Lesiones personales culposas / principio de congruencia / Deformidad física de carácter permanente / lex artis de la medicina / confirma absolución osvaldo Antonio



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Radicado: 66001 60 00 036 2009 00240

Procesados: Osvaldo Antonio Castilla Contreras

Francisco Javier Sánchez Montoya

Delito: Lesiones personales culposas

Asunto: Revoca sentencia de primera instancia


LESIONES PERSONALES CULPOSAS / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / Deformidad física de carácter permanente / LEX ARTIS DE LA MEDICINA / CONFIRMA ABSOLUCIÓN Osvaldo Antonio Castilla Contreras / DUDA RAZONABLE / REVOCA Y CONDENA Francisco Javier Sánchez Montoya / NEXO DE CAUSALIDAD / “Del contexto fáctico de la acusación se deduce la existencia de una conducta omisiva que se atribuye a los médicos Osvaldo Castilla Grajales y Francisco Javier Sánchez Montoya, ya que ALCH consumió alimentos cuando estaba siendo sometida a tratamiento con sedantes, lo que le produjo una bronco aspiración que desencadenó en un paro cardiorespiratorio y las demás consecuencias establecidas en los dictámenes médicos, sin que en ese centro asistencial se contara con ningún tipo de implementos necesarios para atender una emergencia de tal magnitud.”

(…)
“En atención al principio de congruencia establecido en el artículo 448 del CPP, se debe manifestar que del contexto fáctico y jurídico de la acusación presentada contra los Dres. Castilla y Sánchez, y de lo consignado en los dictámenes a que se ha hecho referencia, se advierte que las conductas objeto de juzgamiento no se relacionan con el tipo sancionatorio denominado “perturbación psíquica” (art. 115 C.P.), sino con actos de deformidad física permanente y perturbación funcional permanente del miembro izquierdo y del órgano de la locomoción de la joven ALCH (artículos 113, inciso 2º y 114 inciso 2º C.P.)”



(…)
“Es precisamente de los conceptos antes mencionados que se deduce que pese al deber de garante que tenía el Dr. Castilla por ser médico tratante de ALCH, el dictamen del perito del Instituto de Medicina Legal no fue concluyente para establecer el nexo causal entre la ingestión de los medicamentos sedantes y el episodio de broncoaspiración que sufrió ALCH, ya que el Dr. Sánchez Arango expuso en medio de su declaración, que sobre el caso se presentaban dos hipótesis así:
La depresión respiratoria producida por el efecto de los medicamentos que ingirió ALCH pudo haber generado una crisis convulsiva y el proceso bronco-obstructivo;
No era posible establecer si la hipoxia generada por los medicamentos depresores del sistema nervioso central, provocaron la broncoaspiración que sufrió la citada joven, ya que igualmente pudo ser causada por una crisis convulsiva causada por hipoxia cerebral.
El perito precisó que ambos eventos podían estar ligados al consumo previo de sustancias depresoras del sistema nervioso central. Sin embargo expuso que al no existir un registro sobre las dosis y el tiempo en el cual se debían suministrar los medicamentos que le fueron ordenados a ALCH, no estaba en capacidad de precisar si se le prescribió una sobredosis de esos fármacos, fuera de que esa situación no estaba registrada en las historias clínicas que examinó.
Adicionalmente hay que tener en cuenta que en este caso el suministro de los medicamentos que ingirió la joven ALCH fue confiado a un tercero, es decir al enfermero que prestaba su turno de disponibilidad la noche de los hechos, y al no existir los registros antes mencionados sobre la atención que se le brindó a la paciente no quedó plenamente establecido el nexo causal entre el acto del psiquiatra Castilla, es decir la formulación de esos medicamentos y el episodio de broncoaspiración, para lo cual se debe tener en cuentas que pese a que el técnico en enfermería manifestó que la víctima había consumido alimentos la noche del 10 de octubre de 2008 antes de irse a dormir, el concepto del perito forense Ramón Elías Sánchez Arango no establece ningún nexo causal entre la ingestión de alimentos por parte de la citado joven y la broncoaspiración que sufrió, que fue vinculada a la sedación que le produjeron los fármacos que ingirió, concepto que en principio podría resultar relevante para atribuir responsabilidad al Dr. Castilla Contreras por la lesión sufrida por la víctima, si no fuera porque el mismo perito del Instituto de Medicina Legal expuso que no estaba en capacidad de afirmar que se presentó un episodio de sobremedicación en el caso de ALCH, ya que esa información no se podía deducir de las historias clínicas que le correspondió examinar, lo que desvirtúa el supuesto fáctico del escrito de acusación en lo relativo a los cargos que se formularon contra ese profesional, en el sentido de que había “sedado” en exceso a la joven ALCH y que esa conducta le provocó el episodio de broncospiración por haber consumido alimentos cuando se encontraba bajo los efectos de los medicamentos que el procesado le formuló vulnerando las reglas de la lex artis de su profesión, situación que no fue demostrada con la referida prueba pericial.
En ese orden de ideas se puede concluir que en el caso en estudio, no se contaba con el conocimiento más allá de toda duda, como lo exige el primer inciso del artículo 381 del CPP, sobre la responsabilidad del Dr. Castilla Contreras por la conducta culposa por la cual fue convocado a juicio, al no estar establecido el nexo causal entre la prescripción médica que le hizo a la joven ALCH y el episodio que esta sufrió, ya que no se demostró que le hubiera formulado una sobredosis de sustancias depresoras, para aminorar los efectos de una crisis de abstinencia, derivada del cuadro de consumo de drogas que presentaba la afectada.
Lo tanto, en aplicación de los principios de necesidad de prueba que se deducen de la norma citada y del artículo 372 del CPP y de la garantía de presunción de inocencia que tiene rango de derecho fundamental de aplicación inmediata según el artículo 29 de la Constitución de 1991, que tiene su desarrollo normativo en el artículo 7º de la ley 906 de 2004, se confirmará la sentencia de primer grado en lo relativo a la absolución del Dr. Osvaldo Castilla Contreras por la conducta de lesiones personales en modalidad imprudente, comprendidas en el tipo sancionatorio del artículo 113-1 del CP (deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter transitorio)”

(…)
“Por las razones anotadas no resulta de recibo la argumentación de la defensa centrada en el hecho de que no se demostró la existencia de un nexo causal entre la conducta del Dr. Sánchez Montoya y el resultado producido, ya que se estableció que la falta de equipos, instrumental y medios de transporte para la prestación de primeros auxilios a ALCH, en el centro de rehabilitación “Reencuentro del Eje Cafetero”, tuvo ingerencia definitiva en el grado de afectación de la integridad personal de la víctima propiciada por la conducta omisiva que se atribuye al citado profesional, cuya responsabilidad no puede soslayarse con el argumento de que el establecimiento donde se hallaba la joven ALCH no era una clínica, sino un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogadicción.


A su vez tampoco resulta de recibo la argumentación del defensor en el sentido de que en este caso no se estableció la existencia de secuelas de orden síquico en el caso de la joven ALCH, frente a lo cual cabe replicar que de la imputatio iuris contenida en el escrito de acusación se desprende claramente que los profesionales convocados a juicio no fueron acusados por la violación del artículo 115 del CPP (lesiones con perturbación psíquica) sino por haber infringido el artículo 113, inciso 2º del mismo estatuto, en modalidad imprudente, por lo cual no resultaba pertinente ninguna prueba que se adujera al juicio para probar una conducta ajena a la acusación.
Con base en las razones expuestas en esta providencia, se revocará la decisión de primera instancia en este aspecto puntula, ya que de conformidad con lo anteriormente enunciado, se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP para dictar una sentencia condenatoria en contra del acusado Francisco Javier Sánchez Montoya.”
Citación jurisprudencial: CSJ SP del 11 de abril de 2012, radicado 33920 / CSJ SP del 19 de enero de 2006, radicado 19746 / CSJ, concretamente en la sentencia del 4 de febrero de 2009, con radicado 26409 / CSJ SP del 27 de octubre de 2004, radicado 20926 / CSJ SP del 16 de abril de 2015 M.P. radicado 43262. / CSJ SP del 14 de julio de 2011 radicado 30017. / CSJ SP del 21 de octubre de 2013, radicado 39611
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO


TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA



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