas y desarrollo, estas incluyen educación, salud, alimentación, vivienda, disfrute de un ambiente sano, trabajo, seguridad social, no discriminación y oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas.”
20) “En Título Cuarto, de Acceso a la Justicia. Se trata del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Las víctimas tendrán derecho, entre otros, a ser informadas de sus derechos, a tener un asesor jurídico, a acceder a los mecanismos judiciales de los que disponga el Estado, a presentarlos ante autoridades independientes e imparciales, a colaborar con el Ministerio Público y participar en el proceso, a ser informada del desarrollo del proceso, a que se garantice su seguridad y la de los testigos, a conocer la verdad, a que se realice una investigación exhaustiva de su caso, a que respetando las normas del debido proceso, se enjuicie y sanciones a los responsables y a obtener una reparación integral por el daño. Además, la Iniciativa de Ley Estatal añade que en caso de que la víctima no se exprese en idioma castellano, disponga de un traductor durante todo el proceso judicial y que las sentencias sean igualmente traducidas.”
21) “En el Título Quinto, del Derecho a la Verdad. La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, que se presenta establece en cuanto al derecho a la verdad a que las víctimas y la sociedad en general tienen derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a los Derechos Humanos de que fueron objeto. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que les afectaron. En aras del derecho a la verdad se propenderá por la memoria histórica, para que las víctimas y la sociedad puedan conocer la verdad histórica de los hechos. Las organizaciones de la sociedad civil tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones de los Derechos Humanos, las autoridades deberán dar garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentren en los archivos estatales y en ese caso después de ejercer su derecho de consulta a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda.”
22) “Se propone la Creación la Casa de Memoria Histórica el cual tendrá como objeto fomentar actividades museícas, pedagógicas y culturales que lleven a la reconstrucción de la memoria del Estado de Morelos sobre las violaciones a los Derechos Humanos. De conformidad con la Ley General de Víctimas, se fija la propuesta de creación de el Archivo de Verdad del Estado de Morelos el cual garanticé la preservación de los archivos e impida su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, permitirá la consulta pública de los archivos, con el respeto y dignidad de las víctimas, en los casos en donde exista reserva procesal o garantía de derecho a la intimidad y protección de la víctima se mantendrán la estricta confidencialidad. Se propone establecer el 28 de marzo como día de las víctimas para el Estado de Morelos.”
23) “En el Título Sexto, de la Derecho a la Reparación Integral. En cuanto al alcance de la reparación integral la Iniciativa Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, señala que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido, la determinación de medidas debe obedecer al desarrollo del enfoque diferencial y proponer la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima. Para lo cual la reparación integral comprenderá: la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción, las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación a los Derechos Humanos no vuelva a ocurrir. Se crea entonces, un Plan de Atención y Reparación Integral del Estado de Morelos.”
24) “Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos, así como el restablecimiento de la libertad, restablecimiento de derechos jurídicos, restablecimiento de la identidad, restablecimiento de la vida y unidad familiar, restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos, regreso digno y seguro al lugar de residencia, reintegración en el empleo y devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, las víctimas colectivas pueden ser objeto de medidas de restitución.
25) “Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda las siguientes: atención médica, psicológica y psiquiátrica, servicio de asesoría y jurídicos para facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas, servicio sociales, programas de educación, programas de capacitación laboral y todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad incluyendo su grupo y comunidad. Deberá darse un trato preferencial y diferenciado a las mujeres, niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y adultos mayores.”
26) “La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, contempla la indemnización o compensación. Para ello se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental al igual que los casos donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del delito. Estos perjuicios, sufrimientos y perdidas incluirán, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, la reparación del daño moral el cual comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios cuando se cause incapacidad, la pérdida de oportunidades en particular las de educación y prestaciones sociales, los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a los Derechos Humanos, el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que como consecuencia del delito o la violación de los Derechos Humanos sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, los gastos comprobable de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasiones trasladarse al lugar del juicio para asistir a su tratamiento.”
27) “Para la Ley estatal el principal responsable de la indemnización o compensación cuando se trate de las resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de este o en su defecto con cargo a los recursos que en su caso se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado hubiera fallecido o quedado física o mentalmente incapacitada como consecuencia del delito. La Comisión Ejecutiva estatal de atención y reparación será quien determine el monto del pago de una indemnización o compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo. El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria”.
28) “En cuanto a las medidas de satisfacción la Iniciativa de Ley Estatal comprenden entre otras y según corresponda verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad: la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos ,una declaración oficial o decisión oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y los derechos de las víctimas, disculpa pública de parte del Estado los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los Derechos Humanos, aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, vivas o muertas, reconocimiento público del carácter de víctima, efectuar publicaciones a que haya lugar, realización de homenajes públicos, construcción de monumentos públicos, apoyo a la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades campesinas. Se establecen también la Reparación Simbólica y la creación de un programa especial para el encuentro y reconstrucción del tejido social.”
29) “En cuanto a las medidas de no repetición se establecen en la Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos: el ejercicio de control efectivo por autoridades civiles de las corporaciones de seguridad pública, garantía de todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales, competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, fortalecimiento de la independencia del poder judicial, limitación en la participación en el gobierno y de los dirigentes políticos que hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos, exclusión en la participación en el gobierno o en las corporaciones de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad señalado como responsable de cometer violaciones a los Derechos Humanos.”
30) “De conformidad a las obligaciones derivadas de la creación del sistema nacional de atención a víctimas como máxima institución en los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la Ley General de Víctimas, el Estado de Morelos se compromete a: elaborar diagnóstico profundo sobre la situación de las víctimas en el Estado, establecer mecanismos de organización supervisión evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, verdad y reparación integral a víctimas. Crear modelo único de ayuda , asistencia y atención a víctimas que comprenda medidas de emergencia y humanitarias así como medidas tendientes a restablecer a la víctima en el ejercicio de sus derechos, coordinar a las diferentes instituciones que tienen competencia en materia de ayuda asistencia y atención a víctimas, adecuar manuales lineamientos, programas y demás acciones a los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o de violaciones a los Derechos Humanos, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la ayuda, atención, asistencia acceso a la verdad y justicia a favor de las víctimas que realicen sus labores en el Estado de Morelos, crear comités especiales para la prevención y atención a poblaciones especialmente vulnerables, siendo dos unos para mujeres y otro para niños y niñas y jóvenes, garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y representantes de la academia y centros de estudio en los diferentes espacios creados por esta ley.”
31) “Se propone la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a víctimas la cual dirigirá la política de atención y reparación a víctimas coordinara los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos de las víctimas del Estado de Morelos. Se crea una Comisión Intersecretarial como órgano consultivo y de coordinación operativa de la Comisión Ejecutiva del Estado. En la Presente Iniciativa de Ley se crea un Sistema único de Víctimas para el Estado de Morelos, como mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación. Para la cual deberán unificarse todos los registros y sistemas de información existentes.”
32) “Se crea un Fondo de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Morelos. La víctima podrá acceder de manera subsidiaria a dicho fondo, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas penales y civiles que resulten. Se establece una lista de recursos que dicho fondo captará como lograr su finalidad. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto establecerá el Gobierno del Estado de Morelos. De conformidad por lo dispuesto por la Ley General de Víctimas se establecerá para el fondo una partida presupuestal del 0.014% del gasto programable del presupuesto estatal asignado. La Iniciativa también establece que para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos de la Ley General de Víctimas y la demás normatividad aplicable.”
33) “La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, contempla en la Comisión Ejecutiva Estatal, la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado, como un área especializada. La Asesoría Jurídica del Estado de Morelos estará integrada por Asesores Jurídicos estatales de Atención a Víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas. Contará con una Junta Directiva, un Director General y las unidades administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señala el Reglamento. Adicionalmente crea la figura de Asesor Jurídico Estatal.”
34) “Finalmente la Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, trae varias disposiciones finales, entre ellas la financiación de medidas de atención y reparación integral a las víctimas del delito y violaciones a los Derechos Humanos, beneficios tributarios, y el apoyo a Municipios. La responsabilidad de los servidores públicos que atienden víctimas y sus faltas disciplinarias. La participación de las víctimas, la cual debe ser garantizada por el Estado de Morelos en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma. Trae también disposiciones sobre las consecuencias de la inscripción fraudulenta de víctimas. Y el apoyo a los servidores públicos que atienden víctimas con el objeto de contrarrestar el impacto que genera la atención y el acompañamiento de las víctimas en este tipo de procesos.
El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, motivó su iniciativa destacando las siguientes consideraciones:


  1. “El nueve de enero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley General de Víctimas, producto de un largo proceso social en el que se mezclaron sufrimiento, dolor y luto con cálculos electorales, intereses de partido, visiones encontradas de una misma realidad.”




  1. “Que el País contará con una legislación que proteja a las víctimas de los daños que le infringen delitos y violaciones de los Derechos Humanos, por parte de la delincuencia y de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de todas las filiaciones partidistas, nos recuerda a las más de 60 mil personas, de todos los bandos, que han perecido producto de una violencia irracional y cruel que envuelve a la mayor parte de la República.”




  1. La legislación federal en materia de aseguramiento de los derechos de las víctimas, es también de la voz de miles de madres de familia que han perdido esposos e hijos, es el dolor de padres que han sufrido la pérdida de sus descendientes, es el reclamo de cientos de voces infantiles que han quedado desprotegidas y es el ruidoso silencio de cientos de personas desaparecidas, de las que finalmente desconocemos su destino y que de vez en cuanto, nos llaman a cuentas cuando son descubiertas en entierros clandestinos.”




  1. “Es en respuesta a ellos y en cumplimiento del mandato federal, que obliga a las Entidades de la Federación a contar con una legislación local sobre los derechos de las víctimas, que como Legislador de Morelos presentó a esta Soberanía…,” “…la Ley de protección y atención a víctimas del Estado de Morelos.”




  1. Esta iniciativa busca lo siguiente:

“Primero.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales suscritos por el País y llevarlos a formar parte de nuestra Constitución también.


Segundo.- Establecer las medidas de atención, protección y ayuda a las víctimas por la comisión de algún delito por particulares o por alguna autoridad, así como por violaciones de los Derechos Humanos.
Tercero.- Proporcionar gratuitamente asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de orientación social, con base al impacto del daño causado a las víctimas.
Cuarto.- Disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización institucional; y asegurar la restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y de ser posible inmediata.
Quinto.- Construir el andamiaje institucional para dar soporte legal y administrativo a esta materia, mediante el establecimiento de un nuevo organismo constitucional autónomo denominado Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas del Delito en el Estado de Morelos, y
Sexto.- El establecimiento de un fondo de ayuda económica para las víctimas, soportado fundamentalmente en recursos públicos y la constitución del primer registro estatal de víctimas.”


  1. “Con esta legislación se garantizan mejores condiciones a las víctimas para la presentación de denuncias de los delitos, en el entendido de que es una obligación del Estado, protegerlas y desde luego garantizarles las mejores condiciones para los ciudadanos que puedan declarar en los casos más delicados, más relevantes y más peligrosos y enfocar el sistema de procuración de justicia en favor de la víctima, garantizando en todo momento la protección a su integridad, dignidad e identidad.




  1. “Los antecedentes internacionales de la materia, son los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, que se autorizaron en el VII Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán Italia, del 26 de agosto al 06 de septiembre de 1985, del que se originó la Declaración sobre ellos y proporciona dos definiciones de víctimas, una que alude a las “Víctimas de Delitos” y otra, a las “Víctimas del Abuso del Poder”. Para la presentación de esta iniciativa, hicimos ejercicios de derecho comparado, tomamos lo mejor de alguna de las 22 leyes sobre atención a víctimas con las que cuentan 22 Estados de la República.




  1. “Queda claro, que avanzar en esta materia supone un proceso social complejo, pero que paulatinamente cobrara mayor certeza y seguridad en la ciudadanía, lo que hará que las instituciones de impartición de justicia recuperen la confianza, específicamente el Ministerio Público, que es la autoridad que mantiene un contacto directo con las víctimas del delito.”

El Diputado Matías Nazario Morales, motivó su iniciativa en las siguientes consideraciones:




  1. “El día 9 de enero del año 2013, en el Diario Oficial de la Federación, órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, con aplicación en todo el territorio nacional.”




  1. “Por mandato establecido en el artículo Transitorio Primero, del Decreto en comento, la vigencia de Ley General de Víctimas, inicia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”




  1. “A la fecha de la presente iniciativa, que me permito presentar a esta Soberanía, ha trascurrido el plazo de treinta días, establecido en el artículo Transitorio Primero del decreto citado y, por lo tanto, ha iniciado la vigencia de la Ley General de Víctimas, a partir del día ocho de febrero del presente año.”




  1. “Por lo que de conformidad con lo establecido en el Decreto respectivo, en su artículo Primero Transitorio, la Ley General de Víctimas, hoy, ya es derecho positivo vigente en todo el territorio nacional.




  1. “En el contenido del Decreto, mediante el que se promulgó la Ley General de Víctimas, en el artículo Séptimo Transitorio, se establece la obligación de las Legislaturas Locales de armonizar todas las normas jurídicas locales, relacionados con la Ley General de Víctimas, vigente.

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS


Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, compartimos con los iniciadores la opinión de que, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del día 9 de enero del año 2013, del Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, mismo que en su artículo Séptimo Transitorio, surge la obligación de las Legislaturas Locales de armonizar todas las normas jurídicas locales, relacionados con la Ley General de Víctimas, ello dentro del plazo de ciento ochenta días naturales.
De igual manera, se considera lo expuesto por el Titular del Poder Ejecutivo en su iniciativa señalando que la Ley en mención aspira, a garantizar diversos principios tales como el derecho a la verdad, la justicia, conforme a los principios que rigen la justicia restaurativa para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos o víctimas de delitos, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en materia de derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos, reconocidos en nuestra Carta Magna en su reforma de 2011.

Bajo este contexto, coincidimos con el Titular del Ejecutivo, en que la armonización normativa, en este ámbito, no sólo es un paso o un requisito adicional al proceso de creación de un ordenamiento, sino que se convierte en una garantía fundamental para las víctimas, estableciendo un sistema de sanciones que evidencien la voluntad férrea del Gobierno Estatal de respetar, proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de algún delito o violación a los Derechos Humanos.


Esta Comisión reconoce que las propuestas vertidas son coincidentes en la generalidad, pues para quienes valoran las iniciativas expuestas no pasa desapercibido que se trata de una armonización legislativa, en la que se prevén medidas de ayuda, asistencia y atención, de acceso a la justicia, de derecho a la verdad y de reparación integral, la cual incluye a su vez medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, todas ellas implementándose en cumplimiento de principios rectores de la materia, de conformidad con la Ley General de Víctimas, contemplándose desde la Legislación Federal obligaciones tanto para el Estado de Morelos como para sus respectivos Municipios, de tal forma que la coordinación deberá existir en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal.
También se ha tomado en consideración que las propuestas expuestas por los iniciadores, son congruentes con los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debiendo destacar en particular los artículos 1º, 17, 20 y 133 vigentes, con los instrumentos internacionales vinculantes en las materias que regula la Ley General de Víctimas, y con la propia ley señalada; así es de reconocer que se han tomado en consideración en las iniciativas en estudio, instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos tales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana y la de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención do Belém do Pará y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder.
El presente dictamen fija la propuesta de creación del Archivo de Verdad del Estado de Morelos, el cual garantizará la preservación de los archivos e impedirá su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, permitirá la consulta pública de los archivos, con el respeto y dignidad de las víctimas, en los casos en donde exista reserva procesal o garantía de derecho a la intimidad y protección de la víctima se mantendrán la estricta confidencialidad.
De forma relevante, hay que mencionar que la propuesta contempla la indemnización o compensación por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental al igual que los casos donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del delito, e incluye la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima y la reparación del daño.
Así mismo, el crear modelo único de ayuda, asistencia y atención a víctimas que comprenda medidas de emergencia y humanitarias así como medidas tendientes a restablecer a la víctima en el ejercicio de sus derechos, coordinar a las diferentes instituciones que tienen competencia en materia de ayuda asistencia y atención a víctimas, adecuar manuales lineamientos, programas y demás acciones a los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o de violaciones a los Derechos Humanos, apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil que se dediquen a la ayuda, atención, asistencia acceso a la verdad y justicia a favor de las víctimas que realicen sus labores en el Estado de Morelos, crear comités especiales para la prevención y atención a poblaciones especialmente vulnerables, siendo uno para mujeres y otro para niños y niñas y jóvenes, garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y representantes de la academia y centros de estudio en los diferentes espacios creados por esta ley.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, coincide con la propuesta de creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a víctimas, la cual dirigirá la política de atención y reparación a víctimas, misma que coordinará los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos de las víctimas del Estado de Morelos. Con la creación una Comisión Intersecretarial como órgano consultivo y de coordinación operativa de la Comisión Ejecutiva del Estado, y con el Sistema Único de Víctimas para el Estado de Morelos, como mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación, en la cual deberán unificarse todos los registros y sistemas de información existentes.


Es de destacarse que en dichas propuestas se crea un Fondo de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Morelos, en la cual se podrá acceder de manera subsidiaria a dicho fondo, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas penales y civiles que resulten; es así que al prever los recursos que dicho fondo captará, su administración, operación por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca, los beneficios tributarios, y el apoyo a Municipios, se garantiza la eficacia en la aplicación del cuerpo normativo que ésta Comisión valora.
No menos importante es de mencionar que se prevé sobre la responsabilidad de los servidores públicos que atienden víctimas y sus faltas disciplinarias, al igual que se establecen disposiciones sobre las consecuencias de la inscripción fraudulenta de víctimas.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, es del acuerdo que las tres iniciativas presentadas en la materia, son altamente coincidentes entre sí, destacando los siguientes contenidos: Propuestas respecto de las medidas de atención, protección y ayuda. El proporcionar asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de orientación social, con base al impacto del daño causado. Disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización institucional. Asegurar la restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y de ser posible inmediata.

De esta forma, esta Comisión dictaminadora está de acuerdo con los iniciadores en otorgar a través de un marco jurídico local el instrumento a la sociedad que permita recuperar la confianza en la impartición de justicia en el Estado de Morelos, reconociendo el valor y alcance legal de los antecedentes jurídico-normativo internacionales en la materia, que constituyen los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder.


IV.- MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS
La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación con base a las atribuciones de las cuales se encuentra investida, y con la finalidad de emitir un solo dictamen que permita la integración de la tres iniciativas presentadas en beneficio de la sociedad morelense, se ha integrado el presente dictamen con una sola denominación de Ley, con un articulado integrado, tomando como base la adecuación legislativa, dispuesta por el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero del año dos mil trece.
Es así que en el cuerpo del dictamen se incorporan definiciones, se aclaran conceptos, se eliminan abreviaturas, tomando en consideración la sintaxis del articulado se realizaron adecuaciones conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal y la Ley General de Víctimas.
Por otra parte y de suma relevancia se precisa que se entiende respecto a los conceptos y medidas de compensación o indemnización, en razón a que de acuerdo a lo establecido en los artículo 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Víctimas, la interpretación debe atender a los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; por ello en atención a lo reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no siempre es posible o viable restituir los bienes o derechos protegidos por la Convención, por lo que se hace necesario compensar aquellos daños patrimoniales o extrapatrimoniales causados. La indemnización compensa de forma pecuniaria, el daño, pérdida o menoscabo de un bien, que no es posible reponer conforme a su propia naturaleza. El presente proyecto de Ley acoge los términos indemnización y compensación como sinónimos dando cuenta de la naturaleza compensatoria de la indemnización.1
La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, contempla la indemnización o compensación. Para ello se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental al igual que los casos donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del delito.
Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas, incluirán la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, la reparación del daño moral el cual comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios cuando se cause incapacidad, la pérdida de oportunidades en particular las de educación y prestaciones sociales, los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a los Derechos Humanos, el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que como consecuencia del delito o la violación de los Derechos Humanos sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasiones trasladarse al lugar del juicio para asistir a su tratamiento.
El principal responsable de la indemnización o compensación cuando se trate de las resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de este o en su defecto con cargo a los recursos que en su caso se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado si hubiera fallecido o quedado física o mentalmente incapacitada como consecuencia del delito.

El Estado indemnizará o compensará de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos que la víctima haya sufrido daño o menoscabo en su libertad, integridad física o mental.


La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación será quien determine el monto del pago de una indemnización o compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo.
El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria.
Por otra parte, es de tomarse en consideración la relevancia de lo expuesto por los iniciadores, respecto al acceso de las víctimas del delito y de violaciones a los Derechos Humanos, al Fondo de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral, pues de manera clara exponen el alto sentido de responsabilidad ante la parte de la sociedad que se convierte en víctimas; por lo que esta Comisión dictaminadora estima necesario incrementar el porcentaje de recursos financieros destinados para la integración de dicho fondo, por ello en el cuerpo del presente dictamen se establece sin contravenir lo dispuesto por la Ley General de Víctimas una partida presupuestal del 0.14% del gasto programable del presupuesto estatal asignado, mismo que acorde a lo expuesto por el Titular del Poder Ejecutivo será administrado y operado por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto establecerá el Gobierno del Estado de Morelos.
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos, en uso de sus facultades, adicional a las valoraciones realizadas en el Dictamen de fecha 27 del mes de junio del año 2013, que contiene la LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, consideramos necesario las modificaciones materia de la siguiente addenda con base en las presentes valoraciones:
Estas Comisiones Unidas consideran necesario establecer la naturaleza y origen jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, cuyo origen integración y funcionamiento se prevén en los artículos 102 y 103 de la Ley en mención, contextualizando que sus funciones y objeto son coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, que gozará de autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su normatividad correspondan.
Para quienes valoran la presente addenda, es necesario aclarar la integración del consejo del Organismo, que permita garantizar que en la Comisión Ejecutiva Estatal estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, la naturaleza honorífica de sus integrantes, la duración de su encargo sin remuneración alguna, y por supuesto la forma y términos para su elección, así como prever su órgano de control interno.
De igual forma consideramos estas Comisiones dictaminadoras, necesario aclarar que la Comisión Intersecretarial prevista en el artículo 105, coadyuvará con la Comisión Estatal Ejecutiva y fungirá como vínculo con las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y será integrada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración del Estado de Morelos, y compuesta por los Titulares de las Secretarías de Gobierno, Hacienda, Educación, Salud y Cultura o cualquiera otra, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo que al efecto se emita.
Derivado de las modificaciones expuestas resulta necesario establecer en las disposiciones transitorias, que adicionalmente se prevén cinco disposiciones, que regulan la designación y duración de los comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, para proceder a su sustitución en términos de lo dispuesto en la presente Ley.
De igual forma, estas Comisiones Unidas prevén en las disposiciones transitorias, que el Gobernador Constitucional del Estado y el Congreso del Estado deberán realizar el procedimiento establecido en la presente Ley, para la convocatoria, selección, formulación de ternas y designación de los Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
Por otra parte, los que modificamos el Dictamen emanado de estas Comisiones Unidas, consideran necesario prever instalar el Consejo del Organismo Público Descentralizado que por virtud de esta Ley se crea, y aprobar el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, así como su inscripción en el Registro Público de los Organismos Descentralizados del Estado de Morelos.
Así mismo, las Comisiones Unidas que actúan, consideran necesario exponer que las modificaciones contenidas en la presente addenda, se adecuaron en congruencia con los principios y definiciones contextualizándolos con el contenido íntegro de la LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, dictaminada por estas Comisiones, todo con la finalidad de otorgar claridad y precisión al texto de la Ley en mención.
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tenido a bien expedir la siguiente:


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