Lección I: introducción al derecho procesal penal



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LECCIÓN I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL PENAL. EL DERECHO PROCESAL PENAL. Concepto básico que involucran la expresión. Su contenido material. El Proceso Penal. Procesos y Procedimientos: los rasgos principales del Proceso Penal. El objeto del Proceso Penal. Los sujetos del Proceso Penal. Aspectos contemporáneos que involucra el Procedimiento Penal.
1. El Derecho Procesal Penal: Concepción básica que involucra.

El Derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso, sea en su conjunto, se en cada uno de los aspectos particulares que lo integran.

El sistema normativo procesal penal describe un conjunto normativo acerca del modo de enjuiciamiento que adopta un determinado país, a los efectos de permitir, eventualmente, la aplicación de la ley penal sustantiva. Como toda disciplina jurídica, el derecho procesal penal se compone de un conjunto de reglas que pueden sintetizarse en un solo cuerpo o en distintas normas (leyes) específicas.

Lo más trascendente pues, al hablar del derecho procesal penal, es la fijación de un sistema de enjuiciamiento adoptado por un país para discernir cómo el Estado enfoca el ejercicio del ius puniendi, sea adoptando un modelo escriturado, sin división funcional entre acusación y juzgamiento, con predilección hacia la restricción de la libertad probatoria y de las garantías del imputado (sistema inquisitivo), o, por el contrario, diseñando un modelo basado en la división entre acusación y juzgamiento, con preeminencia de la forma oral y pública de debate y con una mayor aplicación las garantías del imputado o de las de-más partes que intervienen en aquél (sistema acusatorio).

El DPP, entonces, encierra un concepto redundante, ya que pretende discernir las reglas que rigen el “proceso”, y en la medida que las normas que regulan dicha expresión, sean observadas por los intervinientes –los sujetos de la relación procesal, según se verá más adelante-, se puede sostener que se cumplen cabalmente los principios del “...debido proceso, para sintetizar la idea de aquello que, cultural y jurídicamente, constituye hoy un "juicio justo", y que se puede analizar este último concepto, indicando las características, componentes y presupuestos básicos que debe reunir un "juicio" para ser "justo"...”.

El derecho procesal penal es una disciplina jurídica integrada por normas que se ubican en la rama del derecho público interno y que reconocen determinadas instituciones y órganos, cuya finalidad es el cumplimiento de la función punitiva del Estado, conforme a pautas (principios) elementales señaladas en la constitución Política.

Trasladando lo expuesto al ámbito descriptivo o práctico del concepto, el derecho procesal penal organiza instituciones (régimen de la acción, el procedimiento, los plazos, la formas y condiciones que debe reunir la información para su ingreso válido en el procedimiento, las facultades y los deberes de las partes, etc.) y organismos (la jurisdicción, la competencia y todo lo relacionado con la organización judicial), que pueden o deben efectuar mediante la intervención de los sujetos encargados de intervenir en el “procedimiento”, con miras al cumplimiento de la finalidad esencial de aplicar la ley penal sustantiva al caso juzgado, siempre que se hayan constatado en grado de certeza tal necesidad.

Nótese como surge la expresión procedimiento en aparente diferenciación con el proceso penal, lo que no es tan así, ya que podríamos sintetizar el procedimiento como el conjunto de actos esenciales o eventuales que deben o pueden consumarse en distintas etapas –según la regulación jurídica de cada estado-, siguiendo una secuencia progresiva procurando acceder a un estadio final (objetivo esencial del proceso), y que no es otra cosa que la eventual aplicación de la ley penal sustantiva.

De la idea expuesta, se puede afirmar que el objeto principal, por no decir esencial, del derecho procesal penal, no es otro que el de buscar la aplicación de la ley penal sustantiva, pero los diversos procedimientos que lo componen, pueden dirigirse en ese sentido o en otros más específicos que, precisamente no coincidan con la implementación de la ley penal sustantiva al caso juzgado.

El DPP es una rama jurídica porque reúne los principales ingredientes (autonomía legislativa, científica y académica) que la distinguen frente a otras ramas como un derecho peculiar y diferente de las demás.
2. Su contenido material: el proceso penal.

Material: Realización del Derecho Penal Material, protección de la dignidad humana, recomposición de la paz y seguridad social. Formal: Juicio Previo y Juez Natural.

Lo que se regula en este ámbito tan específico (proceso penal), son conductas humanas –desplegadas por personas particulares o instituciones de derecho público y privado- autorizadas u obligadas a intervenir en el proceso penal. Esas conductas humanas se realizan bajo una secuencia más o menos lógica, o, cuanto menos, concatenada con miras a la consecución de un objetivo esencial (la averiguación de la verdad histórica y la eventual aplicación de la ley sustantiva o de fondo), sin dejar de mencionar la búsqueda de otras finalidades tangenciales, específicas o accesorias que surjan a la luz del particular reclamo de los intervinientes. Lo que debe advertirse en esta secuencia de actos procesales, es que las conductas realizadas por los interesados, están supeditadas a la expresa autorización que las normas del procedimiento deben postular.

En otras palabras, la actividad procesal es el resultado de unas conductas previstas en el ordenamiento jurídico que pueden consistir en un mandato imperativo, a veces, y otras, reconociendo facultades o potestades, cuya realización dependerá, en última instancia, del autorizado. Tales conductas, por su íntima pertenencia al procedimiento, se denominan “actos procesales”, los cuales –según se trate de un mandato imperativo o de una facultad-, se pueden subdividir en “deberes” y “facultades”.
3. El Proceso Penal.

3.1 Faz político- jurídica para lograr su cabal comprensión.

Las normas penales tienen una misión esencial: la definición de ciertas conductas (acciones u omisiones), con la explícita advertencia para los destinatarios que la realización de tales conductas los hará pasibles de la sanción prevista expresamente que, de ordina-rio, afectará su libertad locomotiva u otros derechos mediata o inmediatamente vinculados con dicho valor jurídico.

Con la descripción de conductas punibles en un cuerpo jurídico (derecho penal) no es suficiente, ya que a la misma se debe adherir otra herramienta –también de orden penal que permita el efectivo desarrollo del mandato punitivo a la realidad; de esta manera, la realización del derecho penal –aplicando la sanción prevista para los casos expresamente definidos como hechos punibles- requiere inexorablemente de un complemento inescindible que lo consagra otra instancia de normas igualmente vinculadas al mismo objeto (el ejercicio punitivo estatal) y que señala los caminos necesarios para ejecutar o poner en movimiento lo que efectivamente preconiza el texto penal.

Este segundo nivel de normas que permiten consolidar las normas del derecho penal, se conoce más comúnmente como el proceso penal, entendido como un conjunto de actos secuenciales y cronológicos, que deben o pueden cumplirse, a los efectos de la eventual aplicación del derecho penal.

Esta íntima relación entre la materia que regula las conductas penales y la encargada de realizarlas, conforman, en lo esencial, el sistema de justicia penal, al que se anexan otros instrumentos que completan el abanico de aspectos jurídicos que debe contemplar un moderno ejercicio del poder punitivo estatal (régimen de faltas administrativas, de menores y otros grupos que merecen una especial protección legal, el poder de policía, la regulación de la investigación en el procedimiento, la ejecución de penas, etcétera).

El DPP está constituido por el conjunto de normas que regulan una serie de actos secuenciales que tienen por finalidad determinar cuáles son los pasos que pueden o deben realizar las personas u órganos con legitimidad para intervenir en dicho trámite, a los efectos de comprobar fehacientemente los presupuestos de punición que amerite la aplicación del derecho penal.

a) El proceso penal regulado por el derecho positivo de un país, es el continente, y;

b) mientras que los trámites que se pueden o deben producir en el interior del proceso penal (procedimiento), es lo que se denomina el contenido de aquél.


3.2 Características del derecho procesal penal.

Es un derecho público: El derecho es público si es que la personalidad jurídica del Estado intervenía en la relación jurídica en su condición de poder soberano o, al menos, cuestiones estrechamente relacionadas con esa característica esencial como poder estatal (la jurisdicción y competencia, las garantías del debido proceso, el juez natural, las cuestiones electorales, impositivas, etcétera); inversamente la relación jurídica se reputa de derecho privado, siempre que el Estado actuase como sujeto activo o pasivo respecto a una cuestión concerniente a intereses particulares (los conflictos derivados del cumplimiento o in-cumplimiento de cláusulas contractuales, las obligaciones, las demandas civiles que no impliquen mengua o cuestionamiento de la condición soberana del Estado, etcétera).

Bajo estos criterios explicativos de la división del derecho positivo, podemos afirmar que el derecho procesal penal se ubica en la rama del derecho público ya que precisa-mente el ejercicio del poder punitivo a cargo del Estado implica el uso de una serie de instrumentos –entre ellos, el orden legal- con la mira puesta en conferir una respuesta desde su organización al fenómeno delictivo.

Uno de esos instrumentos legales es el derecho penal que define en forma detallada cuáles son las conductas humanas que merezcan una respuesta punitiva, mientras que el otro es el derecho procesal penal que define cuáles son los actos indispensables que deben operarse para mover la estructura punitiva estatal a los efectos de la realización del derecho penal. Si bien no son los únicos instrumentos que justifican el ejercicio del poder punitivo estatal, son los más emblemáticos desde la perspectiva de su presencia en casi todos los ámbitos de la vida social.

Si bien existen otras explicaciones que profundizan los fundamentos que permiten colegir que el derecho procesal penal es una rama del derecho público, podemos apuntar algunas conclusiones que no hacen otra cosa que corroborar la “íntima y directa” vinculación del derecho procesal penal con el derecho constitucional, materia que permite conglobar sin mayo-res críticas, su estricta ubicación en el contexto que señalamos:

1. Las relaciones jurídicas originadas en el derecho procesal penal responden a normas que ubican a los órganos estatales como sujetos activos con cierta jerarquía superior frente al sujeto pasivo (de ordinario, el imputado), lo que impide aplicar irrestrictamente la autonomía de la voluntad de las partes (como se puede dar en el derecho privado), sino que sus normas se imponen por una fuerza exterior (Estado) en forma imperativa y heterónoma;

2. Aisladamente, el derecho procesal penal puede incorporar relaciones jurídicas típicas de derecho privado (los plazos, las formas de los actos procesales, las medidas cautelares reales, etcétera), aunque esas normas constituyen apenas un segmento estrecho, frente al predominio de las restantes normas que son eminentemente públicas;

3. La posición de “derecho público” del derecho procesal penal adquiere mayor consistencia al vincularse “directamente” –sin intermediación o conexidad accesoria- con el derecho constitucional, tal como surge de su expresa consideración en diversos preceptos de la Constitución que regulan garantías para el correcto ejercicio del poder punitivo del Estado, sin cuya sujeción, jamás se podrá hablar de “debido pro-ceso penal” de factura constitucional y republicana.
Es un derecho interno: La potestad jurisdiccional conferida a los jueces y tribunales de la República de aplicar el “ius puniendi” estatal por una lógica deducción, no puede sobre-pasar el ámbito territorial que determina los límites de la jurisdicción soberana del Esta-do Paraguaya y en ese sentido, el derecho procesal penal es una rama del derecho público interno porque sus normas tienen virtualidad en toda la extensión de nuestros límites territoriales y que por razones de mejor administración se divide –conforme di-versos criterios que serán analizados cuando abordemos el capítulo de la jurisdicción y competencia- en competencias.

Sin embargo, la reafirmación del derecho procesal penal como materia de derecho interno no colisiona con la aproximación cada vez más estrecha que en la actualidad tiene esta disciplina con el derecho internacional. Tanto es así, que la República del Paraguay admite en el Código Procesal Penal el “intercambio” del auxilio judicial y la consiguiente recepción del derecho supranacional en tópicos específicos, tales como: los exhortos y cartas rogatorias, la extraterritorialidad de las delegaciones diplomáticas y consulares que puedan motivar conflicto respecto a la aplicación de leyes penales de dos países, la extradición, las pruebas practicadas en el extranjero, los tratados o convenciones inter-nacionales sobre determinadas materias (marcas, automotores, narcotráfico, protección de autores e inventores, etcétera).

Es un derecho de aplicación. Otras explicaciones acerca de la función de la materia procesal penal como “derecho de aplicación” se centran en el carácter sustantivo del derecho penal a diferencia del carácter adjetivo del derecho procesal penal, fundamentalmente porque en aquél se protegen ciertos valores (bienes jurídicos) que posibiliten la convivencia pacífica en sociedad y cuya trasgresión genera la “inclusión” del infractor en uno o varios tipos penales legislados, cosa que en sentido paralelo acontece con el derecho procesal penal y en el cual también se protegen ciertos valores relacionados con la garantía de un juicio previo, transparente, limpio y en igualdad de oportunidades para las partes.

De esta diferenciación entre “derecho sustantivo” y “derecho adjetivo”, se tiene que el primero protege valores en “potencia” o “expectativa” (susceptibles de consolidarse en cuanto a su protección, una vez que en el juicio se declare la culpabilidad del imputado y nazca efectivamente el “derecho de punir estatal” respecto a la persona condenada) y el segundo pone en movimiento la protección de valores de “actividad” o las “aplica” al inicio mismo del procedimiento con el objeto de proteger la dignidad de las personas que intervienen en él, permitiéndoles el ejercicio amplio de sus derechos y deberes y de cuya finalización, permitirá “convertir” la “potencia” punitiva afirmada por el derecho penal –siempre que se pruebe el delito y merezca una sanción penal-, en el “derecho a ejecutar la punición estatal”.

En conclusión, cualquier denominación que se utilice par distinguir el carácter del derecho procesal penal respecto al derecho penal (derecho sustantivo y derecho adjetivo, derecho objetivo penal y derecho subjetivo penal, derecho penal material y derecho penal formal o ritual, etcétera) los valores protegidos jurídicamente en el derecho penal sustantivo son “pretensiones” que se convierten en “realidades ejecutables” una vez que acude en su auxilio, el derecho penal adjetivo, que se encarga de aplicar sus valores “específicos” inmediatamente por virtud de las reglas del debido proceso penal, circunstancia ésta que amerita justificadamente la caracterización de éste como instrumento o derecho de aplicación.
4. Proceso y Procedimiento: variables.

El derecho procesal penal es el conjunto de normas positivas que dicta un determinado país, que tienen por finalidad describir el proceso adoptado a los efectos de la eventual aplicación de la ley penal sustantiva, sin dejar de mencionar que tal descripción obedece a patrones culturales predominantes a luz de la ideología de las normas jurídicas vigentes.



El proceso penal se refiere al conjunto de actos humanos individuales o institucionales que deben o pueden efectuar los sujetos que intervienen en aquél, con miras a la consecución de la finalidad perseguida por el Derecho Procesal Penal. Abarca desde el conocimiento del hecho punible por el organismo del Estado (Ministerio Público) hasta su culminación con la sentencia definitiva (condenatoria o absolutoria).

El procedimiento describe un segmento más preciso del proceso penal que puede coincidir, en la mayoría de las situaciones, con la finalidad perseguida por el derecho procesal penal y el proceso penal, aunque debe advertirse que muchos actos del proceso penal que pueden desarrollar las partes no persiguen la finalidad trascendental de una hipotética aplicación de la ley penal sustantiva (Ejemplo: si se plantea una cuestión incidental que pretende sostener un obstáculo para la continuidad del proceso penal, v.gr. sobreseimiento, extinción de la acción penal, prescripción de la acción o de la pena, etc. ). Es una parte del proceso que tiene un principio y final pero que se ubica dentro del proceso. (Incidentes, reconocimiento de personas, anticipo jurisdiccional de pruebas, audiencias varias, declaraciones varias).

La idea normativa y cultural del proceso penal adoptado en un determinado país y el procedimiento que se incorpora en el interior de aquel, el que, muchas veces, precisamente no persigue la finalidad última del proceso penal en cuanto a la hipotética aplicación de la ley penal sustantiva, en otros términos, el proceso penal es el continente y su contenido secuencial configurado por los diversos actos procesales que pueden o deben realizar las partes está individualizado bajo la expresión de procedimiento.


5. El Objeto del Procedimiento Penal.

  • Descubrimiento de la verdad histórica

  • Realización del derecho penal material

  • Convivencia armónica, pacífica y en derecho

  • Redefinición del conflicto

El caso penal es, por tanto, el núcleo que concede sentido material a un procedimiento penal y a los múltiples actos que lo integran. Se trata, como hecho hipotético de la vida humana, de un suceso histórico, de una acción que se imputa a alguien como existente o inexistente (omisión), esto es, como su-cedida o no sucedida en el mundo real, y sobre la base de la cual se espera alguna consecuencia penal. El proceso penal tiene por misión, precisamente, averiguar este suceso histórico y darle una solución jurídico-penal”.

El objeto procedimental son circunstancias acontecidas en la realidad y que por la trascendencia que señala la ley penal sustantiva, se relacionan con conductas que reúnen las características de punibilidad (tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad). Pues bien, estos hechos que trasuntan conductas desarrolladas por las personas y que postulan el objeto legítimo del proceso penal, deben precisarse de un modo coherente y delimitado, principalmente para repeler ciertos conflictos con los principios del debido proceso penal, los cuales podrían verificarse si la relación fáctica que se incorpora como objeto del procedimiento penal resulta vaga, imprecisa o difusa.

Los límites para la averiguación de la verdad histórica dentro de un proceso, de modo tal a consolidar la seguridad jurídica:

1) La de limitar la discusión de los hechos en el proceso penal y fundamentalmente conferir un ámbito preciso sobre el cual los jueces pueden expedirse al momento de dictar sentencia, con lo cual se asegura la defensa del imputado, a quien no se le puede condenar sobre circunstancias no debatidas en el curso del procedimiento;

2) Los hechos sometidos al conocimiento del juez o tribunal, sirven para garantizar el poder de clausura de la discusión sobre aquéllos una vez que recaiga una decisión definitiva, con lo cual se protege la regla de la prohibición de la doble persecución por los mismos hechos, o, cuanto menos, el valor de la sentencia con una precisa fijación de los hechos probados y valorados por el tribunal, permite clausurar hipotéticos procesos futuros, bajo pena de ser repelidos por vulneración de la prohibición de la reapertura de procesos fenecidos (Artículo 17.4 de la Constitución Nacional), y;

3) Finalmente, la precisión fáctica del procedimiento limita, a su vez, la admisibilidad del material probatorio, de modo que las circunstancias que se sostienen en el interior del proceso, es la materia que deben usar los jueces y tribunales para admitir o rechazar las pruebas, según criterios de utilidad, pertinencia o improcedencia.

Existen otros límites que deben señalarse en este apartado a los efectos de no incurrir en desbordes que fácilmente podrían impugnar el valor de una decisión emitida en un proceso penal. Principalmente, nos referimos a la construcción del contenido fáctico –los hechos imputados- que paulatinamente ingresa al procedimiento por diversos actos procesales (acta de imputación o de procesamiento, acusación pública o privada, auto de admisión de la acusación o de apertura a juicio oral y público, congruencia entre acusación, auto de admisión de la misma y contenido de la sentencia dictada en el juicio oral y público), circunstancias que la praxis judicial, pasa por alto, segura-mente por la vigencia de una cultura inquisitiva que poco o nada se preocupaba del mentado “objeto del procedimiento”.

El artículo 17 de la CN dispone: “De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1)...; 2)...; 3)...; 4)...; 5)...; 6)...; 7) la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación...”.

Sin embargo, la amplitud de la descripción de los hechos imputados conforme a los ti-pos penales descritos en la ley sustantiva, tiene un límite formal y preciso: la necesidad que el Ministerio Público cuando impute e investigue hechos, si no puede configurarlos bajo supuestos delictivos, formule una imputación con tipos penales alternativos que podrían encuadrar con su relación fáctica, de tal manera que se preserve al imputado su derecho constitucional de conocer detalladamente de lo que se le imputa, evitando provocar una indefensión debido a la insuficiente descripción fáctica y punitiva de su pretensión, contribuyendo así a producir la ineficacia de todo lo actuado en la fase preparatoria.

Lo más importante que debe velar el responsable de la investigación penal es que los hechos definidos en su imputación encuadren con el tipo o los tipos penales que podrían incursar la conducta investigada en el procedimiento. Es así que si se verifican alteraciones sustanciales entre lo que se imputa inicialmente con nuevos elementos recolectados por el Fiscal, éste debe garantizar un conocimiento previo y detallado de estas variables al imputado y su defensor, para que pueda ejercer su defensa. Si esto se produce en el contexto del juicio oral y público, la situación cambia, porque el acusador público o privado deben ampliar los términos de su pretensión y el tribunal debe otorgar un lapso suficiente al imputado y su defensor, para que prepare su estrategia frente a esta contingencia.

Tras la culminación de la fase de investigación, si el fiscal decide acusar y su solicitud lo admite el juez, la acusación adquiere carácter de resolución, ya que tal decisión se denomina –en nuestro ámbito: auto de apertura a juicio oral y público.

El principio de congruencia, es una exigencia vital para que la sentencia emitida por el tribunal del juicio oral y público adquiera virtualidad jurídica, ya que existiendo una desconexión entre los hechos acusados y admitidos en juicio y los hechos probados y juzgados por el tribunal sentenciador, la misma es irrelevante, porque se sanciona con la nulidad absoluta.

Una cuestión final, algunos procedimientos incluyen dentro de su objeto, la eventual promoción del reclamo civil y resarcitorio de la víctima o del imputado, según el caso, lo que también postula el Código Procesal Penal.
6. Los sujetos del proceso penal.

6.1 Ámbito que comprende la expresión: La Relación Procesal Penal.

El vínculo existente entre dos o más personas que tiene por objeto regular derechos y deberes recíprocos recibe el nombre de relación jurídica; ese nexo nace por efecto del ejercicio de un derecho subjetivo que lo ejecuta la persona titular de esa potestad frente a otra de manera que el titular del derecho subjetivo recibe el nombre de “sujeto activo”, mientras que el obligado a cumplir con el derecho subjetivo reclamado recibe el nombre de “sujeto pasivo”.

De acuerdo al concepto examinado y que optamos como la más completa, la relación procesal penal como su nombre lo implica, es una relación instrumentada por el derecho procesal penal, la cual adquiere vida propia en el interior del procedimiento; esa vida “propia” nace del ejercicio de la acción, sea ésta pública o privada. Con esto también se quiere significar que el derecho procesal penal confiere potestades e impone deberes a los sujetos que actúan en el proceso, dependiendo de su “realización efectiva” a través de los denominados actos procesales para que se produzcan los resultados que prevén las mismas normas procesales, independientemente que los sujetos ejerzan o no la potestad, cumplan o incumplan el deber.

La relación procesal penal no se asimila a la que se produce en el ámbito privado, sino atendiendo a los rasgos distintivos que determina el “objeto” del derecho procesal penal. En este tipo de procedimiento, el poder jurisdiccional del estado tiene dos finalidades, conforme a las etapas de las que se compone el proceso penal:




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